Direito contemporâneo - Julho de 2013

Transcrição

Revista técnico-científica do Instituto de Ciências Jurídicas
da FASAM – Faculdade Sul-Americana
Publicação online do Instituto de Ciências Jurídicas
da FASAM – Faculdade Sul-Americana
Ano 2, Número 02, julho de 2013.
ISSN 2316-204X
EDITOR
Dr. Arnaldo Bastos Santos Neto
CONSELHO EDITORIAL
Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho
Dra. Elenise Felzke Schonardie
Dr. Cleuler Barbosa Neves
Dr. Bruno de Almeida Oliveira
Dr. Gustavo Siqueira
Dr. Diogenes Carvalho
Dr. Flavio Pedron
Dra. Fernanda Busanello Ferreira
Dr. Marcelo Maciel Ramos
Dr. Arnaldo Bastos Santos Neto
Dra. Leila Borges Dias Santos
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A violação dos Direitos Autorais [Lei nº 9.610/98] é crime estabelecido pelo artigo 184 do
Código Penal Brasileiro.
IMPRESSO NO BRASIL
Printed in Brazil 2013
Revista Online do Curso de Direito da Faculdade Sul-Americana
SUMÁRIO
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POSITIVISMO JURÍDICO
Juan Antonio García Amado
50
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E
REPUBLICANISMO: OS PRINCÍPIOS QUE DEVEM
NORTEAR A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO
Arnaldo Bastos Santos Neto
Marcela de Oliveira Santos
64
ADOÇÃO NO BRASIL
Bettina Augusta Amorim Bulzico
77
DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS RELAÇÕES PRIVADAS:
APLICAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS
RELAÇÕES ENTRE PARTICULARES
Anderson José Félix de Souza
91
DECISÕES INTERMEDIÁRIAS E MANIPULAÇAO
TEMPORAL DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Rosiane Rodrigues Vieira
110 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA E RAIMUNDO FAORO:
DOIS CLÁSSICOS DO PENSAMENTO NACIONAL
Leila Borges Dias Santos
132 TERCEIRIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO:
REFLEXÕES ACERCA DO PROJETO
DE LEI 4330 DE 2004 E A SÚMULA 331 DO TST
Juliana de Oliveira Pereira Siqueira
POSITIVISMO JURÍDICO
Juan Antonio García Amado1
1
A CADA COSA POR LO QUE ES Y CON SU NOMBRE
Los debates sobre el positivismo jurídico no cesan. En ellos abundan los
equívocos, seguramente por parte y parte. En este escrito sólo intentaré poner algo
de claridad sobre lo que el iuspositivismo significa y sobre lo que no implica. En
adelante, cuando diga positivismo me referiré siempre al positivismo jurídico, salvo
que le asigne otro calificativo.
El positivismo pretende antes que nada fijar el nombre de una cosa, nombrar
antes que calificar en términos morales, políticos, económicos, etc. Comencemos
con unas comparaciones.
En el idioma español existe el término “cuchillo” y está establecida su referencia
del mismo modo que para cualquier otro término del lenguaje ordinario. Cuando
cualquiera de nosotros ve un cuchillo paradigmático no tiene duda de que tal objeto
es un cuchillo, de que “cuchillo” es el nombre que a ese objeto corresponde. Pero
pueden surgir algunos problemas en la comunicación cuando el objeto en cuestión
está en el límite o zona de confluencia de “cuchillo” y del término que designa otro
tipo de objetos con alguna propiedad coincidente con las propiedades definitorias de
los cuchillos. Ese es el problema de hasta dónde llega la referencia de “cuchillo” y de
ante qué objetos con alguna similitud debemos dejar de hablar de cuchillo y tenemos
que usar otras palabras para designarlos, como bayoneta, puñal, navaja, etc.
Cuestión distinta de esa de la referencia o designación es la que se suscita
cuando se entremezcla la semántica, el nombre apropiado para el objeto, con la pauta
de correcto uso de dicho objeto. Es decir, si se entrecruzan el correcto nombrar y
la correcta utilización del objeto en cuestión, sea cual sea esa pauta material o no
1 Doutor em Direito pela Universidade de Oviedo e professor na Universidade de León.
Direito contemporâneo • Goiânia • Ano 2, n. 02 • p. 1-152 • Julho de 2013
FASAM | Faculdade Sul-Americana
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Positivismo Jurídico
lingüística de uso. Tal pasa, por ejemplo, si vemos que alguien pretende emplear un
cuchillo perfectamente normal para con él talar un árbol con un tronco de enorme
grosor. Ahí el hablante ordinario no dirá que eso no es un cuchillo, sino que un
cuchillo no es para eso, no sirve o no es apropiado para dicha tarea, está siendo
impropiamente utilizado. Una variante más de ese problema se puede dar cuando
vemos que alguien usa un cuchillo para asesinar alevosamente a otra persona.
En este último caso no tendrá sentido que neguemos que el arma homicida es un
cuchillo, y tampoco que discutamos que un cuchillo puede servir para asesinar, que
es instrumentalmente apto para eso. Lo que sí tiene pleno sentido que sostengamos
es que se trata de un uso inmoral de ese objeto que es un cuchillo.
Ahora pasemos al terreno del derecho. Socialmente se reconoce cuándo nos
encontramos ante una norma que es jurídica, que es Derecho. Por ejemplo, el
Parlamento español aprueba, siguiendo las formas y procedimientos que para ello
se prescriben y se conocen, una ley que establece un nuevo impuesto. Si a cualquier
ciudadano español que recibe información suficiente de lo acontecido se le pregunta
si esa ley es una ley, va a responder que sí. Si se le añade la cuestión de si esa ley es
derecho, va a contestar que obviamente, pues qué son las leyes sino derecho o parte
del derecho.
Ahora bien, todo sistema jurídico regula los mecanismos y condiciones de
creación, modificación, supresión y aplicabilidad de sus elementos, de las normas
jurídicas, de las normas de ese respectivo sistema. Esos mecanismos y condiciones
son de dos tipos, formales y sustanciales. Son formales los que fijan qué órganos,
instituciones o sujetos pueden realizar dichas operaciones de creación, modificación
y supresión del tipo de norma jurídica de que se trate y qué procedimientos o trámites
han de llevarse a cabo para esos propósitos. Condiciones sustanciales son las que
disponen o bien requisitos de encaje de las normas con otras normas del sistema
(por ejemplo, cuando se sientan las condiciones del desarrollo reglamentario de las
leyes), o bien condiciones de no contradicción de las normas con otras normas del
sistema. Para el positivismo las normas jurídicas lo son por cumplir esas condiciones
puestas por el propio sistema, y no dejan de serlo o lo son meramente por razón de
su mérito moral o de cualquier otro tipo [1]
El incumplimiento de alguno de tales requisitos o condiciones puede dar lugar
a que la que se pretendía norma jurídica integrante del sistema jurídico en cuestión
acabe no siendo tal o no pudiendo operar como tal. Pero para que esa invalidación
como jurídica de la norma que así se quería pueda acontecer, el mismo sistema
jurídico fijará nuevas condiciones: dispone qué órganos pueden declararla y en el
seno de qué procedimientos. Mientras tal declaración, así regulada, no acontezca, la
norma de marras podrá ser invocada y aplicada. Cuestión diversa, y dependiente de
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los pormenores de cada sistema, será que, según quién y cómo declare la invalidez
de la norma, esta resulte eliminada del sistema mismo con efectos generales o sólo
dejada de lado en su aplicación a un caso concreto que se discute. Esa diferencia
se aprecia, por ejemplo y en materia de control de constitucionalidad de las leyes,
según que estemos ante un sistema de control concentrado o de control difuso
de constitucionalidad. También es asunto variable, de sistema a sistema, el de la
regulación de los efectos que la norma invalidada o preterida pueda surtir para el
periodo anterior a dicha declaración o preterición.
El tema que aquí nos interesa es el de a qué podemos llamar derecho, a qué
normas podemos nombrar como jurídicas. Lo que el positivismo propone es que
llamemos jurídicas y nombremos como parte del derecho (del sistema jurídico de
que se trate) a aquellas normas que:
(i) Tengan la presencia o aspecto de tales por haber sido creadas con básico
cumplimiento de los requisitos formales y procedimentales puestos en
el sistema y socialmente reconocidos como tales a partir de la efectiva
vigencia general de dicho sistema.
(ii) No hayan sido invalidadas, privadas de su condición de normas de ese
sistema por los órganos para ello competentes y con arreglo al procedimiento
para ese fin establecido.
(iii) O que surtan efectos por ser aplicables a hechos acontecidos con anterioridad
a esa declaración de invalidez, como sucede, por ejemplo, cuando una
declaración de inconstitucionalidad tiene efectos ex nunc y no ex tunc.
¿Qué consecuencias tendría un nombrar distinto? Respecto de (i) nos
encontraríamos con que los sujetos, los ciudadanos, no sabrían cómo denominar
una norma que parece claramente derecho porque tiene las propiedades formales de
una norma jurídica, de una norma de ese sistema vigente. Ante la pregunta que un
ciudadano se hiciera sobre si esa norma es derecho y como tal, meramente en cuanto
derecho, lo obliga, tendría que responder que parece que sí es derecho pero que a lo
mejor no lo es y que, por tanto, mejor no calificarla hasta que llegue una declaración
posterior del órgano de control competente, declaración que puede no acontecer nunca.
Habría que dejar de llamar derecho a lo que derecho parece y como tal se reconoce
generalmente y que, además, nos va a ser aplicado mientras no acontezca, si es que
acontece, su invalidación.
En lo anterior es importante y va implícita la diferencia entre normas con
apariencia de derecho, pero que pueden acabar siendo nulas, invalidadas porque
no cumplen concretamente algunos de aquellos requisitos y condiciones formales
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o sustanciales, y normas que nada tienen de aquella pretensión de juridicidad, o de
apariencia de tal, por provenir de fuentes radicalmente inidóneas, según ese sistema
vigente [2], o por no haber sido creadas ni con el más mínimo respeto a las formas
y los procedimientos. Tal ocurriría, por ejemplo, si en el sistema español alguien se
empeñara en llamar norma legal a la sentada por un consejo de ancianos municipales
o por los parlamentarios, pero reunidos en un hotel rural en ruidosa y desordenada
asamblea. Lo mismo tendríamos si una reunión de párrocos castellanos, pongamos
por caso, decidiera derogar determinada norma del Código Civil. Mientras el
sistema esté vigente en sus términos fundamentales, no se reconocerá socialmente
como derecho ni será dentro de él efectiva como tal ninguna de esas que serían
mutaciones básicas del mismo. Y si se reconocieran, el sistema habría cambiado,
habría acontecido una revolución.
También interesa diferenciar entre reconocimiento social y reconocimiento
técnico-especializado. Socialmente va a contar como derecho y va a ser nombrado así
lo que tenga la mencionada apariencia mínima de juridicidad. Son los expertos, con
su saber especializado y su dominio minucioso de los mecanismos intrasistemáticos,
los que pueden apreciar que una norma aparentemente jurídica puede merecer la
declaración de invalidez porque en ella no se cumpla uno de esos abundantes y
complejos requisitos atinentes a los procedimientos o la ausencia de incompatibilidad
con otras normas del sistema.
En cuanto a (ii), dejar de denominar norma jurídica a la que hipotéticamente
puede ser un día invalidada o inaplicada por el órgano pertinente y en el marco del
procedimiento al efecto establecido implicaría, nuevamente, no llamar derecho a lo
que como tal se aplica por los órganos del sistema jurídico y a los ciudadanos y las
instituciones, en ausencia de tal declaración, que tal vez nunca se dé, o mientras no
acontezca. Decir que mi caso no ha sido por el juez resuelto conforme a derecho, ya
que se me aplicó una norma que no es jurídica porque estimo o estiman muchos que
merecería tal invalidación supone quedarse sin nombre para una parte importante de
las normas que socialmente son vistas como jurídicas y que por la Administración,
los tribunales y los particulares cotidianamente se cumplen y se hacen valer. Si no es
derecho, ¿cómo lo llamamos? ¿Por qué no llamarlo como lo llama la gente y como
lo consideran esos órganos aplicadores?
En lo que se refiere a (iii) estamos en una tesitura similar. Si me dicen que la
norma que a mi caso se aplicó es a partir de hoy, día de la publicación de la sentencia de
inconstitucionalidad, norma inválida y por tanto, no parte del derecho español, pero que
para mi caso, anterior a esa declaración, surte plenos efectos, ¿podré congruentemente
mantener que no se resolvió en derecho y conforme a derecho mi asunto y que no
fue nunca parte del sistema jurídico esa norma que se me aplicó? De la necesidad de
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sentar aquí distinciones da buena cuenta la diferencia conceptual que Alchourrón y
Bulygin trazaron entre sistema jurídico y ordenamiento jurídico, pero repárese en que
bajo su óptica positivista el apellido “jurídico” lo llevan ambas categorías.
Regresemos a aquellas comparaciones que hacíamos con lo que se puede
denominar cuchillo. Por un lado, decíamos que podemos toparnos con casos en los
que dudemos de si a un objeto es mejor y más propio llamarlo cuchillo o bayoneta,
puñal o navaja. Este tipo de dudas son relevantes cuando hablamos de derecho y
sistemas jurídicos, pero en dos aspectos distintos, que no deben confundirse, aunque
estén relacionados. Una cosa es preguntarse si una norma es jurídica o no, si pertenece
o no al conjunto de tales que llamamos sistema jurídico, y otra es plantearse qué
quiere decir la palabra o expresión “x” presente en la norma N de dicho sistema.
Para la resolución del primer tipo de dudas los sistemas jurídicos establecen
los aludidos requisitos formales y sustanciales y disponen los órganos competentes
para, en el marco del proceso correspondiente, efectuar la declaración dirimente, en
la idea de que la norma con mínima apariencia de jurídica se considerará derecho y
se aplicará como tal mientras dicha declaración no tenga lugar, dependiendo también
de esa regulación la retroactividad o no de los efectos de dicha declaración.
En las cuestiones del segundo tipo no está en liza la juridicidad de la norma, sino
su alcance y efectos para tales o cuales hechos. Ahí los problemas son estrictamente
de interpretación y lo que el sistema fija es quién tiene la última palabra o la palabra
decisiva a la hora de precisar el significado de las expresiones normativas para los
casos que bajo las normas hayan de enjuiciarse y resolverse. El propio sistema jurídico
da pautas muchas veces sobre cómo o con qué criterios pueden o deben interpretarse
sus normas, y siempre fija quién puede hacer la interpretación última y determinante,
la que vaya a misa, por así decir, y zanje en términos práctico-jurídicos la cuestión,
sea para el caso concreto, sea para casos futuros.
Tenemos, pues, que la diferencia entre la disputa que en un grupo de individuos
puede surgir sobre si un determinado objeto debe contar o no como un cuchillo y la
que aparece sobre si una determinada norma es o no jurídica radica en que para esta
última el sistema jurídico prevé mecanismos decisorios que dictaminan con autoridad,
con la autoridad que el propio sistema les otorga. Podrá un sujeto seguir convencido
de que esa norma que se dice que es jurídica no merece la consideración de tal, pero
para el sistema lo será mientras no se declare su invalidez o, más radicalmente, cuando
positivamente su validez haya sido ratificada.
Con esto último arribamos a un aspecto muy importante para nuestro asunto,
el de si tiene sentido y resulta mínimamente funcional, en términos prácticos y
operativos, que un sujeto o un grupo de individuos se empecine en no llamar derecho
o no calificar como jurídicas aquellas normas que para el propio sistema lo son y que
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socialmente se imponen y tienen vigencia y son aplicadas en cuanto que tales. Será
algo parecido a si alguien se empecina en que no se denomine cuchillo a un objeto
que para la generalidad lo es sin duda, y que tal empeño responda a que algo hay en
ese concreto cuchillo que a esa persona no le agrada o porque posee una propiedad
que en su opinión particular no lo hace merecedor de ser un verdadero cuchillo,
como pueda ser la de no estar bien afilado y no servir para cortar con comodidad.
Recordemos que del cuchillo decíamos que alguien puede estimar que es usado
para un cometido que no le es propio o para el que no es instrumento adecuado,
como talar un árbol de muy grueso tronco, o que se utiliza con fines moralmente
reprobables, como asesinar a alguien. Nos planteábamos si esas serían razones aptas
para justificar que a ese cuchillo dejara de llamárselo cuchillo y se lo denominara,
por ejemplo, no-cuchillo, puro metal con mango o cuchillo que por aberrante deja de
ser tal. Parece que no. ¿Y qué sucede en el caso del derecho, de las normas jurídicas?
¿Dejan de ser jurídicas esas normas cuando no se emplean para los fines apropiados
a su naturaleza o cuando se ponen al servicio del mal moral, de la inmoralidad?
No interesan aquí tanto las consideraciones sobre las funciones del derecho, sean
la funciones posibles, sean las que demanda un determinado modelo de Constitución
y de Estado, sino si la insuficiente satisfacción de las funciones que se le asignen o
el uso de sus normas para objetivos que se entienden para el derecho inadecuados
privan a las respectivas normas de la cualidad de jurídicas y al respectivo sistema de
su catalogación posible como derecho, como sistema jurídico. Si afirmamos que un
derecho que no cumpla tales o cuales funciones concretas deja de ser tal, tendríamos
que reconocer que lo que generalmente se entiende como derecho de muchos
países o Estados no es verdadero derecho, sino otra cosa. Deberíamos, entonces,
ponernos de acuerdo en el nombre de esa otra cosa, sea dicho nombre el de fuerza
bruta, arbitrariedad, dominación ajurídica o el que se quiera, y, al tiempo, habría
que plantearse una estrategia para que le gente, tanto del propio país como de los
otros, dejara de llamar “derecho” de ese Estado a las normas que no son jurídicas
por carecer de esa función definitoria de lo jurídico. Una quimera, tanto lingüística
como práctica o comunicativa. Tendríamos que terminar por usar circunloquios o
expresiones del tipo “las normas de ese Estado E que parecen derecho pero no lo son
en modo alguno o que no lo son del todo”. Confuso y poco práctico proceder, sin
duda. O incurrir en contradicciones expresivas y pragmáticas como la de decir que
“el derecho de E no es derecho”. Si no es derecho ese derecho, ¿por qué partimos de
llamar derecho a lo que luego mantenemos que no es tal?
Un derecho que no se emplee para lo que sean o nos parezcan sus funciones
propias y viables es como aquel cuchillo que utilizábamos para talar en gran árbol:
no deja de ser cuchillo aunque su usuario sea necio.
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En la teoría del derecho del siglo XX ha habido algún debate muy interesante
sobre otro aspecto instrumental o práctico del derecho, el de si este puede llegar a
autosabotearse por razón del torpe o inadecuado modo en que disponga su propio
funcionamiento. Igual que de un cuchillo extraordinariamente mellado o muy roto
podemos empezar a preguntarnos cuándo deja de ser un cuchillo o, al menos, un
cuchillo que valga para cualquiera de las cosas que con los cuchillos propiamente se
hacen, cabe que nos interroguemos sobre en qué momento aproximado un sistema
jurídico se autoorganiza de tal manera inadecuada o tiene unos caracteres que hacen
inviable su propia operatividad efectiva.
Dos son en este punto las cuestiones a las que merece la pena aludir, aunque
sea nada más que de pasada. Una, la discusión sobre las relaciones entre eficacia y
juridicidad o condición de derecho de un sistema de normas. Kelsen y Ehrlich, por
ejemplo, se enfrentaban a propósito de ese tema y tuvo el muy normativista Kelsen
que hacer determinadas concesiones al condicionamiento fáctico de la juridicidad.
El otro debate sí versa sobre si un sistema jurídico puede autosabotearse y
volverse inoperante por motivo de sus contenidos y modo de organización. A tal
cuestión parece que están aludiendo Fuller o Hart, aun con sus notables diferencias,
cuando el primero habla de la moralidad interna del derecho o el segundo del
contenido mínimo de derecho natural, expresiones ambas poco afortunadas, pues no
quieren tanto decir que un derecho, para sobrevivir como tal, tenga que adecuarse
mínimamente a alguna moral material u objetiva, cuanto a que se desactivaría a sí
mismo un derecho cuyas normas fueran todas retroactivas, o cambiaran cada día, o
carecieran todas de sanciones para su incumplimiento, etc. [3]; o, podría añadirse,
desarrollando otro aspecto de la teoría de las normas de Hart, que no tuviera normas
de cambio y normas de adjudicación.
Pero alrededor de estos asuntos anteriores no suele girar la polémica entre
positivistas y antipositivistas, sino que versa más que nada sobre si el uso inmoral del
derecho priva a las correspondientes normas de ese carácter de derecho. Recordemos
que aquí la comparación era con el problema de si el cuchillo que se utiliza para
asesinar sigue siendo o no un cuchillo. Nos extrañaría que alguien defendiera que
desde el momento en que ese objeto, el cuchillo, se usa con propósitos de asesinato
deja de ser un cuchillo, que se afirmara algo así como que “este cuchillo ya no es un
cuchillo, sino un metal asesino”. Las razones para negarle al objeto la condición de
cuchillo provendrían de la inmoralidad de su uso. No podríamos, pues y según esa
postura, proclamar nunca que el asesinato se cometió con un cuchillo, y habría que
decir que el asesinato se perpetró con lo que al cualquiera le parecerá un cuchillo,
pero que no lo es, pues a los cuchillos les es ontológicamente inmanente que no
pueden ser empleados para asesinar.
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Esa confusión entre la cosa y los juicios morales sobre su utilización es la que
viene a cuestionar el positivismo, simplemente eso. Pero a nuestra comparación se
podría quizá objetar que mezcla el objeto externo con las intenciones o prácticas de su
usuario y que no va por ese camino la vinculación inmanente entre derecho y moral;
que la analogía podría ser pertinente si se diera con una norma y su uso torticero o
mal intencionado. Es decir, que el ligamen entre normas jurídicas y moral se aplica
respecto de las propiedades definitorias de las normas jurídicas. Expliquemos esto
un poco mejor.
Cabría la comparación, se objetará, si entre las propiedades definitorias del
cuchillo hubiera una de carácter moral. Pues lo que el antipositivismo hace es añadir
una propiedad moral constitutiva y definitoria al “objeto” norma jurídica. Para los
antipositivistas, entre esas propiedades constitutivas y definitorias del “objeto” norma
jurídica está la de que su contenido no puede ser inmoral, o fuertemente inmoral. En
consecuencia, la norma jurídica o el objeto que en principio parezca tal no será en
verdad norma jurídica si carece de esa propiedad, si no cumple dicha condición.
Trabajemos con otro ejemplo. Los curas de mi colegio solían contarnos que
la práctica sexual sin amor no es propiamente sexo, sino mera genitalidad. No
admitían que pudiera darse verdadero sexo sin amor, aunque amor sin sexo sí cabía
y hasta era en muchos casos lo más recomendable. Similarmente, los antipositivistas
proclaman que no puede haber derecho sin un mínimo de moralidad, aunque sí
existe la moral sin juridicicidad. O sea, que una norma jurídica deja de ser jurídica
si es inmoral, pero una norma moral no deja de ser moral si resulta antijurídica,
esto es , de contenido opuesto al derecho, a alguna norma jurídica. La moralidad (o
una moralidad mínima) es condición definitoria de lo jurídico, pero la juridicidad
no es condición definitoria de lo moral. De esa forma, lo que el antipositivismo
propugna es una superior jerarquía de la moral sobre el derecho, ya que aquella
puede condicionar los contenidos de este, pero no a la inversa.
Las variantes de las doctrinas antipositivistas se derivan del tipo de naturaleza
u ontología que atribuyan a esa moral que ponen como condición de lo jurídico.
Para el iusnaturalismo teológico era la moral cristiana, bajo la forma de ley eterna
y su reflejo en la ley natural, grabada por Dios en la naturaleza humana. Para el
iusnaturalismo racionalista se trataba de las pautas morales, insertas “naturalmente”
en la naturaleza humana, parte constitutiva de esa naturaleza humana y cognoscible
mediante la razón. Para el iusmoralismo no iusnaturalista o bien se trata de una moral
objetiva, en sí subsistente y cognoscible mediante la intuición o una reflexión ética
metódicamente guiada, o bien de algún tipo de moral social positiva común a todos
los pueblos en un momento histórico dado (tal era la postura de Radbruch o del
llamado derecho natural de contenido variable) o de la moral socialmente vigente
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en el Estado o grupo humano en el que surge un sistema jurídico, moral que da
su sentido último al respectivo sistema jurídico, lo complementa y, en su caso, lo
corrige o condiciona (Dworkin). El neoconstitucionalismo va un paso más allá y,
presuponiendo o bien el tipo de moral a que se refieren Dworkin o Radbruch, o bien
algún género de moral objetiva como la que la alemana Jurisprudencia de Valores
ponía en la base de los sistemas jurídicos, insiste en que esa moral está presente
como sustancia o esencia última de las constituciones vigentes.
Sea como sea, el elemento común y característico es ese de colocar un
componente de moralidad como condición definitoria del derecho. Por consiguiente,
para el antipositivismo no serán parte del derecho, no serán con propiedad jurídicas, las
normas de contenido inmoral o fuertemente inmoral y no se deben aplicar las normas
jurídicas que, aun no siendo en su contenido abstracto inmorales, conduzcan en el caso
concreto que se enjuicie a una solución incompatible con la moralidad de referencia.
2
LAS DOS NOTAS CON QUE EL POSITIVISMO CARACTERIZA EL
DERECHO
El positivismo jurídico es una manera de nombrar, es una opción sobre qué es
funcional y comunicativamente más razonable llamar derecho. Su razón fundamental
es que no se debe confundir la denominación socialmente establecida sobre lo que
cuenta como derecho con las pretensiones que se tengan sobre cómo debería ser
o cómo debería usarse y para qué el derecho. Es, pues, antes que nada, una tesis
conceptual y semántica. Cada persona o grupo pueden tener su opinión sobre el
cuchillo mejor, sobre el sexo ideal o sobre el amor perfecto, pero no está en su mano
determinar las propiedades del concepto de cuchillo y, en consecuencia, la referencia
de términos como “cuchillo”, “amor” o “sexo”.
Desde ese núcleo de la tesis se pueden comprender las dos notas con que el
positivismo acostumbra a presentarse, la de la separación conceptual entre derecho y
moral y la del carácter convencional del derecho.
La separación conceptual se capta bien si volvemos al caso del sexo y el amor.
Conceptualmente somos perfectamente capaces los hablantes de nuestro idioma de
diferenciar y separar amor y sexo y de ver los dos términos como alusivos a prácticas
o sensaciones distintas. Una cosa es la práctica sexual y otra el sentimiento amoroso.
Gracias a que poseemos esos dos conceptos podemos distinguir y catalogar tres
situaciones diversas, atinentes a la relación entre esas dos “cosas”. Así, discernimos
cuando se da amor sin sexo, sexo sin amor o lo uno junto con lo otro. Correlativamente,
la presencia del concepto de moral y del de derecho (o de norma moral y norma
jurídica) nos capacita para determinar cuándo estamos ante una norma moral que no
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es jurídica o que es antijurídica (opuesta al contenido de una norma jurídica), ante
una norma jurídica que no es moral o que es inmoral (opuesta al contenido de una
norma moral), o ante un contenido normativo que se corresponde tanto con el de una
norma moral como con el de una norma jurídica.
Lo que decimos de esa separación conceptual vale también para distinguir el
derecho de otras “cosas”, como la economía. Una norma jurídica cuyo contenido esté
en pugna con los dictados de la economía no deja de ser jurídica por ser antieconómica,
inconveniente o contraproducente desde el punto de vista económico [4]. Y una ley
de la ciencia económica tampoco pierde su validez científica, si la tiene, por estar
reñida con los dictados del derecho vigente. Por las mismas, también distinguimos
el sexo del placer y, aunque muchas veces vayan de la mano, podemos entender que
haya sexo sin placer y placeres sin sexo, placeres no sexuales. Tal capacidad para
distinguir es perfectamente independiente de las convicciones que cada cual pueda
tener sobre cuáles son las mejores o más adecuadas vivencias o prácticas del amor,
del sexo y del placer. Más aun, si tales concepciones pueden afirmarse y desarrollarse
es precisamente gracias a ese arsenal de conceptos diferenciables y combinables en
relaciones variadas.
No parecería razonable que alguien adujera que expresiones de nuestra lengua,
como la que permite llamar “hacer el amor” a ciertas práctica sexual sean prueba de
que sexo y amor están inescindiblemente unidas en un concepto único y complejo,
de modo que no pueda existir sexo sin amor, sin sentimiento amoroso. La presencia
de dicha expresión sólo prueba que la palabra “amor” es ambigua, tiene significados
distintos. Otro tanto ocurre con la expresión “no hay derecho”, que usamos para
indicar que una situación nos parece injusta. Lo único que aquí se comprueba es
que también la palabra “derecho” es ambigua y no solo se emplea para aludir a un
conjunto de normas pertenecientes a un sistema jurídico. Lo que no resulta fácilmente
comprensible es que alguien use tales ambigüedades semánticas para sostener que
todo sexo tiene necesariamente una dimensión amorosa o que a todo derecho le es
inmanente un contenido mínimo de justicia.
Algo parecido sucede con las teorías tridimensionales del derecho cuando se
invocan como tesis opuestas al positivismo. En su formulación estándar esa teoría
tridimensional dice que el derecho es norma, y como tal calificable en términos de
validez o invalidez formal o propiamente jurídica; hecho, y como tal calificable en
clave de eficacia o ineficacia; y valor, y como tal tildable de bueno o malo, justo o
injusto, moral o inmoral. Perder de vista cualquiera de esas dimensiones supondría, se
dice, dejar de lado un aspecto esencial de la ontología de lo jurídico, pues el derecho
propiamente dicho sólo se da en aquellas normas que reúnen las tres condiciones
positivas: validez, eficacia y justicia.
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Se trata de una grosera confusión entre el objeto y los puntos de vista sobre
el objeto. Un cuadro, por ejemplo, una obra pictórica, puede ser contemplado y
calificado desde múltiples ópticas o puntos de vista: su belleza a tenor de los cánones
estéticos, la moralidad de la escena que represente, conforme a los patrones morales,
el precio o valor económico, según los dictados económicos o del marcado del arte.
¿Tendría sentido que defendiéramos que un cuadro es arte nada más que si combina
las propiedades de ser bello, de representar escenas o situaciones no inmorales y de
ser económicamente valioso? De esa forma, si el artista representó una violación
o una estampa sacrílega o si por su cuadro no le dan más de cuatro euros, no sería
artística su obra en modo alguno, aunque para los estándares estéticos pudiera
considerarse una obra de primera.
Además, suena arbitrario, ya puestos, que se limiten a tres las dimensiones de
lo jurídico. ¿Por qué no igualmente una dimensión estética, ya que de las normas o
su redacción podemos hacer juicios en términos de belleza o fealdad literaria? ¿Y
una dimensión económica, puesto que podemos juzgar de sus efectos económicos
positivos o negativos? ¿Y una religiosa, pues sus contenidos pueden verse como
pecaminosos o acordes con el dogma de tal o cual religión? Y así sucesivamente. Un
cuchillo será un cuchillo al margen de que se use mucho o poco, de que nos parezca
moral o inmoral que se fabriquen cuchillos, de que se venda caro o barato, de que
sea hermoso o feo, etc., etc. Sobre un cuchillo, una práctica sexual, un sentimiento
amoroso o una norma jurídica pueden combinarse múltiples puntos de vista y juicios
de muy diverso tipo. Pero cuando se nos pregunta qué es un cuchillo sólo podremos
caracterizarlo con propiedad si enumeramos las notas del concepto y las claves de la
referencia del término “cuchillo” en nuestra lengua.
Imaginemos que encuentro una piedra y que deseo saber de qué mineral se
trata o qué minerales la componen. Voy al geólogo y, tras los análisis pertinentes
en su laboratorio, dictamina que se trata de cuarzo; mas añade: “pero este cuarzo
es tan feo que en realidad se trata de un cuarzo que no es cuarzo, sino que sólo lo
parece, ya que el verdadero cuarzo sólo puede ser hermoso”. Tendríamos a dicho
geólogo por un chalado que no sabe distinguir los objetos de su ciencia de sus juicios
estéticos personales. Si para la comunidad científica de los geólogos y para la gente
en general esa piedra tiene las propiedades del cuarzo, acreditadas además por los
procedimientos de análisis de la ciencia geológica, no será de recibo negar que
sea cuarzo porque es un pedrusco muy feo o porque una vez alguien mató a otro
golpeándolo con una piedra de cuarzo o con esa misma piedra de cuarzo.
¿Y si a usted le preguntan si el derecho español permite el aborto voluntario
dentro de un plazo? ¿No incurre en el mismo sinsentido si contesta que hay en el
derecho español una norma que sí lo permite pero que en realidad esa norma no es
15
jurídica ni forma parte de tal derecho porque el aborto es suprema inmoralidad?
Su interlocutor sigue con el interrogatorio: ¿Acaso esa norma ha sido anulada por
el órgano competente para tales anulaciones? Usted dice que no, que no lo ha sido
(supongamos, además, que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que dicha
norma no es inconstitucional), pero que en realidad nadie necesita anularla porque
ya es nula de por sí. Y sigue, pertinaz, el interrogador: ¿qué le sucede, entonces, a
la mujer que se somete voluntariamente a un aborto dentro de ese término o bajo
esas condiciones, o al médico que lo practica? Usted: no les sucede nada, no los
condenan, conforme al derecho vigente, sólo que ese derecho vigente en realidad no
es derecho y esas personas deberían ser sancionadas si el derecho fuera como debería
ser, si en lugar de regirnos por el derecho vigente nos gobernáramos por el verdadero
derecho. ¿No sería mejor que usted dijera que el derecho es el que es, pero que a
usted no le gusta nada y que piensa que debería cambiarse?
Ahora supóngase que es derogada la norma que permite el aborto voluntario
en ciertos casos o dentro de determinado plazo. Todo aborto voluntario pasa a ser
delito y a acarrear sanción penal. Viene un conciudadano y le pregunta si en nuestro
derecho está permitido el aborto voluntario, al menos en alguna circunstancia.
Usted le aclara que no, pues hay en nuestro ordenamiento una norma que lo veda
y lo castiga. Pero resulta que ese que con usted dialoga es un declarado defensor
del derecho al aborto y no ve inmoralidad o injusticia en su práctica, sino en su
prohibición. No son pocas las personas que así opinan, en razón de su sistema moral,
de su concepción de la moralidad, del bien y de la justicia. Ese interlocutor suyo es
un iusmoralista y un antipositivista como usted, solo que su moral es bien distinta de
la suya, de la de usted. Así que ante su referencia a la norma jurídica positiva, él le
replica que, de tan injusta, esa norma prohibitiva del aborto no es auténtico derecho
y que el verdadero derecho no prohíbe el aborto, sino que lo permite, por lo cual, las
condenas de quienes abortan voluntariamente o practican abortos no son condenas
conforme a derecho, sino puros actos de poder antijurídico o ajurídico. Entonces
usted aduce que la norma vigente no solo es derecho, sino que es además derecho
justo y, por consiguiente, derecho genuino.
¿Tiene salida ese debate? Parece que sólo es pensable una: que se pongan de
acuerdo sobre los hechos y su nombre y que distingan los hechos de su calificación
moral, económica, política, estética o cualquier otra. El hecho es que aquí y ahora el
derecho dice que el aborto está prohibido o permitido. Y también es un hecho que el
juicio moral sobre la respectiva norma puede ser discrepante. Pero la discrepancia
moral sobre los hechos no tiene que ser confundida con la constatación de los
hechos, con el juego de los conceptos y con los nombres de las cosas. Si cada uno
llama derecho nada más que a las normas que a él le parecen moralmente admisibles,
16
incluso desde su concepción personal del objetivismo moral y de la verdad moral, y
si ese modo personalizado de nombrar se impone generalmente, deja de haber en la
sociedad derecho, por no existir un concepto común de derecho: el término pierde su
referencia en el lenguaje que compartimos. Pero lo cierto es que en cada sociedad,
y en la nuestra, el término derecho sí tiene una referencia común compartida, pese
a quien pese.
Pongámonos ante una sociedad en la que tal situación se produjera, en la que cada
uno sólo considerara derecho aquellas normas que son acordes con su moral. Sería
imposible saber, en los casos de discrepancias entre las morales de los individuos o los
grupos, si el derecho permite o prohíbe el aborto, ya que el veredicto de cada persona
o cada grupo será discordante. No sería raro que de tal caos práctico se intentara
salir mediante un acuerdo: el acuerdo de dar a la norma jurídica el contenido que
determine la mayoría. Se inventaría la democracia como procedimiento para crear
derecho positivo vinculante para todos por encima de los juicios morales de cada
uno. Por eso puede sostenerse que, en su fundamento como sistema jurídico-político
de una sociedad reconocidamente pluralista, la democracia exige el positivismo en
el modo de identificar y nombrar el derecho. La democracia supone el acuerdo para
sentar y hacer en común vinculantes, bajo la forma de derecho, las normas sobre las
que discrepamos, pero que, por versar sobre asuntos importantes para la convivencia
colectiva, tienen que ser normas que rijan para todos. Por eso en democracia se
legisla el derecho de todos, pero no, en modo alguno, la moral de cada uno. Porque
el derecho es de todos y para todos, guste o disguste a unos o a otros, mientras que
la moral es de cada uno y desde la moral de cada uno hace cada cual sus propuestas
para todos y participa en las reglas del juego común de la legislación. Quien pone
condiciones personales de validez a las normas democráticamente legisladas se
sustrae al juego compartido de la democracia y coloca sus valores personales por
encima del valor de ese sistema [5].
Naturalmente, la democracia no es impepinable y ese sistema de decisiones en
común sobre los asuntos concernientes a la convivencia de todos y sobre los que
individual y grupalmente discrepamos no es insoslayable. Hay una alternativa, la del
autoritarismo y la dictadura: que la persona o grupo que se considere en posesión
de la verdad moral suprema imponga su ley a los otros, aunque estos otros sean
mayoría. Pero en ese caso la pretendida razón necesitará el soporte de la fuerza, de
la represión. En democracia legisla la mayoría porque es mayoría, no porque tenga
razón o sea propietaria de la verdad moral. Las dictaduras, en cambio, se legitiman
por la posesión, pretendida, de la verdad y reprimen la discrepancia, sea de minorías,
sea de la mayoría, por considerarla sinrazón, aberración pura, supremo descarrío.
La dictadura, a diferencia de la democracia, presupone la división de la sociedad
17
entre seres superiores, llamados a mandar, y seres inferiores, abocados a obedecer.
Superiores son, por supuesto, los que conocen la verdadera moral, e inferiores los
que no la conocen o no son caparse de conducirse en conformidad con ella.
Una rama muy potente del iusmoralismo de nuestros días transita por una ruta
que puede parecer intermedia y no antidemocrática, no contramayoritaria. Lo hace
basándose en las doctrinas llamadas constructivistas. Los constructivistas parten de
que, al comunicarnos y convivir, todos asumimos ciertos presupuestos, presupuestos
que tienen valor normativo. Por ejemplo, y dicho sea con suma sencillez, cuando
optamos por hablar con otro, en lugar de emplear con él la violencia para forzarlo
a obrar en nuestro interés o según nuestras preferencias, lo estamos reconociendo
como un igual cuyas razones valen como las nuestras y merecen ser ponderadas con
imparcialidad. Lo que tendríamos que preguntarnos, según el constructivismo, es a
qué acuerdos llegaríamos sobre esos temas a propósito de los cuales inicialmente
podemos discrepar por razón de nuestros intereses o nuestras convicciones
individuales; qué acuerdos alcanzaríamos si nuestro razonar conjuntamente y
dialogar se llevara a cabo de conformidad con algún procedimiento discursivo que
garantizara la imparcialidad del resultado, para que ese resultado ya no sea expresión
de alguna forma de dominación o del simple cómputo de mayorías y minorías,
sino manifestación de lo que aquí y ahora la razón exige para el objeto de nuestro
debate. En otras palabras, nos preguntamos a qué acuerdos arribaríamos si nos
encontráramos, por ejemplo, en la habermasiana situación ideal de habla o en la
rawlsiana posición originaria y bajo el velo de ignorancia. En cuanto estemos de
acuerdo sobre lo que acordaríamos en esa situación hipotética e ideal en la que se
respetaran plenamente las condiciones de imparcialidad del razonamiento, habremos
dado con lo que buscábamos, a saber cuál es la solución racional para nuestro debate
aquí y en este momento.
¿Sobre qué pueden tratar esas discusiones nuestras aquí y ahora? Pues sobre
cosas tales como si el aborto debe estar prohibido o permitido por el derecho o
sobre si debe ser delito o no la apología del terrorismo o sobre si debe ser delito
o no la negación de holocausto o sobre si es preferible modificar los tramos del
impuesto sobre la renta o aumentar los impuestos indirectos. Aquí y ahora, mortales,
prejuiciosos y parciales, no nos ponemos de acuerdo, pero si no estuviéramos
obnubilados por prejuicios e interesadas ideologías, sí que lo lograríamos, se supone.
¿Cómo sale el constructivista del embrollo? ¿Cómo puede llegar a saber, él solo,
lo que él mismo preferiría si en lugar de ser él mismo, una persona marcada por
su particular situación, fuera él y fueran todos los interlocutores posibles sujetos
perfectamente racionales y capaces de razonar de modo plenamente imparcial?
No sé, pero lo sabe. Lo sabe, ya que nunca oímos a un constructivista decir que
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sus personales convicciones sobre el asunto en disputa son tales, pero que una vez
pasadas por el tamiz del diálogo plenamente intersubjetivo y racional se ha dado
cuenta de que estaba equivocado y de que la postura correcta es la que otro mantenía.
No, lo que el constructivista hace siempre es tildar como racional o razonable su
postura subjetiva, puesto que ya la habría pasado por ese filtro hipotético de la
intersubjetividad y, en consecuencia, su idea subjetiva ya no es meramente subjetiva,
sino la intersubjetivamente racional. Por eso son tan divertidas y aleccionadoras las
discrepancias entre constructivistas, porque todos se dicen respaldados por el mismo
experimento hipotético, por la misma imaginación de lo que nacería de un diálogo
perfecto entre sujetos imparciales. El proceder constructivista siempre da a los
constructivistas la razón; le da la razón a cada uno y no hay manera de que se pongan
racionalmente de acuerdo entre ellos. Quizá necesitarían un metaconstructivismo:
un constructivismo para constructivistas, un constructivismo de segundo grado; y
así sucesivamente.
Nos hemos alejado bastante del punto que tratábamos, el de la tesis positivista de
la separación conceptual entre derecho y moral, pero los temas estaban relacionados.
Vamos ahora con la tesis del carácter convencional de todo derecho. Consiste en
mantener que el derecho es cosa de este mundo y no de otros mundos hipotéticos
o imaginarios, y que se hace en las sociedades o por las sociedades. El derecho
por tanto, no es natural, sino obra social, y no se basa en constataciones, sino en
decisiones y acuerdos. Derecho es lo que la sociedad entienda como derecho y no lo
que como tal exista en alguna otra parte independiente y separada de los acuerdos
sociales efectivos y del imaginario social. Derecho es, en suma, lo que una sociedad
piensa, vive y practica como derecho [6]. Por eso los caracteres de los sistemas
jurídicos y, por supuesto, los contenidos de las normas jurídicas cambian de sociedad
a sociedad y de época a época.
Lo que el positivismo defiende es, repito, que todas las normas son de este
mundo y que se trata de “objetos” socialmente creados, en su forma y en sus
contenidos, que son hechos sociales de cierto tipo, constructos del imaginario social
que gobiernan las prácticas sociales. En otras palabras, que no hay parámetros extra
o suprasociales que determinen lo que en tal o cual sociedad puede ser o no derecho.
El derecho es social porque cada sociedad tiene y pone en práctica el suyo, y su
carácter convencional indica que ninguna normatividad puede socialmente operar si
no es colectivamente reconocida como tal: como normatividad que permite calificar
las conductas como debidas o indebidas. Con la evolución de las sociedades y hasta
llegar a la época moderna, lo que habría tenido lugar es un proceso de decantación de
distintos tipos de normatividades, de forma que en estas sociedades más complejas
se reconoce de hecho la diferencia entre diversos patrones y sistemas normativos:
19
religioso, moral, jurídico, etc. Gracias a esas convenciones establecidas y vigentes
socialmente, podemos diferenciar, por ejemplo, entre moral y derecho, y decir cosas
tales como que la conducta X es acorde con la moral, pero no con el derecho, o que la
conducta Y es conforme con el derecho pero contraria a los preceptos de la religión.
Cuando el antipositivismo rebate el carácter convencional de todo derecho
posible ha de estar presuponiendo algún tipo de normatividad no convencional, por
sí subsistente y existente al margen del pensar y las prácticas de las sociedades.
Para el iusnaturalismo teológico esa normatividad vive, bajo la forma de ley eterna
y ley natural, en el orden de la Creación, en cuanto proviene de la razón y voluntad
de Dios. Para el iusnaturalismo racionalista el derecho natural no es convencional
porque está presente en la naturaleza humana, igual que en ella se hallan el hígado
o el corazón, si bien bajo forma no empírica o fáctica de existencia. Al fin y al cabo,
la naturaleza humana se componía de cuerpo, la parte empírica, y alma, la parte no
empírica pero igualmente “natural”. Del mismo modo que el alma debía gobernar
el cuerpo para que la naturaleza del hombre no se rebajara a naturaleza meramente
animal, las normas ideales o no empíricas del derecho natural tenían que primar sobre
las normas positivas o de creación social. El humano, un ser con dos naturalezas o
con una compleja naturaleza doble tenía que estar guiado por dos normatividades
que se concilian en un normatividad compleja en la cual el derecho natural está por
encima y pone límites al derecho positivo.
Pero el iusmoralismo antipositivista de hoy no es solo o no es todo iusnaturalismo.
Ese iusmoralismo tiene que presuponer, sin embargo, algún tipo de objetividad de
las normas morales, si es que éstas pueden y deben acotar los caracteres o contenidos
posibles de las normas jurídicas, de las normas que resultan de las convenciones
sociales. Dicho de otra manera, para que el antipositivismo pueda objetar seriamente,
desde la moral, la tesis positivista del carácter convencional de todo derecho, debe
dar por sentada una moral de carácter no convencional, que no sea también un
producto contingente de las respectivas sociedades. Porque si la moral también es
convencional, al igual que el derecho, se pierde irremisiblemente la base para sostener
que hay una parte del derecho que es moral y, por tanto, no convencional. Si esas
normas morales no convencionales y, por tanto, distintas de la moral social positiva
viven en la mente o la voluntad de Dios, retornamos al iusnaturalismo teológico. Si
están insertas en la naturaleza humana o en un orden natural y necesario del mundo,
en la naturaleza de las cosas, no hemos salido del iusnaturalismo racionalista. Si
están en otra parte, ¿dónde están, cómo son y cómo cabe conocerlas? ¿Y cómo es
posible que unos lleguen a su preciso conocimiento y a otros no se les alcance?
El iusmoralismo sólo dejará de ser o parecer una doctrina con endeble fundamento
si va de la mano de un bien desarrollado y adecuadamente explicitado objetivismo
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y cognitivismo ético. No será misión imposible, pero es misión necesaria si sus
invocaciones de la moral como límite al derecho y a su carácter convencional tienen
que parecer algo más que interesado argumento para hacer pasar las preferencias
morales subjetivas del iusmoralista por tesis objetivas sobre el bien y la justicia.
3. A qué no compromete el positivismo
Recapitulemos. Lo que el positivismo viene a proponer es algo extremadamente
sencillo. Por una parte, nos plantea que por qué vamos a dejar de llamar derecho
lo que aquí y ahora, en la sociedad que sea, se entiende como derecho, se aplica
como derecho y se denomina derecho; que por qué vamos a prescindir del concepto
delimitado de derecho, una vez que se ha llegado, en los hechos sociales, a esa
delimitación. Y, en segundo lugar, que si se sostiene que hay derecho “fuera de aquí”,
independiente de las convenciones sociales en las que se asienta la convivencia de
unos u otros grupos, habrá que fundamentar muy convincente y detalladamente
dónde está ese derecho que no es de aquí, sino de todas partes, y que no es de este
tiempo nuestro, sino de cualquier tiempo. Porque afirmar que existe puesto que yo
creo en él no parece que pueda ser razón suficiente para imponerlo como derecho de
todos o como límite de los contenidos posibles de nuestras convenciones, acuerdos
y procedimientos de decisión.
Con nada más nos compromete el iuspositivismo. No compromete: (i) con el
juicio moral positivo sobre el derecho como tal o con los contenidos de sus normas
y, por tanto, con la preferencia por la obediencia a las normas jurídicas; (ii) con el
juicio político positivo sobre la aplicación de las normas jurídicas o la obediencia
a ellas; (iii) con el escepticismo o el relativismo moral; (iv) con el ateísmo o la
oposición a las religiones; (v) con una determinada opción política, ni siquiera con
la preferencia por la democracia.
(i) A uno le enseñan un cuchillo y le preguntan qué es. Responde que es un
cuchillo y le replican así: ah, entonces te gusta. Le muestran una pareja haciendo
el amor y le interrogan sobre qué hacen. Contesta que están haciendo el amor o
teniendo una relación sexual completa, según como queramos llamarlo, ante lo que
le dicen esto: ah, por tanto estás diciendo que se aman, que se quieren con verdadero
amor. Luego ponen ante él un precepto del Código Civil y, siendo evidente que se
trata del Código Civil en vigor, el interpelado explica que se trata de una norma
jurídica, momento que aprovechan sus interlocutores para espetarle: ah, caramba,
por consiguiente te parece justo el contenido de ese precepto o, al menos, no lo tienes
por muy injusto.
¿Están o no están claramente emparentados los anteriores supuestos? ¿No pasa
en todos esos casos que se confunde la identificación de un objeto, comportamiento
21
o estado de cosas (un cuchillo, un acto sexual, una norma que forma parte de un
sistema jurídico) y el correspondiente nombrarlo conforme al nombre que lleva en
nuestro idioma, con la calificación que desde parámetros ajenos a ese objeto se puede
hacer o que algunos hacen?
El positivismo pide que no se caiga en esa confusión cuando nos referimos al
derecho, a normas jurídicas; que, si existen y compartimos criterios de identificación
de las normas jurídicas socialmente reconocidos y, por tanto, vigentes y operantes,
no hagamos ese tipo de razonamiento con esta estructura: esta norma jurídica N
no es una norma jurídica en realidad, aunque cumpla con todos los requerimientos
del sistema jurídico y del sistema de fuentes reconocido, porque tiene la propiedad
negativa P (es antieconómica, estéticamente horrible, políticamente inconveniente,
pecaminosa, inmoral…). Nada más que eso.
A usted le enseñan una adelfa y le recuerdan que es un arbusto muy decorativo
para los jardines. Usted, buen conocedor de los secretos de la botánica, responde
que la adelfa es venenosa y que, en consecuencia, no es arbusto decorativo en
modo alguno. ¿Qué le replicarían? Que el concepto de planta decorativa es
independiente de propiedades como la de ser venenosa o no; que las propiedades
que la hacen decorativa (tamaño, tipo y color de las hojas, belleza de las flores…)
son independientes de otras que esa misma planta puede tener (ser cara, ser apta
sólo para terrenos arcillosos, requerir abundante riego, ser venenosa…). Ni por ser
venenosa deja la adelfa de ser decorativa ni por ser decorativa deja de ser venenosa.
Cuestión diferente es que esa propiedad de ser venenosa importe para usted
como razón para no plantar una adelfa en su jardín, quizá porque tiene niños que
puedan morder sus hojas o porque usted mismo es despistado y puede olvidarse del
peligro y probar un día una ensalada con sus brotes. Que usted tenga buenas razones
para no querer cerca ese arbusto decorativo no priva al arbusto de tal propiedad, la
de ser decorativo o estar generalmente considerado como tal. Igual que si usted tiene
alergia al polen de las gramíneas no negará a éstas su condición herbácea, sino que
simplemente procurará mantenerse alejado de ellas. Si a usted (o a muchos como
usted) una norma jurídica le parece descarnadamente injusta, así lo proclamará y
hará lo que esté en su mano para que se cambie, pero no dirá que esa norma jurídica,
por injusta, no es jurídica. ¿O sí?
Pero hay otra cosa que tampoco se sigue. Si usted ha concedido que la adelfa, sea
venenosa o no, es un árbol muy decorativo, no se desprende que usted tenga, sí o sí,
que colocar adelfas en su jardín. Puede preferir otro tipo de plantas o arbustos cuyas
formas o colores le sean infinitamente más gratos. Es más, puede tenerles auténtica
aversión a las adelfas, porque le traen malos recuerdos o porque había muchas en las
fincas de su primera esposa. Pero ni ello es razón para que usted le niegue el carácter
22
generalmente reconocido de arbusto decorativo ni el reconocerle esa cualidad a la
adelfa le compromete a que a usted le agraden o a que tenga que plantarlas.
Con las normas jurídicas ocurre otro tanto, según el positivismo. Tan sólidas
y claras como pueden ser las razones para identificarlas como tales, pueden ser las
razones para abominar de su contenido y hasta para desobedecerlas. Ni dejarán de
ser lo que son porque usted las estime muy injustas, ni porque usted reconozca que
son lo que son podrá nadie decirle que, por tanto, usted las ha reconocido como
justas y merecedoras de obediencia en conciencia.
Las normas jurídicas producen obligaciones jurídicas. Esto simplemente
quiere decir que desde el punto de vista del sistema jurídico sus normas obligan;
obligan en derecho o según el derecho. Por eso su incumplimiento se sanciona y
su cumplimiento puede reclamarse coactivamente. Las obligaciones jurídicas son
obligaciones a tenor del sistema jurídico. Nada más que eso [7]. Las normas morales
producen obligaciones morales. Ni es pensable un derecho que diga que sus normas
no importan y que cada uno las acate nada más que si le apetece y que en caso de
desacato no será sancionado, ni un sistema moral que se base en la idea de que las
normas morales ninguna relevancia tienen y que tanto cuenta para bien la conducta
del sujeto que sea acorde con ellas como aquella que las contradiga.
Así que hay obligaciones jurídicas porque existen los sistemas jurídicos, con sus
normas jurídicas, y hay obligaciones morales porque existen los sistemas morales,
con sus normas morales. Una acción o conducta de un sujeto puede ser calificada
desde tantos sistemas normativos como vengan al caso y ofrezcan reglas o pautas para
tal calificación o catalogación. Yo realizo la acción A. Esa acción mía para el sistema
moral será moral o inmoral, para el sistema jurídico será jurídica o antijurídica, para
el sistema estético será bella o fea, para el sistema económico será rentable o no
rentable, para el sistema de reglas del trato social será cortés o descortés, para el
sistema médico será sana o insana, etc.
Ninguna de esas calificaciones compromete las otras ni las condiciona. Por el
hecho de que mi acción sea fácilmente tildable de descortés o pecaminosa no se sigue
en modo alguno que tenga que ser antijurídica. Por el hecho de que sea fácilmente
calificable como conforme a derecho no se desprende que tenga que dejar de ser
descortés, a tenor de las reglas del trato social, o pecaminosa, según las normas de
una cierta religión. Por el hecho de que sea inmoral no ha de verse como antijurídica.
Porque sea antijurídica no ha de verse como inmoral.
Si las normas jurídicas, o algunas de ellas, dan razones perentorias, esa
perentoriedad sólo existe desde el punto de vista propio o interno del derecho.
Pero la calificación con arreglo a un sistema normativo es independiente de la
calificación según los otros sistemas normativos. ¿Y qué sucede cuando uno (o
23
varios) califica positivamente (jurídico, moral, rentable, virtuoso, cortés, sano…)
y otro (o varios) califica negativamente (antijurídico, inmoral, descortés…)? Pues,
sencilla y obviamente, que le corresponderá al sujeto de turno decidir a qué sistema
le da prioridad como guía de su conducta. La moral me dice que mi conducta A sería
inmoral, que no debo hacerla, y el derecho me indica que me está por él permitida,
que sí puedo realizarla. Yo decido si llevo a cabo A o no y, con ello, asumo tanto
las consecuencias positivas, conforme al sistema que la califica positivamente,
como las negativas que provienen del sistema que la califica de modo negativo.
Hice A porque el derecho me lo permitía, más ahora tengo remordimientos o el
desprecio de los que comparten mi sistema moral; o no hice A porque la moral me
lo prohibía y me he perdido la subvención que el sistema jurídico regalaba a los
que A hicieran. Lo que la pluralidad de sistemas normativos que sobre nosotros
concurren no permite es estar en la procesión y repicando, ganar por todos los
lados y no tener nunca pérdidas o contratiempos.
Muchos de nosotros, la inmensa mayoría de los humanos de hoy, al menos en
nuestra cultura, estimarán que como orientación última de la conducta ha de estar la
moralidad, que somos más humanos y más dignos cuando actuamos en conciencia
y por imperativos éticos que cuando acatamos otros mandatos claramente o más
claramente heterónomos. Un iuspositivista también puede y suele pensar así.
Kelsen lo dijo bien claro. Un servidor, modestísimamente y sin querer compararse,
opina lo mismo.
Pero eso presupone que un individuo puede ver cualquier norma jurídica como
injusta o inmoral y, en consecuencia, decidir desobedecerla, incumpliendo esa
norma de derecho para dar satisfacción a una norma moral. Eso no sería posible
con tal claridad si una propiedad de las normas jurídicas fuera la de ser morales o
justas o, al menos, la de no ser (muy) inmorales o (muy) injustas. Si la justicia o
moralidad es propiedad constitutiva de toda norma jurídica, de modo que la norma
inmoral no es jurídica, la desobediencia a la norma jurídica será simultáneamente
desobediencia a la norma moral y, por tanto, será desobediencia no sólo antijurídica,
sino también inmoral. O, como mínimo, tal incumplimiento de la norma no podrá
escudarse en razones morales fuertes, pues no podrá haber razones morales fuertes
o de gran injusticia contra esa norma jurídica, ya que, de haberlas, no sería jurídica.
La moralización del derecho, el entremezclamiento de las calificaciones de esos dos
sistemas normativos cierra el paso, al menos en parte, a la autonomía moral del
individuo frente a las normas jurídicas. Si la norma sólo puede ser jurídica si es
moral, el comportamiento del sujeto sólo será moral si es jurídico. Esto lo vio y lo
explicó claramente Hart hace décadas.
24
En resumidas cuentas, que resultan perfectamente congruentes la adscripción
doctrinal al positivismo jurídico y la decisión de oponernos a o desobedecer las
normas jurídicas que en conciencia consideremos inmorales. Cierto es que en las
clasificaciones del positivismo suele aparecer el llamado por Bobbio positivismo
ideológico, que es aquella doctrina que entiende que todas las normas jurídicas son
por definición morales por el hecho de ser jurídicas y que existe, en consecuencia,
un imperativo moral a la obediencia de todo derecho, de cualquier derecho, de toda
norma que provenga del soberano. Pero de Hobbes en adelante pocos, muy pocos,
han sido los positivistas de ese pelaje y todos lo eran, precisamente, por revestir el
derecho positivo de alguna propiedad moral decisiva, por confundir el derecho con
la moral.
También se señala a veces que en el balance de las razones que cualquiera hace
para decidir si acata o no el derecho en general o una norma jurídica en particular
siempre concurren razones morales, lo cual sería indicio terminante de que es moral
la naturaleza última del derecho. De esa forma vuelve a mezclarse el ser del derecho
con las razones personales para su obediencia o desobediencia. Es como si dijéramos,
por ello, que todo derecho tiene naturaleza personal, ya que son personales aquellas
razones de cada uno; o que su naturaleza es psicológica, porque la psicología del
individuo tiene influencia en su posición personal ante las normas. Es como si
afirmáramos que todo cuchillo es un ente moral, pues cada vez que uno se plantea si
clavárselo a un vecino impertinente se sopesan razones morales para hacerlo o no.
(ii) Tampoco el positivismo compromete con el juicio político sobre la
legitimidad de las normas de derecho o del sistema jurídico en su conjunto. Un
positivista puede afirmar, sin incoherencia, que el derecho de un Estado carece de
legitimidad y hay buenas razones de justicia social o de índole política para resistirse
frente a sus mandatos o para que los jueces traten de sabotearlos. Opinar lo contrario
supondría, entre partidarios de la legitimidad política de cariz democrático, pretender
que solamente hay derecho en los Estados de Derecho democráticos. Tendríamos que
decir que el derecho de China no es derecho, o el de Cuba, o que no hubo derecho
en la España de Franco, en la Alemania de Hitler, en la Argentina de las dictaduras
militares o en el Chile de Pinochet o en la Unión Soviética durante siete décadas.
Se puede ser positivista a la hora de describir y nombrar el derecho de un Estado y,
a la vez, propugnar un uso alternativo del derecho de ese Estado [8]. Aquellos jueces y
profesores que crearon la doctrina del uso alternativo del Derecho, en países como Italia
o España, se guiaban por motivos políticos, pero en modo alguno necesitaban o estaba
implícita en su acción una actitud antipositivista. Proponían que los jueces sabotearan
el sistema jurídico de Estados con escasa o nula legitimidad política, a fin de contribuir
25
de esa manera a la transformación de esos Estados en Estados más democráticos y
sociales, pero no confundían esa digna finalidad política con la descripción del objeto
que querían transformar, el derecho. Si por razón de ilegitimidad un derecho no fuera
derecho, habría que concluir igualmente que el Estado ilegítimo no es Estado. Estado
y Estado legítimo se convertirían así en sinónimos y nos quedaríamos sin nombre para
esa entidad con apariencia de Estado pero que no lo sería, pese a que en el Derecho
internacional cuenta y es reconocida como tal.
(iii) Algunos muy notables positivistas del siglo XX han sido relativistas en
tema de ética, como Kelsen, o emotivistas, como Alf Ross. Mantenían que en las
disputas morales se carece de cualquier patrón objetivo de verdad o corrección que
pueda zanjarlas mostrando de qué lado está objetivamente la razón, o que quien
sostiene una tesis moral sobre cualquier tema simplemente expresa una preferencia
enteramente subjetiva de base emotiva; no intenta más, a fin de cuentas, que hacer
que los otros se sometan a esa inclinación suya. Decir X me parece justo o X me
parece injusto sería como afirmar que el pescado me gusta o el pescado no me gusta,
cuestión de gusto, estrictamente personal y no apta para debate racional ninguno,
pues de gustos no cabe discutir con un mínimo sentido; cada uno expone los suyos,
si quiere, y no hay el gusto racional ni posibilidad de llegar a acuerdos racionales
sobre el mejor gusto gastronómico.
Pero en línea de principio el positivismo jurídico no exige ese escepticismo
ético ni va con necesidad de su mano. ¿Es inimaginable o incongruente que alguien
pueda ser objetivista y cognitivista en temas de ética y positivista en materia de
teoría del derecho? Objetivista es quien cree que existen patrones objetivos de
verdad o corrección moral, desde los que podemos medir nuestros juicios morales
y determinar cuándo son acertados o erróneos. Hay doctrinas éticas objetivistas de
muy diverso tipo y fundamento y el objetivismo moral sigue siendo hoy un tipo de
teoría ética muy pujante e interesante. Cognitivista es aquel que piensa que esas
pautas o verdades morales primeras y anteriores o superponibles a nuestros juicios
morales subjetivos son cognoscibles mediante nuestra razón y con ayuda de algún
método de reflexión o razonamiento.
El objetivista y cognitivista (en adelante nos referiremos a él diciendo nada
más que objetivismo u objetivista, sin matices aquí innecesarios) no dice que una
norma moral no sea moral porque sea una norma moral errónea a tenor de las pautas
de corrección objetiva correspondientes. Simplemente dirá que esa norma moral es
norma moral y es norma moral errónea o incorrecta. El objetivista sabe distinguir
perfectamente entre la propiedad de una norma como norma moral y la propiedad
adicional de una norma moral como norma moral correcta.
26
Paralelamente, ese objetivista moral podrá hacer idéntico razonamiento
coherente respecto de una norma jurídica: reconocer que es norma jurídica y sostener
que, desde el punto de vista moral, su contenido es erróneo o incorrecto. No es una
característica definitoria del objetivismo la de que sus partidarios piensen que no hay
más normas morales que las moralmente correctas ni más normas jurídicas que las
moralmente correctas.
Solo con ese dato ya se capta que un objetivista en ética puede ser positivista en
teoría del derecho. Lo que equivale a que un positivista jurídico puede ser, en ética,
objetivista. No es ninguna extraña contorsión teórica si, además, recordamos que
el positivismo no compromete ni con la obligación moral o política de obediencia
ni con el propugnar ningún tipo de superioridad del derecho en términos de razón
práctica. El positivista, sabemos, nada más que insiste en que cada cosa es lo que es.
¿Se liga el objetivismo a la superioridad de la moral sobre el derecho? Es
comprensible que cuanta mayor sea la convicción de que los juicios morales y las
normas morales no son todos igual de relativos o enteramente subjetivos, mayor sea
el ánimo para querer colocar la moral como rectora de la vida social. No es fácil
imaginar un objetivista que, siéndolo, afirme que le resulta indiferente y le da igual
por qué pautas morales se guíe cada uno o la colectividad. Pero eso tampoco será
fácil oírselo al relativista o escéptico en ética. Relativista o escéptico no es el que no
tiene convicciones morales propias y bien arraigadas que esté dispuesto a defender
o que honestamente desee ver plasmadas en el comportamiento suyo y ajeno, sino
el que no piensa que sea posible dotar sus convicciones morales, o las ajenas, de un
fundamento objetivo, calificarlas como objetivamente verdaderas o falsas.
Lo mismo el objetivista que el relativista o escéptico pueden estar de acuerdo en
que la sede de las normas y juicios morales es la conciencia individual y que desde
ella cada individuo puede y suele verse impelido a proponer sus pautas morales
como parámetro de la convivencia social y del derecho. Los dos pueden acordar que
en la decisión en conciencia nos orientamos por nuestras convicciones morales y que
no es de recibo que en esa sede, en la conciencia, las normas jurídicas suplanten a las
morales. De otra forma dicho, ninguno tiene por qué desterrar la idea de autonomía
moral individual.
¿Y en lo que se refiere a la relación entre moral y derecho cuando el conflicto
entre ellos no se suscita en la conciencia del individuo, sino como conflicto entre
normatividades externas o entre la moral y el sistema jurídico que, por definición,
es heterónomo o externo a las conciencias particulares? El objetivista puede decir
que la norma jurídica N es por sus contenidos errónea desde los patrones de la moral
objetiva. Mas nada en su posición teórica le fuerza a tener que añadir que por ser
moralmente errónea, la norma jurídica no es jurídica. Si acaso, tendrá más fuertes
27
motivos para cuestionar que tal norma jurídica deba obedecerse o más poderosos
fundamentos para luchar por su derogación o modificación. Ese objetivista ético
puede ser al tiempo positivista jurídico sin desgarro y sin contradicción.
El iuspositivismo no es una tesis sobre el valor moral del derecho, sino sobre
los criterios para la descripción y el nombrar del objeto derecho. Por eso tal tesis
descriptiva no choca con ninguna doctrina ética sobre obligaciones morales o sobre
si existen o no parámetros objetivos de la corrección moral.
(iv) No hará falta extenderse para resaltar que el iuspositivismo no es
inconciliable con la fe religiosa. No se necesita ser ateo para poder abogar por una
teoría positivista del derecho. Ni todos los positivistas son ateos ni todos los ateos son
positivistas. Las religiones, al menos las de nuestro entorno cultural, las monoteístas
que se basan en un libro sagrado, tienen sus propios códigos normativos y el creyente
consecuente pondrá en consonancia sus creencias morales con sus creencias
religiosas, considerando que los mandamientos de su fe son también mandamientos
en su conciencia. Chocaría dar con un creyente sincero y mínimamente reflexivo que
nos contara que para él el adulterio es pecado, porque lo prohíbe su religión, pero que
es conducta moralmente lícita o indiferente para él mismo. Los códigos religiosos
penetran los códigos morales y toman la forma de moralidad de base religiosa.
Los códigos religiosos invadían también la normatividad jurídica y el
iusnaturalismo teológico era salvaguarda de la superioridad de la moral religiosa
sobre el derecho y de la fusión entre lo religioso, lo moral y lo jurídico. La época
moderna significa, en lo ético, lo político y lo jurídico, la ruptura de esa confusión
o compenetración, por consideración al pluralismo de creencias y como intento de
poner término a las guerras de religión. Si a cada cual se le reconoce que puede tener
una fe u otra, o ninguna, y que puede cultivar una u otra moral, la conciencia pasa a
verse como autónoma y la política se autonomiza también, como procedimiento para
conseguir acuerdos entre personas con convicciones diversas acerca del bien, de lo
sagrado y de lo profano. En un marco de diversidad religiosa y moral, los acuerdos
sobre las normas comunes nada más que caben como conciertos cuya validez no
esté coartada por la compatibilidad de sus contenidos con tal o cual credo religioso o
moral. A la inversa, la historia nos enseña que todo intento de conciliar de nuevo el
derecho con la religión o con una determinada moral rectora presupone que se acabe
con o se reprima la libertad de conciencia y el pluralismo de creencias.
Cada cual, creyente o no, objetivista ético o escéptico, positivista jurídico o
contrario al positivismo, piensa de buena fe que la sociedad sería perfecta si todos
se atuvieran a las convicciones suyas y el derecho las reflejara. Cada uno opina que
esa sociedad y ese sistema jurídico son injustos si no se orientan por esas reglas.
28
Pero negar que, por ello, esa sociedad sea una verdadera sociedad o que ese derecho
constituya derecho auténtico no parece que sea actitud exigida por la fe o la moralidad,
sino rasgo de la personalidad individual, extremo afán de poder, propensión al
autoritarismo o renuencia a asumir la propia desobediencia como desobediencia a las
normas ajenas a uno mismo, y a aceptar las consecuencias de dicha desobediencia
a las reglas colectivas. La obediencia al derecho no es una virtud, pero el ánimo de
imponer a los otros la moral propia como derecho de todos, sin pasar por la política
y la deliberación colectiva, tampoco parece empeño muy virtuoso.
(v) Si se viene defendiendo que el positivismo es una tesis sobre lo que el
derecho es y no sobre lo que sus normas valgan desde el punto de vista moral,
religioso, político, económico, estético, etc., también habrá de concluirse que no
hay un vínculo necesario entre el positivismo y un determinado sistema político,
igual que no tiene ese vínculo por qué estar presente en el caso del antipositivismo.
Es larga la lista de positivistas que fueron, al tiempo, defensores y extraordinarios
fundamentadores de la democracia, y en Kelsen hay ejemplo principalísimo. Pero
también los hay que en lo político no simpatizan con la democracia. Nada existe de
inconsecuente en su actitud, al menos en el hecho de no mezclar la descripción del
derecho que es con la opinión sobre cuál es el mejor procedimiento o la más adecuada
vía para establecer los contenidos del derecho. Idénticamente, han sido numerosos
los objetivistas morales, religiosos o no, que han defendido los procedimientos
democráticos con plena consecuencia. La congruencia teórica parece, en cambio,
más problemática en el caso del iusmoralista que se quiere demócrata y que, desde
una moral objetiva, pone límites a lo que pueda contar o aplicarse como derecho
legislado por la mayoría y dentro de los márgenes que acota el sistema jurídico,
empezando por la constitución misma.
3
LAS NORMAS JURÍDICAS, ¿APLICABLES PERO DERROTABLES?
Una parte del debate de hoy sobre el positivismo no se da a propósito de la
calificación de la norma en sí por causa de la inmoralidad de su contenido general,
sino que versa sobre la aplicabilidad de la norma que en sí pueda no verse como
inmoral o tajantemente injusta. El problema se suscita cuando esa norma no injusta
resulta en sus términos y alcance aplicable a un caso, pero su solución para ese
concreto caso se reputa de inadecuada por injusta o contraria a la equidad. Es una de
las facetas de lo que, con expresión muy en boga, se denomina la derrotabilidad de
las normas jurídicas. Entre las razones que pueden presentarse como justificaciones
de la derrota de una norma en un caso que bajo ella es claramente subsumible se
29
menciona esa de la inmoralidad o injusticia de la solución normativa para el asunto
concreto que se enjuicia.
No corresponde aquí entrar a tratar de la problemática general de la derrotabilidad
de las normas [9], sino solo que nos planteemos si para el positivismo, entendido
del modo que lo hemos caracterizado, una norma jurídica puede ser derrotable. La
respuesta requiere matices, y a ellos vamos.
Bajo el prisma positivista, una norma jurídica sólo puede ser jurídicamente
derrotada por otra norma jurídica. O sea, que desde el punto de vista interno al
sistema jurídico, bajo la óptica del sistema mismo, cuando una norma de tal sistema
prescribe una consecuencia para un caso, en derecho únicamente estará justificada
la inaplicación de esa norma, su preterición ante otra, cuando esa otra norma
concurrente forme parte también del mismo sistema jurídico o a ella el sistema
jurídico remita para un caso como ese. ¿Cómo se calificaría, entonces, ese hecho de
que una norma jurídica es derrotada por una norma ajena al sistema jurídico, como
pueda ser una norma moral a la que el tal sistema no remite para esos casos? El
positivismo dirá que lo sucedido es que el derecho se ha incumplido, que la solución
dada no es jurídica o no tiene fundamento jurídico (al margen de que esa solución
se torne jurídica, ya no en sus fundamentos, sino en sus efectos, cuando deviene
cosa juzgada). Sencillamente, un sistema diferente, el moral cuando de él se trate, ha
prevalecido como base de la solución de ese litigio.
¿Eso será bueno o malo, según el positivista? Será antijurídico, por disconforme
con lo prescrito por el derecho. Pero sabemos ya que para el positivismo la calificación
jurídica es autónoma frente a e independiente de otras calificaciones basadas en otros
sistemas normativos. El positivista puede sin problema admitir que esa solución
antijurídica es moralmente encomiable, económicamente conveniente, políticamente
necesaria, etc. Y puede estar de acuerdo con tal derrota del derecho en dicha ocasión.
Lo que él no hace es llamar obediencia al derecho o aplicación del derecho a lo que
es incumplimiento del mismo, por muy buenas que sean las razones para ello y por
mucho que, vistas todas las cosas y consideradas todas las razones, no solamente las
jurídicas, eso fuera lo mejor que se podía hacer en tal oportunidad. El iuspositivista
no confunde el hecho de que una norma sea derrotada con la afirmación de que haya
de ser derecho cualquier regla que la derrote.
Por el contrario, el iusmoralista llama derecho a cualquier norma no jurídica
que derrote a una norma jurídica; o, al menos, a cualquier norma moral que venza
a una norma jurídica. Es el iusmoralista, no el positivista, el que da por sentado que
el derecho sólo puede perder ante el derecho y que las razones que justifiquen la
derrota de una norma de derecho tendrán que ser razones jurídicas. Cuando en la
consideración general de las razones para decidir con arreglo a la norma jurídica
30
que viene al caso o en su contra, con incumplimiento de la misma, predominan
las razones contra la norma jurídica y es de hecho vencida por tales razones, el
iusmoralista pone el sello de juridicidad a esas razones o a la regla que en ellas
dominó. En resumen, que si una norma moral gana a una jurídica, esa norma moral
es norma jurídica, es parte del sistema jurídico. De hecho, así, el derecho no pierde
nunca y solo unas normas jurídicas podrán derrotar a otras. ¿No era esta última la
misma tesis del positivismo cuando adoptaba el punto de vista interno del derecho?
Sí y no.
Discrepan unos y otros en el sistema de fuentes que aplican o en la configuración
del sistema jurídico de la que parten. Para el positivismo el conjunto de las normas
que integran el sistema jurídico es un conjunto finito y delimitado por los criterios
de pertenencia que dispone el propio sistema. Cuando, para bien o para mal –ese
ya no es el punto de vista del sistema jurídico – , una de esas normas del sistema es
derrotada por una norma externa o ajena a él, nos encontramos, para el positivismo,
ante el hecho de que no se ha decidido con arreglo a derecho. Cómo califiquemos
desde otros sistemas normativos ese hecho, que bajo el prisma del derecho es
antijurídico, es cuestión que no cambia el contenido de la calificación interna al
derecho, que no modifica la antijuridicidad de la solución recaída. Y también es
asunto de ello independiente el tipo de jerarquía que cualquiera, positivista o no,
trace entre los diversos sistemas normativos como guías de las decisiones de los
sujetos, incluidas las decisiones de los jueces. Un positivista puede afirmar que
la decisión de marras es antijurídica, pero profundamente justa y que él mismo la
habría tomado así. Solo que no dirá que al tomarla así esté obedeciendo al derecho,
sino atendiendo a otras reglas que considera más importantes que las jurídicas en
la tesitura de que se trate.
El iusmoralista, en cambio, sostiene que del sistema jurídico forman parte no
sólo aquellas normas que en él estén en función de los criterios de pertenencia puestos
por el propio sistema, por su sistema de fuentes, sino que también son derecho y se
integran en al sistema jurídico todas las normas ante las que nos (les) parezca bien
que pierda una norma jurídica en algún caso, especialmente si son normas morales.
De esa manera, el conjunto de las normas que conforman un sistema jurídico ya no
es un conjunto finito, acotado: son normas de un sistema jurídico todas las que en
él se insertan a tenor de sus criterios de pertenencia más todas (o todas las morales)
que en alguna ocasión pueden justificar su derrota. El derecho es el conjunto de las
normas positivas (llamémoslas así para abreviar) más todas aquellas otras normas
(al menos las morales) que puedan alguna vez excepcionarlas. Así pues, el juez que
decide un caso contra el derecho (positivo) y conforme a la moral, sigue fallando de
conformidad con el derecho. ¿Siempre? O siempre que esa moral que lo orienta sea
31
la moral adecuada o la moral verdadera. Con lo que volvemos a los problemas del
objetivismo moral y sus fundamentos, que no repetiremos.
4
¿POSITIVISMO JURÍDICO INCLUSIVO?
El llamado positivismo jurídico inclusivo o incluyente o soft positivism viene a
cuestionar la tesis de la separación entre derecho y moral (o ciertas concepciones de
esa separación) con el argumento de que de la regla de reconocimiento, es decir, de
aquellas pautas que en un sistema permiten clasificar ciertas normas como las normas
que pertenecen al sistema jurídico, puede formar parte la remisión a condiciones de
moralidad de las normas del sistema jurídico o de las soluciones que dichas normas
del sistema jurídico ofrecen para los casos que en el sistema tienen que resolverse [10].
Lo primero que conviene distinguir es entre contenido de la regla de
reconocimiento y contenido de las demás reglas del sistema jurídico respectivo. Una
norma del sistema que no sea la regla de reconocimiento puede contener remisiones a
cualquier tipo de pauta o patrón normativo de carácter extrajurídico. Esas remisiones
pueden aparecer tanto en el supuesto como en la consecuencia jurídica de la norma.
En el supuesto o antecedente de la norma se establecen las condiciones que,
de darse, justifican que se aplique la consecuencia jurídica. Esas condiciones
pueden ser fácticas (que acontezca el hecho H o acontezcan los hechos H1…Hn) o
normativas (que esos hechos sean calificables positiva o negativamente con arreglo
a una pauta normativa: que sean morales o inmorales, justos o injustos, favorables o
contrarios al interés económico, etc.). En la consecuencia jurídica o consecuente de
la norma esas pautas normativas pueden figurar como condición de aplicabilidad de
la consecuencia misma, bajo un esquema de este tipo: que la consecuencia jurídica
se aplique siempre que el resultado en el caso no sea inmoral, injusto, contrario al
interés económico, antiestético, etc.
Aparezca en un lado u otro o sea cual sea el tipo de condición normativa que
así se pone, es condición jurídica por figurar en una norma del sistema, aun cuando
su contenido se rellene por remisión a otro sistema normativo de cualquier tipo. Si,
por ejemplo, una norma del sistema jurídico dispone que en los museos estatales
solamente podrán exponerse aquellas obras que sean estéticamente hermosas y que
no tengan un coste superior a cien mil euros, tales condiciones no conllevan que no
exista separación entre el sistema jurídico y el sistema estético o el sistema que fija
los valores económicos de los objetos.
¿Qué sucede si es en la propia regla de reconocimiento, en las pautas reconocidas
como de identificación de las normas del sistema jurídico, de las normas que son
derecho, donde figura una remisión a normas morales? Por ejemplo, la regla de
32
reconocimiento operante se reconstruiría así: son derecho en este sistema, son parte
de este sistema jurídico, las normas que satisfagan conjuntamente las condiciones
C1, C2 y C3, siendo C3 la condición de que las normas de ese sistema no tengan
contenido inmoral. Entonces, una norma N, sea cual sea la jerarquía de la misma
y aun cuando se tratara de una norma constitucional, no podría ser una norma de
tal sistema jurídico si su contenido es inmoral, aunque sí cumpla las otras dos
condiciones, C1 y C2.
Varias son las cuestiones de la mayor importancia que aquí vienen a colación.
Una, la de si esa presencia de condiciones morales en la regla de reconocimiento
es contingente o necesaria. Otra, la de si con ella se ponen en cuestión las tesis
positivistas de la separación entre derecho y moral y de la convencionalidad del
derecho. Y todas ellas se ligan el asunto de si tal referencia constitutiva a la moral
presupone la moral verdadera o la moral convencionalmente vigente en la sociedad,
la llamada moral positiva. Si tal referencia es contingente y, por tanto, no necesaria
en cualquier sistema jurídico que propiamente sea tal, y si alude a la moral positiva
y no a la moral verdadera o a la llamada moral crítica, como distinta y superior a la
moral socialmente vigente o positiva, será totalmente compatible con el positivismo
y en nada esencial lo contradirá.
Las doctrinas antipositivistas iusmoralistas destacan que esa referencia a
pautas morales en los fundamentos del sistema o los criterios de identificación
de sus normas es necesaria y tiene que tomar en cuenta la moral verdadera. Si
pudieran considerarse derecho cualesquiera normas de un sistema jurídico que no
fije en su regla de reconocimiento una condición como C3, perdería sustento la
tesis iusmoralista de que todo derecho mantiene ese vínculo esencial y constitutivo
entre derecho y moral. Basta para ello que se admita que sea considerado sistema
jurídico uno en el que la moralidad mínima de las normas no se reconozca como
condición de juridicidad para que dicha tesis deje de ser constitutiva y se convierta
en contingente.
Pero, de esa forma, lo que el iusmoralismo tiene que acabar negando es la
propia idea de regla de reconocimiento. Decir regla de reconocimiento es poner un
hecho social como fuente o sustento último de lo jurídico, es atribuir al derecho
una naturaleza constitutivamente social y meramente social: derecho es lo que
en la sociedad –y especialmente entre los operadores jurídicos– se reconoce y se
practica como tal. El derecho es un punto de vista sobre normas, punto de vista que
es constitutivo: derecho de cada sociedad es lo que en esa sociedad es entendido
y vivido como tal. Ante la pregunta de qué normas son derecho en una sociedad
dada, la respuesta es la siguiente: aquellas que en esa sociedad poseen los atributos
formales o sustanciales que en dicha sociedad se reconozcan como definitorios del
33
derecho en cuanto normatividad específica y distinta de otras normatividades (moral,
usos sociales, normas técnico-instrumentales, reglas estéticas, reglas religiosas, etc.).
Si hablamos de ese hecho social del reconocimiento, de que el derecho se
constituye en su fondo como una categoría del imaginario colectivo sin otra
propiedad estructural que como normatividad lo defina con alcance general o
suprasocial, estamos colocando un elemento de contingencia como delimitador
de cualquier derecho, pues ese reconocimiento social es cambiante: cada sociedad
reconocerá unos u otros atributos como delimitadores de lo jurídico, y la moralidad
de los contenidos podrá ser o no incluida entre tales atributos o condiciones en
función de variables históricas y sociológicas y del tipo de mentalidades que impere.
Sólo hay una vía de escape para ese elemento de contingencia unido a la idea de
regla de reconocimiento como base de la juridicidad: anclar lo jurídico en elementos
no contingentes, necesarios. Tales elementos pueden ser y han sido tres, según la
clase de iusmoralismo antipositivista ante el que nos encontremos: el orden de la
Creación, como orden necesario del mundo, la naturaleza humana como naturaleza
desdoblada en empirie y esencia no empírica, y la naturaleza de las sociedades como
prefiguración ideal y necesaria de cualquier sociedad posible. Pero, en esos casos, el
origen de la juridicidad ya no está en el hecho social del reconocimiento, en la regla
de reconocimiento.
Sea la que sea la opción que de esas tres se escoja, la teoría del derecho
adquiere una configuración contrafáctica. Frente a los hechos, frente a la empírica
o fáctica configuración de lo jurídico en las sociedades, se proclama un modelo
de juridicidad no fáctica, ideal, que constituye la esencia necesaria de todo lo que
pueda ser derecho. De esa manera el derecho se desdobla entre derecho socialmente
reconocido y vivido como tal y derecho verdadero. El primero, el derecho en los
hechos sociales, únicamente será derecho (o lo será plenamente) si se adecúa a
aquellas condiciones ideales de verdad del derecho: nada más que será derecho
de verdad el derecho en los hechos sociales, reconocido socialmente, que cumpla
dichas condiciones; pero habrá una parte del derecho de verdad que es derecho, y es
la parte superior o jerárquicamente más elevada del derecho, aunque no encuentre
plasmación en hechos sociales. El derecho primero es el derecho ideal, mientras que
el derecho fácticamente reconocido en una sociedad sólo será en verdad derecho
si sus contenidos no contravienen los de aquel derecho ideal. En consecuencia, la
gran mayoría de los derechos que han sido y son, en los hechos sociales, no son
propiamente derechos, sino simple apariencia de tales. Muchas sociedades se habrán
equivocado y se equivocarían al reconocer y vivir como derecho lo que en puridad
no lo es o no lo es del todo.
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Importa grandemente, en este punto, la distinción entre moral positiva y moral
verdadera. La moral positiva se compone de aquellas normas morales que una
sociedad comparte en un momento histórico determinado, aquellas normas que
son consideradas o reconocidas de modo unánime o sumamente extendido como
verdaderas; son las normas morales que no se discuten o que no se discuten apenas
y que conforman el cemento último de esa sociedad. Por ejemplo, en las sociedades
nuestras de hoy, integradas en la llamada cultura liberal-occidental, tales normas
de moral positiva son las que fundan el convencimiento generalizado de que la
esclavitud es radicalmente injusta o de que la discriminación de la mujer frente al
hombre o de unas razas frente a otras es moralmente aberrante.
Si decimos que difícilmente, aquí y ahora, será viable un sistema jurídico que
contradiga esas convicciones morales generalizadas, estamos mencionando una
importantísima condición de eficacia de los sistemas jurídicos actuales. Un derecho
de contenidos opuestos a los de la moral positiva vigente en esa sociedad será un
derecho que necesitará un ingrediente mucho mayor de coacción para imponerse
y que estará más expuesto a su transformación por la vía revolucionaria, por la
vía fáctica de la revolución. Sin embargo, no conviene olvidar los mecanismos
interrelacionados por los que en una sociedad se impone o se extiende el
reconocimiento del derecho o de la moral positiva, que son también mecanismos
ideológicos. Todo hecho social de reconocimiento o de vivencia normativa es en
alta medida dependiente de adoctrinamientos ideológicos y manipulación de las
conciencias. Por tanto, resulta artificioso contraponer la moral positiva al derecho,
como si la primera funcionara al modo de instancia crítica, fruto de la reflexión
racional de los sujetos, frente al derecho, que sería instrumento del poder o de los
intereses más difícilmente racionalizables.
Cuando frente a ese carácter relativo o dependiente, ideológico incluso, en el
sentido de la ideología como falsa conciencia, se quiere contraponer una instancia
moral crítica independiente, reflexiva y más ligada a parámetros objetivos de
racionalidad que a determinaciones puramente sociales, se habla de moral crítica.
Desde la moral crítica los sujetos pergeñan autónomamente patrones de moralidad
con los que enfrentarse a las determinaciones de la moral positiva. Mientras
que la moral positiva sería el resultado de la socialización y el ambiente de los
individuos y tendría una raíz escasamente reflexiva (creemos que es bueno o malo
lo que nos han enseñado a ver así y lo que aquí y ahora así se juzga), la moral
crítica presupone al capacidad para la reflexión autónoma y para la captación de
pautas independientes sobre el bien y el mal, sobreponiéndose el individuo a esos
condicionamientos sociales de su valorar, a base de conectarse con las claves de la
racionalidad moral.
35
¿Son equiparables moral crítica y moral verdadera? Supóngase que yo, aquí y
ahora, tras ardua reflexión concluyo que la esclavitud de los negros o la sumisión
de las mujeres a los varones son perfectamente justas y racionales. Sin duda, de esa
manera me estoy oponiendo a la moral positiva, a la moral aquí y ahora vigente, a la
que con esos postulados míos, autónomamente gestados desde mi propia reflexión
moral, me enfrento críticamente. ¿Sería el mío un ejercicio de moral crítica? Creo
que no se consideraría así. La moral crítica es algo más que moral personal opuesta
a la moral establecida, que mera crítica a la moral positiva. Para que esas hipotéticas
tesis morales mías pasaran el filtro para ser consideradas producto de la moral crítica
deben superar cierto test o algunos controles. ¿Cuáles?
Si se mantiene que para que el fruto de mi reflexión moral sea conforme
con la moral crítica ha de estar en consonancia con la moral positiva, la moral
crítica deja de ser concepto que vale como contrapunto de la moral positiva
y se convierte en refuerzo de la misma. Si se dice que mi defensa moral de la
esclavitud no es un ejercicio de moral crítica porque es irracional por contraria a
las convicciones morales entre nosotros vigentes, se está llamando moral crítica
a la que respalda la moral establecida. Si se presupone que moral crítica es nada
más que la que critica o trata de superar la moral establecida a partir de una mejor
concepción de los fundamentos mismos de la moral establecida, de manera que
se critican algunas normas de esta y se propone su sustitución por otras que
impliquen una mejor y más coherente realización de las bases presupuestas por
la moral establecida, la moral crítica se torna elemento dinamizador de la moral
positiva, pero no moral que pueda ser en puridad opuesta a la moral establecida.
Y tampoco por ese camino podría pasar por moral crítica, aquí y ahora, mi
defensa moral de la esclavitud.
Por esas razones, la moral crítica que hoy en día suele mencionar el iusmoralismo
como constitutiva de cualquier derecho posible sólo puede ser la moral verdadera. Una
moral verdadera no a tenor de los patrones de verdad moral social y coyunturalmente
vigentes aquí y ahora, sino por encima de ellos y más allá de ellos. Porque si lo
que se defiende es que únicamente puede ser derecho aquella normatividad que no
contradiga la moral positiva de la sociedad en la que ese derecho vaya a regir, ese
parámetro de juridicidad sería contingente en sus contenidos y, sobre todo, no se
estaría atacando la tesis positivista del carácter convencional de todo derecho, ya que
la moral positiva es moral convencional: es lo que cada sociedad en cada momento
considera moral e inmoral [11].
Si lo que el positivismo inclusivo defiende es que podemos encontrar sistemas
jurídicos en cuya regla de reconocimiento figure, como una de las condiciones de
juridicidad o pertenencia de las normas al sistema, la condición sustantiva de que
36
tales normas han de ser acordes con determinadas normas morales, esa tesis merece
algunas consideraciones adicionales y bien relevantes.
En primer lugar, es una tesis poco menos que trivial, pues es fácil encontrar
ejemplos de sistemas con esa característica, especialmente en aquellas sociedades
pasadas o presentes en las que no se ha producido la decantación plena del sistema
jurídico y el sistema moral (y el religioso muchas veces) como sistemas reconocibles
y operantes como autónomos; donde la separación conceptual de derecho y moral no
se haya consumado plenamente.
En segundo lugar, la tesis de que pueda haber sistemas jurídicos con esa nota no
cuenta como tesis acerca de la unión constitutiva entre derecho y moral a no ser que
cambiemos su enunciado por uno de este tenor: en todo sistema jurídico existe esa
unión constitutiva entre derecho y moral, pues en la regla de reconocimiento de todos
los sistemas jurídicos está presente esa condición de moralidad como condición de
juridicidad. Bastará que pueda encontrarse o concebirse uno en que dicha unión no
acontezca, para que esta última tesis quede rebatida. Y un sistema sin semejante
unión lo toparemos siempre que podamos describir uno en el cual socialmente
son reconocidas y aplicadas como jurídicas normas que cumplan determinadas
condiciones entre las que no esté esa de la moralidad de sus contenidos. Mientras
pongamos la clave del sistema en la regla de reconocimiento [12], no podremos
sustraernos al hecho de que existen sistemas jurídicos así. Por eso el iumoralismo
no puede reconocerse en la regla de reconocimiento y el positivismo no deja de
ser positivismo ni añade al positivismo nada muy novedoso o relevante por decirse
positivismo inclusivo.
En tercer lugar, hay que preguntarse de dónde o desde qué se nutre de ese
contenido moral la regla de reconocimiento. Si es desde la moral positiva y lo que
se plantea es que resultará difícilmente eficaz un sistema jurídico cuyas normas
masivamente se opongan a la moral establecida en la respectiva sociedad, hemos
saltado de la ontología de lo jurídico a la sociología del derecho y ya no hablamos de
qué notas diferencian la normatividad jurídica de las otras normatividades, sino de
los condicionamientos prácticos de la normatividad jurídica. Y si es desde la moral
crítica, estamos presuponiendo una moral que puede ser la de pocos o, incluso,
de ninguno de los miembros de esa sociedad, con lo que, como ya se ha indicado
antes, esa condición en la regla de reconocimiento es radicalmente incompatible
con la noción de regla de reconocimiento: en la regla de reconocimiento estaría una
condición socialmente no reconocida [13]. Eso es una contradicción en los términos.
A lo que se propende a veces al hablar de positivismo inclusivo es a la confusión
entre constitución y regla de reconocimiento [14]. Se subraya que en las constituciones
actuales acostumbran a estar presentes, y en lugar prominente, normas de contenido
37
marcadamente moral, remisiones a fundamentos morales que dan su impronta moral
a las constituciones mismas y que las conectan inescindiblemente con la moral.
En esas constituciones que, como la española, elevan la justicia a “valor superior”
del ordenamiento jurídico y que ponen la dignidad humana como eje esencial y
barrera infranqueable de la normatividad jurídica dentro de ese sistema, estaría
manifestándose el nexo inescindible de juridicidad y moralidad, inescindible al
menos para esos sistemas con constituciones así [15].
Pero las condiciones de validez que para la normativa infraconstitucional fijen
las constituciones no pueden confundirse con las condiciones establecidas en la
regla de reconocimiento. La constitución no es la regla de reconocimiento [16]. La
constitución es derecho porque es acorde con la regla de reconocimiento. Lo cual,
si no queremos caer en las aporías u oscuridades de la idea kelseniana de norma
hipotética fundamental, solo puede leerse así: la constitución es constitución jurídica,
es derecho y cúspide del sistema jurídico, porque así es socialmente reconocida. La
constitución es, jurídicamente, constitución porque los ciudadanos y los operadores
jurídicos creen que lo es y obran en consecuencia; en otras palabras, porque está
funcionando ese hecho del reconocimiento al que se llama regla de reconocimiento.
Reconocimiento que no deja de ser un hecho aunque se lo llame regla.
Si, por ejemplo, la justicia o la dignidad no fueran condiciones puestas en
la constitución, sino en la regla de reconocimiento, no podrían ser jurídicamente
constituciones, no podrían ser reconocidas como constituciones jurídicas,
aquellas “constituciones” que en sus preceptos contravengan o no “reconozcan”
suficientemente la justicia y la dignidad de los sujetos. Y ello quiere decir que
socialmente no se consideraría como elemento del sistema jurídico una constitución
así. Una tesis de ese calibre tropieza con varios problemas serios.
Uno, que lleva a negar la cualidad de derecho a toda constitución que, en una
sociedad con una regla de reconocimiento de ese tenor, no ampare la justicia y la
dignidad. Se nos viene a decir, por ejemplo, que si en lugar de promulgarse en 1978
en España esta constitución que se promulgó, se hubiera establecido una constitución
que prolongara las Leyes Fundamentales del franquismo, tal constitución alternativa
no podría haber sido derecho porque no se habría reconocido socialmente como tal,
aunque de hecho se aplicara y se hiciera valer. Como tesis de sociología-ficción,
dicha tesis es más que cuestionable.
Dos, que presupone que nociones morales como las de justicia o dignidad poseen
un contenido generalmente reconocido y suficientemente claro y completo como
para que pueda servir de parámetro social de juridicidad. Porque de no ser de esa
manera, tendríamos el absurdo de que en la regla de reconocimiento figuran palabras
susceptibles de las más variadas interpretaciones, y no auténticos parámetros aptos
38
para guiar ese reconocimiento social. En la regla de reconocimiento no puede estar
meramente el enunciado de que el derecho debe ser justo, sino una noción densa de
qué sea lo justo. Pero dicha noción es inviable en una sociedad pluralista por definición
y que precisamente se dota de una constitución que es garantía del pluralismo de
concepciones sobre el bien y la justicia. Una condición de contenido socialmente
discutible, de contenido sobre el cual la sociedad abrigue ideas contrapuestas, no
puede servir como pauta común de reconocimiento [17].
Cabe que aquí se aduzca que lo mismo ocurre cuando nociones como esas de
justicia o dignidad aparecen en el texto constitucional. Pero no es lo mismo. Las
propias constituciones articulan órganos decisorios llamados a concretar y decir la
última palabra en disputas en las que estén concernidas concepciones contrapuestas
sobre qué sea lo justo o lo digno. En cambio, en la regla de reconocimiento no puede,
por definición, haber previsión de órganos que pongan fin a las disputas, pues en la
regla de reconocimiento la disputa, por definición, no cabe: si hay disputa, no hay
reconocimiento como hecho social [18].
Así pues, lo que en la discusión de hoy entre positivistas incluyentes,
excluyentes y iusmoralistas parece cada vez más oscuro es la idea misma de
regla de reconocimiento, en unión con la tesis del carácter convencional de
todo derecho [19]. Parece que se tiende también a confundir la identificación
de las normas que son derecho con el contenido que imponen para los casos
de esas normas que son derecho. Se olvida que la regla de reconocimiento no
proporciona soluciones para los casos, sino que indica dónde deben buscarse, en
el punto de partida, para los casos las soluciones que son derecho [20]. Que la
regla de reconocimiento, en tal sentido, sea clara, no implica que sean claras o
brinden para cada asunto soluciones indubitadas las normas que, según la regla
de reconocimiento, son derecho.
Imaginemos un sistema en el que la regla de reconocimiento establezca que
constituyen derecho los mandatos del Oráculo. Eso significa que en la comunidad
en la que impera esa regla de reconocimiento está generalmente admitido que lo que
el Oráculo disponga obliga de esa manera especial y con esa particular autoridad de
lo jurídico. Y pongamos que el Oráculo empieza a sentar mandatos de contenido tan
enigmático como el que dice que “Los padres deben ser trascendentes en el trato con
sus hijos”. Estaría claro en esa comunidad que esa es una norma jurídica, pero habría
serias dudas sobre lo que quiere decir y, consiguientemente, sobre qué implica para
la resolución de tales o cuales casos de relaciones paterno-filiales. El hecho de que
los aplicadores de la norma a esos casos tengan que interpretarla y, para elegir su
sentido, echen mano de consideraciones morales, religiosas, políticas, económicas o
de cualquier otro tipo no pone en cuestión la regla de reconocimiento y su carácter
39
convencional o de hecho social, ni integra como parte del sistema jurídico las normas
morales, religiosas, etc. que se utilicen para ese fin.
Resumiendo su propia doctrina, al polemizar con Coleman, dice Dworkin: “en
la práctica, afirmé, cuando la gente discute acerca del contenido del derecho, recurre
a consideraciones morales de una forma que el positivismo no puede explicar [21]”.
¿Qué significa “que el positivismo no puede explicar”? ¿A qué se alude cuando se
dice discutir “acerca del contenido del derecho”? Si Dworkin se está refiriendo a
cuáles normas son o no derecho dentro de un sistema jurídico dado, las discusiones
son escasas o nulas, desde el momento en que hay un sistema de fuentes “reconocido”.
Si en un sistema jurídico hubiera continuo debate sobre si se debe llamar derecho a
la ley que emana del Parlamento y no ha sido anulada por los mecanismos al efecto
previstos por el propio sistema, o si se debe llamar derecho, en lugar de eso o además
de eso, a las decisiones de los ancianos o a los mandatos de los sacerdotes, no estando
reconocidas estas dos instancias como fuentes del derecho, lo que ocurriría es que
en esa comunidad no habría propiamente un sistema jurídico, sino varios candidatos
a tales, en concurrencia entre sí. En una comunidad social no existe sistema jurídico
cuando no hay coincidencia entre sus miembros a la hora de atribuir la condición de
derecho a unas u otras normas, provenientes de tales o cuales fuentes.
Sin embargo, si en esa comunidad, o entre los jueces de la misma, lo que se
duda y discute es qué quiere decir o implica para el caso tal o cual norma de las
que se originan en una fuente del derecho reconocida, estamos hablando de otra
cosa, no nos estamos refiriendo a qué norma es o no es jurídica, sino a qué solución
es acorde o no con esa norma o con el conjunto de las normas jurídicas originadas
en las fuentes reconocidas. Que no haya claridad plena o acuerdo claro sobre el
contenido de una norma jurídica no es dato que niegue la regla de reconocimiento
o la convencionalidad, el hecho social del reconocimiento de las fuentes, sino que
sólo muestra que es cosa distinta el saber qué norma es derecho y cuál no y el saber
o establecer qué prescribe una norma jurídica para un caso.
Si Dworkin está hablando de ese segundo aspecto, sus consideraciones no obran
contra el positivismo, salvo que al positivismo se le atribuya la siguiente tesis: que
todas las normas que son derecho por provenir de las fuentes reconocidas ofrecen para
los casos soluciones claras e indubitadas, de modo que hacen inviable o prescindible
la discrecionalidad judicial. Pero precisamente una de las razones de la crítica de
Dworkin al positivismo se halla en que éste deja sitio a la discrecionalidad judicial
en la resolución de los casos cuando surgen dudas interpretativas, entre otras.
Dice Dworkin: “Afirmé que el contenido del derecho no se fija por ningún
comportamiento o convención uniforme de los abogados y jueces, este contenido es
más bien objeto de controversia entre ellos; cuando los abogados discrepan acerca
40
del derecho defienden algunas veces sus posiciones divergentes y tratan de resolver
sus desacuerdos apelando a consideraciones morales; y que cuando el desacuerdo es
especialmente profundo estas consideraciones morales pueden incluir juicios acerca
de la mejor comprensión del sentido o propósito de la práctica jurídica como un todo
[22]”. Cuando los abogados discrepan acerca del derecho no suelen hacerlo, aquí
y ahora, porque unos opinen que las resoluciones del consejo de ancianos del país
sean derecho y otros piensen que no, sino que todas las discrepancias se basan en
un acuerdo previo: que tales normas, por ejemplo, las que resultan bajo la forma de
ley del Parlamento, son jurídicas. Una vez “reconocido” así el material jurídico, la
discrepancia trata sobre asuntos tales como la relación entre esas normas del sistema,
sus interpretaciones, etc. Pero si todo lo que para resolver dichas divergencias sobre las
normas jurídicas se invoca es derecho nada más que por esa función complementaria
que cumple, también serán jurídicas las leyes de la economía, por ejemplo.
Contra el carácter convencional que el positivismo atribuye al derecho dice
Dworkin que “si los jueces discrepan de modo muy básico en torno a los criterios
para identificar el derecho válido, entonces no comparten ninguna convención que
estipule los criterios para identificar el derecho válido [23]”. Mas los jueces no
discrepan “de modo muy básico” sobre los criterios para identificar el derecho válido,
pues si lo hicieran, hasta tendrían que debatir entre ellos cuáles en verdad son jueces
y cuáles no, ya que son las normas identificadas coincidentemente como válidas las
que les otorgan dicha condición jurídica de jueces. Si, al margen de las convenciones
constitutivas de lo jurídico -y, consiguientemente de las instituciones jurídicas,
como los jueces-, hay normas extrasistemáticas con efecto intrasistemático y que
condicionan la validez de las soluciones del sistema por razón de su compatibilidad
con aquellas normas extrasistemáticas, cualquiera puede decir que el juez J no es
juez porque es un inmoral, o mala persona o deficiente conocedor y aplicador de las
normas morales debidas.
En realidad Dworkin no puede estar queriendo negar que en nuestro sistema
haya un acuerdo social general en que es ley la norma que emana del Parlamento
bajo cierta forma, o que en el derecho norteamericano el precedente judicial de
ciertos tribunales vincula a otros tribunales. Lo que él pretende, meramente, es
subrayar que la moral, o cierta moral, es la base para que a veces se excepcionen
aquella ley o aquellos precedentes, y que, por servir así, se tienen que desprender
dos efectos para el sistema jurídico: que esa moral excepcionadora de la aplicación
de las normas del sistema jurídico es parte, y parte superior, de ese mismo sistema
y que los jueces que por razón de esa moral hacen tales excepciones deciden
conforme al sistema jurídico y no contrariamente a él. Y sobre esto habremos de
remitirnos a lo ya expuesto aquí anteriormente.
41
5
SOBRE EL TRASFONDO PRÁCTICO Y POLÍTICO DE UN DEBATE
APARENTEMENTE CONCEPTUAL
La llamada tesis de la separación, con la que se alude a una de las notas definitorias
del positivismo, viene a decir que no hay ninguna conexión conceptual necesaria
entre el derecho y la moral. Pero reparemos en cómo expone esta tesis uno de los
máximos representantes del iusmoralismo actual, Robert Alexy: “Todas las teorías
positivistas sostienen la tesis de la separación. Según ella, el concepto de derecho
debe ser definido de forma tal que no incluya ningún elemento moral. La tesis de
la separación presupone que no existe ninguna conexión conceptual necesaria entre
derecho y moral, entre aquello que ordena el derecho y aquello que exige la moral o
entre el derecho que es y el derecho que debe ser” [24].
¿De qué manera puede darse una conexión conceptual necesaria entre cómo algo
es y cómo algo debe ser? Una conexión conceptual necesaria es la que existe, por
ejemplo, entre padre e hijo, pues no podemos pensar padre sin presuponer hijo, ni hijo
sin presuponer padre. Conexión conceptual necesaria hay también entre “esposo” y
“esposa” (o esposo y esposo o esposa y esposa, si se está admitido el matrimonio
homosexual), mientras no exista el automatrimonio. Conexión conceptual necesaria
quiere decir que no puede pensarse una cosa si no es unida a la otra. En cambio, una
conexión conceptual contingente es la que se da entre dos conceptos que pueden
tanto presentarse unidos o implicados, como no unidos o implicados; por ejemplo,
entre “varón” y “rubio”, pues los varones pueden ser rubios o no.
Las conexiones necesarias pueden ser de dos tipos, que denominaremos aquí
unidireccionales o bidireccionales. Entre el concepto A y B hay unión necesaria
unidireccional cuando B no puede pensarse sin implicar A, pero A sí puede pensarse
sin implicar B. En cambio, la conexión es bidireccional cuando A y B se implican
mutuamente y ninguno puede pensarse independientemente del otro, sin implicarlo.
Tal ocurre entre padre e hijo, o entre esposo y esposa.
Para los iusmoralistas, como Alexy, la conexión conceptual entre moral y derecho
es unidireccional, pues todo derecho implica conceptualmente la moral, pero no toda
moral implica conceptualmente el derecho. De ahí que, para tales autores, no pueda
haber verdadero derecho que no sea acorde con la moral, pero, en cambio, la moral
contraria a derecho sigue siendo moral: una norma moral antijurídica no deja de ser
una norma plenamente moral.
Es común que los iusmoralistas ilustren esa tesis suya como también acaba
haciéndolo Alexy en el párrafo arriba citado: diciendo que la conexión conceptual
necesaria se da entre el derecho que es y el derecho que debe ser. Esa expresión no
tiene sentido. Carece de todo sentido un enunciado del tipo siguiente:
42
“El objeto O, que es como es, no es lo que es si no es como debe ser”.
Hagamos una comparación. Los consejos que una persona da a otra pueden ser
acertados o desacertados. Si entendemos que hay una conexión conceptual necesaria
entre consejo y acierto, diremos:
“Un consejo desacertado no es un consejo”.
En ese caso tenemos un grave problema expresivo, pues en la propia expresión
llamamos “consejo” a lo que decimos que no es un consejo, por ser desacertado.
Hablaríamos en sentido impropio si dijéramos, por ejemplo:
“Ese consejo que A ha dado a B es un mal consejo, pues fue desacertado”.
Todo consejo propiamente dicho sería un consejo acertado y, en consecuencia,
si llamamos mal consejo al consejo desacertado, no deberíamos usar la expresión
“mal consejo”, sino algo así como “emisión con apariencia de consejo pero que no
es tal”.
Idénticamente, si hay tal conexión conceptual necesaria entre derecho y moral,
no podríamos decir “El sistema jurídico S es un mal sistema jurídico, por inmoral”.
Al mantener que se da aquella conexión conceptual necesaria entre el derecho que
es y el derecho que debe ser se habla de modo figurado y sólo tiene sentido pleno la
expresión si agregamos lo siguiente: el derecho que debe ser se determina con arreglo
a la moral. Por tanto, la diferencia decisiva no es entre el derecho en su estado actual y
el derecho mismo en un estado ideal debido, sino entre el derecho que hay ahora y la
moral. Es un parámetro exterior al derecho el que determina si el derecho que es es o
no derecho. La conexión, entonces, no es conceptual, sino normativa.
No queda más claro el asunto de Alexy cuando se expresa de otra manera: “en
la realidad de un sistema jurídico están necesariamente incluidos ideales jurídicos”
[25]. Según esto, cuando el derecho que es no se corresponde o no se corresponde
por completo con el ideal, no es derecho o lo es deficientemente. Si en el concepto
de consejo está incluido un ideal de buen consejo, no podremos decir que es consejo,
o lo es del todo, un consejo malo.
¿Cómo debe definirse un concepto, al menos para que esa definición sea útil y
no un puro juego con las palabras y las ideas? Supóngase que yo defino el concepto
de árbol de forma que entre las propiedades que atribuyo a los árboles se halla
la de ser de hoja perenne. Puedo decir que, en mi concepto, los árboles de hoja
caduca, como robles o castaños, no son árboles, pues incumplen una de las notas
definitorias del concepto de “árbol”. En cambio, un pino sí sería un árbol. ¿Existe
alguna instancia desde la que se pueda medir lo apropiado de mi concepto? Sí,
el uso lingüístico común, ligado al entendimiento común. Si preguntamos a mil
personas, distintas de mí, si un roble es un árbol, nos contestarán que sí lo es. Por
tanto, puede afirmarse, con esa base, que mi concepto es erróneo o inapropiado.
43
O que mi sistema conceptual es mío, pero no se corresponde con los conceptos
“vigentes”. Por las mismas, puedo defender que no hay más árbol que el que
tenga colgadas unas guirnaldas navideñas. Cuando perdemos el “pie a tierra”, las
definiciones y los conceptos son libres; y arbitrarios.
Yo puedo tener una idea bien precisa de cómo me gustaría que fueran lo árboles
o de cómo deberían ser si el mundo fuera como debe. Por ejemplo, puedo desear
que todos los árboles sean de hoja perenne; o con flores rojas. Ese ideal puede ser
mi acicate para tratar de convencer a los demás de que planten árboles de esas
características y talen los que no las tengan. Pero ese ideal no me autoriza a imponer
mi concepto de árbol frente al concepto de árbol socialmente establecido. Podré decir
que son árboles feísimos los de hoja caduca o flor azul, pero no que no son árboles.
No puedo confundir los árboles que son con los árboles que deberían ser (para mí).
Ahora leamos de nuevo a Alexy:
“En cambio, todas las teorías no positivistas sostienen la tesis de la vinculación.
Según ella, el concepto de derecho debe ser definido de manera tal que contenga
elementos morales. Ningún no positivista que merezca ser tomado en serio excluye
del concepto de derecho los elementos de la legalidad conforme al ordenamiento
y de la eficacia social. Lo que lo diferencia de los positivistas es más bien la
concepción de que el derecho debe ser definido de forma tal que, a más de estas
características que apuntan a hechos, se incluyan también elementos morales” [26].
Habla Alexy de cómo “debe ser definido” el derecho. ¿Cómo deben ser definidos
los árboles? Indicamos antes que por referencia al uso y entendimiento socialmente
establecidos. Si en una sociedad dada se considera que derecho son las normas que
presentan ciertos atributos formales y entre las propiedades que en esa sociedad
se ligan al concepto de derecho no está la de que sus normas sean conformes con
la moral, ¿debe seguir en esa sociedad definiéndose derecho “de manera tal que
contenga elementos morales”? Al identificar el derecho que es con el derecho que
debe ser, la concepción del segundo suplanta al concepto del primero: no hay más
derecho que el derecho que debe ser, igual que no hay más árbol que el de hoja
perenne o flor roja. ¿Tiene sentido y utilidad jugar así con los conceptos?
El sentido de esas manipulaciones de los conceptos es puramente pragmático
e instrumental. Primero veámoslo con el ejemplo de los árboles. Pongamos una
sociedad en la que los árboles se consideraran divinidades, por lo que estaría vigente
una prohibición de talarlos. Quien reconceptualiza “árbol” estará perdiendo el
tiempo con divertimentos perfectamente estériles y arbitrarios, salvo que lo mueva
un propósito que pueda llegar a tener éxito: si convence a los demás miembros de
esa sociedad (o a un gran número) de que los robles no son árboles porque se les
44
caen las hojas en otoño, habrá logrado seguramente que se puedan talar robles y
demás árboles de hoja caduca. Es el objetivo de alterar la norma y su aplicación
lo que explica la desfiguración del concepto. Una vez que los taladores de robles y
castaños hayan sido convencidos de que no es pecado cortarlos, se convertirán en
guardianes del nuevo concepto y ni llamarán árboles a esos árboles ni permitirán
que los demás así los denominen. A medio plazo, puede haberse modificado el
concepto. Pero no para llegar a uno más apropiado o menos, pues si la referencia es
el uso y el entendimiento social, no existen parámetros externos o ajenos a ese uso
que sirvan para medir la calidad de los conceptos. Dicha alteración se deberá a una
transformación social buscada por quien manipuló para ese fin los conceptos.
Con el derecho y su concepto para los iusmoralistas ocurre algo bien similar.
Lo que Alexy y los iusmoralistas en general persiguen es que los tribunales de
derecho no apliquen ciertas normas, aunque sean derecho positivo, y sí apliquen
otras, aunque no lo sean. Para ello dicen que no son jurídicas las normas “jurídicas”
que contravengan la moral y que sí son jurídicas, aunque no estén como derecho
positivadas, otras normas que son antes que nada morales [27]. El mejor indicio de
que detrás de esos manejos conceptuales hay una pretensión política es el siguiente:
nunca, que yo sepa, se ha visto un iusmoralista que haga de modo expreso y claro un
razonamiento como el que sigue:
“Yo, moralmente, desde mi sistema de normas morales, apruebo el contenido de
la norma jurídica N, pero creo que N no es verdadero y pleno derecho a tenor de la
moral mejor o la moral verdadera, que resulta que no es la mía”.
O como este otro:
“Yo, moralmente, desde mi sistema de normas morales, rechazo por inmoral el
contenido de la norma jurídica N, pero considero que N es verdadera y plena norma
jurídica porque está de acuerdo con la moral mejor o la moral verdadera, que es
distinta de la mía”.
Cuando el iusmoralista dice moral, no dice la moral de otros, no dice moral
distinta de la suya, elevada a moral racional o verdadera, sea como moral de mínimos
o de máximos. La unión conceptual necesaria entre derecho y moral se torna unión
pragmática entre derecho y moral propia. El positivista, en cambio, no llama derecho
a su moral, sino a lo que la gente considera derecho.
§ Publicado en: Andrés Ollero, Juan Antonio García Amado, Cristina Hermisa
del Llano, Derecho y moral: una relación desnaturalizada, Madrid: Fundacion
Coloquio Jurídico Europeo, 2012, pp. 163-264. ISBN: 978-84-615-9505-1
45
Notas
[1] En palabras de Gardner, se trata de la tesis nuclear del positivismo: “In any legal system, whether
a given norm is legally valid, and hence whether it forms part of the law of that system, depends
on its sources, not its merits” (John Gardner, “Legal Positivism”, en Aileen Kavanagh, John
Oberdiek (eds.), Arguing About Law, Londres y Nueva York, Routledge, 2009, p. 153).
No se pierda de vista un matiz importante respecto de las que acabamos de llamar condiciones
sustanciales: como dice Gardner, “The validity of legal norms can depend on their content so long
as it does not depend on the merits of their content” (ibid., p. 158).
[2] Hablamos aquí de fuentes en el sentido en que, entre tantos, ya lo hiciera Bobbio hace décadas:
“son fuentes del Derecho los hechos o los actos a los que un determinado Ordenamiento jurídico
atribuye idoneidad o capacidad para la producción de normas jurídicas. (Decimos hechos o actos
según si se prescinde o se incluye el elemento subjetivo –conocimiento y voluntad-, propio del
obrar humano, en los fenómenos a que el Derecho se refiere; con respecto a los hechos decimos
idoneidad con respecto a los actos decimos capacidad)” (Norberto Bobbio, El positivismo
jurídico, Madrid, Debate, 1993, trad. de R. de Asís y A. Greppi, p. 169). Añade: “La importancia
del problema de las fuentes del Derecho consiste en que con él se puede determinar la pertenencia
de las normas que encontramos en la práctica cotidiana a un Ordenamiento jurídico: esas normas
pertenecerán o no a un Ordenamiento según deriven o no de aquellos hechos o de aquellos actos
a los que el propio ordenamiento atribuye la producción de sus normas” (ibid., p. 169). “Por otra
parte, los Ordenamientos jurídicos que han alcanzado una cierta complejidad y madurez, como los
modernos, establecen por sí mismos las fuentes del Derecho, lo que significa que establecen por
sí mismos los criterios de validez de sus propias normas” (ibid., p. 170).
[3] “Cabe distinguir entre dos tipos de exigencias morales que pueden estar en una relación necesaria
con el sistema jurídico: formales y materiales. Un ejemplo de una teoría que sostiene una
conexión necesaria entre criterios morales formales y el sistema jurídico es la de Fuller sobre la
moralidad interna del derecho (internal morality of law). Aquí incluye Fuller los principios del
Estado de derecho (legality) tales como la generalidad de la ley (generality of law), la publicidad
(promulgation) y la prohibición de la retroactividad (retroactive laws). En cambio, se trata de la
conexión entre criterios morales materiales y el sistema jurídico cuando Otfried Höffe afirma que
sistemas normativos que no satisfacen determinados criterios fundamentales de la justicia no son
órdenes jurídicos” (Robert Alexy, El concepto y la validez del derecho, Barcelona, Gedisa, 1997,
trad. de Jorge M. Seña, pp. 37-38).
[4] En palabras de Alexander Somek, “Morality is not a necessary condition of legal validity. The
separability thesis extends to other modes of evaluating norms on their merits, for example,
on grounds of either economic efficiency or comprehensibility. Inefficient norms are just as
legally valid as regulations that are too complex to make any sense” (Alexander Somek, “The
Spirit of Legal Positivism”, German Law Journal, vol. 12, nº 2, 2011, p. 733). Similarmente,
Jon Gardner: “Legal positivists line up equally against views according to which the validity
of law depends upon, for example, its economic or aesthetic merits” (John Gardner, “Legal
Positivism”, cit., p. 168).
[5] Resulta de lo más tentador reproducir aquí la clasificación propuesta por Ulises Schmill (“El
positivismo jurídico”, en Ernesto Garzón Valdés, Francisco J. Laporta (eds.), El derecho y la
justicia, Madrid, Trotta, 1996, p. 74). Dice:
“Si consideramos la posición que, pragmáticamente puede asumirse con respecto a las relaciones
posibles entre un conjunto personal de principios o máximas personales y un orden de normas
válido preexistente, podemos encontrar, en general, que estas relaciones tipifican posturas que han
sido asumidas en el ámbito de la política:
46
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
1) considerar el orden personal de normas como idéntico al orden normativo preexistente; es la
consideración que haría un conservador optimista.
2) considerar el oren personal de normas existiendo independientemente del orden normativo
preexistente; es la consideración que haría un pluralista democrático.
3) considerar el orden personal de normas como supraordenado al orden normativo preexistente,
el cual deriva su validez de aquél; es la consideración del autoritarismo.
4) considerar que el orden personal de normas está supraordenado al orden normativo preexistente
y lo deroga en caso de contradicción entre ellos; es el caso del autoritarismo intolerante”.
La tesis del carácter convencional del derecho se llama también tesis del carácter social del
derecho y, en cuanto elemento nuclear del positivismo jurídico, Raz, entre tantos, la describe así:
“In the most general terms the positivist social thesis is that what is law and what is not is a matter
of social facts”, y tal tesis expresa “the view that the law is posited, is made law by the activities
of human beings” (Joseph Raz, “Legal Positivism and the Sources of Law”, en Aileen Kavanagh,
John Oberdiek (eds.), Arguing About Law, Londres y Nueva York, Routledge, 2009, p. 117).
De ahí que explique Gardner que el positivismo, con su la tesis de que la validez de las normas
jurídicas es independiente de su mérito, no da ninguna indicación sobre lo que una persona debe
hacer en cada ocasión, por lo dicha tesis es “normatively inert”. “By itself it does not point in
favor of or against doing anything at all. I don´t just mean that it provides no moral guidance. It
provides no legal guidance either. It merely states one feature that all legal guidance necessarily
has, viz. that if valid qua legal it is valid in virtue of its sources, not its merits” (John Gardner,
“Legal Positivism”, cit., p. 155).
O defender el activismo judicial. “One could equally be a legal positivist enthusiast for judges to
be the main lawmakers” (John Gardner, “Legal Positivism”, cit., p. 161).
Cfr. García Amado, J.A., “Sobre la derrotabilidad de las normas jurídicas”, en: Pablo R. Bonorino
(ed.), Teoría del Derecho y decisión judicial, Madrid, Bubok, 2010, pp. 179ss.
Veamos la presentación general que hace Waluchow, uno de los autores canónicos y que sintetizan
mejor esa postura: “En los últimos años ha surgido una controversia en las líneas del positivismo
sobre la posibilidad de una conexión particular entre el derecho y la moral que algunos positivistas
reconocidos aceptan como posible e incluso característica de los sistemas jurídicos modernos, pero
que otros rechazan por considerarla inconsistente con la naturaleza misma del derecho Filósofos
como Jules COLEMAN, John MACKIE y David LYONS han sugerido que entre las conexiones
concebibles entre el derecho y la moral que un positivista podría aceptar está el hecho de que la
identificación de una regla como válida dentro de un sistema jurídico, así como el discernimiento
del contenido de una regla o el modo en que influye en un caso jurídico, pueden depender de
factores morales. En esta concepción, que hemos llamado positivismo jurídico incluyente, los
valores y principios morales cuentan entre los posibles fundamentos que un sistema jurídico
podría aceptar para determinar la existencia y contenido de las leyes válidas. Como ejemplo,
podría considerarse la posibilidad de que la(s) regla(s) de reconocimiento de un sistema jurídico
contenga(n), tests o criterios explícitamente morales para la validez de legislación emanada del
Congreso o el Parlamento. Si es posible que la regla de reconocimiento contenga criterios tales,
entonces la validez de una ley podría, en alguna ocasión, no estar determinada sólo por su linaje,
esto es, por el hecho y modo de adopción” (Wilfrid J. Waluchow, Positivismo jurídico incluyente,
Madrid, Marcial Pons, 2007, trad. e M.S. Gil y R. Tesone, revisada por H. Zuleta, p. 97).
Para un primer acercamiento a los debates entre positivistas jurídicos incluyentes y excluyentes
puede servir, en castellano, Juan B. Etcheverry, Pedro Serna (eds.), El caballo de Troya el
positivismo jurídico. Estudios críticos sobre el Inclusive Legal Positivism (Granada, Comares,
2010), comenzando por el breve y clara “Presentación” (pp. 1ss.). Siempre recomendable, también
47
en castellano, Rafael Escudero Alday, Los calificativos del positivismo jurídico: el debate sobre la
incorporación de la moral, Madrid, Civitas, 2004.
[11] Cfr. Rafael Escudero Alday, Los calificativos del positivismo jurídico, cit., pp. 252-254.
[12] No se eche en saco roto que hasta alguno de los iniciadores del positivismo inclusivo lo defiende
ahora prescindiendo (o queriendo prescindir) de la regla de reconocimiento, como es el caso de
Coleman. Vid. Jules L. Coleman, “Beyond Inclusive Legal Positivism”, en Ratio Iuris, vol. 22, nº
3, 2009, pp. 380ss.
[13] Frente a la “moralización” de la regla de reconocimiento que Coleman explica como posible,
sagazmente observa Dworkin que eso entra en contradicción con la tesis positivista de la
convencionalidad de todo derecho, que Coleman trata de mantener bajo la forma de positivismo
inclusivo (Cfr. R. Dworkin, Justice in Robes, Cambidge (Massachusetts)/London, The Belknap
Press of Harvard University Press, 2006, p. 198; en la traducción española, La justicia con toga,
Madrid, Marcial Pons, 2007, trad. de Marisa Iglesias Vila e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, p. 216).
Una crítica radical y muy fundada de cómo la noción de regla de reconocimiento es incompatible
con la posible presencia en ella de pautas sustanciales controvertidas, tal como Coleman pretende,
puede leerse en Alexander Somek, “The Spirit of Legal Positivism”, cit., pp. 738ss.
[14] Dicha confusión es palmaria en Waluchow. Así, cuando indica, por ejemplo, que la cláusula
del debido proceso del Acta de Derechos (Bill of Rights) puede verse como parte de la regla
de reconocimiento (Wilfried M. Waluchow, Positivismo jurídico incluyente, cit., p. 97. La
repetición de tales confusiones puede verse también en ibid., pp. 117, 127, 129-131. Elementales
y muy convenientes aclaraciones sobre la imposibilidad de identificar regla de reconocimiento y
constitución pueden verse en Claudio Luzzati, Questo non è un manuale. Percorsi di filosofia del
diritto: 1, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 122ss.
[15] Un nuevo ejemplo de las confusiones. No al exponer sus tesis propias, sino al glosar los orígenes del
soft positivism en el Postscript de Hart, dice Escudero Alday: “Entonces, de lo dicho se desprende
la posibilidad, recogida expresamente por el propio Hart, de que la conformidad con principios o
valores morales sea un requisito a cumplir por toda norma que pretenda ser jurídica. Así por ejemplo,
nada obsta para que la consonancia con el principio del respeto a la dignidad humana sea, como
efectivamente sucede en algunos sistemas jurídicos, un requisito de validez normativa” (Rafael
Escudero Alday, Los calificativos del positivismo jurídico, cit., p. 56). Y en nota al pie aclara: “Así
sucedería, en el caso de que se asuma la argumentación expuesta en el texto, en el sistema jurídico
español, donde se reconoce tal principio en el art. 10.1 de su Constitución” (ibid., p. 56, nota 23).
La confusión -no de Escudero, sino de los autores que glosa– entre regla de reconocimiento y
constitución es estridente, grosera casi. Lo que la norma de reconocimiento nos explica es por
qué es derecho lo contenido en la constitución, incluidas las condiciones de validez –formales
o sustanciales– ahí puestas para las normas infraconstitucionales. El art. 10.1 de la Constitución
Española es parte de la Constitución, sí, pero no un elemento de la regla de reconocimiento del
sistema jurídico español. Lo que sucede es que tanto los iusmoralistas (diciéndolo), como los
positivistas inclusivos (sin decirlo), cambian la regla de reconocimiento por condiciones morales
de validez del derecho, condiciones morales que, además, son independientes del hecho social del
reconocimiento. Para ellos, el derecho vale por ser moral su contenido (o no fuertemente inmoral),
y el fundamento último del sistema, de su juridicidad, no está en un dato fáctico, como es la regla
de reconocimiento, sino en uno directamente normativo: en las reglas del sistema que aluden a los
que, en opinión de tales autores, son supremos valores morales de cualquier sistema jurídico de
verdad. En cuanto concepto explicativo, al menos para una concepción positivista y no metafísica
del derecho, la regla de reconocimiento es primero colonizada, luego transformada desde dentro
y, finalmente, desechada por las contradicciones en ella así inducidas.
48
[16] En tal sentido y muy agudamente, Rafael Escudero Alday, Los calificativos del positivismo
jurídico, cit., pp. 74ss.
[17] Vid. Joseph Raz, “Legal Positivism and the Sources of Law”, cit., pp. 124-125.
[18] Vid., en un sentido en cierto modo similar, Scott J. Shapiro, “Was Inclusive Legal Positivism
Founded on a Mistake?”, en Ratio Iuris, vol. 33, nº 3, 2009, p. 334 y anteriores.
[19] En la abundantísima bibliografía sobre la hartiana regla de reconocimiento también se discute
sobre si dicha regla tiene carácter convencional o es otro tipo de pauta social. No entramos aquí
en tales pormenores. Sobre el tema véase, últimamente, Adrei Marmor, Social Conventions. From
Language to Law, Princenton/Oxford, Princeton University Press, 2009, pp. 155ss.
[20] Vid. Jules L. Coleman, “Negative and Positive Positivism”, en Aileen Kavanagh, John Oberdiek
(eds.), Arguing About Law, Londres y Nueva York, Routledge, 2009, p. 113.
[21] R. Dworkin, La justicia con toga, cit., p. 205.
[22] Ibid., p. 207.
[23] Ibid., p. 215.
[24] Robert Alexy, El concepto y la validez del derecho, cit. p. 13. En realidad, la traducción de
este fragmento es incompleta, pues en el original alemán, de 1992, se dice algo más: “Alle
positivistischen Theorien vertreten die Trennungsthese. Diese sagt, dass der Begriff des Rechts
so zu definieren ist, dass er keine moralischen Elemente einschliesst. Die Trennungsthese setzt
voraus, dass es keinen begrifflich notwendigen Zusammenhang zwischen dem, was das Recht
gebietet, und dem, was die Gerechtigkeit fordert, oder zwischen dem Recht, wie es ist, und dem
Recht, wie es sein soll” (Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Freibuurg/München, Karl
Alber, 1992, p. 15). Hacemos la traducción complete desde el último punto, subrayando lo que en
la traducción original falta: “La tesis de la separación presupone que no existe ninguna conexión
conceptual necesaria entre derecho y moral, entre lo que el derecho prescribe y lo que la justicia
exige, o entre el derecho tal como es y el derecho tal como debe ser”.
[25] Robert Alexy, El concepto y la validez del derecho, cit., p. 32.
[26] Ibid., p. 14.
[27] En tal sentido, Raz: “To impose independent conditions on the identity of law will inevitably
mean either that not all the rules forming a part of the social institution of the relevant type are law
or that some rules which are not part of such institution are law. Either way ´law` will no longer
designate a social institution” (Joseph Raz, “Legal Positivism and the Sources of Law”, cit., pp.
121-122).
49
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E
REPUBLICANISMO: OS PRINCÍPIOS QUE DEVEM
NORTEAR A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO
Arnaldo Bastos Santos Neto1
Marcela de Oliveira Santos2
1
INTRODUÇÃO
A Constituição de 1988 representa um marco na história político-jurídica
do Brasil, na medida em que simboliza o corolário de um longo e desgastante
processo de busca pela democracia, em contraposição ao contexto ditatorial. Como
consequência, suscitou uma onda de esperança na sociedade brasileira. Desde a sua
promulgação, em 5 de outubro de 1988, garantiu uma transição bem sucedida de um
regime autoritário para um Estado Democrático de Direito, ao eleger como elemento
central da ordem constitucional a democracia3.
Aprofundar a hermenêutica da Constituição, portanto, significa pré-compreender
o seu mais caro pressuposto teórico, qual seja, o conceito de democracia. Tratase de compreender um certo constitucionalismo, sui generis, com elementos muito
próprios, muito marcado pela “questão democrática”. Para que o jurista que se
coloca nessa nova configuração de poder e de promessas possa realizar o projeto
democrático radical da Constituição de 1988, ainda inconcluso, deverá romper como
sentido legalista dado pelos operadores ao direito brasileiro e, consequentemente,
desenvolver a compreensão da questão democrática, sem o que não será possível
ampliar o horizonte hermenêutico4.
Nessa perspectiva, o presente trabalho se propõe a analisar o reflexo da
questão democrática na atuação do Poder Público a partir do projeto trazido pela
1
2
3
4
Doutor em Direito Público (Unisinos) e professor da Faculdade de Direito da UFG e da FASAM.
Bacharel em Direito pela UFG.
BARZOTTO, Luis Fernando. A democracia na Constituição. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2003, p. 175.
STRECK, Lenio Luiz. Constituição ou barbárie? – A lei como possibilidade emancipatória a partir do Estado
Democrático de Direito. Disponível em: <www.leniostreck.com.br>,p. 10. Acesso em 20 de out. de 2011.
50
Hermenêutica Constitucional e Republicanismo: os princípios que devem nortear a atuação do poder público
Arnaldo Bastos Santos Neto; Marcela de Oliveira Santos
Constituição. É evidente que a Carta Maior exige da Administração uma nova
postura, que continua sendo aprimorada por diversas emendas constitucionais e leis
e mesmo pelo controle exercido pelo Poder Judiciário. Essa nova ordem jurídica,
ainda em construção e entendida como um projeto, ao nortear a função pública pelo
princípio da democracia, transforma as prerrogativas que são conferidas ao Poder
Público, ainda que no exercício de sua competência discricionária, em verdadeiro
mote de dever-poder.
O Constituinte Originário, no artigo 37 da Constituição Federal, modificado
pela Emenda Constitucional nº. 19, de 4 de junho de 1998, tratou de elencar um
ponto de partida principiológico para guiar a gestão e a administração públicas. Tal
ponto de partida parece ter por base o princípio da República, marcado pela ideia de
separação de poderes e de legitimidade.
Mister se faz, portanto, evidenciar as bases republicanas desse marco
principiológico ecompreender em que medida ele se relaciona com o princípio da
democracia. Trata-se também de perceber em que sentido a democracia no Brasil é
essencialmente republicana.
Por fim, o presente trabalho busca fazer uma releitura dos princípios republicanos
como forma de propor soluções para enfrentar a chamada crise da modernidade, que
se confunde com a crise da democracia e do constitucionalismo e que tem servido
para justificar e legitimar todos os tipos de decisões arbitrárias de diferentes esferas
do poder.
O objetivo do presente trabalho consiste em analisar a atuação do Poder Público
à luz das exigências do princípio democrático, evidenciando as bases republicanas
do marco principiológico do artigo 37 da Constituição Federal e compreender em
que medida ele se relaciona com o princípio da democracia, a partir do estudo dos
conceitos de democracia e republicanismo.
Procura-se ainda apresentar uma crítica à teoria de Direito Público, especialmente
de Direito Administrativo, quanto ao tratamento do tema, evidenciando a necessidade
de uma compreensão ampla da questão democrática relacionada com o republicanismo
para a concretização do projeto democrático lançado pela Constituição de 1988.
Assim, pretende-se oferecer propostas interpretativas para solucionar a crise da
modernidade e o descrédito da população na própria participação na democracia, o
que tem permitido e legitimado abusos do Judiciário, do Legislativo e do Executivo,
atingindo frontalmente o projeto constitucional trazido pela Carta Maior.
51
2
A HERMENÊUTICA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
A Constituição Federal de 1988 traz em si um ambicioso projeto de construção do
chamado Estado Democrático de Direito. Isto porque, num sentido quase simbólico,
possibilitou que o processo de transição do período ditatorial para o democrático
se pautasse pela esperança da legalidade. Por outro lado, trouxe consigo, como
substância, a exigência da continuidade e permanência da realização de seu projeto
com base no fortalecimento da ideia de democracia.
O simbolismo do diploma normativo consiste em sua aura inspiradora,
resultante da quantidade e profundidade de objetivos e princípios propostos como
metas e verdadeiras promessas – o que resultou, por exemplo, no surgimento de
vários apelidos e chavões comumente ditos, tais como ‘a Constituição cidadã’, ou ‘a
Constituição brasileira é uma das mais democráticas do mundo’.
Por outro lado, a escolha de fundamentos e objetivos fundamentais de difícil
alcance face à realidade jurídico-social brasileira deixa claro que o projeto, para
ser realizado, deve ser árduo, permanente e duradouro. Em outras palavras: a
principiologia da Constituição significa, ao mesmo tempo, e pelos mesmos motivos,
a esperança e o desafio.
São dois os desafios principais que se apresentam. Num sentido, é indispensável
entender e demonstrar de que forma deve a Constituição atuar e orientar juridicamente,
a partir de seu valor substancial, normativo e vinculante. Trata-se, na verdade, de
uma espécie de combate à tese da não normatividade das normas programáticas5,
compreendendo que a Constituição é dotada de natureza dirigente: deixa de ser
considerada a partir de seu aspecto meramente formal e vai além da limitação ao
autoritarismo e da definição de competências, passando mesmo a definir um plano
global de determinação de tarefas, estabelecendo prioridades, diretrizes e programas
para o Estado e sociedade6.
O outro desafio, cada vez mais atual, consiste numa manifestação sócio-cultural
difusa e decorre daquele primeiramente apontado. É que, passados mais de 20 (vinte)
anos da promulgação da Constituição, com todas as suas promessas, a dificuldade
de efetivação dos direitos estampados em seu texto e de tantos objetivos e princípios
que não chegaram a se concretizar acabou por instaurar uma crise relacionada à
instrumentalização da democracia.
5 José Joaquim Gomes Canotilho, jurista português, foi o grande precursor do combate a esta tese, a partir do estudo
da Constituição Portuguesa. De seus estudos resultaram a sua tese de doutoramento sobre a Constituição Dirigente
e a famosa obra Constituição Dirigente e a Vinculação do Legislador.
6 MONTEZ, Marcus Vinícius Lopes. A Constituição Dirigente Realmente Morreu? Disponível em: <www.
viajurídica.com.br> Acesso em 02 de mar. De 2012.
52
Não se trata de uma crise do ideal democrático, mas das formas e circunstâncias
concretas em que o fazer democrático se afasta do seu ideal. A busca pela liberdade
e pela igualdade continua forte e necessária, mas encontra uma barreira na aparente
contradição entre discurso e prática7. No Brasil, isso aparece de forma particularmente
especial, bastando, para tanto, observar a reação das pessoas ao compararem um
discurso jurídico-político que prega a moralidade administrativa com a realidade
dos altos índices de corrupção, ou ao verem que a erradicação da pobreza constitui
um objetivo prioritário na Constituição, ao passo que a miséria assola boa parte dos
brasileiros.
Em última análise, portanto, esse paradoxo experimentado pela população
brasileira pode ter o condão de desmoralizar os próprios ideais constitucionais, e a
única solução para isso parece ser a exigência de uma nova postura, primeiro, na sua
interpretação e, consequentemente, em sua aplicação e materialização, por todas as
esferas de poder.
É que a compreensão da Constituição como um projeto verdadeiramente
transformador encontra barreiras na apropriação que se faz do modelo interpretativo
de viés legalista pelos operadores do direito brasileiro. O resultado é a pressuposição
de um Direito meramente ordenador, o baixo padrão de aplicabilidade dos princípios
e a sua redução a meros coadjuvantes no quadro de normas do ordenamento.
Assim, o pressuposto segundo o qual qualquer processo interpretativo deverá
passar por um entendimento prévio da questão democrática consiste em verdadeiro
imperativo para os juristas, sob pena de ineficácia de toda a principiologia
constitucional.
Isto porque, com base em Gadamer, pode-se concluir que o ato interpretativo
não se resume a um simples ato de subsunção. Na verdade, a hermenêutica deve
ocupar um lugar fundamental, predominante, em relação à dogmática jurídica8.
Ao aprofundar a hermenêutica da Constituição brasileira, a partir da compreensão
da democracia, conclui-se que ela representa uma tentativa – muito bem sucedida do
ponto de vista teórico – de conciliar a democracia política com a democracia social,
isto é, de equilibrar os valores básicos da liberdade e da igualdade, pautados pelo
princípio da dignidade da pessoa humana.
Mas a pretensão vai além da teoria: esse equilíbrio é refletido pelos instrumentos
(normativos, políticos e jurídicos) criados pela própria Constituição, especialmente
7 GENRO, Tarso. Crise da Democracia. Direito, democracia direta e neoliberalismo na ordem global. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2002, p. 16.
8 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método. Traços Essenciais de uma hermenêutica filosófica. Tradução de
Flávio Paulo Meurer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 490.
53
no que tange ao estabelecimento de papéis, fins e limites para cada esfera de poder e
para a própria sociedade civil.
Como visto, ao Judiciário cabe interpretar e aplicar o texto constitucional,
partindo da compreensão do ideal de democracia, decidindo e exercendo o controle
de constitucionalidade, tudo com vistas a realizar o projeto nela proposto.
À sociedade é exigida – mais do que permitida – uma atuação participativa,
de modo a compor o que Peter Häberle chama de “comunidade de intérpretes da
Constituição9”, especialmente com vistas à efetivação do texto constitucional.
Ao Legislativo, por seu turno, cabem as funções clássicas de representar fielmente
a vontade do povo, com base no princípio de democracia representativa estampada
no artigo 1º, parágrafo único, da Constituição, bem como de legislar conforme sua
hermenêutica eemendá-la, a fim de refletir as fontes materiais do Direito, dentro dos
limites permitidos pelo Constituinte Originário.
O Executivo, como Poder Público que é, deve exercer a sua função pública,
entendida como atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse
público, mediante o uso dos poderes instrumentalmente necessários conferidos pela
ordem jurídica, realizando, dessa forma, o projeto democrático10.
Trata-se, como será demonstrado, de uma proposta radicalmente republicana,
que determina a tentativa de recuperação do sentido ético da participação política e
a primazia do público sobre o privado, preservando o papel da esfera pública como
lugar de concretização do interesse público e promoção do desenvolvimento e da
proteção social, rompendo com os moldes autoritários do regime anterior.
3
O REPUBLICANISMO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, pressupõe a
República como forma de governo e o Republicanismo como orientador de atuação
do Poder Público. Sem esse pressuposto fundamental, o projeto democrático proposto
não poderia jamais se desenvolver no Brasil, em face das particularidades históricopolíticas do nosso país11 12.
9 HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Tradução
de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sério Antônio Fabris, 1997.
10 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010,
p. 29.
11 Walber de Moura Agra salienta que a recíproca também é verdadeira: “Não se pode conceber a instituição de uma
República sem a presença de um regime democrático”. Cf. AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 69.
12 É que a história da Monarquia no Brasil é marcada por opressão e exclusão social.No entanto, a história mundial
54
Como conceito, o Republicanismo se apresenta como uma teoria da liberdade,
significando uma contraposição a todos as formas de subjugação existentes,
compreendendo, inclusive, a dominação baseada no poder econômico e as
que necessitam da atuação do Estado para a sua implantação. Por outro lado, o
Republicanismo é uma forma de governo oposta à Monarquia, defensora da atuação
ativa dos cidadãos na vida política da polis com o objetivo de proteger a res publica,
tida como valor fundamental para o desenvolvimento harmonioso da vida social13.
Guilherme Camargo Massaú explica que República é o “ambiente jurídicopolítico mais adequado para o indivíduo desenvolver seus aspectos individuais e
sociais em liberdade, ou seja, assumindo a responsabilidade de sua própria vida e das
condições da coletividade14”.
Assim, a República pressupõe o equilíbrio entre o social e o individual e desdobrase em uma forma de governo alternativa entre o liberalismo e o comunitarismo15
e, pautada por um núcleo axiológico, apresenta-se como teoria política capaz de
assegurar a liberdade dos cidadãos, impedindo que interesses privados ou a vontade
de um déspota possam privá-los de seus direitos.
Walber de Moura Agra explica que o Republicanismo pode ser dividido em uma
vertente clássica e outra radical. No primeiro caso, defende-se que a Democracia
representativa, ao permitir a participação da população nas eleições, é suficiente para
a proteção dos objetivos dos cidadãos. Os radicais, por seu turno, consideram que os
representantes eleitos não asseguram a realização da vontade da população, mas, ao
contrário, acabam por permitir a defesa de seus próprios interesses.
Em qualquer delas, o núcleo axiológico são as virtudes cívicas, originadas da
comunhão de interesses dos cidadãos, pautadas na liberdade e orientadas para a
eliminação da dominação e para o máximo de bem-estar possível a cada um16. Tratase verdadeiramente do interesse público.
A partir do aprofundamento da hermenêutica constitucional, o que se observa
é que a Constituição brasileira optou por equilibrar o Republicanismo clássico e o
nos mostra que em alguns países a democracia pôde ser construída sem governos republicanos, porém não sem
um debate intenso a esse respeito, como é o caso da Inglaterra. O que ocorre, na verdade, é que, modernamente,
as Monarquias Constitucionais são governadas com base em princípios notadamente republicanos!
13 AGRA, Walber de Moura. Op. Cit., p. 12-13.
14 MASSAÚ, Guilherme Camargo. A reorientação do princípio republicano a partir da solidariedade: o
cosmopolitismo na coisa pública. Tese de Doutorado defendida na Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS, em 27 de abril de 2011, p. 48.
15 Idem, Ibidem,p. 26.
16 No Republicanismo tradicional, a principal força para a concretização de tais virtudes residia no amor à pátria.
Com o fenômeno da globalização, então, é preciso ultrapassar os limites territoriais e buscar um sentido ético
para o respeito ao ser humano, ultrapassando fronteiras territoriais. Sobre isso, conferir: MASSAU, Guilherme
Camargo. Op. Cit.
55
radical, permitindo uma releitura do Republicanismo, ao eleger a cidadania como
fundamento da República, apostar firmemente na separação dos poderes e estabelecer
mecanismos efetivos de participação popular. Ao regime instituído pela Constituição
Federal, Geraldo Ataliba denomina republicanismo-representativo17.
A previsão de realização de plebiscitos, referendos e leis de iniciativa popular,
nos artigos 14, 29, III e 61, §2º, e do direito fundamental de acesso à informação,
estampado no artigo 5º, XXXIII, regulamentado pela recém-promulgada Lei de
Acesso à Informação, Lei nº. 12.527/2011 são exemplos de efetivação de participação
popular. Merece destaque, também, o reconhecimento da importância do processo
administrativo como forma de controle e de participação dos administrados nas
decisões tomadas pela Administração Pública.
Dito isso, as principais características do Republicanismo podem ser assim
elencadas, como ensina Walber de Moura Agra: a) negação de qualquer forma
de dominação; b) defesa e difusão das virtudes cívicas; c) estabelecimento de um
Estado de Direito; d) construção de uma democracia participativa; e) incentivo ao
autogoverno dos cidadãos; f) implementação de políticas que atenuem a desigualdade
social, através da efetivação da isonomia substancial18.
4
O REPUBLICANISMO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A
PRINCIPIOLOGIA DO ARTIGO 37
Os desdobramentos do Republicanismo aparecem na Carta Magna especialmente
como princípios normativos. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello,
Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas,
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e
inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico19.
A tripartição dos poderes, com um sofisticado sistema de fiscalização e
controle de um poder pelo outro reflete, desde já, a escolha da Constituição pelo
Republicanismo. Isto porque é exatamente o controle exercido por um poder sobre o
17 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
18 AGRA, Walber de Moura, Op. Cit., p. 16.
19 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Op. Cit., p. 53
56
outro que garantirá a legalidade, o respeito aos limites estabelecidos na Constituição
e, consequentemente, impedirá abusos e arbítrios, como manda o ideal republicano.
A escolha pela federação também é expressão do Republicanismo, em razão
da repartição rígida de atributos da soberania entre os Estados e da sua autonomia
recíproca com a União, o que caracteriza a igualdade jurídica20.
Outro desdobramento evidente do Republicanismo na Carta Magna diz respeito
aos direitos políticos: o sufrágio universal previsto no artigo 14 e a temporariedade
ou limite para o exercício do mandato do representante, previsto nos artigos 27, §
1º, 28, 29, 44 e 82. Há, ainda, a própria eletividade, também disposta no artigo 14,
consistente na possibilidade de qualquer cidadão brasileiro disputar um mandato.
A responsabilidade também se apresenta como característica fundamental
da República brasileira e consiste na “obrigação que o gestor público tem de
prestar contas à sociedade de como está administrando o patrimônio coletivo21”. A
responsabilização atinge tanto o poder Executivo, como o Legislativo e Judiciário e
é distinta em relação a cada um deles, diante da diferença de atribuições e funções
decorrente do retro mencionado princípio de separação dos poderes.
Além disso, como demonstrado, o equilíbrio dos valores de igualdade e
liberdade, baseados no princípio da dignidade da pessoa humana, também são
expressões diretas da opção republicana na Constituição brasileira. A esse respeito,
Geraldo Ataliba conclui:
A partir da consciência cívica da titularidade da res pública e da convicção de
igualdade fundamental entre todos os cidadãos, estruturou-se o Estado brasileiro na
base da ideia de que o governo seria sujeito à lei e esta haveria de emanar do órgão
de representação popular. Destarte, o formidável poder que os cidadãos conferiram
ao Estado há de ser exercido por órgãos autônomos e independentes entre si,
com funções delimitadas, e jamais poderá ser exercitado (tal poder) de modo a
sobrepassar certas barreiras, postas como limite no próprio texto expressivo dessa
manifestação de vontade criadora do Estado. Daí a isonomia que os cidadãos põem
como premissa da própria disciplina do poder, subsequentemente, o estatuto da
legalidade e, por fim, a proteção às liberdades públicas, delineadas como direitos
individuais22.
O artigo 60, §4º, da Constituição Federal, impõe limitações legislativa absolutas,
elegendo como cláusulas pétreas a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto,
universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.
A hermenêutica constitucional aqui apresentada não permite outra interpretação
20 Idem. Ibidem, p. 37.
21 AGRA,Walber de Moura, Op. Cit., p. 58.
22 ATALIBA, Geraldo. Op. Cit., p. 121-122.
57
senão aquela que compreende a forma de governo republicana como cláusula pétrea,
eis que tais matérias dão contexto ao princípio republicano23.
De modo especial, no artigo 37 da Constituição,os princípios republicanos
aparecem de forma extremamente nítida e demonstram a releitura do republicanismo,
como será demonstrado.
A redação original do caput do artigo já previa os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade. Em 1998, a Emenda Constitucional nº.
19 trouxe alterações significativas nas normas relativas à Administração Pública,
acrescentando, no caput, o princípio da eficiência, demonstrando a busca pela
implantação de uma nova gestão administrativa. Desse modo, a redação atual do
caput é a seguinte:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (...)
O princípio da legalidade expressa a subordinação do Poder Público à lei, tendo
por referência a promoção do interesse público primário a partir de normas e princípios
constitucionais. Dessa forma, é desdobramento lógico do Republicanismo, uma vez
que consagra a proibição do arbítrio, do abuso de poder e, consequentemente, da
dominação dos governantes sobre o povo.
A impessoalidade também significa o respeito da Administração Pública pelo
valor republicano da igualdade, vez que traduz a ideia de que todos os administrados/
cidadãos devem ser tratados sem qualquer discriminação, seja ela benéfica ou
prejudicial. Trata-se, naturalmente, de uma busca pela igualdade material, capaz
de garantir a cada um dos membros prerrogativas pertinentes a um mínimo de
condições sociais, econômicas, culturais, permitindo viver com dignidade e participar
livremente da forma política – independente, inclusive, dos méritos individuais de
cada um24.
A moralidade administrativa nos remete diretamente às virtudes cívicas.
Significa, na verdade, a releitura dessas virtudes, num contexto em que a democracia
representativa, alicerce da República brasileira, não permite que todos os cidadãos
tomem, diretamente, as decisões políticas. A positivação do princípio da moralidade
representa a busca pelo valor ético do fazer e viver político, exigindo uma mudança
radical da Administração Pública no trato com a coisa pública.
23 Idem, Ibidem, p. 39.
24 AGRA, Walber de Moura, Op. Cit., p. 89.
58
O princípio da publicidade, por seu turno, exige do Poder Público transparência
e está diretamente ligado ao Republicanismo e é uma de suas facetas, por permitir
a própria participação política dos cidadãos. Nesse sentido ensina Walber de Moura
Agra: “Sem acesso ilimitado às informações, os cidadãos não podem tomar decisões
de forma livre (...) 25”
A exigência constitucional de que o Poder Público aja com eficiência significa
uma forma de releitura do Republicanismo para superar os desafios da atualidade.
Ora, o governo de uma sociedade tão grande, complexa e plural, especialmente se for
orientada para a satisfação do bem-comum, não pode ser feita de forma desordenada
sem critérios e meios adequados e idôneos. Em última instância, a eficiência
representa uma solução de gestão e governabilidade adequadas à complexidade
da população e uma alternativa, por exemplo, à democracia direta, impraticável
no mundo atual. Permite também a instrumentalização da efetividade dos demais
princípios republicanos e constitucionais.
A partir de todo o estudo realizado, portanto, é possível concluir que a
principiologia do artigo 37 representa a verdadeira necessidade de retomada ética do
fazer e agir do Poder Público.
Vive-se, na atualidade, o fenômeno do Estado não se conformar em ser simples
mantenedor da ordem social. Isso porque a própria sociedade está a lhe exigir a
prestação de maior quantidade e qualidade de serviços e, consequentemente,
a utilização de grandiosas somas de dinheiro. Os novos encargos assumidos
pelo Estado determinam o crescimento do seu aparelho administrativo, fazendo
aumentar, consideravelmente, a responsabilidade dos agentes públicos. Isso
implicaem se ampliar o controle sobre o poder de decisão e enquadrá-lo a regras
rígidas de legalidade, impessoalidade, moralidade, continuidade, publicidade e
finalidade pública26.
Baseando-se no Republicanismo clássico e no radical, dele vai além, exigindo
da Administração, em todas as suas facetas, mais do que a não intervenção e a
conformação à lei. Com a positivação dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, a Constituição passa a pautar uma atuação ética
e virtuosa do Poder Público.
25 Idem, Ibidem,p. 72.
26 DELGADO José Augusto. O princípio da moralidade administrativa e a Constituição Federal de 1988. Revista
Trimestral de Jurisprudência dos Estados, n. 100, p. 19-40, maio 1992. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/
dspace/handle/2011/9917> Acesso em 26 de fev. 2012
59
5
A CRÍTICA AOS MANUAIS DE DIREITO ADMINISTRATIVO
A etapa final do presente trabalho consiste na análise crítica de 3 (três)
consagradas doutrinas brasileiras de Direito Administrativo quanto ao tratamento da
principiologia do artigo 37 da Constituição Federal. Optou-se pelas obras de autores
atualmente vivos, que ainda atualizam os seus livros e (supostamente) estão a par das
discussões político-jurídicas relativas à Constituição Federal: Celso Antônio Bandeira
de Mello, com a 27ª edição de seu Curso de Direito Administrativo27, Maria Sylvia
Zanella di Pietro, autora de Direito Administrativo, já na 24ª edição28 e José dos
Santos Carvalho Filho, com 25ª edição da obra Manual de Direito Administrativo29.
Os livros de Celso Antônio Bandeira de Melo e da Maria Sylvia Zanella di Pietro
são os que mais se aproximam do conteúdo apresentado neste trabalho (o primeiro
mais que o segundo): conceituam princípios adequadamente, contextualizam o
surgimento do Direito Administrativo a partir do Estado Democrático de Direito
e fazem inúmeras referências a princípios tipicamente republicanos, sem, contudo,
fazer qualquer referência ao Republicanismo.
No que diz respeito ao Curso de Direito Administrativo de Celso Antônio,
durante o estudofoi possível encontrar frases e parágrafos inteiros que serviriam para
descrever perfeitamente o Republicanismo – ou que, no mínimo, faziam alusões ao
seu bojo axiológico ou, ainda, ao Republicanismo como forma de governo –, mas a
isso não se chegou. Veja-se, de modo especial, o que se fala a respeito do princípio
da legalidade, na página 100:
Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde oabsolutista, contra o
qual irrompeu, até manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos países
subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do poder
monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de soberania popular, de
exaltação da cidadania.
Ora, não é exatamente disso que se trata o Republicanismo, em sua origem
histórica? Não foi para opor-se à dominação que aflorou como forma de governo?
Ademais, surpreende a ausência de conceituação (ou mera menção) de República ou
Republicanismo quando, a partir da página 69, o doutrinador ensina sobre oprincípio
da supremacia do interesse público, que, como visto, consiste numa virtude cívica
que compõe o Republicanismo.
27 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. Cit.
28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
60
Na análise da obra de Maria Sylvia, foi possível encontrar ao menos uma
referência ao período republicano no Brasil na página 20, na retrospectiva histórica
da formação do Direito Administrativo Brasileiro. Apesar da menção, pouco se fala
do republicanismo, dizendo apenas que o início do período republicano permitiu a
agilização do afastamento dos moldes do direito privado.
José dos Santos Carvalho Filho, conceitua Direito Administrativo da seguinte
forma, na página 8: conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse
público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este
e as coletividades a que devem servir”. Depois, na página 32, diz o seguinte sobre o
princípio da supremacia do interesse público:
Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa,
mas sim o grupo social num todo. Saindo da era do individualismo exacerbado, o
Estado passou a caracterizar-se como oWelfareState (Estado/bem-estar), dedicado
a atender o interesse público.
Walber de Moura Agra, por seu turno, ao descrever o Republicanismo como
forma de governo, ensina:
Nessa forma de governo, os interesses públicos devem ser colocados em primeiro
lugar em relação aos interesses privados, porque os princípios inerentes ao vivere
civile estabelece que as condutas dos cidadãos sejam orientadas no sentido de
resguardar a res publica.
Como se pode notar a partir de uma leitura simples, a ausência de relação das
explicações do doutrinador com o Republicanismo torna as suas conceituações de
Direito Administrativo e supremacia do interesse público superficiais e insuficientes.
O que se observa, afinal, é uma falta de diálogo com a teoria política e com o
próprio constitucionalismo. No caso da obra de Celso Antônio Bandeira de Mello, o
diálogo existe, mas não na profundidade necessária.No caso dos outros dois autores,
não há ensinamentos mínimos ou sequer superficiais a respeito do pressuposto
teórico fundamental do Direito Administrativo e do Estado Democrático de Direito:
o Republicanismo.
Não se concebe a explicação de Estado Democrático de Direito sem a existência
dos valores republicanos. Não é compreensível, por outro lado, que se ensinem
princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência,
liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana sem uma referência, ainda que
superficial, ao bojo axiológico da República.
61
Note-se, ainda, que a ausência desse necessário estudo aprofundado e dialógico
contribui para o enfraquecimento do ensino jurídico e resulta no reforço do paradigma
legalista que ora se questiona.
6
CONCLUSÕES
Ao longo do presente trabalho, foi possível identificar que a Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988, propõe e exige de forma permanente a
realização de um ambicioso projeto democrático, de verdadeira construção do
Estado Democrático de Direito, a partir da escolha do paradigma democracia. Este
paradigma, por seu turno, está baseado na ideia de República, o que se desdobra na
eleição de princípios orientadores do agir político.
A partir disso, procurou-se demonstrar de que forma o rompimento com o
paradigma normativista e a valorização da hermenêutica como processo criador
auxilia na consolidação do projeto democrático lançado pela Constituição,
especialmente no que tange à interpretação dos princípios que norteiam a atuação
do Poder Público:
Observou-se, ainda, a partir de uma leitura atenta de três importantes manuais
de Direito Administrativo brasileiro, que não há referências satisfatórias à relação
essencial entre o princípio da república e o da democracia quando da elucidação do
mote principiológico que norteia a atuação da Administração Pública. Sem tal leitura
aproximada, acredita-se não ser possível compreender o papel da Administração
Pública no contexto constitucional inaugurado pela Constituição.
Como demonstrado, tal percepção éfundamental, na medida em que a
compreensão do princípio republicano, relacionado ao princípio democrático e
aplicado à atuação do Poder Público, traduz-se como garantia para a consolidação
do Estado Democrático de Direito e do projeto almejado pela Constituição Federal.
Observe-se, ainda, a necessidade de releitura do Republicanismo a partir da nova
configuração de mundo, pós-moderno, globalizado e com fronteiras artificialmente
reduzidas – o que proporciona o enfraquecimento do conceito de soberania e, noutro
sentido, a abertura de inúmeras possibilidades de integração, participação política e
formação de opinião –, tendo em vista os seus valores impetrantes, quais sejam: a
liberdade política, a igualdade entre indivíduos e a democracia, com a participação
efetiva no âmbito público30.
30 MASSAU, Guilherme Camargo. Op. Cit., p. 49
62
Finalmente, ressalte-se que a recuperação de alguns valores do Republicanismo
pode significar um retorno ético do fazer público, essencial para a efetivação dos
ideais do Estado Democrático de Direito. A liberdade, definida como ausência de
domínio, e a igualdade permitem a proteção de minorias e o reconhecimento da
alteridade. Por fim, ao eleger o princípio da dignidade da pessoa humana como centro
axiológico, o Republicanismo oferece instrumentos jurídicos capazes de realizarem
o projeto da Constituição.
Referências
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ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
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Paulo: Malheiros, 2010.
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temas da política e da cidadania. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. São Paulo:
Elsevier, 2007.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São
Paulo: Atlas, 2012.
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Federal de 1988. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, n. 100, p. 19-40, maio
1992. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/9917> Acesso em 26 de
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filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
GENRO, Tarso. Crise da Democracia. Direito, democracia direta e neoliberalismo
naordem global. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
HABERLE, Peter.Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da
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MASSAÚ, Guilherme Camargo. A reorientação do princípio republicano a partir da
solidariedade: o cosmopolitismo na coisa pública. Tese de Doutorado defendida na
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, em 27 de abril de 2011.
63
Marcela de Oliveira Santos
MONTEZ, Marcus Vinícius Lopes. A Constituição Dirigente Realmente Morreu?
Disponível em: <www.viajurídica.com.br> Acesso em 02 de mar. de 2012.
REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o Conflito das Ideologias. São Paulo:
Malheiros, 2005.
STRECK, Lenio Luiz. Constituição ou barbárie? – A lei como possibilidade emancipatória
a partir do Estado Democrático de Direito. Disponível em: <www.leniostreck.com.br>.
Acesso em 20 de out. de 2011.
64
ADOÇÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA
DO CONFLITO ENTRE O PERFIL DOS MENORES DE
IDADE APTOS À ADOÇÃO E O IDEALIZADO PELOS
PRETENDENTES A ADOTAR
Bettina Augusta Amorim Bulzico1
1
INTRODUÇÃO
A adoção é um instituto de estudo interdisciplinar, abrangendo várias áreas, tais
como o Direito, a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, dentre outras. Inserida
nestes variados contextos percebe-se que o tema foi adquirindo um novo sentido ao
longo dos anos. Neste cenário mais atual, observa-se muito progresso no que tange à
legislação e à postura dos sujeitos envolvidos no processo de adoção.
Considerando a extensa teoria existente sobre o tema, que envolve estudos já
realizados sobre a origem da adoção, suas espécies, efeitos, procedimentos, etc,
entende-se relevante também lançar um olhar mais atento para a parte prática de
todo este processo. Salienta-se que não tem o presente artigo a intenção de exaurir o
assunto, explanando todos os dados práticos disponíveis, mas sim propor um cenário
no qual seja possível identificar características comuns aos adotantes e adotados no
território nacional.
Diante disso, o objetivo central do artigo é identificar se atualmente há um
perfil idealizado de filho adotivo entre as famílias que mostram interesse pela
adoção. Da mesma forma, pretende-se também averiguar indícios que comprovam a
existência de um certo perfil das crianças que são rapidamente adotadas e outro das
que permanecem por um longo tempo nas casas-lares. Por fim, pretende-se realizar
uma reflexão acerca dos aspectos práticos da adoção adiante apresentados e assim,
averiguar a efetividades dos mais nobres objetivos das normas que tutelam o instituto
no Brasil.
1 Advogada e professora universitária. Email: [email protected].
65
Como ponto de apoio da pesquisa, utilizam-se informações divulgadas pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Este órgão do poder judiciário tem realizado um
extraordinário trabalho por intermédio do Comitê Gestor do Cadastro Nacional de
Adoção (CNA), disponibilizando materiais informativos, como cartilha explicativa
do passo a passo, entre outros artigos referentes ao assunto, e configurando neste
vértice, a maior fonte de informações e dados sobre a adoção em âmbito nacional. O
CNA foi instituído pelo CNJ no mês de abril do ano de 2008 como principal objetivo
traçar o perfil dos cadastrados, e agilizar o procedimento nos juizados e varas, e deste
modo possibilitar a orientação e implementação de políticas públicas na voltadas
às crianças e adolescentes que aguardam pela oportunidade de fruir de seu direito à
convivência familiar.
2
O PROCEDIMENTO DA ADOÇÃO
2.1Os requisitos para ser adotante previstos no estatuto da criança e do
adolescente
Por se tratar de um tema de extrema relevância social, a lei impõe diversas
condições e limites de admissibilidade, os quais devem ser cumpridos cumulativamente
para assim ser possível efetivar a adoção.
A começar pelos requisitos relativos ao adotante, estes estão dispostos no
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), especificamente no artigo
422, o qual reza que podem adotar pessoas maiores de dezoito anos, independente
de seu estado civil. Nos dizeres de Marco Aurélio S. Viana3, a lei ao reduzir a
idade mínima, e não fazer exigência quanto ao estado civil do adotante, objetivava
abrigar o maior número de crianças e adolescente, o que é bastante expressivo,
principalmente num estado com um contingente tão significativo de jovens,
como é o Brasil. Significa dizer, noutros termos, que a lei brasileira ao optar
por reduzir(em 1990) a idade do adotante, objetivava uma efetividade maior do
instituto da adoção. Outro requisito a ser observado é a diferença de idade entre
adotante e adotado, que é de dezesseis anos.
Deve-se ainda dispensar atenção ao critério de estabilidade familiar.
Anteriormente, em especial no Código de Menores, era exigido que tivesse decorrido
2 Art. 42 – Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. (Redação dada pela
Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
3 VIANA, Marco Aurélio S. Da guarda, da tutela, e da adoção (No Estatuto da Criança e do Adolescente). Livraria
Del Rey Editora. Belo Horizonte – MG, 1996. P. 78.
66
cinco anos de matrimônio. Atualmente não há um prazo determinado, porém ainda se
dá muita importância a esse requisito, e este será analisado pelo juiz, ao ouvir o casal,
ou o adotante solteiro, e ainda contará com a colaboração de estudos psicossociais
que darão indícios do equilíbrio psíquico e do nível de convivência familiar.
Esses já apresentados são conhecidos como os requisitos objetivos da
adoção. Além destes, é necessário ainda o cumprimento dos requisitos subjetivos,
que consistem basicamente na idoneidade do adotante, em restar claro motivos
legítimos para adoção, quer dizer, a existência autêntica de um desejo de filiação
e a comprovação de reais vantagens para o adotado. Normas constantes no artigo
434 do ECA.
2.2 O processo de habilitação como forma de averiguação da aptidão do interessado para a medida de colocação de menor de idade em família substituta
Quem toma a iniciativa de adotar deve seguir alguns passos, estes são indicados
pelas autoras Márcia Regina Porto Ferreira e Sônia Regina Carvalho5.
O primeiro passo expõe que o adotante em potencial, primeiramente deve
se dirigir ao Fórum, mais precisamente à Vara da Infância e da Juventudede sua
cidade ou região, portando seus documentos pessoais e comprovante de residência
para assim realizar sua inscrição como pretendente à adoção. Após isso, os
candidatos receberão uma lista, na qual está descrito todos os documentos que
serão necessários (vale lembrar que os documentos não estão previstos em lei e,
portanto, podem variar), se inscreverão também para entrevistas junto à equipe
técnica do Poder Judiciário.
Ao menos no estado do Paraná, mais especificamente na cidade de Curitiba,
uma das primeiras exigências feitas pelo poder público em relação aos pretendentes
à adoção, é que freqüentem algumas reuniões. Estas têm o cunho de orientação, e
nela é fornecido um material com indicações de filmes, indicações bibliográficas,
além de uma conversa bastante abrangente no que tange a adoção, como sobre
a escolha da criança, seu histórico genético e outras peculiaridades que cada
caso pode trazer, além de apresentar o formulário que os interessados na adoção
devem preencher para iniciar o processo de habilitação. Tais reuniões acontecem
semanalmente, e visam afastar o máximo possível a adoção feita em um momento
de impulso dos pretendentes.
4 Art. 43 – A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos
legítimos.
5 FERREIRA, Marcia Regina Porto; CARVALHO, Sônia Regina. 1º Guia de Adoção de crianças e adolescentes
do Brasil, editora Winners. P 39-41.
67
Na próxima etapa são realizadas as entrevistas com a equipe técnica da vara da
Infância e da Juventude. É nesse momento também que os pretendentes descrevem
as características que vislumbram encontrar no filho adotivo tais como, sexo, idade,
cor, condições de saúde, entre outras, também esclarecem expectativas, e recebem
orientações sobre a adoção de modo geral.
O terceiro passo configura a decisão judicial,ou a sentença propriamente dita,que
após ter se manifestado o Ministério Público, será prolatada pelo magistrado. Esta
decisão tem o poder de considerar o candidato habilitado ou não para integrar o
quadro de adotantes. Da decisão que indefere a habilitação do pretendente cabe o
recurso de apelação, nos termos do artigo 198 ECA6. Lembrando que este processo
até a decisão judicial é chamado de habilitação, e este precede o processo de adoção,
mas é essencial, salvo nas situações em que a lei disponha em contrário.
Existe, para algumas situações, a dispensa da exigência do pré-cadastramento,
e isso pode ser observado no art. 50, §13 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
quais sejam: a) o pedido de adoção unilateral; b) o pedido de adoção por parentes
com os quais a criança ou adolescente já possua vínculos de afetividade e afinidade,
ou seja, a família extensa; e c) o pedido feito por pessoa que já detém a tutela ou
guarda legal de criança acima de três anos ou adolescente, sendo necessária também
neste caso, a existência de laços de afetividade e afinidade.
6
68
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude fica adotado o sistema recursal do
Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e suas alterações posteriores,
com as seguintes adaptações:
I – os recursos serão interpostos independentemente de preparo;
II – em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo para interpor
e para responder será sempre de dez dias;
III – os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;
IV – o agravado será intimado para, no prazo de cinco dias, oferecer resposta e indicar as peças a serem
trasladadas; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
V – será de quarenta e oito horas o prazo para a extração, a conferência e o conserto do traslado; (Revogado pela
Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
VI – a apelação será recebida em seu efeito devolutivo. Será também conferido efeito suspensivo quando
interposta contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro e, a juízo da autoridade judiciária, sempre que
houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
VII – antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no
caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão,
no prazo de cinco dias;
VIII – mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância
dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos
autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias,
contados da intimação.
Como afirma Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério
Sanches Cunha7:
“Ressalta-se, ainda, que para “fechar o cerco”, o legislador determina que nas
hipóteses expressamente previstas, em que se autoriza a adoção por família que
não esteja cadastrada, deverá haver a comprovação, no curso do procedimento,
de que foram preenchidos todos os requisitos necessários à adoção. Assim, as
pessoas e casais já inscritos nos cadastros de adoção ficam obrigados a freqüentar,
no prazo máximo de um ano, contado da entrada em vigor da lei, a preparação
psicossocial e jurídica, sob pena de cassação de sua inscrição no cadastro (art. 6º
da Lei 12.010/2009).”
Após todas as fases regularmente cumpridas, o estudo psicossocial será
comparado com o cadastro de crianças aptas para adoção naquela comarca.
Encontrando alguma compatibilidade entre o perfil das crianças e o cadastro dos
adotantes, o candidato a adoção será comunicado e convocado para nova entrevista.
2.3 O estágio de convivência como o contato inicial entre pretendente e menores
de idade
É este instante que o adotante terá todas as informações sobre a criança, seu
histórico familiar, saúde, entre outras. Caso o adotante faça uma apreciação positiva
da ficha da criança ou adolescente, ele poderá encontrar-se com esta pessoalmente,
na própria Vara onde está tramitando o processo de adoção ou no abrigo onde o
menor de idade está. Por óbvio, esta aproximação se dá de maneira muito sutil,
respeitando sempre todas as peculiaridades que a situação traz.
O juiz, analisando todos os fatores envolvidos, determina pelo tempo que julgar
necessário o estágio de convivência (exceto na hipótese de adoção internacional, a
qual possui prazos pré-fixados), também chamado de guarda provisória. Este período
intenta verificar a compatibilidade entre adotante e adotado, e é minuciosamente
acompanhado pela equipe técnica, com entrevistas frequentes que fornecerão
elementos para a elaboração de um laudo, o qual será cedido ao juiz para que assim
possa fazer uma análise mais criteriosa dos benefícios que esta mudança trará para a
criança ou adolescente.
Ao final deste período de estágio no novo lar, o magistrado competente, que
é o da Vara da Infância e da Juventude, após ouvir o promotor de Justiça, irá
7
ROSSATO, Luciano Alves– LÉPORE, Paulo Eduardo– CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e
do Adolescente comentado artigo por artigo – 4ª edição rev. atual. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2012. P. 222.
69
exaurir a sentença que concederá ou não a adoção, fundamentando sua decisão
no laudo técnico.
A dispensa do estágio de convivência era autorizada pela redação original do
Estatuto da Criança e do Adolescente para crianças até 01 ano de idade, respaldandose na idéia de que uma criança de tão tenra idade não necessitaria acostumar-se
com seu novo lar. Ou ainda, na circunstância de uma criança ou adolescente de
qualquer idade já se encontrar na companhia do adotante por tempo suficiente para
demonstrar a existência do vínculo e da conveniência. Entretanto, como nos ensina
Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha8, essa
norma de dispensa do estágio de convivência pra crianças até um ano, sempre foi
alvo de diversas criticas, e após ouvir as argumentações doutrinárias, o legislador na
alteração feita pela Lei nº 12.010/2009, suprimiu esta regra. Fazendo deste modo,
com que a nova redação do artigo 46, §1º do ECA9 conste apenas a dispensa no caso
de já estar na companhia do adotante.
Ressalta-se que todo o processo de adoção tem como alicerce a preocupação
com o bem estar da criança e do adolescente, e isto está previsto no artigo 29 ECA:
Art. 29– Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele,
por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça
ambiente familiar adequado.
Isso significa afirmar que o processo de adoção deve atender às necessidades e
aos anseios do menor de idade, garantindo a busca de uma solução que atenda o seu
melhor interesse.
2.4 Os requisitos legais para considerar um menor de idade apto à adoção
De muita importância é discorrer também sobre os requisitos para a adoção
relativos ao adotado, os quais encontram-se no artigo 40 a 45 do ECA, que por sua
vez, esclarecem as autoras Márcia Regina Porto Ferreira e Sônia Regina Carvalho10
8
ROSSATO, Luciano Alves– LÉPORE, Paulo Eduardo– CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e do
Adolescente comentado artigo por artigo – 4ª edição rev. Atual. E ampl. Editora Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2012. P. 217.
9 Art. 46 -A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a
autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.
§ 1º– O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do
adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.
(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
10 FERREIRA, Márcia Regina Porto; CARVALHO, Sônia Regina – 1º Guia de adoção de crianças e adolescentes
do Brasil. Editora Winners. P.27
70
que estes abarcam as crianças ou adolescentes até 18 (dezoito) anos cujos pais
biológicos sejam falecidos, desconhecidos, ou destituídos do poder familiar, ou
ainda quando os pais biológicos consentem legalmente e de comum acordo com
a colocação do menor de idade para adoção. Com caráter excepcional podem ser
adotados os maiores de 18 anos, adoção está regulamentada pelo Código Civil de
2002, ou pelo Estatuto desde que já estivessem sob a guarda do adotante, antes de
completar dezoito anos.
Outrossim, é imprescindível o consentimento do adotado, quando maior de 12
(doze) anos ou do seu representante legal, se incapaz, ou nascituro, na hipótese de
menor de doze anos, a criança mesmo assim deve ser ouvida, ainda que sua opinião
não seja determinante para o resultado final. Exigência esta que está consubstanciada
no artigo 4511do ECA. Segundo o autor Marco Aurélio S. Viana12, há uma dispensa
legal quanto ao consentimento dos pais ou responsáveis, quando os pais são
desconhecidos ou destituídos do poder familiar.
A adoção tem o poder de extinguir completamente o vínculo do adotado com
sua família biológica, exceto pelos impedimentos matrimoniais que por uma ordem
moral, persistem válidos. Diante disso, o filho adotado enfrenta duplamente essa
restrição, visto que ela impera ante seus parentes biológicos como também frente
a sua família adotiva. Apesar da completa extinção do vínculo com a família
biológica, hoje é conhecimento consolidado que o adotado tem o direito de conhecer
sua origem genética, e seus familiares biológicos.
Perante todos esses requisitos já elencados, é possível entender quem pode
adotar, quem pode ser adotado, e qual procedimento que deverá ser seguido para
concretizar o processo de adoção. Neste momento, encaminha-se a discussão para a
análise das características pretendidas na adoção.
3
OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA ADOÇÃO: MENORES DE IDADE
APTOS À ADOÇÃO E PESSOAS INTERESSADAS EM ADOTAR
De acordo com as informações obtidas através do Cadastro Nacional de Crianças
Acolhidas (CNCA) entre os anos de 201213 e 2013 haviam, em todo o país, 40.340
crianças e adolescentes acolhidos em instituições de acolhimento, estabelecimentos
11 Art. 45– A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.
12 VIANA, Marco Aurélio S. Da guarda, da tutela, e da adoção (No Estatuto da Criança e do Adolescente).
Livraria Del Rey Editora. Belo Horizonte – MG, 1996. P. 96.
13 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Poder Judiciário, (Brasil). Encontros e Desencontros da Adoção no
Brasil: uma análise do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Brasília, 2013. P. 27.
71
sustentados por entidades governamentais, comunidades ou instituições religiosas.
Dentre eles, 5.281 encontravam-se aptos a adoção. Por outro lado, de acordo com
o CNJ, nota-se que na mesma época encontravam-se devidamente cadastrados um
total de 28.151 pessoas interessadas em adotar. É fácil perceber que é um número
bem maior do que os menores de idade aptos. Trata-se de 1 menor de idade para cada
5 pretendentes!
Diante desses dados é possível questionar por que todos esses menores de idade
ainda não foram colocados em família substitutas. Dentre numerosos fatores que
podem ser elencados (tal como a celeridade do judiciário), apenas um deles será
objeto do presente artigo. O recorte feito pretende elucidar o fato de que, na realidade
brasileira, o que ocorre é que o perfil das crianças que se encontram aptas a adoção
é bastante destoante daquilo que é pretendido ou imaginado pelos interessados. A
pesquisa em pauta prestar-se-á a evidenciar quais as características que apresentam
maior disparidade.
3.1 A idade como fator preponderante de escolha
No que diz respeito à idade das crianças e adolescentes aptos a adoção,
calcado em dados relativos ao mês de agosto de 2012, registrados no CNA, 92,7%
dos pretendentes declararam ter interesse na adoção de crianças de 0 a 5 anos.
Este configura grande empecilho na hora de realizar a adoção, visto que apenas
aproximadamente 8,8% das crianças aptas a adoção atendem a essa condição, o que
dificulta bastante a utilização do instituto, além de representar um longo tempo de
espera na fila. Tal fato pode ser verificado pelo Gráfico 1:
72
GRÁFICO 1: IDADE DAS CRIANÇAS PRETENDIDAS X IDADE DAS CRIANÇAS
APTAS À ADOÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL.
Fonte: Conselho Nacional de Justiça
Apesar de a adoção ser caracterizada como um gesto de caráter humanitário e
em atendimento ao melhor interesse do menor de idade, nota-se que esse primeiro
ponto restringe o direito à convivência familiar à centenas deles.
3.2 O genero ou o sexo das crianças e adolescentes
No que tange ao gênero (em suas estatísticas, o CNJ utiliza-se do termo “sexo”)
das crianças e adolescentes aptas à adoção, de acordo com os registros do CNA,
corresponde 56% ao sexo masculino, enquanto os outros 44% são do sexo feminino.
Entretanto, com relação à preferência dos pretendentes 58% afirmam ser indiferentes
ao sexo da criança ou adolescente, dos 42% restantes, 33% declaram preferir adotar
uma menina, enquanto apenas 9% afirmam querer uma criança do sexo masculino.
73
GRÁFICO 2: SEXO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE APTO À ADOÇÃO
EM RELAÇÃO À PREFERÊNCIA DO PRETENDENTE
Nota-se que, comparativamente à idade, referido elemento não é fator impeditivo
ou restritivo relevante para a consolidação do procedimento da adoção.
3.3 A cor ou raça como um elemento restritivo
Por derradeiro, faz-se necessário analisar também as preferências dos
pretendentes no tangente à cor das crianças ou adolescentes. A opção por cor
ou ração se faz por intermédio do CNA, onde o pretendente pode marcar alguns
campos, para assim delimitar suas preferências. Podem ser assinalados mais de
um campo, caso o adotante aceite crianças de mais de uma etnia. Assim, tem-se o
seguinte gráfico de preferência:
74
GRÁFICO 3: PREFERÊNCIA DE COR OU RAÇA DOS PRETENDENTES NO BRASIL.
Fonte: Conselho Nacional de Justiça.
No âmbito nacional, segundo os dados referentes ao mês de agosto de 201214,
pode-se dizer que 41,92% dos pretendentes aceitam crianças ou adolescente de cor
branca, estas por sua vez, representam 33,1% do total de menores de idade que estão
aptos à adoção. Já o interesse pelas crianças pardas, batem a marca de 64,0% do
contingente de interessados, enquanto estas abarcam 46,6% do total de crianças. As
crianças de cor preta dominam 19,0% do total de menores de idade aptos à adoção,
e satisfazem os interesses de 36,8% dos pretendentes. Os indígenas e amarelos
ocupam espaço muito pequeno no universo das crianças que esperam pela adoção,
configurando apenas1% deste, e tendo uma massa de 30% dos pretendentes que
aceitariam adotá-los.
3.4 A saúde dos menores de idade e uma reflexão
Para corroborar a ideia de que ao tratar de adoção é necessária muita tenência
para não tornar a criança ou adolescente um objeto de consumo, no gráfico 4 e 5
restará demonstrado o percentual de pessoas que aceitam a adoção de uma criança
com alguma doença ou com o vírus de HIV:
14 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Poder Judiciário, (Brasil). Encontros e Desencontros da Adoção no
Brasil: uma análise do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Brasília, 2013. P. 32.
75
GRÁFICO 4: PRETENDENTES QUE ACEITAM CRIANÇAS
OU ADOLESCENTES PORTADORAS DO VÍRUS DO HIV
Depreende-se do gráfico acima que o número de crianças ou adolescentes
portadoras do vírus do HIV é um baixo percentual, se comparado com o grande
percentual de indivíduos que não vêem nenhum empecilho em adotá-las, o que é
um fator muito positivo para o instituto, pois se pode concluir que não impera um
preconceito por arte dos pretendentes com relação a adotar uma crianças portadora
do vírus. Por outro lado, isso não se verifica no que tange às crianças ou adolescentes
que apresentam algum tipo de necessidade especial (denominada nas estatísticas do
CNJ como “deficiência”), haja vista apenas 8% dos pretendentes não fizeram nenhum
tipo de restrição quanto à presença de deficiências. Como está ilustrado no gráfico 6.
GRÁFICO 6: PERCENTUAL DE PRETENDENTES QUE ACEITAM CRIANÇAS COM ALGUM TIPO
DE DOENÇA/PERCENTUAL DE CRIANÇAS COM DOENÇA FÍSICA OU MENTAL.
76
Faz-se necessário ressaltar ainda, que não configura mera coincidência o fato
de várias crianças ou adolescentes portadores de necessidades especiais serem
encaminhadas para a adoção internacional. Esses menores de idade enfrentam uma
resistência muito grande na hora de encontrar uma família que os acolha, e muitas
vezes só a encontram em uma esfera internacional.
Difícil dizer ao certo se a causa desta barreira em realizar adoções com crianças
ou adolescentes portadoras de necessidades especiais se dá por medo ou receio dos
adotantes de não saber exatamente como lidar com a situação ou se acontece devido
a um olhar pejorativo e preconceituoso que os pretendentes possam ter. Neste ponto
apresenta-se extremamente relevante a intervenção dos órgãos responsáveis, para
demonstrar que estas crianças são tão capazes e tem tanto a oferecer quanto as outras.
4
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvidas de que os interessados em adotar, com auxílio do poder público,
devem aos poucos aderir à conscientização de que o que deve ser valorizado neste
procedimento é o ato de amor nele representado, independente de das características
do menor de idade.
De todos os dados analisados aqui, foi possível constatar que os interessados
mostram-se abertos à adoção de menores de idade de ambos os sexos, bem como
flexíveis aos critérios de cor ou raça. Já no que tange a idade e a existência de
doenças os pretendentes se mostram bastante relutantes. De todas as características,
aquela que obsta o maior número de adoções é, notoriamente, a idade. Nota-se que
os interessados buscam uma crianças muito pequena, normalmente de 0 a 5 anos
no máximo, o que dificulta bastante, já que existem poucas crianças nesta condição
aptas á adoção.
Acredita-se que este é um ponto que deve ser intensamente trabalhado pelas
autoridades competentes durante o processo de habilitação, no intuito de mostrar que
a adoção de uma criança mais velhas ou adolescente pode ser tão gratificante como
uma criança pequena. Mas, em última análise, acredita-se é de extrema importância
que os sujeitos envolvidos em todas as etapas do processo de adoção desenvolvam o
verdadeiro sentimento que move esse gesto, que consiste no amor para com um filho,
independentemente de suas características.
77
Referências
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Poder Judiciário, (Brasil). Encontros e
Desencontros da Adoção no Brasil: uma análise do Cadastro Nacional de Adoção do
Conselho Nacional de Justiça. Brasília, 2013.
FERREIRA, Márcia Regina Porto; CARVALHO, Sônia Regina – 1º Guia de adoção de
crianças e adolescentes do Brasil. Editora Winners.
ROSSATO, Luciano Alves– LÉPORE, Paulo Eduardo– CUNHA, Rogério Sanches.
Estatuto da Criança e do Adolescente comentado artigo por artigo – 4ª edição rev. Atual. e
ampl. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012.
VIANA, Marco Aurélio S. Da guarda, da tutela, e da adoção (No Estatuto da Criança e do
Adolescente). Livraria Del Rey Editora. Belo Horizonte – MG, 1996.
78
DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS RELAÇÕES
PRIVADAS: APLICAÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES ENTRE
PARTICULARES
Anderson José Félix de Souza1
1
INTRODUÇÃO
Entendemos ser de grande importância iniciarmos o presente estudo trazendo
alguns conceitos para esclarecer a delimitação de qual ou quais direitos estamos
tratando. Por isso, passaremos, mesmo que brevissimamente, por conceitos
relacionados a nossa constituição, aos direitos fundamentais, aos direitos humanos,
aos direitos da personalidade.
Os direitos fundamentais são derivados da cláusula da dignidade da pessoa
humana, assim como os direitos humanos. A dignidade da pessoa humana protege
minimamente a integridade física ou psíquica das pessoas, bem como a liberdade, a
igualdade e os direitos da personalidade. Porém, há diferenças entre estes direitos,
que trataremos logo a seguir.
A previsão constitucional do devido processo legal dentro dos direitos e garantias
fundamentais é um indicativo da importância deste direito, qual seja, o direito em ter
observado o contraditório e a defesa em qualquer tipo de processo em que a pessoa
venha a ser indicada, questionada ou cobrada.
O nosso interesse é a possibilidade de aplicação da garantia do devido processo
legal numa relação em que estejam presentes apenas pessoas, sem a presença
do Estado, como, por exemplo, numa disputa entre associados com a imposição
pelos outros de alguma penalidade. Ou numa contenda entre um condomínio e um
condômino para aplicação de multa. Haveria ou não a possibilidade em se suscitar a
garantia em ser ouvido e defendido dessa imposição de penalidade.
1
Bacharel em Direito e Especialista em Direito Processual Constitucional pela UFG/ESMEG
79
Devido processo legal nas relações privadas: aplicação de direitos fundamentais nas relações entre particulares
1.1 Algumas considerações: direitos fundamentais, direitos humanos, direitos
da personalidade
O conceito de direitos fundamentais é afirmado por Sarlet (2012, p. 77) como
todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de
vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância
(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição
e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos
(fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado,
possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não,
assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do Catálogo).
Os direitos fundamentais são assim nomeados em razão de uma opção da
constituinte por terem reconhecido sua maior importância diante de outros direitos,
sendo este o sentido de fundamentalidade material mencionado. A fundamentalidade
formal é a que coaduna com a colocação do direito no rol de proteção da Constituição.
Atribui-se a origem da expressão direitos fundamentais à Declaração francesa
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que tratou de direitos inerentes à
liberdade, igualdade e fraternidade, inclusive sendo utilizados como seu lema. Nesta
época deu-se a origem dos direitos que hoje são denominados de primeira dimensão,
que contemplam os direitos individuais, nascidos para frear o Estado Absolutista,
como um dever deste em se abster de interferir na vida dos cidadãos.
A Constituição Federal de 1988 traz em seu Título II os Direitos e Garantias
Fundamentais, dispostos do artigo 5o ao artigo 17. O devido processo legal foi
previsto no artigo 5o, LIV, portanto, podemos afirmar, pelo menos inicialmente, que
esta proteção está positivada no rol dos direitos fundamentais.
Segundo afirmação de Sarlet, o devido processo legal está inserido nos direitos
fundamentais de primeira “dimensão”. Este termo, segundo o autor, é mais adequado
que “geração”, pois esta palavra poderia denotar uma sobreposição e exclusão de
uma geração sobre outra com o surgimento das demais gerações, o que não ocorre; o
que há verdadeiramente é a soma de uma dimensão com as outras. Logo, os direitos
de primeira dimensão refletem a reação da burguesia contra o poder absoluto dos
monarcas, sobretudo dos pensamentos difundidos na França de cunho “liberalburguês do século XVIII”, com evidente teor “individualista”, que se perfizeram
“como direitos do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como direitos
de defesa, demarcando uma zona de não intervenção do Estado e uma esfera de
autonomia individual em face de seu poder” (SARLET, 2012, p. 46-47).
80
A expressão “direitos fundamentais” no Título II da Constituição pátria foi uma
opção do legislador constituinte, não obstante poderia ter utilizado o termo “direitos
humanos” para designar as mesmas categorias de direitos. Entretanto, o termo
“direitos humanos” foi reservado para se referir a direitos de caráter universalizante
e de reconhecimento internacional, como os reconhecidos em documentos
internacionais, sobretudo em tratados e conveções dos quais o Brasil seja parte. Os
direitos humanos tem a intenção de que sejam reconhecidos por todos os povos,
como a Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) dos Direitos do
Homem de 1948.
Os direitos humanos e os direitos fundamentais estão relacionados por
tratarem de espécies idênticas de valores. Contudo, são direitos que possuem uma
diferenciação, não de conteúdo propriamente dito, mas em relação ao âmbito de
sua criação. Enquanto os direitos humanos são tratados pelo Direito Internacional
Público, os direitos fundamentais são estudados pelo Direito Constitucional, pois
estão positivados no sistema jurídico (NOVELINO, 2010, p.351-352). Sarlet (2012,
p.119) afirma que os direitos humanos são direitos fundamentais “sediados em
tratados internacionais” ou de “matriz internacional”, já os direitos fundamentais
tem sede constitucional. A Constituição Federal de 1988 utiliza a expressão “direitos
e garantias fundamentais” em seu Título II e a expressão direitos humanos para
designar direitos estabelecidos em convenções internacionais.
Desta forma, observamos a coincidência de vários direitos na nossa Constituição
e também em documentos internacionais, como o registro do devido processo legal
que se insere entre as garantias processuais no artigo 8o da Convenção Americana de
Direitos Humanos.
Por outro lado, os direitos da personalidade, segundo ensinamento dos
professores Pablo S. Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, são definidos como
“aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psiquicos e morais da pessoa em
si e em suas projeções sociais”. Continuam os referidos autores discorrendo que “o
sujeito tem reconhecidamente tutelada pela ordem jurídica uma série indeterminada
de valores não redutíveis pecuniariamente, como a vida, a integridade física, a
intimidade, a honra, entre outros” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2010,
p.182). A diferenciação dos direitos da personalidade e dos direitos fundamentais
reside no fato de os primeiros protegerem, estabelecerem limites, ou seja, operarem
nos limites das relações privadas. Já os direitos fundamentais são de aplicação mais
ampliada, estendendo a toda e qualquer relação, seja entre indivíduos, entre indivíduo
e Estado, entre uma instituição privada e indivíduo ou entre uma instituição privada
e o Estado.
81
Não podemos nos furtar a, pelo menos, indicar o que dispõe o artigo 5o, §2o e
§3 da nossa Constituição. O §2o foi assim escrito: “Os direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte”. Já o §3o assim foi concebido: “Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.” Estes dispositivos permitem o reconhecimento de outros
direitos fundamentais no ordenamento jurídico pátrio com estatus constitucional.
Sarlet (2011, p. 124) afirma que essa equiparação “entre os direitos fundamentais
localizados em tratados internacionais e os sediados na Constituição formal é a
que mais se harmoniza com a especial dignidade jurídica e axiológica dos direitos
fundamentais na ordem jurídica interna e internacional” e que é “resultado da
interpenetração cada vez maior entre os direitos fundamentais constitucionais e os
direitos humanos dos instrumentos jurídicos internacionais.”
Estas considerações sobre direitos humanos, direitos fundamentais e também
direitos da personalidade foram trazidas em razão de possuírem características em
comum e para que sejam observadas as devidas diferenças entre eles. Os direitos da
personalidade são tratados pelo Direito Civil, em questões evidentemente privadas,
mas protegem bens jurídicos coincidentes também com os tutelados pelos direitos
fundamentais, e que também são decorrentes da dignidade da pessoa humana. Estes
conceitos e diferenciações se justificam para a delimitação do que estamos tratando e
para suas respectivas áreas de atuação. Todos estes direitos possuem as características
da irrenunciabilidade e da inegociabilidade.
o
2
TEORIAS DA APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
NAS RELAÇÕES PARTICULARES
A aplicação da teoria dos direitos fundamentais nas relações privadas ou
também denominada “eficácia horizontal dos direitos fundamentais” não é uma
unanimidade. Existem aqueles que negam a eficácia dos direitos fundamentais nas
relações privadas, “por entender que o único sujeito passivo daqueles direitos seria o
Estado” (DIDIER JR., 2010, p.49). Temos aqueles, como Dürig (apud SILVA, 2011,
p. 76), que defendem a aplicação da teoria da eficácia dos direitos fundamentais
de forma indireta ou mediata nas relações entre privados. E temos também teorias,
como a de Barak (apud SILVA, 2011, p. 83) e a de Nipperdey (apud SILVA, 2011,
82
p. 87), que preconizam a aplicação direita e imediata dos direitos fundamentais nas
relações entre particulares.
Ressaltamos também que a expressão “eficácia horizontal dos direitos
fundamentais” se deve em razão do entendimento de que os direitos fundamentais são
dirigidos ao Estado numa relação em que o cidadão está num plano inferior, portanto,
numa relação verticalizada. Já quando se fala na aplicação entre particulares temos
indivíduos ou instituições que estão num mesmo plano de direitos e obrigações.
De acordo com Virgílio Afonso da Silva (2011, p. 27), “[a] constitucionalização,
e uma consequente consideração dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações
privadas não ameaçam a autonomia do direito privado e, sobretudo, também não
ameaçam uma das ideias centrais desse ramo do direito, a autonomia privada.” Esta
autonomia não foge da aplicação do filtro constitucional, portanto sua interpretação
ficará adstrita aos princípios dos direitos fundamentais.
Silva (2011, p. 52) aponta que “não é somente o Estado que pode ameaçar
os direitos fundamentais dos cidadãos, mas também outros cidadãos, nas relações
horizontais entre si”. Segundo Zippelius (apud SILVA, 2011, p. 52),
em uma sociedade plural, formam-se, nos espaços deixados à autonomia privada,
instituições da vida econômica, empresas dos meios de comunicação e outras
‘forças sociais’, que desempenham importantes funções na vida social e que
alcançam posições de poder, por força das quais podem influir de forma prejudicial
no sistema político.
Há aqueles, como Diederichsen (apud SILVA, 2011, p.71-72), que refutam a
aplicação dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas, e a justificativa
é a de que são direitos que servem apenas como proteção dos indivíduos contra o
Estado, por isso não devem adentrar relações entre particulares. Outra justificativa é
a autonomia do direito privado (SILVA, 2011, p.70-71).
A aplicação dos direitos fundamentais também é defendida como efeitos apenas
indiretos, que seriam permitidos através de cláusulas gerais nos sistemas privados
ou através de valores que insidiriam nas relações privadas. As cláusulas gerais são
aquelas que “requerem um preenchimento valorativo na atribuição de sentido, pois
são, para usar uma expressão difundida na doutrina jurídica brasileira, conceitos
abertos, cujo conteúdo será definido por uma valoração do aplicador do direito”
(SILVA, 2011, p.78-79). Esta valoração deverá ter por base o “sistema de valores
consagrados pela constituição” (SILVA, 2011, p.78-79). Assim, a aplicação dos
direitos fundamentais seriam possível na relações privadas somente através de
infiltração de valores constitucionais nas leis que tratem sobre os direitos privados,
como no direito civil, por exemplo.
83
A aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações entre
particulares é aquela em que esses direitos são aplicados “da mesma forma como são
aplicados nas relações entre o Estado e os cidadãos” (SILVA, 2011, p. 86), sem que
haja necessidade de medeios. Outro esclarecimento necessário colocado por Silva é
o de que “o modelo de aplicabilidade direta dos direitos fundamentais às relações
entre particulares não implica que todo direito fundamental necessariamente seja
aplicável a tais relações” (SILVA, 2011, p. 91).
Na legistação brasileira há indicação no sentido da aplicação do direito
fundamental do devido processo legal nas relações entre particulares. Observemos a
disposição do artigo 57 do Código Civil: “A exclusão do associado só é admissível
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de
defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”. Está claro nesta regra que
deverá haver o devido processo legal numa relação entre particulares, ou numa
relação que não esteja presente numa das partes o Estado.
Outra indicação de que se deve respeitar o devido processo legal numa relação
entre particulares é o disposto no artigo 1.085, parágrafo único, também do Código
Civil: “A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia
especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para
permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.” É uma regra que
está dentro do Direito de Empresa, portanto de aplicação eminentemente privada.
Os artigos do Código Civil citados acima se tratam de aplicação dos direitos
fundamentais nas relações entre particulares, mas de forma indireta, ou seja, seguindo
o modelo de infiltração de valores no direito privado de garantias contitucionais, mas
isso não suprime sua importância para o presente estudo.
3
O DEVIDO PROCESSO LEGAL E SUAS APLICAÇÕES
A Constituição Federal de 1988 é rica em normas, sendo que algumas delas
são elevadas ao patamar de princípios, neste sentido, eles são normas com uma
maior densidade e um maior grau de abstração. Entre os princípios temos aqueles
que se aplicam no âmbito do processo (constitucional, civil, penal, administrativo,
tributário, trabalhista) como um todo, sendo que um dos mais importantes é o do
devido processo legal (derivado da língua inglesa due process of law). O artigo 5°
inciso LIV da Carta Magna de 1988 dispõe que “ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Um dos conceitos de princípio utilizado no Brasil é aquele que o indica como
um “mandamento nuclear de um sistema”, servindo como sustentação do sistema
84
jurídico. É uma “disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas”
que serve de “critério para exata compreensão e inteligência” destas normas, pois
“define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que
lhe dá sentido harmônico” (MELLO, 2010, p.53). Nesse aspecto há a demonstração
de que o princípio está acima do sistema, sendo utilizado no sentido de colmatação
das normas do direito. Por outro lado, há aquela definição de que os princípios são
espécies normativas, juntamente com as regras.
Conforme Humberto Ávila ensina, “os princípios são normas imediatamente
finalísticas”, ou seja, elas devem atingir uma finalidade, “primariamente prospectivas
e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e
os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção” (2009,
p.78-79). Este autor propõe uma distinção entre os princípios e as regras, sendo que
os princípios possuem uma caráter mais valorativo e abstrato do que as regras, que
possuem uma característica mais concreta e objetiva.
O processo é entendido por vários autores como um conjunto de atos
concatenados para e execução de uma finalidade específica, são instrumentos para
a consecução e materialização do direito material (lado instrumental do processo).
Segundo o professor Fredie Didier (2010, p.41), o
[p]rocesso é método de exercício de poder normativo. As normas jurídicas são
produzidas após um processo (conjunto de atos organizados para a produção de
um ato final). As leis, após o processo legislativo; as normas administrativas, após
um processo administrativo; as normas individualizadas jurisdicionais, enfim,
após um processo jurisdicional. Nenhuma norma jurídica pode ser produzida sem
a observância do devido processo legal. Pode-se, então, falar em devido processo
legal legislativo, devido processo legal administrativo e devido processo legal
jurisdicional. O devido processo legal é uma garantia contra o exercício abusivo
do poder, qualquer poder.
Neste sentido o referido autor afirma a existência inclusive da necessidade de
observância deste princípio no âmbito das relações particulares, o que, como já fora
salientado, é chamado de “eficácia horizontal dos direitos fundamentais” (DIDIER
JR., 2010, p.49).
Segundo Didier Jr. (2010, p.41), a origem primitiva do princípio do devido
processo legal remonta à Idade Média, aos povos germânicos no século XI, mas
apenas no sentido de limitar o poder do monarca.
Diante disso, devemos nos atentar para o fato de que o conteúdo do processo
devido variará conforme o percurso histórico e o local, país, onde ele é aplicado.
85
Neste diapasão, será tido como uma cláusula geral que foi preenchida historicamente.
Com a contrução histórica deste princípio observamos a propensão para a construção
permanente de outros princípios. Existem princípios constitucionais do processo
de forma implícita, decorrentes do devido processo legal, ou seja, aqueles que não
são previstos expressamente, como o da “boa-fé processual”, a “adequação” e a
“efetividade”. Mas também existem aqueles princípios explícitos que são derivados
do devido processo legal, como o contraditório, a publicidade e a duração razoável
do processo.
A adequação ao devido processo legal deve ser uma expressão do Estado
Democrático de Direito, já que deve existir os meios de atuação estatal de forma
preestabelecida, garantindo a resolução de conflitos na sociedade. Cassio S. Bueno
(2010, p. 137) discorre que
o princípio do devido processo legal é considerado por boa parte da doutrina como
um “princípio-síntese” ou “princípio de encerramento” de todos os valores ou
concepções do que se entende como um processo justo e adequado, isto é, como
representativo suficiente de todos os demais indicados pela própria Constituição
Federal e, em geral, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência.
Neste sentido, o príncípio em questão se desdobra em outros, para que seja dada
a devida importância que ele possui.
A doutrina divide o devido processo legal em “devido processo legal formal” e
“devido processo legal substancial”, sendo que o primeiro é o conjunto das garantias
processuais, e o segundo (substancial) é no sentido de garantir que as decisões sejam
justas e adequadas (este conceito é o de origem estadunidense). Para nós o sentido
do devido processo legal substâncial abrange a proporcionalidade e a razoabilidade.
O devido processo legal em sentido formal ou procedimental (no direito norteamericano, procedural due process) é a garantia de que o julgamento ocorra conforme
as regras do procedimento previsto previamente, com existência do contraditório,
do juiz natural, duração razoável do processo, ampla defesa, tratamento de forma
equalizada entre as partes, proibição de provas obtidas por meios ilícitos, motivação
e fundamentação das decisões pelos juízes, publicidade do processo, garantia de
acesso à justiça a todos.
O devido processo legal substantivo (substantive due process) está ligado à ideia
de um processo legal justo e adequado, materialmente informado pelos princípios da
justiça, com base nos quais os juízes podem e devem analisar os requisitos intrínsecos
da lei. Nesse aspecto, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir
a participação equânime, justa e leal dos sujeitos processuais (CANOTILHO apud
NOVELINO, 2010, p. 446).
86
O legislador deve ser o primeiro a observar o devido processo legal substantivo,
como uma forma de limitação a sua atuação, dirigindo-o no sentido da justiça,
razoabilidade e racionalidade. Com efeito, teremos por decorrência os demais
princípios, como o contraditório e a ampla defesa.
O professor Fredie Didier Júnior (2010, p.50), sustentando a aplicação do devido
processo legal no âmbito das relações particulares, afirma que
a atual Constituição brasileira, pela “moldura axiológica” em que se encontra
estampada (de índole eminentemente intervencionista e social), admite a ampla
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nela erigidos, de modo que
não só o Estado como toda a sociedade podem ser sujeitos passivos desses direitos.
Essa extensão da eficácia direta dos direitos fundamentais às relações privadas,
naturalmente, vem carregada de especificidades inerentes aos direito privado.
Assim, por exemplo, a sua aplicação no caso concreto há de ser, sempre, ponderada
com o princípio da autonomia da vontade. Fincadas essas premissas, pode-se então,
concluir que o princípio do devido processo legal – direitos fundamental previsto
na Constituição Brasileira – aplica-se também ao âmbito privado, seja na fase prénegocial, seja na fase executiva do negócio jurídico.
Podemos perceber que Didier também sustenta a aplicabilidade dos efeitos dos
direitos fundamentais nas relações entre indivíduos num mesmo plano jurídico. É
importante a posição deste autor, principalmente por se tratar de um processualista,
e também fazer parte da doutrina brasileira.
4
APLICAÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ENTRE PARTICULARES: SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
É recorrente a invocação do devido processo legal no Supremo Tribunal Federal,
bem como no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, é pouco comum o seu debate
como garantia de observância dentro de uma relação em que o estado não esteja
presente. Não há uma tese nestes tribunais que definam qual será a posição adotada
para aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Temos apenas
indicativos em razão de haver poucos jugados analisando tal situação.
Um dos julgados que enfrentou o tema da aplicação das garantias fundamentais
nas relações entre particulares, e, ainda, mais diretamente sobre aplicação do devido
processo legal como de observância obrigatória entre as partes, foi o Recurso
Extraordinário (RE) 158.215 do Rio Grande do Sul da relatoria do Ministro Marco
Aurélio, que tratou da expulsão dos cooperados de uma cooperativa. O presente
87
recurso data de 30 de abril de 1996 e foi provido por unanimidade em reconhecimento
ao direito dos recorrentes cooperados em verem seu direito de defesa respeitado.
Reconheceu-se que a exclusão de alguns de seus cooperados, sem que lhes fossem
dado o direito de defesa, atentaria contra o princípio do devido processo legal,
afirmando o relator que tratar-se-ia de uma norma de ordem pública que não poderia
ser afastada do caso em questão.
O relator Min. Marco Aurélio, em seu voto, afirma que
incumbia à Cooperativa, uma vez instaurado o processo, dar aos acusados a
oportunidade de defenderem-se e não excluí-los sumariamente do quadro de
associados. Uma coisa é a viabilização da defesa e o silência pela parte interessada,
algo diverso é o atropelo das normas próprias à espécie, julgando-se o processo
sem a abertura de prazo para produção da defes e feitura de prova. (BRASIL, STF,
1996, p.312)
No voto percebemos que há uma nítida opção em acatar um direito fundamental,
qual seja, o do devido processo legal, na relação entre os cooperados, relação esta de
cunho claramente privado, ou de direito privado.
Em outro julgado, também um RE, este por sua vez de número 201.819 do
Rio de Janeiro, que data de 11 de outubro de 2005, o Supremo Tribunal Federal
também se posicionou pela aplicação do devido processo legal nas relações entre
particulares. Tratou-se neste julgado da exclusão de um associado da União
Brasileira de Compositores sem que lhe fosse dada a garantia do contraditório e
nem a garantia de ampla defesa, ferindo assim o devido processo legal. O recorrente,
a União Brasileira de Compositores, pediu a anulação da decisão das instâncias
inferiores. Porém, o recurso foi desprovido, mantendo-se o direito do recorrido em
ter a garantia ao devido processo legal respeitado.
Num primeiro momento, a relatora inicial deste RE, ministra Ellen Gracie,
votou pelo improvimento do recurso fazendo a afirmação de que “as associações
privadas têm liberdade para se organizar e estabelecer norma de funcionamento e de
relacionamento entre os sócios, desde que respeitem a legislação em vigor” (BRASIL,
STF, 2005, p. 581). Mais adiante ela continua dizendo que “a controvérsia envolvendo
a exclusão de um sócio de entidade privada resolve-se a partir das regras do estatudo
social e da legislação civil em vigor” (BRASIL, STF, 2005, p. 581). Observamos
uma clara posição no sentido de se prestigiar a atonomia privada em detrimento de
uma garantia fundamental de cunho publicístico e de ordem constitucional. Mais
adiante, temos os outros votos, que foram diametralmente noutro sentido.
O Relator Min. Gilmar Mendes, em seu voto vista, faz extensa citação de seu
próprio trabalho sobre o tema, que analisando a jurisprudência alemã, propõe a
88
aplicação direta da eficácia dos direitos fundamentais. Posteriormente, já no texto
do voto ele utiliza a justificativa para aplicação direta dos direitos fundamentais
nas relações privadas no RE 201.819 em virtude de que a União Brasileira de
Compositores (recorrente) integra a estrutura do ECAD (Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição, cujo objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição
dos direitos autorais de execução pública musical), o que a elevaria a condição de
entidade com caráter público, mas sem pertencer a estrutura do Estado. No voto
vista do Min. Gilmar Mendes há a afirmação de que “esse caráter público ou geral
da atividade parece decisivo aqui para legitimar a aplicação direta dos direitos
fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF) ao processo de exclusão de sócio de entidade”
(BRASIL, STF, 2005, p.612-613).
Em voto vista o Min. Joaquim Barbosa se manifesta também no RE 201.819
pelo desprovimento do presente recurso, também prestigiando a aplicação do devido
processo legal no caso em testilha. Concluindo o seu voto o eminente ministro
afirma que “os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo
legal no caso têm plena aplicabilidade para fins de exclusão do sócio da sociedade.”
(BRASIL, STF, 2005, p.627)
Também em voto vista, o Ministro Celso de Mello, discordando da Ministra
Relatora Ellen Gracie, afirmou que
a autonomia privada – que encontra claras limitações de ordem jurídica – não pode
ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros,
especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da
vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação,
o poder de transgredir ou de ignorar as restrições posta e definidas pela própria
Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impões, aos particulares,
no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais.
(BRASIL, STF, 2005, p.646)
Ressaltamos por fim que o Ministro Carlos Veloso acompanhou o voto da
relatora inicial do processo, a Min. Ellen Gracie.
A ementa deste julgado foi assim disposta:
A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil
a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial,
dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição
da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias
fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às
associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que
89
asseguram o respeito aos direitos fundamentias de seus associados. A autonomia
privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em
detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialemente
aqueles positivaos em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não conere
aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou
de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e
força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações
privadas, em tema de liberdades fundamentais. (BRASIL, STF, 2005, p.577)
No Superior Tribunal de Justiça não encontramos julgados que teçam minúcias
sobre a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, mas há uma
menção desta eficácia, que é o caso do Habeas Corpus (HC) 93.874 do Distrito
Federal da relatoria do Ministro Arnaldo Esteve Lima, que afirma em seu voto que
“tem o Estado o dever de proteção dos indivíduos frente ao próprio poder estatal
(eficácia vertical), bem como em face da própria sociedade, justificando a eficácia
horizontal dos direitos humanos nas relações particulares” (BRASIL, STJ, 2010, p.
6). O outro julgado é o HC 97.336, cuja relatoria é do mesmo ministro.
Os julgados acima do Superior Tribunal de Justiça não tratam de relações privadas
de cunho do direito civil, mas sim de direito penal. Houve apenas uma menção no
voto de que deverá ser observado a “eficácia horizontal dos direitos humanos nas
relações particulares” (BRASIL, STJ, 2010, p. 6) , apesar de estar tratando o julgado
da garantia ao devido processo legal numa relação entre o particular e o Estado.
Diante deste fato trouxemos o julgado para que observemos que há uma tendência
em se reconhecer a aplicação desta garantia nas relações privadas.
Não podemos deixar de lado o exemplo trazido por Thiago Luís Santos Sombra
do HC 12.547 da relatoria do Min. Ruy Rosado, em que se discute a prisão civil em
razão de dívida por contrato de alienação fiduciária, que segundo o autor houve uma
declaração de posição no vetor de aceitar a eficácia direta dos direitos fundamentais
entre particulares (SOMBRA, 2011, p.70-71).
Por fim trazemos o julgado também do Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial (REsp) 1.179.259 Minas Gerais, de 14 de maio de 2013, da Relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, que trata da extição de um usufruto. Ele tratou apenas
de indicar que os direitos fundamentais também se aplicariam nas relações entre
particulares, apesar de não ser o objeto primordial da contenda, inclusive citando
o RE 201.819, e afirmando que os direitos fundamentais também incidem sobre
as relações entre particulares. Apesar de tratar-se de uma relação eminentemente
privada não houve a análise de teorias a respeito da eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, nem sua aplicação.
90
5
Podemos perceber que o tema da aplicação dos efeitos das garantias fundamentais
nas relações entre particulares ainda não foi tratado de forma exauriente pelos
tribunais superiores do nosso país, o que pode dar mais evidência e importância ao
seu estudo e debate. As possibilidades de aplicação dos direitos fundamentais nas
relações entre particulares são variadas, entretanto o devido processo legal, com seus
desdobramentos, é sem dúvida uma importante aplicação na garantia de direitos dos
particulares frente a outros particulares, principalmente quando há uma coletividade
(como uma associação) de um lado e um indivíduo de outro.
Segundo o exposto acima, é possível indicar que os tribunais superiores ainda
terão que enfrentar o tema, visto que foram poucas as contendas que exigiram uma
posição jurídica destes tribunais. Pode ser que a teoria dos efeitos da aplicação direta
dos direitos fundamentais nas relações privadas seja uma tendência na jurisprudência
brasileira para a solução de controvérsias, mas ainda é cedo para firmar qualquer
posicionamento. Diante disso, é preciso que os estudiosos juristas observem com o
devido cuidado como vem se posicionando a doutrina, pois certamente terá reflexo
nas decisões do judiciário.
Há o indicativo de que, nas poucas decisões em que se faz menção à aplicação
dos direitos fundamentais nas relações privadas, os eminentes ministros abraçarão
a teoria da aplicação direita dos direitos fundamentais nas relações privadas.
Não se trata de afirmação categórica, é apenas uma indicação casuística, ou uma
aposta, mesmo porque mudam-se os membros dos tribunais e com eles também os
entendimentos.
Referências
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9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
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atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013.
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Turma. Ministro Relator: Arnaldo Esteves Lima, 15 de junho de 2010. Disponível
em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200702597355&dt_
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_______. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 97.336 Rio de Janeiro, Quinta
Turma. Ministro Relator: Arnaldo Esteves Lima, 15 de junho de 2010. Disponível
publicacao=02/08/2010>. Acesso em: 03 jan 2014.
91
_______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.179.259 Minas Gerais,
Terceira Turma. Ministra Relatora: Nancy Andrighi, 14 de maio de 2013. Disponível
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_______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 158.215-4 Rio Grande do
Sul, Segunda Turma. Ministro Relator: Marco Aurélio, 30 de abril de 1996. Disponível em:
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_______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 201.819-8 Rio de Janeiro,
Segunda Turma. Recorrente: União Brasileira de Compositores – UBC, Recorrido: Arthur
Rodrigues Villarinho e outros. Relatora Originária Min. Ellen Gracie, Relator para o Acórdão
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SOMBRA, Thiago Luís Santos. A Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações
Privadas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011.
92
DECISÕES INTERMEDIÁRIAS E MANIPULAÇAO
TEMPORAL DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Rosiane Rodrigues Vieira1
1
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A jurisdição constitucional, por meio da fiscalização de compatibilidade das
leis e atos normativos com a Lex Mater, é o instrumento de garantia da supremacia
da Constituição rígida e escrita nos Estados de Direito modernos.
A inconstitucionalidade, segundo Jorge Miranda, é “a relação que se estabelece
entre uma coisa – a Constituição – e outra coisa – um comportamento – que lhe
será ou não conforme, que com ela é ou não compatível, que cabe ou não no seu
sentido”. 2 Fundamenta-se na noção de que a Constituição é uma norma de contexto
de validade superior e com a qual as demais normas do ordenamento devem ser
compatíveis, sob pena de sanção, consistente em sua expurgação da ordem jurídica.
O controle de constitucionalidade é o procedimento destinado a aferir
exatamente essa relação valorativa de compatibilidade das leis e atos normativos
com a Constituição, podendo ocorrer pela impugnação de lei em abstrato ou na
apreciação de caso concreto.
A declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, pela dureza de suas
conseqüências e em decorrência da presunção de constitucionalidade das leis, é
medida excepcional, tomada apenas quando a lei fere frontalmente a Constituição.
Desse modo, nas últimas décadas, foram desenvolvidas técnicas decisórias
intermediárias, que diferem da pura declaração de (in)constitucionalidade da lei.
Portanto, pode-se falar, atualmente, na existência de decisões declaratórias de
inconstitucionalidade parcial quantitativa ou qualitativa e de inconstitucionalidade
1
2
Bacharel em Direito pela UFG e Especialista em Direito Constitucional pela UFG. Titular do 1º Registro de
Imóveis de Montes Claros/MG.
Manual de Direito Constitucional, tomo II, 1981, pp. 274.
93
Decisões intermediárias e manipulaçao temporal de efeitos da declaração de inconstitucionalidade
sem pronúncia de nulidade, de interpretação conforme a Constituição, de apelo ao
legislador ou, por fim, de efeitos aditivos ou substitutivos.
A problemática tratada no presente artigo concerne exatamente à possibilidade
ou não de modulação temporal de efeitos nas decisões intermediárias de declaração
de (in)constitucionalidade. Destarte, nos itens 2, 3 e 4, buscar-se-á responder,
respectivamente, às seguintes indagações: Quais as principais características do
controle de constitucionalidade in abstracto no ordenamento jurídico brasileiro?
Qual o conteúdo das decisões proferidas na fiscalização de constitucionalidade?
Há possibilidade de manipulação temporal de efeitos nas chamadas decisões
intermediárias?
Para tanto, será utilizado o método dedutivo de pesquisa. Destarte, partir-se-á da
utilização de pesquisa bibliográfica acerca da teoria da constituição, especificamente,
do controle abstrato de constitucionalidade e do conteúdo das decisões proferidas em
sede de fiscalização de constitucionalidade, concluindo-se o estudo com a realização
de pesquisa documental sobre as tendências do Supremo Tribunal Federal em
proferir decisões intermediárias e a possibilidade de modulação temporal de efeitos
no âmbito desses tipos decisórios.
2
CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
NO
A jurisdição constitucional, em sentido amplo, envolve todos os meios de
defesa da constitucionalidade exercidos por órgãos estatais possuidores de funções
materialmente jurisdicionais, e, em sentido estrito, compreende unicamente os
mecanismos de defesa da Constituição no desempenho formal da função judicante. 3
A fiscalização de constitucionalidade ocorre, basicamente, por meio dos
modelos difuso, em que o controle é empreendido por qualquer órgão do Judiciário4,
e concentrado, no qual há um Tribunal Constitucional com a incumbência de exercer
a fiscalização de constitucionalidade por meio de jurisdição especial.
3
4
94
Cf. Juliano Taveira BERNARDES, Controle abstrato de constitucionalidade: elementos, materiais e princípios
processuais, 2004, p. 265.
Conforme explica Mauro Cappelletti (O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado,
1992, p. 77 e 81), no controle difuso, “todos os órgãos judiciários, inferiores ou superiores, federais ou
estaduais, têm [...] o poder e o dever de não aplicar as leis inconstitucionais aos casos concretos submetidos a
seu julgamento”. Assim, “uma lei americana, embora permaneça on the books, é tornada a dead law, uma lei
morta.”
Outrossim, o controle pode ser feito in concrecto, pela apreciação da
constitucionalidade da lei aplicada a fato levado à apreciação do Judiciário, ou in
abstrato, com a apreciação da compatibilidade com a Constituição de lei em tese.
O ordenamento jurídico brasileiro adota um sistema misto de fiscalização de
constitucionalidade, que conjuga caracteres do controle difuso e do concentrado.
Assim, por um lado, é possível que, no caso concreto, qualquer juízo exerça o controle
de constitucionalidade, com efeitos inter partes, e, de outro, é competência privativa
do Supremo Tribunal Federal a apreciação de representações de inconstitucionalidade
contra leis e atos normativos em tese. 5
O parâmetro para aferição da constitucionalidade varia conforme o ordenamento
jurídico, podendo compreender, na acepção de Clèmerson Merlin Clève:
(i) toda a Constituição formal, incluindo aí os princípios e normas implícitos;
(ii) apenas alguns dispositivos da Constituição formal; ou (iii) o bloco formado
pela Constituição formal mais os princípios superiores definidos como direito
supralegal (positivados ou não na Constituição). 6
O controle de constitucionalidade brasileiro tem por parâmetro direto o bloco de
constitucionalidade, que compreende,
para além da totalidade das regras constitucionais meramente escritas e dos
princípios contemplados, explicita ou implicitamente, no corpo normativo da
própria Constituição formal, chegando, até mesmo, a compreender normas de
caráter infraconstitucional, desde que vocacionadas a desenvolver, em toda a sua
plenitude, a eficácia dos postulados e dos preceitos inscritos na Lei Fundamental,
viabilizando, desse modo, e em função de perspectivas conceituais mais amplas, a
concretização da idéia de ordem constitucional global. 7
Ademais, a questão da (in)constitucionalidade supõe, no plano de sua concepção
teórica, a existência de duplo vínculo: o primeiro, de ordem jurídica, referente à
compatibilidade vertical das normas inferiores em face do modelo constitucional, e
o segundo, de caráter temporal, relativo à contemporaneidade entre a Constituição e
5
6
7
CRF, Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
A fiscalização abstrata da constitucionalidade, 2000, p. 71.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo n. 258. Transcrições de voto na ADI 595/ES, Relator Min.
Celso de Mello. Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 19.07.2008.
95
o momento de formação, elaboração e edição dos atos revestidos de menor grau de
positividade jurídica. 8
No que concerne ao objeto da fiscalização de constitucionalidade, este
consiste na produção normativa do legislador, podendo esta se consubstanciar em
lei (ordinária, delegada ou complementar) ou ato normativo (resolução, decreto
legislativo, medida provisória etc.). Contudo, é importante verificar que o ato deve
ser dotado de abstração e generalidade, porquanto o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento de que “só constitui ato normativo idôneo a submeter-se ao controle
abstrato da ação direta aquele dotado de um coeficiente mínimo de abstração ou,
pelo menos, de generalidade”. 9
Contudo, cumpre ressaltar que, em 17 de abril de 2008, no julgamento da ADI
4048 MC/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Pretório Excelso admitiu o
controle abstrato de atos normativos de efeitos concretos. Acerca do tema, o seguinte
excerto do Informativo n. 502, do Supremo Tribunal Federal:
Medida Provisória e Abertura de Crédito Extraordinário – 1.
O Tribunal iniciou julgamento de ação direta proposta pelo Partido da
Social Democracia Brasileira – PSDB em que se pleiteia a declaração da
inconstitucionalidade da Medida Provisória 405/2007, que abre crédito
extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do Poder
Executivo. Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da ação, por
entender estar-se diante de um tema ou de uma controvérsia constitucional
suscitada em abstrato — independente do caráter geral ou específico, concreto ou
abstrato de seu objeto — de inegável relevância jurídica e política, que deveria
ser analisada a fundo. Asseverou-se que os atos do Poder Público sem caráter de
generalidade não se prestam ao controle abstrato de normas, eis que a própria
Constituição adotou como objeto desse processo os atos tipicamente normativos,
ou seja, aqueles dotados de um mínimo de generalidade e abstração. Considerouse, entretanto, que outra deveria ser a interpretação no caso de atos editados sob
a forma de lei. Ressaltou-se que essas leis formais decorreriam ou da vontade do
legislador ou do próprio constituinte, que exigiria que certos atos, mesmo que
8
9
96
Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo n. 258. Transcrições de voto na ADI 595/ES, Relator Min.
Celso de Mello. Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 19.07.2008.
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: inviabilidade: ato normativo de efeitos concretos. 1. O Decreto
Legislativo 121/98, da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, impugnado, impõe a reintegração de servidores,
que teriam aderido ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Servidor Público Estadual (L. est.
4.865/96). 2. O edito questionado, que, a pretexto de sustá-los, anula atos administrativos concretos – quais os
que atingiram os servidores nominalmente relacionados – não é um ato normativo, mas ato que, não obstante de
alcance plural, é tão concreto quanto aqueles que susta ou torna sem efeito. 3. É da jurisprudência do Supremo
Tribunal que só constitui ato normativo idôneo a submeter-se ao controle abstrato da ação direta aquele dotado de
um coeficiente mínimo de abstração ou, pelo menos, de generalidade. 4. Precedentes (vg. ADIn 767, Rezek, de
26.8.92, RTJ 146/483; ADIn 842, Celso, DJ 14.05.93). ADI-MC-QO 1937 / PI, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 20/06/2007, Publicação DJe-092 DIVULG 30-082007 PUBLIC 31-08-2007 DJ 31-08-2007 PP-00029 EMENT VOL-02287-02 PP-00332.
de efeito concreto, fossem editados sob a forma de lei. Assim, se a Constituição
submeteu a lei ao processo de controle abstrato, meio próprio de inovação na
ordem jurídica e instrumento adequado de concretização da ordem constitucional,
não seria admissível que o intérprete debilitasse essa garantia constitucional,
isentando um grande número de atos aprovados sob a forma de lei do controle
abstrato de normas e, talvez, de qualquer forma de controle. Aduziu-se, ademais,
não haver razões de índole lógica ou jurídica contra a aferição da legitimidade
das leis formais no controle abstrato de normas, e que estudos e análises no plano
da teoria do direito apontariam a possibilidade tanto de se formular uma lei de
efeito concreto de forma genérica e abstrata quanto de se apresentar como lei
de efeito concreto regulação abrangente de um complexo mais ou menos amplo
de situações. Concluiu-se que, em razão disso, o Supremo não teria andado bem
ao reputar as leis de efeito concreto como inidôneas para o controle abstrato de
normas. Vencido, no ponto, o Min. Cezar Peluso que não conhecia da ação, por
reputar não se tratar no caso de uma lei, sequer no aspecto formal. ADI 4048 MC/
DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.4.2008. (ADI-4048) 10
Cumpre notar, ainda, se a declaração de inconstitucionalidade incide sobre a
disposição ou a norma extraída das leis ou atos normativos impugnados.
Ricardo Guastini explica que disposição é “qualquer enunciado que faça parte de
um documento normativo”, enquanto a norma é o significado resultante do processo
interpretativo da disposição. 11 Portanto, ambas podem ser objeto da declaração de
(in)constitucionalidade.
Ao analisar a questão, Juliano Taveira Bernardes pondera que o controle de
constitucionalidade pode incidir tanto sobre a disposição quanto a norma, permitindose, desse modo, tanto a declaração pura e simples de (in)constitucionalidade ou mesmo
a utilização de decisões intermediárias, proferidas pela utilização de técnicas como
a interpretação conforme a Constituição, a declaração de inconstitucionalidade sem
pronúncia de nulidade e a declaração de inconstitucionalidade parcial quantitativa e
qualitativa. 12
Por fim, impende salientar que a fiscalização abstrata de constitucionalidade,
como imperativo do dever de guarda da Constituição, processa-se exclusivamente
perante o Supremo Tribunal Federal, além de exigir a participação do ProcuradorGeral da República e do Advogado– Geral da União em seu processamento. 13
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo n. 502. Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em
26.07.2008.
11 Riccardo GUASTINI, Das fontes às normas, 2005, p. 25.
12 Controle abstrato de constitucionalidade: elementos materiais e princípios processuais, 2004, p. 167.
13 Cf. Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
97
Outrossim, a propositura de ação direta de (in)constitucionalidade está adstrita
ao rol de legitimados, constante do art. 103, da Constituição Federal, podendo ser
proposta pelo Presidente da República, Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara
dos Deputados, Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, Governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da
República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político
com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de
classe de âmbito nacional.
3
CONTEÚDO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO CONTROLE
CONCENTRADO E ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE
As decisões proferidas no controle de constitucionalidade, via de regra, implicam
a declaração pura e simples de compatibilidade ou não do ato normativo impugnado
com a Constituição.
Contudo, rompendo esse esquema binário, desenvolveu-se, nas últimas décadas,
na jurisprudência das Cortes Constitucionais, tipos intermédios de decisões aplicáveis
à apreciação de constitucionalidade.
A necessidade de proferimento de decisões intermediárias, segundo José Manuel
M. Cardoso da Costa, Juiz do Tribunal Constitucional Português,
funda raiz na consciência de que uma decisão de inconstitucionalidade implica
sempre, afinal, uma “desautorização do legislador” (contempt of Parliament), o
que logo denuncia a sua “gravidade”. E a isso acresce, depois, que tal decisão
pode acarretar por vezes, ao menos no imediato, dificuldades não negligenciáveis,
designadamente de ordem institucional. 14
Tais motivos justificam porque a jurisprudência de diversas Cortes
Constitucionais tem adotado técnicas decisórias que permitem o afastamento da
inconstitucionalidade, nos casos em que esta não se imponha indubitavelmente.
Segundo José Manuel M. Cardoso da Costa, as decisões proferidas em sede de
controle de constitucionalidade podem ser:
14 José Manuel M. Cardoso da COSTA, A Justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das
espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade das normas jurídicas, 1987, p. 07.
98
a) decisões de tipo simples ou extremo, consistentes naquelas que pugnam pela
simples constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma impugnada,
com sua manutenção ou expurgação do ordenamento jurídico;
b) decisões intermediárias, as quais podem ser proferidas pelo uso das
seguintes técnicas:
b.1) interpretação conforme a Constituição (conhecida, na França,
por “interpretação neutralizante), consistente na ato de “reinterpretar
a norma, recusando-lhe o sentido ou sentidos que conduziriam à sua
inconstitucionalidade e, eventualmente, fixando-lhe um outro compatível
com a Constituição”. 15 Esta técnica decisória fundamenta-se nos princípios
da unidade da ordem jurídica, da supremacia constitucional e da presunção
de constitucionalidade das leis, e encontra limites na letra literal da lei e
na vontade do legislador, constituindo uma subespécie de interpretação
sistemática-teleológica 16. Por fim, a interpretação conforme leva a
uma decisão declaratória de constitucionalidade, ou seja, uma decisão
interpretativa de rejeição, na terminologia italiana.
b.2) Declaração de inconstitucionalidade parcial, relativa à decisão
que considera inconstitucional apenas uma parte do preceito impugnado.
Nessa hipótese, a inconstitucionalidade pode se referir às disposições do
preceito, ou apenas a um período ou frase de seu texto, quando se configura
a inconstitucionalidade parcial “horizontal” ou quantitativa; ou à dimensão
de seu conteúdo dispositivo (a uma “norma” que dele se extrai), verificandose, in casu, a inconstitucionalidade parcial “qualitativa”, “ideal” ou
“vertical”.17
15 José Manuel M. Cardoso da COSTA, A Justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das
16 Cf. Gilmar Ferreira MENDES, Jurisdição Constitucional, 2005, p. 289.
17 José Manuel M.. Cardoso da COSTA (A Justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz
das espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade das normas jurídicas, 1987, p. 08)
explica que a inconstitucionalidade parcial vertical corresponde, formalmente, ao “inverso” da “interpretação
conforme”. Contudo, ambas se assentam numa abordagem metodológica semelhante do preceito questionado,
e são guiadas por idêntica preocupação de afastar os seus possíveis sentidos inconstitucionais: só que, na
“inconstitucionalidade parcial” esse resultado se obtém julgando inconstitucional o preceito “enquanto” ou
“na medida em que” ou “na parte em que” incorpora um certo conteúdo de sentido ou uma certa dimensão
aplicativa. Trata-se das decisões que a doutrina italiana designa como interpretativas de acolhimento (quando
a inconstitucionalidade “parcial” é definida por “reenvio” do dispositivo decisório para os respectivos
“fundamentos”) ou de “acolhimento parcial (quando a correspondente “declaração” consta daquele próprio
dispositivo). No mesmo sentido, aduz José Joaquim Gomes CANOTILHO (2003, p. 1078) que, “se o princípio
da interpretação conforme a constituição obriga o intérprete a escolher, no caso de equivocidade e pluralidade
de sentidos contraditórios, o sentido da lei adequado ao parâmetro constitucional, e se a nulidade parcial implica
restrição da incidência do vício de ilegitimidade constitucional apenas sobre a norma ou normas desconformes
com a Constituição, parece que subjacente a ambos os processos está a idéia de salvar a parte constitucionalmente
99
b.3) decisões apelativas e de mero reconhecimento de inconstitucionalidade,
nestas, a Corte Constitucional “’declara’ a inconstitucionalidade da norma,
mas não liga a essa declaração a da correspondente ‘nulidade’”; naquelas,
“o Tribunal considera que uma lei ou situação jurídica ‘ainda’ não é
inconstitucional, mas liga a essa declaração um ‘apelo’ ao legislador para
modificar essa situação, eventualmente fixando-lhe um prazo para o efeito”.
18
Tais decisões objetivam evitar, de um lado, o caos jurídico ou políticoconstitucional ou o surgimento de uma situação ainda menos compatível
com a Constituição e, por outro, fundam-se na “idéia de preservar a
‘liberdade constitutiva’ do legislador, nomeadamente em situações de
omissão legislativa”. 19
b.4) decisões de complemento da lei e de limitação de âmbito espacial e
temporal, as primeiras, inseridas na jurisprudência austríaca, são “decisões
em que se julga conforme à Constituição uma norma, na medida em
que ela deve considerar-se integrada por certas normas constitucionais
imediatamente aplicáveis; e as segundas referem-se à possibilidade de se
delimitar o âmbito espacial (Tribunal Constitucional espanhol) e “temporal”
dos efeitos da decisão proferida(Tribunal Constitucional português),
tratando-se, na verdade, de decisões de inconstitucionalidade “parcial”
ratione territorii ou ratione temporis.
c) Decisões manipulativas integrativas/aditivas e substitutivas, que
constituem, do ponto de vista estrutural, decisões idênticas às declaratórias
de inconstitucionalidade parcial qualitativa (decisões de “acolhimento
parcial”, na terminologia italiana), contudo, diferem-se por conter um
“específico efeito ‘substancial’ de certas dessas decisões, o qual se traduz
num imediato (‘autoaplicável’) alargamento ou ‘adição’ do regime
contido no preceito julgado parcialmente inconstitucional, ou até na sua
regular da lei.” Há, porém, no ordenamento jurídico português, uma grande diferença entre elas: “a decisão de
inconstitucionalidade parcial tem a força vinculativa geral da decisões de inconstitucionalidade, o que não
acontece com a interpretação conforme”. No Brasil, ambas as decisões possuem força vinculante, por força do
art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99.
18 Pode-se falar também em decisões apelativas noutro sentido, referentes aos casos em que o Tribunal, sob a
forma de uma decisão de inconstitucionalidade (decisão de “acolhimento”, na terminologia italiana), enuncia
também uma série de princípios que uma nova lei com o mesmo objecto deve conter para se conformar
com a Constituição (quando não emite ele mesmo uma normação provisória para substituir a declarada
inconstitucional)” . Tais decisões, sob a ótica do Tribunal Constitucional Espanhol, podem também denominarse de construtivas. (José Manuel M. Cardoso da COSTA, A Justiça constitucional no quadro das funções
do Estado vista à luz das espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade das normas
jurídicas, 1987, p. 09.)
19 José Manuel M.. Cardoso da COSTA, A Justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das
100
‘substituição’ por outro”. Destarte, as sentenças aditivas são aquelas nas
quais há “declaração da inconstitucionalidade de um preceito ‘na parte
em que’ estabelece uma ‘excepção’ ou uma ‘condição’ ou ‘não contempla’
certa situação”, podem ser: genéricas/simples de prestação, quando o
Judiciário cria despesa com o efeito aditivo dado ao dispositivo legal, ou de
garantia, quando este efeito implica a garantia de um direito; de princípio,
na qual a Corte Constitucional indica princípios a serem aplicados para a
reconstrução da parte da norma declarada inconstitucional; de mecanismo,
onde o juiz emite provimento provisório até que o legislador implemente o
direito pleiteado; com ou sem termo, dependendo da fixação de prazo para
a eficácia da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Já as sentenças
substitutivas têm por efeito a declaração da inconstitucionalidade de um
preceito na parte ou na medida em que estabelece um certo regime “antes
que” um outro, de modo que a substituição se dá tendo por parâmetro a rime
obbligate (solução constitucional exigida). 20
José Joaquim Gomes Canotilho, no mesmo sentido, admite a possibilidade de
se adotar certas decisões de “tipo intermédio” e cita como exemplos: a) simples
declaração da incompatibilidade da norma com a constituição sem as conseqüências
jurídicas da nulidade; b) declaração de norma ainda constitucional mas em trânsito
para a inconstitucionalidade (decisões apelativas); c) dissociação temporal entre
a declaração de inconstitucionalidade e sua publicação; ou d) declaração de
inconstitucionalidade com efeito acumulativo (aditivo) ou substitutivo. 21
Importante notar que as decisões intermediárias geram bastante discussão, na
medida em que exigem uma atuação positiva do Tribunal, rompendo com o dogma
da postura de “legislador negativo”. Acerca da postura da Corte Constitucional,
assim aduz Hans Kelsen:
É aqui que aparece a distinção entre a elaboração e a simples anulação das leis.
A anulação das leis se produz essencialmente como aplicação da Constituição. A
livre criação que caracteriza a legislação está aqui quase completamente ausente.
Enquanto o legislador só está preso pela Constituição no que concerne ao seu
procedimento – e, de forma totalmente excepcional, no que concerne ao conteúdo
das leis que deve editar, e mesmo assim, apenas por princípios ou diretivas gerais
–, a atividade do legislador negativo, da jurisdição constitucional, é absolutamente
determinada pela Constituição. E é precisamente nisso que sua função se parece
20 José Manuel M.. Cardoso da COSTA, A Justiça constitucional no quadro das funções do Estado vista à luz das
21 Direito Constitucional, 2003, p. 1076-1077.
101
com a de qualquer outro tribunal em geral: ela é principalmente aplicação e
somente em pequena medida criação do direito. 22
Nas decisões intermediárias e manipulativas, a Corte Constitucional, por
vezes, age como verdadeiro legislador positivo, afastando determinada norma
inconstitucional do preceito e reconstruindo-lhe o sentido por meio da aplicação da
solução constitucional exigida (rime obbligate).
Tais decisões, proferidas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, em sistemas
mistos de controle de constitucionalidade, podem implicar o engessamento da atuação
dos juízes de primeira instância, com a “invasão dos domínios da competência do
juiz ordinário, que haveria de pressupor uma norma legal já reconstruída pelo juiz
constitucional e a ela adequar sua operação aplicadora”. 23
Contudo, conforme será analisado adiante, o fato é que referidas modalidades
decisórias são comumente utilizadas na práxis dos Tribunais Constitucionais e
demonstram a superação do paradigma de que estes têm atuação restrita à de
legislador negativo.
4
MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS NAS DECISÕES INTERMEDIÁRIAS: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
O art. 27, da Lei n. 9.868/99, possibilita a modulação temporal de efeitos das
decisões declaratórias de inconstitucionalidade, ao dispor que:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em
vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
Denota-se, do artigo transcrito, que a modulação temporal de efeitos é medida
excepcional, que exige, para sua incidência, os seguintes requisitos: declaração
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; razões de segurança jurídica ou
de excepcional interesse social; e manifestação favorável de 2/3 dos membros do
Plenário do Tribunal.
22 Jurisdição Constitucional, 2003, p. 153.
23 José Adércio Leite SAMPAIO, As sentenças intermediárias de constitucionalidade e o mito do legislador
negativo, 2004, p. 188.
102
Conforme se denota da classificação do conteúdo das decisões anteriormente
exposta, a decisão que manipula, temporal ou espacialmente, os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade é uma decisão intermediária, na medida em que não pugna
simplesmente pela mera expurgação da norma do meio jurídico, mas autoriza que
seus efeitos vigorem por determinado período ou em certo local
Todavia, questiona-se: A par da disposição do art. 27, da Lei n. 9.868/99,
poderá haver manipulação temporal de efeitos nas demais modalidades de decisões
intermediárias?
Segundo Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo
Gonet Branco, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, o Supremo Tribunal
Federal poderá:
a) declarar a inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito em julgado
da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc);
b) declarar a inconstitucionalidade, com a suspensão dos efeitos por algum
tempo a ser fixado na sentença (declaração de inconstitucionalidade com
efeito pro futuro);
c) declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade,
permitindo que se operem a suspensão de aplicação da lei e dos
processos em curso até que o legislador, dentro de prazo razoável,
venha a se manifestar sobre situação inconstitucional (declaração de
inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade = restrição de efeitos).24
Portanto, as decisões intermediárias de declaração de inconstitucionalidade sem
pronúncia de nulidade, implicam a modulação temporal de efeitos, nos termos do
art. 27, da Lei n. 9.868/99. Outrossim, referidas decisões surtem, segundo Gilmar
Ferreira Mendes, os seguintes efeitos: dever de legislar sobre o assunto; impedem
que os Tribunais, a administração e quaisquer outros órgãos estatais apliquem a
norma inconstitucional a partir da data da decisão; e, nos casos de vácuo legislativo,
autorizam a aplicação da lei inconstitucional como imperativo decorrente da própria
Constituição. 25
Já a interpretação conforme a Constituição consiste em técnica decisória
na qual o Tribunal, diante de preceito polissêmico, declara qual das possíveis
interpretações é compatível com a Lei Fundamental. 26 Portanto, implica declaração
24 Curso de Direito Constitucional, 2008, p. 1268.
25 Jurisdição Constitucional, 2005, pp. 279, 280 e 286.
26 Gilmar Ferreira MENDES, Jurisdição Constitucional, 2005, p. 287.
103
de constitucionalidade da norma, com a ressalva de que seja interpretada de acordo
com a Carta Constitucional.27
Contudo, na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, a interpretação
conforme a Constituição é tratada como declaração de inconstitucionalidade. Nesse
sentido, o seguinte aresto:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO
AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo
Civil, na parte em que ressalva “os advogados que se sujeitam exclusivamente aos
estatutos da OAB” da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação
em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a
regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao
da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar
o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do
artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar
que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados,
com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também
a outros regimes jurídicos. 28
Destarte, na sistemática da jurisprudência do Pretório Excelso, é possível
a manipulação temporal dos efeitos da decisão de interpretação conforme a
Constituição, porquanto esta implica declaração de inconstitucionalidade, atendendo
à exigência do art. 27, da Lei n. 9.868/99.
Em se tratando de declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de
texto (horizontal) e sem redução de texto (vertical), verifica-se que também é cabível
a modulação temporal de efeitos.
Já nas decisões apelativas (Appellentscheidungen), em que o Tribunal se
restringe a exortar o legislador a regulamentar determinada matéria, em virtude de
inadimplemento do dever constitucional de legislar, de mudança de relações fáticas
ou jurídicas ou por “falta de evidência” da ofensa constitucional, não há de se falar
em modulação temporal de efeitos da decisão. Isso porque a própria natureza do
27 Cf. Carlos Alberto Lucio BITTENCOURT, O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis, 1968,
p. 65-96; José Joaquim Gomes CANOTILHO, Direito Constitucional, 2003, p. 1079. No mesmo sentido:
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp 948 / SE, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Relator(a): Min.
MOREIRA ALVES, Julgamento: 27/10/1976, Publicação DJ 18-03-1977 PP-01523 EMENT VOL-01051-01
PP-00006, RTJ VOL-00082-01 PP-00051. Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 28.06.2008.
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2652 / DF, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 08/05/2003, Publicação DJ 14-11-2003 PP-00012 EMENT VOL-0213213 PP-02491
104
apelo ao legislador não coaduna com a previsão de data para que a decisão produza
efeitos, pois não cabe ao Tribunal, sob pena de infração à divisão dos Poderes, fixar
prazo para que o Legislativo atue. 29
Por fim, é preciso avaliar a incidência da manipulação temporal de efeitos
nas decisões aditivas e substitutivas. Com efeito, nas hipóteses de declaração de
inconstitucionalidade com efeito acumulativo (aditivo) ou substitutivo, segundo
José Joaquim Gomes Canotilho, o Tribunal:
(1) alarga o âmbito normativo de um preceito, declarando inconstitucional a
disposição na “parte em que não prevê” certas situações que deveria prever
(sentenças aditivas); (2) declara a inconstitucionalidade de uma norma enquanto,
na parte ou nos limites em que contém uma prescrição em vez de outra (sentença
substitutiva). 30
Da análise de arestos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, denotam-se
casos de sentenças aditivas, como as proferidas na apreciação do RE 173.682/SP, do
RMS 22.307/SC, da ADI 2652/DF e da ADI 3324/DF.
Com efeito, na apreciação do RE 173.682/SP, referida Corte estendeu a aplicação
do § 4º, do art. 40, da Constituição Federal, aos servidores inativos dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, garantindo-lhes reajustes nas mesmas proporções e
datas dos servidor em atividade, in litteris:
29 Contudo, no julgamento da ADI 3682/MT, a Corte Constitucional Brasileira, em sede de ação de
inconstitucionalidade por omissão, proferiu decisão muito próxima do apelo ao legislador do Tribunal
Constitucional Alemão, fixando prazo para a edição de lei complementar. Veja-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. INATIVIDADE DO LEGISLADOR
QUANTO AO DEVER DE ELABORAR A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O § 4O DO ART.
18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL NO
15/1996. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Emenda Constitucional n° 15, que alterou a redação do
§ 4º do art. 18 da Constituição, foi publicada no dia 13 de setembro de 1996. Passados mais de 10 (dez)
anos, não foi editada a lei complementar federal definidora do período dentro do qual poderão tramitar os
procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios. Existência de
notório lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador em relação ao cumprimento de inequívoco
dever constitucional de legislar, decorrente do comando do art. 18, § 4o, da Constituição. 2. (...). 3. A omissão
legislativa em relação à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, acabou dando ensejo à conformação e
à consolidação de estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração
da lei complementar federal. 4. Ação julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontra
o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adote ele todas as providências
legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 18, § 4º, da Constituição,
devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela
omissão. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da
fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal
nas ADI n°s 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus
limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as
realidades desses municípios.
30 Direito Constitucional, 2003, p. 1077.
105
– DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA: PROVENTOS. VANTAGENS
POSTERIORMENTE CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS. EXTENSÃO
AOS INATIVOS. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
E ART. 20 DO ADCT. AUTONOMIA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO E
ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Embora, no R.E., alegue o recorrente a ocorrência de violação ao princípio da
“autonomia municipal”, não indica o dispositivo da Constituição Federal, que teria
sido ofendido, de sorte que o apelo não se mostra adequadamente formalizado,
nesse ponto. 2. De qualquer maneira, se é exato que a Constituição Federal confere
autonomia aos Municípios, nos termos dos artigos 29, 30 e 31, exato também é que
deles exige o cumprimento de seus princípios (art.29). E um desses princípios é
o do art. 40, § 4º, que não se aplica apenas aos servidores públicos federais, mas,
também, aos estaduais e municipais. 3. Não colhe a alegação de que o acórdão
recorrido afrontou o disposto no inciso XXXVI do art. 5º da C.F., segundo o qual “a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” É
que o julgado não se baseou na lei posterior, para reconhecer o direito das autoras,
ora recorridas, mas, sim, no § 4º do art. 40 da Constituição Federal. 4. Estabelece o
§ 4º do art. 40 da C.F.: “Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria, na forma da lei”. 5. A expressão “na forma da lei”, contida
na parte final desse parágrafo, não significa que somente por lei se fará a revisão
ou a extensão, nele referidas, o que retiraria a auto-aplicabilidade da norma
constitucional. Significa, apenas, que somente as modificações na remuneração,
ou a instituição de novos benefícios ou vantagens, efetuadas na forma da lei, é que
se estenderão automaticamente aos inativos. 6. Se dúvida pudesse haver a respeito
da eficácia imediata do disposto no § 4º do art. 40 da parte permanente da C.F., ela
ficou afastada, em face do disposto no art. 20 do ADCT, que até fixou um prazo
de cento e oitenta dias à Administração pública, para seu cumprimento, a saber:
“Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder– se-á à revisão dos direitos dos
servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões
a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.” 7. No caso presente,
se, ao tempo da aposentação das autoras, a lei municipal então vigente admitia o
cômputo de serviço público prestado à União, aos Estados e a outros Municípios e
Autarquias em geral, somente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade (art.
65, inc. I, da Lei Municipal nº 8.989, de 29.10.1979), o certo é que, posteriormente,
a Lei Municipal nº 10.430, de 29.02.1988, no art. 31, veio a admitir o cômputo
do mesmo tempo, integralmente, também para efeitos de adicionais por tempo
de serviço e sexta-parte. 8. Pouco importa que o parágrafo único desse art. 31
tenha estabelecido que tais disposições alcançariam apenas os benefícios ainda
não concedidos, e não teriam efeitos retroativos de qualquer espécie. 9. É que
esse parágrafo não foi recebido pela Constituição Federal de 05.10.1988, em face
do que dispõe no § 4º do art. 40 de sua parte permanente, aplicável a todos os
106
servidores públicos federais, estaduais e municipais, e, também, no artigo 20 do
ADCT. 10. Tais normas já não permitem que vantagens e benefícios instituídos,
para os servidores ativos, deixem de se estender aos aposentados anteriormente, a
menos que, por sua natureza, não lhes sejam extensíveis, como diárias, verba para
mudança, etc. 11. R.E. não conhecido, já que o acórdão recorrido não violou os
princípios constitucionais nele focalizados e deu correta aplicação ao § 4º do art.
40 da C.F. de 1988 e ao art. 20 do ADCT. 12. Decisão unânime. 13. Precedentes
de ambas as Turmas. 31
Já no do RMS 22.307/SC, o Supremo Tribunal Federal, proferindo decisão
aditiva de despesa, com fulcro no art. 37, X e XV, da Constituição Federal, e
por configurar ofensa ao princípio da isonomia, estendeu aos servidores civis
aumento instituído por lei e restrito aos servidores militares. Veja-se a ementa do
referido julgado:
RECURSO ORDINÁRIO – PRAZO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O silêncio da legislação sobre o prazo
referente ao recurso ordinário contra decisões denegatórias de segurança, ou a estas
equivalentes, como é o caso da que tenha implicado a extinção do processo sem
julgamento do mérito – mandado de segurança nº 21.112-1/PR (AGRG), relatado
pelo Ministro Celso de Mello, perante o Plenário, cujo acórdão foi publicado
no Diário da Justiça de 29 de junho de 1990, à página 6.220 – é conducente à
aplicação analógica do artigo 33 da Lei nº 8.038/90. A oportunidade do citado
recurso submete-se à dilação de quinze dias. REVISÃO DE VENCIMENTOS
– ISONOMIA. “A revisão geral de remuneração dos servidores públicos, sem
distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na
mesma data” – inciso X – sendo irredutíveis, sob o ângulo não simplesmente da
forma (valor nominal), mas real (poder aquisitivo) os vencimentos dos servidores
públicos civis e militares – inciso XV, ambos do artigo 37 da Constituição Federal.32
No julgamento da ADI 2652/DF, já citada anteriormente, o Pretório Excelso
considerou inconstitucional a parte do parágrafo único, do art. 14, do Código de
Processo Civil, que excluía os Advogados Públicos de sua incidência, proferindo típica
sentença aditiva para que fossem incluídos na disciplina deste dispositivo legal.
Por fim, na ADI 3324/DF, a Suprema Corte Brasileira, proferindo sentença
aditiva, inseriu condição consistente na congeneridade de instituições de ensino
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 173682/SP, Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA , Relator(a): Min.
SYDNEY SANCHES, Julgamento: 22/10/1996, Publicação DJ 19-12-1996 PP-51791 EMENT VOL-01855-06
PP-01104. Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 10.06.2008.
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS 22307/DF,Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Julgamento: 19/02/1997, Publicação DJ 13-06-1997 PP-26722 EMENT VOL-01873-03
PP-00458 RTJ VOL-00163-01 PP-00. Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 20.07.2008.
107
superior, para possibilitar a transferência de alunos, nos casos de transferência
compulsória de servidor público, nos termos do art. 1º, da Lei n. 9.536/97, in verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPRETAÇÃO
CONFORME A CONSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível,
juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade,
pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre
conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de
inconstitucionalidade. UNIVERSIDADE – TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA
DE ALUNO – LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº
9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da
natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade
das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para pública -,
mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem – de privada
para pública. 33
Nos casos de decisões aditivas e substitutivas, como há, em tese, a declaração de
inconstitucionalidade de parte do preceito e sua complementação pela interpretação
do Tribunal ou aplicação de um princípio constitucional, é possível a manipulação
temporal de efeitos.
Contudo, nem sempre os efeitos prospectivos serão aplicados livres de distorções.
Isso porque, exemplificativamente, a atribuição de efeitos ex nunc, em casos como o
do RMS 22.307/SC, poderia causar profundos prejuízos aos servidores civis, já uma
vez prejudicados pela edição de norma incompatível com o princípio da isonomia de
ofensiva da Carta Constitucional. Contudo, de outro enfoque, a mera proferição com
efeito ex tucn desse tipo decisório pode gerar grandes despesas para as finanças dos
entes federativos, sem qualquer previsão orçamentária autorizadora.
Por fim, incumbe salientar que a manipulação temporal de efeitos da declaração
de inconstitucionalidade, seja em sede de decisões simples, intermediárias ou
manipulativas, é medida excepcional, que deve ser utilizada com cautela.
Nesse sentido, o Pretório Excelso não admite que sejam dados efeitos prospectivos
à decisão que declara a inconstitucionalidade de lei instituidora de tributo, como
forma de não-incentivo à produção de leis manifestamente inconstitucionais que
repercutam na esfera patrimonial dos indivíduos e promovam o enriquecimento sem
causa do Estado, in litteris:
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3324/DF, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Julgamento: 16/12/2004, Publicação DJ 05-08-2005 PP-00005 EMENT VOL-0219901 PP-00140 RIP v. 6, n. 32, 2005, p. 279-299 RDDP n. 32, 2005, p. 122-137 RDDP n. 31, 2005, p. 212-213.
Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 20.07.2008.
108
TRIBUTO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
– EFICÁCIA PROSPECTIVA – INADEQUAÇÃO. A fixação de efeito prospectivo
a decisão no sentido da glosa de tributo disciplinado em norma não compatível
com a Constituição implica estímulo à edição de leis à margem da Carta da
República, visando à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte do
Estado – gênero -, em detrimento dos contribuintes no que já arcam com grande
carga tributária. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. 34
Do exposto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal adota com freqüência
modus decidendi intermediário, afastando declaração pura e simples de (in)
constitucionalidade da lei ou ato normativo. Outrossim, pode haver modulação
temporal de efeitos nesses tipos decisórios, desde que respeitadas as exigências
constantes do art. 27, da Lei n. 9.868/99 e mediante exercício de prudência por parte
do membros do Supremo Tribunal Federal.
5
O controle de constitucionalidade é instrumento crucial para a garantia da
supremacia da Constituição no Estado Democrático de Direito brasileiro, sendo
adotado, no país, sistema misto de aferição de compatibilidade das leis e atos e atos
normativos com a Lex Mater.
A fiscalização de constitucionalidade, até algumas décadas, ocorria baseada
no binômio constitucionalidade/inconstitucionalidade. Todavia, devido aos
efeitos drásticos de expurgação da norma do ordenamento jurídico decorrente do
reconhecimento da incompatibilidade do ato com a Constituição, desenvolveram-se
técnicas de decisões intermediárias, que visam à preservação da norma, atribuindolhe sentido constitucional.
Nesse sentido, pode-se falar na existência de decisões de inconstitucionalidade
parcial vertical e horizontal, de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia
de nulidade, de apelo ao legislador, de interpretação conforme a Constituição e de
decisões aditivas e substitutivas.
34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI-AgR 531125 / RJ, Órgão Julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Julgamento: 15/04/2008, Publicação DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-052008 EMENT VOL-02320-05 PP-0091. Disponível em: HTTP://www.stf.gov.br. Acesso em 20.07.2008.
109
Essas técnicas decisórias têm, em comum, o caractere de que reconhecem a
inconstitucionalidade de parte da norma, mas a preservam por meio da atribuição
de sentido compatível com o texto constitucional. Contudo, conforme demonstrado
alhures, surtem efeitos diferentes, excluindo, em alguns casos, mesmo a sanção de
nulidade da norma declarada inconstitucional.
Da análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verificou-se que tais
modalidades decisórias são, apesar de que algumas não reconhecidas expressamente,
são adotadas na práxis desta Corte.
Ademais, constatou-se que as decisões intermediárias são compatíveis com a
modulação temporal de efeitos, desde que respeitadas as exigências constantes do
art. 27, da Lei n. 9.868/99 e mediante exercício de prudência por parte dos membros
do Pretório Excelso.
De fato, a atuação do Tribunal Constitucional como legislador negativo é
um mito e, na atualidade, exige-se, pelo contrário, que o Judiciário, no exercício
da guarda da Constituição, contribua para a manutenção da forma normativa da
Constituição e para sua adequação à realidade social.
Nesse sentido, Edilson Pereira Nobre Júnior salienta que se tornou incontestável
a incumbência do juiz de renovar o sistema jurídico, “seja pela natural falibilidade do
legislador em disciplinar todas as relações da cada vez mais complexa vida gregária,
seja pela singularidade de que o texto legal deva ser interpretado em atenção às
transformadoras reações ocorridas no meio social”. 35
Referências
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materiais e princípios processuais. São Paulo: Saraiva, 2004.
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br. Acesso em 20.07.2008.
35 Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo in Revista de Informação Legislativa, 2006, p. 115.
110
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3682/MT, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 09/05/2007, Publicação DJe-096
DIVULG 05-09-2007 PUBLIC 06-09-2007 DJ 06-09-2007 PP-00037 EMENT VOL02288-02 PP-00277. Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 20.07.2008.
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Pleno, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 20/06/2007, Publicação
DJe-092 DIVULG 30-08-2007 PUBLIC 31-08-2007 DJ 31-08-2007 PP-00029 EMENT
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Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 15/04/2008, Publicação DJe092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-05 PP-0091.
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112
SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
E RAIMUNDO FAORO: DOIS CLÁSSICOS DO
PENSAMENTO NACIONAL
Leila Borges Dias Santos1
1
INTRODUÇÃO
Para compreender a realidade brasileira e as causas da miserabilidade,
desigualdade, corrupção e concentração de renda, os estudos de Sérgio
Buarque de Holanda e de Raimundo Faoro auxiliam no esclarecimento da
peculiaridade do capitalismo periférico no Brasil.
O ensaio intitulado Raízes do Brasil, publicado em 1936, inseriu Holanda
na categoria de formulador da história social local. Nesse trabalho, é encontrada
a noção de homem cordial, traço formador do caráter nacional, nela haveria
a necessidade de estabelecer familiaridade em todas as situações, deixando
clara a dificuldade em travar relações impessoais e abstratas características
do capitalismo moderno, além do rechaço ao espírito de associação e à noção
de coletividade.
A cordialidade seria herança do personalismo português e do ambiente
patriarcal e rural do Brasil colônia, que, após o gradual processo de urbanização
pelo qual passou, teria se enfraquecido, mas seria ainda presente. Não se deve,
porém, supor que a cordialidade encerra apenas aspectos negativos. Na visão
de Holanda, a mesma corresponde a uma contribuição original do Brasil às
relações humanas.
Já em Os Donos do Poder, obra publicada por Raimundo Faoro em 1958, destacase a análise do patrimonialismo. A obra trata da evolução política portuguesa e seu
reflexo no processo congênere brasileiro, desde D. João I até Getúlio Vargas. Faoro
vasculhou os primórdios da mistura entre as esferas pública e privada existentes na
política brasileira, para entendê-la.
1
Doutora em Sociologia pela UnB e professora adjunta da Universidade Federal de Goiás.
113
Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro: dois clássicos do pensamento nacional
Considerando Portugal um Estado patrimonial e não feudal, o autor apontou
a origem deste processo no centralismo político português. Concentrando em suas
mãos tanto as rédeas políticas quanto econômicas, o monarca português teria agido
como se fosse de sua absoluta propriedade toda a riqueza do país, reduzindo a
sociedade à condição de súdita a serviço da corte. Portugal teria se mantido aquém
das transformações empreendidas pelas burguesias de outros países europeus.
O personalismo e a apropriação do público como se fosse privado foram a maior
herança deixada por Portugal no âmbito da política.
No presente artigo, portanto, apresento a perspectiva dos dois autores brasileiros.
Em cada um, encontram-se distintas interpretações da realidade nacional, mas, em
seu conjunto, percebe-se um perfil esclarecedor a respeito do passado brasileiro.
2
A INTERPRETAÇÃO DE SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
SOBRE AS ORIGENS SOCIAIS BRASILEIRAS
Imbuído do espírito modernista que envolvia a intelectualidade da época e
ainda sentindo a presença de cores vivas e originais da Semana de Arte Moderna
de 1922, Holanda não fugiu ao movimento moderno de valorização das origens e
peculiaridades nacionais.
O Brasil, sociedade advinda da miscigenação étnica e cultural, fruto da
colonização lusa, foi o alvo de sua dedicação intelectual. O destaque de elementos
formadores da visão de mundo, os valores e a maneira de encarar a vida, fazem
parte de sua análise. Ele intentava “determinar os obstáculos que se colocam no
caminho da modernização brasileira e que comprometem as possibilidades da
democracia no país” (Esteves, 1998, p. 97), além de “compreender a sociedade
brasileira a partir da questão da existência ou não de um tipo próprio de cultura.”
(Avelino Filho, 1990, p. 6)
O autor de Raízes do Brasil, de influência weberiana, criou um tipo ideal próprio
– o homem cordial – o que permitiu reconstituir a forma do brasileiro lidar com as
instituições políticas, bem como as relações hierárquicas, religiosas e pessoais. Seu
surgimento adviria do caráter expansionista de Portugal, e numa sociedade de frágeis
relações hierárquicas, ou como disse o próprio autor; “terra de barões”, Portugal –
primeiro país a se tornar Estado moderno na Europa do século XIII, tendo passado
por uma unificação sob mãos burguesas sem grandes dissensões sociais -, não sofreu
rupturas na mentalidade medieval vigente. A burguesia que ascendia lá, não careceu
da imposição de uma nova visão de mundo para se estabelecer, “procurou antes
associar-se às antigas classes dirigentes, assimilar muitos dos seus princípios, guiarse pela tradição, mais do que pela razão fria e calculista.” (Holanda, 1997, p. 36)
114
A “tendência para o nivelamento das classes” forjariam valores característicos
de nobres, e não de burgueses. Tal postura levaria a “valores (...) universais e
permanentes.” (Holanda, 1997, p. 37)
Nasce desta flexibilidade social, o personalismo, de caráter individual, autosuficiente e de conquistas aventurosas, associado à desvalorização de atividades que
exigissem esforço metódico de resultados a médio ou longo prazo. A solidariedade
dar-se-ia no nível afetivo entre amigos ou familiares, daí a origem do homem cordial.
Sendo ele fruto da união entre a cultura personalista da fidalguia portuguesa e
da “socialização nos meios rurais e patriarcais” presentes na colonização brasileira.
(Avelino Filho, 1987, p. 37). Tal tipo se manifestaria como uma maneira peculiar de
se relacionar com os demais indivíduos. Ele é
a síntese de todo esse processo. A herança ibérica, específica dentro da Europa,
consegue manter-se estruturada enquanto visão de mundo, passando ao largo das
grandes transformações que abalaram a sociedade européia, como a Reforma
protestante e as revoluções científicas, e apontaram para o caminho de uma maior
racionalização das relações sociais. Tal caminho é francamente distinto daquele
trilhado pela cultura da personalidade. (Avelino Filho, 1990, p. 7)
Nas relações que deveriam ser impessoais, pois desprovidas de elementos
familiares e emotivos, habitariam os laços baseados na afetividade. Essa é a postura
assumida pelo homem cordial.
Escrito por Antonio Candido, o prefácio destaca, na análise de Holanda, os
conceitos polares utilizados pelo autor para desenvolver sua análise. Dos pólos
contrários como “Trabalho e aventura; método e capricho; rural e urbano; burocracia
e caudilhismo; norma impessoal e impulso afetivo – são pares que o autor destaca
no modo-de-ser ou na estrutura social e política, para analisar e compreender os
brasileiros.” (Holanda, 1997, p. 13). Há, ainda, que se destacar a existência de dois
tipos de ética que auxiliam na compreensão do desenvolvimento das sociedades: da
aventura e do trabalho.
Os dois conceitos nos ajudam a situar melhor e a ordenar nosso conhecimento dos
homens e dos conjuntos sociais. E é precisamente nessa extensão superindividual
que eles assumem importância inestimável para o estudo da formação e evolução
das sociedades. (Holanda, 1997, p. 45)
A própria colonização do Brasil comprovou a presença da ética da aventura.
O espírito conquistador dos portugueses foi o impulso inicial para a ocupação. As
dimensões continentais, o clima, a fauna e flora brasileiros, muito contrastavam com
o velho mundo, dificultando a atuação colonizadora. Entretanto, tais adversidades não
115
foram suficientes para impedir o advento da conquista. Fruto da civilização ibérica, o
Brasil foi construído por aventureiros conquistadores adeptos do espírito cruzadístico
luso. Se dependesse, então, apenas da ética metódica do tipo trabalhador, talvez o
Brasil não fosse este enorme território e não tivesse uma cultura tão rica e original
com as mais variadas matizes regionais. Advinda da ética da aventura, a plasticidade
dos portugueses constituiu-se na capacidade de adaptação às condições inóspitas que
lhes foram apresentadas. Já que buscava resultados a curto prazo, arriscando-se por
própria conta e risco. Tal plasticidade convergia com o tipo de economia desenvolvida
no Brasil, caracterizado pelo latifúndio e pela mão-de-obra escravista e monocultura.
Atividades essas, denominadas por Sérgio Buarque de Holanda como “feitorização”.
Colonização envolveria projeto, o que não se encaixa com o espírito de fidalguia do
português. (Esteves, 1998, p. 96). Ou seja, a plasticidade se caracterizaria como a
capacidade de adaptação e identificação com a nova terra e seus nativos, de forma
a pouco interferir em seu cotidiano e ser capaz de repetir sua rotina. Foi esta
capacidade plástica a razão de seu sucesso frente a um meio rural desconhecido,
e teria sido a ausência desta capacidade o motivo do fracasso da tentativa de
colonização holandesa no Nordeste. (Avelino Filho, 1990, p. 6)
Paradoxalmente, a postura indômita do aventureiro gerou a total renúncia
do próprio personalismo, devido à obediência cega às instituições que lhe são
coercitivas e das quais ele não contribuiu para sua consecução. Daí, a exterioridade
da relação que apenas reconhecia a autoridade imposta e externa ao indivíduo. Sendo
essa a “única alternativa para os que não concebem disciplina baseada nos vínculos
consentidos, nascida em geral da tarefa executada com senso do dever.” (Holanda,
1997, p. 14). Ou seja, “A vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens sãolhes igualmente peculiares (aos ibéricos).
As ditaduras do Santo Ofício parecem constituir formas tão típicas de seu
caráter como a inclinação à anarquia e à desordem.” (Holanda, 1997, p. 39). Enfim,
o casamento entre personalismo tradicional caráter expansionista e latifúndio
escravista legaram-nos “um cenário basicamente rural, de propriedades relativamente
autárquicas, governadas de forma imperial por seus respectivos proprietários.”
(Esteves, 1998, p. 96)
A influência da família patriarcal se refletiu na estrutura política e administrativa
brasileira, por extensão, palcos rurais do grande proprietário. Prova disso, teria sido
a prática de relações afetivas e de comportamento, transpostas do ambiente familiar
para o ambiente público. Verificou-se, nesse processo, “padrões de relacionamento
tipicamente privados (...) e avessos a qualquer tipo de abstração por meio de normas
racionais e impessoais.” (Esteves, 1998, p. 96)
116
O que remete a aversão da ética católica às relações impessoais e abstratas do
capitalismo. Neste sentido, convergem o homem cordial e a ética católica. Ambos não
sustentam a impessoalidade do capitalismo, apontando a tendência ao imobilismo
português, apegado às relações anteriores à modernidade. Que, por sua vez, remete
à postura relativamente inovadora da ascendente burguesia lusa que levou Portugal
à unificação territorial após a Revolução de Avis. É perceptível como os processos
históricos mantêm elementos explicativos presentes nos valores de uma sociedade
através dos tempos.
A sociedade produzida teria dois elementos basilares formados no passado
colonial: o ruralismo e o patriarcalismo. A família patriarcal, modelo de organização
social utilizou da mão-de-obra escrava. A divisão social entre senhores e escravos
sedimentou, também, a organização política e administrativa que obstaculizou
qualquer forma de associação e organização tendente à construção democrática.
Formas de poder extraídas do patriarcalismo geraram o patrimonialismo,
o nepotismo e o paternalismo assistencialista e clientelista do caudilhismo. Tal
processo foi o resultado da “incapacidade de abstração, discriminação e planejamento
(...) numa sociedade desorganizada, agitada apenas por pendências entre facções e
famílias.” (Avelino Filho, 1990, p. 6)
A família inserida no ambiente agrário, dirigida pela figura do patriarca
latifundiário e escravista, desenvolveu um tipo de obediência cega. Entre os indivíduos
e a autoridade, nascia, então, uma relação hierárquica e autoritária semelhante a
relação entre o Estado e seus comandados. A única autoridade reconhecida advinha
do seio familiar agrário, legitimada pelas relações de poder patriarcais.
Tendo a relação familiar – e não o Estado – como base de formação de nossas
instituições, Holanda construiu, em Raízes do Brasil, o tipo de racionalidade, aqui,
desenvolvido. Segundo ele, “Só pela transgressão da ordem familiar e doméstica é
que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão... e responsável, ante as
leis da Cidade”. (Holanda, 1997, p. 141). O homem cordial teria, assim, dificuldades
de se adaptar ao processo de racionalização característico do desenvolvimento
capitalista.
Como observa Avelino Filho (1990, p. 5), em sociedades estruturadas na família
patriarcal, a transição para uma sociedade moderna baseada na civilidade, “expressão
de sociabilidade em sociedades urbanas e modernas” fica em muito prejudicada, pois
o individualismo e a competição não se manifestarão como regra, devido a nossa
constituição social sustentada no “tipo primitivo de família patriarcal”. (Holanda,
1997, p. 145)
Foi a família o elemento fundador das relações sociais, sendo que “as relações
que se criam na vida doméstica sempre forneceram o modelo obrigatório de
117
qualquer composição social entre nós”. (Holanda, 1995, p. 146). O brasileiro,
homem cordial, é o inverso do protestante ascético, assemelhando-se ao confuciano,
devido à determinação externa e tradicional de comportamento que levaria a uma
maior adaptação ao mundo. No modelo confuciano, a ação é ritualizada de fora para
dentro: normas ritualizadas de comportamento induzidas socialmente se contrapõe
à ética de dentro para fora: o imperativo ético é imposto à consciência individual
do protestantismo.
Devido à sua emotividade, o homem cordial jamais se sentirá sozinho,
individualizado, como que dominado por regras abstratas e impessoais dentro da
sociedade. “Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada vez
mais, à parcela social”. Tamanha a sua “aversão ao ritualismo social”. (Holanda, 1997,
p. 147). Tenderíamos a um profundo sentimento e necessidade de contato pessoal
mesmo em relações hierárquicas. O contato impessoal e absolutamente profissional
nos causaria desconforto. Seria uma herança portuguesa o apego a “títulos e sinais de
reverência”. Nossa ética seria de “fundo emotivo”. Facilmente percebido em nossa
relação com o catolicismo que promove intimidade com os santos.
Um bom exemplo seria o da apropriação do nome de Santa Teresa, que passou a
ser Santa Terezinha, como se rompêssemos qualquer barreira com o transcendental.
Trata-se, então, de uma ligação religiosa amável e quase fraternal, diminuidora das
distâncias. A origem desse tipo de relação é observada por ele com a decadência da
religião palaciana e individual, que daria início a um sentimento singelo, doméstico
e familiar.
Essa postura se estenderia às demais relações entre as pessoas. Caracterizou,
assim, o traço mais específico do espírito brasileiro – fugir das distâncias, mesmo nas
relações que, em regra, não seriam em nada pessoais. “No Brasil é precisamente o
rigorismo do rito que se afrouxa e humaniza”. (Holanda, 1997, p. 149). Tal frouxidão
do rito impediria a existência de um sentimento mais profundo e consciente. “O
nosso culto sem obrigações e sem rigor, intimista e familiar... que dispensava do fiel
todo o esforço... toda tirania sobre si mesmo” foi “o que corrompeu pela base o nosso
sentimento religioso.” (Holanda, 1997, p. 150).
Teríamos, assim, uma religiosidade “de superfície”, que teria se apegado a
festejos e pompas das cerimônias. A efetiva moral social se relativizaria, assim como
a ordem imposta ao mundo e às suas relações. Sérgio Buarque de Holanda descreveu
essa atitude como desprovida de razão e cheia de sentimentos.
A herança católica teria se feito presente nessas atitudes. E, se atentarmos ao seu
desejo de reconquista espiritual refletida na “exaltação dos valores cordiais” (Holanda,
1997, p. 151), obteríamos um componente tradicional apegado às regras pessoais e
emotivas, o que configuraria um impeditivo ao avanço de práticas capitalistas.
118
Entretanto, a cordialidade passou por um gradual processo de esmaecimento a
partir de 1888. A Abolição da escravatura, uma das principais bases de sustentação de
seu universo agrário e personalista, resultou na urbanização do país. Com a utilização
da mão-de-obra assalariada, a sociedade e as relações econômicas se tornam mais
complexas. Nesse processo, as camadas médias urbanas podem ser um bom exemplo
de ruptura da dicotomia social entre senhores e escravos. Ainda, assim, mantiveramse os valores da cordialidade. Pelo fato de permanecerem os mesmos atores políticos
do cenário anterior. Foram eles os que lideraram a marcha política.
“À desagregação dos pressupostos sociais da herança ibérica não correspondia
uma nova mentalidade capaz de impulsionar definitivamente o novo sistema. (...) as
mudanças naquela estrutura condenavam o antigo tipo de sociabilidade sem lograr
substituí-lo” (Avelino Filho, 1990, p. 8)
O que substituiu, mesmo que parcialmente, o homem cordial, e qual a sua
contribuição no processo de modernização do país? Holanda e Avelino se questionam
sobre esta figura que ainda não foi construída para sintetizar este novo personagem
que representaria o perfil nacional. Após o processo de urbanização e industrialização
brasileiros, o enfraquecimento do ruralismo e do legado ibérico à nossa sociedade, a
civilidade se tornou mais presente.
Porém, olhando para o passado e para o presente, ainda se pode ver a permanência
da figura do homem cordial. Ele ainda não desapareceu. Tampouco tem de
desaparecer. Holanda critica a noção de único modelo de sociedade moderna e atenta
para a valorização da cordialidade. Neste sentido, indaga sobre a sua contribuição
na formação de uma sociedade mais moderna e democrática. A valorização da
cordialidade como veículo de conquista de uma efetiva sociedade democrática e
moderna, faz-se-ia urgente. Seria a proposta viabilizadora da convergência entre o
Brasil legal e o real. O que seria possível por meio da descoberta e da valorização do
passado. Claro que com visão crítica e progressista.
Se nos convencermos de que a única forma de emancipação possível da
herança antidemocrática é construirmos uma sociedade com os valores advindos da
civilidade, então criaríamos uma sociedade bem resolvida, ciente de sua identidade,
detentora de uma proposta original e bem sucedida.
A civilidade é componente do processo de racionalização ou Gaiola de Ferro
de Max Weber, das relações sociais. A cordialidade seria um antídoto para a crueza
fria e metálica da racionalização. Um componente mais humano, já que constituído
de afetividade. O desencantamento do mundo proveniente da racionalização,
da qual a civilidade faz parte, apresenta-se no Brasil com um colorido mais
ameno, humanizado.
119
“A cordialidade, enquanto manifestação de nossa ‘verdadeira realidade’, coloca
a possibilidade de uma alternativa em relação ao processo clássico de racionalização
/ impessoalização sofrido pelas culturas européias.” (Avelino, 1990, p. 9)
O modelo importado tal qual ele se desenvolveu na Europa, não caberia no
Brasil. Deveria haver caminho e modelo de desenvolvimento próprios, coerentes
com o passado para que sejam viáveis no presente e no futuro. O aproveitamento da
cordialidade (herança ibérica e do ruralismo colonial) seria a mediação efetiva do
processo de modernização brasileira. E se diferente for, configuraria o que Holanda
chamava de proposta intelectualista. Ou seja, diversa da realidade, incoerente, rica
em formas e vazia em conteúdo. Amante do diletantismo e avessa à profundidade –
anti-científica e não-utilitarista.
Paulo L. M. L. Esteves (1998, p. 104), observa na crítica ao modelo único de
modernidade elaborada por Holanda que no Brasil as tentativas de modernização e
democratização nunca foram populares. Desenvolvidas por intelectualistas, sempre
foram incoerentes e impostas “de cima para baixo”, visando a modificação da
“feição social” os reformadores brasileiros, que possuiriam “apenas modelos legais,
extraídos de seus manuais”.
Para Holanda um projeto de modernidade realizável depende desta convergência
entre o Brasil real e o legal. Há que se buscar a coerência neste projeto através do
passado, e não por meio de modelos importados. Porém, Raízes do Brasil não estabelece
um fecho na proposta que instaura. Já, na observação de Esteves, com a qual concordo,
é a de que “ainda assim, é possível perceber uma preocupação que atravessa toda a
obra: qualquer que seja o caminho da modernização, este, para ter sucesso, deve levar
em conta os aspectos particulares da tradição.” (Esteves, 1998, p. 105)
Segundo George Avelino Filho, em Raízes do Brasil são destacadas tanto
a deterioração da cordialidade quanto sinais de sua sobrevivência. Mescla de
cordialidade (herança) e civilidade (em construção), tal processo não é para Holanda
uma derrota, pois pode produzir “as mais diversas formas sociais e políticas”. Sérgio
Buarque de Holanda procura o equilíbrio entre ambas, “possível entre as duas tradições
éticas (...) entre o caráter abstrato regulamentado da prática democrática, aquele
mínimo de impessoalidade necessário, e a garantia da expressão da espontaneidade
nacional (Esteves, 1998, p. 105)
A cordialidade é o vínculo entre o indivíduo, valores e códigos de conduta
existentes na sociedade da qual ele nasceu. Mas, como lembra Paulo L. M. L. Esteves
(1998, p. 106), este elo não é o único. Aos valores, à cultura, agregam-se as relações
de trabalho e “as mais diversas formas de convívio social”, projetando a coerência
entre o Brasil legal e o real. Conferindo, a partir desse processo, uma “reconciliação
com o passado, com a tradição e não, a sua negação”.
120
A proposta inaugurada por Holanda, mesmo sem um fecho que a conclua, é para
Paulo L. M. L. Esteves contribuição valiosa rumo à construção própria de modelo de
sociedade. Já, para George Avelino Filho, constitui-se em proposta ambígua, pois o
próprio homem cordial seria, para ele, conceito ambíguo e incompleto.
Discordo da opinião de George Avelino Filho, pois sendo um tipo ideal e uma
categoria teórica, como poderia o homem cordial de Holanda abranger toda uma
realidade social? Por mais interessante que seja, nenhuma análise se presta a isso. A
ausência de desfecho na proposta de modernização aberta por Sérgio B. Holanda em
nada lhe diminuiu o brilhantismo. O homem cordial serviu e serve para identificar
parte da mentalidade e comportamento do homem brasileiro. Por outro lado, concordo
com a necessidade atentada por George Avelino Filho (1990, p. 26) de confrontar o
Brasil com sua própria modernidade, no sentido de que não há como negligenciar
esse passado, nossas peculiaridades, integrando-as ao moderno e ao universal. Pois
“é nítido que não caminharemos apenas com a cordialidade e com o espírito do précapitalismo, mas que não chegaremos a parte alguma sem considerá-los.”
O que se observa no artigo de Avelino Filho (1990, p.13) é “um amalgamento
entre a cordialidade e as instituições liberais” levando “a uma utilização bizarra
destas últimas.” Não teria havido, até hoje, tradição democrática. E se não a
possuímos, “o que significa esta idéia de cultura democrática? Em termos abstratos
ela pressuporia a existência histórica da civilidade e do processo de racionalização
que lhe é característico.”
Não haveria no Brasil a existência histórica da civilidade. Mas se isto for
encarado como um obstáculo intransponível, não se chegaria a lugar nenhum. Não
existe linearidade no desenvolvimento das sociedades. Afirmar isso seria concordar
com a imposição de um modelo único, sendo o mundo, porém, caracterizado pela
diversidade.
A proposta de Holanda em construir uma sociedade democrática, não representa
a substituição da cordialidade pela civilidade, muito menos “um equívoco
intelectualista” como o afirmou George Avelino Filho.
Assim como civilidade e cordialidade são originários de processos distintos,
a urbanização não matou a cordialidade do brasileiro, pois “não determinava a
hegemonia da civilidade entre nós.” (Avelino, 1990, p. 13)
Esta é a prova de que não é possível àquela a imposição de um modelo único.
George Avelino Filho afirma que não se trata de equilibrar cordialidade e civilidade.
Nisso constitui-se Raízes do Brasil. Aponta, ainda, “o caráter aberto da obra, onde a
realidade é produto de uma tensão entre os dois conceitos. Evitar o intelectualismo
é apreender como esse processo vai se resolvendo, de maneira diversa, na vida
prática.” (Avelino, 1990, p. 13). Se dependesse disso a contribuição da cordialidade
121
para a modernização, não se sabe. Mas é um primeiro passo, uma luz que entrecorta
a esfumaçada tentativa de desvendar a realidade, apontando alternativas viáveis.
Pois, ainda, não se efetivou a proposta em aberto de Holanda.
3
RAIMUNDO FAORO E O PATRIMONIALISMO
Mas para entender o patrimonialismo existente no Brasil, há que se buscar suas
origens em Portugal, pois o mesmo determinou uma ordenação “peculiar, relações
bastante específicas entre homem e poder. Ao patrimonialismo se atrelaria uma
ordem burocrática, que superpunha o soberano ao cidadão, numa relação semelhante
à existente entre chefe e funcionário.” (Mota (org). Souza, 1999, p. 337)
A obra de Raimundo Faoro em questão, Os donos do poder, foi comentada por
Laura de Mello e Souza em Introdução ao Brasil: um banquete no trópico. A autora
afirma que para entender melhor o que seja patrimonialismo, faz-se necessário
conhecer o conceito de estamento, que é o grupo formador do patrimonialismo.
Esse grupo não se constituiria em classe social. “A diferença entre um e outro
reside no fato de” a classe social “ser determinada economicamente, enquanto”
estamento é “uma camada social: ‘os estamentos governam, as classes negociam’ ”,
afirma Laura de M. e Souza, citando Faoro.
A peculiaridade maior do estamento é que o mesmo faz parte de um grupo
“qualificado para o exercício do poder – e que se caracteriza pelo desejo de prestígio
e honra social.” Sendo próprio de sociedades de tipo feudal ou patrimonial, este
último, o caso de Portugal. “Contudo, encontra-se também, de forma residual, nas
sociedades capitalistas. Representa um freio conservador, voltado para si mesmo
e preocupado em assegurar as bases do poder ”. (Mota (org.) Souza, 1999, p. 338)
É esta a preocupação deste sub-título: apresentar de maneira mais próxima
à realidade, a noção de patrimonialismo em seu contexto histórico. No caso, seu
desenvolvimento desde os princípios do Estado português, até os dias de hoje, no
Brasil. Importante lembrar que se trata de uma análise que não se pormenoriza
historicamente, trata-se de uma questão conceitual.
Faoro, no prefácio da segunda edição, afirma que sua obra permeou conceitos
como “patrimonialismo, estamento e feudalismo”. E que, o mais importante, “este
livro não segue, apesar de seu próximo parentesco, a linha de pensamento de Max
Weber. Não raro, as sugestões weberianas seguem outro rumo, com novo conteúdo e
diverso colorido.” (Faoro, 1991, XI)
O que não significa que Faoro não tenha sido influenciado pelo pensador
alemão. Ele seguiu rumos diferentes. Entretanto, a influência é visível. Pois sua
122
análise assemelha ao tipo de compreensão weberiana. Ele se utiliza de conceitos
que também foram desenvolvidos pelo estudioso de Erfurt. Além de relacionar o
processo de evolução português com a presença influente da Igreja Católica no país.
Ou seja, sua abordagem também envolve a importância dos valores nos destinos
de uma dada sociedade, bem como a importância de analisar a “concepção religiosa
do mundo, (...) de uma atitude com relação à existência por parte dos homens que
interpretavam sua situação a partir de certas crenças.” (Aron, 1995, p. 502)
A contribuição de Max Weber na leitura que fez, por exemplo, da relação de
afinidade entre o espírito do capitalismo e a ética protestante,
torna inteligível o modo como uma forma de conceber o mundo pode orientar a
ação. O estudo de Weber permite compreender de forma positiva e científica a
influência dos valores e das crenças nas condutas humanas. Mostra a maneira como
opera, através da história, a causalidade das idéias religiosas. (Aron, 1995, 502)
Para melhor esclarecer o assunto, faz-se necessária a apresentação de conceitos
como estamento, classe social e casta.
Segundo o Dicionário de Sociologia Globo (1977, p. 122-123), estamento é
menos fechado que a casta, sendo menos segregado que aquela. Existe também
no estamento, o ideal muito forte de honra, o que determina o “modo de viver
materialmente, mas também a admissibilidade de certas atividades, assim como a
maneira de exercê-las.”
O estamento permite, além disso, a mobilidade social, o que não ocorre na
casta, que se caracteriza por ser “hereditária e endógama, cujos membros pertencem
à mesma raça, etnia, profissão ou religião. (...) Ao contrário da classe social, a casta
é uma camada social fechada (...) com pouca ou nenhuma comunicação com outros
grupos.” (Dicionário de Sociologia Globo 1977, p. 59)
A classe social não é hereditária e possui mobilidade. Seus integrantes são
considerados “socialmente iguais em virtude de semelhanças de nível econômico,
profissional e educacional, e ainda atitudes morais, afiliação política e religiosa, (...)
qualidade e quantidade de consumo simbólico (...) são permeáveis”. (Dicionário
de Sociologia Globo 1977, p. 66). Importante também ressaltar, mesmo que em
breves palavras, as noções de tipos (ideais) de poder desenvolvidos por Weber,
quais sejam: o Poder Legal, o Poder Tradicional e o Poder Carismático. No caso,
apenas os dois primeiros nos interessam. O Poder Legal vincula-se à sociedade
moderna, e é fundamentado na legitimidade de aspectos jurídicos que garantem a
função do detentor do poder. Sua forma de efetivação é a administração advinda
da burocracia. Seus cargos advêm do arcabouço hierárquico composto de funções
de competência, ou seja, impessoais.
123
No entanto, o Tradicional tem por fundamento o teor sagrado do poder. Não
advindo de um corpo de leis, mas da tradição, ou do que é considerado justo
e verdadeiro pelo fato de ter “sempre” existido. Seu aparelho administrativo é
o patriarcal. As relações não são impessoais, misturando as funções com seus
respectivos detentores. Assim, a ligação hierárquica torna-se pessoal. (Bobbio;
Matteucci; Pasquino, 1992, v.2. p. 940)
Inicio, portanto, a apresentação da evolução do Estado português e suas
implicações na política brasileira.
Portugal, apesar de ter sido o país pioneiro na formação dos Estados Nacionais
– século XIII – e um dos precursores das expansões marítimas do século XVI, não
acompanhou as mudanças tecnológicas e econômicas de outros países europeus nos
Séculos XVIII e XIX. Seu império estendia-se pela costa africana, parte da Ásia e do
Novo Mundo. O que lhe conferiu segurança e altivez.
A burguesia portuguesa não inovou. Manteve-se subordinada ao rei, não
modernizando o país e a economia, afidalgando-se. A mesma era aliada do Estado,
um “fator do poder”. A monarquia se impunha tanto sobre a burguesia quanto sobre
a nobreza. (Mota (org. Souza, 1999, p. 338). Não havia equilíbrio de poderes, mas
concentração ao redor da figura do rei.
Os valores da burguesia portuguesa eram os de tempos passados, apegados
às glórias memoriais e a uma mentalidade que não se adaptava bem à Europa
das ciências naturais e da Reforma. Tal visão de mundo, alimentada pela Igreja
Católica e pela formalidade da filosofia teológica, negligenciava inovações
e questionamentos.
De mentalidade mercantilista, não era de seu interesse o avanço de técnicas
econômicas e da maquinofatura, que garantiria o abastecimento do mercado interno.
Os metais nobres brasileiros proporcionavam o luxo que a todos fascinava.
A vida aristocrática, o diletantismo e uma ausência de espírito prático, além da
não valorização ao trabalho contínuo e de resultados demorados, prevaleceram.
O poder real, incontestável, não contava com intermediários entre si e os
súditos. Como disse Faoro (1991, p. 5), “acima dele, só a Santa Sé”. Ao redor do
reino, formava-se uma vasta camada de funcionários, que dependiam da nomeação
do próprio reinol. Em tudo, subordinavam-se à arbitrariedade e aos humores do rei.
Dado interessante é o que atesta a teoria de Alexandre Herculano que está
presente na obra de Faoro. Nela, os países que não testemunharam o feudalismo
estariam à margem do desenvolvimento do capitalismo. Portugal, então, não teria
passado pela realidade feudal, e sim, patrimonial.
“Há insuperável incompatibilidade do sistema feudal com a apropriação, pelo
príncipe, dos recursos militares e fiscais” (Faoro, 1991, p. 18). Não haveria, então, os
124
aspectos contratuais presentes na aliança de obediência, fidelidade e reciprocidade
entre suserano e vassalo do chamado feudalismo clássico, nem mesmo os múltiplos
focos de poderes locais.
No Portugal patrimonialista,
A terra obedecia a um regime patrimonial, doada sem obrigação de serviço ao rei,
não raro concedia coma expressa faculdade de aliená-la. O serviço militar, prestado
em favor do rei, era pago. O domínio não compreendia, no seu titular, autoridade
pública, monopólio real ou eminente do soberano. (...) Estado patrimonial já com
direção pretraçada, afeiçoado pelo direito romano, bebido na tradição e nas fontes
eclesiásticas (Faoro, 1991, p. 20)
Os subalternos do rei ficam “enroscados” na rede do patriarcalismo, nada
mais fazem que representar o poder real. “A economia e a administração se conjugam
para a conservação da estrutura.” Segundo Faoro (1991, p. 20), o feudalismo “não
pôde (...) se fixar no reino português, voltado, desde o berço, para um destino
patrimonial, de preponderância comercial.”
Por isso poder afirmar que Portugal e, por extensão, o Brasil, tenham sido no
passado nações mercantilistas. A aristocracia portuguesa, – nobreza territorial e
burocrática – toda a serviço do rei, vangloriava-se da condição de ociosa, improdutiva.
“A estrutura patrimonial portuguesa somou-se (...) ao sistema colonial; sobre
este, montou o aparelho de sucção do Estado, controlando as exportações e o
comércio, orientando a ordem social das classes. A conseqüência foi a dependência
permanente.” (Mota (Org.) Souza, 1999, p. 340)
Os destinos do reino, como define Faoro (1991, p. 21), são definidos pela prática
do comércio, outrora provedor da reconquista e da soberania. Portugal abandonava
a diversificação da economia, preferia a facilidade de simplesmente importar. “A
atividade comercial e marítima que resultou da modalidade do povoamento da consta
e da exploração do mar é que representa o elemento decisivo que define o gênero de
vida nacional português”.
O príncipe torna-se o centro da audácia empresarial do comércio. Esta é, como
denomina Faoro, a semente do capitalismo de Estado politicamente orientado. A
burguesia permanecia “sufocada (...) na sua armadura mental, pela supremacia da
coroa.” (Faoro, 191, p. 21). Encaminhando o país ao imobilismo, o patrimonialismo
“permitirá a expansão do capitalismo comercial, fará do Estado uma gigantesca
empresa de tráfico, mas impedirá o capitalismo industrial.” (Faoro, 1991, p. 21)
Em certa altura de sua análise, Faoro se refere à obra de Tübingen na qual
haveria que se rever a tese de Max Weber sobre a inter-relação entre capitalismo
e protestantismo.
125
Creio que uma coisa não elimina a outra. O próprio pensador prussiano afirmava
que esta relação é apenas um elemento de compreensão da realidade que nunca é
monocausal. O próprio Faoro atesta a tese weberiana no decorrer de Os donos do
poder, pois o autor indiretamente concorda com a essa metodologia ao relacionar o
catolicismo presente em Portugal com o seu atraso econômico e político.
Os portugueses, na luta pela reconquista, eram amalgamados, principalmente,
pela religião.
A religião no século XV, em Portugal, era a expressão ardente da causa nacional,
da independência e da missão do reino: elo que congregava não apenas o homem
a Deus, mas o homem à pátria. (...) Todos colaboraram na grande arrancada,
submissos, famintos de honras e de saques, ávidos de lucros, ardentes de fé. (Faoro,
1991, p. 56)
A força monárquica, por si só centralizava as diretrizes comerciais, talhando “o
perfil do capitalismo monárquico português, politicamente orientado.” (Faoro, 1991,
p. 57). Toda a administração era entregue – mas não dada – temporariamente aos
seus funcionários.
O rei não abriria mão do posto de comando. As terras descobertas eram
propriedade inalienável do monarca. Toda a economia girava em torno de seus
quereres. “Portugal crescia assim, pela ocupação militar, pela exploração mercantil
e pela evangelização.” (Faoro, 1991, p. 58)
O estamento burocrático, justificado pelo patrimonialismo do rei, mantido em
nome da centralização, congestiona o reino de sugadores improdutivos do tesouro
real. Era a maneira de perpetuar o centralismo. O tesouro português, enriquecido
pela exploração de suas conquistas, a tudo arcava. “No país, os cargos são para os
homens e não os homens para os cargos.” (Faoro, 1991, p. 58)
Não haveria em Portugal o alcance ao capitalismo industrial que chegava a
outros países europeus. Lá, manteve-se o capitalismo politicamente orientado, ligado
às regiões de economia moderna por meio dos empréstimos contraídos para cobrir
rombos aqui e ali de um sistema combalido, anacrônico, mantido pela imperícia e
descaso à mudança.
“Não haure energia íntima para se renovar, tornar-se flexível e ensejar a empresa
livre” (Faoro, 1991, p. 59). A iniciativa privada é mal vista, como um concorrente
indesejado. E a burguesia comercial, subalterna do rei, mantinha-se carregada pelos
“vínculos tradicionais”. Como o ponto mais alto da escala social era o de fazer
parte do estamento burocrático, não se perseguia outro ideal de vida. A ausência de
pensamento inovador seja nas ciências, seja na filosofia, sedimentava o atraso.
126
Portugal não buscou postos de equiparação econômica, visando a estabelecer
produção interna satisfatória para suprir seu mercado interno e externo, pois havia
colônias para alimentar suas reservas de capitais e países que entregavam os
manufaturados prontos, além do mais, a fé católica teria determinado os destinos das
práticas econômicas, moralizando-as. A ética medieval teria sobrevivido em meio a
“aventura ultramarina. Ela explica que o reino expulse, de golpe, a riqueza judaica,
em nome de valores obsoletos, não ajustados à ativa mercancia do século XVI.”
(Faoro, 1991, p. 61)
Até mesmo o mercantilismo só conquistaria Portugal no século XVIII, quando
já ultrapassado pelo avanço econômico e tecnológico de países da vanguarda
econômica como Inglaterra, Holanda e França.
O estamento, então, é alimentado pelo poder central e mantendo o ócio e a
opulência da ostentadora nobreza, seja aristocrática ou burocrática. O centralismo
político, administrativo e econômico do rei, avoluma-se em detrimento de qualquer
tipo de localismo.
Eis o quadro político e econômico de Portugal, bem pintado por Faoro:
Atrás da enxurrada de funcionários, militares e pensionistas está a ruína. (...) há
ricos e opulentos, as pensões devoravam o Estado, para o proveito ostentatório da
fidalguia (...) encasulada no cargo público. Esta, a vida da empresa patrimonial,
sem apoio da produção doméstica, só ela capaz de se expandir na indústria. Outras
nações ocuparão o vácuo, na esteira das caravelas – Portugal continuará de pé,
cevando-se do Brasil, congelado, arcaicamente, na sua arquitetura barroca. (Faoro,
1991, p. 84)
A típica burocracia forjada por meio do aparelho patrimonial, não é aquela
impessoal, proveniente do aparelho racional. É a da concessão de privilégios, da
ineficiência, do favor, da apropriação do cargo, do imobilismo social. Uma relação
de dependência com ares paternais é o que se desenvolve entre o príncipe e o povo,
o que me faz lembrar de algumas figuras da política nacional atual. Em que até hoje
a preocupação não é com a emancipação do indivíduo alçado à condição de cidadão
e de homem independente, mas com a manutenção de uma massa de dependentes do
clientelismo, do assistencialismo barato que, efetivamente, em nada vai minimizar
a miserabilidade.
No Portugal em questão, a “nobreza funcionária (...) mumifica-se com a própria
carne. (...) Nem o açúcar do Brasil, nem o escravo africano, nem o ouro de Minas
Gerais – nada salvará este mundo, condenado à mansa agonia de muitos séculos.”
(Faoro, 1991, p. 85)
127
O sistema que um dia gerara a riqueza de Portugal, agora, gerava sua ruín,
devido ao seu imobilismo. A Revolução de Avis teria estacionado Portugal no tempo,
congelado pelas suas próprias mãos, enquanto a Igreja legitimava tal letargia. “A
burguesia (...) não subjuga e aniquila a nobreza, senão que a esta se incorpora,
aderindo à sua consciência social.” (Faoro, 1991, p. 176)
A burguesia portuguesa, afidalgando-se, perpetuou o patrimonialismo.
A “emancipação das classes nunca ocorreu (...) A ambição do rico comerciante,
do opulento proprietário não será possuir mais bens (...) senão o afidalgamento.”
(Faoro, 1991, p. 203). O Estado patrimonialista e seu estamento burocrático é, então,
veículo de ascensão econômica e social e não de emancipação popular, de auxílio ao
desenvolvimento e à organização da sociedade civil.
O que realmente fomos: nulos graças à monarquia aristocrática! (...) acostumando
o povo a servir, habituando-o à inércia de quem espera tudo de cima, obliterou o
sentimento instintivo da liberdade, quebrou a energia das vontades, adormeceu a
iniciativa (Faoro, 1991, p. 87)
O destino de Portugal assim estava se selando e, junto dele, o de seu herdeiro
no Novo Mundo, o Brasil. “O estamento, quadro administrativo e estado-maior de
domínio, configura o governo de uma minoria. (...) A minoria exerce o governo em
nome próprio, não se socorre da nação para justificar o poder” (Faoro, 1991, p. 8889)
Acompanhando este movimento que se mantinha imóvel e congelado, estava
o Brasil dos portugueses que se configurava como “uma terra nova” porém, onde
não se criava algo novo, mas permeado por uma “moral de (...) sociedade velha.” O
Brasil se formava como “colônia presa, acorrentada e sugada pela economia barroca
do tempo.” (Faoro, 1991, p. 154)
No Brasil, a política que se instaurou engendraria uma realidade ausente de vínculos
entre o Estado e a população, que seriam antes, dois universos que não se tocam. “A
soberania popular só existiu na forma de farsa.” (Mota (org.) Souza, 1999, p. 355)
“O Estado não é sentido como o protetor dos interesses da população (...)
Ele será (...) monstro sem alma, o titular da violência, o impiedoso cobrador de
impostos, o recrutador de homens para empresas com as quais ninguém se sentirá
solidário.” (Faoro, 1991, p. 165). Ressentido, sem condições de organizar e
mobilizar a maioria, o inconfidente seria o protótipo da insatisfação.
Bernardo Sorj, na obra As sete faces da sociedade brasileira, segue o problema
do patrimonialismo na atualidade. Segundo ele (2000, p. 13), patrimonialismo é a
noção que remete à “apropriação privada dos recursos do Estado, seja por políticos
ou funcionários públicos, seja por setores privados.”
128
Apesar de ser um termo geralmente associado às comunidades ibéricas e
mediterrâneas, pode existir em qualquer país. Difere apenas na intensidade. Sorj
observou que o patrimonialismo “deve ser situado historicamente”, daí a referência
anterior, à dependência de peculiaridades temporais e espaciais.
Uma explicação do que seja patrimonialismo que se encaixa bem às sociedades
contemporâneas é a de que ele “está presente, em maior ou menor grau, em todas
as sociedades onde a distribuição de riqueza e poder é desigual.” (Sorj, 2000, p. 13)
No Brasil, o patrimonialismo se relacionaria à péssima distribuição de renda,
à insuficiente atenção dada a políticas sociais, e à impunidade da elite política e
econômica (Sorj, 2000, p. 13). O que agrava drasticamente tal fenômeno no Brasil.
A sociedade teria evoluído a ponto de se chocar com as práticas pré-modernas
que não se adaptam às democracias atuais. Isso devido aos ideais de cidadania, e às
constituições elaboradas em meio ao avanço das legislações e da história.
Como lembra Holanda, a cordialidade se modificou diante do avanço urbano e
industrial. O mesmo ocorreu com o patrimonialismo. Com novas roupagens, em um
novo cenário ele se manteve vivo. Em virtude da cumplicidade de interesses entre o
Estado e os grupos dominantes,
a impunidade e o descontrole da máquina governamental, (...) transformou em
grande parte o sistema repressivo e jurídico num instrumento de violência contra
os grupos mais pobres e de impunidade dos mais ricos. (Sorj, 2000, p. 15)
O elemento mais grave, neste processo, é o que Sorj chama de “colonização
do Estado por interesses privados” levando a “perda do sentido público, afetando a
eficácia e a autonomia necessária da máquina governamental para planejar as ações
com uma visão que transcenda os interesses particulares.” (Sorj, 2000, p. 15)
Essa mescla entre o público e o privado constitui-se em uma de nossas mais sérias
mazelas. É o que caracteriza o patrimonialismo que tanto nos agride como cidadãos.
Do qual o Brasil é herdeiro e que se manifesta por meio de seus representantes.
Desde D. João I, passando por D. Pedro II e chegando em Getúlio Vargas, a
obra de Raimundo Faoro, permite-nos perceber elementos como o paternalismo e a
separação em dois mundos distintos, quais sejam; o palácio do governo e a realidade
popular. O que impediu em larga escala, a conquista da cidadania, mantendo os
indivíduos na menoridade.
Na figura do líder político – mesmo que em forma de um simples vereador
disfarçado de pai, cheio de preocupações com seus filhos – os indivíduos lesados
da condição de cidadãos, entregam-se à esperança de ver seus problemas resolvidos
pelas hábeis capacidades de seu tutor. Nas palavras de Raimundo Faoro, como se
129
fosse um taumaturgo. Na verdade, estes “salvadores” se colocam em outra posição:
tão próximos do poder, mas tão distantes dos que nele votaram.
Em nosso país, ainda – claro que com exceções -, presencia-se a prática da
utilização dos cargos políticos como meio de enriquecimento e ascensão social.
Seja por meio de eleições e nomeações. Manteve-se, na atitude de grande parte
dos políticos brasileiros, a velha prática dos primeiros conquistadores portugueses,
desprovida de qualquer zelo construtor de uma sociedade organizada.
Na sua acepção original, o termo patrimonialismo designava o Estado que o
governante dirigia como sua empresa pessoal no bojo do capitalismo mercantil.
A corrupção termina por se disseminar a partir daí, neutralizando a iniciativa dos
produtores. Numa visão atual, diz-se “patrimonialista o modo pelo qual governantes
de qualquer nível, do presidente ao simples funcionário se valem do bem comum
para sua vantagem privada”. (Janine Ribeiro, 2001, p. 38)
Atualmente, o Patrimonialismo, refere-se principalmente, às práticas de parcelas
da camada política que se apropria dos recursos públicos, espalhando a desgraça
a inúmeros brasileiros. Não lhe ocorrendo o fato de que se apropriar de recursos
públicos consiste em desvirtuar a finalidade a que se propôs: atender a comunidade
que representa.
Na visão de Bernardo Sorj, o patrimonialismo na atualidade brasileira ocorre
pela permanência da apropriação privada dos recursos do Estado (Sorj, 2000,
p. 13). Sabemos que muitas das políticas públicas nacionais são voltadas para a
concentração de renda, como os privilégios fiscais e creditícios concedidos a
grandes grupos econômicos no contexto da chamada Guerra Fiscal entre os estados
federativos brasileiros.
Sorj argumenta que
Uma das particularidades do moderno patrimonialismo brasileiro está na sua
associação com uma extrema desigualdade social, a impunidade de suas elites e o
abandono dos setores mais pobres da população. Países tão diversos como o Japão,
Israel ou mesmo a França possuem fortes traços patrimonialistas, mas que não
implicam em forte desigualdade social ou falta de solidariedade. (Sorj, 2000, p. 13)
Nessa distorção, mesclam-se os interesses públicos (oficiais) e os privados,
da pessoa do agente. E é o que descaracteriza em parte, o Estado moderno e
racional-legal.
Daí, a reduzida preocupação com a instauração de igualdade de oportunidades
-somos o país campeão em desigualdade social. O sistema fiscal concentrador de
130
riquezas impõe tributos iguais para rendas absurdamente desiguais. Acumulam-se,
então, o clientelismo, o assistencialismo, o estúpido acúmulo de cargos – parasitários
– que se aglomeram em torno dos agentes que só “trabalham” em proveito próprio,
onerando os cofres públicos com seus desvios e gastos inúteis, injustificados.
Em síntese, desde os portugueses, passando pelo período colonial e pelas
Repúblicas, o patrimonialismo sobreviveu a passagem dos tempos. Raimundo Faoro
avalia de forma contundente as diversas matizes do poder:
A nação e o Estado, nessa dissonância de ecos profundos, cindem-se em realidades
diversas, estranhas, opostas, que mutuamente se desconhecem (...) O poder – a
soberania nominalmente popular – tem donos, que não emanam da nação, da
sociedade, da plebe ignara e pobre. (...) o povo (...) oscila entre o parasitismo, a
mobilização das passeatas sem participação política (...) A lei, retórica e elegante,
não o interessa. A eleição mesmo formalmente livre, lhe reserva a escolha entre
opções que ele não formulou. (Faoro, 1989, p. 743 e 748)
O patrimonialismo nutre-se dessa distância entre o povo e as instituições
governamentais. Provavelmente o grande antídoto para a superação do patrimonialismo
seja justamente a diminuição do abismo entre governantes e governados por meio da
participação popular e do aprofundamento da vida democrática brasileira, caminho
que estamos trilhando desde a redemocratização ocorrida a partir de 1985, apesar de
ainda insatisfatório.
4
CONCLUSÃO
Na interpretação de Buarque de Holanda nosso país seria um produto do modelo
civilizatório português, caracterizado pela ética da aventura, o personalismo, a fé
católica, a plasticidade lusa e a permanência destes modelos na realidade colonial
agrária e patriarcal do Brasil. A combinação da civilização lusa com o nosso mundo
colonial resultou no homem cordial brasileiro.
A base formadora de nossas instituições seriam as relações familiares, e não
o Estado. Segundo Holanda é este o tipo de racionalidade brasileira e a fonte da
dificuldade de nossa adaptação à racionalização do desenvolvimento capitalista. O
Estado se caracterizaria mais pelas práticas patrimoniais que pelas modernas, devido
à emotividade presente, por exemplo, em relações hierárquicas que deveriam ser
impessoais. Este tradicionalismo nas relações seria um dos principais obstáculos ao
desenvolvimento capitalista.
131
A cordialidade foi o elo entre o que Holanda denominou de Brasil legal e real,
ou veículo de democratização efetiva, servindo como alternativa viável ao processo
clássico de racionalização. Por meio da valorização do nosso passado, Holanda
propôs um direcionamento coerente para o nosso desenvolvimento, afirmando que
não existe um modelo único de sociedade moderna.
Raimundo Faoro, por sua vez, apresentou o patrimonialismo como elemento
de explicação da realidade brasileira, analisando tanto o processo de concretização
do Estado português com o advento da Revolução de Avis de 1385, quanto a nossa
evolução política que percorre o período colonial até o governo de Getúlio Vargas
(1930-1945).
O arcabouço administrativo e político de Portugal foi encarado como de
propriedade pessoal do rei, daí o patrimonialismo. Todos os esforços portugueses
se erguiam em nome do rei e da Igreja Católica, definindo um tipo de capitalismo
politicamente orientado (Faoro, 1991). A burocracia que surge deste processo de
política patrimonialista foi a dos privilégios e da ineficiência em relações hierárquicas
paternais. E são essas instituições as responsáveis pela transposição da realidade
social portuguesa para o Brasil.
Hoje, tais relações são representadas pela perversa distribuição de renda,
pelas insuficientes políticas sociais e pela impunidade das autoridades políticas
(Sorj, 2000, p. 13). Ou seja, o patrimonialismo ainda está presente, pois no cenário
público persistem vícios privados e isso descaracteriza, em parte, o Estado brasileiro
como moderno.
O patrimonialismo, como mecanismo de apropriação dos recursos públicos por
parte de uma elite privilegiada, contribuiu, assim, para a assimetria existente entre o
desenvolvimento econômico e os indicadores sociais dentro da sociedade brasileira.
O Brasil, herdeiro da civilização portuguesa, organizou-se, originariamente,
pela aliança entre Estado e Igreja. A Contra-Reforma Ibérica se estabeleceu no seio
da sociedade brasileira. A obediência à Igreja e ao Estado português foi a norma
primeira a ser seguida pela iletrada população que se formava. O ensino elitista
implantado pelos jesuítas garantia a obediência do numeroso e inculto rebanho.
As principais virtudes a serem conservadas pela sociedade eram as da obediência,
resignação e contemplação. O Brasil se formava contando com o analfabetismo e o
conservadorismo.
Sem dúvida a sociedade brasileira foi e, ainda, é oriunda da Contra Reforma. Mas,
trata-se de um fenômeno histórico cultural complexo, uma vez que a contribuição
ibérica não foi a única a deitar raízes em nosso solo. O processo de industrialização
e o próprio crescimento do capitalismo brasileiro trouxeram novos ingredientes à
mentalidade nacional, alterando, em parte, velhos hábitos mentais.
132
Acredito que para combater o patrimonialismo, faz-se necessário reforçar o
caráter público do Estado cuja reforma deve ser orientada não no sentido do seu
afastamento da economia ou diminuição do seu papel. A reforma do Estado brasileiro,
com a reorientação de suas políticas públicas no sentido da universalização dos
benefícios sociais e diminuição das nossas desigualdades, não pode prescindir da
regulamentação do mercado.
Uma simples diminuição do tamanho do Estado não resolverá a problemática,
brasileira. Ameaçando, desta maneira, perpetuar a desigualdade social existente.
A reforma do Estado desejável é aquela em que o mesmo se torne um instrumento
para o apoio às iniciativas comunitárias e associativas, com políticas públicas de
resgate social.
A emancipação de vastas camadas do povo brasileiro não virá, muito menos, do
assistencialismo rasteiro com que se revestem muitas políticas públicas.
Cabe afirmar que o desenvolvimento deve ser entendido não somente em sua
dimensão quantitativa, como por exemplo, valendo-se de números absolutos sobre o
tamanho do Produto Interno Bruto ou o volume das nossas exportações. Essa visão
economicista, que não leva em conta a dimensão humana, enxerga a sociedade como
mero acúmulo de índices de crescimento.
A promoção do desenvolvimento é também uma questão de promoção de
valores. Deve-se lembrar que parte significativa da camada dirigente brasileira ainda
permanece ligada ao passado e ao atraso, demonstrando mais continuidades que
rupturas em relação ao período colonial.
Referências
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ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 357 p.
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SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
134
TERCEIRIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO:
REFLEXÕES ACERCA DO PROJETO
DE LEI 4330 DE 2004 E A SÚMULA 331 DO TST
Juliana de Oliveira Pereira Siqueira1
1
INTRODUÇÃO
Os direitos dos trabalhadores sempre foram permeados por lutas da classe
operaria versus os detentores do capital, desse modo, ao longo do tempo, mudanças
constantes se fizeram necessárias para buscar equilíbrio entre interesses de
empregados e também de empregadores. Entre as principais inovações no ramo do
direito do trabalho, está o afastamento da rigidez contida nas normas juslaboralistas,
o que possibilitou às partes maior poder de negociação contratual, tanto para alterar
e até mesmo reduzir direitos antes garantidos, como ocorre por exemplo na redução
da jornada de trabalho em um dia para ser compensada em outro dia.
Tal flexibilidade para dispor regras contratuais, ensejou o surgimento da
terceirização, ou seja, a transferência de atividades não essenciais de uma empresa
para outra especializada. Terceirizar a atividade está baseada na necessidade de
desenvolvimento e sobrevivência empresarial, bem como para a adequação de mão
de obra especializada em um serviço específico e predeterminado, como limpeza e
segurança. Justifica-se em prol do aprimoramento técnico da atividade finalística
da empresa que contrata a empresa terceirizada ou prestadora de serviços, ou seja,
a empresa centralizará seus esforços na atividade principal em que se aprimorou,
permitindo maior competitividade no mercado visando lucro e sobrevivência em
seu ramo de negócio, se mantendo no mercado. A esse fenômeno cada vez mais
frequente, atribui-se o nome de flexibilização das normas trabalhistas.
A esse respeito, explica Nascimento que, “A legislação trabalhista é flexibilizada
e surgem novas formas de contratação. [...] As jornadas de trabalho e os salários
foram reduzidos como alternativa para as dispensas em massa. Elevaram-se os níveis
1
Pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás – 2014.
135
Terceirização no Direito do Trabalho: reflexões acerca do Projeto de Lei 4330 de 2004 e a súmula 331 do TST
de terceirização” (NASCIMENTO, 2011, p. 69). Dessa forma, a terceirização de mão
de obra e serviços, foi uma das principais alternativas encontradas pelo empresariado,
para reaproveitar os empregados, ante a extinção de postos de trabalho.
Por essa razão, cada vez mais empregadores buscam na terceirização uma alternativa
de manutenção da empresa. Sergio Pinto Martins esclarece que: “Surge a terceirização a
partir do momento em que há o desemprego na sociedade. É o que ocorre no nosso país,
quando passamos por crises econômicas, em que o empresário procura diminuir seus
custos, principalmente com a mão de obra.” (MARTINS, 2014, p.1).
A terceirização caracteriza-se pela contratação de empresa terceirizada que
detenha (trabalhadores ligados juridicamente a ela) mão de obra especializada, para
execução de atividades não relacionadas com o objeto principal e finalístico da
empresa tomadora, ou seja, executam apenas a atividade meio, aquela que não pode
ser considerada primordial para colocação do produto ou serviço no ponto de venda.
No mesmo sentido Martins afirma que: “No Brasil, o termo terceirização foi
adotado inicialmente no âmbito da Administração de Empresas. Posteriormente os
tribunais trabalhistas também passaram a utilizá-lo, podendo ser descrito como a
contratação de terceiros visando a realização de atividades que constituam o objeto
principal da empresa. Irei empregar o termo terceirização por força do costume e de
assim estar sendo adotado na prática.” (MARTINS, 2014, p.8).
Portanto, da terceirização presume-se uma parceria entre as empresas na união
de esforços mútuos para se alcançar um objetivo comum, que é a qualidade dos
produtos ou serviços colocados à disposição no mercado. Trata pois, de relação
triangular entre a empresa contratante, empresa contratada e o empregado. Nesse
particular, Martins assevera que: “A terceirização compreende relação triangular:
trabalhador, prestador de serviços, tomador de serviços. O Contrato de trabalho é
bilateral, firmado apenas entre empregado e empregador.” (MARTINS, 2014, p.12).
Portanto, o empregado detentor da mão de obra especializada fornecida por sua
empregadora (empresa terceirizada), é colocado à disposição da empresa tomadora,
para lhe prestar serviços, sem vínculo empregatício e, logo, sem subordinação e
demais elementos que possam vir a caracterizar uma relação de emprego, pelo menos
é o que se espera desse instituto.
A terceirização não se configura como contrato individual de emprego, ante a
ausência dos requisitos configuradores da relação de emprego, contidos nos artigos
2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho, observe: Artigo 2° – Considera-se
empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Artigo 3° –
Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
136
Nesse particular, nos ensina Martins que a terceirização pode ser vista como
um contrato civil, note: “A natureza da terceirização geralmente é de um contrato
de prestação de serviços.” (MARTINS, 2014, p.12). Com base nessa afirmação e
nos comandos legais observados, conclui-se que a terceirização não deve ser vista
como um contrato de trabalho, pelo menos, em relação ao contrato firmado entre
as empresas, vez que não há os requisitos caracterizadores da relação de emprego,
como a pessoa física prestando serviços à tomadora mediante salário, o que ocorre
somente em relação a sua empregadora e, por isso, não se enquadra no comando
legal contido nos artigos 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho.
Para Nascimento (2011, p. 631) para que seja válida a terceirização não
podem existir elementos pertinentes à relação de emprego no trabalho terceirizado,
principalmente a subordinação. Razão pela qual, na terceirização não pode haver o
elemento subordinação (o empregado colocado à disposição para prestar serviços,
não poderá receber ordem direta dos representantes da tomadora, devendo todo o
contato ser feito com a terceirizada) ou pessoalidade (o que importa são os serviços
prestados, e não se é o empregado A ou B que irá executar a atividade, não pode
a tomadora exigir um empregado específico), requisitos fundamentais para se
determinar ou não a configuração da relação de emprego.
Atualmente já se fala sobre quarteirização, o que significa a contratação de
empresa de gerenciamento de terceirização, com fins de assegurar que a empresa
terceirizada cumpra fielmente os objetos constantes do contrato de terceirização.
Há também de desterceirização, que ocorre quando a empresa admite empregados
egressos de terceirização que não obteve sucesso. No entanto, não abordaremos
essas questões, pois seria necessário um estudo específico sobre o tema.
Diante desse cenário, necessário se faz refletir juridicamente sobre a terceirização,
objeto de estudo do presente trabalho, com base na doutrina e na jurisprudência
dominante. Para tal, veremos os comandos contidos na Súmula 331 do Tribunal
Superior do Trabalho, o que faremos sem a observância de uma ordem específica
de seus itens, por questão didática. Tal enunciado atualmente é o único parâmetro
legal usado para dirimir os conflitos laborais decorrentes das terceirizações, gerando
lacunas, já que não resolve completamente essa questão.
Também serão feitos apontamentos acerca do Projeto de Lei número 4330
de 2004, que dispõe sobre a prestação de serviço a terceiros e as relações de
trabalho dele decorrentes, de autoria do Deputado Federal Sandro Mabel sobre
o tema em comento, onde a proposta tem por objetivo regular a terceirização de
forma demasiadamente ampla. Observará pois, aos aspectos relevantes no campo
das pessoas jurídicas de direito privado, pois para adentrar à esfera pública seria
necessário um estudo mais aprofundado tanto da administração pública, quanto
137
das pessoas jurídicas de direito público, o que requer um trabalho específico em
virtude de ser amplo e vasto essa seara.
2
A SÚMULA 331 DO TST E O PROJETO DE LEI 4330 DE 2004
Em que pese, a noção de terceirização no Brasil ter ocorrido por volta do ano de 1950,
através de multinacionais (MARTINS, 2014, p. 2), ainda hoje não existe Lei dispondo
especificamente sobre o assunto, talvez, seja justamente essa a razão de haver mazelas,
principalmente no âmbito trabalhista, decorrentes da descentralização das atividades da
empresa tomadora de mão de obra. A ausência de lei específica regulamentando o tema
gera insegurança tanto para empregadores, quanto para os empregados.
O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho Luís Antônio Camargo
de Melo, deixou claro que a situação é preocupante e, sobre essa questão, conforme
reportagem publicada no site Repórter Brasil, diz que: “Os trabalhadores sofrem
uma ofensiva do empresariado, que tem seus representantes no poder legislativo,
temos algumas propostas tramitando no Congresso Nacional que tem por objetivo
retirar direitos garantidos na Constituição. Uma delas é aquela que pretende definir
e regular por lei a terceirização”, explica, referindo-se ao Projeto de Lei (PL) 4.330,
de 2004, do deputado Sandro Mabel (PL-GO).
Em contexto similar, Arnaldo Bastos Santos Neto, nos ensina que:
A superação do “despotismo de fábrica” não implica necessariamente em
democratização fabril, pois tal resultaria num poder compartilhado entre o capital
e as organizações dos trabalhadores. Mas como considerar estes temas diante
[...] da precarização patrocinada pela terceirização e até mesmo quarteirização
das prestações de trabalho? [...] O poder do capital, ao contrário do que pode ser
sugerido, nunca esteve tão robusto, dispondo de novo arsenal. (NETO, 2009)
Demonstrando o poder do capital, em consonância com o pensamento do
procurador-geral Camargo de Melo, evidenciou, portanto, o grande poder do
empresariado com seus representantes no Congresso Nacional, em detrimento
ao proletariado.
Atualmente há cerca de 8 milhões de trabalhadores terceirizados e 31 mil
empresas terceirizadas, segundo dados do Ministério Público do Trabalho, conforme
dados da reportagem acima citada. Os setores que mais terceirizam são os da saúde,
da construção civil e bancário. Entre os problemas decorrentes da terceirização
estão o aumento do número de acidentes de trabalho e a dificuldade de o empregado
conseguir pleitear seus direitos na Justiça. “Por ser empregado de uma empresa e
138
prestar serviço em outro local, isso gera uma série de problemas e complicações, por
exemplo, dificuldade em identificar sua entidade sindical”, detalha Luís Camargo.
Quem presta serviço em um banco mas não é empregado direto não será regido pelas
normas conquistadas pelo sindicato dos bancários.
A terceirização, como observado, traz consigo diversos impactos, nos mais
diversos segmentos da sociedade, razão pela qual será objeto desse estudo. Ela pode
ser entendida como um processo funcional para gestão de mão de obra que, pressupõe
uma relação triangular, em que o empregado da empresa terceirizada, com a qual
este detêm vínculo jurídico através do contrato individual de trabalho, é colocado
à disposição da empresa tomadora para prestar-lhe serviços especializados em sua
atividade-meio, podendo ser em local diverso da tomadora ou em suas dependências.
Essa prática é cada vez mais adotada pelas empresas, tornou-se uma saída
para redução de encargos trabalhistas e previdenciários. Para Nascimento, “A
competição e a concorrência internacional entre as empresas as levam a um contínuo
esforço de redução de custos que afeta negativamente as condições de trabalho.”
(NASCIMENTO, 2011, p. 71). Por outro lado, possibilitou atribuir mais qualidade
no produto ou serviço disponibilizado no mercado, em razão da mão de obra
especializada e, consequentemente aumenta a produtividade da empresa tomadora,
que pode direcionar todos os seus esforços para a atividade principal em que se
aprimorou, tornando-se mais competitiva.
Apesar de ser uma prática cada vez mais comum nas empresas e, mesmo com
inúmeras reclamatórias trabalhistas em todo o país, visando demonstrar e decretar a
ilegalidade na contratação de mão de obra, não encontra a terceirização lei especifica
em nosso ordenamento jurídico pátrio. Atualmente a terceirização é regulamentada
pela Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e, foi formulada a partir do
entendimento dado repetidamente às mazelas trabalhistas submetidas à análise
daquela Corte.
Dispondo sobre a legalidade em contratos de prestação de serviços, o comando
normativo mencionado foi alterado em 2011 e, informa que:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação
do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) – Res. 174/2011, DEJT divulgado
em 27, 30 e 31.05.2011 I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se
o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988). Direito contemporâneo • Goiânia • Ano 2, n. 02 • p. 1-152 • Julho de 2013
139
III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como
a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do
título executivo judicial. V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei
n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Tal enunciado é o divisor de águas para se definir pela licitude ou ilicitude
da terceirização, e, dele se extrai que, é possível haver a terceirização em quatro
situações-tipo distintas, sendo que, uma delas é possível na atividade fim da empresa
devido suas peculiaridades, contudo, as demais hipóteses estão relacionadas a
atividade-meio da tomadora.
O primeiro tipo lícito de terceirização de mão de obra é o trabalho temporário,
em que a empresa por sua natureza sazonal, desenvolve suas atividades a todo
vapor em determinado período do ano e em outros períodos do ano suas atividades
são extremamente reduzidas, necessitando assim de mais empregados em um
prazo determinado e específico, como ocorre, por exemplo, na indústria de “ovos
de páscoa”. Dessa forma, torna-se fundamental a terceirização para atender a essa
necessidade resultante de grande acréscimo extraordinário de serviços e também
em casos de necessidade de substituição regular e permanente de pessoal na
empresa tomadora.
Importante ressaltar que, o empregado da empresa de prestação de serviços
temporários tem direito a remuneração equivalente ao empregado da tomadora
de acordo com a sua categoria, conforme o disposto na Lei 6.019 de 1974 que
regulamenta os trabalhadores temporários. Tal mandamento está inserto no artigo 12
da referida lei “ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos:
a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da
empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer
hipótese, a percepção do salário mínimo regional.” Esse comando legal ajuda a
coibir a fraude na terceirização, vez que, com salários iguais de empregados diretos
140
e terceirizados, denota-se que a empresa não está preocupada apenas com redução de
custos ao utilizar esse instrumento.
Outrossim, o entendimento do Superior Tribunal do Trabalho é de que a
terceirização da atividade fim é ilegal, e é permitida somente no caso de trabalho
temporário, é o que se depreende da leitura do item 1 da sumula 331 do TST, observe:
“I. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formandose o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).” Ainda de acordo com essa corte, também
será possível a terceirização, quando se tratar serviços de vigilância, conforme
previsto na Lei nº 7.102, de 20.06.1983, nos serviços de conservação e limpeza, bem
como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador.
Ao analisar o contexto da terceirização Paulo de Morais nos ensina que os
serviços devem ser especializados para realização da atividade meio, para coibir a
contratação ilegal de mão de obra.
A exigência de serviços especializados impõe-se justamente para coibir a fraude.
Dela decorre que a prestadora de serviços tem que ser uma empresa especializada
naquele tipo de serviço; que tenha uma capacitação e uma organização para a
realização do serviço que se propõe e, no caso de contratação indireta bipolar, que
seja o prestador de serviços um especialista naquele mister. Disto decorre que o
objeto do ajuste é a concretização de alguma atividade material especializada e não
o mero fornecimento de mão-de-obra. (MORAES, 2003 apud SILVA, 2011, p. 29).
Em que pese a súmula 331 do TST, dispor sobre as possibilidades da
terceirização, será fundamental a aprovação de legislação específica para tratar do
tema em comento, haja vista a sua importância e, do crescimento cada vez mais
comum dessa prática no mundo empresarial. Além do que, somente o enunciado ora
analisado possui diversas lacunas, permitindo que empregadores façam uso desse
instituto de modo ilegal, esquivando-se de obrigações trabalhistas e previdenciárias,
furtando o trabalhador dos direitos que teria se a contratação se desse de forma lícita.
Para Silva, a contratação irregular deve ser considerada nula, formando-se o
vínculo empregatício diretamente com tomador dos serviços, com o qual manteve
vínculos de natureza trabalhista, de forma pessoal e subordinada. “Se a intermediação
for utilizada de forma irregular, com o objetivo de desvirtuar a legislação trabalhista,
esta será declarada nula para efeitos trabalhistas e será configurado o vínculo
empregatício diretamente com o tomador do serviço, segundo o art. 9° da CLT. Este
artigo da CLT traduz um dos princípios basilares do direito do trabalho, qual seja,
princípio da primazia da realidade.” (SILVA, 2011, p. 30). Isso, porque, permitir que
ocorra seria concordar com a fraude aos direitos do trabalho.
141
Caso seja constatada a fraude na contratação, o vínculo será formado diretamente
com o tomador, aplicando as normas relativas à categoria, sendo a empresa tomadora
a responsável pelo adimplemento de todas as verbas de natureza trabalhistas e também
previdenciárias, não se falando em responsabilidade solidaria ou subsidiária, o que
não é o caso, já que o vínculo será formado diretamente com o tomador.
No que diz respeito a responsabilidade subsidiária, de que trata os itens IV e
VI que, aqui serão analisados conjuntamente por questão didática, tem-se que a
responsabilidade da empresa tomadora somente ocorrerá quando o devedor principal
que é a empresa que terceiriza a mão de obra e com quem o empregado possui
vínculo de emprego, não adimplir os débitos trabalhistas que com o último contraiu.
Não há que se falar em responsabilidade solidaria já que solidariedade não se
presume, ela decorre de lei ou convenção contratual entre as partes, o que dificilmente
ocorreria, tendo em vista que o tomador provavelmente não terá interesse em convencionar
tal responsabilidade. Essa também é a visão de Martins que acredita: “No Direito do
Trabalho dificilmente a solidariedade decorre do contrato, pois o tomador não irá querer
responder pela dívida do prestador de serviços.” (MARTINS, 2014, p. 135).
O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa terceirizada,
gera para a tomadora a obrigação de adimplemento de todas as verbas trabalhistas,
inclusive, a multa prevista no artigo 477, §8° da CLT para os casos de inobservância
de prazo para pagamento das verbas rescisórias, ressalvado em todos os casos, o
direito de cobrança em ação regressiva contra a sua contratada. Tal obrigação decorre
pelo fato de que a tomadora beneficiou-se do labor prestado pelo trabalhador, sendo
portando, responsável pelas dívidas trabalhistas do empregador, pelo período que o
trabalhador esteve à sua disposição.
Não reconhecer a obrigação da tomadora seria um atentado contra as normas
trabalhistas. Martins nos ensina que “É uma espécie de benefício de ordem. Não
pagando o devedor principal (empresa prestadora de serviços), paga o devedor
secundário (a empresa tomadora dos serviços)”. (MARTINS, 2014, p. 137). Sua
responsabilidade decorre de sua negligência, imprudência ou imperícia, tanto
na contratação de empresa inidônea, como pela sua inobservância em verificar o
cumprimento das obrigações de sua contratada, bem como por causar um dano
indiretamente ao trabalhador que já executou seus serviços e por ele precisa receber.
Não basta que esteja presente a responsabilidade do tomador, é necessário
que, seja parte integrante da ação, portanto, há que ser colocada no polo passivo,
possibilitando a execução do título executivo. Segundo Martins, “Se a empresa
for excluída do polo passivo e houver trânsito em julgado, não poderá ser parte na
execução, pois a coisa julgada se dá entre as partes que figurem no feito e não em
relação a terceiros (art. 472 do CPC).” (MARTINS, 2014, p. 138).
142
Em relação ao Projeto de Lei 4330 de 2004, de autoria do Deputado Sandro
Mabel que tem por objetivo regulamentar a questão da terceirização no Brasil, o que
é feito hoje pelo Judiciário, através da Súmula 331 do Egrégio Tribunal Superior do
Trabalho. O presente projeto de Lei é composto por 19 artigos, dispondo sobre o
contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes.
Dentre suas finalidades, objetiva regularizar a situação da terceirização e colocar fim
a insegurança jurídica que se vê atualmente.
O primeiro artigo do presente projeto define questões que já estão sedimentadas,
tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência e também por lei, observe: “Art. 1º
Esta Lei regula o contrato de prestação de serviço e as relações de trabalho dele
decorrentes, quando o prestador for sociedade empresária que contrate empregados
ou subcontrate outra empresa para a execução do serviço. Parágrafo único. Aplica-se
subsidiariamente ao contrato de que trata esta Lei o disposto no Código Civil, em
especial os arts. 421 a 480 e 593 a 609.”
A Consolidação das Leis do Trabalho, já prevê a aplicação subsidiária da lei
comum, no que não for contrário aos princípios norteadores do direito do trabalho,
conforme inserto no parágrafo único do artigo 8°, note: “Parágrafo único – O
direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for
incompatível com os princípios fundamentais deste”. Ademais, o Código Civil é
perfeitamente aplicável às relações de trabalho, relativamente as ações de prestação
de serviços, é o que se depreende da leitura do artigo 593 do CC, “Art. 593. A
prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial [...]”.
Buscou, desse modo, pacificar a aplicabilidade do Código Civil.
Questão que merece atenção é o artigo 2° da proposta de regulamentação da
atividade. Inicialmente o artigo 2° define o que é a empresa prestadora de serviços,
veja: “Art. 2º Empresa prestadora de serviços a terceiros é a sociedade empresária
destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos.” Aqui, reafirma
a condição já conhecida, da necessidade de ser pessoa jurídica, para fornecer serviços
a empresa tomadora, afastando assim a possível aplicação da legislação trabalhista
se a contratada fosse pessoa física.
Quanto ao parágrafo 2° do mesmo artigo, eis que está em total desconformidade
com o entendimento já pacificado e sumulado pelo TST, ao passo que assegura: “§ 2º
Não se configura vínculo empregatício entre a empresa contratante e os trabalhadores
ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo.” O
fato de poder configurar a relação de emprego é sem dúvida uma das principais
preocupações do TST, tanto que manteve essa condição no enunciado da súmula
331, que foi alterado recentemente.
143
A insegurança jurídica do empresariado, repousará agora sobre o trabalhador,
sendo este o menos favorecido dessa relação e, que tem sua mão de obra agenciada
e estará na iminência de não ter o vínculo empregatício reconhecido por empresa
idônea. Se por algum motivo, por exemplo, a empresa terceirizada fechar as portas,
o que é muito comum, ainda que estejam presentes todas as garantias asseguradas no
artigo 3° do Projeto de Lei em tese, que prevê a necessidade de ser pessoa jurídica
com registro na Junta Comercial e capital social condizente com o número de
funcionários, o empregado estará desamparado.
Como singelamente mencionado anteriormente, a mão de obra já executada,
não pode retornar ao seu “status quo ante”, ou seja, voltar a ser como antes, isso
porque ela já foi feita, e logo, por ela o trabalhador deve receber o seu salário e
deve ter o vínculo reconhecido com empresa idônea que possa facilmente solver os
débitos trabalhistas e previdenciários.
Outrossim, nem mesmo com a previsão do §1° do artigo 3°, prevendo que
por negociação sindical, até 50% do capital social da empresa prestadora poderá
ser imobilizado para garantia de possível execução, não parece suficiente, já que
dificilmente esse requisito será atendido. Martins, também acredita na viabilidade
de se estabelecer um capital social mínimo, “uma forma de melhorar a idoneidade
das empresas terceirizadas é estabelecer um capital social mínimo para poderem
operar, visando que os sócios respondem até esse limite pelas dívidas da sociedade.”
(MARTINS, 2014, p. 141).
O caput do artigo 4° define a empresa tomadora, ou empresa contratante, como
preferiu chamar o legislador, “Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra
contrato de prestação de serviços determinados e específicos com empresa prestadora
de serviços a terceiros.” Definindo a possibilidade de haver a contratação de empresa
de prestação de serviços por pessoa física ou jurídica.
O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, deixou expresso que a atividade
desempenhada pela empresa terceirizada deve ser especificada contratualmente,
“§ 1º É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas
daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços.” ou
seja, sua atividade deve estar bem delineada e sua execução repousa estritamente
sobre atividades previamente acordadas, sob pena de configurar contratação irregular
de mão de obra, isso porque, como já falamos, a atividade da prestadora deve ser
especializada.
Além do requisito de prestação de serviços predeterminados contratualmente,
consta também no artigo 14, a necessidade de estabelecimento prévio do prazo
em que se dará a contratação da mão de obra quando for o caso. Determina ainda
que a empresa prestadora de serviços deve fornecer periodicamente comprovantes
144
de quitação de débitos trabalhistas. Para Martins a exigência da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas é fundamental, logo, “uma maneira de verificar
a responsabilidade é se a empresa prestadora de serviços exigiu da tomadora de
serviços a CNDT.” (MARTINS, 2014, p. 141). De fato, o inciso II do artigo 14 é de
difícil aplicação prática, ante a dificuldade que empresas encontram para acessar e
acompanhar tão de perto esse processo.
Uma das principais características da terceirização ao longo da história, foi a
execução das atividades secundárias da empresa tomadora, que em nome do progresso
científico, qualidade, agilidade e economia, passou a transferir para outras empresas
e realização de atividades não fundamentais para o objetivo primordial da empresa,
podendo, desse modo, focar especificamente no seu produto ou serviço, tornandose mais competitivo e por fim, conseguindo se sobressair em um mercado cada vez
mais exigente. Essa regra não é absoluta, mas deve ser analisada minuciosamente,
sobre pena de se poder terceirizar qualquer atividade.
Terceirizar qualquer atividade é exatamente o que pretende o parágrafo segundo
do artigo 4° do projeto de Lei 4330, se aprovado. Representa, pois, uma mudança
substancial sobre quase tudo que se conhece sobre o instituto em debate, verifique:
“§ 2º O contrato de prestação de serviços pode versar sobre o desenvolvimento
de atividades inerentes, acessórias ou complementares à atividade econômica da
contratante”. Esse aspecto é veementemente combatido pelo Egrégio Tribunal
Superior do Trabalho e pela doutrina majoritária e, tornou-se o objeto principal da
Súmula 331 dessa Corte.
Martins que muito nos ensinou sobre a terceirização, após citar diversas leis que
permitem a terceirização da atividade fim, de forma inovadora, mostra-se tendente à
legalização da terceirização da atividade final da empresa, dizendo:
Certas atividades-fins da empresa podem, porém, ser terceirizadas, principalmente
se compreenderem a produção, como ocorre na indústria automobilística, ou na
compensação de cheques, em que a compensação pode ser conferida a terceiros,
por abranger operações interbancárias. (Martins, 2014, p. 130-131)
Para firmar seu entendimento apoiou-se no artigo 102 do Código de Aeronáutica,
no artigo 31 da Lei 8.212/91 que permite para fins dessa lei a terceirização pode
ocorrer ou não na atividade fim, no inciso II do artigo 94 da Lei 9472/97, mencionou
ainda a possibilidade no setor de energia elétrica ao citar o § 1° do artigo 25 da
8.987/95. Após a citação dos referidos comandos legais, assevera que:
Não se pode afirmar, entretanto, que a terceirização deva restringir-se à atividademeio da empresa, ficando a cargo do administrador decidir tal questão, desde que a
145
terceirização seja lícita, sob pena de ser desvirtuado o princípio da livre iniciativa
contido no art. 170 da Constituição (Martins, 2014, p. 132).
Não parou por aí, (Martins, 2014, p. 132), ainda cita exemplos como o
da Construção civil, em que azulejos, fundação e outras atividades que são
consideras fundamentais, mas, podem ser terceirizadas simplesmente porque
ninguém as declarou ilegal, menciona que a costureira exerce atividade-fim em
sua residência, mas são consideradas autônomas, cita a concessão telefônica,
prevista no artigo 25 da Lei 8.987/95, pesponto de sapatos em Franca e outros.
Por fim, afirma que:
Em decorrência do princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição,
cabe ao empresário definir quais as áreas que pretende terceirizar, inclusive da
atividade-fim, se assim entender. Cabe a ele escolher, portanto, a área que pretende
terceirizar. [...] Para que inexista, contudo, o vínculo de emprego com a tomadora
dos serviços, é mister que a pessoalidade e a subordinação direta se deem com a
pessoa que fornece mão de obra. (Martins, 2014, p. 133).
Pelo exposto, nota-se que doutrinariamente já há posicionamentos contrários a
Súmula 331 do TST, e, indiretamente a favor do Projeto de Lei 4330 de 2004, por
semelhança de entendimento.
O projeto também considera a legalidade nos casos em que o mesmo trabalhador
continuar prestando serviços por tempo indeterminado à mesma tomadora, desde
que, as contratações sejam realizadas por prestadoras diferentes, conforme consta no
artigo 5º, já o artigo 6° permite a execução dos trabalhos no local acordado, podendo
ser no estabelecimento da contratada ou não. O projeto no artigo 7° visa atribuir
à tomadora a responsabilidade por acidente de trabalho, sempre que o empregado
estiver a seus serviços e em suas dependências, o que é razoável, pois o trabalhador
merece respeito e ter sua saúde preservada.
O artigo 8° trata da capacitação do empregado para execução dos serviços,
quando houver necessidade de treinamento o mesmo deverá ser fornecido pela
prestadora de serviços, sendo este, um requisito para colocação do empregado à
disposição na tomadora para lhe prestar serviços, podendo ainda a tomadora exigir
de sua contratada certificado comprovando a capacitação.
O artigo 9°, asseguraria condições favoráveis aos empregados das empresas
terceirizadas, o que amenizaria as perdas dessa classe de trabalhadores, isso se, não
fosse a palavra “pode” colocada ali pelo legislador, note: “Art. 9º A contratante pode
estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços a terceiros benefícios
oferecidos aos seus empregados, tais como atendimento médico, ambulatorial e de
146
refeição destinado aos seus empregados, existentes nas dependências da contratante
ou local por ela designado.” Se aprovado o projeto com essa redação, dificilmente
esse artigo terá utilidade prática no mundo empresarial, vez que será uma faculdade
da empresa tomadora dos serviços, que já busca na terceirização justamente a
redução de gastos.
A determinação prevista no artigo 10, já é usual, este estabelece a obrigação
subsidiária pelas verbas trabalhistas decorrentes da terceirização. “A empresa
contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes
ao período em que ocorrer a prestação de serviços, ficando-lhe ressalvada ação
regressiva contra a devedora.” Agregando porém, a possibilidade da empresa tomadora
cobrar da sua contratada os valores gastos com ações trabalhistas. “Parágrafo único.
Na ação regressiva de que trata o caput, além do ressarcimento do valor pago ao
trabalhador e das despesas processuais, acrescidos de juros e correção monetária, é
devida indenização em valor equivalente à importância paga ao trabalhador.”
O artigo 11 reza que “A empresa prestadora de serviços a terceiros, que
subcontratar outra empresa para a execução do serviço, é solidariamente responsável
pelas obrigações trabalhistas assumidas pela empresa subcontratada.” Isso significa
que, o empregado tem a faculdade de receber a seu critério de uma ou de outra
empresa o crédito em sua totalidade ou parcialmente.
O artigo 12 estabelece que quando a contratante for a Administração Pública,
optou pela aplicabilidade do artigo 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em
que o contratado é o único responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, eximindo a Administração Pública de qualquer responsabilidade
sobre o pagamento das verbas trabalhistas e comerciais. Em relação as contribuições
previdenciárias de que trata o artigo 13° deverão ser recolhidas à base de 11% pela
empresa que contrate mão de obra terceirizada, por força desse dispositivo aplica-se
o artigo 31 da Lei 8.212/91.
O projeto no artigo 15, regulamenta que a contribuição sindical, bem como
seu enquadramento devem ocorrer com o sindicato representante da categoria
profissional correspondente à atividade terceirizada exercida pelo trabalhador na
empresa contratante, nos termos constantes da CLT, sendo devido na proporção do
tempo em que o empregado ficou à disposição da empresa contratante ou tomadora.
Quando o trabalhador já houver pago o equivalente a um dia de remuneração, a título
de contribuição sindical no mesmo ano, o valor não mais será devido.
Não incluiu nesta Lei os serviços de natureza doméstica, vigilância e transporte
de valores, pois já existe Lei específica que os regulamenta. Prevê ainda multa de R$
500,00 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, salvo se já houver previsão
legal de multa específica para a infração verificada.
147
3
A terceirização é um tema complexo e desafiador em todas as esferas na
sociedade, tanto para classe detentora do capital que busca nesse instrumento uma
alternativa de sobrevivência empresarial no mercado cada vez mais competitivo,
quanto na classe detentora da mão de obra.
Diante dos fenômenos observados, foi possível verificar que, o descarte das
atividades secundárias que não constituem o objeto principal da empresa, trouxeram,
inúmeros benefícios para o empresariado, como redução de custos, tornando-os
variáveis, o que se justifica principalmente nas atividades sazonais, período em que
o empregador não precisará manter empregados ociosos, podendo redirecionar os
valores outrora gastos com despesas trabalhistas em pesquisa e tecnologia, o que
também seria bom para o desenvolvimento do país.
Advém de seus benefícios a redução com encargos trabalhistas e previdenciários
e, também possibilita que as empresas disponham de especialização de sua atividade
principal, qualidade, agilidade e competitividade. Isso porque a descentralização
de atividades não fundamentais geram ganho de tempo para focalização no objeto
finalístico, o que será diariamente aprimorado e, a sociedade também lucra, pois
terá produtos e serviços prestados com mais qualidade. A competitividade da
empresa está ligada dentre outros fatores, com qualidade de seu produto ou serviço
disponibilizado no mercado de bens e consumo.
Por outro lado, há prejuízos ao trabalhador, que tem seu salário reduzido, isso
porque, para chegar em suas mãos, antes tem que passar pelas mãos de outrem
(empresa terceirizada) que lucra através da exploração do trabalho do homem.
Não para por aqui, como visto, o empregado tem reduzida quase a zero suas
condições de crescimento dentro da empresa e, de galgar novos cargos, o que
o torna semelhante a uma máquina com validade, pois quando este já não tiver
forças será descartado e trocado.
Tantos benefícios e desordens se justificam pela ausência de lei, desse modo,
os empresários dispõem de facilidade para reger contratos da forma que entenderem
mais vantajosa. Desse modo, os empregados sujeitam-se as condições adversas a que
são submetidos.
O único parâmetro legal direcionador das mazelas decorrentes dessa relação é
a Súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho, que delineou regras em torno da
terceirização, como observado, restringiu o uso desse instituto a quatro possibilidades,
três em atividade meio, sendo, vigilância, conservação e limpeza e, na atividade final
para o trabalho temporário, que como demonstrado possui natureza peculiar que a
justifica, observado em todos os casos a ausência de subordinação e pessoalidade.
148
Há de se notar que, tal enunciado está longe de colocar fim aos conflitos
juslaboralistas que decorrem dessa prática cada vez mais comum. Não abrange pois
questões como o que é a atividade-meio e atividade-fim. Com o intuito de legalizar
essa situação o Deputado Sandro Mabel propôs na Câmara o Projeto de Lei 4330 de
2004, que revela um aspecto protecionista da classe detentora do capital, ao permitir
que a terceirização ocorra livremente sobre quaisquer atividades da empresa, ficando
a cargo do administrador gerir quais atividades pretende terceirizar. Apesar de estar
sedimentado pela jurisprudência que, repousa sobre a terceirização da atividade
final uma ilegalidade, conforme súmula 331 do TST, a doutrina acredita ser legal a
terceirização da atividade fim.
Percebe-se dessa forma que é possível terceirizar atividades finais da empresa,
contudo, como demonstrou Martins ao citar diversos exemplos, desde que, não esteja
presente a subordinação e a pessoalidade. Também não poderá a empresa tomadora
dar descrições excessivas da atividade a serem executadas, o que pode denotar a
subordinação de forma mascarada.
É de se notar que o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, busca combater
os abusos e a exploração do homem pelo homem, ao determinar que nos casos de
contratação ilegal o vínculo empregatício será gerado diretamente com o tomador
dos serviços, que se beneficiou da mão de obra e serviços que lhe foram prestados.
Por outro lado, o projeto em análise demonstrou que favorece em muito a atividade
empresária, permitindo-lhes amplo acesso a mão de obra, contudo, sem nenhum
vínculo e pouca responsabilidades dos conflitos laborais decorrentes da terceirização.
Apesar de inúmeras exigências trazidas pelo projeto de lei para o funcionamento
da empresa, tem-se que são insuficientes, sendo que vez ou outra, a fiscalização
não será capaz de atender a todas as empresas, bem como a empresa tomadora
dificilmente conseguirá acompanhar exatamente todos os requisitos para manutenção
do contrato com a empresa prestadora. Tais motivos fazem crer que, em casos de
idoneidade da empresa terceirizada, a responsabilidade da tomadora pelos encargos
trabalhistas deve ser subsidiária. Não deve prosperar o comando legal que afasta
vínculo empregatício com o real empregador, para os casos de contratação irregular
de mão de obra.
Por fim, se a súmula 331 do TST, ainda que preocupada com a questão social e a
proteção dos direitos dos trabalhadores, não se adequada a todas as situações fáticas
que ocorrem no dia a dia dos trabalhadores e empregadores, por outro lado, o projeto
de lei 4330 quer alargar demasiadamente a questão da terceirização, de modo, sua
aprovação pelo Congresso da forma em que se encontra, representará uma mudança
substancial no que se entende por Terceirização, o que deverá movimentar e muito
o Judiciário.
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Referências
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Direito contemporâneo - Julho de 2013

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