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CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS. DIALOGO ENTRE LAS DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO. HACIA EL FUTURO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PROGRAMA SIMPOSIO Nº12 CIUDADANÍA TERRITORIAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS Y RURALES EN AMÉRICA LATINA. SIGLOS XX Y XXI Coordinadores 1. Dra. Celia Basconzuelo. Argentina. [email protected] 2. Dra. Ely Souza Estrela. Brasil. [email protected] 3. Mags. Agripino Coelho. Brasil. [email protected] 4. Lic. María Virginia Quiroga. Argentina. [email protected] Participación Ciudadana: asociaciones, desarrollo local y políticas públicas Emergencia de la ciudadanía activa y global José Vargas Hernández Introducción Aristóteles sostiene que “El ciudadano sin más por nada se define mejor que por la participación en la administración de justicia y en el gobierno”, (Aristóteles, 1951, Libro III, 1275ª5,68). La jurisprudencia latina combinó el pensamiento de las polites griego con la noción cristiana de libertad para construir las categorías de ciudadano del imperio (civis) quien tenía los atributos de la libertad o liberum arbitrium y la vinculación política a ordenamientos jurídicos externos (Guyón, 2003). Ciudadano es aquél sujeto que recibe el estatuto del Estado. El Estado le reconoce como ciudadano, y le brinda su protección y las garantías individuales. El término ciudadano, y en su mayor extensión “nacional” en contraposición a extranjero, denota la adscripción de un sujeto a un Estado nacional trazado por fronteras o a lazos familiares. En la teoría de la justicia liberal, las fronteras como obstáculos para la determinación de los derechos de los sujetos por parte del Estado, deben suprimirse. La dicotomía existente entre lo nacional y lo extranjero se sustenta en los supuestos de la construcción del Estado y la homogeneidad social que deriva del extranjero en la composición social. La homogeneidad social ya no es la característica o elemento distintivo entre ciudadanos y extranjeros. El Art. 4 de la Constitución Francesa que disponía que el estado de ciudadanía activa se otorgaba a todo extranjero que residiese durante un año en Francia. Los planteamientos ético filosóficos que consideran las diferencias en las singularidades de los seres humanos por sobre las consideraciones universales de los derechos y formas de vida, centran el concepto de ciudadanía en un marco de referencia del espacio público heterogéneo. Los principios de política filosófica del liberalismo arrancan el estatus de ciudadano a los sujetos para abolirles de identidad de alteridad, y convertirlos en carne desnuda, sin sus atributos de polites y cives. Emergencia de la ciudadanía activa y ciudadanía global La corriente “neoliberal” del desarrollo pone un énfasis mayor en la efectividad de la estrategia del racionalismo económico de una “ciudadanía activa”, que más que constituirse en un foro para la participación política, es reforzada por mecanismos que apoyan la elección del consumidor y la libertad del mercado. Una ciudadanía activa en el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales y un Estado de Derecho legitimado son requisitos de un sistema democrático. La democracia necesita de una ciudadanía activa en los asuntos públicos y en la política para alcanzar altos niveles de legitimación y para convertirse en la fuerza que guía a una sociedad. El concepto de ciudadanía global hace referencia al principio de igualdad basado en el derecho a la diversidad que reconocen los derechos políticos y civiles como indivisibles e interdependientes con los derechos económicos, sociales y culturales a pesar de que el ejercicio de estos últimos requiere procesos políticos de exigencia por acción individual o colectiva para su reconocimiento y para tener el acceso al disfrute de los bienes y servicios que resultan, aunque en la exigencia y reconocimiento de los bienes públicos globales todavía no se desarrollan las estructuras institucionales que garanticen la provisión adecuada de dichos bienes. Las elites económicas que gobiernan en las democracias de mercado realizan campañas intensas para convencer a la ciudadanía mundial en el mito de un poder sin precedentes. La teoría del interés público se centra en los procesos de reforma para fundamentar las respuestas políticas a las demandas de la ciudadanía que justifica el uso de nuevas formas de intervención del Estado mediante políticas públicas que dan respuesta a los servicios demandados al gobierno. El análisis de las políticas públicas es el nuevo diseño instrumental de la nueva administración pública y de la denominada gerencia pública, cuyos objetivos no son solamente lograr la eficiencia y la maximización de utilidades, sino también lograr la legitimidad del modelo económico que postulan mediante la aprobación ciudadana, tomando en consideración que la conducta y la acción humana se sustenta también en la cultura y las instituciones. La reforma del aparato burocrático administrativo del Estado está orientada en el nuevo gerencialismo, procesos de democratización y hacia los consumidores que en mercados competitivos realizan elecciones racionales, lo que termina reduciendo al ciudadano en un consumidor. La identidad ciudadana se abandona y quiere ser sustituida por la condición de súbditos imperiales y consumidores-clientes. El ciudadano como el titular de derechos humanos o derechos de hombre que comprenden todos los derechos, los políticos, económicos, sociales, republicanos patrimoniales, etc., es reducido a su mínima expresión como cliente o usuario integrado más a un mercado que a una sociedad participativa. El ciudadano existe a través de un acceso asegurado al mercado bajo la figura de consumidor, puesto como un punto para determinar la equidad, pero en los términos de una identidad que es acertada a través de clamores específicamente enumerados. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian. Por lo tanto, la aplicación al sector público de esta teoría consiste en la creación de un quasi-mercado que transforma el aparato burocrático gubernamental en un conjunto de relaciones contractuales entre agencias públicas y privadas que buscan maximizar sus beneficios a pesar de que el interés de los agentes no siempre es coincidente con el interés de la ciudadanía. La orientación empresarial del Estado que busca la rentabilidad y la calidad total en todos los servicios que ofrece a un mercado de consumidores más que a ciudadanos, asume el bienestar como una función del poder adquisitivo de quien cuenta con los recursos para comprarla. Para Minztberg (1996), la relación entre gobierno y ciudadano es distinta de la relación empresa cliente en el sentido de que el gobierno tiene la legitimidad y el ciudadano derechos que trascienden el mero consumo. Con las reformas al aparato burocrático del Estado nacional se queda con menos instancias de relación directa con la ciudadanía, las cuales se transfieren a los niveles de gobiernos locales mediante procesos de descentralización que tienen en común denominador el fortalecimiento de instituciones de gobierno que están más cerca de los ciudadanos para cerrar la brecha entre los procesos de formulación, implementación y control. La nueva gestión pública es un proceso de reingeniería y rediseño de las relaciones entre los actores involucrados en la esfera estatal para la creación de valor público mediante el fortalecimiento de las instituciones a partir del aumento del capital social y el aprendizaje organizacional que promueven espacios de confianza entre el sector público, la ciudadanía y la sociedad civil. Las nuevas formas de gobierno institucionales privilegian la colaboración entre los líderes que representan a diferentes grupos de intereses integrados por ciudadanos con diferentes expectativas. La recuperación del poder por la sociedad consiste en dar a los procesos democráticos un sentido de gobernabilidad democrática que confiera al ciudadano participación en las decisiones y en la exigencia de la rendición de cuentas de las autoridades. El Estado nación ha sido el principal agente globalizador mediante procesos de cesión de soberanía política que son la causa principal de conflictos entre el Estado y la nación y entre los ciudadanos y el Estado. Precisamente en los tiempos en que se transita a la formación de una sociedad global centrada en la información y el conocimiento, se presenta una crisis de valores institucionales que desvincula a la ciudadanía paulatinamente de la política y se pierde la confianza en las instituciones democráticas hasta volverse indiferente a su actuación y desempeño. A pesar de que la ciudadanía orienta su actuación por las preferencias, tienen las habilidades políticas y los recursos para usar medios políticos convencionales y no convencionales (Dalton, 2002), los individuos cambian sus criterios de toma de decisiones de factores a largo plazo, tales como la lealtad de los grupos y el afecto a los partidos, por consideraciones a corto plazo de preferencias de políticas y evaluaciones del desempeño. Bajo esta concepción, la ciudadanía entra en crisis y arrastra consigo el principio de razón igualitaria. Esta separación de las concepciones de ciudadanía identifica al ciudadano como cliente y lo despojan de sus derechos de ciudadano para fiscalizar las funciones públicas, para exigir su participación, el cumplimiento y la transparencia de las políticas y programas públicos extender la ciudadanía social a los excluidos socialmente es entrar en un proceso de democratización de la globalización. La existencia de la miseria, la exclusión y la marginación dan cuenta del fracaso que ha tenido la ciudadanía social. La falta de participación y debate de los ciudadanos en los procesos políticos de integración no contribuyen a crear una identidad social que sea el fundamento a una democracia postnacional. Por lo tanto, la emergencia de nuevos movimientos sociales que actúan localmente pero que tienen impactos políticos globales se apoyan en el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías electrónicas que promueven una mayor libertad de acción colectiva que confunde las categorías de lo ciudadano y lo político con la aparición de actores no convencionales en el escenario global. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Para revertir esta tendencia, es necesario disminuir la influencia del mercado en el desarrollo y asignar un papel protagónico a la “ciudadanía extensiva” y a la formación de una nueva sociedad. Discusión La sociedad civil y el Estado, como esferas interdependientes están llamados a involucrarse más en la construcción de una ciudadanía más consciente de los cambios requeridos. Por siglos, las teorías liberales han argumentado por la justicia para todas las personas, pero en la práctica, esa justicia se ha limitado solo a los ciudadanos, lo cual da lugar a una diferenciación de las personas en razón de su nacionalidad. En el ámbito social, se señala una sociedad heterogénea y diversa, la falta del ethos ciudadano que promueve las libertades. y sustente la legalidad en el ejercicio de la administración pública. El fortalecimiento de la ciudadanía como participación efectiva de los actores sociales en los asuntos públicos es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social. Las instituciones mismas tienen que fortalecer y al mismo tiempo nutrirse de los valores sociales, como la democracia, la participación ciudadana, etc. El diseño de las instituciones debe garantizar a todos los ciudadanos un nivel de influencia y control similar sobre los procesos de gobierno colectivo, mientras que separa los procesos de toma de decisiones individuales y colectivas. Se debe proponer instituciones democráticas que garanticen igual acceso de los individuos a los canales de influencia, proporcionar una esfera de autonomía individual y promover procedimientos que contribuyen a la formación de una ciudadanía democrática. Los procesos de gestión pública necesitan ser democratizados mediante la consolidación de la participación de los ciudadanos en la búsqueda de alternativas para una correcta y eficaz toma de decisiones que garantice su aplicación. Bajo una teoría de la democracia integrativa, apoderamiento significa la transformación de los individuos en ciudadanos mediante el incremento de su habilidad para internalizar una perspectiva holísta de gobierno societal y para desarrollar sus capacidades sociales e intelectuales. La participación de los ciudadanos es inherente al apoderamiento facilitado por el diseño de instituciones democráticas. El reto para integrar la política social en las metas de desarrollo requiere de identificar e introducir los sistemas representativos y procesos para los gobiernos y ciudadanos, para hacer elecciones, resolver diferencias y dar cuenta de las decisiones. La emergencia de nuevos movimientos sociales de resistencia a los procesos de globalización que vienen aparejados con la implantación del modelo de desarrollo socioeconómico neoliberal requiere que los ciudadanos adquieran nuevos planteamientos conceptuales y metodológicos para el análisis de los procesos democráticos y políticos en su fase postnacional. Sin embargo, se tiene que enfrentar con los retos reduccionistas del racionalismo económico, no poniendo alguna oposición inherente entre ciudadanía y mercado, sino delimitando los clamores posibles a la ciudadanía, la ‘titularidad cívica’ y dando origen a muchos mercados discretos, como por ejemplo, de etnicidad, género, acceso del medio ambiente y social, salud, etc. Por lo tanto, la discusión de la democracia postnacional es una discusión que nos compete a todos los ciudadanos y no nada más a quienes la imponen en nuestro espacio como una forma dominante de gobernabilidad. Pero más que la discusión, se requiere de una estrategia reorientadora capaz de liberarnos del poder seductor del capitalismo neoliberal global que bajo la inducción del consumo infinito es capaz de doblegar a los ciudadanos incluidos en el sistema mientras que excluye a quienes no son aptos económicamente. Referencias Aristóteles (1951). Política. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. Dalton, Russell J. (2002) “Democracy and its citizens: Patterns of political change” Mimeo. Guyón, Gilles (2003). “Sur quelques fondations de la pensée chréttiene des droits de Minztberg, Henry (1996). “Managing government, governing management” en Harvard Business Review, mayo-junio, pp. 75-83. La Educación Ambiental como estrategia para la introducción del Pensamiento Ambiental en el ámbito comunitario Silvia Iris Alegre El pensamiento ambiental busca la construcción de una sociedad mundial “ambientalizada”, ó sea una sociedad basada en la ética, la solidaridad y la cooperación mutua. Una sociedad que aborde los problemas actuales desde el ámbito de la complejidad, con la mirada integrada de las disciplinas que se han ido construyendo con la propia evolución humana y el conocimiento del mundo. Una sociedad en armonía con la naturaleza, basada en el respeto a la diversidad y a la valoración de las diferencias que tanto nos enriquecen. Son muchos los pensadores latinoamericanos que han aportado sus saberes para esta construcción -Augusto Ángel Maya, Eloísa Tréllez Solís, Felipe Ángel, Carlos Galano, Enrique Leff, y Guillermo Castro, por nombrar a algunos de ellos-, como una alternativa deseable y posible al paradigma reduccionista y su lógica imperante. “El Pensamiento Ambiental se constituye como la construcción teórica, inter y transdisciplinaria, que cruza de manera transversal y compleja la totalidad de las disciplinas, profesiones y prácticas cotidianas de la cultura, con el fin de construir conceptos, valores, símbolos y prácticas científicas y tecnológicas que transformen las tramas de la cultura en la urdimbre de la naturaleza hacia una sociedad ambiental que se asuma como naturaleza y que, por lo tanto, pase de una actitud de dominio, a una actitud de respeto por la vida como plétora de alteridades y de la cual, la especie humana es un hilo que participa del tejido de esa trama…”. No es nuevo el análisis de la realidad actual en la que nos econtramos, sumidos en una acuciante de la problemática ambiental mundial. Es necesario, para el abordaje de esta crítica situación, el incorporar la mirada desde el Pensamiento Ambiental a la gestión de las comunidades. Si bien los problemas ambientales tienen un efecto global, la manera más efectiva de lograr un cambio para revertirlos, es gestionar el ambiente desde lo local. Es a través de esa visión que hemos de poder reflexionar acerca de lo complejo del sistema ambiental e ir trabajando los cambios necesarios para intentar salir de esta situación crítica. Pero más aún, el horizonte que nos alienta, no promueve sólo el solucionar las problemáticas ya instaladas por una falta de análisis complejo; sino trabajar en el diseño de los futuros posibles y deseables, con miras a crecer como comunidades, sin que ello signifique generar nuevos problemas ambientales (Tréllez Solís, 2008) El Pensamiento Ambiental solo puede ser incorporado a la realidad social comunitaria, a través de la Educación Ambiental, ya que la misma es una educación inclusiva, basada en el diálogo de saberes, en el respeto al otro, la ética; la solidaridad y el análisis crítico de la realidad propia, así como de sus potencialidades. La Educación Ambiental nos recuerda la pertenencia de lo humano a la naturaleza, pero no al ecosistema (Ángel Maya, 1999), y nos reafirma en la importancia de la consolidación de los procesos sociales. A través de la inclusión del Pensamiento Ambiental en el ámbito comunitario, se puede ir fortaleciendo a la sociedad local, reconociendo sus instituciones y valorando sus saberes, para que pueda ser posible tomar decisiones de futuro basadas en las propias características –potencialidades y limitaciones- del ámbito comunitario. En ese sentido, se utiliza como estrategia el reconocimiento y fortalecimiento de los espacios de participación ya generados, así como la creación de nuevos espacios donde se escuchen las diferentes voces que a veces no están presentes por no ser reconocidas como valiosas. Con el trabajo de recuperación de estos espacios y la introducción del Pensamiento Ambiental en ellos, se intenta lograr el emponderamiento de los actores sociales locales en cuanto a la valorización de su patrimonio tanto cultural como natural. Es en estos espacios donde se propicia la participación de lo diverso, con lo cual se va generando una trama, una malla, que actúa como caja de resonancia para hacer oír los reclamos y necesidades. Se puede así llevar respuestas a cada elemento que constituye la red, generando solidaridad y fortalecimiento comunitario. Pero en definitiva, lo que se propone es que la sociedad actúe como el sistema complejo que es, generando nuevas propuestas de crecimiento local que contemplen a todos y todas. Bibliografía Alegre, Silvia Iris (2005) “La Educación Ambiental como proceso”. Revista Ambiente Chicos Nº3 –pp. 28-29. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. UNESCO, PNUMA, UNICEF. República Argentina Alegre, Silvia Iris (2007) “Talleres Comunitarios de Educación Ambiental para la introducción del Pensamiento Ambiental a nivel local”. Revista Electrónica “DELOS, Desarrollo Local Sostenible”. Publicado en Vol.1, Nº 0, Editor Dr. Juan Carlos Martínez Coll.. Málaga, España. www.eumed.nte/rev/delos/00/sia.htm Ángel, Felipe. (2006) “Naturaleza y ciudad en la Educación Ambiental” Conferencia pronunciada en el II Congreso de Educación Ambiental y Desarrollo sustentable de la República Argentina”. Chapadmalal, Buenos Aires. Ángel, Felipe. (2005) “¿Para que educar en el siglo XXI? Ejes educacionales del Desarrollo Sustentable” Artículo publicado en Educación ambiental para el desarrollo Sustentable. Miño y Dávila Editores-Ctera. Ángel Maya, Augusto. (1996) “El reto de la vida. Ecosistema y Cultura: Una introducción al estudio del Medio Ambiente”. Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Colombia. Boff, Leonardo. (2004) “Críticos, creativos, cuidantes”. Textos Breves. Centro Nueva Tierra. Ciudad de Buenos Aires. Argentina. Galano, Carlos. (2007) “Formación ambiental, Sustentabilidad y Problemáticas Urbanas”. Publicado en “Ciudades que enamoran, Jornadas de debate regional” Galano, Carlos et al. VERDE-SER, Ediciones del Foro Ecologista de Paraná. Paraná, Argentina García, Rolando. (1999) “Interdisciplinariedad y sistemas complejos”, artículo publicado en “Educación en ambiente para el Desarrollo Sustentable”. SNES (Syndicat Nacional des Enseignantes de Second Degré)-Ctera-Escuela Marina Vilte) Gutiérrez Pérez, Francisco y Cruz Prado. (2003) “Ecopedagogía ciudadana y ciudadanía planetaria”. Colección Alma y Tiza. Argentina Iglesias, Alicia y Martínez, Adriana. (2008) “Desarrollo territorial Sostenible. Instrumentos participativos para la acción” Programa Desarrollo Local Sostenible. Dpto. Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján- Maestría en Intervención Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. EDUCO-Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina Leff, Enrique. (2002) “Saber Ambiental, Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder” Siglo XXI Editores. Coedición con Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM) y PNUMA. Argentina Noguera, Patricia. (2009) “Augusto Ángel Maya: Poeta-.Filósofo del Pensamiento Ambiental Latinoamericano”. ISEE Publicación Ocasional, No. 6 Sección Filosofía Ambiental Sudamericana Tréllez Solís, Eloísa ; Quiroz, C. (1992) “Formación Ambiental Participativa: Una propuesta para América Latina”. OEA, Caleidos, Lima. Ciudadanía territorial y prácticas participativas en el ámbito barrial. aportes para su estudio desde la vecindad riocuartense Celia Basconzuelo Introducción Entre las organizaciones de la sociedad civil actuantes en nuestra ciudad es de destacar, entre otras, las asociaciones vecinales. Cuarenta y seis son las que pueden registrarse actualmente a lo largo del perímetro urbano. Sus comienzos – según los historiadores- datarían de los años ’50, siendo en la década de los ’80 cuando alcanzaron una gran expansión. Sin embargo, nuestros propios estudios permiten sostener que los primeros registros de esos ensayos asociativos se remontarían a principios de siglo XX y, por otra parte, que la modalidad primaria de la participación barrial cobró fuerza inicialmente con los petitorios elevados a la autoridad municipal, los cuales por su parte eran incentivados desde la prensa; luego sobrevino la instancia asociativa la cual una vez consolidada y en la medida que nuevos barrios fueron conformándose sirvió de modelo para cada una de las entidades que los vecinos pretendían consolidar en su territorio de base (BASCONZUELO, 2005). Estos aspectos del tema hacen referencia a la participación alternativa a la electoral1, y si bien no existía a principios del siglo XX una oferta de mecanismos participativos como los que actualmente rigen en muchos municipios del mundo (participación en la información, consulta, gestión, control de los poderes públicos), los vecinos de los barrios supieron recorrer por otro camino franqueado y legitimado por el marco legal de ese momento y básicamente por los derechos constitucionales- una modalidad participativa que implicaba ejercitar un conjunto de prácticas, entre las cuales destacamos la petición, la asociación y el desarrollo de una opinión (BASCONZUELO, 2009). Precisamente ese ejercicio de derechos que devenían en prácticas sitúa el tema en intersección con la ciudadanía, porque sin derechos no podría referirse la ciudadanía; y como esas prácticas se desplegaban desde un territorio de base como lo era el barrio -ese espacio suburbano que a principios del siglo XX progresivamente asomaba en Río Cuarto- cobra centralidad en este trabajo el concepto de ciudadanía territorial. 1 Esta línea de indagación fue estimulada inicialmente por los trabajos de Hilda Sábato. Para un referente teórico y empírico de estas formas alternativas de participación que consistieron en un conjunto de prácticas originadas en la sociedad civil y cuyo registro puede seguirse en toda América Latina, véase (Sábato, 1999). Nuestro aporte radica en abordar este problema para el sur de Córdoba y trabajar desde el enfoque de la teoría de la ciudadanía la participación desde los barrios, precisamente porque dicho enfoque refiere la cuestión de los derechos. Se trata pues de indagar en torno del siguiente problema: cómo a partir del ejercicio del derecho de vecindad, se avanzaba en la conquista de nuevos derechos, los que a su vez desde la figura del vecino iban al encuentro del ciudadano; y por otra parte cuáles significaciones particulares y representaciones importaba la ciudadanía territorial. Precisiones y alcances del concepto El concepto moderno de ciudadanía nació asociado a la construcción de la Nación. A partir de allí hubo distintas tradiciones conceptuales desde las visiones clásicas a la actualidad. Desde un criterio de ejemplificación selectiva se podría mencionar a Marshall, quien propuso la teoría según la cual la ciudadanía deviene del status social de derechos y deberes; los derechos del ciudadano habrían comenzado con la dimensión civil (libertad individual e institucionalización de la justicia); continuaron con el derecho a participar en el ejercicio del poder, siendo el parlamento y las juntas del gobierno local las instituciones de referencia para su goce y finalizado con la ciudadanía social, obtenida una vez garantizados los derechos sociales (MARSHALL, BOTTOMORE, 1995). Bendix concibió la ciudadanía en términos de inclusividad social; Bustelo y Minujin como organización social inclusiva; Hannah Arendt lo planteó en términos de un espacio de construcción de lo público donde la ciudadanía enlaza con la participación colectiva y el compromiso cívico; Habermas lo concibe como status de derechos y deberes que otorga pertenencia y posibilidades de cambio en el posicionamiento social; Dahrendorf como rol social real; la escritora argentina Jelin propuso la comprensión de la ciudadanía desde una dimensión cívica de actuación de los sujetos en el proceso público; o Muffe que la definió como identidad política que surge de una construcción colectiva (PEÑA, 2002). Por otra parte, en referencia a la categoría de “ciudadanía territorial” los aportes teóricos provienen principalmente de cientistas políticos y sociólogos, en tanto el análisis histórico aporta su visión también. Al respecto, los historiadores hicieron alusión al término refiriendo las comunidades locales como fuente de derechos políticos, un agente particularmente importante en aquellas naciones donde lo local se sobrepuso a la construcción de la república y la nación (ANNINO, 1999). Los espacios provinciales aportan algunas sugerentes hipótesis, asociando la construcción de la ciudadanía con prácticas y libertades que devienen del ejercicio de los derechos cívicos y se corresponden con la dimensión societaria de la cuestión y con el marco municipal (RUFFINI, 2007). Por su parte, algunos cientistas políticos precisaron todavía más la impronta del territorio pero desde una visión apartada de las clásicas teorías, las cuales cabe recordar consideraban el territorio como el espacio físico donde se despliegan las actividades del hombre, hacia un concepto que lo entiende “como actor en contextos concretos”, donde se revaloriza lo local como expresión de la voluntad de un sector significativo de la sociedad para definir su propia política y donde el territorio puede ser generador de comportamientos a partir de procesos relacionales y decisionales gestados en él. Tal hipótesis concibe un modo sociológico de conceptuar la ciudadanía, apartado ciertamente de los enfoques institucionales, así como un modo de entender al territorio no como mero espacio pasivo en el cual se depositan las actividades para el desarrollo local, sino desde donde se pueden fortalecer derechos sustantivos de los ciudadanos (ZÁRATE, ARTESI, 2007). Finalmente, desde una perspectiva sociológica la “ciudadanía territorial” no referiría una construcción emplazada en el plano jurisdiccional o físicogeográfico sino las representaciones materiales y simbólicas del espacio, es decir, los aspectos materiales de la vida cotidiana, los discursos sociales construidos y además la generación de contra-espacios o espacios de resistencia al orden dominante; de manera tal que el espacio moviliza acciones sociales y a la vez políticas (SVAMPA, 2005; DELAMATA, 2005). El objetivo de este trabajo escapa a detenernos en las conceptualizaciones sobre ciudadanía, sino más bien a presentar un marco de análisis de la ciudadanía territorial como campo de conocimiento, utilizando los enfoques de la teoría de la ciudadanía y de los derechos. En primer lugar, importa centrarnos en los elementos constitutivos de la ciudadanía, entre los cuales se destaca -más allá de las diversas teorizaciones- el vínculo público entre Estado y Sociedad que nace con el reconocimiento de deberes y derechos y la consideración de que los sujetos sociales son titulares de derechos y deberes; por lo tanto se puede referir una relación entre la adquisición de derechos y la construcción de la ciudadanía (COHN, 2003; BORJA, 2002b). Profundizando en esta línea de análisis puede admitirse que el Estado construye ese vínculo público de la ciudadanía mediante dos dimensiones: una, es la jurídica constituida por el cuerpo de leyes además de la Constitución Nacional, de las cuales emanan la declaración de deberes y derechos de los ciudadanos; otra, es la política que puede generar a través de las políticas públicas, las políticas sociales, etc. las instancias en las cuales esos derechos se ejercitan, traduciéndose en beneficios. Desde esta perspectiva se interpreta la ciudadanía como una categoría dinámica, histórica, lo cual enlaza con la idea de proceso en construcción y, como tal, se le reconoce un momento de nacimiento –cuando se reconocen determinados derechos y se otorgan mediante leyes elaboradas en el marco público del Estado- y la transición hacia otro momento de ejercicio concreto de la ciudadanía, es decir, de ejercicio de los derechos (LEVÍN, 2000). Si bien adoptamos esta perspectiva de análisis centrada en el vínculo con el Estado, nuestros estudios permiten además complementar dicha visión con una indagación desde la sociedad civil, para mostrar cómo entre la ejercitación de derechos concedidos, la búsqueda de beneficios para los vecinos de los barrios con demandas que hacían al bienestar de la población suburbana, y la incorporación de esas demandas en la agenda pública municipal, se desplegó la lucha por conquistar nuevos derechos y este desafío se logró mediante la acción de los propios vecinos organizados y movilizados. Los vecinos de los barrios trabajaron desde esta dimensión, pero con el objetivo de trasponer hacia la otra, la dimensión política, procurando mediante múltiples prácticas transformar los derechos en beneficios -materiales y culturales para el barrio- y que ellos se vieran plasmados en políticas públicas municipales. Si bien es aquí el estado municipal quien gestiona el uso y/o ejercicio de los derechos al trazar nuevas políticas y contemplar en ellas a los barrios, han sido sus vecinos quien mediante la petición y el apoyo de la prensa escrita lograron advertir sobre los problemas barriales, anticipar soluciones e instalar el asunto tanto en el ámbito más amplio del espacio público como en el más acotado de la agenda pública municipal. A este análisis podríamos agregar las dimensiones operativas del vínculo de ciudadanía. Ellas son la socio-económica, que implica para el ciudadano el sentido de pertenencia al orden colectivo, lo cual permite luchar por el acceso a nuevas oportunidades y condiciones de bienestar social. Otra es la dimensión cultural y simbólica que implica una valoración pública por la utilidad social que representa el desempeño del ciudadano en la sociedad y su participación en los circuitos de producción cultural y simbólica. En nuestro caso de estudio, advertimos que la conformación social de los barrios presentaba un componente compartido de sectores medios y populares; paralelamente, las profesiones y oficios consignados (servicios, producción en el rubro de alimentación, vestido y tocador) constituyen un indicio de las actividades económicas incipientes o más plenamente desarrolladas en el conjunto del marco urbano, y a la vez un indicador de la demanda de ciertos bienes y servicios por parte de la población tanto urbana como rural. En nuestro análisis se asumen esos elementos constitutivos de la ciudadanía – básicamente entonces los derechos- con la interpretación de la noción de ciudadanía enlazada al territorio de base -el barrio- y representado éste como un espacio activo generador de prácticas, relaciones y vínculos sociales, y significaciones que concurren a cimentar no sólo el pleno sentido de la ciudadanía territorial, sino la comprensión del proceso general de construcción de la ciudadanía, en tanto y en cuanto se interprete este último como proceso histórico que importa una dinámica dentro de la cual concurren los procesos avenidos desde los espacio locales. Esos vecinos, a partir del reconocimiento que tenían de derechos legalizados y legitimados por el marco institucional dieron un paso importante en la visibilidad de nuevos derechos que se reclamaban. Luego, trataron de posicionarse y pugnar por nuevos derechos. Bregar por sus derechos era, además, una forma de participar en el espacio público e instalar sus demandas en la agenda pública municipal que hasta principios del siglo XX había elaborado políticas destinadas más bien a los vecinos del espacio céntrico de la ciudad. Aportes para el estudio de la ciudadanía territorial Esta trayectoria configuradora de ciudadanía desde el territorio barrial devela una experiencia participativa: un conjunto de prácticas devenidas del ejercicio de derechos que le permitían a su vez reclamar por otros. Aquí, la construcción de la ciudadanía arraiga en el espacio barrial, entendido en su dimensión territorial y a la vez social. Las prácticas desde aquí ejercitadas comprendían: 1. La práctica peticionaria cuyo ejercicio demandaba la movilización de los vecinos, la exposición de sus reivindicaciones y la presentación de un escrito –la solicitud- ante las autoridades municipales para su consideración. Peticionar será así un modo de participar, de involucrarse en la comunidad de base, de buscar influir para la toma de decisiones que favorecieran a los barrios. Por eso mismo las primeras entidades asociativas y las actuales nacieron en aquellos espacios. En su inmensa mayoría las peticiones barriales iban dirigidas al municipio, en razón de que era interpretado como el nivel administrativo más cercano y receptivo de las necesidades y problemáticas de los vecinos. No se trataba por tanto de prácticas participativas que -tal como ocurre actualmente- asumieran en torno de sus propios actores la gestión vecinal sino que transferían las respuestas al gobierno municipal, en razón además de un modelo vigente de relaciones entre el Estado y la Sociedad que privilegiaba el papel del Estado como monopolizador de la acción pública.2 Luego, si las autoridades asentían a la demanda –respuesta que en términos generales se consiguió- aquellos actores sociales3 habían logrado instalar el problema en la agenda pública. En ese trayecto la práctica peticionaria colectiva encontraba usualmente el acompañamiento de la prensa escrita y a la vez la propia prédica de la opinión; de manera que ésta cumplía un papel importantísimo al poner en evidencia frente a la opinión pública a las sucesivas gestiones administrativas desde el momento en que las interpelaba para lograr su intervención en las problemáticas barriales. La petición contenía diversas demandas, entendiendo por tales no la expresión de cualquier necesidad, sino cuando éstas salían del ámbito primario –barrial- y se hacían conocer en la sociedad, para con posterioridad y en la mayoría de los casos instalarse en la agenda pública. La necesidad barrial adquiría el carácter de visibilidad y se transformaba en una demanda pública. Luego, si el gobierno local la atendía y la incorporaba en su agenda de gobierno era porque había realizado una evaluación política de aquella y definido su prioridad para convertirla en política pública. 2 Esos roles se modificaron cuando en el marco de las reformas del Estado, con la particularidad que observaron en Córdoba, las políticas públicas se reformularon, dimensionando la gestión descentralizada aunque sin contar con suficientes recursos, y apareció entonces la posibilidad de gestionar desde las propias asociaciones vecinales y la puja por dotar de mayores partidas presupuestarias los servicios que aquéllas comenzaron a ofrecer. 3 Entendemos por “actor” en sentido estricto sociológico al sujeto u organización que asume actitudes participativas para transformar y producir cambios. Entre esas demandas, la búsqueda de beneficios materiales para el barrio se convirtió en un motivo frecuente de las peticiones vecinales y comprendía un amplio abanico de metas. La dotación de una infraestructura vial era una de ellas y refería usualmente el mantenimiento de las calles o la apertura de otras nuevas con su correspondiente nomenclatura, la realización de adoquinado así como también las deficiencias en materia de los caminos existentes en los extremos de la ciudad. Estos primeros petitorios analizados ya nos permiten reparar en algunas marcas distintivas del lenguaje vecinal. Tal como lo expresamos en el capítulo anterior cada petitorio traduce un sentido de pertenencia barrial y a la vez valoraciones e identidades. Al respecto, los citados documentos nos advierten acerca de la preferencia por apelar a una valoración por antonomasia del accionar vecinal, aquella que recorre los fundamentos del conjunto de petitorios: la idea del bien común, asociada además a una interpretación sobre lo “público” que pretende ser referencial de lo colectivo y de una demanda proveniente de la sociedad civil y dirigida hacia el poder público. Esa búsqueda del bien común no sólo reconocía como punto cardinal el progreso material -un valor tan caro al relato evolucionista planetario de la época- sino también los bienes culturales que se esperaba pudieran compartir todos los habitantes del barrio. Pero, ese contenido amplio que pretendía dársele a las ideas regulativas del accionar vecinal se nos presenta, paradójicamente, bajo un alcance limitativo si consideramos el universo social y territorial beneficiario: desde la representación barrial y los vecinos más destacados hacia el propio barrio. Visto el problema desde el enfoque de los derechos, evidentemente la esfera civil les permitía ejercer ese derecho de peticionar donde confluían las firmas de nativos y extranjeros –inclusive de mujeres- y donde se ejercitaban derechos de modo independiente, sin coacciones, sin presiones, sin restricciones a la libertad de decisión; a diferencia del plano de las libertades políticas donde el derecho al voto –como es sabido- contemplaba intermediaciones. 2. La expresión de una opinión barrial. Esos derechos se expresaban pues en espacios públicos concretos. Uno, el barrio cuando se trataba de movilizar las voluntades del resto de los vecinos a fin de que acompañasen con sus firmas los petitorios. Otro, la tribuna periodística cuando la prensa les concedía la posibilidad de difundir reclamos o actividades vecinales. Los actores involucrados lograban instalar el problema en la agenda pública, bien porque los diarios reproducían las solicitudes o bien porque comentaban una problemática barrial. Así jugó también su incidencia -junto con el petitorio vecinal- el actor periodístico y la propia palabra de los vecinos vehiculizada por él, en los niveles primarios de formulación de las políticas públicas municipales, las cuales debían entonces atender a esos nuevos espacios barriales que ya empezaban a exigir el hecho de idear estrategias más complejas de acción en el espacio urbano. 3. La práctica asociativa. El vecino de los barrios se sentía “parte” de la vecindad en que vivía y precisamente uno de los de pertenencia a esa vecindad micro era mediante la sociabilidad. En virtud de esta afirmación podemos interpretar que los lazos asociativos que devenían de las relaciones sociales cultivadas al interior del barrio, los vecinos participaban de la búsqueda de su integración social en los marcos de su espacio suburbano, desde esas dimensiones participativas: peticionarias, de opinión en la prensa y asociativas. Asociarse importaba la consagración de un derecho constitucional; pero además implicaba concretar una organización formal surgida de prácticas específicas: la petición había impulsado la movilización de los vecinos y precedido la inquietud por accionar de otro modo, representativo y mediado del conjunto barrial, siendo propuesta por los vecinos más emprendedores y que reunían algún conocimiento de estatutos o reglamentos para organizarse, o simplemente motivados por inquietudes concretas de progreso material y cultural para su barrio. Así se advierte -en modo indirecto y de acuerdo a los relatos de la prensa- que el proceso de desarrollo edilicio de los complejos suburbanos y las mejoras culturales se atribuía sólo en parte a las políticas públicas, y mayormente a la movilización informal o formal de los vecinos que en todo caso presionaban para ver concretadas aquéllas. Este proceso, por otra parte, revela su continuidad en el tiempo y enlaza con un crecimiento acompasado también del complejo urbano en su conjunto. Mediante esa participación asociativa materializaban pues a un actor nuevo, referente del espacio público no estatal. Un nuevo actor concebido por sus propios gestores en clave de funcionamiento autónomo, porque de eso hablaban los principios que daban vida a las asociaciones vecinales, las que pretendía encaminar todas sus acciones participativas en aras del bien común, del interés general y propender a una redistribución espacial de las políticas públicas que desde comienzos del siglo XX debían contemplar las realidades barriales, además del centro de la ciudad, y materializar un nuevo pacto entre el municipio y sus vecinos que incluyera así a los residentes suburbanos a la hora de distribuir beneficios y progresos. Restringiendo el análisis a la asociación la constitución de sus autoridades suponía, de acuerdo con los estatutos, instancias electorales. En este sentido las prácticas electorales vecinales, aunque reducidas a los vecinos-socios, daban contenido sustancioso a esa ciudadanía territorial y por esta vía a la vez afianzaban la construcción de la figura del ciudadano, a su vez miembro del estado municipal. Porque, por un lado, aquellas prácticas resignificaban la propia noción de vecino: éste ya no era simplemente el hombre, propietario, residente en el ejido urbano, contribuyente que sostenía con su tributación el fisco local y depositario de derechos, entre ellos el electoral; también podía ejercitar esa práctica fuera de los tiempos electorales del municipio y concentrarla en su asociación vecinal. Por otro lado, como esas prácticas electorales vecinales comprendían no sólo a los hombres nativos sino también a los extranjeros excluidos del derecho electoral más allá del municipio- permitían también por la vía asociativa además de la partidario-política incluir a este sujeto social en la dinámica participativa barrial. Un segundo aspecto relacionado con las conquistas vecinales remite a la apropiación y ejercitación de nuevos derechos. Se dejó entender al principio del trabajo que los derechos son facultades que el Estado reconoce legalmente a los ciudadanos/as y a través de su ejercicio les garantiza su integración a la sociedad de pertenencia. Los derechos presentan ciertas particularidades: otorgan contenido a la ciudadanía en la esfera política, social, económica, cultural, y son dinámicos por cuanto cambian históricamente en función del sistema político y social vigente en cada sociedad. Estas prácticas participativas se ejercitaron a través del tiempo, de manera que permitieron a los vecinos ir a la búsqueda de nuevos derechos. ¿Cuáles? Por un lado, demandar ante el municipio políticas públicas que hicieran efectivos los contenidos enunciados en los petitorios. Esa apelación en pos de corregir algunos disfuncionamientos de la sociedad, particularmente en términos de redistribución de beneficios materiales y culturales, revelaba una lucha pues por lograr posiciones más igualitarias en el progreso urbano. Se revelaba aquí con fuerza el problema de los alcances desiguales de la ciudadanía, si se considera que dentro de una misma sociedad conviven las desigualdades y por lo tanto parecería que no todos tenían la misma calidad de ciudadanía. Por otro lado, esas demandas permiten una doble interpretación: ¿significaba simplemente redistribuir en beneficio de los barrios a fin de que las políticas públicas extendiesen su mirada más allá del centro? ¿O además venía a instituir la idea de la equidad, en el sentido de que según vimos en varios documentos se esperaba que un “justo reclamo” despertara el sentido de una gestión pública atenta a los valores colectivos? Si consentimos que pugnaban por la conquista de sendos derechos advertiremos que en el imaginario de esos habitantes de los barrios, anidaba otro valor cardinal que les otorgaba sentido fundante. Con pleno conocimiento de los deberes que comportaba la vecindad, fundamentaban aquella lucha por la igualdad y la equidad en el hecho de que el cumplimiento de sus deberes fiscales, contributivos puntualmente, comportaba un derecho de vecindad y por tanto la legitimidad de disputarlo en un plano de igualdad con los otros vecinos residentes en el centro. Desde esta perspectiva defendían principios que, mediante la intervención de los poderes municipales, fueran a disciplinar las relaciones vecinales, con la expectativa de que entonces sus reclamos obtuviesen respuesta favorable, o al menos fuesen atendidos. No se trataba entonces de peticionar para limitar los derechos de otros vecinos, los del centro por caso, sino invocar la igualdad y la equidad para ampliar los propios, y generar en el gobierno local una conciencia de solidaridad, según la cual el interés administrativo municipal fuese el interés social general. Más aún, esa disputa por la igualación de derechos se instalaba en el espacio público, en la prensa escrita y con ello se buscaban vindicar otros derechos. En este plano el derecho a la palabra sobresale de suyo. La demanda de la palabra libre estaba muy relacionada con la demanda de ciudadanía. En efecto, era un derecho ya establecido el de expresar las ideas libremente, y que los vecinos de los barrios comenzaron a ejercitar, permitiéndoles posicionarse de lleno en nuevos planos, ya que a través de la visibilidad de su voz buscaban reconocimiento y legitimidad para un discurso vecinal portador de valoraciones identitarias que así se presentaba frente al conjunto social, ampliando el horizonte de identidades junto a otras (gremiales, partidarias, religiosas, clericales). Por lo demás, esos vecinos tenían conocimiento acabado de sus deberes, en tanto obligaciones que el Estado legalmente les exigía: particularmente el hecho de abonar la contribución directa. Sabían que la carga impositiva implicaba satisfacer necesidades del Estado para cumplir con finalidades públicas. En contrapartida, no olvidaban un criterio que los involucraba: esperaban de ese estado municipal que además de satisfacer sus expectativas cívicas, ya que eran votantes, las demandas reclamadas y atendidas les permitían mejorar su posicionamiento en el acceso del bienestar material y cultural. Es decir, la prerrogativa vecinal de reclamar por nuevos derechos –apoyada siempre por la prensa- situaba al propio estado municipal en la encrucijada de asumir nuevas obligaciones con el vecino-ciudadano. Aparte de ese repertorio vecinal y la conquista de derechos más sustantivos un tercer aspecto de fortaleza a destacar es la utilización de canales de representación alternativos a la política. Eran los que el espacio asociativo les generaba: sus propios dirigentes electos por el voto directo de los vecinos-socios. Para quienes asumían esos cargos directivos era vital contar con esas prácticas ciudadanas ancladas en el territorio de base (peticionaria, asociativa y de opinión). Estas por su parte denotan procesos decisionales (optar por un estatuto y regular la asociación en base a ello) pero también relacionales. El trabajo asociativo lo suponía. Desde el ambiente que generaba la institución asociativa se legitimaban y se encaran acciones. Las relaciones sociales brindaban una base vincular que resultaba vital a la hora de decidir movilizar a los otros vecinos para redactar una petición o formalizar mediante una opción asociativa. El espacio barrial remite pues a una lógica de relaciones horizontales, donde se encaran acciones y decisiones de abajo-arriba según lo expresa el discurso vecinal y que coexisten y compiten con prácticas políticas basadas en la tradicional lógica vertical, por caso con los partidos políticos que también desplegaban su acción en los barrios. Frente a esas fortalezas de las prácticas asociativas pueden evaluarse también sus debilidades. En este sentido habría un aspecto ciertamente limitativo al pretender conciliar las declaraciones explícitas de autonomía y de apartidismo, formuladas desde el comienzo por los propios impulsores de las asociaciones vecinales de los años ’50 y que nos fueran subrayadas en las entrevistas como matriz del movimiento vecinal, con el seguimiento que hacía el gobierno municipal de turno cuando no el explícito apoyo a las actividades vecinales evidenciado en los años ’80 por parte del radicalismo. Las representaciones de la ciudadanía territorial Así como la ciudadanía política aparece interrelacionada en un campo de significaciones donde la Nación es uno de sus componentes, la ciudadanía territorial se construía alrededor de identidades. La barrial era una de ellas. La mención del barrio importaba la referencia a un espacio físico diferenciado, un sentido de pertenencia y la apelación a un “nosotros” que unificaba e identificaba. Ese nosotros refería al “vecino” específicamente. Por eso, en los petitorios cuando se presentaban lo hacían en calidad de “vecinos”, “propietarios”, “moradores de tal barrio”, o bien como “contribuyentes del fisco municipal”, “vecinos y contribuyentes de este municipio”. Efectivamente, el discurso del vecino peticionante buscaba diferenciarse dentro del barrio cuando de acciones participativas se trataba. Eran los “vecinos y propietarios” quienes parecían encarar todas las iniciativas para lograr mejoras en el barrio. Pero, también la identidad barrial refería una especificidad social. Ya expresamos que la particularidad de los barrios riocuartenses no consistía en albergar sólo a los sectores populares sino también a representantes de sectores medios. La composición social del barrio, tal como lo hemos reflejado en su momento, estaba lejos de ser homogénea e incluía también a los sectores populares. De esos otros vecinos también se hablaba. Otros barrios asumieron una identidad más compenetrada con la clase trabajadora. Así los vecinos mostraban capacidad de reelaborar una identidad que los ligaba con el barrio aunque en un marco cultural más amplio: actuaban desde la vecindad y en este sentido proclamaban conceptos tan genéricos como bien común, bienestar general, interés público; pero también esas identidades no parecían desenvolverse en conflicto sino articuladas en el tronco común de la vecindad y además respondiendo a una significación inclusiva. Esas identidades precedían los discursos, los alimentaban y validaban en su legitimidad. A modo de conclusión Los vecinos de los barrios entendían que la ciudadanía no se agotaba en el derecho de votar. El procedimiento electoral era clave para la legitimación de las autoridades locales, pero no era suficiente. La participación política se complementaba con otras esferas desde donde la ciudadanía también se desplegaba: la búsqueda de nuevos derechos mediante los cuales se esperaba mejor posicionamiento para los vecinos de los barrios. El vecino de los barrios podía así ejercitar prácticas ciudadanas en diversas instancias y respondiendo a diferentes intereses. En la medida que fueron sostenidas durante todo el siglo XX y concurrieron junto a la demanda por nuevos derechos permite indicar ambas variables como una de las contribuciones que pueden aportar los estudios locales, barriales y las dinámicas asociativas al problema de la construcción de la ciudadanía en las comunidades políticas latinoamericanas y particularmente en nuestro país. Todavía más cuando se trata de barrios que pertenecían al municipio y éstos eran autónomos en orden a la gestión, revelándose así como un actor componente en el campo de fuerzas que se desenvolvían entre lo local y lo nacional. Las prácticas ancladas en la vecindad se desplegaban en medio de la relación entre esas fuerzas: buscaban visibilidad dentro de la ciudad, trabajan desde el campo de derechos otorgados, pugnan por nuevos derechos, expresan identidades propias y compartidas. Lo local nos mostraría así distintas dinámicas y lógicas que desde los niveles micro concurren en su marco y que pueden desenvolverse en modo complementario, potenciándose mutuamente, sumando mayor complejidad a aquél proceso de lo tradicionalmente supuesto. Es necesario considerar los aportes de estos niveles micro y no interpretarlos simplemente como escenarios que “reflejan” o “sintetizan” los procesos históricos macro. Debe prestarse atención a estas relaciones y contribuciones que bajo visiones clásicas han sido presentadas como reducción o réplica del centro a la periferia. En el marco de los barrios, la ejercitación de derechos constitucionales y el hecho de que éstos a su vez permitía asirlos en la conquista de nuevos derechos iban permitiendo a los vecinos recorrer ese otro trayecto que era la construcción de la ciudadanía, un proceso que si en lo electoral excluía, desde la petición desdibujaba distinciones de género o etnia; un proceso que por ello mismo podemos apreciarlo en una dimensión dinámica que remitía no sólo al status y a los derechos otorgados, sino también a las prácticas colectivas forjadoras de nuevos derechos conquistados por quienes las ensayaban. El hecho de que ese tránsito hacia nuevos derechos se haya registrado en el momento en que se ampliaba la ciudadanía dentro del universo masculino resulta fundamental, pues simultáneamente nos ubica en el derrotero inicial de las prácticas democráticas y en el universo municipal donde la ciudadanía y la democracia revestían complejidad: votaban los varones adultos nativos pero también los extranjeros y se calificaba ese voto por la condición de contribuyente y por momentos inclusive por el nivel de alfabetización. Estos problemas abordados desde los espacios locales nos permite interpelar el proceso mayor que se registra a nivel nacional: mientras iba definiéndose la democracia, se afianzaba el proceso de construcción de la ciudadanía. Por otra parte, esas prácticas participativas instalaban las problemáticas suburbanas en el espacio público con sus propias identidades, valoraciones y representaciones, haciendo visibles nuevos actores asociados con nuevos espacios. Nuevos actores que ponían evidencia acciones colectivas ancladas en vínculos relacionales que se renovaban cada vez que renacía la inquietud por peticionar. Nuevos actores que interpelaban desde un discurso propio de la vecindad que otorgaba valencia al bien común, los intereses colectivos e instaba al arbitraje de los poderes públicos comunales; aunque debemos interpretar ese “colectivo barrial” en el ajustado sentido de los vecinos que activamente participaban y no de todos los habitantes del barrio. Nuevos actores que, en fin, mostraban para la ciudad de Río Cuarto a principios del siglo XX la viabilidad de una arista de la sociedad civil en su desarrollo emergente, desafiada todavía por el fuerte papel asignado al Estado. Fuentes Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto. Departamento Ejecutivo. 1910-1930. Expedientes del Concejo Deliberante. 1910-1930. El Pueblo. 1914-1930. Justicia. 1922-1930. Bibliografía ÁLVAREZ CARREÑO, Santiago (2000) El derecho de petición, Colmares, Madrid. BASCONZUELO, Celia (2005) La experiencia del vecinalismo en Río Cuarto desde sus comienzos a la actualidad, Covera, Río Cuarto. BASCONZUELO, Celia (2009a) “Bien común: responsabilidad e inclusión en el horizonte ideológico del asociativismo vecinal. Río Cuarto. 1913-1957” en: WESTER, Jutta, ROMERO, Eduardo y otros (edits.) Dignidad del hombre y dignidad de los pueblos en un mundo global, Ediciones del Icala, Río Cuarto, pp. 212-218. BASCONZUELO, Celia (2009b) Vecindad y ciudadanía. La construcción de canales alternativos de la participación. Río Cuarto y el sur de la provincia de Córdoba al comenzar el siglo XX, Ediciones del Icala, Río Cuarto. BORJA, Jordi (2002) “La ciudad y la nueva ciudadanía” en: http://www.lafactoriaweb.com/articulos/borja17.htm# BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel (2004) Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información, Taurus, Madrid. BRUGUÉ, Quim, Joan Font y Ricard Gomà (2001) “Participación y democracia: asociaciones y poder local” en: www. femp.es/index.php/femp/content/ COHN, Gabriel (2003) “Civilización, ciudadanía y civismo: la teoría política ante los nuevos desafíos” en: BORÓN, Atilio (comp.) Filosofía política contemporánea. Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, Clacso, Buenos Aires. DI STEFANO, Roberto, SÁBATO, Hilda, ROMERO, Luis y MORENO, José Luis (2002) De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina. 1776-1990, Gadis, Buenos Aires. KYMLICKA, Wilson (1997) “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente de la teoría de la ciudadanía” en: La Política. Revista de Estudios sobre Estado y Sociedad. Nº 3, Editorial Paidós Ibérica, Madrid. LEVÍN, Silvia (2000) “La ciudadanía social argentina en los umbrales del siglo XXI” en: HINTZE, Susana (comp.) Estado y Sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XIX, Colección CEA, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 115-126. PEÑA, Javier (2002) “La formación histórica de la idea moderna de ciudadanía” en: QUESADA CASTRO, Fernando (direct.) Naturaleza y sentido de la ciudadanía hoy, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, pp. 25-59. Las experiencias participativas en el espacio local. El caso de las asociaciones vecinales de la ciudad de Río Cuarto María Belén Rolfi Introducción Como se indicó en el resumen de este trabajo, en la actualidad la democracia representativa como sistema político formal, ha logrado establecerse en América Latina, pero a medida que ésta avanza y se consolida las promesas incumplidas de este régimen político se hacen cada vez más evidentes. Es que pensar la democracia como un conjunto de instituciones y regulaciones parece insuficiente a la hora de abordar sociedades extremadamente complejas, fuertemente fragmentadas, que no responden a centros neurálgicos de sentido (Cansino, 2007), donde el concepto de ciudadanía se ha resignificado, como así también la centralidad que alguna vez tuvo la política. Frente a este estado de situación es posible advertir en nuestra región la emergencia de experiencias participativas diversas, que se han constituido en un verdadero laboratorio social. La sociedad civil crecientemente atravesada por la exclusión e injusticia, no se resigna a ser objeto de la colonización económica y/o administrativa del Estado (o de su inacción) y puja por construir nuevas formas de ciudadanía a nivel local, nacional, regional y global (Reigadas, 2006). Esta comunicación referirá al caso de las asociaciones vecinales de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina) y su participación en la gestión de servicios municipales. Una experiencia participativa con una trayectoria histórica que nos remonta a mediados de la década del cincuenta. El análisis tendrá en cuenta las prácticas participativas desplegadas por estas asociaciones a partir de los procesos de descentralización de servicios municipales que en la década del ochenta permitieron que estas organizaciones se convirtieran en cogestoras de servicios comunales. La participación ciudadana en el espacio local. Aproximaciones conceptuales Desde el punto de vista teórico-conceptual resulta importante destacar que la participación ciudadana no se presenta como un término univoco. Aunque es cierto que el involucramiento de las comunidades locales en el proceso de desarrollo cuenta con un importante apoyo, que se expresa a través de un amplio espectro político-ideológico, el contenido, alcance y orientación del concepto es variable de acuerdo a los sujetos e intereses involucrados. La participación ciudadana puede hacer alusión a aquellos mecanismos que aseguran mayor intervención de los sujetos sociales para profundizar las experiencias democráticas en el ámbito local y con la intención de lograr una ciudadanía integral, que permita a las organizaciones de la sociedad civil tomar parte en las decisiones públicamente vinculantes, o bien hacer uso de estos mecanismos en pos de privatizar diversas prestaciones en el sector social carente de recursos y capacidad técnica suficiente. En tal sentido, y desde la primera visión, los mecanismos de participación ciudadana y su puesta en práctica a nivel municipal, tienen una relación directa con la democracia participativa, entendida como aquel modelo que lejos de abordar al régimen democrático de un modo instrumental reduciéndolo al mecanismo de selección de aquellas elites gobernantes supone, en cambio, el involucramiento de los ciudadanos en las tareas gubernamentales, una participación que no es secuencial sino que debe canalizarse hacia el día a día de las actividades del gobierno. Por lo dicho hasta aquí, las objeciones frente a las concepciones más tecnocráticas en materia participativa, enfatizan en la tendencia a tratar la participación como un proceso técnico o como una cuestión metodológica que no garantiza el diálogo significativo entre la comunidad y los interlocutores externos, por lo que este tipo de participación representa un mero ejercicio superficial que cumple con la función política de otorgar legitimidad a la clase dirigente ante su población objetivo (Rahnema, 1992). Es importante considerar en el marco de las diferentes perspectivas analíticas existentes, que la democracia participativa y la participación ciudadana deberían ser entendidas a partir de la diversidad de las prácticas y la heterogeneidad de las realidades políticas, económicas y culturales, afirmando que la participación ciudadana implica la voluntad de incidir desde la ciudadanía en la toma de decisiones del ámbito público (OIDP, 2004-2007). Es por ello que no hay fórmulas preestablecidas para disponer los procesos de implicación ciudadana, ni para evaluar sus resultados. Sino que, en última instancia, éstos se dirimen empíricamente (Chaboux, Rolfi: 2010). Las asociaciones vecinales: “sector público no estatal” y gestión social de servicios comunales Si se piensa en el fenómeno del vecinalismo, considerando su trayectoria histórica, pero poniendo el acento en los procesos de descentralización de servicios municipales, es posible reconocer una nueva concepción de ciudadano que no limita su momento participativo al ejercicio del voto. El vecino se compromete con la realidad barrial y exige a las instancias político-institucionales una redistribución más justa de los beneficios que recibe cada sector de la ciudad. Estos aspectos constituirían una primera etapa en la relación que las asociaciones vecinales establecieron con el gobierno local. Pero la descentralización implicó desarrollar la idea de cogestión de servicios municipales. Los vecinos organizados fueron capaces no sólo de solicitar prestaciones, sino que lograron convertirse en proveedores de algunas de ellas. Al coordinar voluntades, en lugar de pedir comenzaron a hacer. Puede observarse un nuevo modelo de actuación pública: las estructuras que los reúnen les permiten elevar su grado de participación, no sólo peticionar (que puede entenderse como un modo de participación ciudadana), sino co-producir servicios, avanzando un paso más en las instancias participativas, si se imaginara este fenómeno como una escalera con múltiples peldaños. La descripción realizada tiene una serie de implicancias a la hora de pensar categorías conceptuales que permitan significar estos hechos sociales. Las transformaciones de las prácticas participativas del movimiento vecinal, variable según la asociación y de acuerdo con los momentos históricos, nos permite referirnos, siguiendo la propuesta conceptual de Nuria Cunill Grau y Carlos Bresser Pereira, a las asociaciones vecinales como organizaciones pertenecientes al sector público no estatal entendido como aquel formado por grupos de ciudadanos en la sociedad civil; organizaciones originalmente privadas, pero cuya actuación ocurre como una ampliación de una nueva esfera social-pública, y cuyo funcionamiento, en términos colectivos, se caracteriza por una racionalidad extramercantil, extra-corporativa y extra-partidaria (Franco, 1997, citado en Bresser Pereira, Cunill Grau, 1998). Las características mencionadas coinciden con el caso de las asociaciones vecinales, con lógicos matices, en tanto las dependencias político-partidarias suelen hacerse presentes en ciertos casos, como así también los posibles usos personales de los instrumentos de acción colectiva. También desde esta perspectiva analítica se supone que el involucramiento de estas entidades en los asuntos de interés general, mediante la producción de bienes sociales, permite ampliar el espectro de lo público, usualmente restringido a los límites del Estado y eliminar el monopolio que éste o el mercado tienen en materia prestacional, y en general, como organizadores exclusivos de la vida social. Una de las ventajas de este esquema de gestión de servicios radica en la pluralización de la oferta de prestaciones sociales, en contraposición a la provisión monopolista y autoritaria que caracteriza a la oferta clásica de servicios públicos desde el ámbito estatal. Las autoridades municipales entrevistadas destacan este punto en sus discursos al igual que los dirigentes vecinales. El caso de los jardines maternales que cuentan con horarios flexibles y proveen de asistencia alimentaria, es un ejemplo típico. Estas instituciones, que en un número considerable de barrios de la ciudad son gestionadas por las asociaciones vecinales, se organizan en función de las necesidades de cada sector y consideran especialmente los requerimientos de las familias socialmente más vulnerables. Otro elemento diferenciador es que el modelo permite desburocratizar la gestión social; esta es una ventaja que los dirigentes vecinales destacan especialmente en sus testimonios. La reducción de costos o mayor economía en el gasto de los servicios, otro aspecto puesto en consideración, se debe a que las asociaciones vecinales pueden recibir distintas fuentes de financiamiento y en especial el trabajo voluntario que se complementa con los subsidios otorgados por el municipio. Finalmente la co-producción de servicios públicos por parte del sector social puede generar mayores niveles de confianza que aseguran una ventaja competitiva a las organizaciones sin fines de lucro, basada en las relaciones de vecindad existentes. Las asociaciones vecinales con las salvedades ya realizadas en cuanto a las distancias que lógicamente separan el “ser” del “deber ser” se han constituido como una experiencia de administración de servicios comunales que según las perspectivas teóricas presentadas hasta aquí, suman a un nuevo modelo de gestión pública y a una nueva matriz estatal que estos autores denominan Estado socio-céntrico, un esquema superador tanto de la matriz Estado-céntrica como de la mercado-céntrica y que asigna un rol protagónico a la “sociedad civil”. Algunas consideraciones sobre la dinámica participativa de las asociaciones vecinales en la ciudad de Río Curto En el texto “Participación y Democracia: Asociaciones y Poder Local” (Brugué, Font y Gomà: 2003) se propone una tipología que incluye diferentes herramientas participativas las cuales remiten a formas de vinculación ciudadana de base personal, asociativa o mixta vinculada a la identificación de los actores que están presentes en un proceso participativo. Las vecinales se integrarían en los modos de intervención asociativa de tipo territorial, ya que el barrio actúa como su unidad de referencia. Luego se propone una siguiente clasificación tomando como criterio la fase del proceso de actuación pública sobre la que se proyecta la experiencia participativa. Así se diferencia entre aquella participación que se dirige al diagnóstico de los problemas y a la formación de la agenda local, aquella que se ocupa de incidir en las decisiones y en la formulación de políticas y aquella que se concentra en la gestión de los equipamientos y los servicios. Como consecuencia de los resultados recopilados, y tomando en consideración las referencias teóricas hasta aquí presentadas, se podría suponer que dentro de las tipologías participativas trabajadas, la relación de las asociaciones vecinales con el municipio de Río Cuarto se materializa en mecanismos participativos que incluyen la posibilidad de informar a las entidades acerca de programas y proyectos impulsados por los gobernantes y consultarlas ante diversas problemáticas. Las asociaciones vecinales aseguran “ser escuchadas”, “tenidas en cuenta” o “convocadas” por el Ejecutivo municipal. Es decir, existe una acción de retroalimentación, donde las autoridades gubernamentales y estas organizaciones sociales intercambian información, opiniones y diagnósticos. Los dirigentes vecinales tienen un rol fundamental a la hora de determinar las prioridades de sus respectivos barrios, las necesidades de sus vecinos, como así también experiencia acumulada en lo que se refiere a los procedimientos y las formas para lograr que las demandas sectoriales sean consideradas en la agenda del gobierno local. Sin embargo, muchas de las problemáticas presentadas o de los proyectos sugeridos dependen de la voluntad o disponibilidad de las autoridades públicas para alcanzar soluciones o poder ser concretados. Y en materia decisional no existen evidencias claras que permitan asegurar la existencia de un trabajo integral y una planificación participativa, en donde las asociaciones vecinales tengan un rol protagónico. No se han desarrollado aun herramientas participativas que impliquen un involucramiento efectivo de las mismas en los procesos decisorios, tal sería el caso de la puesta en vigencia del presupuesto participativo o la generación de planes estratégicos. Los mecanismos desarrollados hasta el momento parecen estar orientados a construir estrategias tendientes a mejorar la legitimidad de las actuaciones públicas y como un recurso de colaboración en la prestación de los servicios comunales, o la puesta en práctica de programas municipales. Sin embargo, aun cuando la participación de las asociaciones vecinales en la actualidad parece más de carácter deliberativo que resolutivo, la descentralización de servicios se constituyó como un nuevo modelo de gestión que amplió las prácticas participativas vigentes hasta ese momento a favor del Vecinalismo, avanzando desde las acciones peticionales hacia las prestacionales. Sin embargo, no ha logrado aun construir espacios con permanencia en el tiempo donde el gobierno local reduzca su tradicional papel de dirección, característico del municipio de bienestar y asuma un rol relacional y facilitador como el que supone un municipio relacional (Brugué, Font y Gomà, 2003). Un ejemplo claro al respecto es el reconocimiento normativo de instrumentos de participación ciudadana que promueven una democracia participativa, pero la ausencia de debate y convocatoria a la dirigencia vecinal cuando se sancionaron aquellas ordenanzas municipales que regulan la relación entre estas organizaciones sociales y el Estado municipal. Reflexiones finales A lo largo de esta comunicación se pretendió dar cuenta de un fenómeno participativo que se desarrolla en un nivel de gobierno subnacional, considerando sus particularidades, y con la intención de reflejar la importancia que tienen los estudios empíricos a la hora de reflexionar acerca de los modelos teórico-metodológicos disponibles; reconociendo los aspectos contingentes que condicionan las prácticas sociales y políticas. En este sentido, es importante tener en cuenta que no todas las formas participativas revisten un carácter democrático ni la sociedad civil es, por definición, el reducto donde se concentran los valores de la solidaridad. La misma continúa siendo un lugar de luchas culturales, de interpretación, inclusión y exclusión, y pugnas por y construcción de la hegemonía (Lander, 1998). El análisis de experiencias concretas permite, en este caso, adaptar las categorías conceptuales para abordar estos procesos a partir de su propia dinámica, obteniendo conclusiones parciales ajustadas al objeto de estudio considerado. As águas que mudaram as vidas dos atingidos pela hidrelétrica. Presidente JK, Brasil Prof. Dr. Eloy Alves Filho; Prof Dra. Arlete Salcides 1. INTRODUÇÃO É no contexto de embate com a globalização neoliberal, que estão se criando novos caminhos da emancipação social. Há alguns campos em que as alternativas criadas pela globalização contra-hegemônica, (Santos, 2002a), são mais visíveis e consistentes, não apenas porque é neles que os conflitos são particularmente intensos, mas também, porque é neles que as iniciativas, os movimentos e as organizações progressistas atingiram os níveis mais altos de consolidação e densidade organizativa. Sensível às demandas dos movimentossociais do campo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anuncia, em novembro de 2003, o II Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA intitulado “Paz, produção e qualidade de vida no meio rural”, na perspectiva de tornar o meio rural um espaço de paz, produção e justiça social. O II Plano propõe o redimensionamento de ações – decorrentes da emergência de uma nova concepção de reforma agrária, possível de ser formulada a partir da construção de um novo projeto de sociedade. O novo PNRA objetiva, sobretudo, não reproduzir um modelo de abandono e exclusão dos assentamentos, e, sim, contribuir para que os assentamentos sejam espaços produtivos e de qualidade de vida, dentro de uma visão de desenvolvimento territorial e sustentável. Pelo novo PNRA, o acesso à terra é apenas o primeiro passo para uma reforma agrária de qualidade. O objetivo é fomentar a integração espacial dos assentamentos e o associativismo para que eles tenham melhores condições de comercialização, assistência técnica e acesso à políticas públicas como educação, cultura e saúde. O II PNRA reconhece a diversidade de segmentos sociais no meio rural, prevê ações de promoção da igualdade de gênero, de garantia dos direitos das comunidades tradicionais e propõe estratégias voltadas às populações ribeirinhas e aquelas atingidas por barragens. Recentemente, no estado de Minas Gerais, concluiu-se um projeto que, balizado pelos propósitos constantes no II PNRA, buscou contemplar a articulação de ações relativas a diferentes dimensões no processo de desapropriação e reassentamento de inúmeras famílias residentes em áreas rurais de sete municípios. A obra da Usina Hidrelétrica Presidente JK, concluída em 8 de junho de 2006, segundo representante da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, foi projetada objetivando provocar o menor dano ambiental e social possível. No processo de remanejamento de cerca de mil famílias ribeirinhas, a CEMIG elaborou um plano de ações voltadas à preservação das comunidades de origem, das relações de vizinhança e da base produtiva existente. O Projeto previa, ainda, que os grupos atingidos recebessem terras de qualidade, assessoria e assistência técnica nos reassentamentos. No ano de 2002, a CEMIG deu início, mediante a formação de um consórcio de construtoras, às obras civis para a construção da barragem de Irapé, localizada no alto Jequitinhonha. O alagamento atingiu núcleos urbanos e áreas rurais numa extensão de 115 quilômetros do Rio Jequitinhonha e de 50 quilômetros de um dos seus afluentes, o Itacambiruçu. Foram afetadas em torno de 3.564 pessoas, residentes em 47 comunidades ribeirinhas, localizadas em áreas dos municípios mineiros de Berilo, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Turmalina, Grão Mogol, Cristália e Botumirim. O reservatório de Irapé ocupou uma região formada por comunidades tradicionais, dedicadas majoritariamente às atividades agropecuárias. São lavradores, roceiros, vaqueiros e cortadores de cana. Em segundo lugar, numa posição quantitativamente bem distante dos trabalhadores rurais, aparecem os pequenos comerciantes; os pequenos garimpeiros de diamante, ouro e cristal; os trabalhadores domésticos; e os que trabalham em estabelecimentos industriais ligados aos recursos naturais da região, tais como fábricas de farinha, de cachaça, de rapadura, de doces e de telhas. Pouco menos de dois terços das famílias afetadas pelo empreendimento residem na área rural; o restante se distribui pelos povoados da região. Cabe ressaltar que para a obtenção da licença de instalação da Usina Hidrelétrica Presidente JK, o Ministério Público Federal firmou com a CEMIG um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que estabelecia medidas sociais e ambientais a serem cumpridas pela Companhia Energética de Minas Gerais. O Termo de Ajustamento de Conduta estabelecia que, na parte sócio-ambiental, os programas e ações do empreendimento Irapé deveriam garantir, a partir de estudos diversos da fauna e flora, o salvamento arqueológico, registro do patrimônio cultural, educação ambiental, comunicação social, dentre outros. Atenção especial deveria ser dada ao remanejamento das famílias moradoras na área de abrangência do reservatório. Conforme itens do TAC, os reassentamentos deveriam ser dotados, tal como preconizado no II PNRA, de toda infra-estrutura, como energia, rede de água, sistema telefônico, construção de estradas e pontes para melhoria de acesso. Tiveram direito às terras nos reassentamentos os proprietários, os posseiros, os meeiros, os filhos maiores de 18 anos casados e filhos solteiros maiores de 18 anos que morassem ou trabalhassem na terra. Nas novas propriedades, as famílias deveriam receber, em média, 40 hectares de terras, todo o apoio e recursos para a reconstrução de suas casas e, no caso de haver, serem indenizadas em dinheiro pelas demais benfeitorias da propriedade de origem. Constava no documento, ainda, que os reassentados receberiam verba de manutenção e fomento, sementes e mudas para a primeira safra, os títulos de propriedade de seus novos lotes titulados e assistência técnica da Emater durante 8 anos de equipes exclusivamente constituídas para isso. Para atender às necessidades de estudo prévio do meio físico e biótico, foram contratados pesquisadores vinculados às universidades e instituições de prestígio no Estado de Minas Gerais. Entre os programas sócio-culturais a serem implantados, destaca-se o Programa de Registro do Patrimônio Cultural que deveria gerar inúmeros produtos, como dossiê de 60 fazendas, registro fotográfico e gravação de músicas e festividades da região. Também foram realizadas entrevistas com setenta e sete fontes orais, produzidos CD’s com músicas representativas e vídeos sobre festividades, apara compor o acervo de dois Centros de Referência e Memória a serem construídos. 2. O CONTEXTO Passados três anos de conclusão das obras da Usina, que passou a funcionar em 2006, muitas são as famílias que denunciam o não cumprimento dos itens do TAC. As principais queixas referem-se à falta de infra-estrutura dos reassentamentos (falta de escolas, postos de saúde, energia e de acesso à água tratada). Segundo os trabalhadores, 50% das crianças das famílias que moravam na beira do rio estão sem freqüentar a escola desde janeiro de 2006, falta transporte público e escolar. Muitos não plantam há três safras e, por isso, estão sem recursos para pagar a conta de luz gerada pelo uso de bombas nos poços artesianos perfurados pela CEMIG. As famílias também enfrentam outro problema: em vários lugares o abastecimento de água é feito por caminhões Pipa, em outros há o risco de consumo de água contaminada com altos índices de calcário. Segundo informações fornecidas por um morador à Federação dos Trabalhadores da Agricultura do estado de Minas Gerais - FETAEMG, há também uma falta de responsabilidade. Nas palavras do reassentado: “A Companhia fechou todos os escritórios que tinham na região e agora não existe mais interlocução. O problema foi o não cumprimento do acordo de integridade”. Por seu lado, representantes da CEMIG e do Governo Estadual de Minas Gerais negam que a empresa não tenha cumprido os acordos firmados com os atingidos e alegam que os reassentamentos foram dotados de toda infra-estrutura, como energia, rede de água, sistema telefônico, construção e melhoria de acessos Dados obtidos junto ao Centro de Documentação Eloi Ferreira da Silva – CEDEFES, em maio de 2006, após a conclusão dos reassentamentos das famílias atingidas pelas obras da Barragem JK, demonstram que as famílias de Irapé estão sem assistência. Depoimentos de representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB, durante audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ressaltaram, dentre outros problemas enfrentados pelas famílias, a falta de escolas e postos de saúde, falta de transporte público e escolar, de abastecimento de água e energia. Isso sem mencionar mais detidamente a situação que afeta, de modo particular, a vida da comunidade quilombola de Porto Coris, cuja mudança imposta pelo processo de reassentamento dissipou hábitos tradicionais difíceis de ser recuperados. Riqueza esta que permanece viva na memória dos quilombolas que, ao recordarem de seu passado, se emocionam. A situação de Porto Coris é apenas um exemplo da extinção de símbolos preciosos do cotidiano de simples pessoas que trazem na lembrança muitas histórias. Nas palavras de representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, “não há valor econômico que pague a perda de um território histórico tradicional. (...) com a implementação da UHE de Irapé houve uma perda muito superior aos interesses capitalistas de elites insensatas que vislumbram apenas as transformações econômicas em uma das áreas que consideram como uma das mais “pobres” do país”. Informações extraídas do Jornal Estado de Minas, publicado em 7 de junho de 2006, apontam que 50% das crianças das famílias que moravam na beira do rio estão sem freqüentar a escola desde janeiro deste ano. A moradora de um dos reassentamentos, em entrevista ao Jornal, afirmou: "eles destruíram as escolas de origem, mas, não construíram outras no local de destino", observa uma moradora. Muitos alegam que os prefeitos das cidades dizem que não foi feito nenhum convênio com a Cemig. Tem-se, ao que parece, “um jogo de empurra-empurra" que se torna um impasse nas vidas das famílias. Enfim, estima-se que esse conjunto de informações, anteriormente apresentadas, justifiquem a importância de um estudo que objetiva gerar conhecimentos que contribuam tanto para caracterizar a situação de vida da população atingida pela Usina Presidente JK como para lançar novas luzes ao debate, iniciado desde a publicação do II PNRA, sobre as mais adequadas estratégias e medidas a serem adotadas quando se pretende, seriamente, combater a pobreza rural e dissipar históricas desigualdades sociais. 3. A PROBLEMATIZAÇÃO O presente texto apresenta resultados da pesquisa intitulada “As águas que desterritorializam e a reconstrução da vida: os reassentados de Irapé – MG”, financiada pela FAPEMIG, pautada pelo interesse de responder as seguintes questões: Quem são os reassentados da barragem de Irapé? Como vivem hoje as comunidades reassentadas, comparativamente às suas anteriores condições de vida? Por que, atualmente, há tanta divergência entre o “discurso oficial” da CEMIG e o discurso daqueles que criticam a falta de cumprimento do acordo estabelecido entre a Companhia e o Sindicato que representa os moradores das comunidades atingidas? A investigação objetivou, no primeiro momento, caracterizar os titulares dos novos lotes e membros de suas famílias, sob diferentes aspectos; identificar o modo de participação dos reassentados nas etapas de seleção das terras, distribuição dos lotes e na definição e localização de equipamentos comunitários e de equipamentos públicos como escola, posto de saúde e posto telefônic; verificar suas atuais condições de acesso à água, para consumo humano, de animais e atividade agrícola, e à energia elétrica; descrever as atuais moradias das família, condições de acesso, de produção e de comercialização; e, por fim, identificar como os reassentados avaliam as ações e empreendimentos voltados à preservação e manutenção de sua cultura de origem, seus costumes, suas práticas culturais e religiosas. 4. METODOLOGIA O estudo envolveu, como participantes, nove presidentes e sessenta e um titulares de lotes, ou seja, 20% dos associados de cada Associação e Associações de Moradores de reassentamentos localizados nos municípios mineiros de José Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Turmalina. Para a caracterização tanto dos participantes como de seu contexto de vida aplicamos um instrumento que contemplou questões objetivas relativas às seguintes dimensões: econômica, social, cultural, ambiental (sustentabilidade), assistência técnica, concessão de créditos, instalações, produção e comercialização, etc. A organização das respostas às questões viabilizou a construção de tabelas-sínteses sobre cada aspecto investigado. 5. RESULTADOS Em primeiro lugar, apresenta-se uma caracterização dos trabalhadores rurais atingidos pela barragem da Hidrelétrica JK, residentes em três municípios mineiros. Quanto a faixa etária dos titulares dos lotes demarcados na nova área selecionada para o reassentamento, veificou-se que 1,64% tem entre 11 a 20 anos; 13,12% entre 21 a 30 anos; 29,50% de 31 a 40 anos; 19,68% de 41 a 50 anos; e, finalmente, 36,06% tem acima de 51 anos. Estes dados revelam que 85,24% da população reassentada tem idades acima de 31 anos. Se considerarmos apenas os trabalhadores acima de 41 anos o percentual fica em 55,74% da população, o que possibilita constatar que a maioria dos trabalhadores remanejados para as novas terras tem acumulados significativos anos de experiência no trabalho na terra. Quanto à distribuição por sexos dos titulares dos lotes das famílias reassentadas, constatou-se que 54,10% são do sexo masculino e 45,90% têm como titular uma mulher. Quanto ao estado civil da população estudada, 8,20% são solteiros;1,64% desquitado; 50,82% casados; 3,28% divorciados; 8,20% viúvos ; e, 27,86% amasiados. Em relação ao acesso à educação formal e nº de alfabetizados; 81,96% dos titulares dos lotes informaram já terem freqüentaram uma escola; 4,44% com idades entre 11 a 20 anos são analfabetos; 20,00% na faixa de 21 a 30 anos são analfabetos; 2,22% com idades de 31 a 40 anos são analfabetos; e, por fim, 31,12% com idades acima de 41 anos são analfabetos No que tange ao vínculo profissional, observa-se que, na área rural de origem, apenas 50,83% eram proprietários e 14,75% eram posseiros. Apresentamos, no que segue, dados que visam caracterizar como vivem as comunidades reassentadas, comparativamente as suas condições de vida anterior, na área rural de origem. A Tabela 1 sintetiza as informações dos participantes acerca das características de sua moradia na propriedade de origem e no reassentamento. Tabela 1 – Condições de moradia na área rural de origem e na atual Condições de moradia % A Casa Atual é Melhor que a Anterior 83,61% A Casa Atual é Pior que a Anterior 9,85% As Casas são Iguais 3,27% Não se Aplica 3,27% Fonte: Dados da pesquisa No caso dos reassentados da Hidrelétrica Presidente JK, observa-se que a grande maioria, ou seja, 83,61% dos participantes, considera que a casa atual é melhor que a anterior. Apenas 9.85% informaram que a moradia no local de origem era melhor que a de hoje. Pelo que foi observado durante as entrevistas, todas as casas foram consideradas boas especialmente para os padrões das casas do meio rural no Brasil. Em termos qualitativos pode-se comparar com certa margem de segurança, pois 85,25% das casas anteriores eram de adobe e apenas 6,55% eram de alvenaria. Por outro lado, 95,09% das novas casas construídas pela CEMIG ou com os recursos da indenização são de alvenaria e apenas 1,64% é de madeira, demonstrando uma significativa melhoria no padrão de qualidade das casas. Na Tabela 2 apresentamos dados relativos ao tipo de iluminação utilizada pelas famílias tanto no local de origem quanto no reassentamento. Tabela 2 - Tipo de Iluminação nas residências de origem e na atual dos reassentados Atual Propriedade Tipo de Iluminação Propriedade de Origem % % Energia Elétrica 34,42% 95,08% Lamparina 55,74% 1,64% Lampião 9,84% 0,00% Outros 0,00% 3,28% Fonte: Dados da pesquisa Como pode-se observar, apenas 34.42% tinham acesso à energia elétrica na área de origem e no reassentamento este percentual saltou para 95,08% dos moradores. Ressalta-se que energia elétrica reflete não apenas uma facilidade na casa, seja para iluminar, conservar alimentos, preparar comida e permitir atividades de lazer como assistir programas de televisão e ouvir rádio, mas também um elemento importante para qualificar a produção, especialmente para uso de equipamentos adequados ao processamento de alimentação de animais. A Tabela 3 apresenta os tipos de abastecimento de água nas residências dos agricultores atingidos pela Hidrelétrica Presidente JK tanto no local de origem quanto no atual reassentamento. Tabela 3 – Fonte de Abastecimento de Água no local de origem e no reassentamento Fonte de Abastecimento de Água Origem % Reassentamento % Rede 22,95% 73,76% Rio 39,35% 1,64% Poço 3,28% 13,12% Mina/Fonte 18,03% 4,92% Outras 16,39% 4,92% Não se Aplica 00,0% 1,64% Fonte: Dados da pesquisa Como pode ser observado na Tabela 3, os dados revelaram uma significativa melhoria no abastecimento de água entre uma situação e a outra. Enquanto apenas 22,95% dispunham de abastecimento de água via rede no local de origem, no reassentamento este percentual sobe para 73,76%, representando uma significativa mudança nas condições de acesso a uma facilidade indispensável para a qualidade de vida e sustentabilidade familiar. Verificou-se, também, uma vertiginosa redução no acesso a água de rios e de minas. No caso dos rios, a redução foi de 39,35% para 1,64% e no das minas de 18,03% para 4,92% o que significa maior conforto para as famílias, redução de custos e perda de tempo para buscar água muitas vezes distante da residência. Os dados relativos ao serviço de telefonia nas duas situações, anterior e atual, podem ser visualizados na Tabela 4. Tabela 4 – Serviço de telefonia no local de origem e no reassentamento Origem Reassentamento Serviço de Telefonia % % Não Existia 49,19% 27,86% O Posto Telefônico era Distante 13,11% 16,40% O Preço das Tarifas era Alto 0,00% 0,00% Mal Funcionamento do Serviço 6,55% 9,83% Orelhão da Associação 31,15% 44,27% Outros 0,00% Não se Aplica 1,64% Fonte: Dados da pesquisa Como pode ser observado na Tabela 4, houve melhoria na disponibilização deste serviço no reassentamento, uma vez que 49,19% dos reassentados não tinham acesso a essa facilidade e no reassentamento apenas 27,86%. Quanto à distancia do posto telefônico mais próximo da residência, observou-se um pequeno retrocesso, pois 13,11% dentre aqueles que dispunham do serviço na comunidade de origem afirmaram que o posto era distante de sua residência e no reassentamento este percentual sobe para 16,40%. Esse distanciamento do posto telefônico pode ser ocasionado pelo novo tamanho e parcelamento dos lotes no reassentamento. As áreas dos atuais lotes são maiores que os anteriores, em atendimento às exigências legais e ambientais sobre reserva legal, áreas de preservação permanente. Por outro lado, o número de orelhões nas dependências das Associações de Moradores passou de 31,15% na área de origem para 44,27% no reassentamento, revelando uma melhoria nas condições de comunicação das famílias. Em relação ao mal funcionamento do serviço, não houve grandes alterações, permaneceu dentro dos padrões nacionais para a área rural. Uma outra variável que pode revelar qualidade de vida ou melhoria entre uma situação e outra é o número de refeições que uma família possa fazer diariamente. A Tabela 5 apresenta os dados referentes às duas situações das famílias atingidas pela barragem da Hidrelétrica JK tanto na origem como na nova propriedade. Tabela 5 – Número de refeições diárias das famílias Origem Refeições/Dia % Reassentamento % Uma Refeição 0,00% 0,00% Duas Refeições 4,92% 4,92% Três Refeições 42,62% 36,06% Quatro Refeições 42,62% 42,62% Mais de Quatro Refeições 9,84% 16,40% Fonte: Dados da pesquisa Como pode ser observado, houve pouca alteração no número de refeições diárias das famílias da área de origem para o reassentamento. Chama a atenção que na condição anterior de vida 42,62% das famílias realizavam três refeições quando na área de origem esse valor correspondia a 36,06%. Por outro lado, observa-se um considerável aumento entre o percentual de unidades familiares que faziam mais de quatro refeições diárias e o do reassentamento, ou seja, este vaor passou de 9,84% para 16,40%, revelando uma sensível melhoria nesta importante variável. Pode-se depreender que a produção de alimentos na nova propriedade ou elevação da renda familiar para adquirir estes produtos tenha permitido aumento do consumo. As informações sobre o acesso ao serviço de saúde das famílias desalojadas pela barragem da Hidrelétrica JK no Rio Jequitinhonha estão apresentadas na Tabela 6. Tabela 6 – Acesso a serviço de saúde dos reassentados na área de origem e na atual Origem Existência de Posto de Saúde % Reassentamento % Existia 42,62% 54,10% Não Existia 57,38% 45,90% Fonte: Dados da pesquisa Embora se reconheça que é dever do Estado e não da Companhia responsável pela construção da barragem, o TAC previa a garantia de atendimento à saúde da população reassentada, ação que os dados não revelam na dimensão esperada. No entanto, percebe-se uma razoável melhoria no número de Postos de Saúde disponíveis que passou de 42,62% na área de origem para 54,10% no reassentamento. Isto deve-se ao fato de que nos casos em que os atingidos pela barragem optaram por morarem em agrovilas, a CEMIG construiu na um posto de saúde, ficando o atendimento médico por conta da prefeitura local. Outra variável estudada e que tem relação direta com a maior ou menor qualidade de vida é o acesso à infraestrutura de lazer na área de residência. Os dados reraltivos a essa variável estão sintetizados na Tabela 7. Tabela 7 – Existência de infraestrura de lazer na área de origem e no reassentamento Origem Reassentamento Infraestrutura de Lazer % % Havia 44,26% 14,75% Havia Parcialmente 21,31% 18,03% Não Havia 34,43% 65,58% Fonte: Dados da pesquisa É recorrente no meio rural a carência de infraestrutura de lazer para uso da população, especialmente para os jovens. No entanto, no caso dos reassentados da Hidrelétrica JK percebe-se um piora entre a situação de origem e a atual. Enquanto às margens do rio para 44,26% havia infra-estrutura de lazer no reassentamento apenas 14,75% afirmaram o acesso, o que revela descumprimento do que fora assegurado no TAC. Sobre esse ponto é necessário destacar que nas comunidades de origem, conforme depoimentos dos participantes, os banhos de rio e de cachoeira eram considerados como viáveis alternativas de lazer, assim como as atividades de pesca, práticas que deixaram de fazer parte do cotidiano das famílias na nova condição. Ressalta-se, também, que nas agrovilas foram construídos na área das Associações, piscinas, campos de futebol, praças e salões comunitários. Outro aspecto relevante em relação às atividades econômicas desenvolvidas pelos trabalhadores rurais, relacionado à sustentabilidade das famílias, é a comercialização da produção. A Tabela 8 apresenta os dados sobre o acesso dos trabalhadores rurais às políticas de comercialização tanto na área de origem como no reassentamento. Tabela 9 – Acesso às políticas de comercialização da produção Origem Reassentamento % % Sempre 19,67% 8,20% Algumas Vezes 19,67% 34,42% Sem acesso 59,02% 55,74% Não se Aplica 1,64% 1,64% Acesso a Políticas de Comercialização Fonte: Dados da pesquisa Os dados revelam que a condição de acesso dos agricultores de Irapé às políticas de comercialização não difere muito do que acontece com a maioria dos trabalhadores rurais brasileiros, ou seja, vigora uma carência muito grande de consistentes e contínuas políticas de apoio ao aumento da venda da produção. Como pode-se verificar, em ambas as situações, os percentuais de 59,02% no local de origem e 55,74% na nova área revelam essa carência de apoio. A agricultura familiar, especialmente numa região de acentuada pobreza, escassez de chuvas, falta de capital para produzir, armazenar e comercializar, é bastante difícil conseguir bons preços para comercialização dos produtos, particularmente no período de safra. Dois aspectos merecem reflexão sobre essa variável. Em primeiro lugar, esses agricultores saíram de um lugar onde já tinham as áreas para cultivo determinadas, preparadas e disponíveis para plantio. No reassentamento, cada lote era bruto, ou seja, o produtor teve que começar pela seleção, obter licença ambiental, desmate, correção do solo, fazer pastagem, etc. e somente depois pode começar a exploração agropecuária. Esse processo leva anos, sobretudo quando a carência de capital é notória. Por outro lado, chama a atenção que a CEMIG contratou a Emater para prestar assistência técnica aos reassentados pelo período de oito anos, fato que deveria se traduzir tanto no aumento da produção como na organização coletiva dos reassentados nas estratégias de produção e comercialização dos produtos. Considerando, também, as condições climáticas e a aptidão do solo na região e, ainda, a demanda do mercado por carvão e madeira, uma das atividades econômicas dinâmicas observadas foi a plantação de eucalipto que, como se sabe, é uma atividade econômica de médio e longo prazo. O que se pode verificar foi uma agricultura de subsistência e a comercialização do excedente. Os dados relativos à avaliação dos reassentados quanto ao cumprimento do TAC revelaram significativo reconhecimento dos atingidos pela barragem da Hidrelétrica Presidente JK quanto a sua participação no processo de seleção das fazendas a serem adquiridas pela CEMIG para reassentamento dos agricultores. Indagados sobre a escolha das propriedades, 91,80% afirmaram terem participado na etapa de seleção das terras; e 78,69% afirmaram ter participado no processo de distribuição dos lotes às famílias. Em relação aos prazos estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta e pelas contínuas negociações: 54,09% consideram que a CEMIG cumpriu os prazos; 31,15% acham que cumpriu apenas parcialmente; 11,48% afirmam que não cumpriu; e 3,28% não opinaram. Quanto à avaliação das terras e benfeitorias no local de origem, 62,30% afirmaram que houve avaliação prévia de benfeitorias produtivas e não produtivas de seu lote; 24,60% referiram que a avaliação foi parcial; 9,83% disseram não ter havido uma avaliação prévia; e 3,27% não opinaram Questionados se o pagamento das indenizações monetárias atendeu as suas expectativas, 50,81% afirmaram que sim; 24,60% disseram que parcialmente; 22,95% responderam que estavam insatisfeitos com o valor recebido; e 1,64% optou por não expressar sua opinião. . O procedimento adotado pela CEMIG foi o pagamento de indenizações das benfeitorias e o financiamento daconstrução de uma casa com o mesmo número de cômodos da anterior, em alvenaria, com acesso à energia elétrica e água. No caso das vilas ou agrovilas, houve, também, a apicação de recursos na urbanização da área e na construção de escolas, igrejas, sedes para a associação, campos de futebol e uma piscina, em um dos casos analisados. Na avaliação de 31,15% dos reassentados, a CEMIG garantiu o apoio prometido às famílias; 44,26% avaliaram que houve apoio parcial; 18,04% disseram não terem sido apoiados; 6,55% não opinaram. No que diz respeito à definição e localização dos bens comunitários no reassentamento, tais como escola, posto de saúde e posto telefônico, 44,26% dos reassentados afirmaram terem participado; 14,75% disseram que em parte; 39,35% afirmaram que não participaram de nenhuma reunião que tratasse desta questão;1,64% não opinou. Na avaliação geral dos reassentados sobre o cumprimento dos itens constantes no Termo de Ajustamento de Conduta por parte da CEMIG; 26,23% consideraram que a Companhia cumpriu com o prometido ; 37,70% afirmaram que parcialmente; 22,95% consideram que não houve cumprimento; e 13, 12% não expressaram suas posições. Um outro ponto negativo destacado, segundo a avaliação de 52,45% dos reassentados, foi a carência de ações voltadas à preservação de sua cultura de origem. Nesse caso, 21,31% consideraram as ações pouco suficientes; 19,68% avaliaram como suficientes; e apenas 1,64% avaliam como excelentes, sendo que 4,92% nem quiseram expressar sua opinião. De fato a CEMIG providenciou o translado parcial dos ossos dos familiares dos reassentados dos cemitérios das áreas de origem para um outro situado em área próxima ao reassentamento; reconstruiu a igreja mais antiga e tradicional de uma comunidade quilombola e construiu um Centro de Memória. Lamentavelmente, esse Centro de Memória fica localizado junto à casa de máquinas da hidrelétrica, lugar de extrema segurança, com acesso restrito, possibilitado somente através de agendamento prévio, isso sem mencionar a dificuldade de acesso por meio de transporte público. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Segundo a FETAEMG – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, o acordo firmado com a CEMIG por ocasião da construção da Usina Hidrelétrica Presidente JK foi um dos melhores já firmados no Brasil até aquela data. A ameaça eminente de desalojamento de pequenos agricultores, posseiros e trabalhadores, fez com que os atingidos se unissem, organizassem e buscassem apoio de entidades representativas de sua categoria profissional. Considerando que as identidades culturais não são rígidas, nem imutáveis, são, sim, resultados sempre transitórios de processos de identificação possíveis de acontecer no interior das relações e nos âmbitos diversos que caracterizam os espaços sociais, políticos, culturais, tais como os reassentamentos rurais, cabe lembrar Melucci (1996), quando afirma que a ação coletiva se constitui a partir de redes de apoio que se constituem em diferentes cenários e resultam em processos sociais organizados. Nas sociedades complexas, conforme analisa Melucci (1999:172), “seria ilusório pensar que a democracia consiste meramente na competência pelo acesso aos recursos governamentais”. Ela requer, sim, condições que permitam aos indivíduos e aos grupos sociais se afirmarem e serem reconhecidos pelo que são e pelo que desejam ser. Ou seja: requerem de condições que aumentem o reconhecimento e a autonomia dos processos significativos individuais e coletivos. A democracia deve incluir a possibilidade de rejeitar ou modificar as condições dadas de representação, assim como a possibilidade de abandonar processos de significação constituídos para produzir outros novos. Nas áreas de origem, antes do processo de reassentamento, apenas 27,87% dos trabalhadores eram vinculados a alguma associação de moradores. A situação de risco social eminente, por exigências da luta para defenderem seus direitos, elevou para 91,80% o percentual de trabalhadores vinculados a uma associação de moradores. Contrariamente ao que se formula na teoria da sociedade de massas, segundo Melucci (1999:62), “quem se mobiliza nunca são indivíduos desgarrados. As redes de relações presentes na fábrica social facilitam os processos de envolvimento e reduzem os custos da invenção individual na ação coletiva”. Analisando uma série de características comuns a muitas formas recentes de ação coletiva nas sociedades contemporâneas, Santos (2002a;2002b) ressalta a especificidade dos conflitos emergentes que mobilizam grupos sociais em busca da concretização de conquistas dificilmente observadas se travadas individualmente. Diferente de uma estratégia recorrentemente adotada na avaliação de políticas e de projetos que envolvem a aplicação de recursos, ou seja, a prática de análises e críticas formuladas por experts encarregados de verificar a maior ou menor eficácia de ações precedentes àquelas que se ambicionavam cumprir, optamos por dar voz aos beneficiários para que falassem de suas próprias condições de vida. A avaliação ou controle de impacto pode contribuir à iniciação de um novo ciclo, ou seja, a uma nova fase de percepção e definição de novas estratégias de ação, como parece ser o caso. Assim, se concordarmos que estamos vivendo uma “nova democracia”, tal como sugere Santos (2002), e se acreditamos que novas formas de emancipação sejam possíveis, podemos dizer que temos hoje, uma sociedade-providência transfigurada, que sem dispensar o Estado das prestações sociais a que o obriga a reivindicação da cidadania social, sabe abrir caminhos próprios de emancipação. Estima-se que o destaque aos acertos e, também, aos limites que ainda precisam ser superados, na perspectiva dos próprios beneficiários, venha a repercutir na reformulação de ações indispensáveis na direção de construção de um novo mundo rural, no qual estejam garantidas a paz, a produção e melhores condições de vida. 7. REFERÊNCIAS MELUCCI, Alberto. A experiência Individual na Sociedade Planetária. Revista Estudos Feministas. Lua Nova, 1996. n° 38, pp. 199 – 221. MELUCCI, Alberto. Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia. México: El Colegio, Centro de Estudios Sociológicos, 1999. SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.). Produzir para Viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2002a. SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.). Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2002b. Desenvolvimento, Espaço Urbano e Políticas Públicas Barbara Holzmann Mass, Lenir Mainardes da Silva, Lucas de Moraes Barros Introdução: O conjunto de diferentes usos da terra, justapostos entre si, forma o espaço de uma grande cidade capitalista. Esses usos definem áreas, que são a organização espacial da cidade, ou, simplesmente, o espaço urbano. O espaço urbano é, ao mesmo tempo, fragmentado e articulado. É fragmentado, pois constitui-se de diferentes espaços com diferentes usos da terra (centro da cidade, locais de uso industrial, locais de comércio etc). E é articulado porque suas partes mantêm relações espaciais com as demais através de fluxos e deslocamentos, e de circulação de decisões e investimentos. A divisão articulada do espaço urbano é uma expressão espacial de processos sociais. Assim na cidade capitalista, vê-se uma forte divisão em áreas residenciais segregadas, refletindo a estrutura social em classes e a profunda desigualdade. Conclui-se então que o espaço urbano é reflexo de ações do presente e também do passado, sendo porém mutável. A cidade é fragmentada, articulada, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos criados pelas diversas classes sociais que nele vivem, e também o cenário e o objeto das lutas sociais. É, assim, a própria sociedade, em uma de suas dimensões, materializada nas formas espaciais. O processo de urbanização crescente, com o aumento da população urbana, não foi acompanhado pelo investimento necessário em infra-estruturas, gerando grandes desníveis na ocupação do solo entre as áreas centrais, que concentram benefícios, e as áreas periféricas, com bolsões de pobreza e falta dos serviços básicos. As diferenças sociais, econômicas e culturais, existentes na sociedade capitalista, espacializam-se formando o território da cidade. Grupos dominantes e elitizados usufruem mais vantagens territoriais, pois moram em regiões mais valorizadas pelo poder público, possuindo assim ruas pavimentadas, sistema de esgoto, fácil acesso ao transporte coletivo, e proximidade do centro. A espacialização da cidade confirma as diferenças sociais existentes e as reforça, tornando-se sociais e espaciais. O espaço oprime e exclui, havendo uma urbanização excludente baseada nas desigualdades sociais e econômicas e em um contexto de forte concentração de renda e poder. Assim há uma urbanização sem urbanidade, sem justiça social (Ferreira ET AL., 2008). Souza (2004) destaca que, ao contrário do que muitos pensam, planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, pois possuem referenciais temporais diferentes e se referem a diferentes tipos de atividades. Muitas vezes ouve-se falar de abdicar o planejamento para priorizar a gestão; fazer isso seria incompatível com uma vida social organizada. Planejar remete ao futuro, significa tentar prever a evolução de um fenômeno, tentar simular os desdobramentos de um processo para melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, para melhor tirar partido de prováveis benefícios. Já gestão remete ao presente: significa administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. São conceitos distintos e complementares, pois o planejamento é a preparação para a gestão futura, e a gestão é a efetivação das condições que o planejamento passado ajudou a construir. Souza (2004) afirma que a cidade não é uma massa passivamente modelável, nem perfeitamente controlável pelo Estado; e sim um fenômeno gerado pela interação complexa de vários agentes modeladores do espaço, interesses, significações e fatores estruturais. A autocriação da realidade não é sinônimo de espontaneidade, pois o poder da vontade e a ação premeditada nunca estão ausentes. Sendo assim, o planejamento, feito por arquitetosurbanistas e cientistas sociais, deve possuir uma visão flexível suficiente para relativizar esse dualismo entre espontâneo e planejado, e deve ser feito em uma democracia participativa por indivíduos livres e lúcidos com olhar crítico; pois a população conhece suas particularidades e necessidades cotidianas. Na prática, o planejamento vem perdendo espaço diante do imediatismo e do privatismo característicos da ação do Estado pós-desenvolvimentista no Brasil. Isso promove uma gestão submetida apenas a questões imediatas e elitistas, não respondendo às demandas dos habitantes da cidade. 1- DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL Em sua obra, Souza (2004) afirma que as discussões sobre desenvolvimento têm se apresentado viciadas, pois o usual é tomar desenvolvimento como desenvolvimento econômico ou como modernização da sociedade, negligenciando a dimensão espacial. Para o autor, desenvolvimento é visto como uma mudança social positiva. Um autêntico processo de desenvolvimento sócio-espacial promove uma melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça social, com resultado nas relações sociais e na espacialidade. Melhoria da qualidade de vida é a crescente satisfação das necessidades de uma parcela cada vez maior da população. O aumento da justiça social é “tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente” (cf HELLER, 1998:16), por exemplo, dar acesso diferenciado a deficientes físicos a aparelhos culturais para que possam ter igualdade essencial. Tendo como base o pensamento de Kevin Lynch (LYNCH, 1994:221), a eficiência de um planejamento urbano não deve ser considerada um fim, e sim um meio a serviço da melhoria da justiça social (relacionada à esfera pública) e da qualidade de vida (que remete á esfera privada). Ele deve buscá-la para concretizar seu objetivo final. A finalidade última do planejamento e da gestão é a de contribuir para a mudança social positiva, colaborando na superação de problemas, como fatores de injustiça social, e na melhoria da qualidade de vida. Por outro lado o espaço público como espaço urbano se configura como lugar inscrito na cidade que qualifica o exercício político da cidadania no território urbano. A importância da territorialidade no âmbito da cidade se dá nas expressões de forças políticas que condicionam o espaço social da cidade a ações que definem o uso do espaço urbano. Por tanto, o espaço social da cidade é um espaço urbano com potencial público, e não necessariamente público. É característico que as duas acepções de espaço público, seja urbano ou de esfera pública, sejam usadas indiscriminadamente pelos mais desavisados. É certo que não são conceitos dicotomizados, mas ações referenciadas. Até porque as decisões públicas são tomadas em espaços de lutas políticas onde as práticas sociais ganham sentido concreto, seja no âmbito da cidade como espacialidade ou no âmbito das ações da esfera pública. O presente trabalho visa discutir conceitualmente a questão das políticas públicas concernentes ao espaço urbano de modo a melhor distribuir o território às pessoas a fim de garantir a democratização do direito à cidade, sem perder de vista o desenvolvimento econômico e social sob o enfoque do princípio do desenvolvimento. Para Marcelo Lopes de Souza, o conceito de “desenvolvimento” contém sérios equívocos enraizados através de discursos ideológicos/políticos, além do mais, diz que a “sustentabilidade” como estratégia “conciliadora” entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental é pouco crítica às condições que o capital mundial impõe às nações. (SOUZA, 2001, p. 75). Há necessidade de superação desta concepção de desenvolvimento simplesmente como “desenvolvimento econômico” ou “desenvolvimento urbano” apenas pensando na modernização das cidades. Para um desenvolvimento que considere as diferentes dimensões do problema sócio-urbano são imprescindíveis as reflexões sobre o sistema político de valores, os padrões culturais e a organização espacial com vista à justiça social e a qualidade de vida. O que se quer dizer com isso? A maneira que o espaço urbano/território é ainda interpretado hoje só poderá gerar mais disparidades, pois seu fim último é o lucro e suas estratégias de planejamento e gestão ainda são monopolizadas por poucos. Uma das características da redefinição do papel do Estado, tem sido a revalorização do poder local, através de inúmeras propostas de descentralização, que vem assumindo contornos diferentes em cada um dos países em que foram implantadas. O que de forma geral, leva a descentralização a ser definida como a transferência de poder do nível nacional para instancias subnacionais, para planejar, gerir, executar e tomar decisões. Refletir sobre o espaço urbano e a construção de conceitos como desenvolvimento, território e a relação com as políticas públicas permitiu avaliar se uma “mudança social positiva” é possível no cotidiano das cidades. A justiça social e a qualidade de vida são nossos termômetros sociais. Cabe agora entender qual justiça social e que qualidade de vida queremos ao tratar do desenvolvimento no espaço urbano. “Temos o direito a ser iguais sempre que as diferenças nos inferiorizam. Temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. Boaventura Santos A frase acima demonstra a complexidade colocada pela consolidação política dos indivíduos como sujeitos de direitos. No mais concordamos com Marcelo Lopes de Souza (SOUZA 2001) que o desenvolvimento não é desenvolvimento sem qualidade de vida e justiça social, Apesar do que nos propomos, entendemos que o espaço público urbano é constituído no mínimo de duas dimensões: O espaço físico e um espaço simbólico. Esses dois contextos nos dão idéia da extensão que podemos dar a um cenário de relações sociais. Como espaço político, a incidência de legislações, de estratégias da política urbana, das relações de força que incidem nesse espaço. Como espaço de cultura, expressões e afetividades a qual se dá sentido a um lugar. Como espaço de lazer, atividades consideradas nas condições de tempo e atitude do sujeito. Como espaço de medo, como espaço de violência, como espaço contemplativo, como espaço de diversão, etc. O espaço urbano só é público quando é portador de algumas qualidades. Entre elas a de ser um espaço democrático onde todos possam sentir-se participantes da sua constituição. Nilva Souza Ramos (2002) trazendo Pedro Demo para o debate das políticas públicas afirma que a qualidade de vida não está dissociada da participação. Nesse sentido, as políticas sociais com relação ao planejamento urbano, deveriam ser pensadas a partir de estratégias onde seja possível a comunidade local participar das decisões urbanas antes que determinada intervenção seja qualificada como pública. Nosso intuito aqui foi justamente trazer reflexões que demonstrem a importância da transformação do espaço urbano em espaço público, conforme previsto em lei. São as práticas sociais que qualificarão o espaço urbano como espaço público, ou seja, a efetividade das políticas públicas tendo por princípio as garantias da legislação é o primeiro passo que devemos dar se esperamos compartilhar se não respostas, possibilidades de realização de um espaço público urbano.Outro aspecto a ser destacado é a transversalidade das políticas publicas a esses eixos. Para OFFE (1984), política pública é: “O conjunto daquelas relações e estratégias politicamente organizadas que produzem continuamente essa transformação do proprietário de força de trabalho em trabalhador assalariado, na medida em que participam da solução dos problemas estruturais”. (p. 24). Considerações Finais Pudemos perceber que a implantação de espaços públicos,são aparentes conquistas da cidade,porém não expressam as demais dificuldades geradas por elas, sejam em relação aos problemas ambientais, ou mesmo, os problemas sociais urbanos de violência e segregação espacial. Pode-se chamar “desenvolvimento” uma mudança em que se desconsideram os “efeitos colaterais” em termos sociais e ambientais? (SOUZA, 2001, p. 61). Até que ponto podemos considerar os avanços democráticos em relação às decisões frente ao planejamento e a gestão urbana? Quais são as estratégias de desenvolvimento em pauta nas conferências da cidade?O que efetivamente se implanta como política Pública das discussões e debates de espaços de participação ? As questões levantadas até aqui não possibilitam emitir conclusões, referem-se antes a questionamentos ou indagações não respondidas no decorrer da pesquisa, isto se deve ao nosso ver pela multiplicidade de conceitos trabalhados e também estes possuírem diferentes interpretações.O objetivo foi trazer as reflexões a cerca do espaço urbano e seus determinantes tais como conceito de espaço gestão , construção de espaços democráticos entre outros, portanto a idéia do grupo não foi indicar posições fechadas mas sim oportunizar uma reflexão sobre a temática. Referências Bibliográficas: CALDEIRA, T. P. do R. Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Ed. 34 / Edusp, 2000. CORREA, R. L. O espaço urbano. São Paulo: Bom Livro, 1989. FERREIRA, I.C.B.; VASCONCELOS, A.M.N.; PENNA, N.A. Violência urbana: a vulnerabilidade dos jovens da periferia das cidades. In: XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Caxumba, 2008. HELLER, A. O cotidiano e a História. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. MARCELLINO, N. C.; BARBOLSA, F. S.; MARIANO, S.H. As cidades e o Acesso aos Espaços e Equipamentos de Lazer. Piracicaba: Impulso, 2006. OFFE, Claus. Problemas estruturais do estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. SILVA,José Aparício. Fatores endógenos e exógenos que levaram à migração /resistência de pequenos produtores do distrito de Itaiacoca -Ponta Grossa –Pr, na década de 1970.Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas –UEPG-2008. SOUZA, M.L. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. SOUZA, Marcelo., (1998), Desenvolvimento Urbano: a problemática renovação de um “conceito”- problema: In Revista Território, nº 5. p 5-29. SOUZA, Marcelo., (2001), Mudar a cidade: Uma introdução critica ao planejamento e à Gestão Urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. Desarrollo empresarial y competitivo del sector agroindustrial del Caribe colombiano: el caso de la Yuca Lourdes Isabel Meriño Stand, Juan David Sepúlveda Chaverra. INTRODUCCIÓN A partir de la década de los 80 en la región Caribe, confluyen dos etapas importante en el estudio de la yuca, por una parte, el periodo de proteccionismo, el cual es declarado por Gottret et al (2002) como el periodo comprendido entre los años 1975 y 1982, durante estos años, el cultivo de yuca se centraba en las zonas cafeteras, debido a su adaptabilidad a climas templados. De acuerdo a Ceballos (2000) con el auge de los cultivos cafeteros, que tuvo lugar principalmente en la bonanza del año 1975, se redujo la dimensión de los terrenos de cultivo y la yuca fue desplazada de las zonas cafeteras. Otro elemento influyente, para el desplazamiento de la yuca hacia zonas cálidas, en este periodo, fue la influencia de los cultivos de cereales la que proporcionaba rendimientos mayores, lo que sumado a la etapa proteccionista que vivía la economía, dio como resultado una especialización productiva en cereales en detrimento de la yuca. Por su parte, el periodo de preapertura (1983-1991) se caracterizó por la desaparición total de la producción en las zonas cafeteras y el aumento de su presencia en otras zonas del país, consiguiendo en este periodo una consolidación en la costa atlántica. Durante este periodo la costa generó un 35% de la producción total de yuca del país. De acuerdo a Janssen (1986), en la década de los 80, la yuca constituyó una de las principales fuentes de ingresos para los pequeños agricultores del Caribe, incluso, en la actualidad la región sigue liderando en el proceso de cultivo y comercialización de la yuca, representando el 40% de la producción nacional, del cual Bolívar representa el primer lugar a nivel nacional con un 15% de la producción, para un total de aproximadamente 300 mil toneladas anuales (DNP, 2010). De igual forma, el movimiento asociativo alrededor de la yuca tiene un impacto positivo sobre indicadores de empleo, reducción de la pobreza y aumento de la participación de los productores en los mercados nacionales, inician los procesos de establecimiento de las rayanderías en el Cauca, los proyectos de Yuca seca en la Costa Atlántica y nuevas estrategias de comercialización de Yuca fresca en todo el territorio, por parte de las estrategias empresariales. 1. OPCIONES DE MERCADO Para Comfecampo (2006) “La yuca, por las diferentes opciones de explotación que representa, es, al mismo tiempo, una fuente alimenticia básica4, y un producto con posibilidades de expansión en Colombia y muchas zonas tropicales. En la década de los 80, la mayor parte de las raíces cosechadas se destinaba a consumo humano y una pequeña cantidad se comercializaba. En la década de los 90, el nuevo modelo de apertura económica orientó los productos agrícolas más hacia el mercado. Se diversificaron, por tanto, los productos derivados de la yuca con el fin de mejorar la competitividad del producto agrícola, de generar mayor valor agregado y de comercializar mayores cantidades” En el año 2006, a partir de un estudio de caracterización de productos con potencial exportador del país, Araujo-Ibarra (2006) muestran que para el departamento de Bolívar, la yuca representa, dentro del sector agrícola una fuente potencial importante de desarrollo; dichos autores, a partir de los estudios de Mogollón y Otero (2006) identifican dos posibles áreas de explotación de la misma, como materia prima para la producción de alcohol carburante, con fines exportadores, y por otra parte, establecen un nicho de explotación 4 En este sentido, diversos autores citados a lo largo del documento (CLAYUCA, 2002. Balcazar y Mancilla, 2009. Ceballos, 2000) demuestran que la yuca, en regiones tropicales de países en desarrollo es una opción atractiva para la obtención de calorías en la dieta humana, que al mismo tiempo representa una alternativa económica frente a otros productos como el arroz y el maíz. utilizando la harina de yuca y el almidón como materia prima en la industria química, de cosméticos, pegantes, farmaceúticos y otros productos. En este sentido, para el mercado internacional, Diversos estudios (IFAD, 2004. Gobernación de Antioquia, 2005. Comfecampo, 2006) establecen que el mercado mundial de la yuca puede ser diferenciado en cuatro diferentes categorías de productos, que parten de la presentación en Fresco para consumo humano, como insumo en la industria alimenticia (Snacks y chips), como materia prima en la elaboración de alimentos balanceados para animales y como Almidón para industrias no alimenticias (Papel, Textiles, Adhesivos, Confecciones, Química y Materiales de construcción). 2. CAPACIDAD TECNOLÓGICA En la primera parte de este apartado se enumeran los elementos más importantes que intervinieron en el desarrollo técnico, tecnológico y producto de la cadena de producción de yuca seca para el sector de alimentos balanceados para animales, elementos que aparecieron en la región Caribe en el periodo 1978-1993, llamado de preapertura (Gottret et al, 2002), y el segundo, que enumera los retos competitivos a nivel tecnológico necesarios para el desarrollo tecnológico y productivo del sector en las nuevas condiciones de mercado para el periodo posapertura. 2.1. Desarrollo de capacidades tecnológicas en el periodo de preapertura El proceso de desarrollo empresarial tecnológico y competitivo de la Yuca durante la década de los ochenta atravesó por cuatro diferentes fases de implementación (Balcázar y Mansilla). a. Etapa piloto (1980-1983) Inició con la consolidación de la primera asociación de cultivadores compuesta por 15 pequeños agricultores en el municipio de San Juan de Betulia en Sucre, con el apoyo del programa integrado del DRI y la asistencia técnica del equipo de I+D del Centro Integral de Agricultura Tropical (CIAT) (Balcázar y Mansilla). Gottret y Ospina (2004) explican que esta etapa fue exitosa para el proceso de Desarrollo Empresarial del sector en la medida en que se cumplieron cuatro condiciones básicas: - El establecimiento de un sitio piloto del proyecto que permitió que todos los actores involucrados en él (técnicos, científicos, gubernamentales, académicos y los cultivadores) participaran en los desarrollos del proyecto. - La ubicación piloto fue seleccionada con base en las necesidades percibidas por los actores gubernamentales, y por DEMANDA de los cultivadores - El proceso de Innovación se desarrolló a través de una fase que permitió probar, aprender e identificar las mejores soluciones antes de un lanzamiento de los productos. - El acceso a los desarrollos tecnológicos y las innovaciones relacionadas era de libre acceso para los cultivadores y la sociedad en general. b. Etapa de escalado (1983) La segunda etapa, llamada por Balcázar y Mansilla, como la etapa de escalado, se realizó en el año 1983, y entre sus acciones se encuentra la verificación de las condiciones operativas y reordenamiento operacional, el inicio oficial de la operación comercial del proyecto de Betulia y el inicio de las acciones de transferencia tecnológica para la operación de otras plantas. Gottret y Ospina (2004) explican que en el periodo de escalado se trabajó además en función de organizar nuevas cooperativas de productores, intensificar el proceso de investigación y desarrollo tecnológico e incluir el proceso organizacional dentro del paquete tecnológico transferido a las nuevas cooperativas. c. Etapa de Expansión (1983-1989) El propósito de esta etapa fue expandir en la región los resultados del proyecto piloto, de manera que existiera una mayor confluencia operativa en la dinámica de desarrollo empresarial propuesta inicialmente. En este sentido, el proyecto cooperativo se expandió por toda la región Caribe, permeando inclusive la iniciativa privada, que vio una oportunidad importante en función de los procesos desarrollados. Al final de esta etapa existían aproximadamente 50 iniciativas, de las cuales un poco más del 80% eran de corte cooperativo y el porcentaje restante correspondía a empresas privadas; los márgenes de producción alcanzaron más de 5000 toneladas lo que significó la necesidad de una estrategia de mercadeo de mayor nivel, en este sentido, durante este periodo aparece la ANPPY (Asociación Nacional de Productores y Procesadores de Yuca) la cual tenía la misión de promover el mercadeo de la producción derivada en las empresas cooperativas (Gottret y Ospina, 2004). 2.2. Retos del periodo de posapertura Para Martínez y Esquivia (2007) para la superación de los problemas de mercado existentes en el proceso agroindustrial de producción de yuca seca, destinado a la cadena productiva de Alimentos balanceados para animales, se dividen inicialmente en dos grupos; por una parte, está el problema de la decisión de los involucrados basada en precios, que indica que los cultivadores, toman la decisión de venta de su producción, al mejor postor (Seca para agroindustria o fresca para consumo) en función de precios variables, que son generalmente superiores en el mercado fresco) (Gottret y Ospina, 2004), esta primera condición, es generadora de un flujo no constante de producto al mercado, que, aunque ha demostrado su interés y capacidad de absorción de la producción, se orienta a la consecución de materias primas de más fácil adquisición y garantía de abastecimiento (CCI, 1997). El otro escenario problémico para el desarrollo productivo, competitivo y empresarial en el sector en el periodo posterior a la apertura, se basa en las deficiencias competitivas, de precio y calidad, del mismo frente al mismo producto importado desde Tailandia. (Martínez y Esquivia, 2007) La superación de estos problemas, para diferentes autores (Gottret, V. Raymond, M, 2003. Martínez y Esquivia, 2007. IFAD, 2004. Gobernación de Antioquia, 2005.) Se basa en la aplicación de elementos de desarrollo productivo en tres diferentes etapas del proceso, las cuales se muestran a continuación: - Mejora en los procesos de siembra y recolección basada en la tecnificación de los cultivos. - Utilización de variedades Mejoradas. - Implementación de técnicas de secado artificial. Estas estrategias en conjunto permitirán, en primer lugar, equiparar la competitividad del sector en la región Caribe, en función de costos y calidad, con los mismos productos importados provenientes de Tailandia o Brasil. 3. ESTRATEGIAS 3.1. Modelo de desarrollo empresarial competitivo del Sector Para el diseño y propuesta de las estrategias de desarrollo empresarial competitivo para el sector agroindustrial del Caribe, y en particular de la yuca en el Departamento de Bolívar, se han extraído los principales elementos encontrados, tanto en el análisis histórico evolutivo del sector y las lecciones aprendidas, como de las experiencias particulares y elementos reseñados en análisis globales realizados para el mismo producto. A continuación, la figura 1 muestra el modelo de desarrollo empresarial competitivo del sector extraído de los elementos reseñados anteriormente, y a partir del cual se plantean un conjunto de 5 estrategias base para alcanzar un nivel productivo y competitivo razonable en la explotación agroindustrial de la Yuca. Figura 1. Modelo de desarrollo empresarial competitivo de la Yuca. Fuente: Elaboración propia con base en las conclusiones del estudio El modelo presentado, plantea en primera instancia la integración de diferentes actores al proceso de fortalecimiento del sector, partiendo del Estado quien establece las normas y garantiza la infraestructura necesaria, y soportado en el apoyo brindado por otras instituciones quienes garantizan que el aprendizaje, desarrollo, transferencia y adaptación tecnológica sean adecuados a las condiciones particulares de la organización y el producto. Por otra parte, en medio de las estrategias se ubican el sector yuquero en particular, quien es usuario y participe de los procesos de desarrollo tecnológico y organizacional y quien por medio del establecimiento de alianzas y con apoyo externo técnico y financiero, adquiere la capacidad productiva necesaria para dirigir sus productos al mercado, actor y agente que participa del modelo en la medida en que como usuario y apoyo, favorece el desarrollo del sector. Con miras a la dinamización de este modelo, la sección siguiente, muestra el planteamiento de las estrategias necesarias para un correcto funcionamiento del mismo. 3.2. Estrategias de desarrollo empresarial competitivo de la Yuca A partir del modelo de desarrollo empresarial competitivo de la yuca identificado, y tomando en cuenta los planteamientos que dan soporte al mismo, a continuación se muestran las estrategias definidas para la dinamización y alcance de un nivel de competitividad y desarrollo empresarial para la yuca en el Departamento de Bolivar. • E01: Fortalecimiento de los cultivadores: El desarrollo de esta estrategia se basa en los elementos claves fundamentados del análisis histórico de la evolución del proceso productivo de la Yuca en la región y el análisis del modelo propuesto, se basa en tres elementos principales, el fortalecimiento empresarial y en sistemas de Gestión, el Fortalecimiento asociativo y el fortalecimiento técnico, al mismo tiempo que se busque el incremento de las capacidades productivas de la mano de obra asociada a los cultivos que permitan a los pequeños empresarios alcanzar: o Economías de escala: Basado en la unión asociativa de pequeños productores (Martínez y Esquivia, 2007) o Incremento de los niveles de Calidad y producción: Basado en el fortalecimiento técnico de los productores, la formación a niveles técnicos y tecnológicos y el aprendizaje y aplicación de los principios de Buenas Prácticas Agrícolas (Gottret, V. Raymond, M, 2003) o Incremento de la fortaleza para las negociaciones: Basado en la capacidad asociativa de negociación ((Martínez y Esquivia, 2007) • E02: Integración de Actores: Para la identificación de actores, se toma como base el modelo de 4 entornos propuesto por Fernández de Lucio y otros para los sistemas de innovación. Con este proceso de integración de actores, será posible alcanzar: o Adquisición de tecnología: La integración de actores gubernamentales en el proceso de desarrollo empresarial competitivo, permitirán asegurar un alto nivel de sinergia en los procesos de inversión para el cambio tecnológico. o Desarrollo Científico: Actores como CIAT, CLAYUCA, Universidades, Centros de Investigación, Cámara de Comercio, y asociativas de productores, permitirá la integración de conocimientos necesarios para el desarrollo técnico y científico. o Adaptación y transferencia de Tecnología y Conocimiento: La presencia de actores como el SENA e Instituciones Tecnológicas de la Región, en alianza con el sector productivo, permitirán que los procesos de adaptación de tecnologías, Vigilancia, Compra, Transferencia y Generación de la misma. • E03: Desarrollo Técnico-Productivo del sector: Los procesos de Adquisición, Adaptación, Generación y Transferencia de Tecnología permitirán al sector, el incremento de sus capacidades en función de que los desarrollos conjuntos facilitan el aprendizaje y un mayor nivel de desarrollo. Al mismo tiempo, la adquisición y transferencia de tecnología en el sector, permitirá elevar la productividad del sector al mismo nivel de Tailandia el principal competidos en escenario global (Martínez y Esquivia, 2007) de Igual forma, con la aplicación de esta estrategia, los beneficiarios estarán en capacidad de alcanzar: o Disminución de los costos de producción. o Incremento de los niveles de Calidad. o Mayor nivel de utilidad o Menores niveles de inconstancia en la producción • E04: Desarrollo Científico-Tecnológico del producto: La necesidad de alcanzar unos niveles de desarrollo científico del producto y la integración de actores con el interés y la capacidad para ello favorecen el desarrollo empresarial competitivo del sector en la medida en que permiten: o Desarrollo de nuevos productos y variedades. o Superación de problemas de cultivo y fitosanitarios. 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS • ARAUJO-IBARRA (2006) Indice 500 nuevos productos con potencial de Exportación a EEUU. Disponible en línea http://portal.araujoibarra.com/bibliotecay-articulos/500-nuevos-productos/indice/indice • BALCAZAR, A. MANSILLA, H. Cassava crop development in Colombia. FAO, consultado en línea http://www.fao.org/docrep/007/y5271e/y5271e07.htm#TopOfPage Marzo de 2009 • CEBALLOS, H. (2000) La yuca en Colombia y el mundo: Nuevas perspectivas para un cultivo milenario, CLAYUCA • COMFECAMPO (2006) YUCA. Estadisticas. Consultada en línea: http://www.confecampo.com/estadisticas/yuca.pdf • COCK, J. (1985) Cassava: New potential for a neglected crop. Westview Press, Colorado, E.U. • CLAYUCA (Compilador) (2002) La yuca en el tercer milenio. Publicación CIAT. ISBN 958-964-043-8 • DANE, Estadísticas consultadas en línea www.dane.gov.co • FAO. Estadísticas de producción agrícola para Colombia (En línea) http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor. • GOBERNACION DE ANTIOQUIA. (2005) Posibilidades competitivas de productos prioritarios de antioquia frente a los acuerdos de integración y nuevos acuerdos comerciales. Disponible en línea http://www.gobant.gov.co/organismos/scompetividad/doc_estudios/analisisdeposib ilidadescompetitivasdeproductosprioritarios/yuca.pdf • GOTTRET, V. ESCOBAR, Z. PÉRES, S. (2002) El sector yuquero en Colombia: Desarrollo y competitividad. CIAT. (En línea) http://www.clayuca.org/PDF/libro_yuca/capitulo20.pdf Consultado Agosto 21 de 2008. • GOTTRET, V. RAYMOND, M. (2003) Análisis de un Enfoque Integrado de Investigación y Desarrollo en Yuca y su Contribución al Alivio de la Pobreza: El Caso de la Costa Norte de Colombia. Clayuca • GOTTRET, V. OSPINA, B. Twenty years of cassava innovation in Colombia: Scaling up under different political, economic and social environments. En PACHICO, D y FUJISAKA, S (Editores). Scaling up and out, achieving widespread impact through agricultural research. CIAT • IFAD (2004) Global cassava market study. Business opportunities for the use of cassava. INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. FAO Roma- Italia, 2004 • JANSSEN, W. (1986) Market impact on cassava’s development potential in the Atlantic Coast Region of Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia. • MARTINEZ, A. ESQUIVIA, M (2007) La competitividad de la yuca seca en la cadena avícola porcícola en Colombia. Comercio exterior, ISSN 0185-0601, Vol. 57, Nº. 1, 2007 , pags. 20-23 • OSPINA, B. (2004) Presentación orígenes y desarrollo de CLAYUCA. CLAYUCA. Cali Colombia. Trajetórias do Planejamento Urbano no Município de Araraquara Rodrigo A. Toledo Descrição da pesquisa Pretendemos produzir análises das forças sociais, políticas e econômicas em dois momentos fundamentais para a cidade de Araraquara: o processo de elaboração do plano diretor iniciado na década de 1950 e o iniciado no ano 2000. Primeiramente nossas análises se fundamentarão na contextualização histórica do processo de elaboração do plano diretor da cidade iniciado em 1950. Como sabemos, Araraquara passava por um ciclo intenso de desenvolvimento na década de 1950. Basicamente esse ciclo se vincula ao desenvolvimento da agroindústria sucro-alcooleira e à diversificada produção industrial com a instalação de indústrias ligadas à fabricação de máquinas e implementos agrícolas e de empresas produtoras de equipamentos hidráulicos. Essa nova dinâmica econômica fortaleceu as associações de serviços e de classes: Associação Comercial, Sindicato do Comércio Varejista, Associação de Engenharia e Rotary Club. O histórico de Araraquara desde o início do século XX demonstra que a necessidade de planejar urbanisticamente a cidade, devido aos desafios impostos pelo combate às epidemias, como a da febre amarela, criara massa crítica suficiente para que a Associação de Engenharia e o Rotary Club capitaneassem os debates a respeito de instrumentos eficazes para ordenamento da ocupação e do uso do solo. Há, portanto, uma centralização dos debates sobre o planejamento da cidade na Associação de Engenharia e no Rotary Club, que orientaram a Prefeitura Municipal no processo de elaboração do plano diretor de Araraquara iniciado em 1950. O que nos chamou atenção foi a rede de contatos que foi estabelecida para conduzir esse processo de construção do plano diretor. Essa rede contou com a participação de personalidades formuladoras do pensamento urbanístico paulista durante o século XX: Professor Prestes Maia, Anhaia Mello e Geraldo Horácio de Paula Souza, ícones da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Esse fato suscita alguns questionamentos que nortearão o procedimento de pesquisa deste projeto de tese de doutorado, tais como: Quais eram as características sociais, políticas e econômicas que, a partir da década de 1950, engendraram a criação de espaço privilegiado de debate centrado nos integrantes da Associação de Engenharia, no Rotary Club, com profícua participação de peritos, pesquisadores e estudiosos da FAU-USP? Quais forças políticas e sociais compunham o contexto da cidade de Araraquara, em um momento de característico centralismo decisório com tanta influência, que serviram de instrumento de pressão para criar as condições necessárias para compartilhamento entre Prefeitura e Associação de Engenharia e Rotary Club na elaboração do plano diretor? E, por fim, em que medida houve efetiva influência das principais correntes do pensamento urbanístico paulista do século XX no processo de elaboração e posterior concretização do plano diretor iniciado na década de 1950? Em segundo lugar, focalizaremos o movimento iniciado em 1950 e estabeleceremos uma análise comparativa com o iniciado no ano de 2000. Pretendemos compreender que influências a cidade teve no processo de elaboração do plano diretor em 1950 e sua consequente sedimentação em uma lógica na elaboração de planos, a ponto de ser replicada na metodologia proposta para a elaboração do iniciado no ano de 2000. Pretendemos também caracterizar o contexto mundial de reorganização do conceito e das práticas democráticas em países em desenvolvimento como o Brasil na criação de imposições à metodologia de elaboração do novo plano diretor no ano de 2000 na cidade de Araraquara. Referencial teórico Em pesquisa realizada anteriormente foi identificada, na elaboração do primeiro plano diretor de Araraquara – 1950-1977 –, uma participação efetiva do Rotary Club local, da Associação de Engenharia e do Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da FAU-USP. Naquele momento, provavelmente, essas associações dispunham de forças econômicas e políticas suficientes para mobilizar a sociedade local em torno da proposta do plano diretor para a cidade de Araraquara. O que norteou esse debate foi o processo de desenvolvimento urbano pelo qual a cidade estava passando. Além desse aspecto, a proximidade que essas associações mantinham com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP possibilitou um amplo debate que se arrastou por cerca de dez anos – de 1950, quando ocorrem os primeiros encontros em Araraquara, com a participação de personalidades políticas e intelectuais paulistas, até o início da década de 1960, quando é iniciado o processo de elaboração do plano diretor. O debate em torno da metodologia levou em consideração estratégias que pudessem mobilizar a população e setores sociais em torno do tipo de cidade que seria planejada para o processo de desenvolvimento a que assistiam. É possível identificarmos como pano de fundo desses debates as divergências entre as concepções e propostas urbanísticas de Anhaia Mello e Prestes Maia, que deram a tônica do debate sobre o planejamento urbano, sobretudo entre os profissionais da época, na década de 1950. Anhaia Mello e Prestes Maia foram, muito provavelmente, os dois estudiosos que mais se destacaram a partir de meados dos anos 1920 no urbanismo paulistano. Ambos exerceram enorme influência na difusão de ideários urbanísticos, na formação de quadros técnicos, na divulgação de teorias e na prática política de adoção de zoneamento. Eles foram, certamente, os principais representantes do urbanismo e das políticas de zoneamento na cidade de São Paulo, naquele período. Destarte, podemos afirmar que suas teorias e propostas para a cidade representaram os ideais urbanísticos entre os profissionais – engenheiros e arquitetos, sobretudo – que atuaram nessa área. Na década de 1950, os discursos de Anhaia Mello e Prestes Maia distanciaram-se e passaram a liderar duas correntes de pensamento distintas sobre a cidade e capitanearam diferentes propostas e métodos de intervenção estatal no espaço urbano e regional paulistano. Para podermos caracterizar com precisão esse período, produziremos levantamento bibliográfico e documental que nos permita visualizar claramente as propostas urbanísticas de Anhaia Mello e Prestes Maia, principais ícones do conhecimento urbanístico da época. Ao analisarmos esse período e as principais correntes teóricas que o influenciaram, produziremos uma caracterização minuciosa do papel do Rotary Club e da Associação de Engenharia de Araraquara, principais interlocutores entre a administração pública local e estudiosos urbanistas da FAU-USP. Essa caracterização vincular-se-á à análise das forças políticas do Estado de São Paulo durante o período de 1950 a 1970. Anhaia Mello e Prestes Maia foram importantes políticos que chegaram a ser prefeitos da cidade de São Paulo em determinados momentos; mas esses pensadores urbanistas também tinham uma atuação político-partidária efetiva no estado. Além desse aspecto, especificamente com relação a Anhaia Mello, pretendemos realizar análises documentais e entrevistas para construirmos um quadro interpretativo que nos permita compreender seu engajamento em questões políticas e sociais. Ou seja, pretendemos compreender os laços que Anhaia Mello possuía com o Rotary Club para ter estabelecido um contato tão próximo com o de Araraquara E este, por sua vez, com o poder público local. Em outras palavras, quais eram as características sociais, políticas e econômicas que engendraram, a partir da década de 1950, a criação de espaço privilegiado de debate centrado nos integrantes do Rotary Club, da Associação de Engenharia e do Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da USP? Pretendemos analisar o traço específico do poder político local do período: centralismo decisório com participação do Rotary Club e da Associação de Engenharia. Quais forças econômicas, políticas e institucionais compunham esse momento histórico da cidade de Araraquara que permitiu uma mobilização de setores da sociedade em torno da elaboração de um plano diretor com provável envolvimento de peritos da FAU-USP e setores da sociedade local? Em um segundo momento, pretendemos caracterizar a nova proposta de elaboração do plano diretor em 1999 com os mesmos procedimentos metodológicos adotados na análise do período de 1950-1977. Há um novo contexto histórico-social que teria criado condições de imprimir uma nova dinâmica no processo de elaboração do plano diretor? Ou seja, em um momento de exaltação das propostas democráticas participativas de governos no âmbito local, qual a relação dessa nova proposta com o processo de elaboração do plano diretor de Araraquara em 2000? O primeiro recorte a ser feito para compreensão desse processo será o confronto da proposta participativa do governo local do PT com um redesenho da gramática social na recomposição de forças sociais no processo político decisório em democracias de países emergentes como o Brasil. Ao analisarmos esse processo, provavelmente será possível definirmos quais raízes históricas da proposta de administração de parte dos investimentos públicos foram decididos em fóruns locais. O segundo recorte partirá da análise desse novo contexto mundial de reorganização de práticas democráticas – que pressupõe práticas democráticas participativas amplas e complexas, que englobam diversos atores e segmentos sociais – com o também complexo processo de elaboração de instrumentos técnicos de regulamentação do uso e exploração do solo urbano, como o plano diretor. Buscaremos responder a seguinte questão: como conjugar a criação de um instrumento técnico como o plano diretor de uma cidade que depende da intervenção direta de peritos com a ampla participação de atores e segmentos sociais com interesses específicos? Una aproximación al análisis de los movimientos de resistencia social en América Latina en el último cuarto del siglo XX Alicia Lodeserto; Ana Sánchez Introducción La rebelión lacandona-zapatista en enero de 1994 abre las puertas a una larga década de movilización social en América Latina: en los noventa fueron las revueltas de trabajadores rurales y campesinos a través del MST en Brasil, la Federación Nacional Campesina en Paraguay, los cocaleros en Bolivia, las FARC en Colombia, la CONAIE en Ecuador, y, en junio de este año, la duramente reprimida protesta de poblaciones indígenas de la Amazonía peruana. El panorama se completa en los primeros años de la década en curso, con las movilizaciones de trabajadores urbanos desocupados, la toma de fábricas quebradas a través de Piqueteros en Argentina, y las manifestaciones multisectoriales en Colombia, México, Brasil y Paraguay. Todas ellas se han desarrollado bajo modos heterogéneos de composición social, estrategias organizativas y tácticas de lucha, pero comparten su carácter de respuesta al avance de inusitadas formas de explotación del trabajo y despojo de recursos. En el meollo de la “cuestión social” latinoamericana se halla la violencia extrema de un proceso de “recolonización” de los pueblos implicado en la acumulación capitalista en su actual fase de mundialización. Este trabajo procura aportar al análisis de la movilización social en América Latina a través de examinar la naturaleza excluyente de la globalización en el último cuarto del siglo XX y el modo cómo el continente se inserta en ella. Parte de la premisa de que las sucesivas oleadas de “acumulación por desposesión” –el concepto es de Harvey (2005)- y la violencia intrínseca con la que el sistema se mundializa han dado y están dando lugar a distintos modos de resistencia tanto frente al capital trasnacionalizado como a la hegemonía de Estados Unidos. Si -como dice Sartre en el prólogo a “Los condenados de la tierra” de Fanon-, la violencia de colonialismo es fuente de una violencia recíproca (Sartre, 1968), también hoy la dinámica expansionista de la globalización lleva implícita la resistencia y la movilización social. La Globalización: su impacto en la economía, en los últimos treinta años del siglo XX El origen de la globalización, lo podemos encontrar en la crisis del modelo de acumulación, del año 1970, que concreta el traspaso de capital desde la esfera productiva a la financiera. Serán una serie de acontecimientos políticos sobre los que se desarrollará, .Acontecimientos que a la vez determinará la ampliación del mercado capitalista, el dominio del capital financiero en el mercado mundial, y la resubordinación de las periferias que ingresan a la globalización en una situación de absoluta dependencia y vulnerabilidad. Ahora bien, ¿Cuál es esa secuencia de acontecimientos políticos?, en primer lugar, la declaración de Nixon de 1971 sobre la inconvertibilidad del dólar destinada a limitar la salida de reservas pero que en los hechos liberaliza todo el sistema monetario internacional, poniendo en competencia a las principales monedas. 2) Los dos choques petroleros de 1973 y 1979 que favorecen el tránsito hacia una acumulación basada en la renta financiera y la especulación, a través de otorgarle a Estados Unidos el privilegio de reciclar dólares y reinsertarlos en la economía mundial (Harvey, 2005). 3) El predominio de las políticas neoliberales en los ochenta, que desregulan los movimientos de capital y tasas de interés afectando no sólo a países del mundo occidental sino también de oriente, como lo ejemplifica la decisión de Deng Xiao Ping en 1978 de autorizar el desarrollo de mecanismos de mercado e industrializar una región de China con capital extranjero (Satas, 1996). 4) La desaparición y desmembramiento de la Unión Soviética y el denominado “Socialismo Real” que indudablemente significa el final de un orden mundial de carácter bipolar, pero que en efecto se traduce en la eliminación de uno de los obstáculos a la transnacionalización del capital, dando lugar a la apertura de un espacio que había permanecido cerrado desde 1917. 5) Y por último, bajo el argumento de la crisis de la deuda en “economías inmaduras” como las latinoamericanas, el Consenso de Washington de 1989 define los principios políticos del nuevo modelo a través de la eliminación del déficit presupuestario como medio para solventar el gasto social, el estímulo a una reforma fiscal encaminada a buscar bases impositivas amplias en todos los sectores sociales, la apertura financiera y liberalización de los tipos de interés y comercio reduciendo las barreras arancelaria, y la apertura a la entrada de inversiones directas (Lettieri, 2003: 269). Entonces para el año 1990 este sistema que lo definimos como fase histórica globalizada, ha adquirido todos los rasgos y lo podemos sintetizar de la siguiente manera a) En la actualidad se contabiliza que son unas cien empresas transnacionales las que manejan la inversión extranjera directa y el comercio y unos cincuenta bancos y entidades financieras los que dominan el colosal movimiento de capitales (Minsburg, 1999). b) La hipertrofia del mercado financiero a partir de la existencia de una enorme cantidad de capitales que a diario circulan por el mundo especulando con divisas, bonos, títulos, acciones y papeles de deuda. Su predominio se expresa en la expansión inusitada de los fondos de inversión, los fondos de pensiones y jubilaciones, así como también la sofisticación que han adquirido los sistemas e instrumentos financieros con el desarrollo de fondos de alto riesgo y productos derivados. Se trata de un capital con gran volatilidad y velocidad de circulación capaz de arrasar con enteras economías regionales en su desplazamiento espasmódico. c) Frente a la monopolización más acentuada que haya conocido la historia del capitalismo, la globalización se caracteriza por la exclusión de inmensas mayorías de la población empobrecida. El capital, con grandes posibilidades para desterritorializarse y deslocalizarse, se ubica en aquellas regiones donde encuentra ventajas comparativas y mano de obra barata que permiten altas tasa de plusvalor. Este ha sido el caso del mercado asiático –especialmente chino- que ofrece a las empresas trasnacionalizadas elevados índices de rentabilidad sobre la base de la desruralización y la pauperización. (Xing, 2002) Como dice Husson, la globalización es un fenómeno excluyente que polariza a las sociedades entre aquellas que pueden incorporarse al mercado mundial y las que no (Husson, 2006). El comienzo del segundo milenio, encuentra a la economía mundial inmersa en un nuevo ciclo recesivo que, en el mediano plazo, conduce a la crisis estructural de 2007-2008. En 2001 los indicadores recesivos de la economía de Estados Unidos y sus dificultades explícitas para sostener su liderazgo mundial obligan a profundizar los mecanismos propios de la fase globalizada, especialmente la creación desmesurada de capital dinero o capital ficticio mediante la ampliación sin límites del crédito –en especial del crédito de alto riesgo- y de nuevas tecnologías financieras -como las de titulización de préstamos-, conducentes a mantener –aunque artificialmente- el dinamismo del consumo mundial. Ambos mecanismos financieros han tenido la virtud, a lo largo de seis años, de posibilitar una demanda en alza y sostener liquidez en los mercados pero, en contraposición, han aumentado de forma desmedida la masa de capital ficticio y el endeudamiento generalizado. Entre marzo de 2007 y octubre de 2008, el estallido de la “burbuja inmobiliaria, el siguiente colapso de las finanzas internacionales y el estancamiento económico, revelan el agotamiento de los mecanismos para continuar sosteniendo el crecimiento de la economía mundial. Sin embargo hemos podido observar, cómo los gobiernos de los países ricos volcaron en el sistema financiero enormes recursos para evitar un colapso económico generalizado. Así desde mediados del año pasado, en Estados Unidos un grupo de grandes bancos empezaron a devolver los fondos recibidos y en la actualidad ya no tienen deudas. Cabe preguntarnos ¿Cómo es posible? ¿Acaso la crisis no fue tan grave?. Movilización social en América Latina: violencia y resistencia A lo largo de la configuración histórica de la globalización, vemos cada día como este sistema con su violencia se expande y planetariza. Se trata de una violencia inmanente que solapa, por un lado, una violencia por desposesión que se deriva del proceso de acumulación originaria que, como en la industrialización del siglo XVIII, incluye el despojo de amplios sectores de la población pero, en el presente, además con una feroz destrucción de recursos naturales (Harvey, 2005). En la actualidad, la violencia por desposesión encuentra tres fuentes fundamentales: una es la inversión directa extranjera que se asienta en países periféricos o en desarrollo; otra son las políticas de privatización propias de las décadas neoliberales y la tercera se vincula a los sacudones especulativos en las principales bolsas de valores del mundo, porque mientras para algunos significan triplicar sus fortunas para otros miles implican la pérdida de recursos y medios de subsistencia. Las tres se verifican con amplitud en América Latina. Sólo para citar un ejemplo: en la década del noventa mientras el desempleo aumenta en 11,1 millones y el 36% de las familias latinoamericanas (220 millones de personas) viven en condiciones por debajo de la línea de la pobreza, la inversión extranjera directa –concentrada en unas pocas grandes empresas trasnacionales- se triplica del 9,3 mil millones de dólares en 1989 a 375 mil millones en 1997 (Coggiola, 2007; Minsburg, 1999). Aunque los casos son múltiples, puede recordarse el de las comunidades mapuches de la VIII, IX y X región en Chile que desde 1997 se movilizan contra un modelo forestal que asegura el avance de empresas forestales poniendo en riesgo su supervivencia económica, social y cultural (Lodeserto y Tamagnini, 2001). En segundo lugar, una violencia por exclusión derivada de la expulsión de trabajadores del mercado laboral. Desde finales de la década del setenta se registra un progresivo, regular y sistémico descenso de las tasas de empleo. Después del segundo choque petrolero en 1979, el crecimiento del empleo se ralentiza y cae a índices negativos; en 1987 -después del crack de la Bolsa de Valores de Nueva York-, si bien los indicadores de empleo no se modifican comienza una firme tendencia hacia la precarización laboral, manifiesta en el predominio del trabajo temporario y la jornada laboral de medio tiempo; y en la década neoliberal las tasas de desempleo vuelven a descender para llegar a los noventa con una tasa media del 10% en Europa continental (Aracil, et al, 1998) y del 9,2% en América Latina. Según Coggiola, en este continente, en 1999, el porcentaje de población asalariada cae estrepitosamente en un 51% con la pérdida de 4,7 millones de empleo (tres millones corresponden al sector industrial) (2007:20). Evidentemente el tránsito hacia la economía financiarizada de la globalización lleva en su seno la desocupación. Ella requiere la eliminación de un sector amplio de trabajadores de la esfera productiva, de modo que la exclusión se convierte en una necesidad intrínseca del desarrollo del capitalismo en su forma dineraria. Las consecuencias se traducen en un verdadero drama social que no sólo ancla en la expansión de la pobreza y la indigencia -lo cual ya es muy grave- sino también en la experiencia subjetiva de una vulnerabilidad existencial basada en la incertidumbre y en la situación de externalidad. El caso emblemático es el de los “corte de rutas” y piquetes masivos de trabajadores desocupados que, comenzando por las ciudades argentina de Cutral Co y Plaza Huincul en las jornadas del 20 y 26 de junio de 1996, protestan contra el recorte de empleo y cierre de fábricas que resultan del proceso privatizador (Petras y Veltmeyer, 2003). En tercer lugar, una violencia por desarraigo derivada de la desestructuración, fragilización y pérdida de los lazos sociales y familiares en trabajadores expulsados de los circuitos productivos como de las redes ordinarias de intercambio social (Castel, 2004). El caso de los trabajadores migrantes (ya se trate de migraciones internas o internacionales), quizás sea paradigmático puesto que a la pauperización, la exclusión, la descalificación, se suma el desarraigo. Según el informe anual de la OIM, el número de migrantes internacionales ha ido incrementándose de forma acelerada en las últimas décadas, llegando en 2003 a unos 191 millones de migrantes (unas 2,5 veces mas que en 1965). La mayoría procede de países en vías de desarrollo para alojarse en países de la OECD en Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zalanda, Asia del este (como Japón, por ejemplo) y en los productores de petróleo del Golfo Pérsico (OIM, 2008). Particularmente, 25 millones de migrantes internacionales son latinoamericanos, procedentes principalmente de México y la Comunidad del Caribe para asentarse fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Los problemas de las poblaciones migrantes son múltiples y variados, por ejemplo, el Informe del Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2001 denuncia distintos casos de desconocimiento de los derechos humanos de estos trabajadores, como por ejemplo situaciones de explotación de nicaragüenses en Costa Rica, de bolivianos en Argentina o expulsiones masivas y racialmente discriminatorias en República Dominicana. La situación de los indocumentados es profundamente mas dramática, no sólo por las cifras que alcanzan (se estiman unos 12 millones en EEUU, unos 15 mil que en Italia en 2008 y entre 750 mil y dos millones en Libia) sino también por las condiciones de traslado y tráfico. Aún es incalculable el número de muertes ocurridas en el cruce del río Bravo, o en el desierto del Sahara o en las aguas del Mediterráneo desde Nigeria, Eritrea, Somalia y Etiopia al continente europeo. La descripción muestra que la expansión de los vínculos globales se hace sobre la base del desarrollo desigual y la apropiación asimétrica de la renta mundial que condena a regiones enteras al subdesarrollo mientras que moderniza otras. La desruralización, la asfixia económica, la exclusión obligan a amplias regiones del sur de Asia, América Latina y África a una intensificación de los flujos migratorios, cediendo trabajadores a los mercados nacionales como internacionales. Conclusión Como América Latina, posee uno de los mas vastos depósitos de petróleo, de las mas grandes reservas de agua potable, y alberga una extraordinaria biodiversidad, además ofrece una enorme masa de trabajadores al mercado mundial y, como señala Borón (Moreno, 2005), por su ubicación geográfica puede desempeñar una función del territorio continental norteamericano ha cumplido y cumple un rol de excepcional importancia en el proceso de desarrollo histórico de la globalización. A diferencia de lo que muchas veces se cree, América Latina ocupa un lugar fundamental en le proceso globalizador, pero, en contrapartida, experimenta todos los rigores de la actual fase de mundialización. La globalización anuda en su seno un proceso de acumulación originaria persistente que se agudiza en este continente, dando lugar a un nuevo despojo y a una renovada situación de exclusión, miseria y opresión. La violencia con la que el sistema se expande y planetariza origina, dialécticamente, la movilización y la resistencia social en América Latina. Bibliografía Aracil, et al, 1998 El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Ediciones de la Universidad de Barcelona. Barcelona. Castel, R. 2004 La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado. Ed. Paidós. Bs. As. Coggiola, O. 2007 Rojo amanecer. Lucha de clases en América Latina. Ediciones r y r. Bs. As. Harvey, D. 2005 El “nuevo” imperialismo. Acumulación mediante desposesión. En Herramienta. Revista de debate y crítica marxista. Nº 29, junio de 2005. Bs. As.. Husson, 2006 La mundialización desequilibrada. En Herramienta. Revista de debate y crítica marxista. Nº32, Junio 2006. Bs. As. Lettieri, A. 2003 La civilización en debate. Historia contemporánea: de las revoluciones burguesas al neoliberalismo. Ed. Eudeba. Bs. As. Lodeserto, A. y M. Tamagnini 2001 La palabra mapuche en tiempos de la globalización. En Michelini, D. et. al 2001 Saber, Poder, Crecer. VI Jornadas Internacionales Interdisciplinarias. Ediciones del ICALA. Río Cuarto. Méndez, J. 2001 Informe del Relator Especial para trabajadores migrantes y sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agosto de 2001. Disponible en www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6.htm Moreno, K. 2005 Imperialismo, movimientos sociales y ciencia crítica. En Herramienta. Revista de debate y crítica marxista. Nº28, marzo de 2005. Bs. As. Satas, H. 1996 Ayer y Hoy. Historia del siglo XX. Ed. Almagesto. Bs. As. Sartre, J.P. 1968 Colonialismo y neocolonialismo. Situations V. Ed. Losada. Bs. As., Minsburg, N. 1999 Trasnacionalización, crisis y papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En Borón, A. et al (comp.) Tiempos violentos, Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. Ed. FLACSO-Eudeba. Bs. As. OIM 2008 World Migration 2008. Managing labour mobility in the envolving global economy. Volume 4-IOM World migration report series. Disponible en www.oim.int Petras, J. y H. Veltmeyer 2003 Un sistema en crisis. La dinámica del capitalismo de libre mercado. Ed. Lumen. Bs. As. Xing, Xu 2002 “Tribulaciones de un campesino chino”. En Le Monde Diplomatique, Año IV, nº38, agosto 2002. Ed. Capital Intelectual. Bs. As. Movimento de mulheres camponesas e agrobiotecnologias: buscando significados a partir da relação entre cultura, política e tecnologias Márcia Tait Lima; Renato Peixoto Dagnino “A burguesia colonialista, quando registra a impossibilidade de manter sua dominação sobre os países coloniais, decide fazer um combate de retaguarda no terreno da cultura, dos valores, das técnicas, etc. Ora, nunca deve se perder de vista que a imensa maioria dos povos colonizados é impermeável a esses problemas. Para o povo colonizado o valor mais essencial, porque concreto, é o primeiro, a terra: a terra que deve garantir o pão e a dignidade”. (Frantz Fanon, in Os condenados da terra, publicado pela primeira vez em 1961, pág. 61) Introdução A citação de Fanon que abre este artigo ressalta a importância de questões materiais, como acesso a terra, para os povos colonizados e sinaliza uma “impermeabilidade” em relação aos problemas inseridos nas dimensões técnicas e culturais. Neste artigo buscaremos explorar essa tensão entre material e simbólico como forma de compreender as ações e discursos de alguns movimentos de mulheres camponesas existentes no Brasil contemporâneo. Serão destacadas noções e relações que possam contribuir para entender à imbricação entre cultural e político nos discursos de movimentos de mulheres camponesas, buscando estabelecer vínculos entre valores, propostas políticas e ações desses movimentos. Pretende-se com isso, contribuir para o entendimento do protagonismo e radicalidade que os movimentos de mulheres camponesas têm assumido dentre os movimentos contrários as agrobiotecnologias. Para isso, a discussão teórica será desenvolvida conjuntamente com a análise dos discursos produzido pelo Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), que integra a Via Camponesa do Brasil; e em duas publicações coordenadas por mulheres, a primeira resultado das reflexões do Grupo de Trabalho de Gênero da Articulação Nacional de Agroecologia (AEA); e a segunda uma publicação da Sempreviva Organização Feminina (SOF) sobre o tema agricultura e sociedade de mercado. Os discursos desses movimentos apontam para existência de concepções de mundo e projetos políticos alternativos ao modelo de desenvolvimento agrícola pautado pelo agronegócio e utilização massiva das agrobiotecnologias. Conseguem articular a luta “pela terra e pelo pão” (soberania alimentar) e por dignidade humana a discursos que pedem mudança de práticas e valores e propõem formas alternativas de cultivar a terra, produzir alimentos e, de modo mais amplo, formas distintas de sociabilidade e relações com meio ambiente. 1- Movimentos Sociais como agentes de política cultural: breve contextualização e indefinições Estabelecer uma identidade ou uma noção geral que abarque todos dos movimentos sociais contemporâneos - definir o “quem são” e quais as características de um movimento social significa adentrar um terreno conflituoso. A noção de movimento desde o começo de sua utilização passou por diversas revisões e mesmo negação de sua pertinência enquanto categoria analítica. Adotamos como ponto de partida a perspectiva de que para fazer uma reflexão sobre os movimentos sociais não é necessário aderir a uma definição, mas sim problematizar a complexidade que define a própria “natureza” dessas ações coletivas. O “Como?” e “Por quê?” talvez sejam as questões mais relevantes e que permitemolhá-los como sujeitos políticos coletivos portadores de uma heterogeneidade constitutiva desafiadora. O modo como os movimentos de mulheres camponesas articulam seus discursos e os motivos expressos para sua mobilização, tratados no decorrer desse artigo,poderão ajudar a compreender um pouco melhor a constituição desta “entidade complexa” chamada movimento social. A discussão deste trabalho sobre movimento de mulheres camponesas será feita no contexto latino-americano atual. Após o período chamado por alguns autores de emergência da “nova sociedade civil5” (Lavalle, 2003 e Dagnino, 1994), na qual os movimentos sociais foram incluídos como componentes centrais (Dagnino, 1994, Evers, 1984 e Paoli, 1995). Atualmente os movimentos sociais estão imersos no processo de globalização neoliberal, que intensifica as desigualdades sociais e “redefine de forma significativa o terreno no qual devem empreender suas lutas”. Essa conjuntura estaria conduzindo, muitas vezes, ao enfraquecimento dos movimentos populares e abalado suas linguagens de protesto (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 46). No Brasil a discussão sobre movimentos sociais ganha força no período de redemocratização política no final da década de 80. Um contexto de “ambivalência6” decorrente da conquista de direitos expressos na Constituição de 1988. A ação de movimentos como, o de mulheres, negros, homossexuais e indígenas tiveram uma contribuição importante para re-significar a relações entre cultura e política (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000). Por terem uma preocupação com “novas” questões - como o fortalecimento e reconhecimento de identidades novas visões sobre a política e a 5 A sociedade civil designa um espaço ainda mais heterogêneo do que a noção de movimentos sociais. Pode ser entendida como um espaço específico de ação de organizações que se distingue do Estado e do Mercado. Inclui tanto o chamado Terceiro Setor (principalmente ONGs), quanto os movimentos sociais e organizações de responsabilidade empresarial. Como algumas noções articuladoras da sociedade civil podem ser apontadas: o caráter de independência e de mediação em relação ao Estado; um lugar de publicização de diferentes interesses; lugar de estabelecimento de regras formais e informais para um “viver bem” em sociedade. Mais subsídios sobre a discussão atual acerca do conceito sociedade civil e relação com cidadania e movimentos sociais ver Lavalle (2003), Dagnino (2002) e Dagnino (2004). 6 Ao mesmo tempo em que a Constituição garantia o direto a organização de sindicatos e movimentos e vários outros direitos fundamentais, fortalecendo um discurso de isonomia entre os indivíduos; as dificuldades sociais e econômicas da realidade vivida evidenciavam os limites e fragilidades dos direitos inscritos na Constituição (Telles, 1994). sociabilidade - esses movimentos foram designados por muitos autores comonovos movimentos sociais. Segundo Paoli (1995), a noção de movimentos sociais teria surgido como um “imenso guarda-chuva que (mal) abriga ações coletivas diversas com diferentes significados, alcance e durações” e mostrava como os movimentos não poderiam ser analisados como atores sociais ou sujeitos políticos homogêneos. Na década de 80 Durham (1984) eEvers (1984) já ressaltam a inadequação dos modos de percepção e noções utilizadas para entender a constituição dos movimentos sociais. As características dessesnovos movimentos sociais subverteriam antigas categorias utilizadas na sociologia como a de poder político e a dicotomia alienação-identidade. Para Evers, o novo dos novos movimentos sociais consistiria na criação de pequenos espaços e práticas no qual o “potencial de transformação” não é centralizado na política, mas acontece na dimensão sócio-cultural. No potencial de criar e experimentar formas diferentes de relações sociais cotidianas, uma espécie de “contra-cultura micrológica” com “raízes nas práticas diárias” que pode ou não gerar autonomia e uma real ameaça à ordem dominante (Evers, 1984: 14-15). Segundo Evers (1984), o processo de constituição dos novos movimentos sociais é marcado por contradições e impõe novas formas de interpretar as relações de poder. Não estariam questionando uma forma específica de poder político, mas a própria situação central do critério de poder. Estariam em ação, principalmente, processos de renovação de padrões sócio-culturais e sócio-psíquicos e não uma luta convencional pelo poder político representado pelo Estado (Evers, 1984: 12). Sáder (1988) também sublinhava o impasse de abordagens simplificadoras que utilizam explicações estruturalistas ou fixadas na categoria classes sociais para entender a natureza desta “nova configuração das classes populares que despontava no cenário público” e que não poderia ser analisada a partir das “determinações estruturais” (Sáder, 1988: 39). Atualmente parece não fazer maisnenhum sentido restringir a atuação na cultura àqueles grupos mais claramente culturais e incorporar a definição de “velhos” e “novos” movimentos sociais porque “todos os movimentos sociais na América Latina atual põem em prática alguma política cultural” (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 22). Os próprios movimentos de mulheres camponesas não podem ser adequadamente entendidos utilizando essa separação. Esses movimentos estão inseridos nos “tradicionais” movimentos camponeses e partilham de muitas de suas reivindicações históricas e “materiais” (acesso a terra, alimento, trabalho digno) e, ao mesmo tempo, colocam questões de identidade, gênero, novas sociabilidades. Os movimentos de mulheres camponesas que produziram os discursos analisados neste artigo têm em comum: uma militância explicita contra o agronegócio políticas neoliberais (principalmente relativas ao comércio e agricultura) e a utilização de agrobiotecnologias transgênicas; e propostas de práticas agrícolas alternativas com importante adesão a agroecologia7. Todos também fazem referência com ênfases distintas às “origens trabalhadoras”, questões de gênero e fundiárias. Em documentos produzidos pelo MMC é possível observar como as integrantes reafirmam sua identidade como trabalhadoras, mas também mostram sua preocupação em definir uma identidade particular. Somos mulheres camponesas: agricultoras, arrendatárias, meeiras, ribeirinhas, posseiras, bóias-frias, diaristas, parceiras, extrativistas, quebradeiras de coco, pescadoras artesanais, sem terra, assentadas... Mulheres índias, negras, descendentes de europeus. Somos a soma da diversidade do nosso país. Pertencemos à classe trabalhadora, lutamos pela causa feminista e pela transformação da sociedade. Lutar sempre foi nossa condição. Desta forma, construímos nossos movimentos autônomos de mulheres8. 7 A agroecologia pode significar ao mesmo tempo ou separadamente: produção de conhecimento (ou campo disciplinar), um movimento social e uma prática agrícola. Os movimentos de mulheres camponesas analisados parecem incorporar essas três dimensões. A agroecologia como forma de produzir conhecimento enfoca os agroecossistemas enquanto unidade de estudo e ultrapassa a perspectiva unidimensional, incluindo as dimensões ecológicas, sociais e culturais. A prática agroecológica teria como objetivo tornar o agroecossistema independente de recursos externos, como os produtos agroquímicos e energia. Existem estudos e relatos sobre a implementação (ou tentativa de implementação) de modelos agroecológicos em assentamentos e por movimentos sociais, como o estudo sobre a “formação discursiva agroecológica do MST” (Barcellos, 2009) ou sobre a “agroecologia militante” (Guterres, 2006). 8 Trecho extraído da página inicial de seu sítio eletrônico do MMC < http://www.mmcbrasil.com.br/> 2- Dimensões político-culturais e tecnocientíficas nos discursos de Movimentos de mulheres camponesas A pesquisa em sítios eletrônicos9 de mídias independentes e de movimentos de origem camponesa apontou o envolvimento expressivo das mulheres em questões relativas à segurança alimentar e oposição às agrobiotecnologias, principalmente transgênicos. As mulheres, tanto atuando dentro de movimentos camponeses10, quanto constituindo movimentos específicos de mulheres, pareciam manifestar uma opinião mais radical contra as agrobiotecnologias e pela soberania ou segurança alimentar. Outras análises também ressaltaram o papel das mulheres na manutenção da crítica política11em alguns movimentos. No caderno Mulheres construindo a Agroecologia (2008) do Grupo de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) encontramos referências “ao papel fundamental das mulheres em todas as etapas da alimentação”; “seu papel fundamental na preservação da biodiversidade”; e combate a sua “desvalorização enquanto construtoras da agricultura” (2008: 25). A interface entre política, cultura e tecnologia está presente nesse documento não apenas nos casos referentes à oposição às agrobiotecnologias. Aparece também no questionamento aos avanços tecnológicos destinados à produção de alimentos com intuito de “aliviar” a 9 Alguns sítios eletrônicos utilizados como fonte foram: O centro de mídia independente (www.midiaindependente.org/), Frente Popular Dário Santillan (http://www.frentedariosantillan.org/fpds/), Marcha Mundial das mulheres (http://www.sof.org.br/marcha/). 10 Ao escolher os movimentos camponeses não se desconhece a atual revisão de conceitos como camponeses e campesinato dentro dos estudos sociais, porém optou-se por manter a autodenominação desses grupos e acompanhar a discussão feita pelos estudiosos que mantêm o uso da categoria camponês, adequando-a a complexidades do contexto que marca o rural e o campo na atualidade. Como analisou Almeida (2007), se de um lado parece haver um declínio nos estudos sociológicos sobre os camponeses, de outro, os movimentos sociais no campo – como zapatistas em Chiapas e Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil – emergem na sociedade contemporânea como dois dos principais movimentos sociais latino-americanos. 11 Na análise de Pinassi (2009), as mulheres atuariam no interior dos movimentos como promovedoras de autocrítica permanente e manutenção de ideais e objetivos de longo prazo. sobrecarga doméstica das mulheres, mas que não apresentam uma solução para as questões estruturais que determinam a divisão sexual do trabalho (2008: 27). Em questionamentos que apontam para a relação entre a “mercantilização do corpo das mulheres”, a “industrialização de alimentos e o uso de tecnologias e insumos químicos no manejo da terra” (2008: 32). Ainda nesse texto aponta-se também a necessidade de integrar a luta pelos direitos sexuais, ao uso de alimentos saudáveis e práticas agroecológicas. As mulheres da ANA também discorrem sobre a necessidade de construção coletiva do conhecimento e fazem reflexões sobre a desigualdade de poder como elemento chave para uma agricultura alternativa e que, portanto, devem integrar a proposta agroecológica. “Em primeiro lugar, é necessário compreender que crítica à modernização da agricultura e as suas diversas implicações está intimamente relacionada à crítica às desigualdades nas relações de poder, que concretamente refletem nas relações sociais, de gênero e de etnia” (2008: 59). Na publicação, Agricultura na Sociedade do Mercado (2006), produzida pelo movimento Sempreviva Organização Feminina (SOF), as críticas aos transgênicos e agrobiotecologias aparecem de forma direta. Um dos capítulos intitula-se “Transgênicos e Biotecnologias: a ciência a serviço da dominação e do lucro”. Sobre os transgênicos encontramos no capítulo citado um trecho que mostra a racionalidade e contundência da crítica: As grandes transnacionais desenvolvem tecnologias e mudanças segundo seus interesses e para manter seu poder mundial. Foi assim que chegaram hoje à tecnologia genética para produção de espécies transgênicas. Em defesa dos transgênicos se diz que essa tecnologia sempre existiu, pois camponeses e indígenas sempre produziram mudanças em plantas e domestificaram espécies. É verdade que foram essas populações que a cada colheita selecionaram as sementes que seriam guardadas e multiplicadas (...).Mas o que é mais importante é que os camponeses e indígenas desenvolveram suas técnicas para melhorar sua vida e da comunidade e compartilhavam seus conhecimentos como uma riqueza de seus povos. As empresas desenvolvem apenas técnicas para aumentar os seus lucros e poder de controle (2006: 44-45). Em outro trecho do mesmo livro, são feitas críticas ao sistema de patentes e a privatização da semente. As patentes de seres vivos são criticadas como forma de privatizar elementos da natureza, conhecimentos e práticas que sempre foram comuns à humanidade e que, quando utilizadas pela empresa, se converteriam em instrumento de dominação e concentração de riqueza (2006: 49). Um dos capítulos finais dessa publicação refere-se à importância da mulher para construção de uma sociedade mais justa, igualitária e em equilíbrio com a natureza. Isso se daria por meio, principalmente, da valorização de técnicas, conhecimentos e características da se sociabilidade que hoje são consideradas femininas. Essa valorização, é ressaltado no texto, não deve acontecer por se considerar essas características “naturais” de mulheres, mas por apontarem para uma forma de gerir a sociedade e a vida distintas da capitalista industrial. 3- Políticas culturais para transformação das culturas políticas A leitura dos fragmentos discursivos de movimentos de mulheres camponesas tornou visíveis as relações entre política, cultura e tecnologia. Os argumentos, ideias e modos de contestação presentes nesses documentos parecem apontar para uma política cultural, no sentido expresso por Alvarez, Dagnino e Escobar (2000). Segundo os autores, o termo política cultural foi concebido para “chamar a atenção para o laço constitutivo entre cultura12 e política e a redefinição de política que essa visão implica”. Com a expressão política cultural querem ressaltar o processo pelo qual a cultura se torna política (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 17). Esse novo sentido atribuído à expressão política cultural é bem diferente do difundido na América Latina, onde a expressão é comumente usada para designar ações do Estado e outras instituições em relação à cultura, como um terreno específico separado da política. Muitas vezes, reduzido a políticas públicas segmentadas e relacionadas à produção e consumo de bens culturais que são ditadas pelo Estado. 12 A cultura é entendida como concepção de mundo, conjunto de significados que integram as práticas sociais e que não pode ser entendida adequadamente sem a consideração das relações de poder embutidas nessas práticas. Entende a cultura não como uma esfera separada, e sim como uma dimensão de todas as instituições econômicas, sociais e políticas (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 17). Quando esses discursos abordam simultaneamente e numa lógica inseparável as questões como: poder, trabalho, desenvolvimento agrícola, construção coletiva de conhecimento e alternativas tecnológicas; valores em relação à vida e intervenção no meio ambiente – estão mostrando com na realidade o significado e as práticas, as necessidades materiais e simbólicas não podem ser desvinculadas. A oposição à agricultura convencional (monocultura, utilização de biotecnologias, multinacionais, etc) se articula a várias outras oposições e proposições que poderiam conduzir a rupturas importantes no sistema. Como coloca Evers (1984), osistema dominante é sustentado pela ação de sujeitos, pelos pequenos atos cotidianos de obediência, por suas crenças, valores e orientações. A rebelião dos movimentos sociais pode ser contra a alienação em todos os seus aspectos: em relação aos próprios integrantes, outros grupos e em relação à natureza. A afirmação de uma identidade - como mostram as mulheres camponesas - faria parte desse processo que se contrapõe a alienação e reafirma a dignidade. Essa abordagem remete aos Estudos Culturais e a visão de Williams (1979) da cultura como um elemento central da hegemonia13. Falar em hegemonia é falar da inevitável politização do conceito de cultura, que para Williams, não pode ser analisada simplesmente como parte da superestrutura e, portanto, como subordinada a estrutura produtiva. Williams (1979) propõe que a construção de uma hegemonia alternativa poderá emergir a partir de diferentes formas de luta, inclusive, aquelas não facilmente identificáveis como políticas. Por isso, a parte mais interessante e difícil da análise da cultura nas sociedades complexas e a busca de entender o hegemônico em seu processo formativo, ativo e transformacional. Nessa abordagem cultural-política, a produção de condições materiais e a produção de significados seriam, na prática, um mesmo processo. Assim, as demandas materiais dos movimentos sociais são vistas como “construções seletivas politicamente apresentadas” e 13 A hegemonia é entendida pelo autor como um conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da vida; envolve a percepção de nós mesmos e do mundo dentro de um sistema vivido de significados e valores (Williams, 1979: 113). É sempre um processo - não existe apenas como forma de dominação - e precisa ser recriada e renovada continuamente (Williams, 1979: 115). transmitidas em campos de relação social que também influenciam a sua significação (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000: 19). Partindo dessa abordagem, os movimentos sociais e suas políticas culturais podem ser entendidos também como formas de ação coletiva que tentam desestabilizar a cultura política dominante, redefinir o que é político e relações de poder. Dessa forma, poderiam forjar culturas políticas em direção de modernidades alternativas. 3- Considerações finais As lutas por um modelo de desenvolvimento alternativo no espaço rural brasileiro, protagonizada por movimentos - como os movimentos de mulheres camponesas - ainda remete, de certa forma, àqueles “condenados da terra”, que lutam para deixar a condição de colonizados retratados por Fanon em seu livro Os Condenados da Terra (2005). O autor salienta a necessidade da violência exercida pelo povo. Essa violência hoje pode ser reinterpretada e pensada - menos como a violência física que ainda permeia os confrontos fundiários na América Latina - e mais como a necessidade de uma ruptura, de atos de violência simbólica, de políticas culturais que confrontem antigos modelos baseados na exploração entre os indivíduos e dominação da natureza. Discursos e ações como as de movimentos de mulheres camponesas podem ser vistos como políticas culturais pautadas por valores e práticas que ajudem a delinear modelos de modernização alternativos. Fragmentos de utopias postos em marcha que já compõem projetos políticos alternativos num horizonte incerto de novas culturas políticas e, quem sabe, de construção de uma hegemonia alternativa. Como salienta Fanon, na luta pela libertação, os povos colonizados descobrem na práxis concreta uma nova política que não se parece nada com a antiga. Referências ANA (Articulação Nacional de Agroecologia). Mulheres construindo a agroecologia. Caderno do II Encontro Nacional de Agroecologia – Grupo de Trabalho Mulheres da ANA, 2008. ALMEIDA, M. W.Bde. Narrativas agrárias e a morte do campesinato. Rurais: Revista do Centro de Estudos Rurais, Universidade Estadual de Campinas, V1, n 2, setembro de 2007. ALVAREZ, S.; DAGNINO, E; ESCOBAR, A. (orgs) Introdução do livro Cultura, cidadania e democracia: a transformação dos discursos e práticas na esquerda latinoamericana. In Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino Americanos: Novas Leituras, Editora da UFMG, 2000. BARCELLOS S. B. A formação discursiva agroecológica do MST. Revista Brasileira de Agroecologia, 2009, v 4. n 2. DAGNINO, E. (org) Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. In Os Anos 90: Política e Sociedade no Brasil, Brasiliense, 1994. DAGNINO, E. (org) Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil, Paz e Terra, 2002. DAGNINO, E Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In Políticas de Cidadania e Sociedade Civil em Tempos de Globalização. Daniel Mato (coord.): Caracas: FACES, Universidade Central da Venezuela, pp. 95-110, 2004. DURHAM, E. Movimentos Sociais - A Construção da Cidadania, Novos Estudos Cebrap, nº l, Outubro 1984. EVERS, T.Identidade: a face oculta dos movimentos sociais. S. Paulo: Novos estudos CEBRAP, vol.2 n.4. abril, 1984. FANON, F. Os condenados da Terra. Belo Horizonte: Editora UFJF, 2005. GUTERRES, E. Agroecologia Militante. São Paulo: Expressão Popular, 2006. LACEY, H. As sementes e o conhecimento que elas incorporam. Revista São Paulo em Perspectiva, v. 14(3), p. 53-58, 2000. LAVALLE, A. G. Sem pena nem glória: o debate sobre a sociedade civil nos anos 1990. Novos. Estudos 66, julho 2003 MALAJOVICH, M. A. M. Biotecnologia. Bernal: Universidade Nacional de Quilmes, 2007. PAOLI, M. C. Movimentos Sociais no Brasil: Em busca de um estatuto político, in MichaelaHelmann (org), Movimentos Sociais e Democracia no Brasil, S. Paulo: Marco Zero, 1995 PINASSI, M. O. Uma ontologia dos movimentos sociais de massas e o protagonismo atual das mulheres In: Da miséria ideológica a crise do capital. São Paulo: Boitempo, 2009. SÁDER, E. Quando novos personagens entram em cena. SP: Paz e Terra, 1988. SOF (Sempreviva Organização Feminista). A agricultura na sociedade de mercado: as mulheres dizem não a tirania do livre comércio. São Paulo: RWC Artes Gráficas, 2006. TELLES, V. S. Sociedade Civil, Direitos e Espaços Públicos. Revista Pólis, n.14, 1994. WILLIAMS, R.Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1979. Coser, tejer, bordar…. y despertar la conciencia ciudadana. Mujeres y educación laboral en Córdoba en las décadas del ’40 y ‘50 Lucía Rubiolo Introducción El punto de partida del presente trabajo se origina en el campo de la historia de la educación. Desde ese lugar, se consideran aspectos relacionados con la formación laboral de la mujer y las políticas públicas desarrolladas para tal fin, por los gobiernos de la provincia de Córdoba durante el período 1940- 1950. En rigor de verdad, el estudio analiza una arista particular de la formación laboral femenina, la relacionada a una de las experiencias educativas que inician a principios del siglo XX y se extiende hasta mediados de la década del ’60, la de las Escuelas Profesionales de Mujeres (EPM). La referencia empírica del estudio se centra en la actuación de las EPM de la provincia de Córdoba, buscando explicar sus propósitos educativos desde los enunciados oficiales, considerando las voces de las destinatarias del mencionado proyecto educativo, en particular de las que asistieron a la EPM de la ciudad de Río Cuarto, Moldes y Jovita, todo en ello en el marco del contexto histórico del momento en lo relativo a las transformaciones educativas que transitaba el país en ese momento y las cuestiones relacionadas con el género. En este marco referencial, el propósito es poner en diálogo cuando no en conflicto, las pretensiones de determinadas políticas educativas, como la de las EPM, que con prácticas formativas de tono conservador al preparar a la mujer para la domesticidad, parecían entrar en contradicción con el proceso histórico del momento que marcaba una mayor participación de la mujer en los espacios públicos, fuera del ámbito del hogar. “Formación para la domesticidad”: las EPM y su actuación en el ámbito provincial. Tal como lo indica el nombre, las EPM eran escuelas destinadas a la mujer. Se trataba de instituciones de carácter terminal, de manera tal que no habilitaban para seguir estudios superiores. La primera escuela surge a principios del siglo XX, pero fueron las décadas del ’40 y ’50, presididas en gran parte por gobiernos justicialistas las que provocaron el salto cuantitativo de las EPM de la provincia de Córdoba. Se crearon en el período más de 26 establecimientos, distribuidos en una parte importante del territorio provincial, convirtiéndose así en la oferta educativa más numerosa de la provincia, sus establecimientos representaban el 65% del total de la oferta educativa en formación laboral sostenidas a partir del presupuesto estatal. Siguieron ese ritmo creciente hasta avanzada la década del ’50, en trabajos anteriores se ha desarrollado con más detenimiento sobre las posibles causas del proceso expansivo, sintéticamente puede decirse que el nuevo rol protagónico de la mujer sumado a los cambios que evidencia la educación técnica, acorde al proyecto de país industrializado que se intentaba llevar a cabo, permiten explicar en parte la recuperación de un proyecto educativo que tiene su origen en la provincia de Córdoba a principios del siglo XX. Del dato cuantitativo surge una mirada más sugestiva, de la que dan cuenta a partir de su experiencia, las destinatarias de las EPM. Las alumnas comentan que la elección de la escuela estuvo condicionada a una realidad de contexto. En muchos casos asistir a una Profesional representaba la única posibilidad que sus lugares de residencia les brindaban para acceder a una formación posprimaria y obtener así un título oficial. Por ser mujeres, el adulto responsable, en particular el padre, no le permitía viajar u hospedarse en lugares donde había escuelas de nivel medio, por lo tanto la EPM, significó para ellas, la alternativa disponible, desde donde poder proyectar y dar forma a las necesidades que chicas de 12 o 14 años tenían a esa edad, alejadas todavía a la pretensión social de seguir en el hogar, casarse y tener hijos. Para formar de una EPM, los requerimientos se orientaban principalmente, hacia dos o tres cuestiones, la edad, el sexo y a la integridad de la persona, en cuanto a lo físico – gozar de buena salud- y lo legal, ya que la alumna aspirante, debía presentar certificado de buena conducta. A continuación se detallan: […] ser mujeres mayores de 16 años, presentar certificado de vacuna, buena salud y conducta. No hacía falta poseer constancia de haber aprobado el primario, permaneciendo la inscripción abierta todo el año (…) Eran consideradas alumnas quienes solicitaran su inscripción y asistieran con regularidad a las clases. [...] (Alvarez, 1999: 8). Como se observa, las condiciones de ingreso a la institución eran amplias, ya que se podía ingresar a la institución sin tener el primario completo y en cualquier época del año. Las EPM funcionaban de manera complementaria en dos partes. Por un lado, estaba el dictado continúo y regular de las asignaturas y talleres, y por el otro, se encontraban los cursos libres, que consistían en la preparación teórica y práctica de una actividad manual en particular. Quienes desearan tomar clases en los cursos libres, podían escoger entre, bordado, corte y confección, cocina, y otros que pudieran dictarse. La organización de los mismos estaba a cargo de la directora de la escuela y se llevarían a cabo, sólo si, hubiera personal disponible para hacerlo (Alvarez, M. 1999). De esta manera, el funcionamiento de los mismos no ocasionaría gastos al Estado, porque los cursos serían dictados por aquel personal de la escuela que no hubiera cubierto las horas semanales mínimas. Correspondiendo, para la maestra de taller 24 horas, para la maestra especial 15 horas y 30 horas para la ayudante de taller por especialidad. Pero la disponibilidad horaria, no era el único requisito para hacerse cargo de un curso, se tendrían en cuenta además, la idoneidad del personal docente y las exigencias del medio, que en tal caso y en la medida de lo posible, debían ser superadas con propuestas educativas innovadoras (Alvarez: 1999). En gran parte, los objetivos de estos cursos anexos están asociados al espíritu sacrosanto y de exaltación nacionalista que envolvía el período. Así se puede leer que los mismos procuraban: “contribuir a la formación de la mujer argentina con un contenido acorde en lo espiritual como en lo cultural (…) Por razones de organización se llevaría un registro de inscripción de las alumnas, además se haría un control de asistencia aunque ésta no era obligatoria. No se preveía ningún tipo de evaluación especial para la aprobación de los cursos y tampoco se otorgaban certificados habilitantes. (…)Los cursos tenían por objeto llegar con formación a todos los sectores sociales femeninos con el fin de proporcionarles conocimientos útiles para el mejor y más fácil desempeño de las tareas domésticas o una mayor aptitud en la práctica de una ocupación ejercida profesionalmente” (Alvarez, 1999: 7). De las explicaciones y observaciones que aparecen en el párrafo anterior hay una que se manifiesta con cierto interés para este estudio. Es la línea que deja en claro los lineamientos ideológicos dominantes de la época, resaltando la mirada nacionalista preponderante en el período y donde la mujer desarrollaba un rol específico, ella era considerada el puente necesario entre el ciudadano y la nación. Desde ese lugar, que ve a la mujer cumpliendo una función pre- determinada la propuesta de las EPM, parece estar asociada directamente con “las relaciones y las formas de poder basadas en las diferencias sexuales” (Lobato, 2008). De modo tal, que la presencia de las EPM en el espacio provincial, no sólo respondieron a situaciones de contexto y de cambios históricos, especialmente los motivados en el período de posguerra, sino más bien, tal como lo plantea la autora citada, tenían que ver con una situación de fuerte permanencia a lo largo del siglo XX, emparentada con la necesidad de ordenar el mundo femenino, y la sociedad en general, una realidad nada nueva para la segunda mitad del siglo XX (Barrancos, 2008), y menos aún para la provincia de Córdoba. (Viel Moreira, 2001). Considerando lo anterior, parece aceptable pensar, que las EPM cumplían un propósito político bien definido, mantener la vigencia del orden social, ubicando la mujer en el ámbito de la domesticidad. La formación de la mujer en “Artes Domésticas” formaba parte de las inquietudes públicas de la época, como así también de aquellos hombres involucrados con la tarea educativa (Caldo, 2007). Esta inquietud estaba presente también en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia de Córdoba dedicadas al trabajo y que contaban entre su alumnado a mujeres, escuelas que a pesar de presentar y promover diferentes modalidades -Bachiller, Comercial, Magisterio y otras- tenían en su currícula, preparación en actividades manuales hogareñas, tales como cocina, bordado, costura, etc. (Terreno, 2007). Síntesis Final: A lo largo del presente trabajo se indagó sobre una de las formas que adquirió la cuestión de género en el campo de la Historia de la Educación en nuestro país durante el período comprendido entre las décadas de 1940- 1950. Desde la temática, modalidades de educación para el trabajo, se deconstruyeron documentos oficiales, con la intención de conocer las representaciones sociales que el poder político provincial, tenía sobre un sujeto en particular, las mujeres. La problemática de género, entendida como relaciones de poder, donde lo sexuado – femenino y masculino- es la manera en que se manifiesta pero no el eje que lo sustenta, indagó sobre las características que presenta la temática a lo largo del mencionado siglo XX, acentuando la mirada en períodos específicos. Se fue observando que, paralelamente al intento por dar una mayor participación de la mujer en el ámbito público, y participar de lo educativo es visto como parte de él, los cambios se dieron, no sin ofrecer resistencia, porque como contrapartida a las renovaciones surgidas, se reforzó por otra parte, la función reproductiva de la mujer en la sociedad, postura que se consolidó, eclipsando en detrimento de ella, el reconocimiento de la función productiva, que siguió siendo coto del hombre. Finalmente, la visibilidad discursiva de las destinatarias del proyecto educativo, permitió desarticular el supuesto por el cual frente a una verdad dada, algunos mandan y otros obedecen, y así construir una representación diferente, en el marco de las transformaciones de la época. En el cual, el nacionalismo católico, desde décadas anteriores, iba imponiendo formas de ser “femeninas”, procurando la domesticación de la mujer, activando estrategias relacionadas con la moral y la educación, situación nada nueva ya que, en la Córdoba de fines del siglo XIX tenía sus antecedentes más inmediatos. A atuação da Igreja Católica no processo de organização e fundação do sindicato dos trabalhadores rurais de Mutuípe – Bahia/Brasil (1980-2000) Luiz Argolo de Melo As relações entre religião e organização social tem sido parte de estudos no campo das ciências sociais contemporâneas. A história centraliza lutas camponesas geradas e impulsionadas por motivações religiosas, assim como mostra o papel das religiões no conformismo e no ajustamento de novas éticas. As igrejas, quase sempre vinculadas às forças dominantes buscaram ajustar os sujeitos sociais às normas da sociedade nas quais eles se encontravam. Mas, contraditoriamente, ao longo da história, são diversos os movimentos e organismos de cunho religioso que se engajaram nas lutas pela terra, pelos direitos trabalhistas, por saúde e educação. A Igreja Católica, neste caso, mesmo que sua atuação inicial não estivesse situada no campo social, vem buscando, ao longo dos séculos, influenciar nos poderes políticos, sociais e econômicos do Estado. Neste sentido, para que a Igreja Católica adotasse este “jeito novo”, foi decisivo o Concílio Vaticano II. As decisões do referido Concílio movimentaram a Igreja, que se examinou sobre o seu papel, levando-a a gerar mudanças no seu interior. Como consequência, teve-se a afirmação de que “é a pessoa humana que deve ser salva. É a sociedade humana que deve ser renovada. É, portanto, o homem considerado em sua unidade e totalidade, corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade.”i Com isto, destaca-se uma “nova forma de ser Igreja:”ii as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base). Brotadas no clima de renovação do Concílio Vaticano II e ressignificadas nas Conferências Episcopais de Medellín e Puebla as CEB,s representam uma ruptura na tradição católica latino-americana, à medida que, ao invés do anticomunismo militante, assumem a defesa dos Direitos Humanos e isso a leva às atitudes sociais e política de esquerda. Esse “novo jeito” da Igreja, que une fé, militância política e social, tem sua elaboração teórica na Teologia da Libertaçãoiii, que dialeticamente conduz as CEBs e as Pastorais Populares, constituindo “uma nova forma de ser igreja.”iv É importante ressaltar que mesmo antes da realização do Concílio Vaticano II, a Diocese de Amargosa, na década de 1960, torna-se pioneira em abancar suas primeiras discussões, no sentido de “promover meios que favoreçam a formação de um relacionamento humano para a criação das comunidades de base.”v Porém, esta proposta só é posta em prática no ano de 1975, por ocasião do planejamento diocesano, no qual participavam leigos, religiosos e padres, decidindo por investir na “Comunidade Eclesial de Base como prioridade para a ação pastoral”vi. Nesta época, mais precisamente nas últimas duas décadas do século XX, viveu-se na Igreja Católica, diocesana, em consonância com as diretrizes nacionais da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil),vii a formação das CEBs, onde as reflexões, à luz da Bíblia, baseavam-se na concepção de que “o Reino de Deus começa no meio do povo, na busca de condições dignas de sobrevivência.” viii Muitas experiências nas CEBs passaram a ser difundidas pela força do testemunho e exemplo, garantidas pela radicalidade do Evangelho. Buscava-se uma igreja renovada, que pudesse assumir os problemas, as dificuldades e as alegrias dos empobrecidos: uma comunidade adulta, comprometida com Jesus Cristo, mas igualmente com o povo e com a sua libertação; uma comunidade animada pelo Espírito Santo, marcada pela vida de comunhão e de ajuda fraterna. As narrativas abaixo centralizam a palavra de Deus na vida das comunidades. [...] começamos a fazer as reuniões e ler a palavra de Deus... e começamos a entender. Porque antes ninguém entendia muito a palavra de Deus. Achava que pobre só tinha que rezar e esperar a salvação. O Evangelho veio clarear.ix [...] quando se refletia o evangelho, não era só refletir e deixar por aí. Era refletindo o Evangelho, fazendo comparações com a nossa vida e vendo que o sofrimento não era porque Deus queria. Porque até então eram assim: o pessoal dizia é porque Deus quer, ficava calado, não reivindicava, não procurava ver os seus direitos. Então, com o trabalho da comunidade, as pessoas foram descobrindo que Deus era Pai de todos nós. E o que é que a gente precisava fazer? Lutar para poder, defender o que era nosso.x Um elemento que se destaca em todas as reflexões pertinentes sobre as CEBs é o lugar conferido à Bíblia nas experiências das comunidades. Ela constitui o núcleo fundante das CEBs, o elemento identificador de sua eclesialidade. Trata-se da base de sustentação e vitalidade das comunidades, do núcleo conformador do universo motivacional dos mais pobres. A acolhida da Palavra de Deus e a vivência comunitária da fé são indissociáveis na história das CEBs em Mutuípe. A Bíblia faz parte do dia-a-dia das comunidades, estando presente nas novenas, nos grupos de jovens, na catequese, nos momentos de formação, nos círculos bíblicos, na reza e nas ações que visam superar as desigualdades e injustiças da comunidade. A Bíblia passa para as mãos do povo, onde ocorre um redescobrir da palavra de Deus. As CEBs, vem dá um novo significado para a Bíblia, pois passa a ser proclamada numa linguagem em que o povo compreendia. D. João Nilton, bispo diocesano completa este pensamento: O que era a Palavra de Deus para o povo? Praticamente nada. O povo apenas ouvia a Palavra de Deus na Igreja, na proclamação do Evangelho e, a partir de um determinado momento, o povo passou a escutar na sua própria língua. Houve uma redescoberta da Bíblia, como livro de Fé. A Bíblia nas mãos do povo.xi As novenas, os círculos Bíblicos eram espaços privilegiados, em que o leigo se coloca como sujeito eclesial, assumindo seu lugar na comunidade e na sociedade. As reflexões eram orientadas pelo método da Ação Católica: Ver, Julgar e Agirxii, fazendo com que o protagonismo dos leigos nas CEBs se tornasse a expressão viva de uma Igreja que se renova animada pelo Espírito Santo. Foi a partir da reflexão bíblica que as comunidades começaram a visualizar os problemas sociais nelas existentes. Os subsídios utilizados, nesses encontros, eram preparados pela própria diocese com a participação de padres, religiosos e leigos, obdecendo a um novo esquema pastoral baseado no método ver-julgaragir, no qual buscavam olhar a realidade em que viviam (Ver), julgá-la com os olhos da fé (Julgar) e encontrar caminhos de ação impulsionados por este mesmo juízo à luz da fé (Agir). A ação encontrava respostas variadas segundo as circunstâncias, transcendendo os limites da igreja. A narrativa de Angelina Reis explicita este fato. No livro da novena era sempre assim: tinha uma parte do evangelho, mas também tinha um fato da vida, contava sempre um problema do povo. E a partir daquele problema, quando a gente começava a refletir, via o problema da comunidade. Levantava os problemas da comunidade e dava um direcionamento. As CEBs instauram, portanto, uma nova hermenêuticaxiii bíblica nas comunidades, propiciadora de uma leitura libertadora da Palavra de Deus. “Compreender o eu no outro.”xiv Trata-se de uma interpretação dinamizada pela opção em favor dos pobres, que revela uma íntima ligação da Palavra com a vida do povo. Com a nova maneira de ler a Bíblia, as pessoas na comunidade passam a compreender e reconhecê-la como sua obra, que reflete como espelho a sua própria realidade. A familiaridade que as CEBs trouxeram em relação à Bíblia fez com que os pobres e menos esclarecidos tivessem acesso a este livro, deixando de ser “misterioso e obscuro, para ser a Palavra de Deus, para ser pão, para ser comida por todo mundo”xv. Neste caso, os membros das comunidades (re)apropriam-se da Palavra de Deus que passa a expressar, para eles, fonte de animação e vida. Entretanto, são instauradas nas comunidades, novas formas de participação dos leigos na vida de fé, nos serviços e na organização da comunidade, em que cada indivíduo passa a se considerar sujeitos eclesiais, adotando, com responsabilidade, os serviços das CEBs. Questionados sobre o que eram as CEBs, os depoentes destacaram: “a CEB é o lugar onde nós pisamos”xvi e, ainda, “o chão, o lugar onde a pessoa humana se redescobre na missão para construir uma sociedade nova”xvii, “o lugar onde você aprofunda sua Fé e abre o olho para ver os problemas”xviii e, ainda, “um modo de viver a Fé cristã, viver o amor de Jesus Cristo destinado à toda humanidade”xix.Observa-se, portanto, que as CEBs são um “espaço praticado”xx, um “espaço vivido,”xxi onde as pessoas começaram a perceber-se e interferirem no poder econômico, social, religioso e político. Nesse contexto, as CEBs de Mutuípe são percebidas a partir de vivências e experiências comuns da cultura, do social, da política, do religioso. Por conseguinte, a Comunidade é o espaço erguido pelas diferentes formas como é planejado, usado e praticado. Portanto, a construção das CEBs em Mutuípe passou pelas etapas que Betto (1981) aborda em sua obra o que é Comunidade Eclesial de Base?xxii Sendo a primeira centrada em sua motivação religiosa, buscando no evangelho indicações para suas atividades sociais; é o que podemos observar até a primeira metade da década de 1980, quando a motivação central estava no evangelho. Na segunda etapa, surgem movimentos populares, reivindicações por estradas, escolas, na qual a dimensão social supera a religiosa, sendo, muitas vezes, as CEBs acusadas de só falar de política ou de lutar. Recorda Angelina Reis. [...] quando começamos a fazer o trabalho de comunidade aqui muita gente começou a dizer que a reza era só para falar de política ou de lutas..., muita gente que não entendia...Mas quando as pessoas foram entendendo descobriram que não era isso não. Com a atuação das CEBs nas questões sociopolíticas, seus participantes conquistaram força e visibilidade para intervenção na sociedade. Neste período, não existiam instituições que representassem os trabalhadores rurais, daí a força da Igreja Católica, através das CEBs, para reivindicar benefícios para a comunidade, como narra o relato a seguir: “O sofrimento era muito. Então, muita gente corria para a comunidade para falar dos seus problemas e buscar soluções.”xxiii Pelo grande destaque das questões sociopolíticas, houve, de certa forma, algumas interferências de pessoas no trabalho desenvolvido pelas CEBs, principalmente junto aos trabalhadores rurais. Pessoas que, segundo Miralva Helena, “eram pequenos, mas tinham cabeça de grande”. Esse discurso era realizado nos encontros da comunidade para mostrar que os pequenos deveriam acreditar nos pequenos. Com o amadurecimento das CEBs, as pessoas tornaram-se mais conscientes e perceberam que tinham direitos, que eram cidadãos possuidores de Vez e Voz. Nesta fase, as CEBs dão um salto qualitativo de aprofundamento da consciência da própria dignidade e da identidade pessoal e comunitária, que dão consistência e significado ao conjunto das atividades.xxiv Os sujeitos populares nas CEBs eram dotados de certa concepção de sociedade, e, por meio do trabalho em conjunto, buscavam fazer uma intervenção social, no sentido de chegar a um novo modelo de sociedade que acreditavam, igualitária e justa. As narrativas a seguir centram o envolvimento dos membros das CEBs nas questões sociais na busca de dias melhores: [...] na medida em que a gente cresceu na Fé... a gente não tem mais só que rezar, a gente tem que lutar pela vida e buscar os seus direitos. Foi uma benção de Deus, porque até aí os pobres não conheciam os seus direitos, tinham até vergonha de falar com os ricos. Nós começamos a nos despertar... ver que as injustiças sociais eram muitas... Fomos estudando que era importante a gente se organizar, através do Sindicatoxxv. Se a nossa Fé não fosse movida pela Ação, não tinha tanto resultado. A nossa missão era viver a Fé em Deus, mas também lutar pelos nossos direitos, por um mundo melhor, mais digno, por aquilo que era bom para o povoxxvi. Em algumas narrativas a preocupação dos líderes com o papel social das CEBs foi frequente. Assim, as comunidades identificaram alguns problemas que afetavam diretamente a vida das pessoas mais pobres como saúde, escolas, estradas. Ao serem suscitados todos esses problemas nos encontros da comunidade, as pessoas foram percebendo que o problema de um era do outro também. Como consequência, algumas bandeiras de lutas foram levantadas nas Comunidades Rurais, bem como na região do Vale do Jiquiriçá, conforme evidenciam as narrativas seguintes: No ano de 81, teve uma grande concentração em Jiquiriçá; fizemos a reivindicação da Previdência Social, para melhorar a situação do povo na regiãoxxvii. ... aqui no Pastinho antes de ser uma comunidade, a escola funcionava na casa de uma pessoa, até mesmo numa casa de farinha; as crianças estudavam debaixo de uma árvore. Quando a gente começou a refletir aqui na comunidade, descobrimos que a gente tinha o direito de ter uma escola digna, um prédio. Aí lutamos... fomos até o poder público e conseguimos uma escola, um prédio para a comunidade. Estrada não tinha e mesmo a gente não tendo uma associação organizada, mas na CEB, na Igreja, a gente criava uma comissão e ia até o poder público reivindicar esses direitosxxviii. Observa-se nestas narrativas que a Igreja Católica, através das CEBs, estava sempre presente para orientar as lideranças e procurar a melhor forma de encaminhar os problemas das comunidades, tanto na esfera local como na regional, fato que desagradava muitos daqueles que não apoiavam o movimento de luta por dias melhores na comunidade. Os líderes da CEB do Pastinhoxxix atuavam na formação das lideranças das comunidades que iam se organizando no município e disseminando a necessidade dos trabalhadores rurais de possuírem uma instituição que os representasse, visto que as CEBs tinham seus limites, pois não podiam representá-los em determinados segmentos da sociedade. As narrativas abaixo expressam a referência que a comunidade do Pastinho tinha no município: ...era uma referência para o trabalho comunitário, tanto no município e até mesmo no Vale do Jiquiriçá. Porque foi aqui na Comunidade do Pastinho que a gente começou a ver as necessidades do povo e pensar em fundar um sindicato dos trabalhadoresxxx. A CEB do Pastinho foi a primeira a pensar que era preciso ter alguma organização que representasse os trabalhadores rurais. Aí surgiu a idéia do sindicato dos trabalhadores rurais... o sindicato foi um grande instrumento para o trabalhadorxxxi. Reportando ainda a Betto (1981), as CEBs, em Mutuípe, atravessam pela terceira etapa de sua organização, contando com o fortalecimento do movimento sindical; e a confluência destas três últimas etapas os leva à quarta, caracterizada pelas novas formas de direcionar as demandas do grupo, através de canais como os partidos políticos de onde começa a inserção dos seus membros na disputa política partidáriaxxxii. Até a segunda metade da década de 1980, na paróquia de Mutuípe já existiam muitas comunidades rurais e assim eram denominadas as CEBs no município. Neste mesmo período, entre os anos de 1984-86, os estudos sobre o sindicalismo rural foram sendo intensificados nas CEBs Rurais. Recorda Gil do Sindicato, na sua narrativa, que o Brasil se encontrava, ainda, na ditadura militar, apesar de algumas aberturas políticas, contudo experimentavam o medo do poder local que dominava a cidade há mais de 60 anos, impedindo, muitas vezes, a realização do trabalho comunitário. Nós tínhamos um pouco de receio, porque estávamos em pleno regime militar, ainda. O poder local não permitia que se usasse uma sala de aula, uma escola na roça para fazer uma reunião com os trabalhadores; muitas vezes, éramos obrigados a reunir nas casas das pessoas às escondidas, mas as pessoas também tinham medo, até mesmo aos domingos, debaixo de uma árvore. A liberdade de expressão era totalmente proibida, pois os poderosos, que dominavam o município há mais de 60 anos, não permitiam isso. A partir desses novos estudos sobre o sindicalismo, as CEBs começaram a enumerar outros problemas nelas existentes como a falta de crédito agrícola, exploração do trabalhador rural e falta de aposentadoria. Com o conhecimento da realidade social, os líderes das CEBs, juntamente com os trabalhadores começaram a articular uma maneira de mudar a situação, articulando com outros municípios formas de lutas e organizações trabalhistas. Porém, no ano 1982 em Mutuípe, foi realizada uma manifestação pela falta de atendimento médico no município, pois, para as pessoas serem internadas, tinham que pagar uma taxa no hospital, o qual, muitas vezes, não estava ao alcance dos trabalhadores rurais, como relata Angelina Reis: ... nesse ano, surgiu uma grande dificuldade. O trabalhador, que fosse se internar, tinha que pagar uma taxa de mil cruzeiros; muitos não podiam e algumas mulheres ganhavam neném na porta do hospital ... para uma mulher rural ter criança, era preciso pagar essa taxa; então tinha uma diferenciação no tratamento desigual do trabalhador da cidade com o trabalhador do campo. O discurso de Angelina focaliza que o trabalhador rural era expropriado de alguns benefícios em relação aos trabalhadores da cidade. Porém, foi nesta perspectiva, que os trabalhadores rurais foram se organizando nas CEBs e conseguiram eliminar a taxa de internamento que era cobrada pelo hospital de Mutuípe. Para tanto, foi necessário trazer ao município o Superintendente do INAMPSxxxiii(Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), além de participar de audiência com os representantes do Ministério da Previdência e Assistência Social. Assim, foram-se criando as bases para a Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Processo demorado e cheio de interferências políticasxxxiv. Entretanto, no dia 10 de agosto do ano de 1986, foi fundado o (STR) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutuípe pelos próprios trabalhadores, em manifestação pública, no centro da cidade, como recorda Angelina Reis: “foi a primeira manifestação pública em Mutuípe pelos trabalhadores”. A partir desse momento, as mobilizações populares em todas as Comunidades Rurais iam aumentando, surgindo novas associações comunitárias que atuavam nas localidades e que terminavam por tornando mais visível o movimento sindical. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutuípe, além das interferências do poder político local, passou por sérias dificuldades no que se refere à estrutura física, bem como o seu reconhecimento a nível nacional. Até o ano de 1988, os Sindicatos eram atrelados ao Estado, o qual estabelecia normas e regulamentos como, por exemplo, estatuto padrão expedido pelo Ministério do Trabalho. Com a promulgação da Constituição Cidadã (1988), é aprovado o princípio da liberdade e autonomia sindical. Este fato proporcionou maior abertura e credibilidade ao Sindicato para empreender suas lutas e para definir com características locais seu Estatuto Social. Com isto, o STR de Mutuípe obteve do Ministério do Trabalho a Carta Sindical que homologava o Estatuto, reconhecendo como órgão representativo da categoria profissional -Trabalhador Rural - integrando ao Plano da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) em março de 1988xxxv. Os Artigos 1º e 2º do Estatuto Social do STR fixam suas bases territoriais e sua categoria profissional: Art. 1º. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutuípe é um órgão classista de massa, autônomo e democrático, constituído para fins de defesa e representação legal da categoria profissional dos trabalhadores rurais na base territorial de Mutuípe. Art. 2º. A representação da categoria profissional abrange os assalariados na lavoura, na pecuária e similares e na produção extrativa rural, bem como os trabalhadores rurais autônomos e sobre qualquer forma de parceria, os pequenos produtores rurais, ou ocupantes de terras a qualquer título habitual ou regular, aposentados e pensionistas rurais. Para o fortalecimento do movimento sindical, e superação de tais dificuldades, os diretores do Sindicato e os líderes das CEBs continuavam realizando o trabalho de sindicalização e atendimento ao trabalhador rural de forma voluntária, como se pode observar nas narrativas de Manoel Martins, ex-presidente do STR: “fazia de coração o trabalho, tirava dois dias do meu trabalho para atuar no sindicato...” e como confirma Beatriz Evangelistaxxxvi: “participo dos encontros e das assembléias do Sindicato e gostaria de fazer muito mais, só que minhas tarefas são grandes.” Além dessas atividades, era realizada formação de equipes de estudos que faziam trabalho de base nas Comunidades Rurais sobre o sindicalismo. De início, o número de associados ao STR foi bastante elevado, pois os trabalhadores associavam-se na intenção de viabilizar o cartão do INAMPS, fato que tornava a instituição de caráter mais assistencialista do que reivindicatório. Registra-se, portanto, até o ano de 2000, um número de 1900 associados. Todavia, em média, apenas 250 sócios contribuíam com a mensalidade sindical; fator que dificultava uma maior autonomia econômica do Sindicato. O processo de sindicalização ocorreu a partir dos líderes das CEBs, que ‘conscientizavam’ o trabalhador a filiar-se a um órgão verdadeiramente representativo da classe, conforme relato de Gil do Sindicato: ...mostrávamos aos trabalhadores que, através do STR, podíamos encaminhar aposentadoria rural e os projetos do PRONAF, além do acompanhamento aos trabalhadores nas questões trabalhistas. Dessa forma, as reivindicações realizadas pela classe trabalhadora foram se tornando políticas públicas e o STR de Mutuípe passou a expedir declarações para os trabalhadores que estavam para se aposentar, além de outras questões referentes às causas trabalhistas no município. Entre os anos de 1980 a 2000, o STR de Mutuípe atuou de forma mais intensa desenvolvendo trabalhos significativos no campo social e político. Observa-se, portanto, que as CEBs alteraram profundamente a atuação da Igreja Católica em Mutuípe, bemo como em toda diocese de Amargosa, momento marcado por uma experiência inovadora, plural e empenhada com as causas sociais. i COMPÊNDIO DO VATICANO II, 1968. O Documento 25 da CNBB destaca as CEBs não como movimento, mas como uma “nova forma de ser Igreja.” iii A Teologia da Libertação foi criada na década de 1960 e teve grande expansão e atuação na década de 1970, com sua ação voltada em favor do povo excluído. iv Essa expressão é utilizada pelo documento 25 do qual a CNBB dá seu reconhecimento e imprime suas orientações às CEBs, em 1982. v Secretariado Diocesano de Pastoral de Amargosa - Bahia. Arquivo 3, p 1-6. ii vi Idem. A CNBB foi criada em 1952, idealizada pelo Monsenhor Helder Câmara. A criação da CNBB foi muito importante para o povo nordestino, pois a maioria dos bispos pertencia ao Nordeste ou atuava no nordeste. viii Angelina Reis é professora do Ensino Fundamental e líder da Comunidade do Pastinho. ix Francisquinha Macedo é professora e animadora da Comunidade do Pastinho. x Angelina Reis. xi D. João Nilton dos Santos, atual Bispo Diocesano. xii Tanto a Teologia da Libertação quanto a Educação Popular incorporaram o conhecido método utilizado pela Ação Católica Brasileira – ver-julgar-agir – e ajudaram a entender as causas da pobreza, da miséria e da exclusão social. Com a apropriação da pedagogia libertadora que valoriza o diálogo, a participação e a práxis houve um avanço significativo no processo de capacitação cidadã e empoderamento popular. MESTERS C, OROFINO F, Sobre a Leitura Popular da Bíblia, disponível em:http://ar.geocities.com/rebilac_coordcont/mesters_orofino, acesso em: 27 julho 2010. xiii Segundo ALBERTI, “o modo de pensar hermenêutico, que não se resume obviamente à filosofia de Dilthey, consiste em valorizar o movimento de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo e em acreditar que as coisas (o passado, os sonhos, os textos, por exemplo) têm um sentido latente, ou profundo, a que se chega pela interpretação. Ver, a respeito da hermenêutica e de Dilthey, Alberti, Verena. “A existência na história: revelações e riscos da hermenêutica”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, CPDOC-FGV, v.9, n.17, 1996, p.31-57 (disponível para download no Portal do CPDOC: www.cpdoc.fgv.br). xiv Idem xv D. João Nilton Bispo Diocesano. xvi Miralva Helena Agente Comunitária de Saúde xvii Gil do Sindicato, vereador. xviii Angelina Reis xix D. João Nilton, Bispo Diocesano xx CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: as artes de fazer. Petrópolis: vozes, 1994. xxi FREMONT, Armand. A Região, Espaço Vivido. 1980. xxii Frei Betto: O que é Comunidade Eclesial de Base. 2a edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. xxiii Erasmo Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais xxiv PETRINI, p. 90 xxv Francisquinha Macedo líder de comunidade. xxvi Angelina Reis xxvii Francisquinha Macedo. xxviii Miralva Helena xxix Esta Comunidade foi a primeira a se organizar com características de uma CEB. xxx Miralva Helena xxxi Gil do Sindicato xxxii No ano de 1992 é leito como vereador Gil do Sindicato pelo o Movimento Sindical e pelas as CEBs. xxxiii O INAMPS foi criado pelo regime militar em 1974 pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); era uma autarquia filiada ao Ministério da Previdência e Assistência Social (hoje Ministério da Previdência Social), e tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos que contribuíam com a previdência social, ou seja, aos empregados de carteira assinada. O INAMPS dispunha de estabelecimentos próprios, mas a maior parte do atendimento era realizado pela iniciativa privada; os convênios estabeleciam a remuneração por procedimento xxxiv Angelina Reis recorda que “uma vereadora neste período foi até a FETAG e pegou o Estatuto do Sindicato para ela fundar o sindicato. Quando ficamos sabendo desse fato, Francisquinha foi até a casa dessa vereadora e pegou o Estatuto” xxxv Arquivo do STR. xxxvi Líder da Comunidade Serra da Esperança. vii REFERÊNCIAS ANDRADE, William César. Novos Sujeitos: leitura bíblica popular e participação leiga nas CEB’s. In Revista Itinerários, nº 8. AMADO, Janaína.(org.) Usos e Abusos da História Oral.Rio de Janeiro, 2001. Frei Betto: O que é Comunidade Eclesial de Base. 2a edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981 BRUNEAU, Thomas. O catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola, 1974. BRUNEAU, Thomas. O catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola, 1974. BOFF, Clodovis. Cristãos: como fazer política. Petrópolis: Vozes, 1987. CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: as artes de fazer. Petrópolis: vozes, 1994 COMPÊNDIO DO VATICANO II: Constituições, decretos, declarações. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1968. CONFERÊNCIA DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO. Conclusões da conferência de Medellin. São Paulo: Paulinas, 1975. _________. Conclusões da conferência de Puebla. São Paulo: Paulinas, 1979. CNBB. A Igreja e a questão ecológica. São Paulo: Edições Paulinas, 1992. ______. Brasil – 500 anos – Diálogo e Esperança: Carta à sociedade brasileira e às nossas comunidades. Documentos da CNBB, 65. São Paulo: Paulinas, 2000. HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Centauro, 2004. JOÃO XXIII. Carta Encíclica Mater et Magistra. 10 ed. S. Paulo: Paulinas, 1999. MAINWARING, Scott. A Igreja Católica e a política no Brasil (1916-1985). São Paulo: Brasiliense, 2004. MESTERS C. OROFINO F. Sobre a Leitura Popular da Bíblia. Disponível em: http://ar.geocities.com/rebilac_coordcont/mesters_orofino, acesso em: 27 julho 2010 NOVAES, Regina Reyes. (1991), “Continuidades e rupturas no sindicalismo rural”, in Armando Boito (org.), O sindicalismo brasileiro os anos oitenta, Rio de Janeiro, Paz e Terra. O Movimento Social dos Estudantes Católicos na Bahia dos anos 60 María de Fátima di Gregorio 1 Introdução Antes de falar sobre o movimento social dos estudantes católicos na Bahia nos anos 60, torna-se mais pertinente a apresentação de alguns conceitos sobre o que se constitui o fenômeno chamado de movimento social. Sob a óptica de Touraine (1978) “movimentos sociais podem ser conceituados como ações coletivas associadas à luta por interesses, associados à organização social, a mudanças na esfera social e cultural, sendo fruto de uma vontade coletiva”. Eles falam de si próprios como agentes de liberdade, de igualdade, de justiça social ou de nacionalismo, ou ainda como se apela na modernidade a liberação de forças novas, num mundo repleto de tradições, preconceitos e privilégios a determinados grupos. Os movimentos, não seriam grupos de heróis, acontecimentos isolados, mas parte do sistema de forças sociais da sociedade, disputando a direção de seu campo cultural. Ao mesmo tempo, Touraine assinalou que certamente essa movimentação é normalmente realizada contra opositores, que resistem aos embates de mudanças. Na compreensão de Gohn (1997) Touraine lembra que os movimentos são as forças centrais da sociedade por serem sua trama, o seu coração. Suas lutas não são elementos de recusa, marginais à ordem, mas ao contrário, de reposição da ordem. Ele chegou a postular que a sociologia contemporânea seria o estudo dos movimentos sociais, pois tratar-se-ia de um objeto de análise que traz o ator social de volta. (TOURAINE, 1997, p145). Touraine percebe um movimento social como resultado de ações conflitantes de agentes das classes sociais, quando estes lutam com garra pelo controle do sistema com ação que marca a história. Estas ações implicam num conjunto de influências em determinada prática social, produzindo a sociedade por si mesma, e esta sociedade se mostra através da luta entre classes, visando controle. Por esta razão, os movimentos sociais acontecem dentro de contextos contraditórios pela manutenção de uma proposta que passe a direcionar a sociedade. Nessa perspectiva, os movimentos sociais são forças centrais que lutam contra outras forças com intenção de repensar a sociedade, controlando sua produção, criando direção da historia. E para um movimento se caracterizar como social torna-se necessário que ele seja ou uma luta embates, contradições e objetivos em comum. 2 Identidades e práticas sociais de grupos O caráter propriamente propositivo dos movimentos sociais se amplia na medida em que estudos contribuem para as análises de práticas e identidades contraditórias ou não. Castells (1997, p 78), pensando a questão, mostra que a influência de vários fatores geram movimentos em grupos reconduzindo o proceso de construção identitária das pessoas ou mesmo dos grupos, pois as identidades são construidas nessas relações. Para Castells, movimentos sociais são sistemas de práticas sociais que controvertem a ordem estabelecida a partir das contradições específicas. Assim sendo, as contradições inseridas na luta pela transformação estrutural de um sistema não seriam para o autor, condição para que o movimento se caracterize como um movimento social, mas sim o estabelecimento de uma meta coletiva para o teor de sua luta. Na opinião de Tarrow (1994), os movimentos sociais se mostram como reflexo de expansões de atividades políticas que eclodiram a partir do século XIX, movimentações que defendiam interesses próprios e com intuito de provocar mudanças em instituições poderosas. Citadas as definições, analisa-se neste texto como os estudantes católicos na Bahia dos anos 60 se movimentaram de forma critica nesse contexto contraditório de uma política externa e interna que exigiam enfrentamentos políticos. Período de uma historiografia de promessas reformistas do Governo de João Goulart e conflitos entre grupos conservadores e reformistas, ao passo em que a contracultura pairava sob forma de protesto pelo mundo, fomentando em jovens, sonhos por uma possível mudança na sociedade brasileira. Considera-se aqui que o movimento dos estudantes católicos na Bahia, cumpriu com um papel transformador e educativo na sociedade brasileira, pois foram eles que ao lado de outros grupos de esquerda nacional, impulsionaram e acabaram provocando rupturas junto a setores tradicionais que concentravam e manipulavam riquezas no país. Por esta razão, o Golpe de 1964 mostrou-se como uma reação de grupos conservadores contra a possível ascensão de setores populares tais como os estudantes, operários e independentes que lutavam em prol das anunciadas reformas brasileiras. Compreende-se que toda essa hierarquia e os interesses de grupos dominantes não acordavam com a esquerda do país, especialmente com a católica, mentora de muitas discussões. O entrevistado P conta que: Éramos vistos como comunistas e perigosos e de certa forma as pessoas sempre nos diziam piadinhas na faculdade, nas ruas e meus pais ficavam muito apreensivos pelos meus irmãos que também sofriam humilhações pelos colegas. Vista por muitos como uma esquerda disfuncional, desarticulada, os estudantes leigos católicos eram sonhadores, inicialmente presos aos princípios de ações ligadas à Igreja Católica, pois eran leigos de ação religiosa que adentraram nesse movimento diante dos impasses de uma sociedade em crise. Compreende-se que os estudantes universitários católicos faziam parte de um amplo movimento cristão que se inicia no após II Guerra Mundial, mas que já vinha tomando corpo desde a crise mundial de 1929 atuando como um catalisador das contradições entre a burguesia ligada ao complexo cafeeiro e as camadas desfavorecidas. E a partir da segunda metade da década de 1950, o movimiento social vai ganando forças com as ações mais especializadas. O contexto no qual surge o movimento dos estudantes católicos é o da Igreja Católica renovada, quando esta reage contrariamente às injustiças sociais, captando leigos para suas ações. No entanto, com a chegada do Partido Comunista Brasileiro nos anos 20, a Igreja reage, principalmente, porque poderia perder a legitimidade da condição de avalista moral do grupo. A política nacionalista, o capitalismo desenfreado, os setores de esquerda não tinham maturidade e experiência política para afrontar grupos hierarquicos e manipuladores, considerando-se a idade e a própria utopía que pairava nos anos 60. Em entrevista realizada com o depoente J, ele conta: Os jovens não tinham medo, mas o golpe pegou todos nós de surpresa. Os jovens pulavam cercas, saltavam janelas altas quando havia estouro em residências e conversavam sobre direitos políticos, alegando necessidade de mudança para o povo brasileiro, mas o clima piorou com a pressão civil e militar. A política e a economia pegavam fogo e nós também. Fomos tão perseguidos nesses estouros em casa que hoje penso que nem teria tanta garra para fazer o que fazíamos nesses anos de revolução. Como se percebe nesta fala, a coragem era marca desses jovens, mas o receio aos meios de repressão eram marcantes. A praxis estava voltada para a inserção em debates nos ámbitos da Igreja e na Universidade. O teor político denunciava as desigualdades sociais gritantes no Brasil, a dissolução das formas abusivas de poder, os diálogos inexistentes entre Estado e população, pensavam os direitos sociais,enfim, buscavam uma nova sociedade. No entanto, essa prática ainda necessitavam de articulação, de poder decisório, de novas formas de luta. 3 Identidades construídas entre a militancia católica e a utopía universitária Os jovens atuavam entre os contextos da Igreja Católica e da Universidade. De início eram leigos articulados a serviço da messe cristã, com identidade religiosa, organizando-se políticamente na Universidade para lidar com a luta mais radicalizada. Em sua origen , o grupo era híbrido entre Igreja e Universidade. Ricoeur (1986, p. 49) diz que “a utopia que reinava nesses anos era promotora de uma imaginação produtiva, que não se movimenta de forma meramente crítica, mas histórica”. A utopia é a maneira pela qual repensamos radicalmente a natureza da família, do consumo, da autoridade, da religião, etc., a fantasia de uma sociedade alternativa e a sua exteriorização “nenhures”, que atua como uma das mais formidáveis contestações do que existe. A utopia atua não só desreificando as nossas relações presentes como apontando as possibilidades que podem ainda vir a ser nossas. (RICOEUR, 1986, p. 49). Utopia que, de certa forma, veio também contribuir para a construção da identidade nacional do grupo que eclodia com novos ideais de luta no país, resultado de contradições e conflitos nas relações de trabalho. Os estudantes católicos, movidos pela utopia desses anos, se mostraram fortes no enfrentamento político, mas fracos em articulação e organização de luta. Para Ricoeur (1986, p. 449), “as utopias são efluxos de um estrato social não só por estarem inseridas num desejo dominante e no contexto em que se analisa”. Conclui-se que nesse contexto, o grupo construiu suas identidades na práxis advinda de teorias e práticas inseridas no contexto brasileiro de lutas entre grupos que se enfrentaram e pensaram formas de intervenção na política nacional. Contudo, pode-se considerar que, em todas as suas formas de participação e domínio, o grupo não teve força para resistir aos grupos hegemônicos, se debatendo entre o ideário e a realidade brasileira. Lutaram em ruas, universidade e meios rurais, mas faltou a legalidade de um plano para o enfrentamento do lado oposto. Em frente a essa exposição, na década de 1960 a luta estava entre os ideários de setores conservadores e a força estudantil que fortemente atuava no Brasil, especialmente na Universidade da Bahia, causando embates com grupos conservadores que temiam a implantação da ideologia comunista e perda de sua hierarquia. Ideologia presente nos grupos de empresários ligados às multinacionais, nos latifundiários e em parte dos oficiais das Forças Armadas vinculados a grupos burgueses, e também na Igreja conservadora, grupos que se uniram em consenso ideológico pela defesa do status quo. Desse modo, quando esses momentos ideológicos utópicos de mudança perderam força de consenso integrador, a utopia enfraqueceu, a ideologia se fez presente nos grupos que se enfrentaram, instaurando conflitos. Todavia, Gorender (1987, p. 42 - 43) defende a idéia de que esses grupos tinham ideologicamente um paradoxo que resultou na própria abertura para o Golpe de 1964. A esse respeito pensa-se em resistência e ao mesmo tempo em circularidade de ideologias e isso se torna interessante, quando a história se mostra em seus princípios. Com toda essa expressão do movimento, porque a esquerda católica juntamente com os grupos congêneres de atuação não reagiu ao Golpe? Teriam um plano de resistência ou nada poderia ser feito? O período 1960-1964 marca o ponto mais alto das lutas dos trabalhadores brasileiros neste século XX. O auge da luta de classes, em que se pôs em xeque a estabilidade institucional da ordem burguesa sob os aspectos do direito de propriedade e da força coercitiva do Estado. Nos primeiros meses de 1964, esboçou-se uma situação pré-revolucionária e o golpe direitista se definiu, por isso mesmo, pelo caráter contra-revolucionário preventivo. A classe dominante e o imperialismo tinham sobradas razões para agir antes que o caldo entornasse. (GORENDER: 1999, p. 44). Fortes lutas ideológicas, esquerda católica não articulada, militares com decisões rápidas. O autor compreende duas linhas interpretativas para o Golpe: a do papel determinante do estágio em que estava o capitalismo nacional e a de caráter preventivo dessas ações, numa espécie de conspiração desarticulada, tendo em vista as constantes ameaças revolucionárias no país. Na mesma linha de pensamento de choques e articulações entre grupos, Daniel Aarão Reis Filho apresenta a ideia de golpe e de medo das reformas em vários segmentos nacionais, que juntos se aliaram ao não ao estabelecimento de uma nova ordem. Sentiam obscuramente que um processo radical de redistribuição de riquezas e poder na sociedade brasileira, em cuja direção apontava o movimento reformista, iria atingir suas posições, rebaixando-as. E nutriam um grande medo de que viria um tempo de desordem e de caos. (REIS FILHO, 2002, p. 27). Admitem-se paradoxos entre grupos de latifundiários, empresários, industriais, comerciantes, políticos, Igreja Católica magistrados e da classe média junto a outros setores. Consensos que vieram para reforçar a hegemonia do capital internacional no bloco do poder, e asseverar a ideia de um golpe, e isso só foi possível graças ao caráter amplo e heterogêneo da frente social e política atuante nesses anos no cenário brasileiro. Golpe imposto pelo apoio de parte da população civil e militar, partidos em oposição ao governo (REIS FILHO, 2002, p 22-27). 4 O Golpe como movimento político civil-militar na memória nacional Vindo a partir de uma tomada de decisão desses grupos conservadores, o Golpe de 1964 foi um movimento político civil-militar que marcou a memória nacional, sendo deflagrado pelo temor ao expansionismo comunista, com a finalidade de manutenção de grupos dominantes, de conservação do capital estrangeiro na administração do país. Visava ainda a manutenção de um regime de exceção e privilégios, com descarte de um Governo de esquerda que anunciava medidas reformistas. A implantação de um freio às transformações do Governo Goulart e os movimentos sociais levaram ao colapso do populismo brasileiro. Era esse, inevitavelmente, o desfecho, o golpe, pelas esquerdas ou pelas direitas. A rápida vitória do grupo de civis e militares apanhou desprevenidas as organizações de esquerda e os estudantes universitários católicos não tinham plano estratégico para a resistência. A surpresa da força do Golpe, a derrota de seu ideário foram experiências dolorosas e desagregadoras do grupo e o momento exigia uma reflexão crítica sobre as bases sociais e históricas do desenlace inesperado. E porque a esquerda unida e reconhecida como “Frente Única” não reagiu articulada? A nova situação impunha os programas, as estratégias, as táticas, os métodos de trabalho civil militar, as anunciadas lutas em grupo, o posicionamento das esquerdas acabou reorganizando as bases militares, mas a esquerda não tinha estrategicamente construído um plano de resistência, o que leva a crer que a ideologia se misturou com a utopia e as falsas promessas do Governo de Goulart osfucaram o ideário. E assim, o Golpe foi resultado de rápidas e fortes articulações conservadoras reagindo contra o reformismo nacionalista. Essa incapacidade de conciliação e diálogo entre instituições seculares como Estado e Igreja Católica, entre grupos hegemônicos e classes populares, foi desenvolvendo um quadro de crises que passaram a definir a política nacional de incapaz. As instituições políticas pareciam incapazes de conciliar os interesses dominantes e canalizar em ordem as pressões e a insatisfação dos dominados. O Parlamentarismo, em vigor desde setembro de 1961, arrastou-se, enquanto durou, por uma sucessão de crises. (REIS FILHO, 1985, p. 21). Os estudantes católicos estavam divididos diante das reivindicações do grupo de Ação Popular criado em 1962, a Igreja Católica e as tentativas de reorganização política do país. Enquanto movimento social de grande voz em defesa da Democracia, o grupo ficou emperrado, renitente, incômodo a grupos manipuladores. O Golpe de 1964 encontrou um país em confronto, mas propicio para se instaurar. A estrutura comprometida, os boatos da chegada do Comunismo, a expressão de interrupção de uma proposta reformista de Goulart, o descontentamento de setores mais conservadores da sociedade, as oligarquias agrário-exportadoras sendo ameaçadas, as forças sociais populares eclodindo, especialmente os estudantes universitários católico resultou no Golpe. O contato entre estudantes e setores conservadores gerou forte impacto para o clima golpista. Não haviam negociações e consenso entre eles e a nova militar política de Estado e o projeto das ações conservadoras não abriam campo para o diálogo. Ora, o fracasso das comissões de negociação como as da Igreja, tornava os projetos eram inconciliáveis gerando descontentamento. Um outro aspecto está na ideia do despreparo dos cidadãos brasileiros para escolha de seus líderes, a inabilidade da juventude em lidar com a política advinda do coronelismo e à incapacidade do Governo Goulart de lidar com o verdadeiro sentido da Democracia, além da demora de decisão. Ora, as crises políticas no país vieram a partir de uma série de acontecimentos e ações que endossaram a investidura militar e essas ações estavam ligadas não só ao receio de quebra de hierarquia, mas pelo medo da chegada do Comunismo, que era visto como uma ideologia vermelha perigosa às famílias. O golpe civil militar e a derrotada sem resistência das forças ditas progressistas em 1964 marcaram profundamente os partidos e movimentos de esquerda brasileiros. Era momento de paralisia decisória2 e a mobilização das massas via populista foi a prova de que o conflito tornou-se irresoluto. Mas, com a adesão de muitos grupos conservadores aos golpistas, as relações entre comunistas e estudantes eram marcadas, ora por diálogos que os aproximava no mesmo campo de lutas, ora por disputas pela atuação estudantil que era vigiada. 2 Entende-se aqui por “paralisia decisória” a situação limite de incompatibilidade das ações e desejos do governo perante o Congresso e vice-versa. Figuravam nesses anos, políticos como Magalhães Pinto e Carlos Lacerda considerados chefes civis politicamente manipuladores e que acabariam fortemente envolvidos na conspiração golpista e apoio direto aos militares. No entanto, se o Golpe de 1964 parecia passar despercebido pelo Presidente Goulart e seus aliados, concretamente as articulações já vinham sendo preparadas por anos a fio. Os militares foram aqueles que, inseridos nesses grupos burgueses, acabaram levantando a bandeira de guerra no país, impulsionados ideologicamente pelo objetivo de restaurar a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas e bloquear a implantação do Comunismo no país pela subversão da ordem. Tarefa que estava subjacente em seus princípios. A linha de pensamento do marxista Moraes (2001) compreende que o que aconteceu em março-abril de 1964 foi um golpe reacionário da direita, dos quais os militares constituíram o instrumento decisivo para descartar uma possível revolução no país. Por que o golpe? Devido às restrições da aliança de classes que estava no poder e ao deslocamento que, nessa aliança, algumas sofrem em detrimento de outras. A burguesia estava sendo deslocada, pelo próprio processo da expansão capitalista, de seu lugar central; ela não era mais a única detentora de um poder de classe dominante, senão que, devido ao crescimento e à recepção dos capitais internacionais, aquele lugar estava sendo ocupado por outro autor [...]. Evidentemente, a burguesia não desapareceu, mas perdeu importância; ou melhor, exclusivamente; compete, então, com a burguesia internacional no comando da economia nacional. (MORAES, 2001, p. 26-28). Os militares apenas tomaram a decisão em nome de grupos reacionários da direita que já vinham desenvolvendo articulações. Então, para o autor, o Golpe veio a partir de uma política externa que havia se aliado à interna, o qual vinha perdendo valor no Governo populista, cabendo a ação aos militares, numa fase em que havia certo esgotamento econômico que afetava a burguesia. Os socialistas se batem resolutamente pela Democracia; não de forma abstrata. Lutavam os grupos de esquerda por uma Democracia de maioria, com liberdade e igualdade social, e um Estado sob controle popular. A Democracia é um valor no processo da construção de oportunidades iguais - uma forma política e social a ser permanentemente transformada e aperfeiçoada. 5 Considerações Finais Como os estudantes universitarios católicos como se posicionaram nessa luta? O desencadeamento do Golpe de 1964 foi forte e efetuado rapidamente por falta de resistência face à presença dos militares que encontraram na população civil uma apatia, desarticulando todos e a falta de um plano de estratégias de ações e resistência, caso fossem atacados não estava esboçado. O Golpe foi forte pela ideologia, rápido porque não encontrou resistência que teria sido suficiente, e fácil porque se instaurou sem resistências significativas. Contudo, à primeira vista, pode-se pensar que eles não resistiram, mas a questão era muito mais ampla: o momento histórico no contexto do país, o exercício da Democracia. A práxis foi desvelando a conspiração e configurando sua identidade de manutenção da “dita ordem”. Como conseqüência de toda essa(s) trama(s) e contexto(s), a(s) ideologia(s) movida(s) pela utopia desses jovens foi definindo e instigando pouco a pouco o jogo de intrigas, revelando perdedores e ganhadores. Jogo que marcou o país mostrando a transição efetiva de modelos econômicos, culturais associados, implicando na combinação e reagrupamento de grupos hegemônicos (políticos, militares, tecnocratas, empresários, burgueses e outros) que pretendiam conservar a cultura de dependência. A pesquisa mostrou que os estudantes católicos formaram um grupo bastante significativo nos anos 60, com identidade constituída entre a militância sociorreligiosa concebida no contexto renovado da Igreja − o da Neocristandade e da Universidade – que lhe confere uma identidade nacional ao lado de grupos atuantes no país, criando clima de conflitos e embates que resignificam sua práxis e identidade(s) . Forças que continuam no poder, embora com outra roupagem, mas que ainda ditam ordens num regime capitalista, onde o sonho de uma sociedade mais igualitária ficou nas memórias de um passado, embora recente. Bibliografia Consultada CASTELLS, Manuel. Movimientos sociales urbanos. Madri: Siglo XXI, 1974. _____ . Cidade, democracia e socialismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. _____. O poder da identidade.Tradução de Brandini Gerhardt. 5 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999/2006 (A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura); v.2 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas. A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. São Paulo: Ática, 1999/ 2 ed. 1987. GOHN, Maria da Glória. Teorias dos Movimentos Sociais: Paradigmas Clássicos e Contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997. _____. Reivindicações populares urbanas. São Paulo: Cortez, 1982. _____ . Movimentos sociais e lutas pela moradia. São Paulo: Loyola, 1991. _____ . Movimentos sociais e educação. São Paulo: Cortez, 19982. _____ . Movimentos e lutas sociais na história do Brasil. São Paulo: Loyola, 1995a. MELUCCI, Alberto. Um objetivo para os movimentos sociais. Revista Lua Nova, nº 17, São Paulo, CEDEC, 1989. REIS FILHO, Daniel; SÁ, Jair Ferreira de. Imagens da revolução: Documentos Políticos das Organizações de esquerda dos Anos 1961-1971. Rio de janeiro: Marco Zero, 1985. RICOEUR, Paul. Ideologia e utopia. Lisboa: Edições 70 Biblioteca de Filosofia Contemporânea,1986. TOURAINE, A¿Podremos vivir juntos? Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.1997. TARROW, S. Power in movement. Cambridge; Un. Press, 1994. TOURAINE, Alan. Movimentos sociais e idelogias nas sociedades dependentes. In: Albuquerque, J. A. G. (org.). Classes médias e política o Brasil. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1997. Conflictos ambientales en territorios indígenas y nuevas formas de acción colectiva Marcela Herrera Vergara El trabajo que se presenta enfrenta los conflictos ambientales como conflictos sociopolíticos e indaga en las nuevas formas de acción colectiva que allí se construyen y se diferencian específicamente cuando estos conflictos se desencadenan en territorios indígenas. Interesa desentrañar la especificidad de la acción política que se desencadena tras el conflicto, dilucidando formas tradicionales de acción como las emergentes. En este sentido, se torna relevante el proceso de globalización e imbricamiento de redes sociales que articulan los espacios locales y supralocales más allá del territorio indígena local. Para esclarecer esta indagación centraremos la mirada en el caso originado por la instalación de la planta celulosa Valdivia de la empresa Arauco y Constitución, CELCO. El detenimiento en este caso nos permitirá comprender el fenómeno desde perspectivas teóricas que nos resitúan en el vínculo política y sociedad y desde ese horizonte posibilitan nuestra lectura sobre la acción colectiva y los movimientos sociales en el que se instala el fenómeno. Este posicionamiento teórico permitirá finalmente dialogar con las conceptualizaciones predominantes en torno a los conflictos ambientales. I. Sociedad y política. Es de interés como punto de partida de la exposición enfatizar a la luz del contexto histórico actual y bajo el cual se insertan los conflictos que abordamos, la relevancia que adquiere la política en la constitución de la vida social de los individuos que los alcanzan en su cotidianidad. Esta preocupación no es casual, diversos autores desde distintos posicionamientos han relevado el vínculo tras las tendencias teóricas que referían a un pos y/o despolitización de la sociedad. Por cierto que aquello plantea una redefinición de lo social. Precisamente, Rosanvallon nos sitúa en la política en la era de la desconfianza en las sociedades democráticas. Esta desconfianza generalizada que refiere el autor es política, se expresa y se organiza de diversas formas. Distingue tres modalidades: los poderes de control, las formas de obstrucción, y la puesta a prueba a través del juicio. Estos tres contrapoderes llevan a lo que este autor denomina contrademocracia, “es una democracia que se contrapone a la otra, es la democracia de los poderes indirectos, diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral. Rosanvallon es claro en señalar que no nos encontramos en una era de apatía política y que la idea de un creciente repliegue sobre la esfera privada no tiene fundamento, y que conviene hablar más bien de mutación que de declinación de la ciudadanía. Observa que se han diversificado los repertorios de la expresión política, más allá del ejercicio electoral y que refieren a los poderes indirectos. Se considera fundamental además, en este relevamiento de la política en lo social, destacar la preeminencia del conflicto en tanto efecto desatador de la acción colectiva. Para ello destacamos los planteamientos de Mouffe (2007). Para esta autora existe la imposibilidad de erradicar la dimensión conflictual de la vida social, lejos de socavar el proyecto democrático es la condición necesaria para comprender el desafío al cual se enfrenta la política democrática. Señala Mouffe que los conflictos ya no derivan únicamente hacia el consenso forzado o el enfrentamiento violento, sino que se “gestionan” a través de relaciones entre “adversarios” que comparten ciertos espacios simbólicos, aquello refiere a la existencia de un modo agonista de la relación conflictual. II. Aproximaciones sobre Acción colectiva. Por cierto esta imagen del adversario adquiere particular sentido cuando nos situamos en la problemática de la acción colectiva y ahora instalada en la contrademocracia. Tourraine (1995) señalaba precisamente que además de los principios de identidad y de totalidad que caracterizan a la acción colectiva, desde su perspectiva, aquella conducida hacia un movimiento social era precisamente, el principio de oposición: Un movimiento no se organiza más que si puede nombrar a su adversario, pero su acción no presupone esta identificación. El conflicto hace surgir al adversario, forma la conciencia de los actores en presencia. (Tourraine, 1995:251). Nos detendremos en Melucci (2002) autor que señala que las formas contemporáneas de acción colectiva son múltiples y diversas, y descansan en varios niveles del sistema social. Por lo tanto, afirma, ‘’debemos comenzar por distinguir entre el campo del conflicto y los actores que sacan a la luz tal conflicto. Dado que los actores no son inherentemente conflictivos, la naturaleza de la acción es temporal, puede involucrar a diferentes actores y desplazarse entre varios ámbitos de sistema. Tal multiplicidad y variabilidad de actores hacen más explícita la pluralidad de significados analíticos que están contenidos en el mismo acontecimiento o fenómeno colectivo al cual suele atribuírsele una unidad cuasi sustancial, cuando en realidad en el resultado temporal de un campo múltiple de fuerzas y de procesos analíticos diferentes” (Melucci, 2002: 12). Por otro lado, los conflictos sociales contemporáneos no son solo políticos, pues afectan la producción cultural del sistema. Salen de esta manera del tradicional sistema económicoindustrial hacia las áreas culturales: afectan la identidad social, el tiempo y el espacio en la vida cotidiana; la motivación y los patrones culturales de la acción individual. Además, los actores de los conflictos son cada vez más temporales y su función es revelar los problemas, anunciar a la sociedad que existe un problema fundamental en un área dada. Tienen una creciente función simbólica, tal vez podría hablarse de una función profética. Son una especie de nuevos medios de comunicación social... No luchas meramente por bienes materiales o para aumentar su participación en el sistema. Luchan por proyectos simbólicos y culturales, por un significado y orientación diferentes de acción social. (Melucci, 2002:70) Melucci utiliza de manera provisional un nuevo concepto red de movimiento para cubrir la ausencia de definiciones más satisfactorias. Afirma que los movimientos sociales están cambiando sus formas organizacionales que están volviéndose completamente diferentes de las organizaciones políticas tradicionales. Además están adquiriendo autonomía creciente en relación con los sistemas políticos se crea un espacio propio para la acción colectiva en las sociedades complejas como un subsistema específico. Hoy la situación normal del movimiento es ser una red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana que exige que las personas se involucren en la experimentación y en la práctica de la innovación cultural. Las redes de movimiento tendrían las siguientes características: a) propician la asociación múltiple; b) la militancia es solo parcial y de corta duración y c) el desarrollo personal y la solidaridad afectiva se requieren como una condición para la participación en muchos grupos. Este no es un fenómeno temporal, sino una alteración morfológica en la estructura de acción colectiva. Como veremos estas conceptualizaciones adquieren total sentido al abordar la acción colectiva en los conflictos ambientales. III. Los conflictos ambientales. El caso de la Planta de Celulosa Valdivia. Como punto de partida, es importante enfatizar que nuestra mirada se dirige en particular hacia aquellos conflictos que son provocados por la instalación y funcionamiento de proyectos de desarrollo, de origen predominantemente privado y transnacional. Estos conflictos se suscitan mayoritariamente en territorios de pueblos indígenas, porque es en aquellos donde se encuentran los recursos de mayor demanda por el capital de inversión: mineros, forestales e hídricos. Como bien define Sabatini (1997) son conflictos ambientales que giran en torno a la distribución de las denominadas externalidades o efectos externos derivados de cambios en el uso del suelo es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en el lugar. En este sentido, el autor hace la diferencia con aquellas disputas causadas por el acceso y control de los recursos del medio ambiente especialmente de la tierra, pero también de las aguas, los minerales y otros. Ambos conflictos son distributivos, pero, mientras unos dependen de las dificultades para que las externalidades sean asumidas por quienes la generan, los otros dependen de la dificultad para definir la propiedad sobre los recursos. (Sabatini, 1997:52). Ahora, como veremos, llevados a territorio indígena, estas modalidades de controversia, se pueden presentar de manera simultánea, y también en forma mixta. Dado que el problema central no deja de ser la accesibilidad a los recursos naturales, aún cuando el conflicto sea también por los impactos que generan los proyectos de inversión. El conflicto ambiental provocado por la instalación de la planta de celulosa Valdivia surge en principio por la valoración a los impactos ambientales que eminentemente puede provocar la planta productora de celulosa (Planta Valdivia) de la Empresa Celulosa Arauco y Constitución, CELCO y en particular, una fase productiva, como es la descarga de sus residuos industriales. Autores que han analizado este caso, Sabatini, Sepúlveda y Blanco (2000) señalan el inicio de la controversia en junio de 1995 tras la presentación de CELCO del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. A partir de este hito se generaría la oposición entre actoresxxxvi. Para dar cuenta del curso seguido en este caso de conflicto, se distinguen cinco etapas que refieren a la configuración diferencial de actores en cada una de ellas. Queremos relevar en este sentido, el campo del conflicto a través del relacionamiento entre actores. Precisamente, hablaremos de bloques para dar cuenta del conjunto de actores que se diferencian en consideración a su posición frente al proyecto. Cada uno de estos bloques construyes sus propias redes y articulacionesxxxvi. Lo significativo de este enfoque es que nos permite abordar el campo del conflicto y no remitirnos solamente a un actor social particular. Abordamos un conflicto ambiental que se ha prolongado por más de 15 años –aún no acaba. A lo largo de su desarrollo, los actores y más aún sus redes se mueven y se transforman primero en relación a la localización del conflicto que se ha desplazado entre dos localidades, Río Cruces (Santuario Cisnes) y Caleta Mehuín (ducto al mar), y siempre en consideración a la descarga de residuos de la planta de celulosa Valdivia. Este desplazamiento de lugar da cuenta de objetos de controversia distintos, aún cuando su origen es el mismo: la planta de celulosa. Pero, esta distinción no es sólo de lugar, es posible observar que dentro del conflicto se desarrollan y entrecruzan diversas disputas lo que diferencia a actores y redes en momentos claramente diferenciados. Lo que nos recuerda la definición que hace Melucci (2002) y también Diani (2003) en relación a la acción colectiva en la sociedad contemporánea, concebida como red, y más aún como una red de movimientos; y un conflicto objeto permanente de redefinición. En este caso, cuando el conflicto se centraba sobre el río cruces, la convocatoria de oposición recaía básicamente en organizaciones ambientalistas, académicas y ciudadanas diversas, ubicables en lo fundamental en Valdivia pero también con coordinación con organizaciones en Santiago. Cuando es el ducto al mar el objeto del conflicto, los actores que constituyen red de oposición cambian drásticamente, a pesar de constituir algunos vínculos entre sí. En este escenario se distinguen tres momentos, y si bien en el primero se observan diversos actores y una configuración de relativa jerarquía, la movilización no deja de ser local, es esa espacialidad la que orienta la acción colectiva y le da fundamento identitario. Surge en esta etapa una organización específicamente dirigida a liderar la oposición, el Comité de Defensa de Mehuín. Similar es la representación del segundo momento. Sin embargo, el tercer momento da cuenta de un movimiento social eminentemente indígena, más allá de posibles asociaciones con otros grupos no indígenas. En este caso, la identidad colectiva que moviliza a los actores es inseparable del proceso histórico y corpus identitario que el grupo ha construido a lo largo de ese proceso. Por cierto, el discurso de oposición que construye, apela a la amenaza que implica el proyecto del ducto para la continuidad de sus prácticas económicas tradicionales y para su identidad como pueblo. En este sentido, se entiende la conflictividad de estos actores con el grupo no indígena firmante del acuerdo con CELCO, con quienes no comparten este corpus identitario. Otra característica de este conflicto refiere al énfasis local de las redes que circulan. Estas se configuran y articulan en Valdivia a través de un movimiento ciudadano y ambientalista y también a través de las organizaciones indígenas y sindicales pesqueras en el litoral de San José de la Mariquina, principalmente en Mehuín. En los puntos más álgidos del conflicto adquiere cobertura nacional con la presencia de los medios de comunicación, es la instancia en que se apela a las instituciones jurídicas (Corte Suprema), políticas (presidencia, CONAMA), y económica empresarial (Directorio CELCO). El conflicto y sus disputas no alcanza ribetes internacionales, lo que no significa que no existan redes sociales a este nivel, sólo que aquellas no se visibilizan y no impactan sobre el despliegue del fenómeno. Es posible establecer como hipótesis que los vínculos establecidos en una determinada fase pueden facilitar nuevos cambios en un contexto o etapa diferente del conflictoxxxvi. En el caso observado, las organizaciones desarrollaron contactos a través de la participación común en estos movimientos tanto en el de carácter ciudadano como en el indígena lo que podría significar que más tarde utilicen estos lazos para promover iniciativas a otros movimientos sociales y ambientales. En este sentido la red es un producto, de tal manera que no sólo vincula la acción. Por otro lado, este conflicto no se escapa de la llamada sociedad de la desconfianza que nos refería Rosanvallon (2007). Los conflictos ambientales precisamente, dan cuenta de este descrédito en la gestión del riesgo que propician los marcos jurídicos tecnológicos como el SEIA. En este sentido, no hay confianza que se controlen los impactos de la planta de celulosa tanto sobre el río Cruces como sobre el mar. Y los actores sociales perciben el riesgo es entonces que observamos la manifestación de diversas formas políticas vinculadas a los poderes indirectos que refería este mismo autor. En particular, los actores y sus redes que en distintos momentos constituyeron el bloque 2 ejercieron una contrademocracia, una democracia de la intervención, que genera una acción colectiva en oposición al proyecto. Por cierto, que el conflicto se constituye en relación al adversario, que en este caso es un agente económico, pero también se demanda a las autoridades políticas para que ejerzan su rol fiscalizador. Los actores ejercen entonces los poderes indirectosxxxvi. Se hacen parte de la vigilancia, de la denuncia y la obstrucción, ésta última al oponerse por ejemplo a que le hiciera sus estudios para su EIA que debían presentar a la autoridad ambiental. También tuvo lugar la judicialización del conflicto en diversos momentos, lo que en definitiva nos lleva a la judicialización de lo político. Una dimensión que es explicada por Rosanvallon como producto de la ‘’evolución de las condiciones en la que se pone en juego la responsabilidad de la acción política’’. De esta manera se produce un desplazamiento de las democracias de confrontación y de representación a las democracias de imputación. Ahora, ¿podemos hablar de nuevas formas de acción colectiva? Cabría indagar con mayor profundidad, pero en principio podríamos sostener que lo que ha tenido lugar en este campo del conflicto que hemos observado, es una expresión contemporánea de acción colectiva, como la evidenciada por Melucci (2002) donde participan una diversidad de actores que configuran redes de distintos carácter y distintos niveles de articulación. Deteniéndonos en el bloque 2, más allá de su configuración diferente en cada etapa, confluyen actores sociales que provienen de distintas matrices socioculturales, incluso al interior de las organizaciones ambientalistas convocadas y conformadas a propósito del conflicto, se podrían apreciar posicionamientos políticos e ideológicos diferentes. Y por otro lado, si bien esta distinción de lugares dentro conflicto refiere también a una distinción étnica, dada la presencia o ausencia de indígenas en el movimiento, se observa una confluencia de mixturas identitarias, pero la pertenencia al movimiento construye a la vez identidad colectiva, tras objetivos compartidos. Se coincide en este sentido, con la caracterización de Diani (2003) de actores que comparten una identidad colectiva y a su vez mantienen su identidad individual como activistas o miembros de otras organizaciones que se identifican como parte de esfuerzo colectivo; y actores (individuales como organizacionales) que intercambian recursos simbólicos y prácticas a través de redes informales. Se conforma entonces, una red de movimiento social como señalaban Diani (2003) y Melucci (2002), o una red de movimientos, considerando que se conectan movimientos ciudadanos locales, supralocales, también movimientos con mayor presencia indígena. El movimiento de Acción por los Cisnes reúne por su cuenta organizaciones y otras redes. Lo mismo ocurre con el Comité de Defensa del Mar. Ambos movimientos se conectan entre sí con diverso grados de articulación, pero con objetivos que los une más allá de sus posibles diferencias. Con todo, esta red de movimiento/s no se sustenta o apoya en las instituciones políticas tradicionales, aún cuando en diferentes momentos aquellas intervienen, como en el caso del sindicato de pescadores. Con todo, las estrategias de acción varían dependiendo del contexto. Hay movilización callejera en la ciudad como también simbólica en el mar. Hay orgánicas que se construyen de manera coyuntural, pero que se apoyan de liderazgos ancestrales, pensando en la figura del lonko y del werken que emergen en Mehuín. Hay también, reivindicación identitaria a propósito del conflicto, como la referida a la identidad mapuche-lafkenche, que intensifica su discurso en la coyuntura o visibilidad de éste. Por otra parte, las redes que se constituyeron en este conflicto utilizaron y siguen utilizando las nuevas tecnologías como la Internet para divulgar su acción y reconstituirse. Lo que nos recuerda la función profética del movimiento que nos hacía notar Melucci (2002). Otro punto importante que emerge de este trabajo es la especificidad que adquieren estos conflictos cuando se provocan en territorios indígenas. En el caso que abordamos, el conflicto genera en un principio un movimiento eminentemente ciudadano, en el sentido que no hay organizaciones políticas tradicionales detrás, son actores y organizaciones académicas y ambientalistas que provienen de la ciudad. Si bien la planta de celulosa se instala en un espacio territorial donde se ubican comunidades mapuche y también otras familias no indígenas, aquellas no se movilizan -la percepción de riesgo tendrían algo que decir al respecto. Cuando el conflicto se desplaza al mar, por la construcción del ducto emerge con claridad un discurso indígena reivindicativo de su identidad, y en ese sentido el proyecto es una amenaza a esa identidad. Se confronta de esta manera con sus prácticas económicas tradicionales, con su universo simbólico. Desde este discurso, se confrontan visiones de mundo diferente, a cerca de la naturaleza, del desarrollo y del progreso. Desde este discurso, se percibe la amenaza del proyecto para la territorialidad indígena, una territorialidad vinculada profundamente a sus matrices identitarias. Allí puede residir la especificidad del conflicto, que por cierto no sólo se traduce a nivel del discurso, también se vivencia, y se objetiviza no sólo por los indígenas también por los actores de la sociedad externa. BIBLIOGRAFÍA DIANI, Mario. (1998) Las redes de los movimientos una perspectiva de análisis. En Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural / Benjamín Tejerina Montaña (ed. lit.), Pedro Ibarra Güell (ed. lit.), 1998, pp. 243-270 Diani, Mario & McAdam, Doug. 2003. Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action. Oxford University Press. FOLCHI, Mauricio (2001). Conflicto de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas. Revista Ecología Política Nº22 Diciembre-2001, pp79-100. McADAM, Dough; McCARTHY, John y ZALD, Mayer. (1999) Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Ediciones Istmo. MELUCCI, Alberto. (2002) Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. Ed. El Colegio de México. Mouffe, Chantal. 2007. En torno a lo político. FCE, Buenos Aires Neveu, Erik. 2000. Sociología de los Movimientos Sociales. Ediciones Abya-Yala, Quito. Rivera, Claudio. 2009. La otra inequidad. Medio ambiente, desarrollo y conflictos ambientales en Chile, Universidad de los Lagos. Rosanvallon, Pierre. 2007. La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Ed. Manantial, Buenos Aires. SABATINI, Francisco y SEPÚLVEDA, Claudia. (1997).Conflictos Ambientales. Entre la globalización y la sociedad civil. Publicaciones CIPMA, Chile. Sabatini, Francisco; Sepúlveda, Claudia y Blanco, Hernán. (2000) Participación ciudadana para enfrentar conflictos ambientales. Desafíos para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Publicaciones CIPMA, Chile. Skewes, Juan Carlos. 2008. Negociación CELCO – Pescadores de Mehuín: Las consecuencias de un convenio. Centro interdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible, Universidad Austral. TOURAINE, Alain. (1995). La producción de la sociedad. México: Instituto de Investigaciones Sociales: Instituto Francés de América Latina. Villasante, Tomás. 1998. “Redes y Sociopraxis” en Cuatro redes para mejor- vivir, Editorial Lumen /Humanitas, Buenos Aires. O movimento indígena, uma forma de luta e resistência étnicopolítica: avanços e desafios Alejandra Aguilar Pinto 1. INTRODUÇÃO O objetivo principal deste documento é apresentar a situação atual e os antecedentes históricos do surgimento do movimento indígena na América Latina, considerando, sobretudo o caso do Brasil e o surgimento do movimento etno-político na América Latina. Fez-se finalmente uma revisão bibliográfica nas mais destacadas bases de dados internacionais e nacionais no Brasil, (Sociological Abstract, Social Service Abstract, etc.) para conhecer a situação e a evolução no tema, o qual demonstrou uma vigência e ampla produtividade no âmbito das ciências sociais. 2.O MOVIMENTO INDÍGENA NA AMÉRICA LATINA E O BRASIL. O movimento indígena nos países da América Latina tem em geral elementos em comum, mas algumas diferenças, referidas sobretudo ao papel que as lideranças têm desempenhado como porta-vozes dos seus grupos étnicos , os contatos que têm realizado com autoridades de governo no país, assim como em organismos internacionais; outra diferença refer-se às estratégias de luta implementadas pelos grupos étnicos, outra diferença aponta aos graus de poder adquirido na sua história de reivindicações desde o surgimento das organizações e logo os movimentos indígenas , entre outras. 2.1. O CASO DO BRASIL. Segundo GOMES (1988, p.210) “em conseqüência do seu crescimento demográfico, das novas formas de inserção na nação brasileira e do conjunto de circunstâncias que promoveram o movimento indigenista dos últimos 20 anos, surgiu também o movimento indígena.”As diversas entidades governamentais para o “problema indígena” que não tem sabido até os dias de hoje solucionar as demandas e reivindicações indígenas, levaram a uma formação paulatina do movimento indígena brasileiro, sendo , por tanto uma resposta ao papel ineficiente do estado, através de diferentes organizações indígenas. Contudo, cabe mencionar a presença política de índios na história do Brasil como um antecedente dos movimentos indígenas. Esta aconteceu no passado, tanto em conjunto com outras forças nacionais, como na expulsão dos holandeses do Nordeste, nas lutas entre franceses e portugueses pela conquista de Rio de Janeiro e do Maranhão, na Guerra de Paraguai, etc., quanto separadamente, e contra as forcas brasileiras que os oprimiam, como na Cabanagem, na Guerra dos Bárbaros, na rebelião de Antonio Conselheiro. Os heróis indígenas vão de Arariboia e Felipe Camarão a Ajuricaba, Jandui e Crespim Leão. No tempo dos holandeses houve participação de índios no parlamento que Mauricio de Nassau instituiu para administrar melhor Pernambuco e demais províncias conquistadas. Porém, a partir do Império e durante a República, foi estabelecido um modo de relacionamento entre autoridades e índios que reduziu estes últimos á condição de quase menoridade. O surgimento atual de índios no cenário público nacional significou em parte uma vitória para os índios em geral,vitórias pessoais e avanços conceituais e políticos nas relações interétnicas no pais. Ficou claro que eles não precisavam de porta-vozes nem intermediários para comunicar-se com as autoridades e o publico. Dentro do quadro oficial indigenista, cabe mencionar brevemente as entidades oficiais na questão indígena. A primeira organização governamental em assumir o tema, foi criada em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPI), órgão subordinado ao Ministério de Agricultura, com a missão de fornecer uma assistência e amparo aos povos contatados. A criação desse Serviço significou uma profunda mudança no modo de se pensar e tratar a chamada problemática indígena no Brasil. Anterior a esta organização existiu as Comissões Construtoras de linhas Telegráficas no Estado de Mato Grosso, que tinha como objetivo unificar o território nacional levando o governo às zonas do sertão. A criação do SPI, apesar de uma forte influencia do pensamento positivista, não ficou desvinculada da lógica capitalista, segundo Borges o objetivo do SPI “era mediar e estabelecer um dialogo entre as frentes de expansão capitalista e os povos indígenas”. O SPI fez um trabalho oposto do acontecido no período histórico do Império – eliminação física dos povos indígenas - a nova lógica burguesa da República se opunha e pregoava a igualdade e a cidadania como direitos universais, porem, pretendendo sua integração. A proposta da SPI em certa forma encoberta era integrar os nativos nas relações de produção capitalista, que ademais liberaria suas terras para frentes capitalistas. “o ‘problema indígena’ se solucionaria, com a pacificação dos indígenas e sua transformação em trabalhadores nacionais a serviço do engrandecimento da nação, liberando, desta forma, suas terras tradicionais à exploração do capital” (BORGES, 200?, p.2). Cabe destacar o seu primeiro e mais marcante presidente, o oficial de exercito Candido Rondon, quem estabeleceu uma pauta de trabalho: facilitador nos estágios civilizatórios. Assim o órgão tinha como função principal transformar os índios em cidadãos do século 20 no menor praço possível. O SPI inaugurou uma nova postura na política indigenista brasileira, o regulamento baixado pela criação do Serviço de Proteção ao Índio pelo Decreto nro. 9.214 de 15 de dezembro de 1911, organizou as linhas mestras da política indigenista da Republica recente Apesar de ter uma marcada orientação de proteção esta legislação, os fatos apresentaram o contrario, em meados de 1960 o SPI foi extinto e em seu lugar foi criado a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que teve o principal papel de apressar e acelerar essa integração do indígena à economia de mercado. As diversas frentes de contato, ou de fricção étnica, com uma clara tendência capitalista, chocaram com as economias tradicionais, baseadas em sua grande maioria no chamado comunismo primitivo causando inúmeros prejuízos a estas comunidades. Contudo, segundo Borges estes contatos permitiram que estes povos e suas lideranças tomaram contato com as sociedade invasoras, conhecendo esta realidade e assim criarem, novas formas de lutas por meio de intensas relaborações culturais e políticas.O qual poderia em certa um dos primeiros antecedentes que motivara o surgimento do movimento indígena. O antigo indigenismo oficial inaugurado pelo SPI não consegui responder as novas realidades econômica e históricas, do projeto capitalista imposto à sociedade toda, afetando as comunidades nativas. Assim não foi possível desvincular-se das estruturas econômicas e agrárias, cuja política fundiária de abrir novos fronteiras no território nacional, estimularam o extrativismo e o agropastoreo, que a partir da década de sessenta com o modelo desenvolvimento do regime militar, possibilitou ademais o ingresso indiscriminado de capital internacional, financiado novos projetos. Esta nova situação levou então à criação da FUNAI, com uma postura agora eminentemente, muito mais integracionista. O surgimento do movimento indígena no Brasil. Respeito às primeiras organizações que surgiram foram as Assembléias indígenas, que no caso do Brasil tiveram um papel chave na nova constituição de 1988, aonde alguns artigos fazem indicações dos povos indígenas. “Aqui os índios tiveram experiências inter-tribais bem mais amplas do que poderiam ter em suas áreas ” (ALCÂNTARA, 2000, p.68.) A décadas dos 70 esta marcada pelas Assembléias Indígenas, em especial no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, promovidas pelos missionários do CIMI. Entre estes encontros destacam a I Assembléia de Lideres Indígenas em Diamantino/MT de 17 a 19 de abril de 1974, que contou com a participação de 16 liderancas indígenas representando os povos Apiakça, Kayabi, Tapirapçe, Rikbaktsa, Pareci, Nambikwara, Xavante e Bororo, nas quais os indígenas presentes afirmaram que seus problemas eriam resolvidos a partir de “nós mesmos”. Logo aconteceria a II Assembléia Indígena no Alto Tapajó AM, de 13 a 16 de maio de 1975, cujas principais reivindicações foram: a luta pela terra, participação na elaboração das diversas políticas indigenistas oficiais e a necessidade de união entre diferentes povos. Esses encontros e reuniões foram um fato destacado dos anos 70, permitiram aos povos segundo Borges “cujos caminhos jamais haviam se cruzado-ou que ainda eram inimigos-, reconhecerem-se como sujeitos históricos de um mesmo processo de espoliação e dominação, criando uma consciência comum” Através das reuniões e assembléias, os povos índios, vão desvendando a verdadeira situação de suas culturas frente ao estado e seu desenvolvimento capitalista. Perceberam causas comuns de seus problemas, mesmo com problemas específicos de cada comunidade, compreendendo a necessidade de se criar uma articulação muito mais abrangente que os tradicionais laços familiares e de clãs. Nos anos posteriores esta primeira tomada de consciência vai cimentar a construção de articulações maiores e mais abrangentes. Assim em 1980 é fundada a União das Nações Indígenas (UNI), sob os auspícios de antropólogos e indigenistas reunidos no 1er. Seminário de Estudos Indigenistas de Mato Grosso do Sul. Porém, devido a imensa extensão territorial e a diversidade dos povos indígenas, a UNI se mostrou com dificuldades para articular um movimento de representação nacional e a partir da metade dos 80, o movimento indígena volta-se novamente para a criação e consolidação de organizações locais e regionais. Os movimentos indígenas em geral incluem distintos tipos de organizações/entidades que agrupam etnias afins com seus interesses. No caso do Brasil há que destacar em 1980 o caso da União das Nações Indígenas (uma tentativa de reunir representantes de varias etnias indígenas em uma mesma organização de caráter nacional), este foi um tipo organização de caráter nacional.Porém, a UNI não prospero, sendo a sua contribuição mais destacada sua participação pela inclusão de alguns artigos sobre direitos indígenas na Constituição de 1988. Entretanto, devido à necessidade de uma articulação que respondesse nacionalmente pelos povos indígenas, em 1992, é criado o CAPOIB (Conselho de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) com sede em Brasília. 2.2. OS POVOS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA, SUAS ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS ARTICULADOS. As organizações indígenas da América Latina foram as primeiras entidades que surgiram, como uma resposta pelo não reconhecimento e respeito de seus direitos. Logo, o movimento indígena próprio de cada pais, vai surgir como uma forma de articular as suas demandas, alguns serão mais politizados, formando inclusive partidos políticos, outros ainda estão na etapa inicial de formação como entidade. Os povos indígenas se deram conta que unindo forcas, por interesses em comum, era o único jeito de receber alguma atenção por parte dos governos, para pressionar ou lutar contra setores da sociedade moderna, que invadiam ou destruam sua terras. Segundo Marcio Pereira Rufino(200?) (antropólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) “as culturas indígenas têm reagido ao assedio constante (...) [sendo ] de maneira espontânea ou resultado da articulação num cenário macro que atinge América Latina” “na troca com a civilização consumista, diz Rufino, os povos reconstroem os valores e sentido do muito que incorporam; tentam recriar um realidade que se identifica as suas tradições a partir dessa troca. Em primeiro plano, as etnias reforçam a resistência às clássicas ameaças , organizando-se até em dimensão continental” “A própria experiência política dessas lideranças circulam, por meio dos encontros, assembléias e atividades comum, por entidades diferentes em equipes e paises distintos” Para o antropólogo e historiador Jose Maurico Arruti (apud RUFINO 200?) o crescimento e institucionalização dos movimentos indígenas nacionais na América Latina, começa a partir de meados dos anos de 1960, e logo a criação de organizações de representação indígena internacionais, na década de 1970. Segundo ele no Equador, o movimento indígena começou a se organizar em 1964 com a Federação do Povo Shuar (bacia do Amazonas) e se expandiu ao logo dos vinte anos seguintes, assumindo progressivamente um caráter pan-indigena e nacional, até que , em 1986, surgisse a Confederação Nacional Indígena do Equador (CONAIE). Na Colômbia, o movimento indígena se institucionalizou, em 1971, com a criação do Conselho Regional Indígena do Cauca. Ainda que tenham tido uma grande participação no processo constituinte de 1991, o 2001 aconteceu uma mudança ao Colômbia ter uma política exterior mais perto dos Estados unidos, passando a denominalos como organização terrorista. No Chile, os Mapuches formaram desde 1970 sua organização como forma de resistir aos esforços governamentais de dividir suas terra. Mas logo de acontecendo o golpe militar muita s de suas reivindicações, que inclusive considerou o governo de Salvador Allende no seu Plano de Governa faliram. No inicio dos anos 1980, tiveram uma afinidade política com a oposição ao governo militar, firmando aliança com outros setores populares, se tornaram importantes atores na processo de luta a favor de volta da democracia. Etnias que transpõem fronteiras nacionais, como na região amazônica têm tido um tipo muito original de organização, segundo Saulo Feitosa, vice-presidente do Conselho Indigenista Missionário, citando uma novidade, o recente Encontro Continental dos Povos Guaranis de paises como o Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. O problema em comum era a ameaça de seus territórios pelas atividades das grandes hidrelétricas, empresas petroleiras , madeireiras e agronegocios Assim surgem, as organizações amazônicas que se articulam em megas movimentos para proteger as fronteiras legais, como é o caso da COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) e da FOIRNE (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro).”A partir do momento em que os povos no Brasil se relacionam com os de paises como Equador e México, onde a luta é articulada de maneira mais ampla, unificando interesses indígenas e campesinos, eles identificam a possibilidade de ampliaram suas articulações ”, diz Saulo. CONCLUSÕES. As comunidades indígenas são um tipo de organização social onde o elemento colaborativo o sentido de vinculo e a etnicidade fazem uma diferença com o sistema ocidental. Essa característica garantiu sua “sobrevivência” no tempo, mas só de algumas etnias. As suas lutas/protestas contra a invasão hegemônica só se manifestaram depois que o colonizador ficou surpreendido pelo encontro com povos tão diferentes, durante um período existiu uma relativa harmonia, mas logo aconteceu o choque de culturas, levando em geral a toda uma destruição aniquilação de minorias étnicas. O surgimento do movimento social indígena, assim surgiu pelo conflito entre culturas, sobretudo pelo não respeito reconhecimento e respeito aos habitantes nativos, por parte dos povos que chegaram ao “novo” continente. A política indigenista do século 20, denominada indigenismo, apesar das suas “boas intenções” só ficaram refletidas na aceitação de culturas minoritárias, mas sempre desde uma perspectiva hegemônica colonialista, manifestado em um protecionismo/paternalismo que os considerava incapazes, em vias de evolução. Ao não considerar as capacidades e independência dos povos indígenas, estes se deram conta e tomaram consciência da necessidade, o imperativo e urgência da mobilização através de diversos tipos de expressão. O movimento indígena, como o passaram a denominar alguns autores das ciências sociais, só recentemente os pesquisadores começaram a estudá-lo, o que demonstra o longo tempo que a visão ocidental hegemônica histórica desses estudosos no campo. Além disso, estas culturas foram marginadas no aspecto político, os tradicionais partidos(tanto de direita e de esquerda), consideraram em forma quase nula as suas demandas, dando prioridade a outras reivindicações sociais. Desde uma tradicional comunidade indígena com a sua própria estrutura-organização, logo passando por aquelas etnias que têm algum tipo de associação, com representação legal.Passando por algum tipo de movimento comunitário indígena, até as alianças entre as comunidades de uma região, estado, e de pais, inclusive atualmente já existem vínculos entre povos de diferentes paises, que quebram fronteiras. O estudo dos movimentos indígenas têm tido um transcurso histórico desde o mais micro até o macro. O questionamento das políticas indigenistas, por parte de seus idealizadores, a intensificação do processo de globalização econômica, os avanços das tecnologias eletrônicas, mass mídia, computação e internet, causaram um impacto nos povos indígenas, os quais como indicou um líder de uma tribo dos Estados Unidos, agora não iam ficar a margem, especificamente das tecnologias de informação e comunicação (TICs), como aconteceu com a escrita. No surgimento do movimento indígena transnacional, aconteceu uma amplitude de alianças inter-etnicas a nível mundial, encontros, assembléias, com uma troca de informações nunca antes vista. Além disso, há que mencionar o aparecimento de alguns movimentos etno-politicos na América Latina, o que demonstra a reorganização e nova consciência dos povos indígenas, por organizar-se e fazer valer seus direitos. Contudo, há que destacar a nova atitude dos brancos ao considerar aos indígenas, segmento sempre existente na sociedade, na sua inclusão em eventos políticos de caráter mundial, como o Fórum Social Mundial (FSM), encontro de uma nova esquerda “altermundista” aonde se está repensando o papel da esquerda em face a uma globalização hegemônica dos paises “desenvolvidos”. Diferentes grupos têm encontrado aqui um espaço para suas demandas/necessidades por sempre negadas. Até onde a visibilidade indígena chegara, é uma inquietação, pois o ganho conseguido em tão pouco tempo, em comparação com os séculos de opressão, tem sido uma surpresa para o branco e até os mesmos indígenas, o que esta levando aos Estados Unidos agora ( o que o demonstra um dos seus últimos estúdios sobre tendências mundiais sobre os próximos 15 anos – Mapping the Global Future: Report of the National I´ntelligence Councils 2020 Project do Conselho Nacional de Inteligência CNI) a considerar como uma das principais ameaças de segurança da região, o indigenismo radical, o que já tem causado que em alguns paises o movimento indígena seja qualificado de “terrorista” pelos governos nacionais. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA. ALCÂNTARA, Lúcio. Povos indígenas no Brasil: como vivem nossos contemporâneos. Brasília, 2000. Cadernos de Debates: Coleção Idéias. AQUINO, Txai Terri Valle de ; IGLESIA, Marcelo Piedrafita. Novo movimento indígena ressurge das cinzas da UNI. Pagina 20 on line. Especial Papo de indio. Rio Branco-AC, 27 fevereiro 2005. BORGES, Paulo H. Porto. O movimento indígena no Brasil: histórico e desafios. Principios: revista teórica, politica e de informação. nro. 86., 2007. Entrevista a líder indigena. “Para lider indigena participação política ainda é timida” Uilton Tuxá. Comciencia, 10/04/2005. GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil, ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova possibilidade de convivência. Petrópolis, Vozes, 1988. RUFINO, Marcio P.Os povos indígenas do continente tentam reação ao assédio civilizatório.Disponível : www.crpsp.org.br/crp/.../fr_nuestra_america.aspx Acesso: 20.10.2008 Actores y estrategias en el movimiento indígena venezolano, 1998-2010: de la sociedad civil al aparato estatal Luís Fernando Angosto Ferrández El impacto de los movimientos sociales en Latinoamérica se ha hecho más extensivo y constatable durante las últimas dos décadas. En este período de re-democratización continental se han multiplicado los procesos constituyentes, se tambalearon sistemas de partidos y nuevos actores procedentes de la sociedad civil irrumpieron en la arena electoral. No es casual que la consolidación de los movimientos indígenas como actores colectivos coincida con este período de reajuste de fuerzas políticas y de reacomodos en las formas de democracia y Estado latinoamericanos. Los añejos reclamos de “modernización” (ligados al concepto de desarrollo económico y a la demanda de servicios sociales) fueron cada vez más consistentemente acompañados por reivindicaciones relacionadas con los llamados derechos de tercera generación, entre los que se incluyen las demandas de reconocimiento identitario institucionalizado y de mejora cualitativa en la participación política dentro de la esfera estatal. Los contenidos de las demandas concretas, sus formas de canalización y los logros efectivos obtenidos por los estos movimientos varían en los diferentes contextos nacionales, pero se hace constatable que las diferentes luchas y negociaciones se producirán ahora sobre un generalizado producto tangible de sus reclamos: la constitucionalización de derechos diferenciados para los pueblos indígenas. Con ese marco como referencia, esta ponencia presenta una caracterización actualizada del movimiento indígena venezolano. Desde 1998, año de la primera elección de Hugo Chávez como presidente de la República, y principalmente a partir del proceso constituyente de 1999 y la subsiguiente aprobación de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela [CRBV], este movimiento ha vivido profundas transformaciones internas al tiempo que alcanzaba una considerable presencia en la arena política nacional. Intentaremos arrojar luz sobre este proceso a través del análisis de tres aspectos del movimiento indígena: 1. gestación y composición; 2. relaciones que en los últimos años se han producido entre organizaciones indígenas de la sociedad civil, partidos políticos y el gobierno nacional. 3. estrategia y táctica discursiva. Tras esta caracterización abordaremos el debate sobre el estado actual del movimiento indígena continental en general y venezolano en particular, y se discutirá en qué sentido puede hablarse de éste como un “movimiento social”. Gestación y composición del movimiento indígena venezolano Durante la década de los 90, cuando en otros países de la región entraban en ebullición algunos de sus pares, el movimiento indígena venezolano parecía inmaduro y refugiado en los pocos espacios desde los que podía influir modestamente en la conducción de políticas públicas. Estos espacios eran principalmente mantenidos por las organizaciones civiles de representación indígena con base regional que, replicando la estructura de organización político-administrativa federal, se convirtieron apoyo de los órganos gubernamentales para dirigir sus políticas hacia los pueblos indígenas (Angosto, 2008). Durante esta década el papel del movimiento fue más de esfuerzo organizativo y de denuncia ante atropellos a población indígena (invasiones de tierras por parte de mineros o terratenientes) que de protesta activa y movilización por políticas de reconocimiento y redistribución. Sin embargo, esto no quiere decir que su estrategia y esencia no fuese la característica de un movimiento social con aspiraciones de transformación política radical comparables a las perseguidas por algunos de sus vecinos. El movimiento indígena en Venezuela se gestó entre aspiraciones de transformación social sustantiva, pero las condiciones estructurales del país no facilitaron su consolidación y la atracción de multitudes. Por un lado está el factor demográfico, con una población indígena muy minoritaria en el país (el censo de 1992 apenas reconocía a un 1,5% de la población); por otro, la gran diversidad de situaciones objetivas en las que se encuentran situados los pueblos indígenas dentro del constructo nacional, que complica el desarrollo de subjetividades “nacionales”; y por último estaba otro elemento que contribuía a la formación de subjetividades: la profunda crisis política y económica con la que el país ingresa en los 90, crisis que convertía a los reclamos materiales (antes que los culturales) en prioritarios y mucho más urgentes para los agentes interesados en el cambio social. A pesar de ello y del aparente letargo en el que se mantenía el movimiento, sus promotores sí manejaban una visión holística del lugar que ocupan los pueblos indígenas en los constructos nacionales (y en la por entonces creciente globalización capitalista) e intentaban acomodar el reclamo étnico en los proyectos de transformación social. En los 70 se había establecido el giro hacia la “autogestión” y el rechazo del tutelaje político que suponía la perspectiva indigenista tradicional, y gradualmente se fue complementando con una perspectiva asociada al etnomarxismo continental. Se teorizaba sobre la necesidad de articular los intereses indígenas con los de otras fuerzas “populares” para lograr una verdadera liberación nacional y la subversión del sistema dominante. De las Declaraciones de Barbados (1971 y 1977) que tanto contribuyeron al proceso organizativo indígena continental y venezolano, la segunda particularmente reflejaba bien la huella del pensamiento crítico izquierdista influido por el marxismo continental. Los reclamos de la población indígena eran y serían teorizados como ligados estructuralmente a los de otros sectores subalternos de la sociedad. En la Declaración del Primer Consejo Nacional Indio de Venezuela (1989), del que surge la plataforma nacional de representación CONIVE, se reflejaba esta visión: el artículo 3.2 apuntaba que “ningún movimiento puede mantenerse en crecimiento real sin una política de aliados inmediatos, en nuestro caso son los movimientos más afines: movimientos ecológicos, grupos de cultura popular, movimientos campesinos, etc.”, y el 3.5 añadía que “una política correcta de aliados debe tener en cuenta de forma simultánea la política de clases y la política étnica”. Con estas aspiraciones primigenias de transformación política sustantiva, resumiremos someramente el proceso de gestación organizativa del movimiento venezolano de la siguiente manera: En la década de los 70 arranca la creación de algunas organizaciones indígenas regionales. Estas organizaciones tuvieron una vida efímera o un débil, y no sería hasta finales de la década de los 80 cuando nacería definitivamente una plataforma nacional agrupadora de las organizaciones indígenas de la sociedad civil (CONIVE). En los 90 se crean nuevas organizaciones regionales entre las que destaca por su importancia la Organización Regional de Pueblos Indígenas (con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la Iglesia Católica en Puerto Ayacucho), que más tarde influirá a su vez en la creación de partidos políticos regionales en el estado Amazonas bajo las condiciones estructurales que genera la descentralización impulsada por “la nueva gobernanza”. Después de 1999 han surgido nuevas organizaciones civiles de representación indígena, pero su virtualmente nula actividad fuera de los momentos electorales demuestra que en la mayoría de los casos lo han hecho como fachada legal para la postulación de candidatos indígenas a los cargos de representación indígena institucionalizados [1]. También se han gestado desde entonces nuevos mecanismos de movilización de la población indígena desde el entorno del PSUV. Por último, han surgido, aunque todavía no sabemos si fugazmente, algunos nuevos partidos étnicos creados fuera del estado Amazonas por activistas ligados originalmente al movimiento indígena. Relaciones en organizaciones indígenas, partidos políticos y gobierno nacional Con el proceso constituyente de 1999 las organizaciones regionales y especialmente CONIVE atraviesan un proceso de institucionalización como bisagra de la relación entre pueblos indígenas y Estado en Venezuela (Van Cott, 2002; Angosto, 2010). Se producirá una fuerte identificación entre las organizaciones indígenas existentes y los gobiernos bolivarianos, articulada inicialmente a través del MVR, partido central del bloque gubernamental. Conforme el proceso político venezolano se decanta explícitamente hacia el socialismo, Conive y el resto de organizaciones indígenas comienzan a perder influencia efectiva ante nuevas fuerzas de movilización indígena ya más ligadas al MVR primero y al PSUV después (surgido en 2007), cambio político que está reforzado por transformaciones normativas. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, 2005) supone una reestructuración de los órganos estatales que articulan las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. Se crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) como ente ejecutor de la política indígena del país, y esto supone un nuevo reajuste para el movimiento indígena. Una parte de su élite política quasi-profesionalizada (formada generalmente en las organizaciones civiles de representación indígena) pasa ahora a ocupar cargos en la estructura regionalizada del INPI; pero también comenzarán a aparecer alrededor de esta estructura administrativa figuras indígenas principalmente formadas en las filas partidistas del MVR (y posteriormente del PSUV). Con la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI) en 2007 se confirma una inflexión en el funcionamiento del movimiento indígena. A la cabeza del MINPI se situará la yekuana Nicia Maldonado, quien tras haber ocupado la secretaría general de CONIVE en 2005 abandonará de hecho esta plataforma como articuladora nacional del movimiento indígena. Maldonado, enfrentada a una sección del CONIVE encabezada por la wayúu Noelí Pocaterra, se decantará por la creación de un frente indígena militante del bolivarianismo y del socialismo pero fuera de las pre-existentes organizaciones (a pesar de que CONIVE también se declara revolucionaria y socialista). Las organizaciones civiles indígenas, que hasta entonces habían sido esenciales en la articulación de políticas gubernamentales para los pueblos indígenas, pasan a ser prescindibles para el gobierno que cuenta con nuevos organismos específicos en el aparato estatal. En las elecciones regionales de 2008 aparecen opciones partidistas propias para los pueblos indígenas. El movimiento indígena muestra signos más claros de sus crecientes divisiones al posicionarse explícitamente sus líderes como aliados y/o candidatos del bloque progubernamental o del opositor. En 2010, la campaña de las elecciones a la AN (que tiene lugar el 26 de septiembre) confirma la división del movimiento indígena entre los que participan del lado de la llamada Alianza Patriótica (partidaria del gobierno de Hugo Chávez) y los que lo hacen buscando el apoyo de la denominada Mesa de la Unidad (que agrupa a los partidos opositores). Adicionalmente, en estas elecciones despuntan disensiones de fondo en el interior del movimiento indígena inserto en el aparato estatal. Una parte del movimiento, ligado al entorno de poder del MINPI, cuestiona la legitimidad de algunos líderes de organizaciones civiles tradicionales y su alianza con el PSUV para estas elecciones, pues desde su perspectiva esas organizaciones han permitido que emerjan liderazgos indígenas verdaderamente revolucionarios. Cuatro momentos básicos se desprenden de este análisis: a) 1998-1999; b) 2000 hasta 2004; c) 2005 a 2007; d) 2007 a la actualidad. a) 1998-1999. Apoyo mayoritario de las organizaciones indígenas al Polo Patriótico (coalición de partidos alrededor de la figura de Chávez) y gestación de la subsiguiente identificación entre estas organizaciones y las posturas gubernamentales. b) 2000-2004: El movimiento indígena se identifica fuertemente con el bloque político bolivariano en el plano organizacional, discursivo y de acción política. c) 2005-2007: se produce el giro explícito hacia el socialismo en el gobierno bolivariano y se constata una inmediata reacción del movimiento indígena: giro discursivo y una mayor politización y partidización del movimiento indígena, que pasa a adoptar la bandera socialista. Paralelamente se gestan divisiones a lo interno del movimiento, aunque principalmente todavía bajo la misma bandera bolivariana. Nicia Maldonado, que había sido Secretaria General de CONIVE, se lanza a las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) a través de una plataforma propia en la región sur y compitiendo contra otro miembro de CONIVE. Vence, y al año siguiente la facción rival en CONIVE, dirigida por Nicia Maldonado, adquiere las riendas de esta plataforma nacional mientras que Maldonado comenzará a gestarse como la figura indígena más ligada al ejecutivo. d) 2007-2010: fisión interna al movimiento indígena ligado al bolivarianismo. Se crea el MINPI y cercano a él los frentes socialistas indígenas que funcionan independientemente de las organizaciones civiles tradicionales. Por otro lado, sectores de estas organizaciones empiezan a reclamar más abiertamente una recuperación de la independencia frente a los partidos. Algunos líderes del movimiento indígena que militaron en el bolivarianismo aparecen en los momentos electorales ligados a las fuerzas opositoras a los gobiernos de Hugo Chávez. Estrategia general y táctica discursiva Pensamos que no hay evidencias para afirmar que la estrategia del movimiento indígena ha variado en lo sustancial: se aspira a obtener “igualdad cultural”, derechos colectivos (entre los que se incluyen los de titularidad sobre tierras), participación efectiva en la política nacional y cuotas de modernización (tanto a través de proyectos de desarrollo como a través de acceso a servicios sociales). El problema está en cómo se definen esos reclamos, discusión que no abordaremos aquí. Pero las tácticas sí han cambiado evidentemente: hay una parte del movimiento que pretende conseguir esos objetivos a través de una partidización del movimiento o al menos con un nueva orientación del mismo (la línea de los “frentes indígenas socialistas”); otra parte tampoco rehuye la partidización pero está interesada en mantener las organizaciones tradicionales del movimiento; otra parte se desliga ambiguamente de la partidización y pretende volver a posturas originales de independencia de la sociedad civil; sólo una pequeña parte se ha mantenido permanente alejada del movimiento partidista. Desde les tres primeras se opta por ocupar el mayor número posible de espacios de poder institucional en el país, y para conseguirlo los actores indígenas han desarrollado tácticas discursivas que cabe diferenciar en diferentes fases: a) 1999 (momento constituyente): el discurso se basa en el reclamo de deuda histórica, en la equiparación con países del continente e identificación de indigenidad y venezolanidad. b) 2000-2004: Se modula el discurso hacia un mayor desarrollo de la identificación indigenidad y revolución; también se destaca un posicionamiento institucionalista (defensa de la constitución y del marco legal ante golpe de estado y tácticas no institucionalistas de la oposición). c) 2005-2007: Se produce un rápido giro hacia la identificación indigenidad=socialismo. d) 2007-2010: período de diversificación discursiva y táctica. Coincide con la creación del MINPI, que será el foco de profundización de la identificación indigenidad-socialismo y el de presentación de medidas gubernamentales como “indígenas” en carácter (por ejemplo, la de la creación de Consejos Comunales). Del movimiento social al aparato estatal Para una parte de los científicos sociales involucrados en el estudio de los movimientos sociales, y para muchos de los activistas dentro de ellos, la premisa de “mantener distancia con el poder” se contempla como un axioma. Sin embargo, la realidad del movimiento indígena en el continente, al fin y al cabo diversa, desmiente que esta sea una posición universal. Desde los movimientos sociales se han producido transiciones a partidos étnicos (Van Cott, 2005) cuando algunos de sus integrantes consideran que las condiciones son adecuadas y potencialmente beneficiosas para ellos, y en otros casos los actores se han decidido a colaborar estrechamente con partidos políticos ya establecidos, como ocurre en Venezuela actualmente. Hay incluso dos posturas bien conocidas al respecto del distanciamiento del movimiento indígena: la cercana al “cambiar el mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2002) y la próxima a “tomar el mundo para cambiar el poder” (Díaz-Polanco, 2009). Sin embargo, hay otra corriente que mantiene que para lograr cambios sociales sustantivos, y especialmente cambios que puedan lograr transformaciones más allá de las esferas locales o regionales, urge precisamente tomar el poder estatal, aunque sea para transformarlo. En uno y otro caso se puede mantener viva la estrategia planteada por el movimiento indígena desde hace décadas. Sin embargo, también cabe preguntarse si al adoptar estas posiciones no se estará consolidando una división entre actores más favorables a reclamos de “modernización”, que parecen ser los que demuestran más predisposición a asumir la participación partidista y el “asalto al Estado desde dentro”, y aquellos que se inclinan más hacia las concepciones de autonomía, que se muestran más reacios a entrar en la competencia por el control estatal. Notas 1. Desde la aprobación de la CRBV las organizaciones indígenas pueden postular candidatos para ocupar los puestos de representación indígena institucionalizada que la ley garantiza (en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos y en los Concejos Municipales). De hecho, este derecho es también una obligación, pues para optar a estos puestos los candidatos deben ser postulados por organizaciones o comunidades indígenas. Así, los partidos políticos no han podido postular directamente candidatos para estos curules y han buscado las alianzas (y el control) de las organizaciones indígenas. Bibliografía Angosto, Luís Fernando (2010): “Pueblos indígenas, multiculturalismo y la nueva geometría del poder en Venezuela”. Cuadernos del Cendes, nº 73: 97-132. Angosto, Luís Fernando (2008): “Pueblos indígenas, guaicaipurismo y socialismo del siglo XXI en Venezuela”. Antropológica, nº 110: 9-33. Díaz Polanco, Héctor (2009 [2006]): Elogio de la diversidad: globalización, multiculturalismo y etnofagia. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Holloway, John (2002): Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy. Buenos Aires: Colección herramienta. Van Cott, Donna Lee (2005): From movements to parties in Latin America: the evolution of ethnic politics. New York: Cambridge University Press. Van Cott, Donna Lee (2002): “Movimientos indígenas y transformación constitucional en Los Andes: Venezuela en perspectiva comparativa”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 8, nº 3: 41-60. Movimientos Sociales, acciones colectivas: étnicos, territoriales y de trabajadores A gente está em um jogo de cintura com a comunidade: a atuação da associação quilombola de Helvécia frente às empresas de eucalipto Liliane M. Fernandes Cordeiro Gomes O objetivo deste artigo é discutir a atuação da Associação Quilombola de Helvécia – AQH no convívio com as empresas representantes do agronegócio de eucalipto que atuam no distrito de Helvécia, município de Nova Viçosa-BA. A princípio, o que chama a atenção neste distrito, não é uma singularidade, mas sim o fato do mesmo, como tantos outros na região do extremo sul baiano, ter sido, de certa forma, tomado pela plantação de eucalipto. Entretanto, uma observação mais cuidadosa nos faz ver suas idiossincrasias, e nos revela a existência de uma comunidade predominantemente afro-brasileira, reconhecida desde 19 de abril de 2005 como área remanescente de quilombo, que, diante de desmantelamentos estruturais, busca se organizar a partir de ações individuais e coletivas no sentido de continuar a existir. A partir das falas de pessoas que residem naquele distrito é possível identificar dimensões do cotidiano que revelam o significado do viver com o eucalipto em Helvécia, suas expectativas e conflitos. A realização de entrevistas e a análise das falas e silêncios construídos possibilitaram identificar dimensões do cotidiano sócio-cultural dos homens e mulheres de Helvécia na sua relação com a terra. Ressalto que o trabalho com fontes orais ocorre a partir do diálogo entre entrevistador e entrevistado, sendo sempre uma relação dialógica, em que se deve predominar a delicadeza e a sensibilidade de ouvir o outro falar (THOMPSON, 1992). São, pois, as minhas escutas, e os meus olhares que aqui serão apresentados. Através das análises de entrevistas realizadas com camponeses que residem em Helvécia desde antes da chegada da eucaliptocultura foi possível identificar uma rotina associada à posse da terra e ao tempo marcado pela cultura “[...] na qual as tarefas diárias [...] parecem se desenrolar, pela lógica da necessidade, diante dos olhos do pequeno lavrador“(THOMPSON, 1998: 271). A autonomia deste trabalho na terra ocorria através do trabalho coletivo, no qual as famílias camponesas se organizavam no desempenho das mais variadas tarefas associadas à terra.(MARTINS, 1995). Naquilo que diz respeito à produção nas terras de Helvécia, a senhora Célia Mª Silva Zacarias natural daquele distrito, ajuda a compreender um pouco mais daqueles tempos nos quais existia uma exuberância da atividade agrícola ... o que eu alembro da minha época é assim. Quando eu tomei entendimento nos meus treze, quatorze anos, a gente mexia com roça. E era muita dificuldade, que a gente plantava muito e o que a gente vivia era do plantio da roça: mandioca, amendoim, é... meus pais gostava muito de plantar assim... é uma horta, nós tirava muito, lá mermo nós colhia o que nós comia, nós tirava de lá mermo, meu pai criava porco, essas coisas, muuito dendê.xxxvi A idéia deste trabalho como uma tarefa árdua, traduzia uma labuta, ao mesmo tempo em que poderia também indicar a existência de autonomia por parte dessas pessoas, pois o fruto desta labuta era daqueles que trabalhavam em suas terras, o que faz ver uma organização familiar alicerçada na posse da roça. Aquilo que era produzido coletivamente compunha a mesa de refeição daquela família. Cuidar das hortaliças, dos cultivos e da criação era, em última instância, garantir mesa farta. A entrevistada também nos disse que vivia do plantio da roça na qual mexia, na qual seus pais gostavam de plantar. Este tipo de construção não diz respeito exclusivamente ao mundo do trabalho, vejo aí elementos de outras dimensões de sua vida, da vida de sua família, em que, além do labor, aparecem os laços de afeto (BRANDÃO, 1999) e respeito com aquilo que faziam. Nestas memórias, o distrito de Helvécia aparecia de forma a constituir a idéia de um lar, “no sentido especial em que ‘lar’ representa uma lembrança e um ideal” (WILLIAMS, 1989: 377), desta maneira as relações de sociabilidade foram lembradas naquilo que ofereciam de melhor, de mais solidário, mais tranqüilo e seguro. Na realidade de Helvécia, até o ano de 1966 os produtos agrícolas excedentes produzidos pelos camponeses eram escoados através da estrada de ferro Bahia e Minas (LUCCHESI, s.d.). Esta atividade comercial foi afetada em razão da desativação desta ferrovia e da posterior construção, em 1972, da BR 101. Neste contexto se deu a implantação da monocultura do eucalipto Então foi nesse período... que o comércio ficou fraco, muito fraco, aí depois desse período que Teixeira começou a crescer com a BR 101, Posto da Mata também, então eles foram desenvolvendo e aqui foi caindo, foi caindo e ficou mesmo fracassadíssimo mesmo. Então a terra sem valor, depois que já passamos bastante, bem no fim de oitenta a principio de noventa começou a falar em, não sei se foi a Aracruz, acho que foi a Aracruz primeiro, essas empresas aí. A Bahia Sul que hoje é Suzano, Suzano e Aracruz. Começaram a ter noticia que eles iam investir aqui na região. Então alguns fazendeiros de lá da região de Aracruz, lá do Espírito Santo, que já havia lá (o agronegócio do eucalipto) já estava implantado lá, começaram a vir para cá, começaram vir e comprar terra e aí comprava terra baratíssimo, né? xxxvi Este relato diz da existência de uma situação que pode ser apresentada em diferentes momentos. Em primeiro lugar, os moradores de Helvécia que labutavam com a terra, tinham experienciado perdas significativas no que diz respeito ao seu modus vivendi. Por seu turno, fazendeiros da região de Aracruz (ES), informados da necessidade de amplas glebas para a implantação da eucaliptocultura, passaram a comprar terras em Helvécia objetivando promover a especulação. Também representantes das empresas responsáveis pelo agronegócio do eucalipto compraram terras em Helvécia. Isto ocorreu em um tempo em que seus moradores sabiam, porque experimentavam uma depressão econômica, que suas terras estavam desvalorizadas no mercado. O êxito das empresas representantes da eucaliptocultura estava intrinsecamente relacionado à necessidade de terras para o plantio. A este respeito, o governo, desde os primórdios da eucaliptocultura no Brasil, já havia sinalizado sua postura no intuito de garantir “grandes áreas de terras contínuas que pudessem ser adquiridas para a implantação de distritos florestais” (ANDRADE, 2000: 92-93). No I Plano Nacional de Papel e Celulose esta questão foi abordada da seguinte maneira “... a etapa de obtenção de terras é tão essencial ao êxito do projeto que o Governo deverá concentrar nela todos os esforços, utilizando meios objetivos e realistas, inclusive desapropriação...” (MENDONÇA JORGE apud ANDRADE, 2000: 93). Ao que parece, este não foi o caso em Helvécia. Entretanto, outros mecanismos foram utilizados para aligeirar o processo de venda das glebas de maneira a garantir às empresas grandes áreas de terras contínuas. Ora, se levarmos em consideração que muitos dos homens e mulheres de Helvécia tinham sobre o seu domínio pequenas e médias áreas, isso significa dizer que, para que se desse, por parte das empresas de eucalipto, a obtenção de terras contínuas, foi necessário que o processo de venda fosse realizado não por um, ou outro camponês, mas sim pela sua coletividade. Assim, os mecanismos utilizados para convencer diferentes indivíduos constituíam um repertório variado, que oscilava desde propostas aparentemente generosas, para aqueles poucos camponeses que possuíam as escrituras das terras, até a divulgação incisiva dos códigos legais do Brasil que associam a garantia da propriedade das terras à aquisição de titulação. A este respeito, o senhor Manoel Peixoto, comerciante e proprietário de terra em Helvécia, apresentou o seguinte relato: Comprava terra quase dado, trocava terra por mercadoria, por qualquer tipo de mercadoria, [...] Então, é como eu falei, aí eles compraram terra barato, chegava em pessoas aí, que as terras aqui eram apenas terras de herdeiros, tudo mais, então naquele tempo dificilmente uma terra aqui tinha escrituras, essas coisas...xxxvi Há nesta narrativa uma clara associação entre a esporádica existência do porte de escrituras das terras, pelos camponeses de Helvécia, e o fato delas terem sido vendidas por preços baixos ou mesmo terem sido trocadas “por qualquer tipo de mercadoria”. Como afirmou o senhor Manoel Peixoto, muitas delas eram “fruto de heranças”. Regulamentar tais posses implicava gastos. Ora, muitos desses posseiros se viram em uma situação na qual, não tendo dinheiro para regulamentar suas posses, se sentiam ameaçados de perderem as terras. A partir das falas dos moradores de Helvécia, no período em questão, percebe-se que, ali estava se constituindo uma situação na qual “O medo de ficar sem as terras fez com que os camponeses as” vendessem”, a qualquer preço [...]“ (SILVA, 1999: 46), na verdade, “baratíssimo”, como disse o senhor Peixoto. Nas entrevistas realizadas foi possível identificar também o uso de um outro tipo de estratégia, utilizada pelas empresas de eucalipto, no processo da compra das terras. Neste sentido gostaria de analisar uma narrativa, apresentada pelo camponês Sérvulo Constantino Filho, [...] Que as pessoas tinha a terra, chegava lá fazendo conversa bonita, [...] que vinham comprar as terras, mas não ia tirar eles da terra, que eles iam ficar na mesma terra onde estava, entendeu?xxxvi Tais propostas, segundo o entrevistado, foram feitas a partir de códigos comuns aos negócios realizados pelos camponeses de Helvécia. Esta combinação, que não foi honrada pelas empresas, não constava em documento escrito, tendo sido empenhada a partir da palavra dos contratantes. Essa composição, venda de terras e permanência dos antigos posseiros nas mesmas, era algo impossível de atender a uma das necessidades prementes ao desenvolvimento do agronegócio no extremo sul da Bahia. Refiro-me a necessidade da separação entre o trabalhador e os meios de produção (MARTINS, 1995: 158), condição para a relação capitalista se constituir plenamente. Essa transformação espacial contribuiu para que ocorresse a criação de novas necessidades para aquela comunidade, estabelecendo-se inclusive uma dependência entre antigos camponeses e os representantes do capital, em que não tendo mais a propriedade da terra e dos instrumentos para realizar seu labor, restava aos camponeses negociar seu trabalho como possibilidade de troca por salário (MARTINS, 1995) Nem todos os camponeses agiram segundo o script das empresas. Por exemplo, o Sr. Manoel Norberto Henrique de Sena, agiu de forma individual e se recusou a vender sua pequena gleba “Minha mãe eu não vendo, quando ela não dá uma coisa, ela dá outra. Vocês gostam de dinheiro, eu gosto da minha mãe. Ela não acaba. Todo o tempo ela é a mesmaxxxvi“. Tal resistência miúda (SCOTT, 1982) ao que parece não foi capaz de minimamente abalar o projeto da eucaliptocultura, posto que a referida gleba estivesse encravada num “mar de eucaliptos”, entretanto é bom lembrar que “Para os camponeses, pulverizados ao longo da zona rural e enfrentando ainda mais obstáculos para a ação coletiva e organizada, as formas cotidianas de resistência parecem particularmente importantes” (SCOTT, 1982: 11), mesmo que estas não sejam lidas por representantes do Estado e pelas classes dominantes, como significativas. Outros integrantes da comunidade se organizaram coletivamente, e, independente de terem ou não vendido suas terras passaram a lutar pelo reconhecimento do distrito como área remanescente de quilombo. O fato de constar, no pedido de reconhecimento enviado à Fundação Cultural Palmares, por membros da comunidade de Helvécia, um parágrafo, no qual os signatários denunciam mazelas associadas ao plantio do eucalipto nas terras de sua comunidade, é um indicativo de que o processo de reconhecimento de Helvécia como área remanescente de quilombo estava inserido nas estratégias de grupos organizados daquela comunidade, de resistência e negociação nas relações com “as firmasxxxvi”. Este reconhecimento, além de implicar a assunção de Helvécia a ocupação de um novo lugar (ARRUTI, 2006) tornou ainda mais complexo a composição de poder e luta pela terra no distrito, que passou a contar com a possibilidade da chancela de dispositivos legais reconhecidos pelo estado brasileiro, expressos no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (BRASIL, 2002: 159), no sentido de proteger e garantir o uso coletivo das terras de herdeiros. Ao mesmo tempo, conforme relatado por Roseli Constantino, dúvidas e incertezas foram sendo disseminadas entre integrantes da comunidade “ser quilombola não era uma coisa boa, [...] Iria perder sua casa, você não iria ser dono de mais nada”xxxvi. Há indícios que associam essas idéias a pessoas ligadas aos representantes do agronegócio do eucalipto, sabedoras das implicações legais da certificação do reconhecimento e do processo de reterritorialização que a mesma poderia trazer em seu bojo. Ao conseguir o reconhecimento do distrito como área remanescente de quilombo, aquela comunidade agiu, não sem confrontos e fissuras, de maneira a contribuir na composição de um novo cenário, de novos arranjos no jogo de forças entre os atores que atuam naquele lugar em defesa de diferentes projetos. No pedido de reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo, enviado à Fundação Cultural Palmares, em outubro de 2004, os signatários, após um breve relato sobre Helvécia, encerraram assim o documento: “portanto reiteramos pedido de certificação como remanescente de quilombos, reconhecendo (sic), delimitação, demarcação e titulação de nossas terras pelo órgão competentexxxvi”. Entretanto, após o reconhecimento e os embates suscitados por ele, a AQH passou a agir, segundo a senhora Roseli Constantino, da seguinte maneira Helvécia, como eu estava falando já foi reconhecida já como comunidade remanescente, só que a gente deu essa recuada por conta dos conflitos que surgiram, até ameaça de morte e aí em relação a outras comunidades remanescentes, nós tínhamos dois problemas, porque as outras é uma briga entre a comunidade e os latifundiários e aqui não, aqui a gente tinha uma briga com as empresas [referia-se a Aracruz Celulose e Suzano Bahia Sul Celulose] e uma briga interna em relação à própria comunidade não se aceitar, tanto é que teve né abaixo-assinado, [...] esses dias mesmo tivemos contatos com o povo da..., ligaram para nós, o povo da Fundação Cultural Palmares e onde eles iam discutir já a questão da territorialidade, a gente falou –: Não, vamos dar um tempo né? Vamos estar trabalhando nesse momento a questão cultural, [...] não estamos ainda discutindo a questão da territorialidade até por conta dessa falta de conhecimento do povo que é negro, a gente também entende que em Helvécia muitas pessoas têm tido suas terras né? E aí eu sei que muitas pessoas não vão aceitar, por exemplo, uma titulação única, então também isso gerou medo em algumas pessoas, até negras mesmo que têm terra em saber que vai ter essa titulação única e se mudar de governo e se mudar alguma coisa, [...]xxxvi Nesta fala, a líder da AQH deixou clara a permanência do clima de tensão em Helvécia ao mesmo tempo em que identificou dois pólos de conflitos existentes: “aqui a gente tinha uma briga com as empresas e uma briga interna em relação à própria comunidade não se aceitar” O fato de a AQH ter, diante das ameaças veladas e/ou reveladas, recuado e pedido, informalmente, aos integrantes da Fundação Cultural Palmares que não desse andamento ao processo de demarcação e titulação das terras indica a complexidade que este adquiriu na comunidade. Em relação aos conflitos internos, a fala evidencia que estes estão vinculados à não-aceitação e até mesmo rejeição da identidade quilombola e aos receios e dúvidas em relação à dinâmica/forma da titulação terra. Mas não era só, um outro elemento compunha essa relação de tensão em Helvécia. Ele aparece na fala da senhora Roseli quando a mesma discorre sobre o comportamento das empresas após o reconhecimento de Helvécia. Olha com a Suzano a gente não tem muito contato, mas desde que nós pedimos o reconhecimento a Aracruz já nos procurou, [...] começou as ligações, a ligar lá para casa, querer dialogar. Mais de vinte anos de empresa na região, eles nunca vieram, essa vinda dela a partir do reconhecimento... tem nos procurado sempre e nos colocando em uma situação muito complicada, porque enquanto que a Associação, a gente sabe que Associação é contra né? Essa monocultura, mas aí a comunidade por aquilo que eles prometem...xxxvi Por que a mudança de comportamento das empresas de eucalipto – em especial da Aracruz Celulose – tem deixado as integrantes da AQH “em uma situação muito complicada”? Possivelmente porque, dentre as tantas promessas, as firmas traziam novamente à baila um tema caro à população de Helvécia: a geração de empregos. Sobre as investidas da Aracruz Celulose, após o reconhecimento de Helvécia como comunidade quilombola, a senhora Malzinéia menciona um encontro ocorrido em 2007. Na oportunidade, um representante da Aracruz Celulose sinalizou com a possibilidade de implantar um viveiro de eucalipto em Helvécia, gerando empregos, inclusive para as mulheres do distrito. Esta proposição foi feita em reunião com membros da comunidade, incluindo os integrantes da AQH. Para Malzinéia, que participava da AQH desde sua fundação aquela foi uma situação de “impasse entre defender a terra e apoiar o viveiro que está vindo aí justamente para plantar o eucalipto, então é uma contradição muito forte para a gente, muito forte e dolorosa”xxxvi. A respeito destas reuniões feitas amiúde pela Aracruz Celulose com a comunidade de Helvécia, logo após o reconhecimento, a professora Regina Constantino fez a seguinte análise: [...] a gente não sabe com que interesse eles estão fazendo isso, toda vez que eles marcam uma reunião, falam assim: – Chama as meninas da Associação, né? [...] E aí a gente fala assim: – Gente será que no meio dessa reunião, eles não vão falar, não querem jogar o povo contra a gente né? – Ah, não pode ser em Helvécia porque Helvécia é terra de quilombo, não pode mais plantar esse tipo de atividade aqui em Helvécia. Então por isso estamos com medo disso de ser uma jogada da empresa né? Para tentar acabar com a Associação, ninguém nunca vai saber o que está querendo né?xxxvi A senhora Regina vislumbra na ação da Aracruz Celulose, de convidar as “meninas da Associação” para as reuniões feitas por esta empresa com integrantes da comunidade, a possibilidade de uma estratégia de “jogar o povo contra” a AQH. Mesmo sem elementos para asseverar como este tipo de estratégia estaria sendo pensada, a narradora está alerta, afinal, em sua memória, a Aracruz Celulose, para desenvolver seus projetos em Helvécia, não respeitou, em um passado recente, as organizações existentes no lugar. Por outro lado, é importante lembrar que, ao ser reconhecida como área remanescente de quilombo, Helvécia ganhou visibilidade, exigindo das empresas de eucalipto que atuam na região ações que fizessem ver a sua propalada responsabilidade social. Corrobora esta análise, por exemplo, a criação da Associação Arte Helvécia, parceria da Aracruz Celulose com artesãs da cidade para a construção de “produto socialmente justo e ecologicamente correto, [...] com resíduos florestais de eucalipto e sementes da região”.xxxvi Destaco aqui o fato de esta associação ser composta apenas por mulheres, alijadas do campo de trabalho em razão dos “desmantelamentos” ocorridos no distrito. Estas ações são indícios de que Helvécia ocupava um novo lugar. Não era apenas mais um distrito que desde 1980 havia sido tomado pela eucaliptocultura. Este novo lugar havia sido galgado a partir do momento em que fora nomeado e reconhecido como área remanescente de quilombo. Arruti (2006, p. 82), ao falar do significado deste termo, remanescente quilombola, afirma que o mesmo implica, para a população que o assume (indígena ou negra) a possibilidade de ocupar um novo lugar na relação com seus vizinhos, na política local, frente aos órgãos e às políticas governamentais no imaginário nacional e, finalmente, no seu próprio imaginário[...] Este novo lugar, ocupado agora pela comunidade de Helvécia, na relação com as empresas de eucalipto, é identificado pela senhora Roseli Constantino: Às vezes eu fico observando que as pessoas só acreditam naquilo que elas querem, que no fundo, no fundo elas sabem que a vinda da Aracruz aqui só está acontecendo por causa desse reconhecimento, mas eles ainda não atentaram para isso, e ao invés de abraçar [a AQH] ainda há um certa resistência, então a nossa relação com ela tem sido isso aí, a gente não entrou ainda em conflito, mas em todo momento a gente deixa claro quais são os nossos objetivos, algumas pessoas do grupo, da rede [referindo à Rede Alerta Contra o Deserto Verde] que a gente faz parte até ficavam – Cuidado com esse povo da Aracruz. Então todas as vezes que nós reunimos com eles a nossa fala tem sido sempre a mesma, [...] independente de qualquer coisa que vocês vierem trazer, vocês estão sabendo que vocês estão cumprindo a responsabilidade social que é de vocês e que a comunidade em geral quer receber esse beneficio, mas que nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, que a luta da Associação vai ser discutir a questão cultural, social e mais tarde com certeza a questão da territorialidade,[...]?xxxvi Ela sabe da mudança de composição de forças, engendrada pelo processo de reconhecimento de Helvécia, e percebe que outros integrantes da comunidade também o sabem, mas não admitem, em razão dos conflitos internos com a AQH. Referindo-se às relações entre a AQH e a Aracruz Celulose, a entrevistada compôs uma narrativa como se fosse um recado à empresa. Neste, ela falou dos benefícios esperados pela comunidade através de ações de responsabilidade social, ao mesmo tempo em que reafirmou a continuidade das etapas seguintes do processo de reconhecimento de Helvécia como área remanescente de quilombo, o que irá implicar a titulação coletiva da terra. Ainda nesta fala, a senhora Roseli disse do alerta feito por integrantes da Rede “Cuidado com esse povo da Aracruz”. Este alerta apareceu na fala de outra entrevistada de forma mais explicita: O pessoal da Rede né? De outras localidades, nos critica, mas eu gostaria que eles morasse aqui para sentir um pouquinho o que nós sentimos, porque a gente está em um jogo de cintura com a comunidade, porque perdeu o apoio da comunidade você não tem nada, então você fica quase que numa sinuca de bico, tem que saber jogar [...]xxxvi Sinalizando que as ações da AQH, no sentido de recuar frente à questão da titulação das terras, não é consensual entre os pares que contribuíram com o processo de implementação do reconhecimento de Helvécia. Malzinéia, por seu turno, nos convidou a ver a complexidade existente no cotidiano, “porque perdeu o apoio da comunidade você não tem nada, então você fica quase que numa sinuca de bico, tem que saber jogar”. Lutar pela sobrevivência dessa comunidade, Helvécia, era batalhar pela existência da mesma no tempo presente e, portanto, a partir das necessidades, costumes e problematizações agora postas, nas quais se entrelaçava o agronegócio do eucalipto, a aceitação e/ou negação da identidade quilombola, as resistências das elites locais e de pessoas que possuíam uma pequena propriedade em aceitar uma titulação única da terra, as expectativas de movimentos sociais externos à comunidade, os anseios da comunidade por empregos e ascensão social. Em conversas nas vendas, nos encontros nas igrejas, nos banhos no rio Peruípe, nas reuniões nas associações existentes se tecia a história daquele lugar, a partir das ações, de resistência e acomodação, de seus homens e mulheres. O Movimento Negro Unificado e as políticas públicas para as populações negras: elementos para uma análise Luís Gustavo Santos Encarnação Introdução “Quero ver nossas crianças de hoje, no dia de amanhã, de anel no dedo e aos pés de Xangô” (Mãe Aninha) O desafio lançado pela mãe de santo do terreiro de candomblé Ilê Opô Afonjá, citado pela saudosa Ialaxê nilê Axé Opô Afonjá no momento de criação da minicomunidade Oba-biyi – que tinha o objetivo de criar uma nova pedagogia que, através dos códigos culturais comunitários e do reforço dos valores ancestrais de suas crianças, tentasse conciliar a busca por um lugar digno em uma sociedade racista e excludente (de anel no dedo), sem perder a sua identidade cultural (aos pés de Xangô) –, resume de forma precisa os anseios do movimento negro organizado brasileiro contemporâneo. Esta análise (embrionária, por tratar-se de trabalho dissertativo de conclusão de curso de pós-graduação, ainda em andamento) objetiva trazer à luz elementos para a análise de algumas ações desenvolvidas nas últimas três décadas, por aqueles que aceitaram o desafio de transformar o sonho daquela mãe de santo em política de estado. O Estado e os Movimentos Sociais Brasileiros entre as décadas de 1970 e 1980: o processo de construção da participação social democrática As décadas de 1970 e 1980, no Brasil, foram marcadas fortemente pelo recrudescimento das forças da ditadura militar, por um processo de alargamento gradual da democracia brasileira institucionalizada através da Constituição de 1988 e, por fim, responsável também pela consagração do princípio de participação da sociedade civil nas decisões do Estado brasileiro. Neste sentido, Evelina Dagnino nos sugere que o envolvimento dos movimentos sociais no processo decisório e executor das ações do poder público (fruto da luta da sociedade organizada contra o regime militar) encontraria dois marcos importantes neste período: o restabelecimento da democracia formal – e, conseqüentemente, aposta na possibilidade da ação conjunta do Estado e sociedade civil em prol do aprofundamento democrático – e a estratégia do Estado mínimo neoliberal – a partir da eleição do presidente Fernando Collor de Melo em 1989 – de se isentar de seu papel garantidor de direitos sociais (Dagnino, 2004). Reforçando esta idéia, Gisele Cruz nos adverte que, diferente do que preconizam alguns teóricos, não devemos associar o ressurgimento dos movimentos sociais no cenário político brasileiro apenas a certa iniciativa do Estado, que, através da “constituição cidadã”xxxvi, teria aberto as portas para uma participação mais descentralizada e logo, mais democrática, mas sim que essa nova institucionalidade – introduzida pela reforma do Estado brasileiro neste período – teria surgido, entre outros, por conseqüência das aspirações da sociedade civil organizada que, em fins da década de oitenta, já ansiava por participação política direta (Cruz, s/d). Segundo Liszt Vieira a própria idéia de sociedade civil só haveria ressurgido devido a três constatações: primeiro, a percepção da sociedade civil como diferente do Estado e do mercado e, conseqüente limitação da influência destes sobre aquele. Segundo, sua institucionalização pelo sistema legal moderno, oferecendo-lhe condições para o controle do aparelho administrativo do Estado e, por último, o reconhecimento de instituições intermediárias que se situariam entre o indivíduo, de um lado, e o Estado e o mercado, de outro, institucionalizando princípios éticos não passíveis de serem produzidos pela ação estratégica do mercado ou pelo exercício do poder estatal. Entretanto, em sua opinião, todo o processo de reconstrução e ressignificação do próprio conceito de sociedade civil organizada haveria sido fortemente abalado pelo recrudescimento da perspectiva classista marxista e, se veria hoje descaracterizado por uma nova perspectiva meramente individualista (Vieira, s/d). Por outro lado, para estudiosos como Regina Pahim Pinto, essa caracterização dos “novos movimentos” não representariam necessariamente certo esvaziamento do teor político e coletivo dos movimentos sociais, mas, no caso do movimento negro brasileiro, representaria uma inovação em relação aos demais movimentos da época, por relacionar a classe social às questões inerentes ao racismo em nosso país, sem perder as especificidades do movimento, mas também articulando a questão social com outras esferas como a política, a econômica, a educacional e a sexual. Em suas palavras, exemplo disso pode ser notado na tese defendida no III Congresso do Movimento Negro Unificado (MNU) sobre os temas do sexismo e racismo, quando esta aponta para a necessidade de uma análise da situação racial/ sexual brasileira que se efetue “em função da estrutura da sociedade de classes” (Pinto, 1990, p.371). Sobre a complexidade que envolve a relação entre Estado e movimentos sociais na atualidade – e, em específico, no caso latino-americano –, o artigo intitulado “Paradigmas en la investigación de los movimientos sociales en América Latina: abordajes y perspectivas” (Lodeserto, et al., 2010) nos aponta para a novidade entre os novos movimentos sociais que, neste momento, constituem tanto uma crítica “de la regulación capitalista” como uma crítica da “emancipación social socialista tal como fuera definida por el marxismo”. No se trata de soslayar la exclusión baseada em la clase social sino que “nuevas formas de exclusión social, basadas em el sexo, em la raza, em la perdida de calidad de vida, em el consumo, em la guerra, ahora la ocultan o legitiman, o complementan y profundizan. (Souza Santos, 2007, p. 06 In: Lodeserto, et al., 2010, p.66) Para Manuel Garretón os novos movimentos sociais prefiguram novos eixos do conflito social – que já não guardam estreita vinculação com os pilares “trabalho e estado nação” predominante nos séculos XIX e XX. Estes novos eixos se situariam então na democratização política e social, na reconstrução das economias nacionais e redefinição de modelo de modernização, de forma que esto da lugar a actores sociales más ligados a lo sócio-cultural que a lo político-económico; y centrados em reivindicaciones por la calidad de vida y por la inclusión, que em proyetos de cambio social global (Garretón, 2003, p. 12. In: Lodeserto, et al., 2010, p.66) Oscar Oslak, no trabalho intitulado “Estado y sociedad: Las nuevas reglas del juego” (Oszlak, 1997), em que desenvolve um esquema analítico onde situa os processos de transformação do Estado e sociedade contemporâneos, nos apresenta a hipótese de que talvez não tenham sido as regras fundantes do capitalismo, em que se baseiam os vínculos entre Estado e sociedade que tenham variado, mas, provavelmente, a mudança tenha se operado exatamente no campo dos atores políticos, estratégias e resultados do jogo em si. No caso das sociedades latino-americanas, tradicionalmente, o Estado constituía o lócus principal da política, onde desembocavam todas as pressões, demandas e tomadas de posição que deram sucessivos conteúdos à agenda política nacional. Entretanto, colonizado por interesses econômicos, o Estado – com escassa autonomia –, foi orientando suas políticas segundo os ditados e preferências de quem controlava seu aparato institucional. Alcançados os seus limites, a antiga matriz Estado-cêntrica foi-se encaminhando a um modelo de relação que tinha como característica central uma incorporação da sociedade em uma ordem inevitavelmente capitalista, mas cuja adjetivação será o resultado de uma luta política incerta quanto a seus resultados. Quanto ao que refere aos seus pressupostos éticos de equidade distributiva, se será esta nova ordem “social” ou apenas “com rosto humano”, o autor nos responde que, qualquer que seja a resposta, não haveria dúvida que a mesma terá o Estado como protagonista central (Oszlak, 1997). O Movimento Negro Brasileiro: uma apresentação A bibliografia sobre o movimento negro brasileiro pós-abolição reflete uma tendência em compreender sua militância em três grandes momentos: o primeiro representaria o período entre os anos 1900 e 1937 – interrompido pelo golpe de Getúlio Vargas –, o segundo se estenderia entre os anos 1945 e 1964 – período marcado em seu início, pela queda de Vargas e, em seu fim, pelo golpe militar de 64 – e, por fim, entre os anos de 1978 (contextualizado pela distensão política e fundação do Movimento Negro Unificado) até nossos dias atuais. Desta forma, o movimento negro brasileiro – entendido como “a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural” – é, ainda hoje compreendido na bibliografia através de certa “linha evolutiva”, que encontra como seu primeiro marco, a criação da Frente Negra Brasileira (FNB), após três décadas de produção de periódicos para mobilização das populações negras situadas nas grandes cidades brasileiras. Sobre as dezenas de periódicos produzidos neste período e suas bandeiras de luta, Petrônio Domingues afirma: [eles] enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a população negra no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e da saúde, tornando-se uma tribuna privilegiada para se pensar em soluções concretas para o problema do racismo na sociedade brasileira. (...) as páginas desses periódicos constituíram veículos de denúncia do regime de “segregação racial” que incidia em várias cidades do país, impedindo o negro de ingressar ou freqüentar determinados hotéis, clubes, cinemas, teatros, restaurantes, orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, além de algumas escolas, ruas e praças públicas. Nesta etapa, o movimento negro organizado era desprovido de caráter explicitamente político, com um programa definido e projeto ideológico mais amplo. (Domingues, 2007, p. 105) Com a fundação da Frente Negra Brasileira (1931-1937) – entidade de amplitude nacional, que visava à unificação das populações negras brasileiras em torno da “reivindicação de uma abertura ampla e irrestrita da sociedade democrática aos negros” –, o movimento experimenta um período de maior amadurecimento político, sendo que em seu penúltimo ano de existência a entidade transforma-se em partido político, a fim de capitanear os votos “das pessoas de cor”. Embora simpático aos ideais fascistas e buscasse aproximação com o presidente Getúlio Vargas, o novo partido seria extinto logo após a instalação do período autoritário, denominado de “Estado Novo”. Influenciada pela conjuntura internacional de ascensão do nazifascismo, [o partido da Frente Negra Brasileira] notabilizou-se por defender um programa político e ideológico autoritário e ultranacionalista. Sua principal liderança, Arlindo Veiga dos Santos, elogiava publicamente o governo de Benedito Mussolini, na Itália, e Adolfo Hitler, na Alemanha. O subtítulo do jornal A Voz da Raça também era sintomático: “Deus, Pátria, Raça e Família” (...). A FNB mantinha, inclusive, uma milícia, estruturada nos moldes dos boinas verdes do fascismo italiano. A entidade chegou a ser recebida em audiência pelo Presidente da República da época, Getúlio Vargas, tendo algumas de suas reivindicações atendidas, como o fim da proibição de ingresso de negros na guarda civil em São Paulo. Este episódio indica o poder de barganha que o movimento negro organizado dispunha no cenário político institucionalizado brasileiro. (Domingues, 2007, p. 107) O segundo período do movimento negro brasileiro, por sua vez, seria marcado por certa “reprovação e medo” das classes médias brasileiras das possibilidades de “radicalização” do movimento, o que acabou por fragilizá-lo. De forma que, as entidades que subsistiram, direcionaram suas ações para o campo sócio-cultural, “deixando a ação política para as décadas de 1970 e 1980” (Silva, 2007, p. 32). Embora Domingues concorde que neste período o movimento negro brasileiro não possuísse “o mesmo poder de aglutinação da anterior”, é ele quem nos chama a atenção para a entidade criada na cidade de Porto Alegre, em janeiro de 1943, a União dos Homens de Cor, ou “Uagacê” (UHC), como era mais popularmente conhecida; Chama a atenção a escalada expansionista da UHC. Na segunda metade da década de 1940, ela abriu sucursal ou possuía representantes em pelo menos 10 Estados da Federação (Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e Paraná), estando presente em inúmeros municípios do interior. Somente no estado do Paraná, a UHC mantinha contato com 23 cidades em 1948. Em linhas gerais, sua atuação era marcada pela promoção de debates na imprensa local, publicação de jornais próprios, serviços de assistência jurídica e médica, aulas de alfabetização, ações de voluntariado e participação em campanhas eleitorais. (Domingues, 2007, p. 108) Uma importante ressalva merece ser feita neste momento. Em estudo sobre a imprensa negra do período considerado, por muitos autores, como aquele de “recrudescimento do movimento”, Andrews (In: Silva, 2007) nos alerta para certo período de revisão do passado do movimento (1945-1963), que o teria levado a um “amadurecimento ideológico, uma maior conscientização, resultando em reivindicações pelos direitos, participação e representação”, de forma que, os problemas dos negros passaram a ser analisados pelo âmbito da luta de classes. Entretanto, diferente do que apontam alguns autores, o resultado de tal reflexão produz no movimento negro brasileiro uma mudança de perspectiva no conceito de mudança social. (...) o significado e o interesse pelos movimentos sociais reside no fato de, neles, poderem-se captar evidências de transformações profundas da lógica social. O que está em questão é uma nova forma de fazer política, uma nova forma de sociabilidade e uma nova maneira de relacionar o político e o social (Pinto, 1993, p. 17). Neste sentido, o professor Petrônio Domingues – a partir de reflexões sobre o conceito de movimentos sociais de Ilse Scherer-Warrenxxxvi –, analisa que a identidade racial, por parte do movimento negro, seria utilizada não apenas como elemento de mobilização, mas também de mediação das reivindicações políticas, o que faria da “raça” o fator determinante de sua organização em torno de um projeto comum de ação. O Movimento Negro Unificado e a luta pelo direito ao acesso à educação Em um cenário nacional construído por desigualdades étnicas e sociais históricas e amparado de longa data unicamente por políticas públicas generalistas, as portas da exclusão social já conheciam há muito tempo o seu público alvo. Observando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro, desagregado por cor/etnia, observaremos facilmente que a discriminação racial ainda hoje é responsável pela construção de, pelo menos, duas cidadanias neste paísxxxvi. Apenas uma política de dar poderes (autonomiaxxxvi) poderia tratar destas assimetrias ilegítimas de poder e oportunidade. O Movimento Negro Unificado – que marca a última fase de amadurecimento do movimento negro brasileiro –, de âmbito nacional, teve suas origens na organização política de orientação marxista-trotskista “Convergência Socialista” e muitos dos seus militantes encontraram nesta última, sua escola de formação política e ideológica. Neste momento inicia-se o chamado “período de africanização” do movimento – representado pela busca de uma re-significação da história do negro no nosso país e, necessariamente, de valorização de sua culturaxxxvi. Reconhecido o importante papel da população negra no processo de edificação deste país, surge a oportunidade do movimento passar a exigir dos poderes públicos, de forma incisiva, a formulação de agendas que tenham por objetivo a melhoria de vida destas populações e de seus descendentes. Neste momento, tal qual o Movimento Negro Unificado nacional, e seguindo uma tendência já praticada pela FNB desde os anos trinta, a setorial baiana daquele adota o direito à educação para as populações negras como uma de suas principais bandeiras de luta. Entretanto, diferente da FNB, a luta pela democratização do acesso ao ensino já não mais se restringia ao direito à alfabetização, mas questionava a própria estrutura da escola pública, através de proposições para a formação de professores, elaboração de material didático, currículos, e outros (Cardoso, 2005), num estado que se destaca como aquele cuja capital possui o maior número de trabalhadores pretos e pardos, mas também como o responsável pelas maiores desigualdades de escolaridade e diferenças salariais entre brancos e negros (Theodoro, et al., 2008). Neste sentido, os militantes do MNU baiano – formado por artistas, educadores, estudantes universitários e outros membros influenciados pela movimentação cultural baiana já iniciada por grupos como o Ilê Aiyê, o Malê Cultura e Arte Negra, o Núcleo Cultural Afro-Brasileiro, o grupo de teatro Palmares Inarõn e outros – criaram o Grupo de Educação Robson Silveira da Luz, responsável, através da mobilização social e do debate político, pela conquista de uma série de antigas reivindicações do movimento junto ao poder público localxxxvi. Entre as ações desenvolvidas, destaca-se aquela que hoje, talvez represente a maior de suas conquistas no enfrentamento das desigualdades étnicas e sociais do país: a criação da política de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros e indígenas para o acesso ao ensino superior nos cursos das universidades públicas baianasxxxvi. Conclusão Atualmente, período de conclusão das primeiras turmas de estudantes negros e indígenas que ingressaram nas universidades mediante a política de reserva de vagas, novos e antigos questionamentos se entrecruzam no cenário acadêmico e nos meios de comunicação. Pesquisas nos indicam que para alguns cursos, a aplicação das reservas de vagas seria desnecessária e que a universidade atual necessitaria de mudanças significativas para sua efetivação (Cardoso, 2008). Outros nos indicam que, uma vez na academia, estudantes cotistas conseguem ter um aproveitamento similar ou superior ao de estudantes não cotistas, e que a política universalista de acesso ao ensino superior nos teria rendido, nos últimos trinta anos, um crescimento três vezes maior na diferença do acesso entre brancos e negros na universidade (Theodoro, et al., 2008). Estas polêmicas acontecem quando o senado federal aguarda o Projeto de Lei n°.73/99 que institui sistema especial de reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas de educação superior e centros tecnológicos. Considerando-se que a política de reserva de vagas para o acesso ao ensino superior continua cercada por uma série de polêmicas, entendemos que a temática carece, mais do que nunca, de trabalhos referentes a este assunto. Pesquisas que, não apenas busquem a realização de uma avaliação dos resultados obtidos – em muitos casos ainda muito frágeis por serem políticas ainda muito recentes –, mas que nos possam oferecer a dimensão humana da participação dos atores de um movimento social que, “por intermédio [de suas] múltiplas modalidades de protesto e mobilização (...) vem dialogando, não apenas com o Estado, mas principalmente com a sociedade brasileira. (...) [e cuja trajetória] vem se caracterizando pelo dinamismo, elaboração e reelaboração, em cada conjuntura histórica, de diversas estratégias de luta a favor da integração do negro e erradicação do racismo na sociedade brasileira” (Domingues, 2007, p.122). Referências Bibliográficas Cardoso Nádia Instituto Steve Biko - juventude negra mobilizando-se por políticas de afirmação dos negros no ensino superior [Livro]. - Vitória da Conquista : UESB, 2005. Vol. Dissertação de Mestrado. Cruz Gisele dos Reis Gestão Pública Participativa: O papel da reforma do Estado e dos movimentos sociais [Online]. - s/d. - 02 de junho de 2010. http://www.achegas.net/numero/38/gisele_38.pdf. Dagnino Evelina ¿Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? [Seção do Livro] // Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización / A. do livro Mato Daniel / ed. Venezuela Universidad Central de. - Caracas : FACES, 2004. Domingues Petrônio Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos [Periódico]. - Paraná : Unioeste, 2007. Held David Desigualdades de poder, problemas da democracia [Seção do Livro] // Reinventando a esquerda / A. livro Miliband David / trad. Filker Raul. - São Paulo: UNESP, 1997. Lodeserto Alicia [et al.] Paradigmas en la investigación de los movimientos sociales en América Latina: abordajes y perspectivas [Seção do Livro] // Ciudadanía territorial y Movimientos sociales / A. do livro ” En: Morel Teresita Celia Basconzuelo y Simon Susen. - [s.l.] : Ediciones del Icala, 2010. Mattos Wilson Roberto de Programas de ações afirmativas: Inclusão e igualdade racial na formação de uma nova cultura universitária [Periódico]. - Salvador : UNEB, 2007. Oszlak Oscar Estado y sociedad: Las nuevas reglas del juego [Livro]. - Buenos Aires : Coleção CEA-CBC, 1997. - Vol. 1. Pinto Regina Pahim Movimento negro e etnicidade [Livro]. - Rio de Janeiro : Estudos Afro-Asiáticos, 1990. - Vol. 19. ________________ O Movimento Negro em São Paulo: Luta e Identidade [Livro]. - São Paulo : Departamento de Antropologia. Universidade de São Paulo, 1993. - Vol. Tese de Doutorado. Santos Jocélio Teles dos e Queiroz Delcele Mascarenhas Vestibular com cotas: análise em uma instituição pública federal [Online]. - 2006. - 10 de março de 2010. http://w3.ufsm.br/afirme/ARTIGOS/ensinosuperior/es05.pdf. Silva Marcelo Leolino da A história no discurso do Movimento Negro Unificado: os usos políticos da história como estratégia de combate ao racismo [Livro]. - São Paulo : Universidade Estadual de Campinas, 2007. - Vol. Dissertação de Mestrado. Theodoro Mário (org) [et al.] As políticas públicas e a Desigualdade Racial no Brasil 120 anos após a abolição [Livro Eletrônico]. - Brasília : Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2008. Vieira Liszt Cidadania e Controle Social. In: Cruz, Gisele dos Reis. Gestão Pública Participativa: O papel da reforma do Estado e dos movimentos sociais [Online]. - s/d. - 02 de junho de 2010. - http://www.achegas.net/numero/38/gisele_38.pdf. Estratégias de resistência rural: uma leitura dos enfrentamentos verificados no acampamento Carlos Marighella, localizado no Estado da Bahia – Brasil Tarcísio Fernandes Cordeiro