1) ser inédito - Revista Temas Atuais de Processo Civil

Transcrição

1
REVISTA ELETRÔNICA - ISSN 2236-8981 - VOLUME 2. N. 5. MAIO DE 2012
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
2
EDITORIAL
A edição atual da Revista Temas Atuais de Processo Civil apresenta três artigos sobre temas
sempre relevantes no cenário jurídico brasileiro e mundial.
Na abertura, Jorge Peyrano apresenta os novos horizontes da oralidade e da escritura,
abordando o tema a partir da sua relação com questões ligadas ao direito probatório. Na
sequência, Igor Raatz analisa criticamente a incorporação dos chamados precedentes
obrigatórios no direito brasileiro, questionando a aptidão destes para lidar com os problemas
centrais do fenômeno jurídico. Por fim, Jonathan Lemos oferece um estudo profundo sobre o
tema da motivação das decisões, tratando das mais diversas questões que enolvem o trato do
tema.
Os textos forncem um panorâma reflexivo para a lida com os temas emergentes do direito
processual contemporâneo, todo intimamente conectados com as dicussões sobre o Novo
Código de Processo Civil brasileiro.
Agradecemos aos autores e aos professores Paulo Junior Trindade dos Santos e Felipe
Scalabrin, pelas imprescindíveis contribuições para o fechamento da presente edição.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Os Editores
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 2. N. 5. MAIO DE 2012
3
SUMÁRIO
NUEVOS HORIZONTES DE LA ORALIDAD Y
DE LA ESCRITURA ...................................................... 4
Jorge W. Peyrano
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS OU PRECEDENTES À BRASILEIRA? ............................................. 35
Igor Raatz
GARANTIA À MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES*................................................................................. 51
Jonathan Iovane de Lemos
4
NUEVOS HORIZONTES DE LA ORALIDAD Y
DE LA ESCRITURA
Jorge W. Peyrano 1
“Sólo piensa de verdad quien ante un problema
en vez de mirar únicamente por derecha
hacia lo que el hábito, la tradición, el tópico
y la inercia mental harían presumir, se mantiene
alerta, pronto a aceptar que la solución brinque
del punto menos previsible en la gran
rotundidad del horizonte..”
José Ortega y Gasset
Resumen: 1 - Advertencias Previas; 2. Introducción; 3. El canon prevaleciente: el llamado proceso
por audiencias como modelo de práctica de la prueba en juicio contencioso de conocimiento amplio y
en sede civil; 4. Ventajas del modelo prevaleciente en materia de práctica de la prueba en sede civil;
A. La inmediación; B. Mejor aprovechamiento de las denominadas pruebas personales; C.
Apreciacion conjunta de toda la prueba a medida que se va produciendo; D. Favorece la pronta
satisfacción de explicaciones, el presto sometimiento a careos y la inmediata formulación de
aclaraciones; E. Insoslayable identidad física entre el juez que recibe la prueba y el que emite el
pronunciamiento de mérito; 5. Desventajas del modelo prevaleciente en materia de práctica de la
prueba en sede civil; A. Pronto dictado de la sentencia de mérito; B. Desgaste físico y emocional del
magistrado que recibe la prueba; C. No siempre una pronta valoracion de la prueba y ulterior presto
dictado de la sentencia de mérito, se traducen en una eficiente prestación del servicio de justicia; D.
La agenda de señalamiento de audiencias de prueba; 6. La inmediación procesal: clave de una más
rendidora práctica de la prueba; A. Generalidades; B. Qué hacer cuando la declaracion de parte o de
1
Abogado, egresado con medalla de oro, de la Facultad Católica de Derecho de Rosario. Doctor en Ciencias
Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, y Vocal de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Rosario. Profesor titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho (UNR). Profesor
titular de Derecho Procesal I de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Rosario. Consultor
Internacional del Banco Mundial en el programa de fortalecimiento del Poder Judicial de Perú (1996), profesor
honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), profesor honorario de la Universidad
Nacional de Perú "Federico Villarreal" (Lima), profesor principal honorario de la Universidad de San Agustín de
Arequipa (Perú), profesor honorario de la Universidad Católica de Arequipa, profesor honorario de la
Universidad San Luis Gonzaga de ICA (Perú), profesor visitante del centro Universitario Regional del Norte
(San Pedro Sula), dependiente de la Universidad Autónoma de Honduras, profesor del Doctorado en Ciencias
Jurídicas y Sociales organizado por la Facultad Católica de Derecho de Rosario, entre otros. Se ha desempeñado
como Director Académico de numerosas carreras de posgrado en diferentes Universidades del país. Presidente y
miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Procesal; miembro de la Asociación Internacional de
Derecho Procesal, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, entre otros. Integrante del Registro de Expertos para la conformación de Comisiones Asesoras y
Comités de Pares de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Premios y distinciones:
Premio Academia otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (1995) y
Premio Konex 2006 (Humanidades) en el rubro Derecho Procesal, Internacional y de la Integración. Autor de
treinta libros relacionados con la materia procesal civil y comercial, y de cuatrocientos ensayos, monografías y
colaboraciones publicadas en distintas Editoriales Jurídicas del país. Co-director y miembro del Consejo de
redacción de la Revista de Derecho Procesal, Ed. Rubinzal-Culzoni, Director de la Revista Jurisprudencia
Santafesina, de la Revista Jurisprudencia de Chaco y de la Revista Jurisprudencia de Corrientes, entre otras.
5
testigo presenta indicios que conspiran contra su credibilidad; C. Clases de inmediación procesal, en
la actualidad; D. Cómo incorporar las nuevas tecnologías audiovisuales e informáticas de modo tal
de posibilitar la inmediación virtual y la sensorial no presencial cuando ello no ha sido regulado
expresamente?; 7. Documentación de la prueba producida; A. Documentación por escrito. Acta o
protocolo de audiencia; B. Documentación audiovisual de la práctica de la prueba en sede civil; C.
Documentación digitalizada de la prueba practicada; 8. Un proceso civil posible, desde la
perspectiva de la práctica de la prueba, frente a la situación imperante. ;
9
Conclusiones;
10
Referencias.
1 ADVERTENCIAS PREVIAS
Por de pronto, alertamos acerca de que, nos ceñiremos, en lo que atañe a la materia, al área del
proceso civil, sin perjuicio de que muchas de las afirmaciones que formularemos se nos ocurran
traspolables al ámbito de otros fueros. Estrechando, un poco más, el muy amplio campo de acción que
todavía podría abarcar la tarea encargada, también señalamos que centraremos nuestra atención en la
prueba a producir en primera instancia –grado jurisdiccional éste que concita el mayor interés en la
actualidad 2- y en el seno de un proceso contencioso de conocimiento amplio (juicio ordinario, por
ejemplo) con generación de pruebas. El descripto es el campo de Agramante donde más
encarnizadamente se debate todavía respecto de las bondades de una u otra de las alternativas que
plantea el epígrafe, dado que tal discusión no se plantea respecto de otro tipo de causas, cuales serían,
vgr., los ejecutivos de toda laya, los de naturaleza monitoria, aquellos que por su índole hacen
prevalecer acusadamente la forma escrituraria y los que tutelan ciertos nuevos derechos 3.Asimismo,
comunicamos al lector que consideramos imposible ofrecerle un panorama completo de lo que sucede
en todas las latitudes respecto del asunto cuyo análisis se nos ha atribuído. Preferimos, entonces,
proporcionar alguna información que reputamos sustanciosa y diseñar propuestas que, deseamos, se
encuentren dotadas de alguna originalidad y de cierta aptitud operativa porque no son épocas propicias
para las especulaciones meramente teóricas
4
. Finalmente, subrayamos que hemos procurado no
internarnos en el tratamiento de asuntos confiados a otras ponencias. Empero, resulta ser que se
encuentran tan interrelacionadas que no hemos podido evitar del todo, intromisiones no queridas.
2
MORELLO, A., Tendencias dominantes en la litigación civil, Santa Fe, 2002, p.75.
CAPELLETTI, M., La oralidad y las pruebas en el proceso civil, Buenos Aires 1972, p. 8. OTEIZA, E.,
Informe nacional argentino, p. 3 al pie de página.
4
BIAVATI, P., “Tendencias recientes de la Justicia Civil en Europa”, Revista de Derecho Procesal, Vol. 1,
2008, p. 538.
3
6
Siempre a título previo, diremos ahora –repitiendo lo que se dijera en Bruselas- que “el
problema de la prueba debe ser objeto de continua reflexión” 5. Las líneas que siguen aportarán,
creemos, algunos nuevos motivos de reflexión que, obviamente, no constituirán un nuevo punto de
llegada, sino un estímulo en pro de seguir reflexionando.
Concluyendo el presente introito, consignamos que las que siguen son reflexiones que hacen
foco en la práctica de la prueba en sede civil, entendida ella como “el conjunto de actos del juez, de las
partes y de otros sujetos procesales mediante los cuales se realizan o producen los medios de prueba
admitidos” 6; y sin perder de vista que también comprende la documentación de sus resultas 7.
2 INTRODUCCIÓN
Establecido lo anterior, destacamos que en la actualidad el concepto de prueba civil ha
alcanzado un nivel empinado en la escala axiológica procesal. Se habla, con razón, acerca de
que “la prueba es el alma del proceso” 8; reconociéndose que existe un “derecho a probar” 9
completado por un derecho a una debida y explicitada valoración de la prueba producida 10.
Más aún: hoy resulta válido pergeñar nuevas definiciones del proceso civil, ahora desde la
perspectiva probatoria. Así, considerarlo como un espacio democrático de reconstrucción de lo
pretérito. Existe un renovado interés –adoptando ideas firmemente defendidas por Taruffo 11- por
favorecer que la solución del litigio sea justa y para que así ocurra es menester resolver valorando
adecuadamente los elementos de convicción allegados a la causa, intentándose eludir, en la medida de
lo posible, soluciones in extremis (cual sería, v. gr., la aplicación de la regla de la carga de la prueba)
que confesamente se apartan de la búsqueda de la verdad 12. Repetimos: en los tiempos que corren no
5
Tal consideración se formuló en el curso del Coloquio que tuviera lugar en Bruselas, en octubre de 2001, sobre
la temática “Encuentro de los procedimientos judiciales en Europa”.
6
ORTELLS RAMOS, M., “La prueba”, Derecho Procesal Civil, Pamplona, 2007, p. 361.
7
VÁZQUEZ SOTELO, J. L., Informe solicitado por el ponente, p.15.
8
Acertada expresión del profesor ROGER PERROT, pronunciada en el curso del VII Congreso Internacional de
Derecho Procesal celebrado en Würzburg (Alemania Federal, 1983).
9
MORELLO, A., “La prueba: evolución 1980-2002”, Avances Procesales, Santa Fe, 2003, p. 442.
10
MARINONI, L., Informe nacional brasileño, p. 8 al pie de página: “La necesidad de que el juez justifique sus
propias razones, demostrando el motivo por el cual prefiere una prueba en relación a la otra, es nada más que un
corolario del derecho a la prueba, ya que como es evidente el derecho a probar no se resume en la posibilidad de
producirla sino también al derecho de tener esa prueba valorada”.
11
TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Madrid, 2005.
12
PEYRANO, J. W., “La regla de la carga de la prueba enfocada como norma de clausura del sistema”, Revista
Jurídica La Ley, Boletín del 23 de abril de 2008: “La procedencia de la solución judicial de un litigio gracias a la
aplicación de la regla de la carga de la prueba debe considerarse de interpretación restrictiva cuando en el curso
del proceso respectivo se ha producido prueba. En este caso, la debida fundamentación de la resolución
7
es bienvenida la idea de que el órgano jurisdiccional es un mero solucionador de conflictos, como
fuere y con renuncia a desentrañar la realidad de los hechos 13. Posiblemente, el prestigio alcanzado por
el concepto de tutela judicial efectiva haya conspirado grandemente en tal sentido. 14
3 EL CANON PREVALECIENTE: EL LLAMADO PROCESO POR AUDIENCIAS
COMO MODELO DE PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN JUICIO CONTENCIOSO DE
CONOCIMIENTO AMPLIO Y EN SEDE CIVIL
Conocido es que el denominado proceso por audiencias coincide, en buena medida,
con lo que antiguamente se llamaba “juicio oral”. Ahora bien: esta última locución aludía
simplemente a la forma prevaleciente mediante la cual se expresan las ideas volcadas en el
curso de un proceso 15 o, si se prefiere, guarda relación con el proceso cuya definición debe
basarse, de manera primordial, en el material proferido oralmente, mientras que la referencia a
un proceso por audiencias es mucho más amplia. Es que alude a un montaje procesal que no
constituye una mera técnica referida a la práctica de la prueba, sino un sistema complejo y
completo enderezado a favorecer una tutela judicial efectiva. Bien se ha apuntado que “la
adquisición del proceso por audiencias supone una transformación revolucionaria del
enjuiciamiento civil porque posibilita en el marco dialogal la actuación de los principios y
reglas procesales fundamentales de inmediación, publicidad, instrumentalidad, adecuación de
las formas, paridad de armas entre las partes que se convierten en colaboradores
indispensables por el logro de la justa composición del conflicto” 16; a lo que podría agregarse,
como ingredientes identificatorios, la instrumentación de la audiencia preliminar en vista a
fines conciliatorios y/o saneadores y el montaje de un debate procedimental sencillo y ágil. En
respectiva debe incluir un estudio pormenorizado de todas las pruebas producidas y la explicitación de las
razones por las que se las considera insuficientes para demostrar lo que se debía probar”.
13
PICÓ I JUNOY, J., El juez y la prueba, Barcelona, 2007, p. 120.
14
BARBOSA MOREIRA, J. C., “Tendencias contemporáneas del Derecho Procesal Civil”, Revista del Proceso,
San Pablo, Nº 31, 1983. GUIMARAES RIBEIRO, D., La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva,
Barcelona, 2004,.
15
PICÓ I JUNOY, J., Informe nacional español, p.1: “La oralidad o escritura son las dos formas externas que
pueden adoptar las actuaciones procesales. En consecuencia, son las dos formas externas que pueden adoptar las
actuaciones procesales. En consecuencia, los principios de oralidad y escritura podrían definirse como aquellos
en función de los cuales la sentencia debe basarse sólo en el material aportado en forma oral o escrita,
respectivamente. Sin embargo, en la actualidad, no existe un proceso totalmente oral o escrito”.
16
BERIZONCE, R., “Colaboración procesal, método del contradictorio y régimen de la prueba en el proceso por
audiencias”, Revista de Derecho de Daños, Nº 5, Buenos Aires, 2002, p. 121.
8
dicho ramillete de excelencias, destaca el hecho de que en su seno resulta más viable que, al
decir de Marcel Storme, “la búsqueda de verdad sea una obra común para la cual deben
colaborar el juez y las partes”.
Asiduamente, se afirma que el proceso por audiencias es más presto que el que no
discurre por dicho carril. Sin embargo, la realidad suele contradecir tal aseveración 17. Es
ilustrativo lo que informa Vázquez Sotelo sobre el particular, en lo que atañe a la reciente
reforma procesal civil española 18.
De todos modos, es tan marcada la preferencia por la oralidad que no faltan mandas
constitucionales que la han impuesto en materia procesal, como es el caso de España 19 y
Venezuela 20. La aludida preferencia resulta alentada por la existencia de varias normas
transnacionales –v,gr el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del
Hombre y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- que pensadas
primigeniamente para que rigieran en el proceso penal, se han venido extendiendo merced a
interpretaciones de Cortes de Justicia transnacionales.
Sabido es que no se dan en la realidad legislativa procesos puramente escritos o
exclusivamente orales. En la práctica, siempre son mixtos, con prevalecencia de alguno de
los polos opuestos 21.
Tampoco puede hablarse de un solo tipo de procesos por audiencias 22, ya que su
entramado en los códigos es variado. Alemania, por ejemplo, registra una oralidad con ribetes
más acusados
23
que el modelo español 24. Éste creemos, guarda varios puntos de contacto con
el proceso por audiencias concebido por el Código General del Proceso Uruguayo de 1989 y
17
PEYRANO, J. W., El proceso civil. Principios y fundamentos, Buenos Aires, 1978, p. 315.
VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, cit., p. 8.
19
El artículo 120.2 de la Constitución Española que establece que: “El procedimiento será predominantemente
oral, sobre todo en materia criminal”.
20
QUINTERO TIRADO, M., Informe nacional venezolano, p. 2: “El artículo 257 de la Constitución de la
República bolivariana de Venezuela de 1999 constitucionalizó las bases del proceso venezolano, diciendo que
tales procedimientos judiciales o administrativos deben ser breves, orales y públicos”.
21
22
DE LOS SANTOS, M., “El Código modelo y su influencia en la República Argentina”, Revista Jurídica
Jurisprudencia Argentina, 2004-III.
23
PÉREZ RAGONE, A., Informe nacional alemán, p.1: “La oralidad fue considerada central no sólo desde el
punto de vista externo del proceso para su celeridad y transparencia, sino además, desde lo interno, para el logro
más coherente de la incorporación y apreciación de la prueba para el logro de una sentencia lo más legitimada
posible. El juez debe apreciar y valorar la prueba según los cánones de la libre apreciación... La reforma de
simplificación del proceso del año 1976 reforzó aún más el funcionamiento del proceso oral”.
24
Los contenidos de los informes españoles, así lo revelan.
18
9
por el Código Procesal Civil de Perú de 1993. Cabe acotar que el modelo venezolano, también
incluye-como se verá infra- características más acentuadas que las corrientes.
Pensamos que tanto para el legislador como para la doctrina autoral el proceso por
audiencias sigue siendo el proceso ideal 25, y también lo es para nosotros. Cómo no defender
las virtudes de un modelo que - además de las ventajas que ofrece en materia de práctica de la
prueba, que examinaremos infra -favorece el poder de dirección del proceso reconocido hoy
al juez civil 26, dificulta la perniciosa delegación judicial cuando ella no es legalmente
admitida 27, asegura el control social sobre la labor jurisdiccional al brindarle una mayor
publicidad al proceso 28, proporciona mucho menos campo fértil para la inconducta procesal 29
porque “en la clandestinidad del expediente escrito se emprenden toda clase de maniobras que
no se introducirían en el aireado y bien iluminado del juicio oral” 30 y, finalmente, se trata de
un modelo de proceso donde “estando todos sentados en la mesa común” hay ahorro de los
llamados ”tiempos muertos del trámite” (traslados, notificaciones, etc.).
Todo lo referido es cierto. Ahora bien: las bondades del modelo en estudio se dan en
tanto y en cuanto se respeten determinados parámetros sobre lo que nos explayaremos más
abajo. No es, entonces, un modelo utilizable urbi et orbi, sino dónde y cuándo correspondiera.
Afortunadamente, no faltan voces que han alertado respecto de los excesos de entusiasmo
suscitados por el proceso por audiencias, produciéndose así una suerte de opacamiento de su
brillo aunque sin llegar ello a desvanecer su papel estelar en el universo procesal. Tales voces
provienen de varios frentes y avisan respecto de ciertas sombras que aquejan al proceso por
audiencias. Enumeraremos, algunas: a) ciertos certámenes científicos trascendentes que
mostraron una reducción del énfasis puesto sobre la oralidad y las bondades de los procesos
por audiencias 31; b) las desventajas que ofrece el proceso por audiencias tal y como se lo
concibe mayoritariamente en la actualidad y al que nos referiremos más adelante, claro que
sin perjuicio de poner de resalto todas sus bondades que son muchas; c) la experiencia de
25
PODETTI, J. R., Teoría y técnica del Proceso Civil, Buenos Aires, s/d., p. 79.
PEYRANO, “El proceso”, cit., p. 313.
27
OTEIZA, E., Informe nacional argentino, p. 4.
28
29
DE LA COLINA, S., Derecho y Legislación procesal, Buenos Aires 1925, tomo I, p. 376: “Los vicios del
procedimiento escrito provienen de extremarse su aplicación. Así se ve, por un lado, que litigantes de mala fe
asistidos por letrados sin escrúpulos, embrollan y confunden los asuntos más sencillos, bajo el amparo de las
facilidades que este procedimiento ofrece para multiplicar los escritos y los incidentes”.
30
EISNER, I., La inmediación en el proceso, Buenos Aires, 1963, p. 84 al pie de página.
31
Nos referimos, por ejemplo, al VIII Congreso Internacional de Derecho Procesal celebrado en Utrech, en 1987.
26
10
alguna reforma procesal civil reciente que ha incorporado al proceso por audiencias, y que ya
presenta “síntomas de fatiga” 32; d) una fuerte corriente de opinión en pro de la revalorización
de la prueba escrita con la consiguiente disminución de las ventajas del proceso por
audiencias que logra su máximo rendimiento cuando se trata de las llamadas pruebas
33
personales (interrogatorio de partes, testifical). Así, Biavati entiende que “en verdad, en la
mayoría de los casos la prueba en Italia, hoy en día, es escrita” 34. Dicha revalorización es
admitida aún por quienes se muestran partidarios decididos del proceso por audiencias 35.
Igualmente, cabe consignar que en la misma línea se enrolan recientes regulaciones
comunitarias europeas 36. Contribuye, juntamente con otros motivos más tradicionalmente
invocados, a explicar la mencionada revalorización de la prueba por escrito, la circunstancia
de que “la evidencia documental no necesita del esfuerzo del juez, quien recibe los
documentos (o los objetos) sobre su escritorio y sólo tiene que concentrarse en distinguir los
materiales relevantes de los irrelevantes” 37.
No se crea, por fin, que la opción se debe efectuar, necesariamente, entre las dos
alternativas mixtas que proporciona el panorama procesal actual en materia de práctica de la
prueba civil. A saber: una oralidad “actuada” y fragmentaria
38
donde, v.gr., lo manifestado
por los testigos se vuelca en soporte papel mediante la confección de una audiencia en el
mejor de los casos presidida por el juez, y un proceso por audiencias que, como se verá,
presenta algunos inconvenientes operativos. Pensamos que existe otra opción mejor y
superadora, a la cual proponemos denominar oralidad informática o digital 39. Éste,
imaginamos, es el proceso posible –sobre el que abundaremos más adelante- que no es
32
Así lo consigna Picó I Junoy en su informe.
34
BIAVATI, P., Informe nacional italiano, p. 9.
35
TAVOLARI, R., Informe nacional chileno, p. 9.
36
BIAVATI, “Informe”, cit., p. 9: “La reciente regulación de la Comisión Europea Nº 861/07 que establece un
procedimiento europeo para los pequeños juicios considera a la prueba escrita como la forma normal de
investigación y hace que la prueba oral sea posible sólo bajo condiciones particulares... Las normas de
procedimiento ante la Corte de Justicia de la Comunidad Europea y de las otras cortes europeas en Luxemburgo,
incluyen tanto la prueba oral como la escrita...Sin embargo, la experiencia práctica muestra que la prueba escrita
es absolutamente prevaleciente y la medida de investigación más utilizada es la solicitud de información y
producción de documentos”.
37
BIAVATI, “Informe”, cit., p. 1.
38
OTEIZA, “Informe”, cit., p. 6.
39
BIAVATI, “Tendencias”, cit., p. 531.
33
11
estrictamente el ideal imaginado por el genio chiovendiano 40, pero para otra época y distintas
necesidades 41.
4 VENTAJAS DEL MODELO PREVALECIENTE EN MATERIA DE PRÁCTICA DE
LA PRUEBA EN SEDE CIVIL
El modelo en estudio que tiene la oralidad como forma expresiva privilegiada en el
terreno de la práctica de la prueba, presenta señaladas ventajas en el rubro.
A La inmediación
Presupone un contacto directo y personal del juez con los elementos de prueba que
debe valorar para resolver
audiencias
43
42
. Por supuesto que no es una nota exclusiva del proceso por
, pero en su seno se concreta con mayor plenitud y mejores consecuencias.
Postergaremos su estudio pormenorizado, desde el punto de vista de la práctica de la prueba,
para más luego. Eso sí: desde ya puntualizamos que la gran mayoría de los partidarios de la
inmediación procesal, sólo piensan en una indispensable inmediación “física”. Este aspecto
nos moverá, en su momento, a efectuar algunas consideraciones
40
CHIOVENDA, G., “Relaciones entre las formas del procedimiento y la función de la prueba”, Ensayos de
Derecho Procesal Civil, Tomo 2, Buenos Aires, 1949.
41
BIAVATI, “Informe”, cit., p. 10: “Una importante corriente de la literatura italiana actual, desde Giuseppe
Chiovenda en adelante, ha considerado al desarrollo oral del caso como el mejor camino para llegar a la Justicia.
Pero este enfoque no puede lidiar con los problemas de la estructura y organización judicial y uno se podría
preguntar si Chiovenda insistiría en la misma posición si viviera hoy en día. De todos modos, es cierto que los
problemas deberían ser enfrentados observando la realidad y saliendo de cualquier jaula ideológica”.
42
EISNER, I., “La inmediación en el proceso”, Revista Jurídica La Ley, Tomo 99, p. 894: “Hemos explicado en
términos generales como “inmediación”, al principio en virtud del cual se procura asegurar que el juez o tribunal
se halle en permanente e íntima vinculación personal con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso,
recibiendo directamente las alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias, a fin de que pueda conocer
en toda su significación el material de la causa, desde el principio de ella, quien, a su término, ha de pronunciar
la sentencia que la defina”.
43
CHIOVENDA, G., Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo 2, Madrid, 1922, p. 174: “El principio de la
inmediatezza tiene una estrecha relación con el principio de la oralidad, puesto que en la aplicación más
consecuente de la oralidad la relación entre las partes y entre las partes y el juez, es precisamente directa e
inmediata; pero no existe ahí coincidencia absoluta entre los dos principios, y puede tenerse inmediatezza en el
proceso escrito y mediatezza en proceso oral”
12
B Mejor aprovechamiento de las denominadas pruebas personales
Media consenso en que la prueba testifical y el interrogatorio de partes
44
alcanza su
mejor rendimiento en un proceso por audiencias.; manteniéndose, sin variantes, el papel
desempeñado por la prueba documental. Sin embargo, se ha apuntado que la incorporación
del proceso por audiencias en recientes reformas procesales, ha adunado alguna mejora
adventicia en el ítem 45.
Militan serias razones que justifican dicho mejor aprovechamiento: la solemnidad del acto
(audiencia) presidida por el magistrado en vez del lamentable espectáculo de su ausencia 46 y
también la presencia judicial “cara a cara” predisponen –en alguna medida, al menos- a emitir
relatos verídicos 47.
C Apreciacion conjunta de toda la prueba a medida que se va produciendo
La totalidad de la prueba, también la pericial 48, debe ser practicada durante el curso de
la respectiva audiencia de prueba. Parra Quijano insiste en que el juez debe hacer
“anticipadamente la valoración que retiene en su memoria con cada medio de prueba y los va
relacionando con los que se vayan practicando y así sucesivamente, hasta lograr la totalidad y
la valoración surge sin realizar proezas o actos heroicos... Se debe afirmar que o hay
audiencia concentrada para realizar todos los actos de prueba e inmediatamente los alegatos y
la sentencia o es preferible mantener el sistema escrito” 49. Sin embargo, claro está, algunas
pruebas suscitan particulares dificultades para hacer realidad el dogma. Así, por ejemplo,
acontece con la pruebas “por imágenes satelitales” captadas por empresas particulares y
44
TAVOLARI, R., “Informe”, cit., p. 6: “La capacidad de convencimiento de la producción de la prueba en
audiencia, esto es, con la presencia del juez, llega a su altura mayor cuando se trata de la prueba de relatos, sea
que los mismos estén a cargo de las partes –declaración o interrogatorio de partes, o confesión, según las normas
positivas de cada país- o de terceros, sea que se exija a éstos especial versación técnica acerca de la materia que
es objeto de relato, evento en el cual hablamos de peritos, sea que meramente se exija a ellos haber percibido con
sus sentidos los hechos, caso en el cual aludimos a los testigos”.
45
VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, cit., p. 15: Señala la práctica del intercambio de las fotocopias de los
documentos presentados por las partes al finalizar la audiencia previa, ha derivado en que se reconozca la
autenticidad de dichas fotocopias cuando no son impugnadas.
46
EISNER, “La inmediación”, cit., p. 5.
47
KIELMANOVICH, J., Teoría de la prueba y medios probatorios, Santa Fe, 2001, p. 69. MUÑOZ SABATÉ,
L., Técnica probatoria, Barcelona, 1983, p. 131.
48
PARRA QUIJANO, J., Informe nacional colombiano, p. 5.
49
PARRA QUIJANO, “Informe”, cit., p. 4.
13
empleadas para demostrar asuntos tales como la erosión de suelos y daños ambientales en
general. En ellas, obviamente, el juez no ha presenciado su actuación y se han producido fuera
de la presencia judicial.
D Favorece la pronta satisfacción de explicaciones, el presto sometimiento a careos y la
inmediata formulación de aclaraciones
Estando “todos sentados en la misma mesa” 50, se posibilita la pronta respuesta a
interrogantes suscitados en el curso de la audiencia de prueba; interrogantes generados no sólo
por las declaraciones, por ejemplo, de partes o testigos, sino también por el tenor de
dictámenes periciales 51.
E Pronto dictado de la sentencia de mérito
El modelo procesal en estudio, clásicamente entendido, presupone una pronta
sentencia de mérito dictada poco después de finalizada la audiencia donde se practicara la
prueba. Es que sus bondades se potencian aún más cuando el tribunal conserva en sus retinas
y oídos las resultas de la práctica de la prueba 52.
5
DESVENTAJAS
DEL
MODELO
PREVALECIENTE
EN
MATERIA
DE
PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN SEDE CIVIL
A Insoslayable identidad física entre el juez que recibe la prueba y el que emite el
pronunciamiento de mérito
50
CAPPELLETTI, “La oralidad”, cit., p. 50.
52
ORTELLS RAMOS, M., “Los principios del proceso en particular”, Derecho Procesal. Introducción, con
Ortells Ramos, M., Cámara Ruiz, J., Sánchez, R., Valencia, 2003, p. 304: “En efecto, tener presente, en el
momento de dictar la sentencia, las alegaciones orales, cómo se ha desarrollado la valoración de la prueba y los
términos de la discusión oral final, sólo es posible, sin recurrir a documental, si entre el momento de producirse
aquéllos y el momento de sentenciar, no media un período de tiempo prolongado que haya borrado de la mente
del juez el recuerdo del material procesal”.
51
14
Ortells, con razón, dice que el núcleo del modelo en estudio “consiste en que sólo los
jueces y magistrados que, integrando el órgano jurisdiccional, han presenciado y dirigido la
práctica de los medios de prueba en los actos del juicio o de la vista, pueden dictar sentencia
en el proceso correspondiente” 53. Se ha señalado que dicha identidad, siempre se encuentra
amenazada “por traslados, defunciones, enfermedades, ascensos, jubilaciones, etc.” 54. A tanto
se llega para preservar dicha identidad física que, en el marco de la futura reforma procesal
chilena, se ha propuesto mantener la competencia del juez que recibió la prueba para dictar
sentencia, en casos de ascensos o traslados 55.La reciente modificación de la reforma procesal
civil española, también incluye alguna norma que, a nuestro juicio, constituye un esfuerzo
excesivo por mantener la referida identidad física 56.
Los inconvenientes producidos por la “movilidad” de la magistratura en virtud de las
circunstancias señaladas, aumentan geométricamente cuando se trata de tribunales colegiados,
en razón de motivos obvios. También acusa ribetes que hacen meditar sobre la conveniencia
de defender a ultranza la mencionada identificación física, la intervención de instancias
superiores revisoras que no han presenciado la práctica de la prueba producida
57
y la
problemática que ello produce.
B Desgaste físico y emocional del magistrado que recibe la prueba
La debida práctica de la prueba –que es la columna vertebral del proceso por
audiencias- reclama una particular atención judicial para obtener buenos resultados 58, ello en
53
ORTELLS RAMOS, M. ,”La prueba”, “Derecho”, cit., p.362.
55
SILVA, J. P. Y DOMINGUEZ, J. P., “Principios fundamentales del procedimiento civil: diagnóstico y
proposiciones a la luz de un nuevo ordenamiento”, Justicia Civil y Comercial: una reforma pendiente, SILVA,
J.P., GARCIA, J. F., LETURIA, F., Santiago de Chile, 2007, p. 440.
56
Nos referimos al artículo 194 .1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española que establece, aún cuando admite
algunas excepciones, que: “En los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio, la
redacción y firma de la resolución, en los tribunales unipersonales, o la deliberación y votación, en los tribunales
colegiados, se realizarán, respectivamente, por el Juez o por los Magistrados que hayan asistido a la vista o
juicio, aunque después de ésta hubieran dejado aquéllos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del
asunto”.
57
VÁZQUEZ SOTELO, J. L., “Informe”, p. 9, señala la paradoja consistente en que mientras la nueva LEC
hispana de 2000 al posibilitar la documentación audiovisual de las sesiones de prueba mejora la revisión
encomendada a la segunda instancia, por el otro implica un retroceso en la dosis de oralidad asignada al segundo
grado jurisdiccional.
58
FALCÓN, E., Tratado de Derecho Procesal Civil, Comercial y de Familia, Tomo III, Santa Fe, 2006, p. 48:
“Téngase presente que en los procesos orales en presencia del tribunal, juega mucho el lenguaje corporal y la
atención del juez es importante para obtener un mejor resultado”.
54
15
miras a advertir contradicciones, provocar careos, requerir aclaraciones, etc. y todo sin
solución de continuidad. Parra Quijano exige que la práctica de la prueba debe “estar bajo el
yugo de la atención”, vale decir bajo una percepción que no apunte a un simple registro sino a
una actitud dinámica, captando todo lo que los medios probatorios aporten, y haciendo
constantemente armonizaciones y críticas a medida que se van produciendo 59. Debe, pues, el
juez en cuestión estar dotado de una particular resistencia a la fatiga física 60 y al desgaste
emocional. No resulta, entonces, tarea sencilla encontrar magistrados que reúnan tales
condiciones. Por añadidura, sabido es que la atención humana decae con el transcurso del
tiempo y es un principio de Oratoria que el pico se produce hacia los treinta minutos de
presenciar una exposición para ir cediendo luego, paulatinamente 61. No obstante ello, se
compele a magistrados, muchos de los cuales carecen de las fuerzas propias de la juventud, a
presidir durante largas horas, audiencia tras audiencia.
C No siempre una pronta valoracion de la prueba y ulterior presto dictado de la sentencia
de mérito, se traducen en una eficiente prestación del servicio de justicia
El modelo reclama, como ya se dijera, una pronta resolución que, a veces, puede
generar una decisión precipitada, sin mayores reflexiones e injusta. Chiovenda ya había
alertado acerca de dichos peligros 62.
En tal sentido, nos parece que el proceso por audiencias instrumentado recientemente
en Venezuela, es, precisamente, un paradigma de la eventual desventaja del modelo que
venimos examinando. En efecto, dispone que: “concluido el debate, el juez se retirará de la
audiencia por un tiempo que no será mayor de treinta minutos mientras que las partes
permanecen en la Sala de Audiencias. Vuelto a la Sala, el Juez pronunciará oralmente su
decisión expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de
hecho y de derecho. Dentro del plazo de diez días, se extenderá el fallo completo por escrito y
se agregará a los autos” 63.
59
61
Lo apuntado explica algunas prácticas judiciales inconvenientes a la hora de presidir sesiones de prueba. Vide
de GARCÍA PAREDES, A., “Un nuevo recurso de apelación”, La Ley (España), entrega del 23 de mayo de
2008.
62
CHIOVENDA, “Principios”, cit., p.137.
63
QUINTERO TIRADO, M., “Informe”, cit., p. 3.
60
16
D La agenda de señalamiento de audiencias de prueba
He aquí, a nuestro entender, el talón de Aquiles del modelo bajo la lupa.
En otra oportunidad, afirmamos que “estamos persuadidos de que buena parte de la
responsabilidad por las demoras imputadas a los tribunales del fuero civil radica en la
imposibilidad física de ampliar el cronograma de audiencias que diariamente deben conceder
los órganos de la jurisdicción. No puede ello sorprender cuando se repara en que la mayoría
de los medios de prueba requieren para su producción la fijación de audiencias. Sabido es que
cada juzgado no puede otorgar más allá de un cierto número de audiencias diarias lo que
redunda en que prontamente se encuentran fijado audiencias a concretar en fechas lejanas.
Todo ello provoca morosidad en la dilucidación de los litigios y, por supuesto, la necesidad de
los jueces de presenciar y presidir tales audiencias con el correlativo descuido de otros
cometidos inherentes a sus funciones” 64.
Exigida la presencia inexcusable del magistrado en las audiencias de prueba y no
pudiendo fijar más que un número limitado de ellas por día, se sigue que un tribunal que
tramita miles de causas (lo que es habitual, en países latinoamericanos) se encontrará
prontamente señalando audiencias a tres o cuatro años vista. Adviértase que inclusive en
España –que es un país con un nivel de litigiosidad inferior al de otros países con economías
menos favorecidas y con consiguientes dotaciones numéricamente inferiores de jueces – se da
la apuntada disonancia entre la realidad y la programación llevada a cabo sobre el particular
por el codificador cuando imaginara el funcionamiento de la nueva LEC hispana 65.
Ciertamente que puede prestarse algún alivio a la sobrecargada agenda de audiencias
del tribunal, llevando adelante una suerte de privatización
de la producción de cierta
prueba 66; aceptando así –en asuntos donde no se encuentra involucrado el orden público,
mediando acuerdo de partes (sobre lo que volveremos infra) y en lo atinente a elementos de
convicción cuya práctica no arroja complicaciones (v.gr., el reconocimiento de una
documental privada)- la posibilidad de que hasta se actúe fuera del ámbito del tribunal y en
64
PEYRANO, Jorge W. “La privatización, transferencia o tercerización de funciones judiciales”, Procedimiento
civil y comercial. Conflictos procesales, Tomo 1, Rosario, 2002, p. 113.
65
PICÓ I JUNOY, J., “Informe”, cit., p. 8: “Partiendo de la plena vigencia del principio de oralidad en el sistema
de Enjuiciamiento Civil español, lo cierto es , que en la práctica plantea algún problema. El más relevante es la
sistemática infracción judicial de los plazos procesales en el señalamiento de las actuaciones orales (vistas,
juicios, comparecencias)”
66
SOSA, T., Reingeniería procesal, La Plata, 2005, p.121. PEYRANO, “Procedimiento”, cit., p.114.
17
ausencia del juez
67
. Quizás, hoy haya llegado la hora para el proceso civil de cuño romano-
canónico, de incorporar algo del discovery period del proceso estadounidense para la práctica
de determinadas pruebas 68. Téngase en cuenta que aún en países donde existe un fuerte
respeto hacia la inmediación procesal, la necesidad – “que tiene cara de hereje”- ha
convalidado, por ejemplo, la celebración de audiencias privadas de testigos fuera del ámbito
del tribunal, previo acuerdo de partes, y sin presencia judicial 69.
Asimismo, puede citarse alguna otra herramienta adventicia para optimizar la agenda
de audiencias de pruebas del tribunal. En tal sentido, merece traerse a cuento la propuesta de
consultarse mutuamente (tribunal, convocados y letrados) respecto de la fecha de fijación de
una audiencia probatoria que se avecina 70, evitándose así sorpresas e inconvenientes,
especialmente a los convocados. En 2005, la reforma al Código Procesal Civil francés parece
aceptar dicha posibilidad 71.
6 LA INMEDIACIÓN PROCESAL: CLAVE DE UNA MÁS RENDIDORA
PRÁCTICA DE LA PRUEBA
A Generalidades
Siempre que se habla, y bien, de la inmediación procesal –ese contacto directo y sin
intermediarios- 72 entre el magistrado y la prueba a medida que ésta se actúa- se está, a veces
inadvertidamente, hablando del siguiente marco: una audiencia donde los sujetos involucrados
en la materia probatoria (partes, testigos, peritos, etc.) convergen ante la presencia física del
magistrado de la causa quien, primordialmente, observará a aquéllos y escuchará lo que se le
67
PEYRANO, J.W., Procedimiento civil y comercial. Conflictos procesales, Tomo 1, p. 114.
CAPPELLETTI, “La oralidad”, cit., p. 526; PALOMO, D., “Reforma del proceso civil chileno. Algunos
apuntes”, Justicia Civil y Comercial: una reforma pendiente, p. 463; VIAL, J. “Una mirada desde el Derecho
norteamericano”, Justicia Civil y Comercial, una reforma pendiente, p. 708.
69
La Cámara Nacional en lo Comercial Sala D de la ciudad de Buenos Aires el 22 de junio de 2007, en
“FALCÓN, FOX S.A. c. IPF S.A. –Ordinario” convalidó la celebración de una audiencia de testigos fuera del
ámbito del tribunal y sin presencia judicial, previo acuerdo de partes y suscripción de un reglamento sobre el
particular.
70
ARBONÉS, M, “Mecanismos procesales para la recepción de la prueba y algunas sugerencias prácticas para
mayor efectividad”, La prueba en el proceso, con Angelina Ferreyra de De la Rúa, Córdoba, 2007, p.27.
71
72
EISNER, “La inmediación”, cit., p.34.
68
18
diga, explique, aclare o se le dictamine. El enfoque clásico del asunto, ha privilegiado la
importancia de la percepción personal y directa 73 que le posibilita al magistrado, por sobre el
tema de la documentación “para futura memoria” de lo ocurrido durante el transcurso de la
audiencia respectiva.
La referida percepción directa judicial que permite la inmediación procesal mediante
la actuación de la prueba frente a los ojos y oídos judiciales, posibilita que el magistrado
presente perciba también, por ejemplo, el llamado lenguaje corporal 74 o no verbal 75 que
integra la comunicación junto con el verbal. Es que toda comunicación personal utiliza dos
medios, uno verbal y el otro gestual. Por eso se ha dicho que es casi tan necesario ver el
interrogatorio como oírlo 76. En el punto es tradicional recordar la frase de Ayrault que
advierte que “cuando la boca calla, los gestos hablan” 77.
La inmediación procesal se contrapone a la mediación procesal. Reinando ésta, no se permite
la percepción personal del órgano jurisdiccional del material probatorio a medida que se va
produciendo, por considerar que ello podría perjudicar la imparcialidad judicial 78. Se
73
SIMÓN, L, Informe nacional uruguayo, p.3: “La inmediación asegura al juez el conocimiento directo del
objeto litigioso, le permite captar no solamente el contenido de la declaraciones de partes, testigos o pericias,
sino la forma en que son vertidas, las vacilaciones, dudas, pausas, matices, etc. de un modo absolutamente
inviable en los procesos escritos, donde generalmente son recogidas por un auxiliar, quien a su vez registra lo
declarado que luego ha de ser interpretado por el juez al momento de decidir”. Sobre la percepción como medio
de prueba siempre deben traerse a cuento las consideraciones de Francesco Carnelutti vertidas en “La prueba
civil”, traducción de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, 2ª edición, Buenos Aires 2000, p.56.
74
FALCÓN, “Tratado”, Cit., p. 27: “La comunicación es mucho más que las palabras que emitimos; éstas forman
sólo una pequeña parte de nuestra expresividad como seres humanos. Las investigaciones demuestran que en una
presentación ante un grupo de personas, el 58% del impacto viene determinado por el lenguaje corporal- postura,
gestos, contacto visual,- el 35% por el tono de voz y sólo el 7% por el contenido de la presentación”.
75
TAVOLARI, “Informe”, cit., p.5: “En efecto, establecido que la oralidad tiene lugar cuando el procedimiento
se estructura en audiencias no parece aventurado sostener que la denominación se torna insuficiente: es que la
comunicación no verbal, aquella que se verifica a través del lenguaje corporal, a través de los gestos, de la
expresión facial, de la mirada, del volumen y entonación de la voz, puede concluir transmitiendo al otro una
información diferente de aquél que escucha a través de las simples palabras”.
76
YOUNG, T., Técnica del interrogatorio de testigos, Buenos Aires, 2001, p. 174.
77
GORPHE, F., La apreciación judicial de las pruebas, Buenos Aires, 1967, p. 33.
78
MONROY GÁLVEZ, J., Informe nacional peruano, p. 12: “Finalmente, desde una perspectiva procesal, el
tránsito de la renovada importancia de la oralidad respecto de la escritura es, simple y llanamente, la evolución
ideológica de una concepción consolidada en la Edad Moderna según la cual la garantía de una decisión correcta
dentro de un proceso judicial estaba dada por la posibilidad de obtener que el juez que debía resolver los casos
no se interiorizara del conocimiento material de los hechos ni de los personajes que intervienen en el conflicto,
es decir, que mientras más abstracta y genérica fuera la información que tenía respecto del conflicto contenido
en el proceso y de los sujetos involucrados en él, sería mayor la posibilidad de que se obtenga una decisión
idónea. En una concepción así, la escritura cumple una función esencial. En efecto, por la escritura se concreta el
objetivo de que el juez no tenga que conocer a los litigantes y tampoco a los testigos de los hechos que
acaecieron y, por cierto, mucho menos el lugar donde aconteció. El juez sólo debe leer el paquete de hojas
cosidas que contienen todo lo afirmado y probado por las partes a lo largo de varios meses y años. Con tal
19
reemplaza dicha percepción por la de intermediarios (relatores, audiencistas) que informarán
al magistrado sobre las resultas de la prueba producida.
Párrafo aparte merece la audiencia en sí donde se deberá, en principio, actuar toda la
prueba en presencia del magistrado de la causa.
En primer lugar, debemos señalar que su, digamos, “escenificación” no está
desprovista de consecuencias. No es el tema que nos ocupa, así que lo abordaremos de
rondón. Resulta un hecho comprobado que la ubicación de los protagonistas de una audiencia
de prueba influye sobre el sistema de comunicación entre ellos y sobre la posibilidad de mejor
indagar los hechos
79
En el renglón, se da preferencia al llamado sistema circular de entorno
que favorece la interactividad porque todos los participantes se observan recíprocamente,
articulandose así una comunicación fluida y clara 80. No gozan de igual prestigio, otros
sistemas –con reminicencias de la Inquisición- en los cuales el tribunal se enfrenta al
declarante que da las espaldas a los demás intervinientes en la audiencia 81.
En segundo término, no debe perderse de vista que el principio de contradicción
campea también, sin reservas, en el seno de la audiencia de práctica de las pruebas 82.
Por fin, descontamos que un mejor rendimiento de la práctica de la prueba, supone un
juez activo que preside a la audiencia respectiva. Pero sin asumir un protagonismo absoluto.
Así, acontece que, por ejemplo, suelen ser más rendidores los interrogatorios efectuados por
las partes que los materializados por el magistrado 83 .
B Qué hacer cuando la declaracion de parte o de testigo presenta indicios que conspiran
contra su credibilidad?
Sucede que en el decurso de la práctica de una prueba personal, el órgano
jurisdiccional puede experimentar percepciones que lo inclinan a desconfiar de la credibilidad
de la versión de la declarante 84. Se ha dicho, por algunos, que ciertos comportamientos de los
margen de separación de la realidad, el juez no podía ser afectado por los sentimientos, intereses y otros detritus
emocionales que contiene cualquier conflicto de intereses”; CAPPELLETTI, “La oralidad”, cit., p. 44.
79
FALCÓN, “Tratado”, cit., p.41.
80
81
82
83
84
CARBONE, C., “Interés de documentar el comportamiento procesal relevante de las partes en el proceso
escrito”, Valoración judicial de la conducta procesal, con Jorge W. Peyrano, Santa Fe, 2005, p. 286.
20
declarantes (gestos, vacilaciones, contradicciones, rubor, palidez, dificultad expresiva, etc.),
constituyen verdaderos indicios 85 con influencia sobre la credibilidad de la declaración.
En verdad, la doctrina clásica siempre se ha referido a los mencionados atisbos de
poca credibilidad de la versión del declarante, tratándolos en forma extensa. Así lo han hecho,
Caravantes 86, Bentham que enumera y analiza los síntomas de miedo en el declarante 87;
Döhring que se circunscribe más a los visajes del rostro 88; Gorphe que memora una
amplísima sintomatología para verificar la credibilidad del declarante 89 y Mario Pagano
siempre recordado a raíz de una cita chiovendiana 90.
Sobre lo que no se ha discurrido demasiado, es acerca de qué debe hacer el juez frente
a la concurrencia de dichos atisbos de mendacidad.
En el tema, se debe ser particularmente prudente porque pueden existir plurales
motivos que justifiquen, v.gr, una actitud vacilante o timorata del declarante; contándose entre
ellos su poca capacidad narrativa 91. Además, la conducta emotiva es equívoca 92, dependiendo
del grado de sensibilidad del declarante (que experimenta, por ejemplo, temor reverencial ante
la presencia del juez); requiriendo una inusual finura psicológica 93 separar “la paja del trigo”,
es decir la conducta del mendaz del proceder del particularmente sensible a raíz de su
comparecencia frente a los estrados judiciales.
Creemos que los jueces han sido muy prudentes en la materia. Tanto es así que no abundan
resoluciones judiciales donde expresamente los tribunales hayan descartado el valor
probatorio de una declaración, en mérito de los susodichos indicios de falta de credibilidad del
declarante 94. No hemos constatado, v.gr. que el rubor o el tartamudeo de un testigo haya
conspirado en sentido contrario a la atendibilidad de sus dichos. Más allá de tratarse de
85
CAPPELLETTI, “La oralidad”, cit., p.93: DÖHRING, E., La prueba, su práctica y apreciación, Buenos Aires,
1996, p. 66; CARBONE, C., “Interés” cit., p. 286.
86
CARAVANTES, J., Tratado histórico, crítico, filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil,
según la nueva Ley de Enjuiciamiento, T. 2, Madrid, 1856, p. 256.
87
BENTHAM, J., Tratado de las pruebas judiciales, Buenos Aires, 2002, p.178.
88
DÖRING, La prueba, su práctica y apreciación, p. 68.
89
GORPHE, “La apreciación”, cit. , p.236.
90
CHIOVENDA, “Relaciones”, cit., p. 494.
91
DEVIS ECHANDÍA, H., Compendio de la Prueba Judicial, Tomo 2, Santa Fe, 1984, p. 112.
92
GORPHE, “La apreciación”, cit., p. 351: “Sin embargo, el estado emotivo, por si solo constituye un indicio
equívoco, ya que las reacciones afectivas dependen de la sensibilidad individual; CORNERO, G., “Valor
probatorio de la conducta procesal”, Valoración judicial de la conducta procesal, con PEYRANO, J. W., p.217.
93
CARBONE, “Interés”, cit., p.289.
94
Forma excepción un caso- espigado en Revista Jurídica La Ley, Tomo 95, p. 606, ocurrido hace cinco décadas
y en época donde no existía el test de ADN- en el cual se atribuyó una pretensa hija a un padre a raíz de que en el
curso de una audiencia el juez constató que el demandado se conducía con apatía y hasta rehuyendo enfrentar a
la actora con su mirada
21
indicios equívocos, como ya se ha expresado, no debe pasarse por alto que la razonabilidad de
tal descalificación no sería controlable en forma alguna por una eventual Alzada, por más que,
como algunos quieren 95 se hubieran consignado tales atisbos en el acta escrita que
documentara la prueba en cuestión. Por añadidura, se vislumbra que la consignación actuarial
de tales indicios en el acta de audiencia, será motivo de duros cuestionamientos y de plurales
planteos a la hora de tratar de incorporarlos al protocolo de la audiencia.
Así las cosas y como regla, interpretamos que el tribunal que percibe los mencionados
indicios en el momento de actuación de la prueba, deberá limitarse en el curso de la audiencia
respectiva a requerir inmediatamente 96 precisiones y aclaraciones a los declarantes ,a formular
repreguntas, a materializar careos; y todo ello con destino específico a conceder (o negar)
credibilidad a la versión fáctica aportada 97.
C Clases de inmediación procesal, en la actualidad
Predomina, todavía, un concepto de inmediación procesal circunscripto a la presencia
física del juez en ocasión de la práctica de la prueba. Se trata, pues, de una inmediación física
presencial. Pero hoy, y cada vez con más fuerza, puede darse una inmediación virtual 98 que
permita que el juez asista a la práctica de la prueba e inclusive, interactúe con sus
protagonistas, en tiempo real, pese a su ausencia física del lugar donde se desarrolla aquélla.
Estamos aludiendo a la videoconferencia 99 para asegurar la inmediación en el supuesto de
distancia física entre el tribunal y algún protagonista de la prueba a practicar;
videoconferencia que, por ejemplo, posibilita una menos gravosa cooperación del testigo con
el Servicio de Justicia 100. Dicha tecnología ha sido aceptada por regulaciones comunitarias
95
CARBONE, “Interés”, cit., p.289.: “Nosotros nos enrolamos en la corriente de opinión que expresa que, salvo
expresa prohibición legal, el juez puede hacer constar a través del actuario los gestos antes ejemplificados:
pensamos que no se trata de tener especiales percepciones psicológicas o dotes extraordinarias para hacer constar
un quiebre de voz, una desviación aislada o permanente de la mirada hacia el careado o hacia el juez, un llanto,
un rubor o sobresalto ante una pregunta, o lágrimas, sonrisas, silencios prolongados ante determinadas preguntas
o confrontaciones con objetos o personas realizadas en las audiencias, etcétera, por cuanto tales constancias
constituyen datos objetivos no sustentados en subjetividades arbitrarias o descabelladas del tribunal”.
96
SIMÓN, “Informe”, cit., p.3.
97
YOUNG, “Técnica”, cit., p. 75.
98
PÉREZ RAGONE, “Informe”, cit., p.10.
99
PEYRANO, J. W., “El proceso civil que viene”, Libro del Congreso de Academias Iberoamericanas de
Derecho, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 1999, p. 819.
100
PICÓ I JUNOY, “Informe”, cit., p. 5. Toribio Sosa acota en el informe que se le solicitara y a p. 4, lo
siguiente: “En EE.UU, desde 1971, en la ciudad de Williamsburg (Virginia) existe un Centro Nacional para las
22
europeas 101 y por recientes reformas procesales 102; sorprendiendo que la modificación de
2000 de la ley española y a diferencia de lo ocurrido en Alemania 103, no haya previsto
expresamente nada sobre el particular 104. Obviamente, las videoconferencias se prestan para
múltiples usos procesales ventajosos y no sólo para el apuntado. Así, acontece con la
videoconferencia destinada a evitar el dispendioso y triste espectáculo consistente en el
traslado de presos desde las cárceles en que se encuentran hasta recintos tribunalicios, a
efectos de que presten declaración.
Pero, además, en la actualidad también se registra una fuerte corriente de opinión en
pro de que, llegado el caso, sea válido acudir a una inmediación sensorial no presencial. Nos
estamos refiriendo a la filmación de las audiencias de prueba, admitida por varios
ordenamientos procesales 105. Es decir que ellas se puedan y deban registrar por medios
audiovisuales y/o electrónicos, lo que equivale a manifestar que las actuaciones probatorias
respectivas se documentarán mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y
del sonido, por más que no faltan voces que consideran, con buena dosis de razón, que tal
terminología es anticuada 106.
La reproducción de la imagen y sonido de lo ocurrido en el curso de la audiencia de
prueba posibilita una inmediación sensorial (el juez observa y escucha, lo sucedido) que
puede ser no presencial (el juez no estaba físicamente presente mientras se actuaba la prueba).
Dicho tipo de inmediación (la sensorial, no presencial) conserva la mayoría de los atributos
de la inmediación física. Volveremos sobre esto último, más abajo.
Cortes del Estado (National Center for State Courts),, encargado de atender a los tribunales locales y federales
mediante asistencia directa y programas de investigación y capacitación. El Centro cuenta con un laboratorio de
Tecnología Judicial encargado de localizar y testear tecnologías aplicables a la labor tribunalicia. Además, tiene
un juzgado experimental, llamado “Courtroom 21” (corte del siglo XXI), el lugar tecnológicamente más dotado
del mundo en materia judicial. Entre otros avances tecnológicos, en ese juzgado experimental, ya en 1999 las
audiencias podían llevarse a cabo sin necesidad de que sus protagonistas estuvieran físicamente presentes,
cualquiera sea el lugar de planeta en que estuviesen, a través de teleconferencia en tiempo real, cuyo sonido e
imagen se va automáticamente registrando para su conservación y reedición”.
101
BIAVATI, “Informe”, cit., p.10.
102
PÉREZ RAGONE, “Informe”, p. 10: “La reforma del año 2002 introdujo el 128 A, por el cual se regula y
permite el empleo de medios de transferencia de sonidos e imágenes en el proceso. Así se ha dado el fenómeno
de la morigeración de la oralidad presencial, sustituida por una nueva escrituralidad mediatizada...”.
103
Artículo 128 a) inciso 1ª e inciso 2º de la ZIP alemana.
104
RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento civil. Cómo gestionar los litigios civiles, Tomo 1, Barcelona 2008, p.
725.
105
Así, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil española, artículo 147, ZPO alemana, artículo 160 a.1 y
artículo 125 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro (Argentina) de 2007.
106
RAMOS MÉNDEZ, “Enjuiciamiento”, cit., p. 777. Considera que debe hablarse de “prueba por medio de
documentos multimedia”.
23
D Cómo incorporar las nuevas tecnologías audiovisuales e informáticas de modo tal de
posibilitar la inmediación virtual y la sensorial no presencial cuando ello no ha sido
regulado expresamente?
A los fines expuestos en el epígrafe, es preciso, sin duda concretar una suerte de
reingeniería procesal 107. Uno de los pilares de dicha reingeniería procesal, reside en la
concesión de validez a los acuerdos procesales celebrados entre las partes tendientes a aceptar
las ventajas de las nuevas tecnologías audiovisuales y digitales, pese a que el código procesal
aplicable hubiera omitido incorporarlas.
Los llamados contratos o negocios jurídicos procesales son conocidos desde larga data
y en la época procedimentalista fueron considerados con benevolencia 108. Pero hoy, el
advenimiento del procedimentalismo y la consiguiente visión más pública del proceso civil
determinaron la adopción de una actitud reticente y más bien contraria a los procesos
contractuales 109, que son las que reconocen, hasta cierto punto, que las partes puedan crear
algunas normas procesales en ejercicio de la autonomía de la voluntad.
Afortunadamente, un sector de la doctrina autoral contemporánea comenzó a
discriminar casos, conservando así la susodicha reticencia sólo cuando se trataba de asuntos
relacionados con el orden público procesal 110.
Por supuesto que no se trata de afirmar que la validez de los negocios jurídicos
procesales se debe imponer, sin más y en todos los supuestos, al juez 111.
El negocio jurídico procesal del caso, debe ser aprobado, expresa o tácitamente, por el
órgano jurisdiccional. Es que –a diferencia de lo que acontece con los negocios jurídicos en
general- los negocios procesales no generan directamente los efectos perseguidos puesto que,
en cierto modo, se celebran ad referendum de lo que establezca la autoridad judicial.
Francia, últimamente, registra una revalorización de los contratos procesales,
confirmando así una tendencia de viejo cuño 112.
107
SOSA, “Reingeniería”, cit., p. 99.
CHIOVENDA, G., “La naturaleza procesal de las normas sobre la prueba y la eficacia de la ley procesal en el
tiempo”, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Tomo 1, Buenos Aires, 1949, p. 399.
109
DÍAZ, C., Instituciones de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1968, Tomo 1, p. 63 al pie de página.
110
PODETTI, “Teoría”, cit., p..164.
111
MICHELI, G. A., Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo 1, Buenos Aires, 1971, p.291; GUASP, J.,
Derecho Procesal Civil, Tomo 1, Madrid, 1969, p.261.
108
24
En lo que atañe específicamente a los contratos procesales sobre prueba, estimamos
que una referencia adversa de Chiovenda 113 mucho ha contribuido a quitarles prestigio y
validez, por lo menos en lo concerniente a la doctrina autoral no demasiado reciente 114. Si
bien se mira, no puede sorprender la repulsa de Chiovenda y de otros 115 respecto de la validez
de negocios jurídicos procesales que le impongan al órgano jurisdiccional, por ejemplo, que
valore prueba en determinado sentido o que dispense de algunas formalidades esenciales a la
práctica de determinado medio de confirmación. Frente a tales hipótesis, el tribunal, claro
está, no los aprobará. En cambio, si se tratara, v.gr., de un acuerdo procesal tendiente,
aprovechando los beneficios de la telemática, a que un testigo residente un lugar distante
pueda declarar participando de una videoconferencia, creemos que ello no puede incluirse
entre los contratos procesales vedados.
7 DOCUMENTACIÓN DE LA PRUEBA PRODUCIDA
A Documentación por escrito. Acta o protocolo de audiencia
En el proceso romano-canónico y común, las pruebas no eran asumidas por los jueces,
sino por secretarios y/o interrogadores. Mucho contribuyó a favor de la aparición de los
susodichos intermediarios la circunstancia de que la prueba tasada reinante (que importaba un
cálculo apriorístico respecto de la valoración de cada prueba), provocaba que la observación
personal del magistrado careciera de mayor interés 116. Esto explica la permanente delegación
que efectuaban los jueces en cabeza de relatores o audiencistas 117 . Igualmente, militaba en
favor de dicha delegación el hecho de la existencia de interrogatorios preformulados que
tornaban prescindible la presencia judicial 118. Fácil es colegir que tal estado de cosas hizo
menester consignar en documentos escritos (actas o protocolos) lo ocurrido en las audiencias
112
CHIOVENDA, “Principios”, cit., p.126.
114
VITERBO, C., “Valor probatorio de los libros de comercio cuando una de las partes no es comerciante”,
Revista Jurídica Jurisprudencia Argentina, Tomo 66, p. 705. ALSINA, H., Tratado Teórico-Práctico de
Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo 1, Buenos Aires 1963, p. 61.
115
SCHÖNKE, A., Derecho Procesal Civil, Barcelona, 1950, p. 200.
116
CHIOVENDA, “Relación”, cit., p. 491.
117
CAPPELLETTI, “La oralidad”, cit., p. 21.
118
Ibídem, pág. 21 al pie.
113
25
de prueba para futura memoria 119, máxime cuando la instancia revisora estaba emplazada en
sitios muy distantes de aquél donde se había celebrado la sesión probatoria 120.
Las explicaciones hasta aquí brindadas no pueden hacernos perder de vista el papel
importantísimo en materia de difusión de la práctica de confeccionar actas de audiencia, que
tuviera la famosa Decretal de 1216 del Papa Inocencio III, que ordenara que todas las
audiencias, inclusive aquéllas a las que no hubiera asistido el juez, debían ser documentadas
por escrito y que la sentencia se basaría exclusivamente en dichas actas 121. La posibilidad de
la existencia de “jueces viles” 122 viene también a justificar dicha práctica porque permitía, y
permite, un control jurídico y social del acierto (o no) de la labor jurisdiccional. Es que,
verdaderamente, la consignación por escrito de lo acontecido en la audiencia de prueba,
ofrecía, por ese entonces, indudables ventajas que contabiliza Bentham: conserva las
declaraciones de los testigos y les posibilita defenderse ante imputaciones de falso testimonio,
permite la prueba trasladada y la revisión en apelación, entre otros beneficios 123. Pero,
también presenta desventajas provenientes de que el encargado de labrar el acta suele resultar
influido por subjetividades y, para colmo de males, a veces no emplea un lenguaje que refleja
fielmente lo sucedido 124. Para eliminar, en alguna medida, la incidencia de tales desmanejos,
se ha propuesto, sin éxito y hoy se trata de una propuesta abandonada- documentar
taquigráficamente las audiencia 125.
En lo que no median dudas, es acerca de que siempre en las audiencias de prueba debe
prevalecer la expresión oral. En lo tocante a su documentación de manera distinta a “por
escrito”, todavía se deben superar polémicas y tercerías.
119
ORTELLS RAMOS, “Derecho Procesal”, cit., p. 302.
CAPPELLETTI, “La oralidad”, cit.: Señala, por ejemplo, que para que el emperador romano (titular último de
la jurisdicción) pudiera conocer un determinado asunto, resultaba indispensable que pudiera compulsar la prueba
producida y dado que la extensión del imperio tornaba imposible su reproducción ante el emperador, se hizo
necesario documentarla.
121
CAPPELLETTI, “La oralidad”, cit., p.36.
122
VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, cit., p.2.
123
BENTHAM, “Tratado”, p. 73.
124
SOSA, T., “Informe interno solicitado por el ponente, p.1: “La escritura, con todo lo que supera ampliamente
la memoria, supone al menos dos inconvenientes severos para el registro de sucesos:el observador
inexorablemente construye la realidad al interpretarla, y ello sucede en automático, en función de su modelo
mental (conformado por su biología, por su historia personal, por sus creencias, por sus valores, etc.);el
observador elige las palabras con las cuales representa su observación de la realidad y aún descartando la chance
de elección errónea, no siempre las palabras “visten a medida” esa observación y nunca queda al margen la
posibilidad de ambigüedad del lenguaje”.
125
GORPHE, “La apreciación”, cit., p. 391.
120
26
B Documentación audiovisual de la práctica de la prueba en sede civil
Sin duda que la primera vía ensayada para la documentación de las audiencias
probatorias mediante el uso de medios tecnológicos, fue la fonograbación analógica. Superado
ampliamente el empleo de cintas de grabación fonomagnéticas analógicas por medios
digitales incrustados, es decir, aparatos que incluyen el formato de grabación digital y el
soporte donde se hará el mismo (por ejemplo, el ZIP disk, los CD’s, y posteriormente el
Pendrive y las Tarjetas Flash, que implementaron un copiado mejorado).
Argentina, tímidamente y sólo a título de alternativa escogida por el tribunal, estableció la
posibilidad de fonograbaciones de audiencias probatorias 126.
Hoy, en cambio, el camino preferido es el de la documentación audiovisual de lo
sucedido en las audiencias probatorias, pues así se dota al magistrado de la chance de
observar y no sólo de oír lo acontecido.
La videofilmación, que tanto puede ser materializada con una videocámara portátil 127
o mediante el uso de salas de audiencia preparadas especialmente para una mejor filmación
128
, logra grabar y luego reproducir imágenes y sonidos que configuran una documentación
que le permite revivir al magistrado todos los aspectos que quedan ocultos en las tradicionales
actas escritas 129; merced, simplemente, a la conexión del reproductor correspondiente con un
aparato televisivo o con una computadora personal.
No acaban ahí las ventajas de la filmación. Veamos: a) se finiquita con la posibilidad
de fingimientos consistentes en que la inasistencia del juez a la sesión probatoria no se hacía
constar y, por el contrario, se registraba su presencia en el acta respectiva. La imagen captada
por la videofilmación no miente y la ausencia del juez resulta fácilmente verificable cuando se
filma una audiencia 130; b) elimina la mayor parte de las razones que se invocan para defender,
a todo trance, una necesaria identificación física entre el juez que recibe la prueba y el que
126
Artículo 125 incisos 6 y 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La muy reciente reforma
procesal penal argentina –ley 26374- dispone al regular un nuevo sistema de apelaciones por audiencias, la
fonograbación de las audiencias.
127
BÜSSER, R., MÚLLER, E. y RIVERA RÚA, N., Las audiencias en el proceso, Santa Fe, 2007, p. 44.
128
VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, cit., p. 3: “Corresponde señalar que, a todas luces, resulta superior la
filmación materializada en salas de audiencia especialmente predispuestas a tal efecto. Así, un empleado podría
atender, sin inconvenientes, cuatro salas de audiencias en forma simultánea. Se centralizaría así la grabación, ya
que existiría un solo monitor para 3 o 4 cortes y sería necesario un solo hardware. Dos servers operarían en
forma independiente, de modo que si uno falla el back up funcionaría supliendo el déficit”.
129
VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, cit., p.17.
130
27
dirime la contienda 131; c) la reproducción audiovisual filmada posibilita al tribunal de
apelación revisar la sesión probatoria 132, zanjando buena parte de los óbices puestos en miras
a impedir que la instancia revisora se interne en la valoración de los hechos de la litis 133; d) le
otorga al juez la chance de reflexionar el contenido de la sentencia de mérito a emitir, sin estar
urgido por una memoria traicionera de lo acontecido durante la actuación de las pruebas; e) la
filmación involucra un significativo ahorro de tiempo, ya que torna prescindible la tarea del
empleado judicial que debe tomar notas dactilográficas 134.
Obviamente, el actuario participante debe, en el caso de la filmación de audiencias
probatorias, formalizar una breve acta dando cuenta de que en tal día y en tales actuaciones,
se celebró una sesión probatoria; conservando una copia de la filmación en el recinto del
tribunal y debiendo entregar copias a las partes para mayor resguardo de sus derechos.
Nos parece que aportaría al mejor éxito de la documentación audiovisual en análisis,
prohibir, legal y expresamente, que lo manifestado durante la filmación se vuelque en un
protocolo tradicional escrito. De tal modo, se compelería, hasta cierto punto, al magistrado a
observar efectivamente la filmación para poder materializar su decisión 135.
En otro orden de cosas, interesa subrayar que el uso de la mencionada tecnología
audiovisual puede cambiar prácticas forenses alegatorias que acostumbran a hacer referencia a
la foja tal o cual del expediente 136.
C Documentación digitalizada de la prueba practicada
La filmación audiovisual obtenida de una audiencia probatoria, puede ser objeto de
almacenamiento en un soporte electrónico (digitalizándose así , la prueba lograda), a efectos
de su posterior reproducción y/o transmisión. Inclusive, la filmación que se hubiera realizado
131
VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, cit., p. 17
133
SOSA, “Informe”, cit., p. 3.
134
ARAZI, R., ROJAS, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Anotado y
concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Santa Fe, 2007, p. 67.
135
MARINONI, L., Informe nacional brasileño, p.6, donde se hace saber que en ciertos tribunales brasileños
altamente digitalizados se ha dispensado usar papel, lo cual constituye un avance, creemos, en pro de una futura
prohibición del empleo del soporte papel.
136
VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, cit., p. 6, el nuevo método de documentación ha obligado a que cuando se
interpone después algún recurso contra la sentencia o resolución judicial, los abogados en vez de referirse a una
hoja o página se refieren al minuto y segundos de la grabación (v.gr., se alega que en el minuto 34 el testigo
respondiendo tal pregunta, contestó...)”.
132
28
originariamente de modo analógico, puede digitalizarse mediante el uso de una placa
digitalizadora, dispositivo accesorio éste de bajo costo.
En el actual estado de cosas, los soportes electrónicos más empleados son los discos
ópticos llamados CD’s y DVD’s. Los mencionados difieren entre sí, sólo por la mayor
capacidad de almacenamiento de estos últimos y la mejor calidad de imagen que
proporcionan, ya que ambos pueden almacenar y reproducir, texto, sonido e imágenes (tanto
fijas como en movimiento).Hoy, dicha tecnología ha sido superada por el disco óptico de
última generación llamado BLU-RAY. Este soporte tiene muchísima mayor capacidad de
almacenamiento y su imagen es de alta resolución, siendo más que previsible que desplazará
al DVD, muy utilizado en los tiempos que corren para documentar sesiones probatorias.
Corresponde ahora recordar que por documento digital se interpreta a la fijación de la
información respectiva en un soporte electrónico (CD, DVD, Blu- Ray, Pendrive, etc) apto
para recibir y codificar impulsos electrónicos (biestables) o bits . En su caso, la prueba así
digitalizada puede observarse y oírse merced a un proceso de traducción del código de señales
digitales, lográndose, entonces, la visión filmada de la audiencia.
La digitalización de la prueba, posibilita, asimismo, su transmisión electrónica,
mediante, por ejemplo, un formato como el MP4 137, idóneo para transferir gran cantidad de
información, sin mayores dificultades y a través de la red Internet.
No será motivo de nuestra atención preferente, pero debemos señalar que debe
considerarse fiable al procedimiento de digitalización, siendo remota la posibilidad de que
resulten inadvertidas maniobras tales como el borrado, sobreimpresión o trucaje de los
mencionados soportes informáticos 138.
En lo concerniente a la práctica de la prueba que nos ocupa, se ha entendido que ha
sido superada la controversia entre oralistas y escrituristas, estimando que ello ha ocurrido
gracias a la aparición de la corriente digitalista 139.
No puede extrañar, entonces, que en un futuro no demasiado remoto los expedientes
sean íntegramente digitales 140 y que su tramitación culmine con el dictado de una sentencia
137
El MP4 es un formato de codificación de audio asociado a la extensión mp4 MPEG4 es un códec estándar
internacional de video creado especialmente para la web. Es un algoritmo de compresión que codifica datos de
audio y video optimizando su calidad de almacenamiento, codificación y distribución en redes.
138
TORRES TRABA, J. M., “Los medios de prueba no previstos y el principio de libertad probatoria”, Tratado
de la Prueba, con Marcelo Midón, Córdoba 2007, p. 763.
139
SOSA, “Informe”, cit., p. 6.
140
PEYRANO, “El proceso civil que viene”, cit., p. 819.
29
multimedia 141 cuyo contenido incluya la versión digitalizada de sus fundamentos, el tenor de
la documentación presentada merced a su escaneo y la documentación audiovisual de la
sesión probatoria filmada cuyas resultas justifican la decisión judicial adoptada.
Ínterin ello ocurra, se avizoran síntomas alentadores 142.
8 UN PROCESO CIVIL POSIBLE, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PRÁCTICA
DE LA PRUEBA, FRENTE A LA SITUACIÓN IMPERANTE
Sumamos nuestro voto al de quienes consideran que el proceso por audiencias,
clásicamente interpretado, es el modelo deseable para una mejor práctica de la prueba. Pero
no podemos pasar por alto que la inmediación física que presupone, provoca que no pueda
funcionar adecuadamente cuando un tribunal substancia, en vez de las cuatrocientas a
seiscientas causas aconsejadas como máximo 143, tres mil o más expedientes.
Nunca los Poderes Administradores han sido generosos con el Poder Judicial 144 –
tampoco en Europa 145- por lo que la sempiterna y difundida escasez de recursos económicos
con destino a las arcas judiciales, determina que rara vez la espiral de crecimiento de la
población sea acompañada por un proporcional incremento de los órganos judiciales 146. Esto
acarrea sobrecarga en las tareas jurisdiccionales 147, dándose así inicio al ya señalado desfasaje
141
SOSA, “Informe”, cit., p. 4:”El día 10 de marzo de 1998 se confeccionó la –hasta donde sabemos-primer
sentencia multimedia producida por el Servicio Judicial argentino, en autos “Degiovanángelo Hnos S.R.L. c. Los
Grobo Agropecuaria S.A. s. Cobro de Pesos”, expte 266/79, en el Juzgado Civil y Comercial nº 2 de Trenque
Lauquen, Provincia de Buenos Aires.
142
PÉREZ RAGONE, “Informe”, cit., p. 10: Así, “la ley de Comunicación en la Justicia del 1º de abril de 2005,
suma reformas que perfeccionan el régimen para el comercio electrónico en la justicia. Se permite el escrito
judicial digital (o electrónico, que de por sí ya implica un medio que facilita y agiliza el acceso a la Justicia) y
también constituye un síntoma alentador lo que señala informa Luiz Marinoni a p.6 de su informe: “Los
Juzgados Especiales Federales vinculados a la Justicia Federal de la 4ª Región – que comprende las tres
provincias del Sur, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, funcionan, integralmente, por medio electrónico
(sistema e-proc, creado y desarrollado por la justicia brasileña), dispensando el uso del papel. Este proceso
electrónico permite anexar archivos digitales de MP3 (formato de audio) y de también de DP4 (audio y video).
Las audiencias pueden ser totalmente grabadas en este formato digital, permitiéndole a las partes y a los jueces
de segunda instancia oír e inclusive ver lo que ocurrió durante la fase de instrucción”.
143
OTEIZA, “Informe”, cit., p.10 y p.12.
144
BIAVATI, “Tendencias”, cit., p.533.
145
146
QUINTERO TIRADO, “Informe”, cit., p. 1; VÁZQUEZ SOTELO, “Informe”, p. 2 al pie.
147
MUÑOZ SABATÉ, “Técnica”, cit., 132; PEYRANO, “La privatización”, cit., p. 105: “Si algo caracteriza al
actual estado del proceso civil argentino (y no sólo argentino) es que padece “sobrecarga” de trabajo. El proceso
30
del cronograma de audiencias probatorias cuya fijación se posterga cada vez más en el
tiempo.
Ya nos hemos explayado sobre las conveniencias plurales derivadas de la filmación de
las sesiones de prueba, pero ello no resulta suficiente para conseguir un mejor Servicio de
Justicia si no se acepta que en causas a seleccionar legalmente o dejando ello al prudente
criterio judicial (v.gr. cuestiones de entidad económica modesta, asuntos en los cuales no está
involucrado el orden público, y tampoco poseen especial trascendencia social o institucional,
etc.), la inmediación física sea reemplazada por una inmediación sensorial no presencial 148;
legitimándose así que el juez de la causa no presida la audiencia de prueba y sea reemplazado
por un audiencista (letrado, claro está, especialmente adiestrado en dirigir audiencias y con
atribuciones fedetarias) que asista a la actuación de las pruebas y su filmación y que luego
ponga todo en manos del magistrado Por supuesto que se le deberá reconocer al juez de la
causa facultades para citar nuevamente a audiencia a aquellos que protagonizaron la ya
filmada, a los fines que creyera menester (llevar a cabo careos, requerir explicaciones, etc.).
Ya en alguna región de Brasil se ha previsto y regulado que las audiencias de prueba de
ciertos juicios pueden ser presididas por un funcionario judicial que no es el juez de la
causa 149, y que arbitrará lo conducente a fonograbar o a filmar lo acontecido en la ocasión.
Téngase en cuenta que la inmediación sensorial no presencial cuenta con la gran
mayoría de las ventajas proporcionadas por la inmediación física, no ofreciendo las
desventajas propias de esta última. Acerca de tales ventajas y desventajas, ya hemos tenido
ocasión de expresarnos ut supra.
civil contemporáneo –muy distinto del que necesariamente debe advenir- fue pensado para otra realidad, más
acotada y no tan pródiga en todo: causas, litigantes, documentación presentada, audiencias fijadas, etc”.
148
Cabe recordar, a título de curiosidad, que la ley 16, Título 10, Libro XII de la Novísima Recopilación,
disponía que los jueces en los procesos criminales y en los procesos civiles arduos y de importancia, siempre
tomarían y examinarían por sí los testigos ante escribanos, sin delegar la referida función en éstos ni en otros
bajo severas penas.
149
MARINONI, L., en su Informe nacional brasilero, p. 4 y siguientes da a conocer que en 2005 se autorizó a las
Juzgados Especiales Federales de la 4ª región a permitir que el conciliador (que no es el juez de la causa)
instruya y reciba la prueba, en especial la toma de la prueba oral, sin perjuicio de su renovación por ante el titular
del tribunal. El conciliador puede realizar la instrucción de los procesos respectivos por medios fonográficos o
audiovisuales, recibiendo por sí las declaraciones de las partes y de los testigos.
31
9 CONCLUSIONES
1-
Las prédicas de Klein y de Wach, han dado sus frutos. Ha cesado ya la
controversia oralistas versus escrituristas, en el ámbito de la práctica de la prueba civil y en lo
que atañe al proceso de conocimiento de máxima jerarquía. Ha prevalecido la tesis que
defiende las ventajas de una expresión oral vertida en una sesión probatoria dentro del marco
llamado “proceso por audiencias,” que tiene por signo distintivo la reconocida excelencia de
la inmediación física entre el juez y la actuación de la prueba a medida que ella se va
produciendo.
2-
El escaso número de tribunales en proporción a la población ha generado, en
muchos lugares, sobrecarga de tareas en aquéllos y las consiguientes demoras en el
señalamiento de sesiones probatorias en las agendas de audiencias de los jueces que intentan
asegurar su presencia física en ellas.
3-
La inmediación física probatoria concretada por el juez de la causa es, claro
está, lo deseable en todos los casos, pero, a veces, resulta ser impracticable en los hechos.
Puede, entonces, en ciertos supuestos seleccionables, ser suplida por una inmediación judicial
sensorial no presencial obtenida gracias a la observación de la filmación de audiencias
probatorias dirigidas por un audiencista letrado (especialmente adiestrado para gobernar
audiencias, y con poderes fedetarios); posibilitándose así que el magistrado reviva, con
imagen y sonido, cabalmente lo ocurrido.
4-
La digitalización de la prueba es fácilmente realizable gracias a la tecnología
informática ya existente. Se agrega, de tal guisa, un nuevo elemento que contribuye al mejor
almacenamiento, recuperación, reproducción y transmisión a distancia de la documentación
audiovisual lograda.
5-
La realidad manda. Deben abandonarse dogmatismos y especulaciones hueras.
Resuenan, todavía, las palabras de Carpi “La gran escuela sistemática europea de la primera
mitad del siglo XX- con especial mención de la alemana e italiana –desembocó hacia el
dogmatismo, la abstracción y la creación de una teoría pura del proceso. Nadie quedó sin
constatar, sin ser testigo del divorcio operado entre la ciencia del proceso y la justicia, como
institución organizativa cuyo fin principal debe ser el de satisfacer las necesidades de los
32
hombres” 150. Los requerimientos de la hora exigen realismo, pragmatismo y sinceridad. Así
sea.
10 REFERENCIAS
ALSINA, H., Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo 1, Buenos
Aires 1963.
ARAZI, R., ROJAS, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Anotado y
concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Santa Fe, 2007.
ARBONÉS, M, “Mecanismos procesales para la recepción de la prueba y algunas sugerencias
prácticas para mayor efectividad”, La prueba en el proceso, con Angelina Ferreyra de De la Rúa,
Córdoba, 2007.
BENTHAM, J., Tratado de las pruebas judiciales, Buenos Aires, 2002.
BERIZONCE, R., “Colaboración procesal, método del contradictorio y régimen de la prueba en el
proceso por audiencias”, Revista de Derecho de Daños, Nº 5, Buenos Aires, 2002.
BIAVATI, P., “Tendencias recientes de la Justicia Civil en Europa”, Revista de Derecho Procesal,
Vol. 1, 2008.
BÜSSER, R., MÚLLER, E. y RIVERA RÚA, N., Las audiencias en el proceso, Santa Fe, 2007.
CAPELLETTI, M., La oralidad y las pruebas en el proceso civil, Buenos Aires 1972.
CARBONE, C., “Interés de documentar el comportamiento procesal relevante de las partes en el
proceso escrito”, Valoración judicial de la conducta procesal, con Jorge W. Peyrano, Santa Fe, 2005..
CARAVANTES, J., Tratado histórico, crítico, filosófico de los procedimientos judiciales en materia
civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento, T. 2, Madrid, 1856, p. 256.
CHIOVENDA, G., Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo 2, Madrid, 1922.
CHIOVENDA, G., “Relaciones entre las formas del procedimiento y la función de la prueba”,
Ensayos de Derecho Procesal Civil, Tomo 2, Buenos Aires, 1949.
CHIOVENDA, G., “La naturaleza procesal de las normas sobre la prueba y la eficacia de la ley
procesal en el tiempo”, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Tomo 1, Buenos Aires, 1949.
DE LOS SANTOS, M., “El Código modelo y su influencia en la República Argentina”, Revista
Jurídica Jurisprudencia Argentina, 2004-III.
DE LA COLINA, S., Derecho y Legislación procesal, Buenos Aires 1925, tomo I.
DÍAZ, C., Instituciones de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1968, Tomo 1.
150
Palabras pronunciadas en el curso del Informe de cierre del Coloquio de Gante, organizado por la Asociación
Internacional de Derecho Procesal en 2000.
33
FALCÓN, E., Tratado de Derecho Procesal Civil, Comercial y de Familia, Tomo III, Santa Fe, 2006.
EISNER, I., “La inmediación en el proceso”, Revista Jurídica La Ley, Tomo 99.
GUASP, J., Derecho Procesal Civil, Tomo 1, Madrid, 1969.
GARCÍA PAREDES, A., “Un nuevo recurso de apelación”, La Ley (España), entrega del 23 de mayo
de 2008.
GORPHE, F., La apreciación judicial de las pruebas, Buenos Aires, 1967.
GUIMARAES RIBEIRO, D., La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva, Barcelona, 2004.
KIELMANOVICH, J., Teoría de la prueba y medios probatorios, Santa Fe, 2001.
MICHELI, G. A., Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo 1, Buenos Aires, 1971.
MORELLO, A., Tendencias dominantes en la litigación civil, Santa Fe, 2002.
MORELLO, A., “La prueba: evolución 1980-2002”, Avances Procesales, Santa Fe, 2003.
MUÑOZ SABATÉ, L., Técnica probatoria, Barcelona, 1983, p. 131.
OTEIZA, E., Informe nacional argentino.
ORTELLS RAMOS, M., “La prueba”, Derecho Procesal Civil, Pamplona, 2007.
ORTELLS RAMOS, M., “Los principios del proceso en particular”, Derecho Procesal. Introducción,
con Ortells Ramos, M., Cámara Ruiz, J., Sánchez, R., Valencia, 2003.
PEYRANO, J. W., “La regla de la carga de la prueba enfocada como norma de clausura del sistema”,
Revista Jurídica La Ley, Boletín del 23 de abril de 2008.
PEYRANO, J. W., El proceso civil. Principios y fundamentos, Buenos Aires, 1978.
PEYRANO, J. W., “El proceso civil que viene”, Libro del Congreso de Academias Iberoamericanas
de Derecho, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 1999.
PEYRANO, “El proceso”.
PEYRANO, Jorge W. “La privatización, transferencia o tercerización de funciones judiciales”,
Procedimiento civil y comercial. Conflictos procesales, Tomo 1, Rosario, 2002.
PEYRANO, J.W., Procedimiento civil y comercial. Conflictos procesales, Tomo 1.
PICÓ I JUNOY, J., El juez y la prueba, Barcelona, 2007.
PODETTI, J. R., Teoría y técnica del Proceso Civil, Buenos Aires.
RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento civil. Cómo gestionar los litigios civiles, Tomo 1, Barcelona
2008.
SILVA, J. P. Y DOMINGUEZ, J. P., “Principios fundamentales del procedimiento civil: diagnóstico y
proposiciones a la luz de un nuevo ordenamiento”, Justicia Civil y Comercial: una reforma pendiente,
SILVA, J.P., GARCIA, J. F., LETURIA, F., Santiago de Chile, 2007.
SCHÖNKE, A., Derecho Procesal Civil, Barcelona, 1950.
34
TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Madrid, 2005.
TORRES TRABA, J. M., “Los medios de prueba no previstos y el principio de libertad probatoria”,
Tratado de la Prueba, con Marcelo Midón, Córdoba 2007.
VÁZQUEZ SOTELO, J. L., Informe solicitado por el ponente.
VITERBO, C., “Valor probatorio de los libros de comercio cuando una de las partes no es
comerciante”, Revista Jurídica Jurisprudencia Argentina, Tomo 66.
YOUNG, T., Técnica del interrogatorio de testigos, Buenos Aires, 2001.
35
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS OU PRECEDENTES À BRASILEIRA?
Igor Raatz 1
Resumo: O presente ensaio tem o objetivo de oferecer uma reflexão acerca da doutrina dos
precedentes obrigatórios, a qual vem sendo aceita, no Brasil, com quase nenhuma resistência.
Busca-se, a partir da polêmica iniciada pelo professor José Maria Rosa Tesheiner sobre o
tema, traçar alguns pontos cuja meditação parece ser imprescindível antes de se lançar,
vertiginosamente, na defesa de tal proposta doutrinária.
Palavras-chave: Precedentes obrigatórios – Common Law – Civil Law
Riassunto: Questo saggio si propone di offrire una riflessione sulla dottrina del precedenti
vincolanti, che è stata accettata in Brasile, con quasi nessuna resistenza. L'obiettivo è,
partendo dalla polemica iniziata dal professor Jose Maria Rosa Tesheiner sul tema, tracciare
alcuni punti la cui meditazione sembra essere essenziale prima di gettarsi, drammaticamente,
nella difesa di tale proposta dottrinale.
Parole-chiave: Precedenti vincolanti – Common Law – Civil Law
Sumário: 1 Considerações iniciais; 2 Stare decisis e codificação: pretensões absolutamente
distintas?; 3 Qual o problema que a teoria dos precedentes à brasileira pretende solucionar?
E, afinal, ela tem condições de solucioná-lo?; 4 A falácia da superação do precedente
obrigatório; 5 Considerações finais; 6 Referências bibliográficas
1 Considerações Iniciais
Um dos temas que mais tem chamado a atenção da doutrina recente do processo civil,
no Brasil, é o dos precedentes obrigatórios. Trata-se, basicamente, de proposta no sentido da
adoção de um sistema de precedentes vinculantes no direito brasileiro, de modo que as
decisões dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tornem-se
1
Doutorando e mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Especialista em
Processo Civil pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Membro do Instituto Iberoamericano de
Direito Processual. Professor de Teoria Geral do Processo das Faculdades Riograndenses – FARGS, instituição
na qual é um dos coordenadores do Projeto de Pesquisa Indeterminação do Direito, Precedentes Vinculantes e o
Papel dos Tribunais Superiores, ao qual é vinculado o presente trabalho.
36
vinculantes para os Tribunais locais e juízes de primeiro grau, promovendo-se, assim, a
segurança jurídica e a igualdade perante o Direito 2.
O discurso em prol dos precedentes obrigatórios é bastante sedutor e, por isso, vem
encantando muitos doutrinadores. Afinal, a indeterminação do direito e a falta de
previsibilidade a respeito do conteúdo das decisões constituem-se um problema que está na
pauta dos debates jurídicos. No entanto, e esta é a questão, o tão propagado sistema de
precedentes obrigatórios é capaz de solucionar tal problema? 3
Numa voz quase que solitária, o professor José Maria Rosa Tesheiner escreveu um
breve artigo intitulado “Contra os Precedentes Obrigatórios”. Com a objetividade que lhe é
peculiar, o professor gaúcho traçou uma severa crítica à tese dos precedentes obrigatórios,
ideia,
segundo
ele,
“essencialmente
autoritária,
centralizadora
e
culturalmente
empobrecedora” 4. Lançavam-se os alicerces para uma polêmica envolvendo o tema.
O primeiro sintoma da polêmica é a resposta do professor Ticiano Alves e Silva, um
entusiasta do sistema dos precedentes, como ele próprio assim se denomina. Para ele, a
adoção de um sistema precedentalista, além de
prestigiar os direitos fundamentais à
igualdade, à razoável duração do processo e à segurança jurídica, não traria empobrecimento à
cultura jurídica, pois sempre seria possível, “com a apresentação de argumentos novos,
provocar-se a superação total (overruling) ou parcial (overriding) do precedente” 5.
A fim de contribuir para o debate, e já deixando assente a posição inicial no sentido de
uma necessária reflexão sobre a questão, pretende-se, nas linhas que seguem, chamar a
atenção para alguns pontos cuja meditação parece ser imprescindível antes de se lançar,
vertiginosamente, na defesa da corrente dos precedentes obrigatórios.
2
A crítica a respeito da doutrina dos precedentes obrigatórios não significa que as decisões dos Tribunais
Superiores possam ser desconsideradas pelos Tribunais locais e juízes de primeiro grau. O cerne da questão,
como será esclarecido no correr deste ensaio, diz respeito muito mais à forma como se tem construído um
sistema de vinculação, que deixa de levar em conta o conteúdo das decisões (fundamentação) e fecha-se às
possibilidades de discussão a respeito de temas já decididos, do que à ideia de que a incontestável importância
assumidas pelos precedentes inclusive nos países da civil law.
3
Deve ficar sempre claro que a crítica no sentido da impossibilidade dos precedentes obrigatórios solucionarem
tais questões não significa uma aposta no direito legislado em detrimento do direito construído pela jurisdição.
Duvida-se é da capacidade da teoria dos precedentes vinculantes dar conta de resolver aquilo que ela mesma se
propõe a solucionar.
4
TESHEINER, José Maria Rosa. Contra os precedentes obrigatórios. Páginas de direito. Disponível em
<http://www.tex.pro.br>. Acesso em 11 de Abril de 2012.
5
ALVES E SILVA, Ticiano. Carta ao professor Tesheiner: sobre os precedentes obrigatórios. Páginas de
direito. Disponível em <http://www.tex.pro.br>. Acesso em 11 de Abril de 2012.
37
2 Stare decisis e codificação: pretensões absolutamente distintas?
A contraposição entre o direito codificado, presente na civil law, e a teoria dos
precedentes, tão comum na common law, remonta a um mesmo período da história, o que,
desde já, evidencia a possibilidade de um traço comum no bojo da distinção entre codificação
e precedentes. De fato, não é pelo binômio codificação (ou direito legislado) e precedentes
que se pode traçar uma linha divisória entre as duas tradições jurídicas 6. Como já dito em
outro lugar, common law e civil law são frutos da mesma semente cujos galhos alcançaram
céus diferentes pela força de fatores históricos decisivos, inerentes ao panorama político da
Inglaterra e da Europa continental na passagem dos séculos X, XI e XII 7. É nesse período que
nasce o common law: um direito alicerçado em um sistema de writs, mecanismo eficiente para
lidar com as questões envolvendo a propriedade, e representativo do poder real, identificado
na Curia Regis e que, se espraiando com a atuação dos juízes itinerantes, gradativamente foi
se sobrepondo ao direito das cortes feudais ao mesmo tempo em que incorporava algumas de
suas práticas. O panorama descrito, no entanto, não persistia quando se atravessava o canal da
Mancha. Fora da ilha, no Continente, um renovado direito surgia. Não se tratava,
propriamente, de um novo direito, mas, sim, do direito romano justinianeu, recepcionado pela
Escola de Bolonha: nascia, assim, a civil law, um direito com traços bastante distintos daquele
praticado na Inglaterra, nominado common law.
O papel desempenhado pela legislação naquele período e durante toda a baixa Idade
Média era secundário inclusive na civil law, como bem lembra René David, segundo o qual
6
A classificação do common law e civil law como famílias ou tradições jurídicas distintas deve ser recebida com
certas reservas, como bem lembrava Ovídio A. Baptista da Silva, “pois o fenômeno jurídico, como se dá com
todas as expressões culturais formadoras das ciências do espírito, é um ramo do saber humano que se harmoniza
com o conhecimento sistemático, próprio das ciências da natureza. O direito, enquanto ciência hermenêutica,
busca o individual, em toda sua riqueza existencial e histórica, e, mesmo admitindo que se o descreva como
sistema, como é próprio das ciências explicativas, que buscam alcançar o domínio da natureza e a construção de
princípios e regras de validade universal, sua vocação natural orienta-o para a compreensão do fenômeno
humano, que será sempre situado historicamente (SILVA, Ovídio A. Baptista da. Breve história do direito
processual civil. In: SILVA, Ovídio A. Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do processo. 6ª ed. ver. e.
atual. São Paulo Revista dos Tribunais, 2011, p. 11.
7
RAATZ, Igor. Considerações históricas sobre as diferenças entre common law e civil law: reflexões para o
debate sobre a adoção de precedentes no direito brasileiro. Revista de processo. V. 36. N. 199, Setembro de
2011.
38
predominava, na Idade Média, a ideia de que o direito existia independente dos comandos da
autoridade 8. A ordem legal do medievo era, na civil law, “uma ordem de matriz
consuetudinária que notariado e jurisprudência prática por primeiro, doutrina de mestres
posteriormente, organizavam, categorizavam, sistematizavam”. Não se tratava, conforme
Paolo Grossi, de uma “ordem legal, que cai do alto e que a sociedade sente como estranha ou
mesmo hostil, não uma ordem geral e abstrata separada da experiência e submetida ao risco
constante de se tornar como uma casca seca” 9.
Na common law, por sua vez, o direito se desenvolvia a partir da jurisprudência
elaborada pelos juízes, numa junção com os costumes feudais e usos anglosaxões 10, de modo
que, não obstante as peculiaridades e diferenças já existentes entre as duas tradições, em
nenhuma delas havia um direito imposto por uma ordem soberana sobreposta à sociedade. E
as leis também se faziam presentes, porém de forma secundária tal qual ocorria na civil law 11.
A grande ruptura é dada com um processo que se inicia no século XIV, no plano
antropológico, político e social, redundante na emersão do individual e no surgimento de
novas forças que sepultarão o medieval e darão sustentação à modernidade, um universo que
tem como protagonistas o indivíduo e o Estado 12. É na filosofia de Descartes que serão
8
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 48.
9
GROSSI, Paolo. Dalla società di sicietà alla insularità dello Stato fra medioevo ed età moderna. Revista
sequência, n. 55, p. 9-28, dez. 2007, p. 16.
10
LOSANO, Mario G. I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei. Roma-Bari:
Laterza, 2000, p. 263. No mesmo sentido, Cavanna vai dizer que “o primeiro núcleo do common law (se
excluirmos o pouco material legislativo de derivação régia que se sustentava de julgados de costumes
judiciários) foi um amálgama pouco discernível de usos anglosaxões (aqueles dos lugares visitados pelos juízes
centrais) e de costumes feudais normandos, com a inserção sobre esse fundamental substrato germânico de
algumas formas trazidas da tradição romano-canônica, da assimilação dos quais falaremos mais adiante. Tudo
isso, porém, vem como unificado, misturado e remodelado nas praxes judiciais adotadas pelas três Cortes, isto é,
entre esquemas procedimentais a sua volta concebidos segundo a mentalidade centralizadora dos conquistadores
normandos” (CAVANNA, Adriano. Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico. v. 1.
Milano. Dott. A. Giuffrè Editore, 1979, p. 526). Na mesma linha, Antonin Scalia afirma que o common law não é
o direito consuetudinário ou um reflexo das práticas populares, mas, sim, a jurisprudência elaborada pelos juízes
(SCALIA, Antonin. Commonl-Law Courts in a Civil-Law System: The Role of United States Federal Courts in
Interpreting the Constitution and Laws. In: A matter of interpretation. Princeton: Princeton University Press,
1997, p. 4).
1111
Sobre o papel da lei no common law em uma perspectiva histórica ver MATTEI, Ugo. Common law: il
diritto anglo-americano. Ristampa. Torino: UTET, 2001, pp. 249-262. No sentido da ingenuidade da
diferenciação entre civil law e common law pelo manejo de leis e precedentes, ver FRANK, Jerome. La
influencia del derecho europeo continental en el ‘”common law”. Traducción y comentário de José Puig Brutau.
Barcelona Bosch, 1957, p. 93.
12
GROSSI, Paolo. Dalla società di sicietà alla insularità dello Stato fra medioevo ed età Moderna. Revista
sequência, n. 55, p. 9-28, dez. 2007, pp. 20-22.
39
encontrados os alicerces para o devir desse novo mundo, agora moderno, em que figura um
novo homem, um sujeito solipsista “que encontra a força (ou assim ao menos presume) de se
libertar das antigas prisões; sujeito pre-suntuoso, intencionado a encontrar somente no interior
de si mesmo o modelo interpretador da realidade cósmica e social” 13. A modernidade marcará
a “insularidade do sujeito” 14, o qual, com a sua força, erigirá a figura do Estado, também
insularizado e autonomizado, numa pretensão de libertar-se das antigas estruturas e assujeitálas.
Esse é o cenário no qual a civil law levará a cabo o projeto de codificação do direito,
uma tentativa de sufocar o direito natural com a força do direito positivo 15: uma clara
tentativa desse sujeito insularizado controlar a ordem jurídica, ordem esta que deveria ser
calcada no poder do próprio Estado. E mesmo as tentativas de codificação não tendo obtido
êxito na common law, o que se deu, inclusive, por fatores políticos 16, a doutrina do stare
decisis surge no mesmo afã de controle das estruturas. Se antes a legitimidade orientadora das
decisões dos Tribunais tinha esteio na própria prática decisória, agora essa legitimidade era
imposta de forma incisiva por um Poder Judiciário que avocava para si a tarefa de controlar a
estrutura com a criação da doutrina do stare decisis, que, coincidentemente, começou a tomar
forma somente no século XVIII 17, sendo bastante associada com o advento do positivismo
clássico 18
A codificação e o stare decisis não nasceram em mundos distintos. Apesar de
separados não só geograficamente, mas por todo um desenvolvimento cultural que já marcava
uma incisiva diferença entre as duas tradições, tanto o stare decisis quanto a codificação
fazem parte do mesmo mundo: o mundo da modernidade e de todos os seus traços sociais,
13
sequência, n. 55, p. 9-28, dez. 2007, pp. 22-23.
14
sequência, n. 55, p. 9-28, dez. 2007, p. 24.
15
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio Pugliese,
Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 77.
16
CAENEGEM, R. C. van. Juízes, legisladores e professores: capítulos de história jurídica europeia: palestras
Goodhart 1948-1985. Tradução Luiz Carlos Borges; revisão técnica Carla Henriete Bevilacqua. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010, pp. 33-34.
17
DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge: University Press, 2008, p. 35.CROSS,
Rupert. Precedent in english law. Oxford: Clarendon press, 1977, p. 8-11. Notadamente a partir de casos como
Beamisch v. Beamisch (1861) e Bradford v. Pickles (1895).
18
A respeito, ver DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge: University Press, 2008,
p. 37.
40
políticos e filosóficos. Justamente por stare decisis e codificação estarem alicerçados em
pretensões semelhantes, sendo frutos da modernidade, a adoção de uma doutrina ao estilo do
stare decisis talvez não seja capaz de adaptar-se de forma satisfatória a um outro mundo, um
mundo novo que se diz pós-moderno. E isso independe da dicotomia civil law e common law.
3 Qual o problema que a teoria dos precedentes à brasileira pretende solucionar? E,
afinal, ela tem condições de solucioná-lo?
A teoria dos precedentes obrigatórios costuma ser oferecida como a solução para o
problema da indeterminação do direito. Costuma-se afirmar que, como o sistema do direito
codificado não consegue dar conta de prever o que os juízes e Tribunais irão decidir, a saída
seria a adoção de um sistema de precedentes vinculantes, mecanismo considerado capaz de
garantir a segurança jurídica e a igualdade de todos perante os Tribunais.
Não é nenhuma novidade a incapacidade da lei e dos códigos anteverem todas as
hipóteses de aplicação. O próprio Portalis, no seu famoso discurso preliminar do projeto do
Código Civil de Napoleão, duvidava da onipotência do legislador. afirmando que “si la
prévoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie” (se a previdência do legislador é
limitada, a natureza é infinita) 19, num claro apego ao direito natural, instância em que se
resolveria o caso quando o Código apresentasse lacunas. Após a promulgação do Código, a
escola da exegese cria então um sistema jurídico baseado numa suposta completude da lei (a
qual deveria contemplar todos os casos possíveis). Porém, as suas pretensões logo
soçobraram. Na França surgiram doutrinas arrojadas como o método da livre investigação
científica de François Geny 20, enquanto, na Alemanha, os movimentos libertários eram
encabeçados por autores como Philip Heck, maior expoente da jurisprudências dos interesses,
Bulow, Kantorowicz, Fuchs e Ehrlich, representantes do movimento do direito livre 21. O traço
19
PORTALIS, Jean-Étienne-Marie. Discours préliminaire du premier projet de Code civil. Préface de Michel
Massenet. Titre original: Motifs et discours prononcés lors de la publication du code civil. Bordeaux : Éditions
Confluences, 2004, 78 pp. collection : Voix de la Cité, p. 18.
20
GENY, François. Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo. 2. ed. Madrid: Reus, 1925.
21
O movimento do direito livre, segundo Castanheira Neves, foi caracterizado, antes de mais, pelo seu combate
ao positivismo e seus postulados fundamentais: o postulado do legalismo estadista, o postulado da plenitude
lógica do sistema jurídico e o postulado do direito como uma entidade racional subsistente em si ou como
sistema lógico-racionalmente determinável e lógico-dedutível aplicável (CASTANHEIRA NEVES, António.
41
comum no pensamento desses autores, que se colocavam em um franco combate ao
formalismo jurídico, é o reconhecimento de que “o sentido literal puro supõe declarações não
condicionadas pelas circunstâncias e, na vida prática, não há dessas declarações, a não ser nos
estudos linguísticos”, já que “as circunstâncias ambientes influem sempre no sentido
puramente literal e devem ter-se em conta, mesmo para a determinação dum sentido
objectivo” 22.
Nessa senda, a transição do século XIX para o século XX é marcada pela substituição
das leis da lógica, segundo a qual a interpretação resumia-se em operações lógicas de
subsunção do caso concreto na norma abstrata, pela vontade. Com isso, “a relação entre o
legislador e juiz resultava não apenas alterada, mas invertida: o juiz podia comportar-se como
se fosse o julgador” 23. Nada muito diferente do que o direito americano, na mesma época,
chamava de realismo jurídico, corrente segundo a qual o direito é extraído da análise das
sentenças, podendo-se, assim, estabelecer razoavelmente como se comportarão os juízes no
futuro. A aproximação entre o realismo jurídico, movimento do direito livre e jurisprudência
dos interesses não é, por conseguinte, mera coincidência.
É por tudo isso que, hoje, a impossibilidade dos códigos cobrirem toda a realidade e
dos textos normativos carregarem consigo a sua própria norma não deveria causar espanto. O
Direito lida com textos, e, portanto, com vaguezas, ambiguidades e porosidades 24, o que já
Digesta. Escritos acerca do direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros. Volume 2. Coimbra:
Coimbra Editora, 1995, p. 196). Sobre o tema, ver, também, LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito.
3ª ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. LOSANO, Mario G. Sistema e
estrutura no direito. V. 2. O século XX. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Acerca da posição de Oskar Bulow
como um dos precursores do movimento do direito livre e a influência de tal paradigma teórico na sua doutrina,
ver LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade
de Ciências Humanas/FUMEC, 2008.
22
HECK, Philipp. Interpretação da lei e jurisprudência dos interesses. Tradução de José Osório. São Paulo:
Livraria Acadêmica Saraiva, 1947, p. 53.
23
LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito. V. 2. O século XX. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.
43.
24
Conforme João Maurício Adeodato, A vagueza é um problema de denotação, referência, extensão, descrição,
ou seja, do alcance da expressão (...) uma palavra será tanto mais vaga quanto mais sejam os objetos, quanto
mais extensa seja a classe ou gênero sob sua incidência (...) A ambigüidade refere-se a dúvidas sobre o
significado do termo lingüístico, ou seja, é um problema de conotação, intenção, conteúdo, significação (ou
“sentido”). Ou seja, é ambígua uma palavra que se associa a objeto que nada têm em comum, não constituem
uma classe. A isso se soma a porosidade de um termo, que diz respeito às modificações em seu uso cotidiano, as
quais se não no decorrer do tempo, modificando suas próprias ambigüidades e vagueza. É a história da palavra.
A porosidade explica a mudança no sentido da palavra “rapariga” no Brasil, passando de mero feminino de
‘rapaz’ a expressão pejorativa. (ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática
jurídica. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 196-197).
42
evidencia um problema de atribuição de sentido. A norma jurídica, segundo Mengoni, “está
sempre em necessidade de interpretação, devendo ser aplicada a um caso concreto, e,
portanto, em função de um interesse prático, não simplesmente de um interesse de
conhecimento”, residindo aí “a razão da falsidade do brocardo in claris non fit interpretatio,
formulado como regra hermenêutica”. Afinal, “um texto que no papel ou à luz da experiência
aplicativa precedente parece claro, pode obscurecer-se frente à provocação de um novo
caso” 25. É impossível escapar da interpretação. O homem está condenado à interpretação 26.
Chama a atenção, no entanto, o fato de os movimentos libertários, os quais há um
século, apostando na vontade, derrubaram o formalismo jurídico próprio do exegetismo
francês e de positivismo científico alemão, serem hoje repristinados no Brasil com ares de
novidade e com o refinamento conferido pelas cláusulas gerais e por uma pseudoconstitucionalização do direito, que, na maioria das vezes, têm servido como álibi para
decisionismos 27. Passa-se do objetivismo ao subjetivismo; da razão à vontade.
É paradoxal que a doutrina dos precedentes à brasileira vise, justamente, a combater
os reflexos do subjetivismo do qual ela mesma é caudatária. Mais paradoxal ainda é pretender
fazê-lo com boas doses de objetivismo relativamente à interpretação de tais precedentes.
Por um lado, o sistema de precedentes obrigatórios não leva em conta os fundamentos
da decisão como qualificadores do seu grau de vinculação para as decisões futuras: basta que
a decisão tenha sido tomada pelo Superior Tribunal de Justiça em respeito a algum
procedimento capaz de conferir-lhe tal força, como, por exemplo, aquele previsto no artigo
25
MENGONI, Luigi. Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi. Milano: Giuffrè, 1996, p. 83.
26
OUAKNIN, Marc-Alain. Biblioterapia. São Paulo: Edições Loyola, 1996, pp. 185-189. STEIN, Ernildo.
Aproximações sobre hermenêutica. Porto Alegre: Edipucrs, 1996, p. 20. Conforme Palmer, “desde que
acordamos de manhã, até que adormecemos, estamos a ‘interpretar’. Ao acordar, olhamos para o despertador e
interpretamos o seu significado: lembramos em que dia estamos e ao compreender o significado desse dia
estamo-nos já a lembrar do modo como nos situamos no mundo e dos planos de futuro que temos; levantamonos e temos que interpretar as palavras e os gestos das pessoas que contactamos na nossa vida diária”
(PALMER, Richard E. Hermenêutica. Tradução Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 2006. p. 20).
27
Segundo Lenio Streck, “não podemos admitir que, ainda nessa quadra da história, sejamos levados por
argumentos que afastam o conteúdo de uma lei – democraticamente legitimada – com base em uma suposta
“superação” da literalidade do texto legal. Insisto: literalidade e ambiguidade são conceitos intercambiáveis que
não são esclarecidos numa dimensão simplesmente abstrata de análise dos signos que compõem um enunciado.
Tais questões sempre remetem a um plano de profundidade que carrega consigo a “dobra da linguagem”, vale
dizer, o contexto no qual a enunciação tem sua origem. Esse é o problema hermenêutico que devemos enfrentar!
Problema esse que argumentos despistadores, como o da ‘superação’ da literalidade da lei, só fazem esconder e,
o que é mais grave, com riscos de macular o pacto democrático (STRECK, Lenio. Verdade e consenso:
constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 35).
43
543-C, do CPC 28. Vale dizer, o valor do precedente independe do seu conteúdo 29. O aspecto
subjetivista impera nesse primeiro momento, pois não importa como se decidiu, mas, sim, que
determinada matéria foi decidida. Com isso, o precedente ganha, automaticamente, força
vinculante relativamente aos casos futuros.
No common law uma decisão carente de fundamentação não tem força vinculante 30,
sendo bastante controversa a definição da ratio decidendi, ou seja, do elemento que confere
força gravitacional a uma decisão, tornando-a um precedente. Além disso, os precedentes não
costumam ser pensados para resolverem casos futuros, de modo que sua força vinculante será
aquilatada somente no confronto com um novo caso 31.
28
Nesse sentido, por exemplo, Marinoni enxerga no distinguishing a única possibilidade para os Tribunais locais
deixarem de seguir os “precedentes” firmados em julgamentos tomados pelo procedimento do art. 543-C do
atual CPC: “O tribunal de origem apenas pode deixar de se retratar quando pode demonstrar que o precedente
firmado não se aplica ao caso que deu origem ao acórdão recorrido. Portanto, o tribunal de origem não pode
manter a sua posição após o Superior Tribunal de Justiça ter fixado entendimento diverso, pois os seus
precedentes são obrigatórios em relação aos tribunais de justiça e regionais federais, cabendo apenas à Corte
incumbida da uniformização da interpretação da lei federal o poder de revogá-los. Ou seja, a única possibilidade
de o tribunal de origem não se retratar é mediante o distinguishing do caso. Ele obviamente não pode afirmar que
não está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para manter o acórdão e, após, dar
seguimento ao recurso especial” (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010, p. 499).
29
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 106.
Embora tal afirmação apareça de forma dispersa na obra de Luis Guilherme Marinoni, é possível entrever, em
seu texto, notadamente quanto à vinculação das decisões do STJ em relação aos demais Tribunais e juízes de
primeiro, um apego muito grande ao Tribunal incumbido de decidir em detrimento da própria decisão, mormente
quando afirma que “não há como deixar de ver as decisões do Superior Tribunal de Justiça como precedentes
obrigatórios” ou que “após a decisão da Corte afirmando a interpretação cabível, todos os tribunais inferiores
estão a ela vinculados”, sem tematizar a fundamentação de tais decisões (MARINONI, Luiz Guilherme.
Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 492-493).
30
FINE, Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norte-americano.
Revista dos tribunais. Ano 89. V. 782. Dezembro de 200. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 96. A esse
propósito, significativa a contribuição de Ronald Dworkin, o qual, segundo Stephen Guest, oferece um relato
aprimorado da ratio decidendi de uma decisão (GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Tradução Luís Carlos
Borges. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 61). Para Dworkin, o juiz deve “limitar a força gravitacional das
decisões anteriores à extensão dos argumentos de princípio necessários para justificar tais decisões”. São os
princípios que dão força gravitacional aos precedentes, razão pela qual se a decisão anterior estiver totalmente
justificada por algum argumento de política, ela não terá força gravitacional alguma (DWORKIN, Ronald.
Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 177). E, ainda em
razão da coerência, será necessário descobrir “os princípios que se ajustam não apenas ao precedente específico
para o qual algum litigante dirige sua atenção, mas para todas as outras decisões no âmbito de sua jurisdição
geral e, na verdade, também às leis, na medida em que estas devem ser vistas como geradas a partir de princípios
e não a partir de uma determinada política” (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson
Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 181).
31
COLE, Charles D. Precedente judicial – A experiência americana. Revista de processo. Ano 23. v. 92.
Outubro - Dezembro de 1998. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 80. THOMPSON, Donald. Il
precedente giudiziario nel diritto constituzionale inglese. In: La dottrina del precedente nella giurisprudenza
della corte costituzionale. A cura di Giuseppino Treves. Torino: Unione Tipográfico – Editrice Torinense, 1971,
p. 187.
44
Por outro lado, uma vez “criado” o precedente, este assume um papel semelhante ao
da lei no exegetismo. Aqui impera o objetivismo. É como se o precedente não fosse também
um texto e, portanto, não fosse passível de interpretação 32. Coincidentemente, tem-se uma
repetição daquilo que foi o mote das teorias jurídicas positivistas do século XIX, porém, se
antes o direito era identificado na lei, agora ele passa a ser identificado nos enunciados das
decisões dos Tribunais Superiores. Como o paradigma teórico é o mesmo, mantém-se o
método subsuntivo, aquele “que despe o ‘fato’ de tudo aquilo que o caracteriza como uma
individualidade, para acomodar seu esqueleto na norma, tornando-o um exemplar de vários
‘fatos’ supostamente idênticos, embora circunstancialmente diferentes” 33.
A mixagem subjetivista e objetivista no bojo da teoria dos precedentes obrigatórios 34 é
uma forte evidência da sua incapacidade de lidar com a indeterminação do direito. Primeiro,
que não há nenhum controle quanto ao conteúdo da decisão que assumirá o papel de
precedente, o que somente alastra o problema. Segundo, que o precedente, caso aplicado de
forma subsuntiva, representará um retorno ao exegetismo, porém não mais com um juiz “boca
da lei”, mas como uma nova figura: o juiz “boca de precedente”. Ainda, não serão poucas as
hipóteses em que o juiz alargará a abrangência do precedente a ser aplicado para conseguir
subsumi-lo no caso decidendo 35. Terceiro, que rapidamente os precedentes não darão conta de
32
A noção de que precedentes e súmulas teriam um grau de objetividade capaz de fazer com que não fossem
passíveis de interpretação pode ser vista na discussão a respeito da súmula vinculante nº. 14, nas palavras da
então Ministra Ellen Gracie: “A súmula vinculante é algo que não deve ser passível de interpretação, deve ser
suficientemente
clara
para
ser
aplicada
sem
maior
tergiversação”
(Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=102548>. Acesso em 02 de março de
2010).
33
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Normativismo e jurisdição declaratória. Epistemologia das ciências culturais.
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 85. O conceitualismo e da presença do método subsuntivo são, conforme
Ovídio A. Baptista da Silva, a “razão pela qual nossos magistrados imaginam que estejam fundamentando
sentenças quando arrolam inúmeros precedentes julgados por nossos tribunais” (SILVA, Ovídio A. Baptista da.
Normativismo e jurisdição declaratória. Epistemologia das ciências culturais. Porto Alegre: Verbo Jurídico,
2009, p. 86).
34
Essa mixagem envolvendo a metafísica clássica e moderna é há apontada por Lenio Streck relativamente às
súmulas no direito brasileiro. A respeito, ver STRECK, Lenio. A hermenêutica jurídica e o efeito vinculante da
jurisprudência no Brasil: o caso das súmulas. Boletim da faculdade de direito [da] Universidade de Coimbra.
Coimbra, v. 82, p. 213-217, jan. 2006. STRECK, Lenio Luiz. Súmulas, vaguezas e ambigüidades: necessitamos
de uma “teoria geral dos precedentes”? Direitos Fundamentais & Justiça. Ano 2. N º 5. Out./Dez. Porto Alegre:
HS Editora Ltda., 2008.
35
A esse respeito, interessante a crítica de Eduardo Oteiza sobre a adoção de um sistema de “precedentes” no
Brasil: “Mesmo que México e Brasil tenham adotado mecanismos formais para uniformizar a jurisprudência,
eles não valorizaram o precedente, entendido como uma decisão modelo, desenvolvida tendo em conta,
fundamentalmente, os fatos debatidos no processo. Pelo contrário, nos dois casos, a resposta foi reduzida a
elaborar fórmulas de interpretação, acórdãos entre os juízes dos superiores tribunais. As teses e as súmulas são
45
resolver todas as hipóteses de aplicação (lembre-se que os precedentes obrigatórios são
pensados para resolver casos futuros), o que acabará gerando imprevisibilidade quando se
trate de aplicá-los.
Cabe lançar um último argumento no sentido da impossibilidade de adoção de um
sistema de precedentes obrigatórios resolver o problema da indeterminação do direito. Basta
lembrar que a grande discussão do século XX a respeito da interpretação do Direito, ou seja, o
debate entre Ronald Dworkin e Herbert Hart, foi travado no âmbito do common law., o que,
mostra a impossibilidade de um sistema de precedentes, por si só, dar conta dos problemas
relativos à interpretação jurídica.
4 A falácia da superação do precedente obrigatório
Um argumento normalmente utilizado em favor da doutrina dos precedentes
obrigatórios é possibilidade de superá-los com argumentos novos, no que consistiria o
chamado overruling 36. Porém, como aconteceria o tal overruling, se os juízes e os Tribunais
devem obrigatoriamente seguir os precedentes do Superior Tribunal de Justiça? Como as
partes poderiam exercer o contraditório, influenciando na formação das decisões 37 com
concebidas como novos conceitos, que, por sua estrutura e generalidade, tendem mais a identificar-se com a
norma escrita (jurisprudência, segundo a tradição do civil law), que com uma decisão sobre um conflito, de
particularidades próprias, que pode repetir-se em sentenças futuras (precedente, de acordo com a tradição do
common law). Além disso, as teses e as súmulas têm sido incorporadas para uniformizar o entendimento do texto
legal e reduzir a carga de trabalho dos tribunais, mais que para robustecer a função do Poder Judicial e seu
âmbito de decisão” (OTEIZA, Eduardo. A função das cortes supremas na américa latina. História, paradigmas,
modelos, contradições e perspectivas. Direito constitucional: teoria geral da constituição (coleção doutrinas
essenciais; v. 1) / Clèmerson Merlin Clève, Luis Roberto Barroso organizadores. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001, p. 1195).
36
ALVES E SILVA, Ticiano. Carta ao professor Tesheiner: sobre os precedentes obrigatórios. Disponível em
<http://www.tex.pro.br>. Acesso em 11 de Abril de 2012. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes
obrigatórios.
37
Na sua configuração atual, conforme defende ampla doutrina, o contraditório deixa de ser apenas
bilateralidade de audiência e passa a ser visto como direito de influência (participação) e proibição de decisões
surpresa, de modo que a teoria dos precedentes obrigatórios, nos moldes em que vem sendo proposta para o
sistema recursal brasileiro, representa uma possível afronta a referida visão do princípio do contraditório. Acerca
dessa dimensão do contraditório, ver, dentre outros, COMOGLIO, Luigi Paolo. Il giusto processo civile in Italia
e in Europa. Revista de processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, n.116, ago. 2004. p. 132; TARZIA,
Giuseppe. Il Contraddittorio nel Processo Esecutivo. In: Esecuzione forzata e procedure concorsuali. Milano:
Cedam, 1994. p. 60; NUNES, Dierle Jose Coelho. Processo Jurisdicional Democrático. Curitiba: Juruá, 2009, p.
231; CABRAL, Antonio do Passo. Il Principio del contraddittorio come diritto dínfluenza e dovere di dibattito.
In: Rivista di diritto processuale. v. 60. Padova, CEDAM, apr.-giugno 2005, p. 458; THEODORO JÚNIOR,
46
argumentos novos, superadores do precedente do Tribunal Superior, se há um forte controle
hierárquico sobre as decisões das instâncias inferiores 38, a exemplo do que acontecia no
modelo liberal 39 do processo?
O sistema recursal brasileiro, à medida que vem implementando um gradual sistema
de valorização dos precedentes, também tem imposto uma filtragem maior para o acesso às
Instâncias Superiores. O sistema se limita tornando quase impossível que as partes consigam
levar novamente à discussão pelo STJ uma questão já decidida pela mesma Corte, sendo uma
falácia o discurso no sentido da possibilidade do overruling 40.
Humberto; NUNES, Dierle José Coelho. Uma dimensão que urge reconhecer ao contraditório no direito
brasileiro: sua aplicação como garantia de influência, de não surpresa e de aproveitamento da atividade
processual. Revista de Processo. São Paulo, v.34, n.168, p. 107-141, fev. 2009. GRADI, Marco. Il principio del
contraddittorio e la nullità dela sentenza dela “terza via”. Rivista di diritto processuale. Anno LXV (Seconda
Serie) N. 4. Luglio-Agosto 2010. Padova: CEDAM, 2010, pp. 826-848. BUONCRISTIANI, Dino. Il nuovo art.
101, comma 2º, C.P.C. sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice. Rivista di diritto processuale. Anno
LXV (Seconda Serie) – N. 2. Marzo- Aprile 2010. Padova: CEDAM, 2010. FERRI, Conrado. Sulléffettività del
contraddittorio. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Ano 42. Vol. 3-4. 1988. DENTI, Vittorio.
Questioni rilevabili dúfficio e contraddittorio. Rivista di diritto processuale. Volume XXIII. Padova: CEDAM,
1968. MOTULSKY, Henri. Écrits: études et notes de procédure civile. Paris: Dalloz, 1973. VICENT, Jean.
Précis de procédure civile. Paires: Libraire Dalloz, 1973. NORMAND, Jacques. I poteri del giudice e delle parti
quanto al fondamento delle pretense controverse. Rivista di diritto processuale. V. 43. Parte II, 1988. Padova:
CEDAM, 1988. PINHO. Humberto Dalla Bernardina de. Teoria geral do processo civil contemporâneo. 3ª ed.
ampl. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 49.
38
Sobre as relações entre a forma de organização hierárquica de poder e o processo, ver DAMASKA, Mirjan. I
volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo. Edizione originale: The faces of justice and
state authority. Trad. Andrea Giussani (capitoli III, IV e V) e Fabio Rota (capitoli I, II e VI). Bologna: Società
editrice il Mulino, 2002. Para uma análise dessa perspectiva no âmbito dos recursos, consultar RAATZ, Igor,
NASCIMENTO E SILVA, Frederico Leonel. Crítica à tese do julgamento de ofício das "questões de ordem
pública" em recurso especial: uma proposta de reflexão sobre o papel dos Tribunais Superiores. Revista de
Processo, São Paulo, v. 36, n. 202, p.69-92, dez. 2011.
39
A respeito do modelo liberal de processo, ver RAATZ, Igor. A organização do processo civil pela ótica da
teoria do Estado: a construção de um modelo de organização do processo para o estado democrático de direito e
o seu reflexo no projeto do CPC. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte , v. 19, n. 75, p. 97132, jul. /set. 2011. Para uma análise ampla do tema na doutrina italiana, TARUFFO, Michele. La giustizia civile
in Italia dal'700 a oggi. Bologna: Soc. Editrice il Mulino, 1980.
40
Quando Luiz Guilherme Marinoni trata do recurso diante da decisão que não admite a apelação por estar em
confronto com precedente de tribunal superior, afirma que “o autor, no recurso de apelação, poderá argumentar
que os eu caso não se amolda ao precedente ou que esse está a merecer revogação, seja por ter perdido
congruência social ou consistência sistêmica (ter sido desgastado pela jurisprudência, ou ainda por não estar em
consonância com a nova concepção geral do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 517), deixa de considerar que os próprios Tribunais que formam a
jurisprudência capaz de “desgastar” o precedente, encontrar-se-iam sob um grau tão intenso de vinculação que
tornaria praticamente impossível a produção de uma jurisprudência diversa do entendimento adotado nos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
47
5 Considerações finais
O sistema de precedentes obrigatórios teorizado por significativa parcela da doutrina
não parece adequado para lidar com os principais problemas da prática jurídica. Além de ser
dotado das mesmas pretensões que outrora alicerçaram a codificação, ou seja, a criação de um
sistema altamente previsível, capaz de antever todas as hipóteses de aplicação, é incapaz de
dar conta do problema da indeterminação do direito. Repetindo os defeitos que busca
combater, aposta em um subjetivismo do intérprete quando da criação dos precedentes, os
quais, independentemente do seu conteúdo (fundamentação), assumem força vinculante.
Após, há um retorno ao objetivismo, ao estilo da escola da exegese, como se não existisse
mais interpretação. A suposta abertura do sistema acaba sendo uma grande falácia, pois o
mesmo sistema é repleto de barreiras que impedem o acesso ao Tribunal Superior encarregado
da criação e revisão dos precedentes.
A valorização dos precedentes judiciais não constitui um mal em si. Na verdade, pode
contribuir para que o Direito brasileiro apresente um maior grau de integridade e coerência do
direito 41, na medida em que se passa a exigir dos juízes e Tribunais, no momento de decidir,
que levem em consideração o todo da prática jurídica pretérita e presente, gerando um alto
grau de constrangimento capaz de impedir decisões eivadas de subjetividade 42. Todavia, não é
isso que tem sido proposto. O chamado sistema de precedentes à brasileira aposta em uma
alta concentração de poder no Superior Tribunal de Justiça, com um consequente
amesquinhamento do papel dos juízes e Tribunais verticalmente inferiores.
41
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do
Direito. 10ª ed. rev.., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 390.
42
A superação do objetivismo característico do modelo subsuntivo não pode significar uma aposta no
subjetivismo, pois, conforme Marc-Alain Ouaknin, “a leitura como o diálogo também implica que o texto tenha
algo a dizer que lhe é próprio e que resiste à pura subjetividade do leitor. Pois, se o texto não tivesse essa força,
ele seria apenas um espelho permitindo a projeção do leitor. Todos os textos, então, poderiam ser trocados uns
pelos outros, isto é, no fim das contas haveria a sua inexistência. A estrutura dialógica da leitura oferece ao leitor
uma posição intermediária entre a auto-supressão do intérprete, postulada pelo positivismo, e o perspectivismo
generalizado de Nietzche, por exemplo”. (OUAKNIN, Marc-Alain. Biblioterapia. São Paulo: Edições Loyola,
1996, p. 189).
48
6 Referências bibliográficas
ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 4ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2009.
ALVES E SILVA, Ticiano. Carta ao professor Tesheiner: sobre os precedentes obrigatórios. Páginas
de direito. Disponível em <http://www.tex.pro.br>. Acesso em 11 de Abril de 2012.
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio
Pugliese, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.
BUONCRISTIANI, Dino. Il nuovo art. 101, comma 2º, C.P.C. sul contraddittorio e sui rapporti tra
parti e giudice. Rivista di diritto processuale. Anno LXV (Seconda Serie) – N. 2. Marzo- Aprile 2010.
Padova: CEDAM, 2010.
CABRAL, Antonio do Passo. Il Principio del contraddittorio come diritto dínfluenza e dovere di
dibattito. In: Rivista di diritto processuale. v. 60. Padova, CEDAM, apr.-giugno 2005.
CAENEGEM, R. C. van. Juízes, legisladores e professores: capítulos de história jurídica europeia:
palestras Goodhart 1948-1985. Tradução Luiz Carlos Borges; revisão técnica Carla Henriete
Bevilacqua. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
CASTANHEIRA NEVES, António. Digesta. Escritos acerca do direito, do pensamento jurídico, da
sua metodologia e outros. Volume 2. Coimbra: Coimbra Editora, 1995.
CAVANNA, Adriano. Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico. v. 1.
Milano. Dott. A. Giuffrè Editore, 1979.
COLE, Charles D. Precedente judicial – A experiência americana. Revista de processo. Ano 23. v. 92.
Outubro - Dezembro de 1998. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
COMOGLIO, Luigi Paolo. Il giusto processo civile in Italia e in Europa. Revista de processo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, n.116, ago. 2004.
CROSS, Rupert. Precedent in english law. Oxford: Clarendon press, 1977.
DAMASKA, Mirjan. I volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo. Edizione
originale: The faces of justice and state authority. Trad. Andrea Giussani (capitoli III, IV e V) e Fabio
Rota (capitoli I, II e VI). Bologna: Società editrice il Mulino, 2002.
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
DENTI, Vittorio. Questioni rilevabili dúfficio e contraddittorio. Rivista di diritto processuale.
Volume XXIII. Padova: CEDAM, 1968.
DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge: University Press, 2008, p. 35.
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
FERRI, Conrado. Sulléffettività del contraddittorio. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile.
Ano 42. Vol. 3-4. 1988.
FINE, Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norteamericano. Revista dos tribunais. Ano 89. V. 782. Dezembro de 200. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, p. 96.
FRANK, Jerome. La influencia del derecho europeo continental en el ‘”common law”. Traducción y
comentário de José Puig Brutau. Barcelona Bosch, 1957.
49
GENY, François. Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo. 2. ed. Madrid:
Reus, 1925.
GRADI, Marco. Il principio del contraddittorio e la nullità dela sentenza dela “terza via”. Rivista di
diritto processuale. Anno LXV (Seconda Serie) N. 4. Luglio-Agosto 2010. Padova: CEDAM, 2010,
GROSSI, Paolo. Dalla società di sicietà alla insularità dello Stato fra Medioevo ed Età Moderna.
Revista sequência, n. 55, p. 9-28, dez. 2007.
GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Tradução Luís Carlos Borges. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
HECK, Philipp. Interpretação da lei e jurisprudência dos interesses. Tradução de José Osório. São
Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva, 1947.
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3ª ed. Tradução de José Lamego. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos,
Faculdade de Ciências Humanas/FUMEC, 2008.
LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito . V. 2. O século XX. São Paulo: Martins Fontes,
2010.
________. I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei. Roma-Bari:
Laterza, 2000.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
________; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: processo de conhecimento. 9. ed.,
2.tir. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2011.
MATTEI, Ugo. Common law: il diritto anglo-americano. Ristampa. Torino: UTET, 2001.
MENGONI, Luigi. Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi. Milano: Giuffrè, 1996.
MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
MOTULSKY, Henri. Écrits: études et notes de procédure civile. Paris: Dalloz, 1973.
VICENT, Jean. Précis de procédure civile. Paires: Libraire Dalloz, 1973.
NORMAND, Jacques. I poteri del giudice e delle parti quanto al fondamento delle pretense
controverse. Rivista di diritto processuale. V. 43. Parte II, 1988. Padova: CEDAM, 1988.
NUNES, Dierle Jose Coelho. Processo Jurisdicional Democrático. Curitiba: Juruá, 2009.
OTEIZA, Eduardo. A função das cortes supremas na américa latina. História, paradigmas, modelos,
contradições e perspectivas. Direito constitucional: teoria geral da constituição (coleção doutrinas
essenciais; v. 1) / Clèmerson Merlin Clève, Luis Roberto Barroso organizadores. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2001.
OUAKNIN, Marc-Alain. Biblioterapia. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
PALMER, Richard E. Hermenêutica. Tradução Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70,
2006.
PINHO. Humberto Dalla Bernardina de. Teoria geral do processo civil contemporâneo. 3ª ed. ampl.
rev. e atual. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 49.
PORTALIS, Jean-Étienne-Marie. Discours préliminaire du premier projet de Code civil. Préface de
Michel Massenet. Titre original : Motifs et discours prononcés lors de la publication du code civil.
Bordeaux : Éditions Confluences, 2004, 78 pp. collection : Voix de la Cité.
50
RAATZ, Igor. A organização do processo civil pela ótica da teoria do Estado: a construção de um
modelo de organização do processo para o estado democrático de direito e o seu reflexo no projeto do
CPC. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte , v. 19, n. 75, p. 97-132, jul. /set. 2011.
RAATZ, Igor. Considerações históricas sobre as diferenças entre common law e civil law: reflexões
para o debate sobre a adoção de precedentes no direito brasileiro. Revista de processo. V. 36. N. 199,
Setembro de 2011.
________. NASCIMENTO E SILVA, Frederico Leonel. Crítica à tese do julgamento de ofício das
"questões de ordem pública" em recurso especial: uma proposta de reflexão sobre o papel dos
Tribunais Superiores. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 202, p.69-92, dez. 2011.
SCALIA, Antonin. Commonl-Law Courts in a Civil-Law System: The Role of United States Federal
Courts in Interpreting the Constitution and Laws. In: A matter of interpretation. Princeton: Princeton
University Press, 1997.
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Breve história do direito processual civil. In: SILVA, Ovídio A.
Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do processo. 6ª ed. ver. e. atual. São Paulo Revista dos
Tribunais, 2011.
________. Normativismo e jurisdição declaratória. Epistemologia das ciências culturais. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2009.
STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. Porto Alegre: Edipucrs, 1996.
STRECK, Lenio. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4ª ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2011
________. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito.
10ª ed. rev.., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
________. Súmulas, vaguezas e ambigüidades: necessitamos de uma “teoria geral dos precedentes”?
Direitos Fundamentais & Justiça. Ano 2. N º 5. Out./Dez. Porto Alegre: HS Editora Ltda., 2008.
________. A hermenêutica jurídica e o efeito vinculante da jurisprudência no Brasil: o caso das
súmulas. Boletim da faculdade de direito [da] Universidade de Coimbra. Coimbra, v. 82, p. 213-217,
jan. 2006.
TARUFFO, Michele. La giustizia civile in Italia dal'700 a oggi. Bologna: Soc. Editrice il Mulino,
1980.
TARZIA, Giuseppe. Il Contraddittorio nel Processo Esecutivo. In: Esecuzione forzata e procedure
concorsuali. Milano: Cedam, 1994.
THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle José Coelho. Uma dimensão que urge reconhecer
ao contraditório no direito brasileiro: sua aplicação como garantia de influência, de não surpresa e de
aproveitamento da atividade processual. Revista de Processo. São Paulo, v.34, n.168, p. 107-141, fev.
2009.
THOMPSON, Donald. Il precedente giudiziario nel diritto constituzionale inglese. In: La dottrina del
precedente nella giurisprudenza della corte costituzionale. A cura di Giuseppino Treves. Torino:
Unione Tipográfico – Editrice Torinense, 1971.
TESHEINER, José Maria Rosa. Contra os precedentes obrigatórios. Páginas de direito. Disponível em
<http://www.tex.pro.br>. Acesso em 11 de Abril de 2012..
51
GARANTIA À MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES *
Jonathan Iovane de Lemos 1
Sumário: 1 Introdução; 2 Escorço Histórico; 3 Justificativas Históricas da Motivação; 4
Estrutura e Conteúdo da Motivação; 4.1 Análise Crítica; 5 Tipos de Motivação; 5.1
Motivação per relationem ou ad relationem; 5.2 Motivação Implícita; 5.3 Motivação Sucinta
ou Concisa vs. Motivação Inexistente; 6 Bibliografia.
1 Introdução
Modernamente, toda lei está (ou pelo menos tinha a obrigação de estar) umbilicalmente
ligada aos ditames da Constituição. O direito processual deve, portanto, atentar-se às garantias
e outras regulações de cunho procedimental existentes na Carta Magna, vislumbrando, ao
cabo, a sua legalidade e a sua manutenção como ferramenta inerente ao próprio Estado
Democrático de Direito brasileiro – verdadeiro “Estado de Direito e de Justiça Social” 2.
Na sua história, apenas após a Segunda Grande Guerra é que o processo elidiu sua
condição oscilante conceitual que “in termini strettamente tecnici e strumentali dovrebbe
sempre essere neutro” 3, emergindo como genuína garantia fundamental, essencial não apenas
ao Estado Democrático de Direito, mas, sobretudo, à sociedade 4-5, representando “o espaço
mais autêntico para o exercício da verdadeira cidadania” 6.
*
Originalmente publicado na Revista Brasileira de Direito Processual - RBDPro. Ano 17, v.67, p.57-78, 2009.
ISBN: 0100-2589.
1
Advogado. Mestre em Direito e Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS).
2
REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o Conflito das Ideologias. São Paulo: Editora Saraiva,
1998, p. 2.
3
TROCKER, Nicolò. Il nuovo articolo 111 della constituzione e il ‘giusto processo’ in matéria civile: profili
generali. In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Anno LV, n.º 2, giugno 2001, Milano: Giuffre, p.
384. E completa o professor da Universidade de Firenze: “ [...] neutro, non potendosi qualificare a rigore, né
come ‘giusto’, né come ‘ingiusto’, poiché tali aggettivazioni sembrano proprie non già del mezzo, ma del
risultato decisorio cui esso conduce”. Tradução livre do autor: “em termos estritamente técnicos e instrumentais
deveria sempre ser neutro”.
4
TARUFFO, Michele. Il significato constituzionale dell’obbligo di motivazione. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord). Participação e Processo. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 40.
5
Isso porque, para COMOGLIO (I modelli di garanzia constituzionale del processo In: Rivista Trimestrale di
Diritto e Procedura Civile. Anno XLV, n.º 3, settembre 1991, Milano: Giuffre, p. 676-677), “[...] se ‘garanzia’
implica sempre ‘protezione’ (o comunque predisposizione di mezzi idonei ad assicurarla in concreto), e se non
sempre l’attribuzione solenne di un ‘diritto’ si traduce, a livello constituzionale, in un riconoscimento
52
A postura processual, portanto, desloca-se da idéia de que as partes poderiam,
simplesmente, agir e defender-se em juízo, para a noção de que elas possuem o direito de um
desenvolvimento processual com todas as garantias constitucionais esculpidas, amoldando-se
tal contexto às lições de ZAGREBELSKY 7 de que “si può pensare alla constituzione non piú
come centro dal quale tutto derivava per irradiazione [...] ma come centro verso cui tutto
deve convergere, cioè come centro da guadagnare piuttosto che come centro da cui partire”.
Abranda-se a valia da velha tríade instrumentalista de “ação, jurisdição e processo” 8,
incorporando-se, agora, ao cenário processual, uma teoria constitucional, assegurando “às
partes determinados direitos a serem exercidos no curso do processo judicial ou em razão
dele” 9, vislumbrando, em seu fim, a pacificação e a realização da justiça 10.
Dentre as inúmeras garantias positivadas na Constituição Federal brasileira de 1988, o
princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões, entalhado no artigo 93, incisos IX e
X 11, surge como direito fundamental do cidadão, visto como prelúdio para averiguação da
legalidade de atuação do ente estatal 12, já que é o único caminho para a demonstração da
‘garantito’, a fortiori la presenza di un efficace sistema di ‘garanzie’ (non soltanto formali, ma anche
giurisdizionali) appare ormai irrinunziabile – a qualsiasi livello di tutela, nazionale o soprannazionale – per la
‘protezione’ dei diritti individuali, inclusi nel patrimonio fondamentale ed inalienabile della persona umana”.
6
MITIDIERO, Daniel. Estado Constitucional, Controle de Constitucionalidade e Processo Civil no Brasil: do
Iustum Iudicium à Constituição de 1988. In: Processo Civil e Estado Constitucional. Porto Alegre: Editora
Livraria do Advogado, 2007, p. 27.
7
ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Nuova Edizione. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1992, p. 10.
Tradução livre do autor: “se pode pensar na Constituição não mais como centro da qual tudo deriva por
irradiação [...] mas como centro sobre o qual tudo deve convergir, isto é, como centro a alcançar que como
centro de partir”.
8
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica: Ato de Decisão e Legitimidade Decisória;
Hermenêutica Decisional na Teoria Discursiva; Legitimidade Decisória e Devido Processo Constitucional. São
Paulo: Landy Editora, 2002, p. 13.
9
PORTO, Sérgio Gilberto; USTÁRROZ, Daniel. Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil: o
conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 38.
10
RIBEIRO, Darci Guimarães. La Pretension Procesal y La Tutela Judicial Efectiva: Hacia una Teoría Procesal
Del Derecho. Barcelona: Bosch, 2004, p. 88-89.
11
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; X as decisões
administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da
maioria absoluta de seus membros
12
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle do raciocínio judicial pelos tribunais superiores brasileiro. In: Revista
da AJURIS. n.º 50, ano XVII, novembro, 1990, Porto Alegre, p. 8.
53
imparcialidade 13 e da justiça das decisões emanadas, sendo, ao cabo, requisito intrínseco ao
conceito de Estado Democrático de Direito 14.
2 Escorço Histórico
Aponta a melhor doutrina 15, de forma pacífica, que a obrigação da motivação das
decisões, a partir de meados do século XVIII, se dissipou positivadamente nas legislações
ocidentais, ressaltando que preteritamente a esse período já se encontravam precedentes
acerca da necessidade de fundamentação dos julgados na praxe forense.
13
De acordo com ARTUR CÉSAR DE SOUZA (A parcialidade positiva do juiz (justiça parcial) como critério
de realização no processo jurisdicional das promessas do constitucionalismo social. In: Revista dos Tribunais.
Ano 96, v. 857, março, 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 31-37), a imparcialidade, após a IIª
Guerra Mundial, passou a ser um postulado universal, encontrando-se reconhecida no artigo 10 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (Toda pessoa tem o direito, em condições de plena igualdade, de ser ouvida
publicamente e com justiça por um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou
do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele) e no artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis
e Políticos (Todas as pessoas são iguais perante os tribunais de justiça. Todas as pessoas têm direito a que a
sua causa seja ouvida equitativa e publicamente por um tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido pela lei, que decidirá quer do bem fundado de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra
elas, quer das contestações sobre os seus direitos e obrigações de caráter civil [...]), ambos ratificados pelo
Brasil, fato que elevou o princípio da imparcialidade a direito fundamental, de acordo com o §2º do artigo 5º da
CF’88. Imparcialidade, nas palavras de DARCI RIBEIRO (Provas Atípicas. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1998, p. 21), é “parte da premissa inafastável da natureza do homem, como ser social e individual;
pois, ser imparcial é não deixar as suas convicções, as suas predileções sobrepujarem os elementos constantes
nos autos. Isso é ser humanamente imparcial. Essas convicções e predileções pessoais devem pesar no
julgamento [...] (mas) não pode pesar mais do que o necessário para interpretar ambos os critérios (objetivos e
subjetivos dos autos). E onde vamos encontrar os limites para o necessário? Os limites para o necessário deverão
ser obrigatoriamente encontrados na fundamentação do juiz [...] será mais imparcial o juiz, quanto mais
fundamentada for a sua decisão, porque, quanto mais ele fundamentar, mais ele objetivará as suas convicções
íntimas, que são subjetivas, adentrando, com isso, nos critérios objetivos que ele só poderá encontrar nos autos”.
Ressalta-se, apenas, que a imparcialidade processual do juiz deverá ser entendida, dentro do quadro narrado,
como uma ausência de atuação tendenciosa a qualquer uma das partes, mas nunca em relação ao processo.
Acerca da participação do juiz no processo, leia-se: MITIDIERO, Daniel. Colaboração no Processo Civil:
pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
14
Sobre o assunto, ROSEMIRO PEREIRA LEAL (Teoria Processual da Decisão Jurídica: Ato de Decisão e
Legitimidade Decisória; Hermenêutica Decisional na teoria Discursiva; Legitimidade Decisória e Devido
Processo Constitucional. São Paulo: Landy Editora, 2002, p. 31) explica que “na teoria da democracia os direitos
fundamentais são inafastáveis não porque já estejam impregnados na consciência dos indivíduos, mas porque são
pressupostos jurídicos da instalação processual da movimentação do sistema democrático, sem os quais o
conceito de Estado democrático de direito não se enuncia”.
15
Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao
estado de direito. In: Temas de Direito Processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 83;
TARUFFO, Michele, nas seguintes obras: (a) La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975, p.
319-320, (b) Il significato constituzionale dell’obbligo di motivazione. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord). Participação e Processo. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1988, p. 37.
54
O Brasil, mesmo após sua independência, por força do Decreto de 20 de outubro de
1823, manteve a utilização de regras normativas oriundas de Portugal 16, vigorando a
motivação das decisões judiciais anteriormente “à própria configuração política de nosso país
como Estado independente” 17, pela primeira parte do §7º do Livro III, Título LXVI das
Ordenações Filipinas 18 e, posteriormente 19, pelo artigo 232 do Regulamento 737 20 de 25 de
novembro de 1850.
Em 1891, com a promulgação do primeiro texto constitucional brasileiro, consagrou-se
a divisão de competência legislativa entre União e Estados, principiando-se a construção
cognitiva de Códigos de Processo estaduais, os quais “limitaram-se a copiar os velhos
preceitos herdados das Ordenações do Reino” 21, mantendo, no que tange à motivação das
decisões, a obrigação previamente referida.
Voltando-se à unidade legislativa, de acordo com a Constituição de 1937, a
compulsoriedade de motivação das decisões se manteve hígida na legislação nacional,
passando a estar codificada nos artigos 118, parágrafo único 22 e 280, inciso II 23 do Código de
16
CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1987,
p. 54.
17
NOJIRO, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora
18
§7º. E para as partes saberem se lhes convêm apelar ou agravar das sentenças definitivas, ou vir com embargos
a elas, e os juízes da mor alçada entenderem melhor os fundamentos, por que os juízes inferiores se movem a
condenar, ou absolver, mandamos que todos nossos desembargadores, e quaisquer outros julgadores, ora sejam
letrados, ora não o sejam, declaram especificamente em suas sentenças definitivas, assim na primeira instância,
como no caso da apelação ou agravo, ou revista, as causas, em que se fundaram a condenar ou absolver, ou a
confirmar ou revogar”.
19
Nesse sentido: NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. rev.
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 216; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A
motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao estado de direito. In: Temas de Direito Processual:
segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 85; CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença
no processo civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1987, p. 55 e NOJIRO, Sérgio. O dever de fundamentar as
decisões judiciais. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 28.
20
Art. 232. A sentença deve ser clara, sumariando o juiz o pedido e a contestação com os fundamentos
respectivos, motivando com precisão o seu julgado e declarando sob sua responsabilidade a lei, uso ou estilo em
que se funda.
21
22
Art. 118. Na apreciação da prova, o juiz formará livremente o seu convencimento, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pela parte. Mas, quando a lei considerar determinada
forma como da substância do ato, o juiz não lhe admitirá a prova por outro meio. Parágrafo único. O juiz
indicará na sentença ou despacho os fatos e circunstâncias que motivaram o seu convencimento.
23
Art. 280. A sentença, que deverá ser clara e precisa, conterá: I – o relatório; II – os fundamentos de fato e de
direito; III – a decisão. Parágrafo único. O relatório mencionará o nome das partes, o pedido, a defesa e o resumo
dos respectivos fundamentos.
55
Processo Civil de 1939, assim como, após a entrada em vigor do Código Buzaid, nos artigos
131 24, 165 25 e 458, II 26, dentre outros.
Chama a atenção, do breve relato supra, que a obrigatoriedade de motivação das
decisões judiciais sempre “foi regra impositiva de nosso ordenamento jurídico positivo, desde
o nascimento do país até os dias atuais” 27, restando pouquíssimas exceções à determinação
legal de fundamentar os julgados – v.g. arguição de relevância 28.
Todavia, paralelamente ao contexto nacional, não se deve olvidar que, no plano
internacional, verificou-se uma mudança de mentalidade do povo europeu, amargamente
abatido pelos efeitos da guerra, face à constante negação de seus direitos fundamentais, que
refletiram na necessidade “de positivar expressamente princípios universais, com o fito de
criar mais um obstáculo ao retorno da opressão” 29.
A ausência de respeito aos direitos fundamentais e humanos por regimes totalitários
colimou na absorção da sociedade de que seria inevitável a positivação de garantias a nível
constitucional, justamente para “[...] stabilità ed opponibilità (delle garanzie) nei confronti di
qualsiasi potere ordinario dello Stato; diventano cioè regole munite di concreta forza
precettiva il cui rispetto, anche da parte del legislatore, è giudizialmente verificabile grazie
all’introduzione di meccanismi di controllo di constituzionalità della leggi” 30. Logo, não se
24
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda
que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.
25
Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais
decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.
26
Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do
pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz
resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem.
27
28
Nesse sentido: ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 694;
AZEM, Guilherme Beux Nassif. Repercussão Geral da Questão Constitucional no Recurso Extraordinário.
Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2009, p. 55 e ss; MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO,
Daniel. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário: de acordo com a Lei 11.418/2006. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 30-31; CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo
civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1987, p. 130-133.
29
USTÁRROZ, Daniel. A democracia Processual e a Motivação das Decisões Judiciais. In: PORTO, Sérgio
Gilberto (Org). As garantias do cidadão no processo civil: relações entre constituição e processo. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2003, p. 126.
30
TROCKER, Nicolò. Il nuovo articolo 111 della constituzione e il ‘giusto processo’ in matéria civile: profili
generali. In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Anno LV, n.º 2, giugno 2001, Milano: Giuffre, p.
384. Tradução livre do autor: “[...] estabilidades e oponibilidades (das garantias) no confronto de quaisquer
poderes ordinários do Estado; tornando-se regras munidas de concreta força preceptiva, cujo respeito, também
por parte do legislador, é jurisdicionalmente verificável graças a introdução de mecanismos de controle
constitucionalidade da lei”.
56
mostra suficiente “inserirle (le garanzie) soltanto tra le norme di um corpus codicistico, ed è
portanto che le garanzie processuali vengono constituzionalizzate e constituzionalmente
protette” 31, sendo a imposição de fundamentação das decisões condição necessária para o
controle democrático da população sobre a aplicação do poder jurisdicional pelo Estado –
local onde emergem e encontram atuação os direitos fundamentais do cidadão 32 –
consignando, porém, para se evitar dubiedade, que tal monitoração é realizada sobre a
decisão, e não da decisão em si 33.
Dentro desse quadro, inúmeras foram as constituições que positivaram a obrigatoriedade
da motivação das decisões – v.g. belga (art. 149), espanhola (art. 120), italiana (art. 111),
portuguesa (art. 205), etc., estando, hoje, inclusive, gravada no art. 6, ponto 1, da Declaração
do Homem da Convenção Européia 34 –, tendência felizmente ratificada pelo Brasil, com a
promulgação da Constituição de 1988, que, em seu artigo 93, incisos IX e X, determina a
compulsória fundamentação das decisões judiciais e administrativas, erigindo o princípio à
garantia constitucional.
O princípio da motivação das decisões é, portanto, em seu desfecho, mais do que uma
garantia, sendo uma parte integrante indissociável do conceito de Estado Democrático de
Direito 35, pois conduz e legitima a atuação estatal perante a sociedade.
31
TROCKER. Op. cit., p. 384. Tradução livre do autor: “inserir (as garantias) apenas entre as normas de um
código, e é por isso que a garantias processuais venham constitucionalizadas e constitucionalmente protegidas”.
32
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 40-41. Para TARUFFO: “ (la motivazione) nasce dal considerare
la giurisdizaione come campo nel quale emergono e trovano attuazione non solo una funzione essenciale dello
Stato di diritto, ma soprattutto i diritti fondamentali dei cittadini [...] Ciò che, anche in presenza di norme molto
simili, l’una di tipo ordinario e l’atra di rango constituzionale, marca la radicale differenza della seconda
rispetto alla prima, è la diversa concezione della motivazione: essa è vista infatti come strumento di funzionalità
del processo sul piano delle norme ordinarie, mentre sul piano dei principi constituzionali essa è vista come
garanzia, ossia come condizione necessaria per il controllo democratico diffuso sull’esercizio del potere
giurisdizionale. Sotto questo profilo, anzi, l’obbligo di motivazione non è soltanto uno strumento di garanzia
processual in senso stretto, ma si ricollega alla concezione generale dello Stato e del potere pubblico, che
proprio nell’esercizio della giurisdizione trovano una manifestazione fondamentale”.
33
PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 67.
34
Art. 6. 1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num
prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a
determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação
em matéria penal dirigida contra ela.
35
Nesse sentido as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça – PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO
ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO POSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL CONFIGURADA.
MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. "DUE PROCESS OF LAW". ART. 535, CPC. RECURSO PROVIDO. I - A
motivação das decisões judiciais reclama do órgão julgador, pena de nulidade, explicitação fundamentada
quanto aos temas suscitados. Elevada a cânone constitucional, apresenta-se como uma das características
57
3 Justificativas Históricas da Motivação
A motivação, em sua evolução, conforme lembra BARBOSA MOREIRA 36, “firmou-se,
nos diferentes ordenamentos, sob circunstâncias históricas, políticas, sociais e culturais
bastante diversificadas”, tornando-se inútil tentar desvendar algum requisito “inspirador
comum a emergência da regra nos muitos países em que ela se impôs” 37.
Tal reflexão, todavia, não obsta à verificação das justificações históricas da motivação,
totalmente diferenciadas sob a perspectiva infraconstitucional ou constitucional adquiridas
pelo assunto.
A perspectiva infraconstitucional do tema conduz a uma análise endoprocessual da
motivação, ligada ao funcionamento do processo e de organização da administração
judiciária, já que, em primeiro, visa a “facilitare la connessione tra sentenza e
impugnazione” 38, possibilitando às partes um melhor entendimento do julgado, verificando o
acolhimento, ou não, de suas teses, assim como a análise probatória feita pelo órgão julgador,
ou seja, auxilia “a visualização mais precisa das causas que levaram o juiz a decidir daquela
forma” 39, permitindo uma melhor elaboração recursal, ao mesmo tempo em que auxilia o
juízo superior, “che potrà meglio giudicare sulla sentenza impugnata conoscendo le ragioni
addotte dal giudiche che l’há pronunciata” 40-41; em segundo, “assicura la possibilita di
incisivas do processo contemporâneo, calcado no "due process of law", representando uma "garantia inerente
ao estado de direito". [...] (REsp 493.625/PA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003 p. 262) – e do Supremo Tribunal Federal - Recurso
extraordinário. Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Artigo 118, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 1. A garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência
inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões
judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. 2. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que
nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação. 3. A lavratura do acórdão
dá conseqüência à garantia constitucional da motivação dos julgados 4. Recurso extraordinário conhecido e
provido. (RE 540995, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2008, DJe-078
DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-05 PP-01100) (Grifo nosso).
36
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao estado de
direito. In: Temas de Direito Processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 86.
37
MOREIRA. Op. cit., p. 86.
38
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 38. Tradução livre do autor: “facilita a conexão entre sentença e a
impugnação”.
39
40
58
controllo verticale sull’operato del giudice, che è un’esigenza tipica dello Stato burocratico
centralizzato” 42, e, por fim, em terceiro, “resulta útil para enriquecer e uniformizar a
jurisprudência de um determinado ordenamento jurídico, servindo, de tal sorte, como valioso
subsídio” 43 aos operadores do direito.
Sob essa ótica, a motivação é vista como requisito formal indispensável ao bom
andamento do processo, já que auxilia as partes e o juízo superior na condução dos atos
procedimentais, clarificando a decisão e permitindo a análise de sua justiça 44 dentro da
situação fática apresentada.
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 38. Tradução livre do autor: “que poderá melhor julgar sobre a
sentença impugnada conhecendo as razoes adotadas do juiz que a pronunciou”.
41
BARBOSA MOREIRA (A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao estado de direito. In:
Temas de Direito Processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 86), sobre o assunto, com
clareza que lhe é peculiar, aduz que “só o conhecimento das razões de decidir pode permitir que os interessados
recorram adequadamente e que os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das
decisões submetidas à sua revisão”.
42
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 38. Tradução livre do autor: “assegura a possibilidade de controle
vertical sobre a operação (decisão) do juiz, que é uma exigência típica do Estado burocrático e centralizado”.
43
p. 23.
44
Sobre o assunto “decisão justa”, não se pode deixar de citar os ensinamentos de MICHELE TARUFFO, em
seu ótimo artigo “Idee per uma teoria della decisione giusta” (Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile.
Anno LI, n.º 2, giugno 1997, Milano: Giuffre, p. 315-328), que, após a análise da insuficiência da determinação
do conceito de justiça e os problemas que sucedem como corolário da delimitação do tema apontado (p. 315319), explica que a teoria que se irá propor “si fonda sul presupposto che non esista un singolo ed unico criterio
idoneo a constituire il punto di riferimento per le valutazione attinenti alla giustizia della decisione giudiziaria”.
Na verdade, segundo o professor da Universidade de Pavia, são três os elementos (p. 319-321) necessários para a
existência de uma decisão justa: “a) correttezza della scelta e dell’interpretazione della regola giuridica
applicabile al caso; b) accertamento attendibile dei fatti rilevanti del caso e c) impiego di un procedimento
valido e giusto per giungere alla decisione”. Veja-se que segundo TARUFFO os três elementos – que são vagos,
podendo, apenas, no caso concreto, ser definidos – são aptos, quando presentes em conjunto, em um nível
mínimo, a individualizar a decisão justa, mas nenhum é por si, individualmente, suficiente para obter tal
objetivo. Chegando ao ápice de sua obra, TARUFFO expõe que (p. 325-328) “perchè la decisione sia giusta
occorre che nessuno dei tre valori sia in essa inferiore ad un livello minimo che si considera accettabile [...] si
potranno individuare allora decisioni più o meno giuste (ma pur sempre giuste) a seconda dei valori che le
caratterizzano”, concluindo que “si può dire che la giustizia della decisione risulta bensì della combinazione
dei valori relativa ai tre criteri indicati, ma non dalla ‘media’ di tali valori. Un valore insuficiente non può esses
compensato dagli altri valori in modo da produrre un risultato globale che possa considerarsi acettabile”. Em
outro artigo (Considerazioni su prova e motivazione. In: MEDINA, José Miguel Garcia; CRUZ, Luana Pedrosa
de Figueiredo; CERQUEIRA, Luis Otávio Sequeira de; JUNIOR, Luiz Manoel Gomes (Coord). Os poderes do
juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier. 2ª
tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.168), TARUFFO complementa a idéia, ainda, de que
“la giustizia della decisione non ne presuppone soltanto la legalità, ossia la derivazione da una corretta
interpretazione ed applicazone delle norme, ma anche la veridicità, ossia l’accertamento della verità dei fatti
rilevanti: la ragione fondamentale di ciò è che nessuna decisione può considerarsi giusta se si fonda su un
accertamento falso o errato dei fatti della causa”. No mesmo sentido, em outra obra, TARUFFO, Michele.
Verità e probabilità nella prova dei fatti. In: Revista de Processo. Ano 32, n.º 153, dezembro, 2007. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, p. 216.
59
Todavia, a mudança de mentalidade da sociedade acarretou uma alteração no paradigma
motivacional existente, aglutinando-se ao caráter eminentemente técnico 45 da fundamentação
a idéia de garantia basilar indissociável ao Estado Democrático de Direito, conduzindo o novo
panorama constitucional a uma análise extraprocessual 46 da motivação das decisões.
Outra não pode ser a ótica de apresentação do tema perante à Constituição, que
erguendo a República Federativa do Brasil a um nível “democrático social, estruturou-o de
forma a contemplar a participação popular como um dos mais importantes instrumentos de
exercício político à disposição dos cidadãos” 47.
Mais do que ser reconhecido pelo respeito aos valores da sociedade, o Estado
Democrático de Direito se distingue pela transparência no exercício de seu poder, que só é
legítimo enquanto se justifica junto ao povo 48 - real detentor do poder.
O dever de fundamentar atende, portanto, ao interesse público, permitindo “a
fiscalização do exercício de poder estatal e a consolidação de orientações jurisprudenciais que
permitam a aplicação de normas processuais” 49, sendo, ao cabo, junto com a publicidade, a
razão de legalidade e o requisito necessário para o controle 50 eficaz do Estado Democrático de
Observa-se que o professor italiano teve o mérito de identificar de maneira concreta os requisitos abstratos
inerentes a toda decisão justa, mormente no que tange à necessidade de se estipular um mínimo necessário para
justiça da decisão. Dentro desse quadro, a presença dos três elementos mencionados, dentro de parâmetros
estabelecidos, permite a prolação de decisões justas – algumas mais do que outras, mas todas justas.
45
46
Tecendo críticas acerca da nomenclatura da perspectiva extraprocessual, DANIEL MITIDIERO (Colaboração
no Processo Civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 137138, nota de rodapé n.º 23), aduz que “[...] se partirmos da idéia que o direito processual civil não pode ser outra
coisa que ‘direito constitucional aplicado’ [...] o fato de encartarmos nas normas processuais a finalidade de
atender a valores constitucionais não pode de modo algum ser encarado como uma dimensão ‘extraprocessual’
dessas normas. Trata-se de evidente processo de densificação das normas constitucionais no direito
infraconstitucional, inerente ao modo de pensar o processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais”.
47
48
49
conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 71
50
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. rev. atual. ampl. Atualizada de
acordo com a reforma processual de 2006/2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 314. Sobre o
assunto, para MICHELE TARUFFO (Il significato constituzionale dell’obbligo di motivazione. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord). Participação e
Processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 42), “il controllo, ed anzi per effetto della sua
stessa possibilità, il popolo si riappropria della sovranità e la esercita direttmente, evitando che il meccanismo
della delega del potere si trasformi in una espropriazione definitiva della sovranità da parte degli organi che
tale potere esercitano in nome del popolo”.
60
Direito, inserindo-se na garantia fundamental da administração da justiça – assegurando a
atuação efetiva das demais garantias do exercício da jurisdição 51 – almejando que “no seio da
comunidade se fortaleça a confiança da tutela jurisdicional” 52-53.
4 Estrutura e Conteúdo da Motivação
Apresentadas a importância e a função do princípio da obrigação de fundamentação dos
julgados, passar-se-á, neste instante, a desenvolver os limites de seu conteúdo – “il che
equivale a definire, sia pure soltanto per linee generali, le caratteristiche essenziali che la
51
De acordo com TARUFFO (Il significato constituzionale dell’obbligo di motivazione. In: GRINOVER, Ada
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 42-44), a fundamentação como instrumento indispensável ao
controle de atuação efetiva das outras garantias concernentes ao exercício da jurisdição pode ser ilustrada
fazendo-se referência a três pontos fundamentais: (a) Independência e imparcialidade do juiz: O juiz deve ser
independente, prolatando decisões segundo “legalità e ragione, senza subire l’influenza di poteri, interessi o
persone”, e imparcial, não institucionalmente e nem abstratamente consideradas, mas enquanto demonstradas de
ser como tal na decisão, fundamento pelo qual se obriga a motivação; (b) Princípio da legalidade da decisão:
necessidade de demonstração prática dos fundamentos pelo qual se aplica a lei ao caso concreto, “l’applicazione
della legge non è mai qualcosa di meccanico e di oggetivamente determinato, ed è invece il risultato di um
insieme complesso di scelte e di valutazioni” motivado pelo juiz na decisão, e (c) Garantia de defesa das partes:
garantia de serem ouvidas e verem suas provas analisadas pelo juízo – não se trata de oportunidade de defesa,
mas de saber se a defesa apresentada influenciou (foi analisada), ou não, na decisão prolatada.
52
53
Dentro desse quadro, para ROSEMIRO LEAL (Teoria Processual da Decisão Jurídica: Ato de Decisão e
Legitimidade Decisória; Hermenêutica Decisional na teoria Discursiva; Legitimidade Decisória e Devido
Processo Constitucional. São Paulo: Landy Editora, 2002, p. 130-131), decisão é “o provimento de todos os
sujeitos do processo e não do ato humano monocrático ou colegiado decorrente de um dos sujeitos do processo
como função ou órgão protetor da estrutura procedimental processualizada que, a rigor democrático, dispensa
qualquer forma volitiva de tutela ou cobertura judicial cortesã, porque é na estrutura processual, como espaço
jurídico-pluralístico-discursivo, que se legitima toda atividade estatal normativa no paradigma jurídico da
democracia. É por isso que é inconcebível, no Estado Democrático de Direito, preconizar uma decisão como ato
ou sentença final de um órgão guardião, depositário ou tutor da Constituição ou do próprio sistema processual,
porque no devido processo constitucional não é uma instituição jurídica que suplique uma guarda ou uma
proteção solene, como se fosse uma arca da aliança, mas é eixo principiológico-discursivo da operacionalização
permanente de um controle de constitucionalidade (judicial review), individual ou agrupadamente, ao ajuste
fiscalizatório abstrato e in-concreto do discurso constitucional positivado à efetiva realização do Estado
democrático como lugar decisório (jurídico-espacial) da integração social pelo direito processualizado a que se
submete toda comunidade jurídica como autodeterminadora e garantidora (sem qualquer guardião ou depositário
de seu próprio destino [...] as decisões não seriam atos jurisdicionais de algum protetor ou mero provedor dos
procedimentos democraticamente constitucionalizados (devido processo legal) mas atos processualmente
preparados na estrutura procedimental aberta a todos os sujeitos (partes: pessoas físicas, jurídicas, coletivas;
órgãos judiciais; juízes; instituições estatais, Ministério Público e órgãos técnicos) figurativos e operadores dessa
instrumentalidade jurídico-discursiva na movimentação efetivadora, correicional e recriativa dos direitos
constitucionalizados por uma comunidade que se candidate a se constituir, a cada dia, em sociedade jurídicopolítica democrática no Estado constitucionalizado”.
61
motivazione della sentenza deve avere per soddisfare alla funzione che le è propria” 54, – e de
sua estrutura – não se esquecendo da crítica feita por DINAMARCO 55 sobre a dificuldade de
se “emitir critérios muitos objetivos acerca dos limites entre sentença mal motivada e a não
motivada”.
Preambularmente, como premissa básica do assunto, deve-se levar em consideração que
a fundamentação das decisões, de acordo com a doutrina 56, sob o ângulo endoprocessual,
exterioriza o raciocínio do juiz, introduzindo o leitor ao pensamento do julgador. Todavia, não
se confunde com a representação documental de todo caminho percorrido pelo magistrado
para sua prolação 57, já que esse fenômeno é anterior e de maior amplitude que a
fundamentação 58.
Quanto à estrutura da motivação, de acordo com as lições do professor da
Universidade de Pavia 59, três são os seus requisitos: “razionalità, completezza e
controllabilità”, sendo que os dois primeiros se confundem, motivo pelo qual serão
analisados em conjunto.
A racionalidade da fundamentação, segundo TARUFFO, é vista como um discurso
justificativo – aquele em que “apresenta as razões em virtude das quais um fenômeno é
54
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 44. Tradução livre do autor: “o que equivale a definir, seja ainda,
apenas, por linhas gerais, as características essenciais que a motivação da sentença deve possuir para satisfazer a
função que lhe é própria”.
55
DINAMARCO. Cândido Rangel. O dever de motivar. In: Fundamentos do Processo Civil Moderno. 3. ed.
São Paulo: Malheiros Editores, p. 1079, t. II.
56
LIRA, Gerson. A motivação na apreciação do direito. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (Org).
Processo e Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 263-264.
57
ADA PELLEGRINI (O controle do raciocínio judicial pelos tribunais superiores brasileiros. In: Revista da
AJURIS. n.º 50, ano XVII, novembro, 1990, Porto Alegre, p. 9), citando ARAÚJO CINTRA, explica que “a
motivação exprime mais do que o iter em causa, no sentido de que este contém elementos intuitivos que apenas
se desenvolvem analiticamente, de forma racional, através da motivação que, além disso, compreende os
argumentos retóricos próprios da justificação sem função heurística; por outro lado, a motivação compreende
menos do que aquele iter, pois, muitas vezes, não conterá hipóteses rejeitadas na formação da decisão, nem
poderá fazer referências aos elementos inconsistentes que participam daquele processo”.
58
acordo com a reforma processual de 2006/2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 315. Explica
a professora: “diferenciar a motivação concretamente considerada e os caminhos que percorre a mente do
julgador para chegar até o decisório, são fenômenos, efetivamente distintos [...] a decisão, em primeiro lugar, é
tomada. Em segundo lugar, é justificada racionalmente, como se tem sustentado”.
59
62
acolhido favoravelmente” 60 – das escolhas realizadas, vislumbrando a demonstração de que a
decisão “aparece como sendo a única que poderia ter sido tomada, tendo-se em vista as razões
que a sustentam” 61, mostrando, ao cabo, ser válida e juridicamente embasada sobre a
veracidade dos fatos da casuística. Já a inteireza da motivação (completezza), conforme
tradução de DINAMARCO 62, diz respeito à justificação total das escolhas que dão suporte à
conclusão da decisão, não se tratando de uma inteireza descritiva do pensamento lógico ou
psicológico do magistrado 63, mas sim da verdadeira compulsoriedade da presença de
argumentos que alicercem a veracidade da escolha sob a qual a demanda deriva, ou seja, “la
giustificazione in essa contenuta (completezza) deve riguardare tuttle le scelte che il giudice
ha formulato” 64.
Veja-se o quão tênue é a linha de separação de ambos os requisitos, já que a inteireza da
motivação versa sobre a necessidade de que na decisão sejam expostos todos os argumentos
que tornem insofismáveis/irrepreensíveis as escolhas feitas pelo magistrado (tanto de fato
quanto de direito) – itens (a) e (b) da caracterização do conteúdo da motivação (infra) –,
fazendo a racionalidade parte da estrutura do julgado justamente por ser o fechamento, a
consequência que se extrai de todas as escolhas realizadas (item (c) infra) – seria uma
segunda etapa para a conclusão do decisum.
Em relação à controllabilità, o mestre da Università di Pavia explica que as decisões,
além de exigirem fundamentos, devem ser públicas, acessíveis e, também, compreensíveis aos
cidadãos, não apenas aos juristas e técnicos do direito 65, ainda mais sob o seu atual prisma
extraprocessual – dimensão que “presuppone infatti che la motivazione sia controllabile, e
60
acordo com a reforma processual de 2006/2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 316.
61
WAMBIER. Op. cit., p. 321.
62
DINAMARCO. Cândido Rangel. O dever de Motivar. In: Fundamentos do Processo Civil Moderno. 3. ed.
São Paulo: Malheiros Editores, p. 1079, t. II.
63
64
TARUFFO, Michel. Considerazioni su prova e motivazione. In: MEDINA, José Miguel Garcia; CRUZ, Luana
Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luis Otávio Sequeira de; JUNIOR, Luiz Manoel Gomes (Coord). Os
poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim
Wambier. 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.171. Tradução livre do autor: “a
justificação nesse conteúdo (inteireza) deve verificar todas as escolhas que o juiz formulou”.
65
63
quindi comprensibile, potenzialmente da tutti, poichè il suo significato fondamentale sta
nell’assicurare il controllo sociale diffuso sulla fondatezza della decisione” 66.
Adentrando ao conteúdo da motivação, não deixando de levar em conta os seus
requisitos estruturais, transparece-se que a fundamentação exige a justificação de todas as
escolhas que nortearam a decisão “a) la scelta della norma o delle norme che il giudice
ritiene applicabili al caso concreto; b) la scelta della interpretazioni di tali norme che si
ritiene più valida in rapporto alla singola fattispecie; c) la scelta inerente alle conseguenze
che derivano dall’aplicazione della norma a tale fattispecie” 67.
Dentro desse quadro, deve-se atentar que a fundamentação exige mais do que a mera
indicação de dispositivos, requerendo a explicação de por que foram escolhidas as normas
aplicadas no caso concreto, suas interpretações e suas consequências dentro do ordenamento,
“indicando le ragioni per cui una soluzione è stata ritenuta valida, o più valida delle altre
soluzioni possibili” 68, devendo, ainda, atentar para “as conclusões das partes e as normas
jurídicas invocadas pelos litigantes” 69-70, permitindo através da cooperação das partes, o
resultado almejado.
66
TARUFFO. Op. cit., p. 50. Tradução livre do autor: “pressupõe de fato que a motivação seja controlável, e,
portanto, compreensível, potencialmente para todos, já que o seu significado fundamental esta em assegurar o
controle social difuso sobre a base da decisão”.
67
TARUFFO. Op. cit., p. 44-45. Tradução livre do autor: “a) a escolha da norma ou das normas que o juiz
entende aplicável ao caso concreto; b) a escolha da interpretação de tais normas que se entende mais válida em
relação ao caso concreto; c) a escolha inerente às conseqüências que derivam da aplicação da norma a tal fato
concreto”.
68
TARUFFO. Op. cit., p. 45. Tradução livre do autor: “indicando as razões pelas quais uma solução foi tida
válida, ou mais válida das outras soluções possíveis”.
69
Processo e Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 274.
70
JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER (Elementos para uma Teoria Geral do Processo. São Paulo: Editora
Saraiva, 1993, p. 53-54), manifestou-se pela minimização da motivação na decisão jurisdicional, aduzindo que
“é comum, no Brasil, a existência de um abismo a separar uma legislação idealista da crua realidade sobre que
deve incidir. Consideremos a realidade forense brasileira. Os advogados não se envergonham de sustentar
qualquer baboseira e de recorrer de qualquer sentença, afogando os tribunais com montanhas de recursos,
destinados tão-só a tumultuar os processos e a protelar a decisão final. Fossem os tribunais, em cada caso, dar
paciente resposta a cada questão levantada, fossem examinar com seriedade cada defesa argüida, em que, por
vezes, não acreditam os próprios causídicos que as argúem, hão haveria jamais tribunais e juízes que bastassem.
Será mal confirmar-se sentença "por seus próprios e jurídicos fundamentos" quando não se encontra na apelação
nenhum argumento sério? Merece resposta quem levanta questões levianas? Em muitos casos, simples referência
ao dispositivo legal aplicado e as testemunhas, cuja versão se acolheu, é o quanto basta. É preciso que se
compreenda que o importante é a decisão justa, e não a fundamentação, que não raro mais esconde do que
revela. É necessário que se compreenda que o advogado precisa convencer o juiz, mas que o juiz não pode
pretender convencer a parte vencida. Por fim, a fundamentação da sentença não pode deixar de guardar
proporção com a importância do caso submetido a julgamento”, posicionamento que recebeu críticas de
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA (Do formalismo no processo civil. 2. ed. rev. e acrescida de
apêndice. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 89, nota de rodapé 79): “motivar, ao contrário do que sustenta,
não é responder um a um os argumentos da parte, mas demonstrar (e não convencer; convencer é tarefa do
64
4.1 Análise Crítica e Síntese
Inegavelmente, MICHELE TARUFFO é o grande ícone do assunto em mote, em face da
amplitude em que abordou o tema, sendo seus critérios adotados por grande parte da doutrina
na delimitação dos fundamentos do julgado 71.
No entanto, embora não se possa deixar de elogiar os esforços desprendidos por
TARUFFO, acredita-se que a divisão entre estrutura e conteúdo da motivação formalizada
pelo professor italiano não encontra delimitação técnica adequada, pois são ambos os
critérios, na verdade, da forma em que conceituadas – irrepreensíveis, separadamente
analisados, diga-se de passagem – uma simbiose, definidos para o consórcio de motivar
adequadamente o caso.
Falar em estrutura, nos casos em que inexistisse um dos seus requisitos elementares – já
que vista por TARUFFO não como forma, mas como elementos essenciais pertencentes à
fundamentação –, obrigaria os magistrados ao reconhecimento de inexistência da decisão,
quando vazia, por exemplo, a sua razionalità, levando em consideração a impossibilidade de
perfectibilização de um ato quando ausente qualquer de seus requisitos formadores.
Parece, ao nosso sentir, que todos os elementos até então descritos – correta escolha das
normas, interpretações e consequências que se extraem dos fatos/provas juntados aos autos,
assim como da sua racionalização, inteireza e controlabilidade –, na prática, se completam
mutuamente, estando no mesmo plano, constituindo standards para averiguação da
fundamentação correta do julgado no caso concreto – já que a motivação apenas se verifica
na realidade do processo observado, nunca de maneira abstrata –, sob os prismas
endoprocessual e extraprocessual, não prosperando a divisão formalizado pelo insigne
professor da Universidade de Pavia. Ora, uma sentença não deixa de existir pelo erro de
motivação do magistrado.
É necessário ao bom andamento do processo – isso não há dúvidas – levando em
consideração a garantia de obrigatoriedade da fundamentação, que o magistrado realize a
advogado) o raciocínio desenvolvido para que se possa verificar, afinal, se a decisão é justa ou não, e tudo não
redunde em puro arbítrio”.
71
Confirmando a assertiva, leia-se o posicionamento de BARBOSA MOREIRA (Julgamento e Ônus da prova.
In: Temas de Direito Processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 73): “o que se exige, e basta,
é uma justificação racional do resultado exigido: o juiz deve explicar, de um lado, porque configurou os fatos
relevantes daquele modo; de outro, porque considerou que era aplicável aquela norma, e porque lhe deu aquele
entendimento”.
65
completa avaliação das provas acostadas 72, extraindo delas as normas incidentes e a melhor
interpretação para solução do caso (a inteireza da motivação), encontrando as consequências
jurídicas alvitradas, de maneira racional (coerência + lógica 73), tudo disposto de maneira clara
e inteligível às partes e à sociedade. Entretanto, a ausência de qualquer dos requisitos adrede
elencados não acarreta a inexistência do ato 74.
5 Tipos de motivação
A motivação completa é o desiderato e o modo pelo qual o judiciário presta contas da
sua atividade 75. Todavia, a jurisprudência tem aceitado formas anômalas de motivação, as
quais, pelas suas habitualidades no cotidiano forense, serão estudadas a partir de agora.
5.1 Motivação per relationem ou ad relationem
A motivação per relationem ocorre quando o órgão julgador, diante de um pedido da
parte, fundamenta seu decisum em outra decisão ou em um parecer, existente nos autos ou
prolatada em caso anômalo (reconhecida, também, como motivação aliunde), sem elaborar
“una giustificazione autonoma" 76 e específica para o questionamento.
Tal fato pode ser, e normalmente o é, embasado no princípio da economia processual, já
que seria despiciendo uma nova análise extensiva sobre a demanda quando o julgado
72
LIRA, Gerson. Direito à valoração das provas. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (Org). Prova Civil.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 46.
73
p. 20.
74
Mutatis mutandis, veja-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: “Sentença: exigência
constitucional de fundamentação: inteligência. O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão
judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de
direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o
dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. (RE 140370, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 20/04/1993, DJ 21-05-1993 PP-09768 EMENT VOL-01704-02 PP00461)”
75
Processo e Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 269.
76
TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 422. Tradução livre do
autor: “uma justificação autônoma”.
66
paradigma tende a ser confirmado, sendo de ampla utilização e tendo sua legalidade
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal 77.
Todavia, cumpre-se apontar, preliminarmente, uma objeção gritante a utilização de tal
tipo de fundamentação: em relação aos acórdãos que copiam os fundamentos sentenciais, não
se deve esquecer que a pretensão recursal é uma pretensão autônoma 78, realizada em
simultaneo processu – e portanto diversa do que a exarada na exordial – o que impede, pelo
menos em relação ao desiderato recursal, a motivação per relationem com a decisão
objurgada.
Ora, por exemplo, se o recurso fundamenta sua irresignação na falha valorativa da prova
“x” pelo juízo sentenciante, o que conduziria na procedência dos pedidos da ação pela ótica
da parte apelante, não poderá o tribunal improver o recurso da recorrente, realizando
fundamentação remissiva aos motivos da sentença, pois em clara afronta ao princípio da
obrigatoriedade de motivação.
Veja-se que com essa afirmação não se está a negar a validade de tal tipo de motivação
para alguns casos, pois plenamente possível o tribunal utilizar fragmentos – não a totalidade,
apenas – da sentença na fundamentação do seu acórdão, “malgrado la sua estrema
genericità” 79. Porém, não se deve permitir que o órgão ad quem se exima de analisar a
irresignação recursal, já que essa é diversa do que a pretensão processual 80 esposada na peça
77
HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL - RECURSOS EXCEPCIONAIS DESTITUÍDOS
DE EFEITO SUSPENSIVO - PRISÃO CAUTELAR DO SENTENCIADO - POSSIBILIDADE
CONSTITUCIONAL - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - VALIDADE JURÍDICA - PEDIDO
INDEFERIDO. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de reconhecer a plena
validade constitucional da motivação "per relationem". Em conseqüência, o acórdão do Tribunal, ao adotar os
fundamentos de ordem fático-jurídica mencionados nas contra-razões recursais da Promotoria de Justiça - e ao
invocá-los como expressa razão de decidir - revela-se fiel à exigência jurídico-constitucional de motivação que
se impõe ao Poder Judiciário na formulação de seus atos decisórios. Precedentes. (HC 72009, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 06/12/1994, DJ 01-12-2006 PP-00076 EMENT VOL-0225802 PP-00286). (Grifo nosso).
78
ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 38-43.
79
TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 423. tradução livre do
autor: “malgrado sua extrema generalidade”.
80
A pretensão processual (prozessualer anspruch) é o verdadeiro meritum causae do processo, sinônimo,
também, de objeto litigioso, sendo este o ponto de partida para a antevisão do possível provimento a ser
dispensado pelo órgão jurisdicional. Todo processo tem seu objeto e gira em torno dele. Destarte, procurando-se
a identificação do conceito de mérito, estar-se-á, na realidade, investigando a definição do objeto litigioso do
processo (streitgegenstand), pólo fundamental do processo e instituto centralizador das soluções cabíveis aos
temas principais da ciência jurídica. Sobre o tema, recomenda-se a leitura, dentre outros, de: LEO ROSENBERG
(Tratado de Derecho Procesal Civil. Tradução: Angela Romera Vera. Tomo II. 5ª ed. Bueno Aires: Ediciones
Jurídicas Europa-America, 1955. Título Original: Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts), KARL HEINZ
SCHWAB (El Objeto litigioso en el Proceso Civil. Tradução Tomas A. Banzhaf. Bueno Aires: Ediciones
Jurídicas Europa-America, 1968. Título Original: Der Streitgegenstand im Zivilprozess), WALTER J.
67
vestibular – e consequentemente diversa do que decidida na sentença – sob pena de se deixar
omissa a decisão colegiada.
No que tange à remessa dos fundamentos da decisão para outro acórdão/sentença,
prolatada em autos análogos, como, por exemplo, a que julga o processo liminarmente, com
fulcro no art. 285-A do CPC 81, ou nos casos em que se citam precedentes jurisprudenciais do
próprio tribunal julgador sobre um determinado assunto, a jurisprudência tem admitido a
necessidade de dois requisitos para sua possibilidade: (a) que se trate de matéria idêntica e (b)
que a decisão modelo esteja “devidamente identificada, a permitir que os interessados possam
promover o confronto necessário” 82, formalidades que se presentes, validam o ato decisório,
sempre frisando a observação de que toda e qualquer argumentação diversa e pertinente
exigirá resposta do órgão jurisdicional.
Interessante verificar o paradoxo perpetrado pelos tribunais que entendem como
motivada a decisão per relationem desde que a decisão/parecer paradigma esteja copiada no
corpo do acórdão, não aceitando o seu mero reenvio 83 à peça.
Nesse sentido a decisão do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, integrante da 2ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator do Recurso Especial n.º 131.290/RJ (DJ
21/02/2005) 84, que cassou o acórdão do Tribunal de Justiça carioca, que havia fundamentado
HABSCHEID (L’oggetto del processo nel diritto processuale civile tedesco. In.: Rivista di Diritto Processuale,
II serie, 1980, p. 452-464), JOSÉ VICENTE GIMENO SENDRA (Fundamentos del Derecho Procesal. Madri:
Civitas, 1981), DARCI GUIMARÃES RIBEIRO (La Pretension Procesal y la Tutela Judicial Efectiva: hacia
una Teoría procesal del Derecho. Barcelona: Bosch, 2004), JAIME GUASP DELGADO (La Pretensión
Procesal. Madrid: Civitas, 1981), JOAN PICO I JUNOY (La modificación de la Demanda en el Proceso Civil.
Valência: Tirant Lo Blanch, 2006), GIUSEPE DE STAFANO (L’oggetto del processo in un libro recent di
Walter J. Habscheid. In: Revista Trimestrale di Diritto Processuale Civile, Anno XI, 1957, p. 327-338),
ERNESTO PEDRAZ PENALVA (El objeto del proceso civil. In: El objeto del Poceso Civil: Cuadernos de
Derecho Judicial, Madrid: CGPJ, 1996), FRIEDRICH LENT (Contributo alla dottrina dell’oggetto del proceso.
Tradução: C. Mandriolli. Nápoles: JUS, 1953 e Diritto Processuale civile tedesco. Tradução: Edoardo F. Ricci.
Napoli: Morano, 1962).
81
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença,
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.
82
83
Nesse sentido TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 423:
“l’unica ipotesi che risulta chiaramente esclusa è quella di motivazione per mero rinvio, in cui, cioè, il giudice
si limiti ad affermare di ritenere sufficienti le argomentazione svolte nella sentenza impugnata, senza neppure
riferire tali argomentazioni”.
84
Veja-se como restou ementada tal decisão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535, II, DO CPC. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
TRIBUNAL A QUO SOBRE AS QUESTÕES PREVIAMENTE DEBATIDAS NOS AUTOS. 1. Viola o art. 458, I
e II, do CPC acórdão no qual haja mera declaração de que o relatório e os fundamentos são os constantes de
parecer do Ministério Público, porquanto a necessidade de motivação das decisões judiciais é garantia
oferecida às partes, elegidas como modelo de política judiciária sustentada pelo Estado Democrático de
68
suas premissas da seguinte forma: “Adota-se como relatório a parte expositiva do parecer de
fls. 282⁄3, do Procurador de Justiça, Dr. Adolfo Borges Filho, e como razão de decidir a
fundamentação daquele parecer, que passa a integrar este acórdão na forma do Regimento
Interno.”
Entretanto, ao nosso sentir, se válida a motivação per relationem, não seria ilegal o
encaminhamento aos fundamentos da sentença/parecer que conste nos autos – restando válida
a objeção, logicamente, para os casos de jurisprudência utilizada em caso análogo, que
necessariamente precisa de cotejo de sua adequação com a realidade fática –, pois estariam
permitidas às partes a ciência total de seus limites e de sua amplitude.
A transcrição, dentro desse ponto de vista, seria mera formalidade, de nada
influenciando sobre a fundamentação: uma decisão que reenvia os motivos a um parecer e
outra decisão que copia a manifestação técnica em seu corpo, ou são igualmente
fundamentadas ou não são motivadas, inexistindo razões lógicas para o tratamento
diferenciado que a mesma situação jurídica, ao cabo, traz.
Por fim, apenas para consignação, resta impossibilitada a motivação per relationem
adotando como paradigma as razões de alguma das partes, já que “a motivação per relationem
somente se mostra admissível, em certos casos, quando a remissão é feita aos fundamentos de
outro ato judiciário” 85.
5.2 Motivação Implícita
Motivação implícita é a fundamentação “que existe, embora não representada na
sentença por símbolos gráficos, é dedutível por processo mental e lógico” 86, já que havendo
argumentos primários e secundários, em termos de importância, abalizados no mesmo fato,
Direito. 2. Ofende o art. 535, II, do CPC acórdão que, a despeito da omissão verificada e da oposição dos
embargos declaratórios, nega-se ao julgamento das questões devolvidas mediante apelação. 3. Recurso especial
provido. (Grifo nosso)
85
Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE. 1. É nula a sentença que, infringindo o disposto
no art. 458, II, do CPC, fundamenta o capítulo relativo ao mérito adotando as razões já expendidas por uma das
partes. A motivação per relationem somente se mostra admissível, em certos casos, quando a remissão é feita
aos fundamentos de outro ato judiciário. Doutrina a respeito. 2. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº
70006828552, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Araken de Assis, Julgado em
10/09/2003). (Grifo nosso).
86
69
“as razões explícitas para o acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar,
implicitamente, idêntica solução dada aos segundos” 87, motivo pelo qual se demonstra
pacífica, hoje, a posição pretoriana acerca da desnecessidade de análise de todos os
fundamentos suscitados pelas partes 88-89.
Com tal observação, todavia, algumas explicações devem ser realizadas, justamente para
compreender o limite em que uma decisão está ou não fundamentada, mediante a
rejeição/acolhimento implícito de argumentos e provas na casuística – o que será, em muitas
vezes, tarefa tortuosa ao operador jurídico.
A doutrina aponta, e a prática reconhece, em casos estritos, a possibilidade de motivação
implícita. Seus defensores partem de duas premissas com intuito de legalizar a ocultação de
fundamentação de determinadas questões: a primeira que proclama a desnecessidade de
motivação de todos os argumentos levantados pelas partes – afirmativa que, em uma análise
perfunctória, parece sensata e substancialmente aceitável (apesar de, na prática, não o ser) 90,
pois visa a fazer objeto da motivação apenas aquilo necessário para uma justificação adequada
da decisão, eliminando os argumentos inúteis ou despiciendos –; e a segunda que acredita ser
prescindível de motivação a rejeição de uma premissa que está em contraposição lógica com a
escolhida como fundamento do decisum com a prática processual.
A falácia de aceitação indiscriminada de primeira premissa reside justamente na
impossibilidade de sua ratificação na amplitude em que levantada, já que, em primeiro, é
impossível a motivação implícita de questões prejudiciais de rito ou de mérito levantada pela
87
CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1987.
Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pela seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 30. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. (...) 7. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o
Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Multa do artigo 538 mantida. 8.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 922.113/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/12/2008, DJe 19/02/2009). (Grifo nosso).
89
De forma uníssona os ensinamentos de TARUFFO (La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM,
1975, p. 430), que leciona “in un gran numero di decisioni si afferma infatti che l’obbligo di motivazione non
implica il dovere del giudice di esaminare analiticamente tutte le deduzioni e le argomentazioni delle parti, né di
prendere in considerazione tutte le singole fonti di prova, dovendosi ritenere motivato implicitmente il rigetto
delle instanze e delle risultanze probatorie incompatibili con la decisione e con le ragioni espresse su cui questa
si fonda”.
90
TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 431. Isso porque “è
caractterizzato da una forte ambiguità, che ne rende alquanto dubbia la coerenza rispetto alla funzione che la
motivazione è destinata a svolgere”.
88
70
parte, e em segundo, não se pode marcar objetivamente quais as questões que podem, ou não,
antes do caso concreto, influenciar a decisão.
Para TARUFFO 91, existe a necessidade de se diferenciar a defesa apresentada como (a)
exceção em sentido próprio ou como defesas que reclamam a manifestação sobre fatos
impeditivos ou extintivos, da (b) mera argumentação defensiva, pois enquanto nesta seria
possível “dedurre, dall’accoglimento motivato di una delle due tesi contrapposte, le ragioni
per cui il giudice ha ritenuto di dover disattendere l’atra” 92, naquela não, porque o que “è
implicito nella decisione della questione principale, e quindi da essa è deducibile, non è la
giustificazione della soluzione inerente alla questione pregiudiziale, ma soltanto la decisione
della questione pregiudiziale stessa” 93.
A fim de elucidar tal explicação, como exemplo, pode-se citar uma decisão em que o
juiz determina a substituição de um produto defeituoso adquirido por um consumidor,
analisando as provas colhidas e os requisitos existentes no CDC, motivando os pontos
expressamente abordados, contudo, restando-se inerte na manifestação de decadência alegada
pelo fabricante réu.
Veja-se que, a priori, partindo-se da premissa de que o magistrado não se esqueceu de
analisar a preliminar arguida, estaria implícito na decisão a rejeição da exceção de decadência,
restando, todavia, ausente os motivos pelo quais a questão restou sentenciada daquela
maneira 94 - violando-se, portanto, o princípio da obrigação de motivação das decisões.
Entendendo, contudo, que o posicionamento do professor da Universidade de Pavia é
um tanto rigoroso, MARIA PERO aduz que se o julgador, por acaso, no exemplo dado,
esquecer de se manifestar sobre a questão, “restará claro que a razão não é arbitrária, mas
estará na contagem do tempo legalmente estipulado” 95, motivo pelo qual não se pode afastar a
hipótese per si dos casos típicos de motivação implícita.
91
TARUFFO. Op. cit., p. 432.
TARUFFO. Op. cit., p. 433. Tradução livre do autor: “deduzir, do acolhimento motivado de uma das duas
teses contrapostas, as razões pelas quais o juiz entendeu de desantender a outra”.
93
TARUFFO. Op. cit., p. 433-434. Tradução livre do autor: “é implícito na decisão da questione principal, e
também dessa é dedutível, não é a justificação da solução inerente à questão prejudicial, ma apenas a decisão da
questão prejudicial mesma”.
94
TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 434.
95
PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 99. Ressalta-se,
a título de esclarecimento, que se tem ciência que, na página seguinte, a própria autora afirma ser o direito “cheio
de meandros”, acarretando que “somente em cada caso o bom senso irá dizer da real necessidade dessa
justificação expressa, ou se eventual alegação de omissão tem apenas o intuito protelatório”.
92
71
Desde já, discorda-se do que dito por MARIA PERO, pois, ao contrário do que escrito,
entende-se que os casos em que se poderá, por si, considerar a simples contagem temporal
como razão de dedução de seu afastamento se traduz em exceção, e não a regra como faz crer
a autora, razão pela qual pertinentes as observações do professor daquela universidade.
Ainda em relação à primeira premissa, não se deve olvidar dos limites impostos ao
magistrado pelo princípio dispositivo, regrado no artigo 262 96 do CPC, que é identificado
como “a possibilidade que as partes têm, a partir de sua própria vontade, de limitar o
conhecimento do juiz” 97 trazendo em si, como consequência, dentre outras, “[...] a
obrigatoriedade do juiz em analisar todas as alegações que as partes lhe submeterem” 98 compulsoriedade que envolve não só os pedidos, mas a causa de pedir 99, já que ambas são
indispensáveis para individualização do objeto litigioso do processo.
Em relação à segunda teoria, que acredita estar fundamentada implicitamente as razões
não abordadas em sentença, mas que se encontram em contraposição lógica ao que
decidido 100, deve-se lembrar que “la contrapposizione lógica tra due asserzioni non è sempre
di necessaria alternatività” 101, podendo, apenas, ser diversa e não necessariamente
contraposta no plano lógico 102.
A motivação implícita, portanto, em pouquíssimos casos encontra legalidade de sua
existência – naqueles onde o juiz consigna expressamente os critérios de escolhas ou de
96
Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.
RIBEIRO, Darci Guimarães. Provas Atípicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 24.
98
RIBEIRO. Op. cit., p. 25.
99
Sobre a amplitude do princípio dispositivo, o professor DARCI RIBEIRO (La Pretension Procesal y La Tutela
Judicial Efectiva: Hacia una Teoría Procesal Del Derecho. Barcelona: Bosch, 2004, p. 139) explica que “como
consecuencia del principio dispositivo las resoluciones judiciales deben referirse no solo al objeto del proceso,
que trae consigo un enfoque parcial del principio, sino principalmente al objeto del debate, que representa una
visión completa del principio, ya que engloba tanto a la pretensión procesal del actor como a las excepciones
del demandado. Por elo, las decisiones judiciales deben ser congruentes no sólo con la pretensión procesal sino
también con la fundamentación de la resistencia”.
100
Como exemplo, cita-se a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região: PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ABONO
ESPECIAL DA LEI 7.333/85. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. [...] Segundo
precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ, a omissão que enseja o cabimento dos embargos diz respeito a
questões postas, não a argumentos, sendo desnecessário o enfrentamento específico e numérico das razões e dos
artigos de lei, porque a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra
implica rejeição desta, de forma tácita. O abono especial incide sobre a totalidade das parcelas dos proventos e
não apenas sobre o vencimento básico, como constou na ementa. Embargos da autora provido. Embargos da
União improvidos. (TRF4, EDAC 2002.71.00.003558-1, Terceira Turma, Relatora Silvia Maria Gonçalves
Goraieb, D.E. 20/06/2007). (Grifo nosso).
101
TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975, p. 436. Tradução livre do
autor: “a contraposição lógica entre duas asserções não é sempre de necessária alternatividade”.
102
TARUFFO. Op. cit., p. 436.
97
72
valoração dos argumentos entre as hipóteses existentes, nas quais se faz a preferência de uma
escolha pela outra 103, podendo-se, desse modo, realizar a análise implícita da rejeição de um
argumento.
5.3 Motivação Sucinta ou Concisa vs. Motivação Inexistente
Dispõe o artigo 165 do CPC que “as sentenças e acórdãos serão proferidos com
observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de
modo conciso”.
Tal artigo, em uma primeira análise, dispõe que apenas as decisões interlocutórias e os
despachos são passíveis de motivação sucinta. Entretanto, a prática reconhece a aplicabilidade
de fundamentação concisa às sentenças e aos acórdãos 104 – fato que se corrobora pelo
enunciado do artigo 459 da Lex Instrumental 105.
Veja-se, portanto, que as decisões judiciais poderão ser motivadas de maneira sucinta 106,
“nos casos em que a lei a autoriza ou naqueles casos em que as circunstâncias dos autos
permite” 107, devendo, entretanto, estar a resposta jurisdicional de maneira suficiente ao pleito
103
TARUFFO. Op. cit., p. 436-437.
Em sentido contrário: PROCESSUAL - DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO - DEFICIÊNCIA - CPC, ART. 165.
I - o art. 165 do CPC exige - nos acórdãos e sentenças - fundamentação minuciosa. No entanto, quando trata de
decisões, contenta-se com motivação concisa. ii - decisão que toma como fundamentos, razões explicitadas antes
de processo anterior - conhecido das partes e perfeitamente identificado. Tal acórdão satisfaz o art. 165 do
CPC. (REsp 43.465/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/09/1994, DJ 17/10/1994 p. 27863)
105
Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo
autor. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa.
106
Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 3. Motivação sucinta não afronta o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Precedentes. (AI 654413
AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12/08/2008, DJe-177 DIVULG 18-092008 PUBLIC 19-09-2008 EMENT VOL-02333-08 PP-01728)”; “CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CF, ARTS. 5º, LV, E 93, IX. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO
LEGAL DOS FATORES DE INDEXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.880/94, ART. 38, PARÁGRAFO
ÚNICO. [...] III. - Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no inc. IX, do art. 93, é que o juiz ou o
tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada,
extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada. [...] Agravo não
provido. (RE 430637 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ
23-09-2005 PP-00037 EMENT VOL-02206-05 PP-00847) . (Grifo nosso).
107
104
73
exigido, permitindo que as partes entrevejam as razões pelas quais o magistrado adotou tal
solução 108.
Todavia, fundamentação sucinta não deve ser equiparada às fundamentações
inexistentes 109, já que nestas é ausente qualquer justificação lógica das razões que conduziram
o magistrado na escolha de determinada questão.
6 Referências Bibliográficas
ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.
AZEM, Guilherme Beux Nassif. Repercussão Geral da Questão Constitucional no Recurso
Extraordinário. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2009.
COMOGLIO, Luigi Paolo. I modelli di garanzia constituzionale del processo In: Rivista Trimestrale
di Diritto e Procedura Civile. Anno XLV, n.º 3, settembre 1991, Milano: Giuffre, p. 673-741.
CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Editora
Saraiva, 1987.
DINAMARCO. Cândido Rangel. O dever de Motivar. In: Fundamentos do Processo Civil Moderno.
3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 1077-1080, t. II.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle do raciocínio judicial pelos tribunais superiores brasileiro. In:
Revista da AJURIS. n.º 50, ano XVII, novembro, 1990, Porto Alegre, p. 5-20.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica: Ato de Decisão e Legitimidade
Descisória; Hermenêutica Decisional na teoria Discursiva; Legitimidade Decisória e Devido Processo
Constitucional. São Paulo: Landy Editora, 2002.
LIRA, Gerson. Direito à valoração das provas. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de (Org). Prova
Civil. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 27-49.
__________. A motivação na apreciação do direito. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de (Org).
Processo e Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 259-282.
108
109
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO. SÚMULA
202⁄STJ. PROCESSO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO
POR ANALOGIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA
DECISÃO. – [...] Não obstante o art. 165 do CPC admita a motivação sucinta, tal concisão não se confunde
com a ausência de fundamentação, inviabilizadora do amplo exercício do direito de defesa. - É nula a decisão
concessiva de liminar que se limita a dizer estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão, sem, no
entanto, discorrer em que consiste o fumus boni iuris e qual o periculum in mora. Recurso provido. (RMS
25.462⁄RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02
⁄10⁄2008, DJe 20⁄10⁄2008).
(Grifo nosso).
74
MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário:
de acordo com a Lei 11.418/2006. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007
MITIDIERO, Daniel. Colaboração no Processo Civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
__________. Estado Constitucional, Controle de Constitucionalidade e Processo Civil no Brasil: do
Iustum Iudicium à Constituição de 1998. In: Processo Civil e Estado Constitucional. Porto Alegre:
Editora Livraria do Advogado, 2007, p. 15-30.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao estado
de direito. In: Temas de Direito Processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 83-95.
______. Julgamento e Ônus da prova. In: Temas de Direito Processual: segunda série. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 1988, p. 73-82.
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. rev. atual e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.
NOJIRO, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2000.
PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001.
conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do Formalismo no Processo Civil. 2. ed. rev. e acrescida de
apêndice. São Paulo: Editora Saraiva, 2003.
REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o Conflito das Ideologias. São Paulo: Editora
Saraiva, 1998.
RIBEIRO, Darci Guimarães. La Pretension Procesal y La Tutela Judicial Efectiva: Hacia una Teoría
Procesal Del Derecho. Barcelona: Bosch, 2004
__________. Provas Atípicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
SOUZA, Artur Cesar de. A parcialidade positiva do juiz (justiça parcial) como critério de realização
no processo jurisdicional das promessas do constitucionalismo social. In: Revista dos Tribunais. Ano
96, v. 857, março, 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 29-53.
TARUFFO, Michele. Considerazioni su prova e motivazione. In: MEDINA, José Miguel Garcia;
CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luis Otávio Sequeira de; JUNIOR, Luiz Manoel
Gomes (Coord). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à
professora Teresa Arruda Alvim Wambier. 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2008, p.165-173.
______. Idee per uma teoria della decisione giusta. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile.
Anno LI, n.º 2, giugno 1997, Milano: Giuffre, p. 315-328.
______. Il significato constituzionale dell’obbligo di motivazione. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord). Participação e Processo. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 37-50.
______. La motivazione della sentenza civile. Padova: CEDAM, 1975.
75
______. Verità e probabilità nella prova dei fatti. In: Revista de Processo. Ano 32, n.º 153, dezembro,
2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 207-222.
TESHEINER, José Maria Rosa. Elementos para uma Teoria Geral do Processo. São Paulo: Editora
Saraiva, 1993.
TROCKER, Nicolò. Il nuovo articolo 111 della constituzione e il ‘giusto processo’ in matéria civile:
profili generali. In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Anno LV, n.º 2, giugno 2001,
Milano: Giuffre, p. 381-410.
USTÁRROZ, Daniel. A democracia Processual e a Motivação das Decisões Judiciais. In: PORTO,
Sérgio Gilberto (Org). As garantias do cidadão no processo civil: relações entre constituição e
processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 125-145.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. rev. atual. ampl.
Atualizada de acordo com a reforma processual de 2006/2007. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007.
ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Nuova Edizione. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1992.
.
76

1) ser inédito - Revista Temas Atuais de Processo Civil

Transcrição

Documentos relacionados

SANTOS, Cláudia Maria Cruz. Studia Iuridica 56

Cadeira JULIA

Tequila Brown - Banda Casaca

Declaración de intenciones del SCBIILA São Paulo

III. “DERECHO SUCESORIO: LAS LEGÍTIMAS”

como pdf

José Miguel Silva

serviço nacional de aprendizagem comercial

Descargar adjunto - Revista Sistemas Judiciales

Biosketch