Descargar revista

Transcrição

Descargar revista

1
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo
Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Año 11, Nº 18 - 2006
Políticas de trabajo y empleo
3 / Nota de los editores
ARTICULOS
5 / La política laboral en la Venezuela de Hugo Chávez Frías
• Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter
33 / Cambio político y relaciones laborales en el Uruguay 2005: el consenso improbable
• Hugo Baretto Ghione
53 / ¿Emerge un nuevo modelo económico y social? El caso argentino
2003-2006
• Marta Novick
DOSSIER ESPECIAL: LOS EFECTOS DE
LOS MALENTENDIDOS .
79 / Aproximación metodológica para circunscribir una ceguera
organizacional
• Delphine Mercier, Pierre Tripier
EL MUNDO DEL TRABAJO:
97 / A informalidade e a apropriação do direito: considerações sobre a
cidade de Brasília
• Carolina Cassia Batista Santos; Marcia de Melo Martins Kuyumjian
2
121 / Flexibilização do mercado de trabalho e Novas formas de
mobilidade: Carreiras femininas no setor terciário
• Isabel Pauline Hildegard Georges
147 / La política social del nuevo siglo en Argentina: entre el desempleo
y la marginación, el mecanismo del clientelismo político.
• Leopoldo Halperin Weisburd
171 / Teoría y práctica de las relaciones industriales. Reflexiones sobre
los cambios recientes de las relaciones laborales en Argentina
• Cecilia Senén González
199 / Género e Ingeniería: la identidad profesional en discusión. Reflexiones a partir del caso de la Ingeniería de Sistemas en la Universidad
Nacional de Colombia.
• Luz Gabriela Arango Gaviria.
225 / R ESEÑAS
• El Trabajo Recobrado. Una evaluación del Trabajo realmente existente en España. Ed. Miño y Avila 2005, Argentina. Dirección de Juan José
Castillo.
229 / R ESEÑAS
• Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del
trabajo, Prólogo de István Mészáros, Editado por TEL (Taller de Estudios Laborales) y Herramienta Ediciones, Buenos Aires, 2005, 250
páginas. Ricardo Antunes
Diálogo con Ricardo Antunes: El trabajo y la convicción del cambio
Alberto L. Bialakowsky
235 / CONVOCATORIAS
239 / DATOS DE LOS A UTORES
3
Nota de los Editores
En este nuevo número de la RELET hemos recopilado distintos
trabajos orientados a mostrar los nuevos desafíos existentes en materia
de políticas de Trabajo y empleo en algunos países de América latina
en los últimos años.
Los cambios políticos en América latina, y con ellos los cambios
de orientación socioeconómica y cultural de los últimos años en este
continente, traen también, o son correlativos, a cambios potencialmente profundos en materia de políticas de Trabajo y de empleo. Por
ello nos interesaba ver cuáles nuevas tendencias, preocupaciones, dificultades y aún expectativas, aparecen relacionadas específicamente
con este campo de la política. Ello, porque de una forma implícita o
más o menos explícita, los estudiosos del trabajo consideramos que
todo cambio profundo en la sociedad tiene su expresión en los cambios en el mundo del trabajo. Particularmente teniendo en cuenta que
una de las características que tienen en común las nuevas orientaciones en materia socioeconómico y cultural las fuerzas políticas que están accediendo al poder en América latina es que no consideran al
trabajo o al empleo como un simple factor de una ecuación económica. El mundo del trabajo se percibe como base sobre la cual se
estructuran instituciones que tiene potencialmente un papel importante a jugar en los proyectos de desarrollo, tanto como palanca o freno
de los mismos, y por ello mismo son objeto de políticas.
A su vez, las políticas de Trabajo y empleo con modalidades distintas en cada país, intentan colocar al Trabajo en un lugar central en
la organización e integración de las sociedades, tanto como motor de
la búsqueda de una mayor equidad o para relanzar las producciones
nacionales.
En este sentido tanto los trabajo de Consuelo Iranzo y Jacqueline
Richter, Hugo Barretto Ghione y Marta Novick, con trabajos sobre
Venezuela, Uruguay y Argentina respectivamente, dan cuenta de las
potencialidades de las políticas de trabajo y empleo y las dificultades
que ellas deben tener en cuenta para alcanzar los objetivos que buscan
alcanzar.
Acompaña al bloque central de la RELET Nº 18, un dossier especial realizado por Delphine Mercier y Pierre Tripier que aborda de
manera original el problema de la falta de capacidad de las organizaciones para dar cuenta de sus propios defectos así sean visualizados
por los actores individualmente. Para ello pone en práctica una metodología que les permite dar cuenta de las causas cognitivas de esos
defectos.
Revista Latinoamericano de Estudios del Trabajo • Año 11, Nº 18, 2006, pp 3-4
4
Finalmente, se presentan informes de avance de investigaciones realizados por, Carolina Cassia Batista Santos y Marcia de Melo
Martins Kuyumjian sobre el sector informal en la ciudad de Brasilia, de
Isabel Pauline Hildegard Georges sobre las características del mercado
de trabajo y nuevas formas de movilidad en las carreras femeninas del
sector terciario, de Leopoldo Halperin Weisburg sobre los mecanismos
de clientelismo político, de Cecilia Senen Gonzalez sobre los cambios
recientes de las relaciones laborales en Argentina y finalmente de Luz
Gabriela Arango Gavirivia sobre Género y Ingeniería en la Universidad
Nacional de Colombia.
5
La política laboral en la
Venezuela de Hugo Chávez
Frías
Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter 1
La política laboral del actual gobierno debe analizarse tomando en
cuenta dos elementos básicos: el lugar secundario que ocupa el trabajo
asalariado en el proyecto de transformación social que impulsa el Presidente Chávez y la crisis política que ha acompañado a su gestión como
resultado de la dramática polarización creada desde los inicios de ésta. La
cronología de la crisis política permite situar las etapas de la acción gubernamental en materia laboral, pues ella ha sido determinante en su formulación: un primer período que va desde sus inicios en 1999 hasta finales
de 2001 y un segundo período comprendido entre 2002 y 2005; a lo
largo del análisis podrá apreciarse con claridad las diferencias entre ambos lapsos. Para el abordaje de la política laboral desplegada en estos
años se ha dividido el texto en dos grandes puntos: las políticas en materia
de empleo y salarios, y las políticas en materia de relaciones laborales.
Dadas las críticas que han recibido las cifras oficiales en materia
de mercado de trabajo y las propias incongruencias que nos ha tocado
encontrar, optamos por presentar un análisis de carácter cualitativo y
ofrecer la mínima data posible2 .
1
Consuelo Iranzo es doctorada en Sociología del Trabajo en La Universidad de Paris VII y es
Profesora-investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central
de Venezuela. Jacqueline Richter es abogada laboral con Maestría en Políticas Públicas en la FLACSO
y es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma universidad.
Este artículo forma parte de una investigación en el marco del proyecto “Redefinición de la democracia y la ciudadanía en Venezuela” del área sociopolítica del CENDES.
2
“Con todo respeto, pienso que el INE necesita respaldar su data sobre desempleo’ sentenció
Domingo Maza Savala, director del Banco Central de Venezuela en una entrevista que concedió a
6
I. Políticas en materia de empleo y salarios
1. Las orientaciones predominantes
El tema del trabajo asalariado no es central en el proyecto de
transformación del país que propone el actual presidente de la república. En su propuesta electoral, contenida en el documento titulado “Propuesta de Hugo Chávez para transformar Venezuela. Una Revolución
Democrática” (1998), la acción sobre el mercado de trabajo no aparece como prioritaria en ninguno de los cinco ejes de intervención formulados. La única acción prevista al respecto se refiere al desempleo
juvenil, pero visualizada como una estrategia para enfrentar la pobreza
y no como una acción para mejorar la calidad del empleo en el país.
De igual manera, si bien en dicho programa está presente una propuesta en materia de seguridad social es también formulada como parte de la política social.
Esta misma concepción se manifiesta en el Informe de Gestión
del Gobierno 2000-2003 (2004) donde se desarrollan los éxitos alcanzados en dichos cinco ejes de intervención, pues el tema de los logros
en la situación del mercado de trabajo formal está ausente. El informe
es rico en detalles sobre avances en otros campos, pero la creación de
empleo productivo, cuando se enuncia, aparece como subproducto,
casi intrascendente, dentro de objetivos más importantes.
El lugar secundario que ocuparon en un inicio los programas dirigidos al mercado laboral o las metas de empleabilidad y de capacitación laboral, centrales en los planes quinquenales de los gobiernos anteriores, no quiere decir que no existiese una política laboral. De hecho, en los primeros años se implementaron numerosos programas de
empleo temporal (de uno, tres o seis meses) promovidos desde el Estado central y desde los gobiernos locales, a los que se les dedicaron
muchos recursos (Plan de empleo rápido, Plan Bolívar 2000, Plan de
trabajo ocasional, Plan Avispa, Plan de empleo Simón Rodríguez). Pero
tales programas fueron creados para dar respuesta coyuntural a los
altos índices de desempleo y en virtud de la forma como fueron concebidos, y quizás por la inexperiencia e ineficiencia en su conducción, no
tuvieron un verdadero efecto generador de empleo.
El trabajador asalariado no ha estado y sigue sin estar dentro de
las preocupaciones centrales del actual gobierno, y esta ausencia de
centralidad del trabajo asalariado no es casual. Ella responde a una
concepción, la cual se refleja en numerosos trabajos realizados por los
más importantes personeros del gobierno. En uno de ellos, que sirvió
de base a las discusiones de la Asamblea Constituyente en esta materia
(Rivas, 2000) encontramos la explicación de dicha postura:
un periodista extranjero pocos días después que el INE anunciara que la tasa de desempleo se
redujo a un dígito. Su opinión viene a respaldar las críticas que desde hace meses hacen economistas a las estadísticas oficiales” (Rodríguez Pons, 2006)
La política laboral en la Venezuela de Hugo Chávez Frías
7
“Uno de los obstáculos relevantes en el proceso de democratización del mercado y de la economía es el elevado posicionamiento que
tiene el paradigma del trabajo asalariado o dependiente (…) Se ha estigmatizado al sector informal urbano, como algo negativo, que es necesario superar (…). Tampoco se ha valorado lo suficiente el empleo
independiente propio de las organizaciones cooperativas y demás experiencias económicas de carácter asociativo. En definitiva, el esfuerzo
del pueblo venezolano de autocrearse su propio empleo necesita una
valoración positiva. (…) La concepción del trabajo en la Constitución
del 61 es la del empleo o trabajo subordinado o dependiente, lo cual es
congruente con la idea de que existen unos que son emprendedores y
otros condenados a ser asalariados (…) Según la concepción de empleo subordinado otro tiene que crearme mi empleo ¿acaso no es más
digno que yo como trabajador emprendedor, sólo o asociado con otros,
cree mi propio empleo? (Rivas, 2000:2,3)
El sujeto que claramente se visualiza en los programas e informes
de gestión gubernamental es la población en condiciones de pobreza
extrema y es a ésta que va dirigido el centro del discurso estatal. Pero
la estrategia no está diseñada para incorporar a esa masa excluida al
mercado de trabajo formal porque, independientemente de la factibilidad
de tal propósito, el empleo subordinado es concebido como una rémora del pasado que impide el verdadero desarrollo de las potencialidades
humanas, adquiriendo el trabajo autónomo una nueva valoración. Ubicados en esta perspectiva, no se prioriza la creación de empleo productivo en el marco de las relaciones laborales y es por eso que la
política de empleo que mayor impulso ha tenido es la formación de
microempresarios y, en los últimos tres años, la promoción de cooperativas de trabajo asociado.
No obstante, el gobierno intentó poner en marcha dos programas
de incentivo fiscal para la creación de empleo asalariado en el sector
privado (Portillo, 2004). El primero, que fue en 1999, tenía como
finalidad crear 200 mil nuevos empleos, a través de un crédito fiscal
equivalente al 50% de los salarios de los nuevos empleados, siempre y
cuando la empresa aumentase por lo menos el 10% de su nómina. El
segundo plan, lanzado en el 2002, utilizaba la modalidad de asumir
ciertos costos en materia de prestaciones sociales, utilidades y pagos a
la seguridad social. Ambos intentos fracasaron y, aparte de la tímida
promoción de la que fueron objeto, parecen haberse conjugado varios
factores para que el empresariado no hiciese uso de dichos programas.
Una primera razón que pudo haber influido para el fracaso de
dicha política fue la incertidumbre existente sobre el rumbo que tomaría el país y la promesa presidencial de retornar al anterior régimen de
prestaciones sociales, amén de la de modificar la regulación de la jornada de trabajo y de crear una nueva ley de seguridad social; es proba-
8
ble que los empresarios valoraran que los incentivos propuestos no
compensarían las posibles cargas laborales que deberían asumir si esas
reformas se efectuaban. Una segunda razón pudo ser que las empresas
venían de procesos de reducción de nóminas, de manera que la oferta
gubernamental de pagos por aumentos de las mismas fue valorada como
contraria a sus propias políticas de ajuste a las cambiantes condiciones
económicas.
Aparte de esas dos propuestas3 , es clara la prioridad que desde
un principio ha tenido el fomento a la actividad autónoma dentro de la
política gubernamental y ella queda evidenciada en el número de entes
y programas que han sido creados a lo largo de estos años para la
concesión de microcréditos: Fondo de Desarrollo Microfinanciamiento
(Fondemi), Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, Programa
Monta tu Negocio, Programa Fabrica de Fabricas, Programa Avanzado de Capacitación para el Desarrollo de Tecnología de Negocios en la
web, Programa Plan Zamora, Misión Piar.
En materia de salarios, la acción estatal se ha concentrado en la
fijación anual del salario mínimo que, según las propias declaraciones
oficiales, ha tenido como norte tratar de recuperar la capacidad de
consumo de los asalariados y, de hecho, varios aumentos han estado
por encima de la inflación, tratando de acercarse al valor de la canasta
alimentaria.
Los datos oficiales reportan un éxito en la recuperación del poder
adquisitivo del salario, pues ha mejorado más de 10 puntos en menos
de cinco años. La política salarial se ha basado en la tesis de que la
elevación del salario mínimo tiene un efecto sobre toda la escala salarial, distinta a la vigente hasta los ochenta, basada en aumentos generales de sueldos y salarios. Sin embargo, esta política puede ser catalogada de flexible, pues no se ha recurrido a aumentos homogéneos,
sino que se ha establecido un salario mínimo inferior para aquellas
empresas que ocupan menos de 20 trabajadores, que son la mayoría.
2. La política de empleo de mayor envergadura: las cooperativas
La política en materia de empleo que rige en la actualidad comienza a ser puesta en práctica básicamente a partir de la crisis política que se desata en abril de 2002 con el intento de golpe de estado y
posteriormente se profundiza con el paro nacional de actividades de
diciembre de ese mismo año. Este paro, realizado con el objetivo explícito de presionar al Presidente de la República a aceptar la realización
3
El fracaso de esta política pudo haber tenido algún peso para que la acción gubernamental profundizara su inclinación hacia la creación de empleo autónomo, siendo un aspecto que requiere
mayor indagación.
9
de un referéndum consultivo y el implícito de forzar su renuncia, fue
promovido por el mayor organismo empresarial, Fedecámaras y la
mayor central sindical, la CTV, y a él se le sumó la gerencia y parte de
la fuerza laboral de la empresa petrolera, Pdvsa. Después de dos meses de una semi parálisis nacional, se reiniciaron las actividades con un
saldo de un país en una situación económica sumamente delicada, numerosas empresas del sector privado quebradas y un rotundo fracaso
para la oposición.
A partir del año 2002, pero fundamentalmente de principios de
2003, la acción del Estado en materia de empleo la podríamos resumir
en tres estrategias: a) la conservación de los puestos existentes a través
de decretos ejecutivos que prohiben el despido sin autorización previa
de la inspectoría del trabajo (inamovilidad laboral); b) la promoción del
trabajo informal y de los microempresarios; c) la promoción de cooperativas de trabajo asociado y la creación de las misiones como forma
de redistribución del ingreso en sustitución a la creación de puestos de
trabajo productivos.
a) Los decretos de inamovilidad laboral fueron parte de las respuestas a la crisis política desatada en abril del 2002 para ampliar el
apoyo de las bases obreras. Desde ese momento hasta la actualidad el
ejecutivo nacional ha mantenido la inamovilidad de todos aquellos trabajadores, regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, que ganen hasta
casi dos salarios mínimos urbanos. Los decretos prevén la posibilidad
de reducciones de personal en caso de concertación con el sindicato,
por lo que si bien reflejan una forma de intervención en el mercado
laboral, se podrían situar dentro de las modalidades de flexibilización
concertada. Tales decretos, en el marco de un ambiente de incertidumbre económica y política, han tenido el efecto perverso de incentivar la
externalización y la subcontratación laboral como forma de evadir tanto la misma exigencia de inamovilidad como la acumulación de prestaciones sociales.
b) Hasta el 2003, la posición del gobierno respecto a los trabajadores informales, aparte de reivindicar su condición, se manifestó en
una casi total pasividad frente a la invasión de espacios públicos que
ellos protagonizaron. Después del paro y ante la súbita alza del desempleo, el propio Presidente estimuló a los desempleados, a través de sus
alocuciones dominicales, a buscarse un nicho dentro de la informalidad. Las principales calles de Caracas fueron tomadas y, a finales de
2003, algunas fuentes oficiales llegaron a reconocer que la economía
informal había alcanzado el 55%. En la actualidad, aún cuando las
cifras han disminuido, solamente en las zonas cuyos alcaldes pertenecen a la oposición se ha controlado la ocupación de las aceras por
parte del comercio informal.
c) Pero el mecanismo más importante a través del cual se ha
incrementado el empleo no asalariado ha sido la creación de nuevas
10
cooperativas, hacia lo que se ha dirigido un enorme esfuerzo, al punto
de constituirse en uno de los principales ejes de la gestión gubernamental. En el año 2001 se reformó la Ley de Cooperativas y con ello
se facilitó el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado,
pues se estableció el carácter no laboral del vínculo de los asociados
(art. 34). En las anteriores legislaciones se establecía expresamente la
condición de asalariado por parte del asociado cuando prestaba servicios personales subordinados a la cooperativa y por ende estaba protegido por la legislación del trabajo. Ahora, además se reconoce la
posibilidad de que la cooperativa subcontrate otros trabajadores, siempre y cuando sea por períodos inferiores a seis meses porque de lo
contrario pasan a ser asociados.
La creación masiva de cooperativas se inició en la industria petrolera para cubrir las áreas paralizadas en los meses que duró la huelga
petrolera. Ellas entraron a sustituir a las empresas contratistas e incluso a trabajadores de nómina que se habían sumado al paro. Pero de
seguidas esta política se continuó en todas las dependencias estatales,
en donde se induce a ciertos empleados, por lo general los de más baja
calificación, a abandonar su condición de asalariados y a constituirse
en cooperativistas; esto ha significado un crecimiento exponencial de
esta modalidad de empleo. Los datos estadísticos oficiales reportan
que de 82.5000 personas en trabajo cooperativo en 1998 se pasó a
480.100 asociados en cooperativas en el segundo semestre del 2002
(Molina, 2005) y a 94.643 cooperativas registradas a finales de 2005
según la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop).
Desde el punto de vista de la calidad del empleo, las cooperativas
están teniendo consecuencias de gran envergadura: primero, en un
número importante de casos, son creadas a instancias de las empresas
y dependen de éstas para su subsistencia, lo que les resta autonomía y
posibilidades de sobrevivencia en el largo plazo; segundo, los trabajadores que las componen, si bien puede ser que pasen a percibir mayores ingresos mensuales que antes, no gozan de los beneficios que representa el salario indirecto (prestaciones sociales, vacaciones, seguro,
etc); tercero, con ellas no sólo se han sustituido puestos que antes
pertenecían a la nómina regular, sino que además multiplican las relaciones de trabajo precarias a través de las subcontrataciones temporales que llevan a cabo; cuarto, de acuerdo a los sindicalistas entrevistados, las cooperativas que están recibiendo créditos y un trato privilegiado en la asignación de los contratos, son las conformadas por militantes o personas afectas al gobierno, por lo que ellas servirían como
canalizadoras de nuevas relaciones clientelares y como dispositivos para
la transferencia de recursos a los grupos afectos el régimen4 ; y sexto,
las cooperativas se están convirtiendo en un instrumento eficaz para el
4
Entrevistas a sindicalistas y secretarios generales de varias federaciones de la CTV.
11
debilitamiento del movimiento sindical, aspecto que retomaremos más
adelante.
El informe anual de la Asociación Nacional de Defensa de los
Derechos Humanos confirma parte de las apreciaciones formuladas:
“La mayoría de las cooperativas que han contratado con el Estado lo han hecho para trabajar con Pdvsa, Cadafe y la compañía Metro
de Caracas, en funciones que usualmente realizaban personas que trabajaban en calidad de contratados. Provea alerta que, bajo esta positiva modalidad de promoción del acceso al derecho al empleo, se podrían estar presentando casos de simulación o fraude en la relación
laboral, lo que significa que bajo la apariencia de contratos mercantiles
se lleva a cabo una relación de tipo laboral” (Provea, 2004:88,89).
Otro aspecto que denunciaron los entrevistados es que hay casos
en que para agilizar los trámites y otorgar los créditos, los funcionarios
han exigido el pago de comisiones que pueden alcanzar el 20% del
total del proyecto de la cooperativa. Aparte de todos esos problemas,
la mayor parte de estas cooperativas tiene un destino incierto, pues no
cuentan con proyectos económicos que les den viabilidad y no son
concebidas por quienes las crean con una finalidad socio-económica a
futuro, sino como una forma de sobrevivencia en el corto plazo.
3. La misión5 “Vuelvan Caras” y el desarrollo endógeno
Si bien la creación de cooperativas sigue su propio curso, a principios de 2004 se creó una misión denominada “Vuelvan caras” con el
objetivo de capacitar personas de escasos recursos para la creación de
cooperativas y microempresas que se adecuen a lo que se considera
que deben ser las bases de un proyecto económico alternativo.
“La misión “Vuelvan Caras” persigue crear en todo el país centros de producción que redunden en bienestar económico y mejores
servicios, además de la generación de productos terminados de óptima
calidad, que permita depender menos de la industria foránea y de los
oligopolios internos. La misión se enmarca en una visión del desarrollo endógeno es decir ‘un modelo productivo, económico y social del
país” (Alvarado, 2004).
Desde un principio se dijo que esta misión no constituía un plan
de empleo, sino un programa dirigido a propiciar la inclusión social y
económico-productiva, aunque uno de sus efectos indirectos espera5
Las misiones se convirtieron en el pilar de la acción gubernamental a partir del paro petrolero.
Son programas de atención a la población más necesitada y que suponen un estipendio por participar en determinada actividad, en la mayoría de los casos de capacitación. Su objetivo sería el de
propiciar la integración social.
12
dos era la baja del desempleo en un 5%. De hecho la reducción opera
en forma automática, pues las personas que están adscritas a cualquiera de las misiones salen de las estadísticas de desempleados.
La Misión “Vuelvan Caras” se diseñó para ser ejecutada dentro de
las áreas turística, agrícola, infraestructura, industrias básicas y estratégicas del Estado y servicios. Durante el período de capacitación, que
dura seis meses, los participantes reciben una beca correspondiente
aproximadamente a la mitad del salario mínimo y luego deben organizarse para constituir cooperativas en alguno de los sectores mencionados. Una vez que presentan el proyecto los integrantes de las cooperativas cuentan con los siguientes beneficios: a) un salario mensual 6 , b)
créditos para la adquisición de maquinaria; c) activos en comodato totalmente gratuitos; d) asesoría técnica (D’Elía, 2006).
La Misión “Vuelvan Caras” es la más importante dentro del proyecto de creación del “Modelo de Desarrollo Endógeno Bolivariano”,
el cual ha sido definido por trece principios:
“La democracia participativa, la organización popular, la
desconcentración territorial, la redistribución de la tierra, un ambiente
sano y productivo, producción nacional, independencia y pertinencia
tecnológica, soberanía alimentaria, cooperativismo, trabajo no dependiente, cultura local, equidad de género y una comunicación libre y
alternativa” (D’Elia, 2006). (Subrayado nuestro).
De acuerdo a Carlos Lanz, uno de los principales ideólogos del
gobierno de Chávez, el modelo de desarrollo endógeno está asentado
sobre las siguientes cuatro bases (referido por D’Elia, 2006):
“En primer lugar, este nuevo tejido productivo incorpora en la
producción de bienes y servicios otro tipo de racionalidad y valores. De
lo que se trata es de satisfacer las necesidades colectivas por encima
del afán de lucro y de los intereses particulares (…) En segundo lugar, se hace necesario la alianza estratégica entre las empresas del
Estado, la economía asociativa, el sector no monopolista del capital
nacional, la pequeña y mediana empresa (…) En tercer lugar, la economía asociativa tiene que apuntalar la construcción de un nuevo tejido
productivo para lo cual se fomentará el desarrollo del sistema cooperativo (…) Por último, el nuevo tejido productivo requiere cambiar la división social del trabajo caracterizada, por un lado, por la división entre
el trabajo manual e intelectual, que separa la teoría de la práctica, y
por el otro, por la separación entre la ciudad y el campo”. (D’Elia,
2006). (Subrayado nuestro).
6
Lo que resulta contradictorio con la idea de que son asociados a una cooperativa autónoma.
13
Los datos proporcionados por las fuentes gubernamentales (2006)
señalan que dentro de la Misión “Vuelvan Caras” se logró incorporar
en los programas de capacitación para finales del 2005 a 300.000
desempleados y que se llegaron a crear 6.814 cooperativas
De acuerdo a una investigación realizada (D’Elia, 2006) con miembros de las cooperativas adscritas a dicha misión, sus debilidades más
importantes son: su improvisación, el despilfarro de recursos y la existencia de casos de corrupción, producto de la inexistencia de mecanismos transparentes de control; la ausencia de compromiso por parte de
los afiliados, la falta de sistematización y de calidad en la capacitación
impartida; la relativamente alta deserción, la falta de liderazgo de los
capacitadotes y los retrasos en la entrega de materiales y alimentos. A
ellas hay que agregar las señaladas por el propio Superintendente Cooperativo:
“Uso de las cooperativas como instancia de flexibilización laboral.
Por ejemplo, las alcaldías y las empresas privadas contratan a las cooperativas porque es mano de obra barata.
Trabajo no asociado. Las cooperativas se han conformado entre
5 o 10 personas y luego contratan a 20 o 40 personas más. Según su
opinión eso es lucro y explotación. (…)
Exclusiones ilegales. Comenta al respecto que en muchos casos
cuando existen ciertos conflictos entre los cooperativistas se vota a los
socios violando la ley.
Gestión administrativa. La mayoría de las cooperativas no llevan
libros de cuentas. En su opinión, esto es un problema de valores, sigue
reinando el egoísmo, el individualismo. Sigue existiendo el afán de
lucro.
Toma de decisiones unilaterales. Existe un autoritarismo en el funcionamiento de las cooperativas (…) La cultura política se caracteriza
por ser clientelar, individualista y egoísta.
Precariedad de integración, tanto a lo interno como a lo externo
de las cooperativas. No tienen relación con las comunidades (…) Señala que son las mismas instituciones las que han promovido ese atomismo
(…).
Falta de mecanismos de seguimiento al funcionamiento de las cooperativas” (D’Elia, 2006). (Subrayado nuestro)
Este diagnóstico tan crudo explica que el Ministerio de Economía
Popular, encargado del programa, haya comenzado a hacer un seguimiento de las cooperativas que componen la misión y de 1.500 fiscalizadas, 628 fueran sancionadas por presentar irregularidades (El Nacional 05/12/2005).
14
Sin pretender restarle toda posibilidad de desarrollo futuro, las deficiencias detectadas evidencian las enormes dificultades existentes para poner en marcha un programa de carácter masivo con objetivos tan ambiciosos como las de crear un nuevo modelo de desarrollo en el corto plazo.
II. Política en materia de Relaciones laborales.
Las acciones más importantes en materia de relaciones laborales
por parte del gobierno actual han sido, en primer lugar, el intento de
desmontar la estructura sindical mayoritaria representada en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (la CTV) que fue la que disfrutó
de una relación privilegiada durante los gobiernos de la IV República 7 ;
en segundo lugar, el favoritismo hacia un nuevo actor sindical; y, en
tercer lugar, la promoción de la cogestión como el modelo a establecer
tanto en las empresas del sector público como del privado.
1. Política frente al sindicalismo representado en la CTV
La reconstrucción que hacemos del comportamiento estatal respecto al movimiento sindical mayoritario nos ha conducido a hablar de
cuatro estrategias que se fueron desplegando sucesivamente en el tiempo, no de manera intencional y planificada, sino como resultado de la
forma como se fueron desarrollando los acontecimientos y de los tropiezos que fue encontrando un objetivo que estuvo claramente formulado en el proyecto de Chávez desde un principio: cooptar todas las
organizaciones de la sociedad civil a favor de su proyecto revolucionario. Tales estrategias fueron: 1) El control desde afuera. 2) El control
desde adentro. 3) El desconocimiento de la CTV como actor laboral. 4)
El desmantelamiento del movimiento sindical desde abajo.
El control desde afuera
Con la denominación “el control desde afuera” nos queremos referir a todos los intentos de controlar, encasillar e impedir la acción por
parte del movimiento sindical mayoritario, durante el período 1999 y
2001. En ese lapso se tomaron un gran número de disposiciones, que
por limitaciones de espacio, tan sólo podemos enunciar:
Disposiciones constitucionales:
Obligatoriedad de elecciones universales, secretas y directas controladas por el organismo estatal (CNE)
7
A raíz de la constituyente se dio paso a la V República. La CTV es una central sindical de carácter
plural, es decir, conviven en su seno todas las tendencias políticas, pero históricamente fue dirigida
fundamentalmente por AD.
15
Disposiciones legislativas:
De la Asamblea Nacional Constituyente (ANC):
Suspensión negociación colectiva Pdvsa.
Se faculta al Estado para establecer las condiciones de la
negociación colectiva en todo el sector público
Creación de una Comisión Electoral Sindical para inducir la renovación de todos los sindicatos
Investigación penal de todos los dirigentes sindicales
Intervención del Poder Judicial y establecimiento de medidas contra su sindicato
De la Asamblea Nacional:
Proyecto “Ley de democratización Sindical”
Convocatoria a un Referéndum Sindical con la participación de
toda la población.
Delegación en el CNE del control de las Elecciones sindicales
Medidas gubernamentales:
Eliminación de los subsidios a los sindicatos
Exclusión de la CTV de todas las comisiones – No concertación
del salario mínimo
Consulta impuesta a los trabajadores, con resultados manipulados
sobre un “contrato moderno” en Pdvsa.
El intento de “control desde afuera” resultó tan avasallante para
el conjunto de la sociedad que terminó revirtiéndose contra el gobierno y permitió en el corto plazo el resurgimiento de la CTV, gracias a
las respuestas que ésta le dio, concretamente: a) desarrollando luchas
por la base, tales como las que tuvieron lugar en diferentes ámbitos del
sector público y en la industria petrolera, cuyo triunfo permitiría la
consolidación del liderazgo del futuro presidente de la CTV, Carlos
Ortega; b) empleando un discurso de carácter clasista, dentro del cual la
lucha por el ejercicio de un derecho consagrado como es el de la libertad
sindical fue la bandera más importante; c) demostrando voluntad de adquirir autonomía frente a los partidos al contrariar las órdenes de éstos y
llamar a abstenerse en el referéndum sindical; d) conquistando el apoyo
de los sectores medios y de las organizaciones de la sociedad civil que
vieron la posibilidad de ser ellas mismas víctimas de acciones interventoras en el futuro; e) integrando dirigentes anteriormente adversos a la
CTV, ganados por la fuerza de los argumentos empleados y que vinieron
a profundizar la pluralidad del movimiento sindical opositor.
16
Este conjunto de factores fueron decisivos para el fracaso de la
estrategia gubernamental, la cual se manifestó, entre otras cosas en la
imposibilidad de aplicar los decretos de la ANC, la congelación de la
Ley de democratización sindical, la muy alta abstención que se produjo
en el referéndum sindical8 y, posteriormente, en la derrota en las elecciones sindicales.
Habiendo ganado la respuesta afirmativa en el referéndum, los
sindicalistas aceptaron renunciar a sus cargos. Fue entonces cuando
los propios trabajadores tuvieron la oportunidad de evaluar la importancia de sus sindicatos ya que tanto en el sector público como en el
sector privado se pretendió aprovechar la deslegitimación de la dirigencia
para cometer diferente tipo de atropellos; fue un período de alta
conflictividad en el campo laboral. Finalmente, el gobierno, ante la
consciencia de que habían fracasado en su intento de destruir a la CTV
desde afuera, opta por participar en sus elecciones internas a través de
la FBT (Fuerzas Bolivarianas de Trabajadores), con lo que dan inicio a
su nueva estrategia: el control desde adentro.
El control desde adentro
A lo largo de la campaña electoral se pudo apreciar como las
fuerzas sindicales de la oposición llevaban una importante ventaja. El
candidato pro-gubernamental fue mal acogido, ya que fue visto como
externo al movimiento sindical e impuesto con el objetivo de subordinarlo al gobierno. En cambio la CTV dio muestras de pluralidad al
tener a todas las tendencias políticas representadas y al lograr conformar planchas con tendencias diversas en su seno.
No obstante, en ese período existieron importantes factores de
perturbación que impidieron una verdadera recuperación del movimiento
sindical. En primer lugar, el estatuto electoral impuesto por el CNE
logró desmontar la estructura electoral interna de la confederación,
favoreciendo, paradójicamente, al sindicalismo de Acción Democrática, el cual dio muestras de gran sectarismo, generando enfrentamientos
internos y el descontento de las otras tendencias sindicales. Y en segundo lugar, el hecho de que se estuviese luchando contra un candidato gubernamental perjudicó la discusión de los problemas propiamente
laborales, centrando la campaña en el apoyo o el rechazo al Presidente
de la República.
De manera muy sintética, el balance del proceso electoral fue: a)
quedó claro que la CTV era la central mayoritaria9 y todas las tenden8
Se le preguntó a toda la población si estaba de acuerdo con que todos los sindicalistas renunciaran
a sus cargos para llamar después a unas elecciones sindicales directas y secretas. Ganó el SI, pero
con muy pocos votantes.
9
“La CTV agrupa al 68,73% del total de las organizaciones sindicales” (CNE, 2002)
17
cias reconocieron que AD era la primera fuerza dentro del movimiento
sindical, pero, b) la imagen pública de la misma CTV se vio lesionada
por las numerosas irregularidades que tuvieron lugar durante los escrutinios, los cuales dieron la impresión de una confederación caótica y
con una gran fragilidad institucional.
Ante su derrota electoral, el gobierno supo utilizar muy bien estos
hechos y se apoyó en ellos para desconocer al Comité Ejecutivo de la
CTV.
El desconocimiento de la CTV como actor laboral
A partir de entonces, la CTV fue tratada por el gobierno más
como un actor político que laboral, pero la propia confederación reforzó esa imagen al centrar su actividad en el campo de la oposición política. A ello la impulsaron: el incremento en las trabas para ejercer la
actividad sindical; la aprobación del estatuto de la Función Pública que
perjudicaba el ejercicio sindical en varios terrenos10 ; el desconocimiento gubernamental de la condición mayoritaria de la CTV tanto para la
discusión del salario mínimo como para la conformación de la misión a
la Conferencia de la OIT. Pero no se puede desconocer otro factor que
tuvo una importancia decisiva en el camino por el que optó la dirigencia
cetevista, como era el que la presidencia la ocupaba Carlos Ortega,
militante político de AD, quien utilizó la organización sindical para
proyectarse en su enfrentamiento radical con el gobierno de Chávez.
Pareciera que en ese momento la máxima dirigencia de la CTV tenía
dos estrategias posibles: bajar a las bases para fortalecer lo conquistado con las elecciones sindicales y construir una agenda laboral de oposición, o asumir el liderazgo de la agenda política de ésta, que fue lo
que hizo, dejando de lado su condición de dirigentes sindicales para
asumir la de dirigentes políticos.
La recuperación de la legitimidad de la CTV frente a los trabajadores, obtenida hasta el momento de las elecciones sindicales, comenzaría a resquebrajarse una vez que se alió con Fedecámaras para pasar
a ser junto con ella la instancia más importante de oposición al gobierno. El inicio de este camino se dio con el paro de actividades del 10 de
diciembre de 2001 y posteriormente firmaron un pacto conjunto. Estas iniciativas, independientemente de su explicación en medio de las
amenazas a la vivencia democrática, serían muy bien manejadas por
los sindicatos afectos al gobierno para denunciar una alianza contra
natura entre sindicatos y patronos, más grave aún cuando en muchas
empresas ya se adelantaba una fuerte política de externalización para
reducir costos laborales y se manifestaban actitudes antisindicales.
10
La acción sindical tuvo su efecto pues este estatuto fue posteriormente reformado por la asamblea nacional, eliminando la mayoría de las disposiciones que afectaban la libertad sindical.
18
Los prolegómenos de la marcha del 11 de abril de 2002 (día en
que se produjo el golpe de Estado) tendrían un sesgo laboral mucho
más claro, pues el conflicto petrolero tuvo sus orígenes en el profundo
malestar que se venía abrigando por varios años dentro de la industria
por la forma de gestionar el personal, favoreciendo a los simpatizantes
del gobierno y desconociendo la meritocracia, pilar de la cultura petrolera. El último antecedente fue la expulsión de destacados miembros
de la nómina mayor de Pdvsa, dada a conocer por boca del propio
Presidente de la República mediante el uso de un pito y el grito de
“¡fuera!”. Pero el hecho es que la CTV pasó a ocupar una posición
estelar en un conflicto que derivó en un golpe de Estado (con el que no
estuvo comprometida) y después se embarcó junto con Fedecámaras
en el paro nacional de diciembre 2002-febrero de 2003, de carácter
más político que laboral, lo que acarreó que tuviese que cargar con los
fracasos de tales iniciativas frente a sus afiliados.
Los trabajadores fueron las primeras víctimas del paro que finalizó en febrero de 2003. Aparte de que los más pobres fueron quienes
más sufrieron los problemas de desabastecimiento, muchos no cobraron los días que estuvieron parados, otros tanto se quedaron sin empleo por las quiebras sucesivas y los sindicatos, por su lado, tuvieron
que aceptar negociaciones a la baja.
Una de las lecciones que extrajo el gobierno de esta experiencia
fue que, si la CTV había sido uno de sus pilares, era indispensable
quebrarla de manera definitiva. De esa forma, derrotado el actor político, se pasó a una nueva estrategia mucho más eficaz para derrotar al
actor sindical.
El desmantelamiento del movimiento sindical
A partir del 2003 se observa un cambio en el manejo gubernamental de las relaciones sindicales, el cual no es ajeno a los nuevos
rumbos que tomó la política laboral en materia de empleo. Las nuevas
acciones que han tenido un sensible efecto sobre el movimiento sindical organizado en la CTV son: a) la promoción de cooperativas de
trabajo asociado, b) el fomento al paralelismo sindical y c) el despido
de los trabajadores públicos adversos al Presidente.
b) Las cooperativas de trabajo asociado y la Misión Vuelvan
Caras, fueron analizadas previamente como parte de las políticas de
empleo; no obstante, han jugado también un rol muy importante dentro de la estrategia de confrontar al movimiento sindical. La razón de
base es la misma que actúa en los casos de subcontratación laboral: el
desmembramiento de un proceso de trabajo, que antes era realizado
por individuos en condiciones similares y concentrados en un mismo
espacio físico, para pasar a ser ejecutado por una miríada de pequeñas
asociaciones autónomas y desconectadas entre sí, implica eliminar la
19
posibilidad de la actuación colectiva en aras de mejores condiciones de
vida y de trabajo. Pero además, son trabajadores que al perder su condición de asalariados dejan de ser sindicalizados y de allí que los sindicatos hayan sido testigos de la pérdida progresiva de afiliados, lo que
supone a su vez el vaciamiento de las convenciones colectivas.
Las cooperativas de trabajo asociado, tal como están siendo puestas en práctica, representan un serio problema para los sindicatos, sea
cual sea su afiliación política. Ellas tienen efectos devastadores sobre el
trabajo asalariado y protegido, y sobre la organización sindical, pero, a
pesar de ello, enfrentarlas es una tarea sumamente compleja: en teoría
son la base de la economía social o la economía popular como la
denomina el gobierno, y en esa medida se presentan como una solución idílica a los problemas del empleo y a las expectativas de superación económica.
b) El fomento al paralelismo sindical ha sido una de las denuncias que sistemáticamente vienen realizando los sindicatos de la CTV
desde principios de 2003. Las vías que estarían siendo utilizadas por el
gobierno son: i) facilitando el proceso de inscripción y reconocimiento
del sindicato que le es afecto y a la inversa, dificultando o entorpeciendo el registro del que no lo es; ii) dándole tratamiento preferente al
sindicato oficialista en el momento de la negociación colectiva, independientemente del grado de representación del cual goce y de que
sea o no la organización mayoritaria; iii) creando especies de inspectorías
del trabajo paralelas para atender los requerimientos de los sindicatos
oficialistas y rechazando los de la CTV.
De hecho, los datos oficiales reportan un crecimiento atípico de
la inscripción de nuevas organizaciones sindicales, sobre todo a partir
de 2001, llegando a duplicarse en comparación con los datos existentes en años anteriores: mientras que entre 1994 y el 2000 el promedio
de creación de sindicatos era de 227, en el 2001, año de las elecciones sindicales, se crearon 519 y desde entonces la cifra no baja de 430
por año, al punto que entre 2002 y 2004 se crearon 1335 sindicatos,
casi la mitad de los que existían en el 2001(Memorias del Ministerio del
Trabajo).
El derecho a la libre asociación y a la creación de las organizaciones que los trabajadores consideren convenientes, impide calificar esta
política como atentatoria contra los principios propiamente sindicales.
No obstante, es un juicio admitido que la multiplicación de los sindicatos, en vez de reforzar la defensa de los derechos de los trabajadores,
los perjudica y debilita. Pero lo más cuestionable en este caso es que se
está empleando el paralelismo sindical como un arma para eliminar al
adversario político.
c) El despido de los trabajadores públicos adversos al Presidente tuvo dos momentos. El primero fue con la finalización del paro pe-
20
trolero, cuando se despidieron casi 20.000 trabajadores de PDVSA
(entre empleados y obreros), sin que hasta hoy hayan podido cobrar
prestaciones sociales o sus ahorros. El segundo momento comenzó a
producirse a raíz de la solicitud de un referéndum para decidir sobre la
permanencia del Presidente en su cargo. La lista de firmantes se hizo
pública una vez que fue colocada en Internet por un diputado de la
Asamblea Nacional y desde comienzos de 2004, personeros del gobierno o simpatizantes, a través de los medios de comunicación, promovieron y legitimaron los despidos de todos aquellos que hubiesen
firmado dicha solicitud. El 16 de abril de 2005, el Presidente Hugo
Chávez reconoció que se le estaba negando el derecho a trabajar a
quienes habían firmado, por lo que pidió que se enterrase dicha lista,
añadiendo que ya había cumplido su función.
El número de despedidos por esta causa nunca se ha podido determinar con precisión, pero podría estar entre los 3.500 (que es el
número de denuncias con respaldo que fueron entregadas a la OIT) y
los 7.000 que fue la cifra que manejó públicamente el Comité Ejecutivo de la CTV. Pero, independientemente de la cifra en concreto, la vía
de los despidos ha sido seguramente la más efectiva para amedrentar a
los funcionarios públicos frente a cualquier tipo de disidencia11 . Pero
además, ha sido muy útil para impedir la contratación en las dependencias estatales de personas adversas al mandatario.
Las nuevas políticas tienen la peculiaridad que afectan al movimiento sindical porque le restan fuerza desde abajo. La que tiene mayores consecuencias sobre él son las cooperativas, ya que a través de
ellas se está extrayendo trabajadores de la relación formal de trabajo
para convertirlos en trabajadores subcontratados no sindicalizados. No
obstante, las otras vías también han mostrado su efectividad para debilitar fuertemente a lo que fuera el sindicalismo mayoritario en el país al
menos hasta el 2001. Perder la titularidad de la convención colectiva,
así como resultar impotente para frenar despidos por razones de orden
político, han sido factores que lo han herido gravemente.
2. El favoritismo hacia un nuevo actor sindical
La actitud de la administración del trabajo del gobierno de Chávez
ha favorecido desde el inicio del gobierno a las tendencias sindicales
que no forman parte de la CTV. Es decir, la política laboral tiene un
marcado sesgo político respecto a sus beneficiarios. Hicimos referencia al respecto cuando analizamos el funcionamiento de las cooperati-
11
El reclamo de incondicionalidad es un hecho fácilmente constatable en las dependencias públicas, habiendo instituciones (como por ejemplo en el Instituto de la Vivienda) donde se les exige a
todos los empleados presentarse los viernes vestidos con la camiseta roja que identifica a los partidarios del gobierno.
21
vas y el comportamiento del Estado frente a la CTV. Es necesario, por
tanto, hacer una caracterización de las fuerzas sindicales que se han
visto más favorecidas con el ejercicio de la política laboral.
Hasta el momento en que el gobierno decidió llevar a cabo el
referéndum sindical, contaba con una fuerza sindical respetable, pero
después de esa decisión se quedó solamente con el apoyo de las FBT,
brazo sindical del movimiento político del Presidente. Entre Chávez y
éstas se estableció una relación muy estrecha y ellas tuvieron en los
primeros tiempos un notorio papel. Todo parecía indicar que serían las
que ocuparían el lugar que ocupó la CTV en los gobiernos anteriores,
pero con la peculiaridad de tener una relación mucho más dependiente
con el Presidente de la República que la que nunca antes tuvo la CTV
en su época de gloria y las FBT respaldaron todas y cada una de las
iniciativas gubernamentales.
Sin embargo, tal como ya viéramos en el punto anterior, las FBT,
forzados por las circunstancias, decidieron participar en las elecciones
internas de la CTV con un candidato ajeno por muchos años al movimiento sindical y Chávez se comprometió a fondo con la campaña de
éste. Pero los resultados electorales, reconocidos o no por el gobierno,
hicieron patente para todos que el sindicalismo oficialista no tenía fuerza
dentro de los trabajadores organizados. Desde ese momento, las FBT
perdieron completamente el lugar privilegiado que habían tenido hasta
ese momento y la posibilidad de construir un nuevo corporativismo, si
llegó a estar dentro de los objetivos del Presidente, desapareció de la
escena política.
No obstante, como ya dijéramos, dado todos los acontecimientos
ocurridos posteriormente a las elecciones, el sindicalismo cetevista ha
venido mermándose progresivamente. Las irregularidades ocurridas en
la elección del Comité Ejecutivo, pero sobre todo el involucramiento e
incluso liderazgo de la CTV en las acciones opositoras al gobierno de
Chávez parecieran haber sido elementos de mucho peso para producir
la migración de dirigentes sindicales hacia las filas del oficialismo, pero
no ya hacia la constitución de un sindicalismo incondicional sino hacia
otro algo más independiente.
Las declaraciones de trabajadores y dirigentes sindicales contra el
paro del 2002, coincidían plenamente con los argumentos dados por
el Ejecutivo. Particularmente los calificativos de “empresarios golpistas”
y de “saboteadores petroleros” adquirieron una fuerza expresiva que
borró toda otra consideración posible. No está de más anotar que el
hecho de que Chávez hubiese sido también un golpista no tuvo para
ellos ninguna significación12 ; tal vez no sólo porque en aquél momento
12
Es decir, al menos en el caso venezolano, el juicio sobre un golpe de Estado no parece derivar del
hecho en sí mismo, sino del contenido simbólico con que logra imponerse.
22
dijo hacerlo en pro del pueblo, sino además porque en este caso quienes lo lideraron representaban a sus ojos al “patrón explotador”; así
mismo, la idea de que ese paro atentó contra la principal riqueza de
todos los venezolanos resultó mucho más poderosa que la noción abstracta de pérdida de la libertad, enarbolada por la oposición contra
Chávez. La matriz de opinión que se creó en torno a las causas de los
sucesos de abril y luego del paro petrolero dejaron atrás los temores
frente al intervencionismo estatal (que llevaron, por ejemplo, al fracaso
del referéndum sindical), demostrando la eficiencia simbólica de los
argumentos empleados.
Los sindicalistas que estuvieron en contra del largo paro nacional
crearon a comienzos de 2003, con el apoyo del Estado, una nueva
central sindical, UNT, la cual quedó bajo la coordinación de dirigentes
provenientes de las fuerzas políticas tradicionales y de dirigentes independientes, algunos de ellos con largos años de lucha en el movimiento sindical. Esta central se declaró desde un inicio a favor del proceso
que adelanta el Presidente Chávez, pero sus dirigentes siempre han
insistido que no son el brazo sindical del gobierno (Caripa, 01/05/
2004). Un rasgo que la ha caracterizado desde sus inicios es una permanente lucha entre las cinco tendencias que se desenvuelven en su
seno, en cuyos extremos están, por un lado, los convencidos de que el
sindicalismo debe apoyar el proceso revolucionario en forma incondicional y, por el otro, aquellos preocupados por crear un movimiento
sindical realmente independiente y autónomo del Estado.
A lo largo del conflicto polarizado que se dio en el país entre el 2002
y el 2005, la UNT se mantuvo del lado del gobierno, he hizo campaña a
favor del Presidente de la República (al igual que lo hizo la CTV en su
contra) con motivo del referéndum presidencial, llegando incluso a
coparticipar directa o indirectamente, con la cacería de brujas que se desató contra las firmantes del referéndum. Consecuentemente, sus integrantes han sido los principales interlocutores del Ministerio del Trabajo y
los que han sido favorecidos en casi todos los conflictos en los que se ha
buscado dirimir cuál es el sindicato que tiene derecho a sentarse en las
mesa para negociar una convención colectiva, fundamentalmente cuando
el patrón es el Estado. Igualmente, han sido los principales protagonistas
de las tomas de empresas (aspecto que tocaremos en el punto siguiente).
Pero por más que UNT ha demostrado ser un aliado del gobierno,
su relación con éste no es similar a la que tuvo las FBT en el pasado.
Por una parte, porque si bien sus dirigentes son los principales
interlocutores del Ministerio del Trabajo, no lo son del Presidente, quien
es el que diseña la política laboral y no tienen, por tanto, ninguna
ingerencia sobre ésta. La única iniciativa sobresaliente que han tenido
en esta materia fue la propuesta de ley de cogestión (todavía sin aprobar), pero ella fue posterior a la promoción presidencial de este modelo de gestión. Por otra parte, porque en la práctica sindical de UNT es
23
posible identificar momentos de disidencia y en algunas declaraciones
han criticado la conducta gubernamental13 . Como la lucha de las tendencias al interior de esta central es encarnizada y las diferencias relevantes, hay aspectos en los que no es posible hacer generalizaciones,
pero algunos de sus más connotados dirigentes han llegado a protagonizar conflictos de importancia dentro del sector público o donde éste
tiene participación. Pero además entre sus filas se han hecho fuertes
críticas a la política de creación masiva de cooperativas y las han denunciado como mecanismo de precarización laboral. Es decir, hay conciencia en cuanto a que la generalización del modelo de las cooperativas supone acabar en el mediano plazo con el movimiento sindical.
En el marco de lo que es el proyecto gubernamental, tal como lo
dibujamos desde el inicio de este artículo, no es posible pensar en el
fortalecimiento de ningún tipo de sindicalismo, al menos mientras éste
represente fundamentalmente a los asalariados, tal como es el caso en
nuestro país y en particular de UNT que tiene un marcado discurso
clasista. Además, dentro de la cultura política que ha impuesto el gobierno actual, según la cual todos los proyectos, programas, resoluciones e iniciativas provienen del Presidente, quien marca la pauta semanalmente a través de su programa televisivo, es casi imposible que ningún grupo social que lo respalda pueda adquirir fuerza e identidad propia. No obstante, gracias a la política de impulsar la cogestión y al
espacio que han obtenido dentro del sector público, los dirigentes de
UNT son quienes más han copado en los últimos meses la escena pública sindical.
3. La promoción de la cogestión
El tema de la cogestión surgió también a raíz de los problemas
políticos del año 2002. Ante las amenazas de la CTV y Fedecámaras
de realizar una huelga indefinida hasta tanto el gobierno no aceptase la
convocatoria a un referéndum consultivo, el propio Chávez respondió
con otra: “empresa cerrada, empresa tomada”, y después cogestionada
entre el Estado y los trabajadores. En esa misma época se introdujo
una reforma al reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, según la
cual cualquier empresa que pretendiese despedir a sus trabajadores alegando dificultades financieras tendría que justificarlo mediante un informe judicial que declarase el estado de atraso o la quiebra del negocio, y en caso de no lograrlo, pasaría a ser cogestionada.
Si bien hubo alguna que otra empresa que fue tomada antes del
paro nacional de diciembre 2002, la mayoría de los casos tuvo lugar
más tarde, cuando un número importante de empresas se fue decla13
Dentro de la tradición de lo que ha sido la conducta de los partidarios del gobierno, las críticas
son algo rarísimo y suelen anteceder la pérdida de la condición de tales (por voluntad propia o no).
24
rando en quiebra después de dos meses de paralización. El procedimiento que se ha seguido es que el sindicato realiza la toma de la empresa y después obtiene la declaratoria de interés público, para luego
pasar a ser propiedad del Estado y de los trabajadores. Las tomas fueron promovidas por los dirigentes de UNT, quienes a finales de septiembre del 2003 crearon el “Comité de Trabajadores de Empresas
Tomadas y en Conflicto”, con el objetivo de diseñar una política centralizada al respecto. De acuerdo a uno se sus principales dirigentes,
las tomas respondían a la pretensión de las empresas que participaron
en el paro de imponer una “nueva relación flexibilizada, no apegada a
la Ley del Trabajo” (Lares Martiz, 01/10/2003). Para finales de 2003
había 10 empresas tomadas que estaban comenzando a ser
cogestionadas, pero eran muchas más las que temían ser objeto de esa
política, pues el presidente de la Cámara de Industriales del Estado
Aragua, informó en septiembre de 2003 que más de 100 empresas de
esa entidad estaban corriendo el riesgo de ser manejadas por sus trabajadores bajo el esquema de cogestión (El Universal 16/09/03)
Dado el marco en el que se promovieron estas tomas, en empresas cuyos dueños formaban parte de la oposición y habían participado
en el paro, es casi imposible deslindarlas de la finalidad política de
destruir al adversario político. En tales casos, la cogestión no ha sido el
resultado de un acuerdo previo sino de una imposición, a menudo promovida por sindicatos paralelos apoyados por la administración del
trabajo. Pero el proyecto cogestionario como tal ha ido más allá de lo
que pareciera haber sido su motivación política inicial y ha ido adquiriendo su propio vuelo.
El caso en el que se ha llevado más lejos la cogestión ha sido el de
la empresa estatal Alcasa, la cual comenzó en febrero 2005, inmediatamente después de ser nombrado como su presidente Carlos Lanz,
figura ya mencionada. Esta es una empresa con tecnología obsoleta y
que históricamente le ha dado grandes pérdidas al Estado venezolano.
En este caso, la cogestión llevó a escoger al personal directivo a través
de elecciones directas y secretas con el objetivo de propiciar “una mayor identificación y mayor compromiso” por parte de éste. Lo más
polémico de dicha elección fueron los criterios establecidos para poder
aspirar a algún cargo, para lo cual se debía tener el siguiente perfil:
estar comprometido con el proceso de cambio, tener conocimiento
teórico del proceso de cogestión, contar con dominio técnico del área
a desempeñar, ser honesto, poseer enfoque de gerencia participativa y
tener ascendencia moral y política sobre los trabajadores (El Universal
10/02/05 – 06/03/05)
Tales criterios fueron muy criticados por el gran peso que tenían
los rasgos de carácter político y la fidelidad a la revolución. Para el
presidente de la empresa, tales criterios eran indispensables por la significación que le otorga al proceso cogestionario.
25
“Conozco teóricamente la cogestión como un intento de la socialdemocracia de reintegrar a los obreros a la administración de la empresa, para hacerlos corresponsables de la red de explotación de su
propia condición de trabajadores. Estamos hablando de algo distinto,
de tomar en cuenta el compromiso, el proceso integral. Ya no es un
problema tecnocráticamente planteado, es un problema abiertamente
político, en el buen sentido político. Alguien podría decir que es un
problema ideologizante. Entendemos la cogestión como un cambio en
las relaciones de producción, es distinto a aquellas cogestiones administrativas. Estamos en la onda de que los obreros asuman el poder de
la fábrica” (León, 13/06/05)
Una perspectiva similar de la cogestión, que vendría a ser la más
radical, es la que tienen algunos dirigentes de UNT. Concretamente
para Orlando Chirino, la cogestión no es sino una estrategia transitoria en el camino hacia el socialismo y en esta perspectiva, el fin último
del proceso que tiene lugar es acabar con la contradicción entre el
capital y el trabajo, lo que exige la desaparición de la propiedad privada mediante su expropiación y el establecimiento del control obrero
absoluto. La cogestión, en la medida en que supone compartir el poder
con los empresarios, vendría a ser una experiencia de carácter conflictivo y provisional cuya principal finalidad sería representar una fase de
aprendizaje durante la cual los trabajadores podrán: aprender a gerenciar
una empresa, tomar conciencia de la imposibilidad de entendimiento
con los dueños del capital y descubrir su capacidad para dirigir la producción por su propia cuenta (Gómez et al, 2005)
En opinión de Chirinos todo esto es posible en la medida en que
los procesos de cogestión sean el resultado de una lucha de los propios
trabajadores, lo que no es el caso de todas las empresas cogestionarías
en la actualidad. Por ello critica fuertemente los casos en que lo que se
ha hecho simplemente es colocar representantes de los trabajadores
en la dirección de las empresas, quienes a la larga lo que hacen es
corromperse y convalidar las políticas de sus dueños. Ello sería lo que
ha ocurrido en PDVSA:
“Eso explica de alguna forma por qué rápidamente el control obrero degeneró y terminó en la adaptación de los “representantes” puestos por el Presidente Chávez, a la fiesta de la corrupción que todos
conocen que existe en PDVSA” (Gómez et al, 2005:49).
Pero éste no es el único caso que ha recibido fuertes crítica por
parte de partidarios del Presidente. En la primera empresa estatal donde se decretó, en Cadafe, desde un inicio ha habido una fuerte confrontación entre sindicato y gerencia. La crítica de la federación sindical es que la directiva de la empresa ha instaurado una cogestión de
26
cúpulas. No confía en los trabajadores pues limita la cogestión a que
éstos se comprometan a trabajar más, menospreciándolos. Dicha federación reclama mayor poder de decisión por considerar que se lo merece al haber demostrado su fidelidad al presidente cuando se opuso al
golpe de Estado (El Universal, 06/03/05), con lo que se consagra tal
razón como de fuerza mayor. El presidente de Cadafe, por su parte,
hace varios señalamientos que son interesantes para develar las diferentes concepciones en juego: en primer lugar, que la cogestión no es
un acuerdo empresa- sindicato sino empresa-trabajadores y en segundo lugar, que esta es un empresa que no puede darse el lujo de parase
cuando lo quieran los trabajadores y por ello considera que debe limitarse el poder de éstos:
“Una cosa es la participación del trabajador y otra cosa es que el
patrono ceda sus competencias y se las entregue a los trabajadores,
pasándose de un proceso cogestionario a uno autogestionario” (El Universal, 05/03/05).
El otro gran problema en discusión es el de la propiedad accionaria,
sobre lo que no hay acuerdo. UNT introdujo un proyecto de ley sobre
cogestión, pero aún no se ha aprobado. De acuerdo a éste, el ámbito
de posible aplicación de la cogestión es sumamente amplio, lo que ha
despertado muchos temores en el empresariado. Entre tanto, el Estado
sigue promoviendo el establecimiento de la cogestión, ya no solamente mediante el apoyo a las acciones de fuerza de algunos sindicatos
sino también ofreciendo apoyos financieros a empresas en malas condiciones que estén dispuestas a implantarla (El Universal, 01/11/2005).
A modo de conclusión
Hemos intentado hacer una presentación equilibrada y sucinta de
las líneas más relevantes de la acción de la política laboral del gobierno
de Hugo Chávez. No pretendemos dentro de las severas restricciones
de espacio hacer un balance general, más aún cuando, por las razones
que expusimos inicialmente, no contamos con datos ciertos sobre el
mercado de trabajo, pero nos parece importante cerrar con algunas
consideraciones de carácter cualitativo sobre la política laboral del gobierno más largo en la historia de la democracia venezolana.
Inicialmente señalamos que no ha existido propiamente una política laboral dirigida a la promoción del trabajo asalariado. Ello habría
supuesto una direccionalidad distinta de la política económica en el
entendido de que el desenvolvimiento del mercado de trabajo depende
estrechamente de ésta. El incremento del trabajo asalariado exige medidas conducentes a la reactivación y diversificación del aparato productivo, apuntaladas con una capacitación técnica de la mano de obra
27
en función de sus requerimientos a futuro. Lo que se ha puesto en
práctica ha sido más que una política laboral una política social porque
se han invertido cantidades ingentes de recursos, priorizando criterios
de carácter social, por lo demás con una clara intencionalidad política.
Esto se compadece con el hecho de que la mayoría de las cooperativas
creadas tienen poco futuro al no estar respaldadas por proyectos económicos que les den viabilidad propia. Inclusive las pertenecientes a la
Misión Vuelvan Caras, por la forma en que se ha implementado ésta,
amén de las debilidades que presenta desde su propia conceptualización (como la pretensión de eliminar el interés de lucro), tienen pocas
posibilidades de generar un nuevo tejido productivo sustentable en el
largo plazo. Este esfuerzo gubernamental, focalizado en las poblaciones en condiciones de pobreza, pareciera más adecuado catalogarlo
como un intento de tejer una red de apoyo social para los sectores
excluidos con el fin de compensar la falta de empleos en el mercado de
trabajo. Es por ello que, más allá del discurso que lo respalda, este
intento termina asemejándose a los programas sociales compensatorios
de carácter neoliberal.
Con esto no se pretende negar que exista un proyecto a futuro
que inspira parte de esas políticas, aunque aún muy vago y retórico,
como es el llamado Modelo de Desarrollo Endógeno, dentro del cual la
economía popular, compuesta básicamente por los microempresarios
y las pequeñas cooperativas, sería su base de sustentación. Pero, aparte de la factibilidad de semejante proyecto, lo que se aprecia hasta los
momentos es la conformación de una estructura motorizada directamente por el Estado, principal dinamizador de tales pequeñas unidades
productivas, no habiendo signos de que se esté consolidando un sistema económico capaz de generar por sí mismo empleo estable, productivo y protegido.
Como se pudo observar a lo largo de toda la presentación realizada, la variable política ha ocupado un lugar central en el desenvolvimiento y en los fines que han guiado a esta política socio-laboral. La
fuerte oposición política confrontada a partir de 2002 llevó al gobierno a profundizar su arraigo social mediante la construcción de una
nueva institucionalidad, al margen de la que existía previamente, cuyo
rasgo más resaltante es su casi total dependencia del Estado y de sus
recursos. Dentro de ella es muy difícil la consolidación y articulación de
nuevas fuerzas sociales capaces de generar espacios de poder autónomos. Este es, a nuestro entender, el factor decisivo a tomar en consideración para realizar un balance de las políticas gubernamentales y no
solamente de la política laboral. Llámese Modelo de Desarrollo
Endógeno o Socialismo del Siglo XXI, en el proyecto societal que orienta
las acciones gubernamentales no tiene cabida la existencia de actores
independientes, capaces de negociar entre sí la prosecución de sus
diversos intereses, ya sean clasistas, sociales o políticos. Consecuente-
28
mente con esta perspectiva, existe un único y verdadero liderazgo,
personificado por Hugo Chávez, de quien emanan todas las iniciativas
y cuya sola figura representa la cristalización de ese modelo a futuro;
razón por la cual sus partidarios aceptan gustosamente su aspiración
de mantenerse en el poder hasta el 2031.
Visto en estos términos, el movimiento sindical es un actor poco
apreciado y, si es un opositor político, con mayor razón. A menos que
pierda su condición intrínseca, el sindicalismo representa una institución que sólo tiene cabida dentro del ejercicio pleno de la democracia,
porque actúa en representación de los intereses particulares de una
clase social. En cambio, el cooperativismo, tal como está siendo promovido, es una estrategia que se compadece con la orientación gubernamental en tanto significa la desintegración de todos los espacios de
acción organizada en el campo laboral y con ello la pérdida de toda
protección social como derecho adquirido. Las nuevas cooperativas
actúan como interlocutoras e intermediarias con las bases, pero de
manera dispersa y personalizada; están conformadas mayoritariamente
por trabajadores con baja calificación, que vienen de procesos de exclusión social y cuya identificación con intereses colectivos resulta difícil de establecer. Las diversas áreas en las que se están constituyendo
muestran realidades tan heterogéneas que difícilmente puedan construir un discurso común o propiciar articulaciones de carácter nacional
o local, salvo las indispensables para preservar el flujo de recursos por
parte del Estado. Los cooperativistas, así como los microempresarios,
son eventuales competidores entre sí por la repartición de la renta y
del capital privado.
Por su parte, la cogestión tiene en si misma, al igual que las cooperativas, un destino poco prometedor desde el punto de vista económico, ya que se ha procedido a decretarla en empresas cuya mayoría
cierra por falta de mercado o por un entorno desfavorable y no porque
los empresarios sean intrínsecamente malévolos; para sobrevivir, tendrán que, una vez más, depender del soporte estatal. Pero además, la
cogestión en marcha desdibuja la condición del sindicato al convertirlo,
en caso de permanecer, en corresponsable de la gerencia de la empresa. Esta vía pudiera ser muy eficaz para terminar con los rasgos de
autonomía que aún preserva el sindicalismo afecto al proceso.
A través de las políticas puestas en práctica se está destruyendo
una institucionalidad y un tejido productivo creado después de muchos
años, lo que compromete severamente no sólo el futuro laboral del
país. Se está desmontando el trabajo protegido, se están desarticulando las redes sociales autónomas, se está quebrando la voluntad de muchos a través de la riqueza fácil e incluso, los mismos proyectos puestos en práctica, en la medida en que son transitados con graves deficiencias y dependientes de la renta estatal, están deformando su propio sentido, como ha venido ocurriendo con el cooperativismo, cerce-
29
nando quizás hasta sus posibilidades de un desarrollo distinto en el
futuro.
En el modelo de sociedad en construcción no parece haber lugar
para la contradicción entre capital y trabajo o, para ser más específicos, entre capital estatal y trabajo, pero no porque el trabajo se vaya a
imponer sobre el capital. Será el Estado, visto no como entelequia,
sino encarnado en hombres concretos que aspiran perpetuarse en el
poder por su condición de iluminados, el que se erija a sí mismo como
representante del bien común. En esta perspectiva, el Estado no puede
ser concebido como patrono, como lo es para el sindicalismo del sector público, sino como el representante de los desposeídos, sin condición de clase y con quienes mantiene una relación unilateral y consensual.
No obstante, es indispensable señalar también que a través de su
política, más social entonces que propiamente laboral, el Estado venezolano ha logrado cooptar a una masa históricamente marginada y
menospreciada por las élites anteriores, a la que le ha abierto nuevos
espacios de actuación, haciéndola sentirse protagonista del cambio social. Sin la manipulación clientelar y el populismo que les caracteriza,
muchos de esos programas sociales que existen hoy deberían ser puestos en práctica, con un horizonte temporal, bajo cualquier régimen que
aspire facilitar la integración social en el tránsito a una sociedad con
una distribución equitativa de las oportunidades de acceso a la riqueza.
Desconocer esa realidad y sus consecuencias ha sido uno de los grandes errores de la mayoría del sindicalismo cetevista y de la oposición,
al fin y al cabo corresponsable, en mayor o menor medida, de la exclusión social que facilitó la llegada de Chávez al poder.
Visto en el mediano y largo plazo, con el llamado a la participación y al protagonismo del pueblo, elemento recurrente en su discurso,
el gobierno corre el riesgo de que sus receptores lo lleven hasta sus
últimas consecuencias y que se asuman como los actores autónomos
que pueden ser, para pasar a transgredir los límites que les impiden
cuestionar al poder estatal. Pero sólo podrá saberse lo que verdaderamente se construyó y se destruyó a lo largo de este proceso revolucionario cuando el volumen de recursos no sea suficiente para mantener
indefinidamente esas políticas socio-laborales tan costosas. Será entonces cuando quizás pueda revelarse que el rey realmente estaba desnudo.
30
Referencias bibliográficas
Alvarado Chacin, Neritza (2004): “Gestión social, pobreza y exclusión
en Venezuela a la luz de las misiones sociales. Balance y perspectivas (2003-2004)” en Revista venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. X, N° 2 (jul-dic).
Caripa, Beatriz y Carrillo, José Luís (24/03/2004): “Cero retaliación
contra pensionados” en Ultimas Noticias,.
CNE (2002): La renovación de la dirigencia sindical en cifras. CNE,
Caracas
Chávez, Hugo (1998): “Propuesta de Hugo Chávez para transformar
Venezuela. Una Revolución Democrática” en www.mpd.gov.ve
D’Elia, Yolanda (Coordinadora) (2006): Análisis socio-político de las
misiones sociales del gobierno venezolano, ILDIS (borrador).
El Nacional (05/12/2006) “Sancionan a cooperativas por explotación
laboral”. Caracas.
El Universal (16/09/2003) “Más de un centenar de empresas en Aragua
en peligro de cogestión”. Caracas.
——— (01/11/2005): “Firmados 75 acuerdos entre empresas recuperadas”. Caracas.
Gobierno Bolivariano (2004): “2000-2003, 3 años de la V República,
Venezuela se construye” en www.mpd.gov.ve/3_anos/
vrepublica.pdf
——— (2006) Misión Vuelvan caras. Entrevistas y crónicas” en http:/
www.minci.gov.ve/entrevistas2.asp?id=8
Gómez, Gonzalo, Tábata, Américo y Gámez, Nelson (2005): Orlando
Chirinos responde. Ed. Aporrea, Caracas
Lares Martiz,, Valentina (01/10/2003): “Las tomas de empresas son
ilegales” en Tal Cual, Caracas.
León, Mariela (05/03/2005): “En Cadafe hay diferencias conceptuales de la cogestión”. En El Universal
—— (13/06/2005): “Cogestión de Alcasa es irreversible” en El Universal Caracas.
Molina, Carlos (2005) Intervención como Superintendente de Cooperativas en el Foro Venezuela, 5/03/05, USB:
Portillo, Jorge Eliécer (2004): “Esperando por la misión trabajo” en
SIC, sep/octubre, Caracas, Centro Gumilla.
Provea (2004): “Derechos laborales” en Informe anual.
31
Rodríguez Pons, Corina (09/01/2006): “Analistas manifiestan
desconfianza en las cifras económicas oficiales” en El Nacional, Caracas.
Rivas, Orangel (2000): “La economía del trabajo en la nueva república” http://www.ucv.ve/parroquia/X2.htm
32
Resumen
La política laboral del gobierno
de Chávez se ha caracterizado por
promover diversas formas de trabajo
autónomo más que por la generación
de empleo asalariado. En los primeros años se impulsaron varias medidas con la finalidad de incentivar la
creación de empleos en el sector privado, todas ellas tuvieron muy poca
receptividad
por
parte
del
empresariado. Desde entones, la política laboral se ha centrado en promover las cooperativas de trabajo asociado, destinadas a los sectores menos calificados de la clase trabajadora
y, en tal sentido, ha sido sobre todo
una política social dirigida a la población en condiciones de pobreza y en
menor medida a los asalariados. Los
intentos de desmantelar el sindicalismo no afecto al proyecto gubernamental, lo que sumado a la promoción de todas las formas de trabajo
autónomo, muestra que el gobierno
intenta resquebrajar la identidad de
una clase trabajadora que pudiese contradecir el proyecto nacional que encarna la figura de Chávez, en el cual
no se visualizan espacios para intereses particulares.
Abstract
The laboral policy of the
Chavez gover nment has been
more characterized by i) the
promotion of diverse ways of
autonomous work than by ii) the
generation
of
salaried
employment. In the first years
several policies were implemented
to encourage the creation of jobs
i n t h e p r i v a t e s e c t o r. T h e s e
policies had a cold reception by
the business sector. Since then,
labour policy has been focused in
the promotion of associated work
cooperatives, specially oriented to
less qualified sectors of the
working class. Therefore, policies
have been more oriented to poor
population than to salaried
sectors. Attempts to dismantle
unions, which did not affect the
gover nment project, plus the
diverse kinds of promotion of
autonomous labor show that the
government tries to deteriorate the
identity of a working class that
could contradict the official project
embodied in Chavez, who allows
no room for private interests.
33
Cambio político y relaciones
laborales en el Uruguay 2005:
el consenso improbable
Hugo Barretto Ghione
I. Introducción
El presente artículo pretende reflexionar sobre las políticas y las
prácticas laborales implementadas por el gobierno electo en octubre
de 2004 y asumido en marzo de 2005, con especial referencia a la
aprobación de una ley sobre libertad sindical que puede significar el
quiebre (¿definitivo?) de una tradición de abstencionismo legislativo en
materia de regulación de las relaciones colectivas de trabajo.
La omisión del legislador de reglamentar los fenómenos emergentes de las relaciones colectivas de trabajo constituyó una marca
peculiar del modelo uruguayo, que lo diferenció fuertemente del resto
de los países de la región (puntillosamente reguladores de las relaciones de trabajo, y por ello casi siempre limitativos de la libertad sindical)
asimilándolo mas bien al ejemplo italiano.
A partir de una breve síntesis histórica, se señalarán las principales características de este modelo uruguayo, para luego seguir el itinerario de las primeras decisiones sobre política laboral adoptadas por el
gobierno, las que se procura enmarcarlas teóricamente, para finalmente abordar las estrategias de los actores y los debates producidos
acerca de los contenidos de la ley sobre libertad sindical. Por último, se
realizan unas consideraciones que no presentan la nota de conclusiones, por lo provisional y contemporáneo del proceso que se trata de
describir.
34
II. La construcción de un modelo de relaciones laborales peculiar
En octubre de 2004 se produce un cambio político histórico en el
Uruguay, en tanto se asiste al triunfo en las elecciones nacionales
presidenciales y parlamentarias de una coalición de partidos y sectores
de izquierda, en tanto en el pasado se habían alternado en el gobierno
del Uruguay los partidos tradicionales Blanco y Colorado.
El lento pero persistente ascenso de la izquierda que la llevó finalmente al gobierno se viabilizó mediante un proceso de unidad política
de mas de treinta años, que fue precedido de un proceso de unidad
sindical sellado a mediados del decenio de los sesenta. La coincidencia
de procesos dista de ser casual, pero intentar siquiera una somera explicación demandaría desarrollos que es imposible plantear en este
momento; no obstante, la vinculación del proceso de unidad de la izquierda política y del movimiento sindical sí resulta oportuna para
destacar el paralelismo y las interferencias que históricamente han tenido esas categorías en el Uruguay.
La evolución del sindicalismo puede ser vista en panorámica a partir del surgimiento de la “cuestión social” en el último cuarto del siglo
XIX, fuertemente mediatizada por la débil implantación industrial, en
una economía muy dependiente de la producción primaria. En ese contexto, el temprano aporte inmigrante europeo significó insuflar una
“conciencia” y unos contenidos ideológicos contestatarios, de raigambre anarquista, que pronto entró en debate con las tendencias socialistas, socialcristianas, y sobre el fin de su incompleta hegemonía, con las
orientaciones comunistas. Dando cuenta de la importancia del debate
sobre los temas laborales a principio de siglo XX, el destacado intelectual José E. Rodó (Rodó, 1958: 232 – 233) dirá que “la reducción de los
horarios excesivos, o conceptuados tales por los obreros, es una de las
reivindicaciones que, en Montevideo, más han servido de acicate a las
huelgas, y a menudo con éxito favorable. Los maleteros y bauleros, que
hasta setiembre de 1905 trabajaban diez y seis horas, desde la huelga de
esa fecha trabajan sólo nueve; los toneleros, que trabajaban trece horas
hasta hace pocos años, obtuvieron por la huelga el horario de once; y
apelando al mismo recurso, los constructores de varales lograron cambiar, en 1906, su horario de catorce y quince horas por el de diez, y los
lustradores de muebles, en el mismo año, el de diez por el de nueve”.
El reformismo social Batllista, prohijado dentro del tronco del tradicional partido Colorado (donde también encontró su límite o freno),
ubicó al Uruguay junto a Costa Rica y Chile entre los países pioneros
en América Latina en materia de legislación social, si bien en el marco
de una persistente línea evolutiva pautada por los acuerdos y otros
compromisos y dinámicas que Real de Azúa denominó eficazmente
como “sociedad amortiguadora”. La aplicación de un modelo de modernización e industrialismo y luego de “sustitución de importaciones”
hacia mediados de siglo XX, a diferencia de otros ejemplos de compo-
Cambio político y relaciones laborales en el Uruguay 2005...
35
nente populista en el continente (caso del varguismo y peronismo),
nunca tuvo una apoyatura, ni siquiera un reflejo, en el nivel sindical.
Muy por el contrario, el sindicalismo se construyó al margen de los
favores y condicionamientos del aparato estatal, dando lugar al fenómeno muy anotado por la historiografía acerca de las “lealtades divididas” del ciudadano, que optaba por apoyar una dirigencia sindical proveniente de sectores de la izquierda en el nivel laboral, pero votaban
por los partidos tradicionales en el plano político. La situación se mantuvo en esos márgenes hasta fines de los años cincuenta, en que la
crisis económica y el agotamiento del modelo comenzó a hacerse sentir y los sectores de la izquierda política y sindical comenzaron a converger hacia procesos de alianzas y unidad. El proceso se vio suspendido durante el período de dictadura cívico – militar (1973 – 1984).
Esta sumarísima información trata de servir de marco para abordar un fenómeno peculiar del sistema de relaciones laborales en Uruguay: el abstencionismo legislativo en lo relativo a la regulación de los
aspectos básicos del derecho colectivo, a saber, la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga.
En efecto, es tradicional en los estudios del derecho del trabajo
referir al modelo uruguayo, caracterizado por un amplísimo margen
librado a la autonomía colectiva, que solo encuentra límites en el marco de las garantías mínimas prescriptas por la vía heterónoma, fundamentalmente en el orden constitucional y legal. Junto al ordenamiento
jurídico de origen estatal, se conforma un ordenamiento autónomo,
dando forma así a un ordenamiento intersindical (Mantero, 1995: 281)
singular, en el cual las partes acuerdan y dirimen sus conflictos. Se
trata, como se dijo, de un “pluralismo jurídico” bien diferenciado de los
existentes en países vecinos y de “quizás de casi todos los del mundo,
si exceptuamos el italiano”(RELASUR, 1995: 75). Al respecto, se han
propuesto algunas explicaciones para dar cuenta de esta pregonada
“arregulación” legal de los fenómenos colectivos que operan en el
sistema. En concreto, se han vertido como razones que explican la
falta de regulación legal de la negociación, la organización sindical y la
huelga1 : a) el origen anarquista del movimiento sindical; b) la inexistencia durante mucho tiempo de un movimiento sindical fuerte vinculado o con afinidad a grupos políticos con posibilidad de llegar al gobierno; c) el dualismo entre la actitud político electoral y la actitud en materia gremial y sindical; y d) la existencia de normas constitucionales e
internacionales que protegen la libertad sindical en términos suficientemente amplios y genéricos como para constituir un respaldo suficiente (Plá Rodríguez, 1999: 19).
1
La afirmación debe morigerarse si reparamos que existen algunas normas de origen legal que
establecen, por ejemplo, quienes pueden celebrar un convenio colectivo o que la huelga debe estar
precedida de un preaviso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estas escasísimas regulaciones de ningún modo componen una sistemática ni relativizan la afirmación de que estamos ante un
modelo básicamente abstencionista.
36
Si bien algunas de las “marcas” señaladas hace ya años que desaparecieron sin que se modificara la característica central del modelo
(repárese en las referidas en a. b. y c), en el caso restante (d) cabe
advertir que nunca existió una siquiera cercana concordancia entre la
postura de casi toda la academia de concebir como plausible la aplicación automática de la protección sindical emanada del art. 1º del Convenio Internacional núm. 98 y la pertinaz negativa de los pronunciamientos judiciales en proceder a imponer el reintegro en su empleo del
trabajador discriminado por motivos sindicales (Raso, Dono,
Santestevan, 2004: 193). En concreto, ante un despido motivado en
la actividad sindical del trabajador, los jueces adujeron históricamente
que no existía una norma jurídica que permitiera obligar al empleador
a proceder al reintegro del trabajador, y así, sólo sancionaban al
empleador infractor con una indemnización por despido suplementaria por concepto de “despido abusivo”.
Esta debilidad del sistema jurídico para garantir el goce y ejercicio
de la libertad sindical comportó una de las mayores limitaciones del
modelo, que aseguraba en el resto de los casos amplios márgenes de
libertad sindical.
La conducta de los jueces en la (falta de) lectura de todo el ordenamiento jurídico, y su apego a la norma individualizada, a la “ley” como
voluntad de un ente, y en la que se pretende encontrar respuestas para
todos los casos, merecerían otros desarrollos sobre las concepciones
de fondo que pesan en la consideración de los cuadros judiciales y lo
refractarios que resultan para amparar teorías mas modernas y
garantistas para los derechos de las personas, que por otra parte tienen amplio cauce en otros países de la región.
El método judicial de la búsqueda (infructuosa) de un texto de origen legal que admitiera la reinstalación, comportó una fetichización de
la ley como expresión de la voluntad del legislador, constituyéndose en
definitiva en un obstáculo para una interpretación basada en los derechos de la persona y en la justicia material, que tenían, por otra parte,
también buenas razones desde el punto de vista jurídico - formal, si así
se hubiera querido argumentar. Esa indeterminabilidad o falta de previsión concreta y “objetiva” del ordenamiento jurídico, que resulta mas
aparente que real, dejó espacios a la lucha simbólica de los operadores
jurídicos en pos de significados que reflejaran sus intereses e ideologías
(Tarello, 2002), ocultos tras formulaciones teóricas pretendidamente
científicas. Así por ejemplo, Gobierno nacional, adhiriendo a cierta
doctrina, llegó a sostener en un informe a la Comisión de Expertos en
la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT que “en
Uruguay se ha cumplido con las obligaciones emergentes del Convenio
(refiere al núm. 98) y que el reintegro no se ha aplicado como sanción
en caso de despidos antisindicales debido a la falta de base normativa
para exigirlo” y añade que “la prohibición del despido no necesaria-
37
mente implica que el mismo sea nulo”(Informe, 2001). El juego
argumentativo forzaba una interpretación interesada. Es claro que el
derecho no es otra cosa que un conjunto de normas jurídicas que se
obtienen a partir de los textos (enunciados normativos) y de interpretaciones prevalentes, y que de ese modo, el operador participa en el
proceso de elaboración del derecho efectivamente aplicable. Las interpretaciones, a fuerza de repetidas, adquieren visos de permanencia y
de “cientificidad”, mediante un mecanismo que Perelman ha llamado
“principio de inercia”. Pero si bien el texto (enunciado) y la norma que
emerge de la lectura interpretativa son distintos ontológicamente, ello
no se traduce en que los significados atribuidos al texto puedan ser
arbitrarios (Streck, 2004: 121) ni antojadizos, a fuerza de desconocer
el orden jurídico. Existe siempre una obligación del decisor judicial de
fundar sus pronunciamientos en normas, y de presentar como legítima
toda sentencia.
Lo significativo del caso es que esa imposibilidad “jurídica” de
imponer el reintegro del trabajador despedido por motivos sindicales
terminó siendo uno de los principales contornos del sistema mismo de
relaciones colectivas de trabajo. La interpretación judicial de las normas se erigió así en uno de los caracteres definitorios del “modelo” de
relaciones colectivas de trabajo. El manejo simbólico de las normas
incidió en la conformación de las estrategias y las luchas sindicales.
En la disyuntiva extrema de optar por una reparación ante el hecho incontrastable de la acción antisindical del empleador, la jurisprudencia optó por no obligar al reintegro y se recluyó en bloque en el
estrecho margen que le dejaba cierto vacío normativo, trasparentando
su imposible neutralidad, y sin arriesgarse a buscar el sentido general
(y alternativo) que le otorgaba el cuadro de derechos consagrados constitucionalmente, del cual la protección “especial” del trabajo (art. 53º)
es su insignia.
Pese a estas notas, la situación de desprotección se estiró hasta la
sanción de la reciente ley Nº 17.940, que establece la declaración de
nulidad del acto antisindical y el restablecimiento de la situación alterada, prescribiendo el reintegro del trabajador afectado por el acto
antisindical.
También a similitud del caso italiano, la inactividad legislativa comportó en el caso uruguayo una condición objetiva para la creación
doctrinaria. Esto a tal punto que puede decirse que la “escuela uruguaya de derecho laboral” fue sostén de la resistencia a los esporádicos empeños limitacionistas y reglamentaristas del derecho colectivo
que procuraron imponerse a principios del decenio de los noventa, y
además ocupó la labora de “completar” las escasas normas existentes
mediante elaboraciones teóricas (como en el caso de atribuir un contenido a la conceptuación de la huelga). El reconocimiento a esa labor
cuasi legislativa de completar el ordenamiento mediante elaboraciones
38
teóricas, nunca alcanzó la fuerza como para crear la figura de la obligación de reinstalar al trabajador despedido por motivos sindicales; pudo
mas la fetichización de la ley y la sombra del poder directivo y el derecho de propiedad del empleador.
III. La instauración de una racionalidad “comunicativa”2
Antes de encarar el estudio de la política laboral y de las acciones
tomadas en orden a producir la transformación de la situación que
viene de glosarse, conviene atender al marco teórico que pueda dar
alguna apoyatura para la interpretación del proceso. Como ya tuvo
oportunidad de decirse, el cambio mas significativo de los operados en
las relaciones laborales en el período que se inicia en marzo de 2005,
es la multiplicidad de ámbitos abiertos de participación y consulta de
los actores sociales en los temas laborales.
La voz “diálogo social” ha estado presente fundamentando esta
modalidad de política laboral, si bien ha de reconocerse que no hubo
una práctica de convocar a un ámbito suficientemente amplio como
para acordar los grandes temas de la producción y las relaciones laborales.
Muy por el contrario, mas que generar un ámbito jerarquizado de
debate sobre estos aspectos centrales, la estrategia del gobierno fue
abrir espacios específicos para debatir una panoplia de temas que
interesaban a las partes, fundamentalmente a la organización sindical;
los empleadores, que también plantearon sus iniciativas, al parecer se
recostaron a esos ámbitos como estrategia para ralentizar los cambios,
según se verá mas adelante.
El diálogo social así implementado revela su naturaleza bien
procedimental, de fijación de reglas y agendas de debate, a diferencia
de las experiencias y los términos hasta hace quince años empleados,
como el de “concertación social”. Piénsese por ejemplo en las
inocultables diferencias entre la política de diálogo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante, MTSS) y lo que fue la actividad en la CONAPRO a la salida de la dictadura.
No obstante esta debilidad respecto de contenidos anteriores, que
puede advertirse en las relaciones de trabajo comparadas, lo cierto es
que “diálogo social” ha hecho su camino, y la propia OIT lo incluye
como componente de primer orden del concepto de trabajo decente,
y recientemente como parte del programa para “superar la pobreza
mediante el trabajo” ( Memoria, 2004).
2
Los desarrollos del presente capítulo se basan en el artículo del autor: “¿Interlocutores y Diálogo
Social o Sindicatos y Negociación? Una pregunta y otras cuestiones sobre ética, derecho, y
mundo del trabajo”, publicado en el volumen en memoria de Ricardo Mantero Alvarez, FCU,
2004
39
Ermida Uriarte (2003, 61) advierte que en el lenguaje común, en
el político y en diversos documentos internacionales se supone su contenido pero no se lo define: en definitiva, el diálogo social puede
traducirse en un simple “intercambio de impresiones”. Ciertamente, la
ausencia de una noción precisa de diálogo social permite incluir en el
mismo a “todas las formas de relación entre actores, distintas al conflicto abierto” parece concluir el autor.
Así, diálogo social aparece como una expresión mas débil en comparación con las anteriores, en tanto no prejuzga sobre su resultado,
sino que antes bien se presenta como un procedimiento para encarar
la comunicación entre los actores sociales.
A nuestro juicio, ese es el marco teórico que explica mejor las
iniciativas y las omisiones del MTSS del período, con algunas limitaciones que se verán de inmediato3 .
El diálogo social promovido por el MTSS, muy acorde con estas
resonancias, revela un origen mas procedimental que sustantivo, de
atención mayor a las formas que a los contenidos, que por otra parte
nunca quedaron bien delimitados, o se superpusieron o postergaron
de acuerdo a la coyuntura y las urgencias.
Una tan marcada nota procedimental en la política laboral objeto
de estos comentarios parece vincularse con corrientes de la teoría
social como la ética del discurso, la búsqueda de los consensos, la democracia deliberativa y la ética comunicativa.
III.1 La participación de los interesados en la construcción de los consensos
Este diálogo social y este conjunto de procedimientos y convocatorias a ámbitos tripartitos emprendido por el MTSS, entendidos como
expresiones de la ética comunicativa, tratan de generar acuerdos que
contemplen la diversidad de intereses en forma participativa.
Dice Habermas debe descartarse que, para la formulación de soluciones a la acción colectiva de la sociedad, el experto deba situarse
en una posición ficticia, que excluya las posiciones de poder e ignore
cada una de las posiciones que habrá de tener en el orden social futuro
(aquí aparece su crítica a Rawls), sino que “en lugar de proponer a
todos los demás una máxima como válida y que quiero que opere como
una ley general, tengo que presentarles mi teoría al objeto de que que-
3
Esta especie de “pensamiento débil” que está en el trasfondo de la expresión, se denota también
en la designación de los partícipes, denominados ahora como interlocutores, en desmedro de los
aspectos sustantivos o materiales, si se tiene en cuenta que los términos tradicionalmente empleados en el ámbito de las relaciones laborales eran “organizaciones de trabajadores” o de
“empleadores”, o directamente “sindicatos” y “empresarios”.
40
pa hacer la comprobación discursiva de su aspiración de universalidad
(...) El peso se traslada desde aquello que cada uno puede querer sin
contradicción alguna como ley general, a lo que todos de común acuerdo quieren reconocer como norma universal” (Habermas, 1998: 88)”
Esta ética argumentativa constituye también una forma de legitimar los resultados del discurso, en tanto las normas sólo son válidas si
consiguen la aprobación de todos los destinatarios, ya que “se excluyen como inválidas aquellas normas que no consiguen la aprobación
cualificada de todos los posibles destinatarios” (Habermas, 1998: 83)
Así, “una norma únicamente puede aspirar a tener validez cuando todas las personas a las que afecta consiguen ponerse de acuerdo en tanto participantes de un discurso práctico - en que dicha norma es
válida”(Habermas, 1998: 86)
Se trata de una ética de los procedimientos mas que de los contenidos: “por tanto, una teoría que se extiende a ámbitos de contenido –
como la teoría de la justicia de Rawls – debe entenderse como una
aportación al discurso que se da entre ciudadanos” (Habermas, 1998:
118), o sea, “la aportación de un participante en la argumentación a la
construcción de la voluntad discursiva sobre las instituciones fundamentales del capitalismo tardío” (Habermas, 1998: 87).
La participación del conjunto de los afectados (piénsese en el
ámbito de las relaciones laborales y en el caso de la negociación
instaurada sobre la ley de libertad sindical objeto de estos desarrollos)
posibilita superar las limitaciones de la perspectiva monológica (unilateral), en la que la universalización de los preceptos queda librada al
ejercicio portador de esa racionalidad. Ahora no se trata solamente de
un “experimento mental” por el que se unilateralmente se consideran
y resuelven los intereses afectados por la norma, sino de escuchar a los
interesados (Andreoli, 1993: 45), gracias al cumplimiento de lo que
Habermas llama postulado de universalidad: “regulación de una materia con igual consideración de los intereses de todos los participantes” (Habermas, 1998: 86).
El postulado se fundamenta según las reglas de la argumentación,
por lo cual, en definitiva, la ética del discurso puede formularse diciendo que únicamente pueden aspirar a validez aquellas normas que
consiguen la aprobación de todos los participantes.
Pero tratándose de una ética de los procedimientos, y en su condición de regla de argumentación, no prejuzga ninguna relación de
contenido: todos los contenidos han de hacerse posibles de discursos
reales, y como tales, forman parte de la intersubjetividad. Los sujetos,
libres de coacción, argumentarán en procura de obtener un consenso y
por consiguiente, formular una regla que sea aceptada por todos (condición de legitimidad).
41
Ahora bien: en el caso en estudio, corresponde interrogarse si la
libertad de los sujetos (la libertad sindical), es posible someterla al procedimiento de los acuerdos y los consensos o es por el contrario un
presupuesto de esa participación. Palabras mas, palabras menos, con
mayor o menor pertinencia teórica, el argumento estuvo presente en
muchos de los debates ante la opinión pública.
III.2 Etica del discurso y creación del derecho
Resulta coherente con esta postulación que la cuestión de la validez de las normas e instituciones jurídicas también pueda verse a través de la teoría de la acción comunicativa. En esta perspectiva, la validez se resuelve en una tensión entre la facticidad (validez social) y legitimidad (validez racional).
Las normas jurídicas tienen una dimensión fáctica representada
por los elementos de cumplimiento habitual y coacción que la respalda. Pero la finalidad de integración social que el derecho tiene en sociedades complejas “solo puede cumplirse efectivamente si las normas
poseen un elemento de legitimidad que rebasa su pura imposición coactiva y posibilita la mínima aceptación necesaria para su seguimiento.
Esta legitimidad de las normas depende del modo en que esas normas
sean creadas. Son legítimas cuando sus destinatarios pueden al mismo
tiempo sentirse, en su conjunto, como autores racionales de esas normas, es decir, cuando el procedimiento de creación de las normas reproduce el procedimiento argumentativo y consensual de la razón
comunicativa; o dicho de otro modo, cuando se sigue el procedimiento
democrático sin distorsiones (García Amado, 1993: 235)
Aceptando que parte sustantiva de las regulaciones laborales provienen de la voluntad y los acuerdos directos de las partes (repárese,
por ejemplo, en los convenios colectivos), la asunción de este aserto de
Habermas parece muy adecuado a la lógica de los actores sociales: las
normas que directamente acuerdan son de mas fácil cumplimiento y
contralor porque quedan a merced de las partes que las pactaron.
Sobre cuales pueden ser esas “distorsiones” en la elaboración de
los consensos, es uno de los frentes en que se asientan las críticas
centrales a esta construcción de las éticas procedimentales, y la falta
justamente de parámetros de libertad sindical bien puede comportar
una de esas distorsiones o aporías.
III. 3 ¿ Es posible negociar los presupuestos básicos del
diálogo social?
En la ética comunicativa los sujetos de diálogo , por medio del
lenguaje, desempeñan la coordinación de la acción social (Rebellato,
42
2000: 99), pero por definición los participantes no pueden soslayar el
presupuesto de que la estructura de su comunicación excluye necesariamente toda coacción que influya sobre el proceso de comprensión.
Las reglas básicas del proceso comunicativo y deliberativo serían:
a) la inclusión de todos los sujetos con capacidad para participar
en condiciones de simetría;
b) la igualdad de oportunidades para expresarse y garantías suficientes para contribuir y poner de manifiesto los argumentos propios;
c) el acceso y derecho a la participación sin ningún tipo de coacción.
El dato es fundamental para comprender la teoría de la acción
comunicativa: para Habermas, las reglas básicas señaladas no comportan simples convenciones, sino que constituyen presupuestos
inexcusables de la participación (Habermas, 1998: 112 –113).
III.4 Crítica del enfoque comunicativo en clave laboral
Ciertos críticos del enfoque comunicativo dan a estas interrogantes
un alcance mas general, y cuestionan la pertinencia del mismo como
para resultar idóneo para abarcar materias como las relaciones laborales.
Así, se ha sostenido que la ética comunicativa se revela insuficiente y prescindente de ciertos fenómenos inmanentes a las relaciones de
trabajo como para tener un alcance explicativo del diálogo social o de
la formulación de acuerdos entre los actores de esas relaciones.
En concreto, debemos referirnos a tres órdenes de factores que
patentizan las críticas que pueden hacerse a estos enfoques:
III. 4.1 La falta de contenidos materiales de justicia social
Se ha dicho que la racionalidad procedimental conduce a un discurso de carácter abstracto y procedimental, insuficiente en relación al
ejercicio concreto de la justicia social, para lo cual debería contener
criterios indispensables para definir una justicia en sentido material
(Rebellato, 2000: 123)
Por otra parte, el enfoque comunicativo desvaloriza la dimensión
económica, resaltando la importancia de la democracia formal por
encima de la exclusión: una democracia inspirada en la teoría de la
acción comunicativa y en la utopía del consenso dejan fuera del discurso a los excluidos y propende a la elaboración de consensos donde
éstos no tienen potencial incidencia (Rebellato, 2000: 141).
43
III. 4.2 La asimetría de los participantes
La ilusión de prescindir de la coacción encubre – en la esfera de
las relaciones laborales - la naturaleza de hiposuficiente que tiene el
sujeto trabajador, elemento no totalmente neutralizado por la acción
colectiva sindical. Esta opacidad de la asimetría de los participantes
en el diálogo que presenta la teoría comunicativa, es resultado del
ocultamiento general que hace del diferendo, del antagonismo.
El ocultamiento del conflicto social y la ficción de la igualdad de
los sujetos hace que la diferencia no sea reconocida, por lo cual el
diálogo se hace en el idioma de una de las partes, mientras que la
posición de subordinación social que sufre la otra parte no se significa
ni aparece en el lenguaje. El antagonismo – cuando no la injusticia que está en el trasfondo de las relaciones laborales no es reconocida en
el lenguaje del consenso, mas preocupado en establecer esos acuerdos
y en fijar las reglas para los puntos de partida incondicionados (Scavino,
1999: 112) y sin atisbo de hegemonía alguna. La ausencia de esta
perspectiva parece definitiva como para mostrar la incapacidad de la
ética comunicativa para fundar el diálogo social en materia socio-laboral. En el ámbito de las relaciones laborales el diferendo entre las partes es tan consustancial, que la existencia misma de uno de los sujetos
del diálogo social, se debe a la existencia de un determinado sistema
que le obliga a vender su fuerza de trabajo. De ese modo, la existencia
misma del sujeto “trabajador dependiente” es una forma de manifestación de la disparidad, cuando no de la injusticia y la contradicción
subyacente a esas relaciones.
III.4.3 Consensualismo y conflicto
Atendiendo a estas vicisitudes, el consensualismo “a secas” puede transformarse en la negación de la conflictividad social (Rebellato,
2000: 141).
Pero el pluralismo de los valores y la cuestión del poder no pueden
erradicarse de la realidad social; el antagonismo de intereses y valores es
consustancial a la democracia moderna y el conflicto en el mundo del trabajo no puede resolverse racionalmente al estilo de la ética discursiva sino solo
alcanzar acuerdos transitorios y precarios (Barbagelata, 1995: 17)
Por esta razón, dice Mouffe (2003: 117), “el ideal de una democracia pluralista no puede consistir en alcanzar un consenso racional
en la esfera pública. Ese consenso no puede existir. Tenemos que aceptar
que todo consenso existe como resultado temporal de una hegemonía
provisional, como una estabilización del poder, y que siempre implica
alguna forma de exclusión”. La dimensión de antagonismo es inherente a las relaciones humanas, y en las relaciones de trabajo se manifiesta de diversas formas, mas o menos visibles, pero siempre presen-
44
tes; ello no significa que los adversarios no puedan superar su desacuerdo, pero tal eventualidad no prueba de ningún modo que se haya
superado la diferencia (Mouffe, 2003: 115).
Los críticos mas radicales de las tesis habermasianas de construcción de consensos a través de mecanismos meramente procedimentales
expresan, en definitiva, que “como la participación de los dominados
y excluidos en la elaboración de un consenso supone introducir una
dimensión que no es simétrica, su reconocimiento requiere la
desestructuración del orden de la dominación. No hay consenso con
dominación. La elaboración de consensos puede ser valida como estrategia transitoria, fruto de determinadas circunstancia históricas, pero
no puede ser planteada como un ideal por encima del conflicto histórico – estructural” (Rebellato, 2000: 141).
Con estos aportes y reparos, es posible ahora reflexionar con mayor
pertinencia sobre el alcance de la política laboral de los primeros meses
del 2005, sobre esta especie de dialogo social “diversificado” y
procedimental, sobre el proceso de discusión de la ley de libertad sindical
y sobre las razones que impidieron obtener un consenso entre los actores.
IV. Datos para seguir un itinerario de la política laboral
Como ya quedó dicho, el gobierno asumido el 1º de marzo de
2005 abrió desacostumbrados espacios de discusión de los temas laborales, dando cauce así a expectativas contenidas y acumuladas durante
los años noventa en que primó la tesis del retiro del Estado de la negociación salarial, con la consiguiente caída de los niveles de adhesión
sindical y de agudizacón de algunos problemas del mercado de trabajo,
como la desocupación sobre el final de los años noventa, y la informalidad y precariedad durante todo el período.
Entre ese elenco de medidas que dinamizaron las relaciones laborales deben citarse:
a) la convocatoria a los Consejos de Salarios, órganos tripartitos
de fijación de salarios mínimos por categoría laboral y por sector de
actividad, creados en noviembre de 1943 y que, como consecuencia
ya dicha del retiro del Estado de la intervención en material salarial,
habían dejado de emplearse, lo cual se había traducido en un fuerte
decaecimiento de la actividad sindical. Nótese que en los períodos de
plena vigencia de los Consejos de Salarios (1943 a 1968 y 1985 a
1991) fueron aquellos en que se registró un mayor crecimiento del
salario y una mayor participación y adhesión sindical;
b) la creación del Consejo Superior de Salarios, como órgano de
representación de las cúpulas empresariales y sindical, con una agenda
temática amplia que trata de obtener consensos en determinados temas de la reforma laboral de gran amplitud;
45
c) la convocatoria de un Consejo Tripartito para el Sector Rural,
que nunca antes había conocido un ámbito de discusión de los temas
laborales de un sector básico de la economía del país;
d) convocatoria a negociar colectivamente al sector público, que
en el pasado también estaba al margen de todo diálogo, en virtud que
los gobiernos anteriores habían mantenido una posición muy rígida de
negar la negociación en estas materias en la Administración Central;
e) la creación de una Comisión Tripartita en el ámbito de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
f) la convocatoria al “Compromiso Nacional”, hecha por el propio Presidente de la Republica, mediante el cual el gobierno informaba
acerca de las políticas que pensaba implementar en diversas materias,
entre ellas, el empleo y la legislación laboral;
g) a todo este inventario debe agregarse la derogación del decreto 512/66 que permitía la desocupación de los lugares de trabajo mediante el uso de la fuerza pública.
Del conjunto de iniciativas, y atendiendo a la fecha de cierre de
esta comunicación (mediados de marzo de 2006) puede
(provisoriamente) concluirse:
a) que los diversos ámbitos tuvieron también muy diverso comportamiento: los 20 grupos de actividad en que trabajaron los Consejos de
Salarios obtuvieron acuerdo en su enorme mayoría, y la práctica negociadora se vio dinamizada y robustecida por esta experiencia; en el
sector rural los resultados fueron nulos en cuanto a la posibilidad de
acordar márgenes de actividad sindical y de limitar la jornada de aquellos trabajadores que aún mantienen sin regular ese aspecto, y el Consejo Superior Tripartito tuvo diversos avatares pero escasos acuerdos,
según se verá mas adelante;
b) el período considerado también comportó el de menor
conflictividad en los últimos diez años, aunque paradojalmente también fue el de mayor cantidad de ocupaciones de los lugares de trabajo
como modalidad de lucha gremial4 ;
c) los cambios operados se hicieron bajo el signo de la
provisoriedad, en tanto en ningún caso se modificó la normativa de
fondo, sino que el instrumento por antonomasia empleado fue el de4
Esta circunstancia motivó en los primeros meses de 2006 un muy fuerte debate a nivel de la
opinión pública sobre la necesidad de regular (o prohibir, en la consideración de ciertas representaciones patronales) las ocupaciones de los lugares de trabajo y más particularmente, la huelga. A
mediados de marzo de 2006 el gobierno terminaba de delinear un proyecto de ley de regulación de
mecanismos de prevención de conflictos colectivos y de desocupación de los lugares de trabajo, en
medio de paradigmáticos casos de procesamiento de trabajadores que habían echado a andar la
producción de una empresa gráfica durante la ocupación, de actos de violencia de un empleador
para forzar el reingreso a una planta ocupada por sindicalistas, y de una opinión pública que
parecía dispuesta a aceptar algún margen de regulación legal (y consecuente limitación de estos
aspectos).
46
creto del Poder Ejecutivo, instrumento fácilmente revertible en el futuro; paradojalmente, el único cambio normativo de significación no fue
la sanción de una ley, sino la derogación de un decreto, como el caso
ya mencionado del que permitía la desocupación por la fuerza pública;
d) derivado de lo anterior, se puede concluir que no existió un
orden general ni preordenado para dar origen a un modelo distinto de
relaciones colectivas, sino que al parecer mas bien se operó en base a
dar solución a los aspectos puntuales que se iban planteando. Tampoco quedó claro, en muchos casos, cual era la concepción del MTSS
sobre algunos de los puntos objeto de debate.
V. ¿ El tránsito hacia un cambio del modelo de relaciones
laborales?
En este esquema apoyado en la voluntad política mas que en un
proyecto de largo plazo, irrumpe a mediados del año 2005 un proyecto de ley de protección a la actividad sindical, que tiene un rápido proceso parlamentario en la Cámara de Diputados, y que determina que
se vote con la mayoría conformada por los representantes del
oficialismo.
El fuerte reclamo empresarial surgido a raíz de esta inusitada movida parlamentaria, se fundó en aspectos sustantivos y procesales. En
lo sustantivo, los empresarios no compartían el alcance del proyecto,
que amparaba a una universalidad de trabajadores que podían verse
perjudicados por su actividad sindical; en este punto, estaban dispuestos sólo a aceptar algún grado de “fuero sindical”, o sea, acordar cierta protección a aquellos trabajadores que tuvieran el rango de dirigentes sindicales. En un documento de fecha 15 de setiembre de 20055
los empresarios abundan sobre las soluciones que técnicamente consideran mejor para el proyecto, vinculados a aspectos tales como la posibilidad de operar el reintegro del trabajador despedido por discriminación antisindical, sobre las cargas de la prueba en juicio, sobre las
eventuales sanciones a las empresas incumplidoras, etc.
Pero a efectos de nuestro tema dicen algo mucho mas importante. Así en el cap. I “Marco de la propuesta” puede leerse que “siendo
nuestro propósito alcanzar un acuerdo negociado sobre estas materias, una vez concretado, manifestamos nuestra disposición a examinar conjuntamente los demás temas que integran un sistema de relaciones colectivas de trabajo”.
Y agregan: “por este mismo motivo estos aportes deberán ser
considerados como una aproximación en la búsqueda del acuerdo que
sólo podrá alcanzarse en caso de un consenso integral”.
5
Las principales cámaras suscriben este documento que lleva por título “Aportes para un documento consensuado”.
47
El documento es en esta parte totalmente diáfano en cuanto a la
estrategia de los empleadores: en tanto se postula una visión sistémica
de las relaciones laborales, se considera que la afectación de una de las
partes de ese sistema (en el caso, la sanción de un mecanismo de protección de la actividad sindical) no debe soslayar las modificaciones a
introducir en otras de las partes del sistema, a fin de guardar los necesarios equilibrios. Por tanto, y sin decirlo expresamente, los empresarios manifiestan que no obstante se llegara a un acuerdo sobre la regulación de la protección de la libertad sindical, el acuerdo no podrá
estar completo hasta que no se obtengan asimismo acuerdos en otras
materias como la regulación de la huelga y la negociación colectiva,
aspectos en los cuales ciertamente los empleadores
consuetudinariamente han expresado su interés de “colmar el vacío”
legislativo existente.
En el aspecto procesal los empresarios señalaron que por un lado
habían sido convocados a diversos ámbitos de negociación y tripartismo,
y que por otro, inopinadamente, el mismo gobierno les birlaba la posibilidad de debatir sobre uno de los temas fundamentales (el de la libertad sindical), dado que, en lugar de llevarlo al Consejo Superior
Tripartismo, le daba un rápido trámite parlamentario.
El argumento y la crítica no dejaba de tener cierta lógica en la
racionalidad “comunicativa” que había inaugurado el Gobierno en sus
políticas laborales a partir de marzo de 2005.
O existía cierto quiebre en el diálogo social (por la actitud del
gobierno de no “colocar” en el ámbito tripartito el tema de la libertad
sindical), o los actores – en particular, los empresarios – aceptaban la
tesis no dicha de que alguno de los temas sustanciales escaparan al
tripartismo y se sustanciaran con otra lógica, la de política parlamentaria, al margen de la participación de los actores. La conducta asumida
por los empresarios siguió el primero de los derroteros: la denuncia de
la falta de coherencia del criterio seguido por el MTSS y la amenaza
(velada en principio, y luego explicitada), de retirarse del resto de los
escenarios edificados por el Gobierno.
La respuesta del lado del MTSS consistió en peticionar (¿ceder?)
la suspensión del trámite parlamentario del proyecto de ley de libertad
sindical y su remisión a un ámbito “cuatripartito” (a los tradicionales
actores sociales se agregaron algunos legisladores) en el cual debía discutirse en profundidad y consultar el punto de vista de los actores
sociales para hacer un último esfuerzo en la obtención de los consensos. La búsqueda de los acuerdos sobre un proyecto de libertad sindical
como medio de salvar del riesgo de naufragio al resto del proyecto de
diálogo social, seguramente hizo que no fuera clara (o no existiera) la
solución de fondo que el MTSS postulaba, a tal punto que preguntado
especialmente un jerarca del MTSS sobre sus ideas al respecto, manifestó que “dependerá de lo que se negocie”.
48
La suspensión del trámite parlamentario por dos meses significó
un éxito módico de los empresarios pero aleccionador hacia el futuro
desarrollo de las relaciones laborales; dicho de otro modo, la composición parlamentaria que podía asegurar un proceso rápido de aprobación del proyecto (o de cualquier otro) determinaba que el tripartismo
fuera la última trinchera de los empresarios para mantener cierto control sobre los procedimientos y los contenidos de la política laboral del
Gobierno.
Desde el punto de vista de la organización sindical, la negociación
en el ámbito generado por el MTSS enfrentó un inesperado e inédito
“handicap”: la discusión debería hacerse acerca de un tema sustantivo
y muy demandado en el pasado, que tenía además en el horizonte a la
vista un proyecto de ley con sanción en la Cámara de Diputados y que
resultaba sumamente protector de los intereses sindicales.
Paradojalmente, ese punto de partida restringió el margen de intercambio con la contraparte: cualquier negociación podía verse como un
renunciamiento al terreno ya obtenido en el nivel parlamentario. Con
todo, hubieron sectores del movimiento sindical proclives a algún tipo
de acuerdo aún con estas limitantes.
La expiración del plazo fijado por el MTSS para la obtención de
los consensos en torno a un proyecto de ley sobre libertad sindical
marcó el retorno del tema a la discusión parlamentaria, pero con una
serie de modificaciones según pautó el propio MTSS de acuerdo a una
tesis que en su momento rechazaron los trabajadores y empresarios:
que se habían alcanzado ciertos acuerdos sobre aspectos parciales del
proyecto.
VI. Consideraciones Finales: desdramatizar los límites del consenso
La preocupación del MTSS por tejer acuerdos entre los actores
sociales sobre temas que se encuentran en el centro mismo de la controversia capital/trabajo se tradujo en un esfuerzo quizá tardío y seguramente algo desmedido, que supuso y puso de relieve otras dos vertientes de análisis:
Por un lado, la importancia de lo procedimental, lo coyuntural, y
las estrategias jugadas por los actores con una mirada muy atenta por
ganar la opinión pública y a la vez, el marcar el escenario para el
inmediato futuro. Estas consideraciones desplazaron o por lo menos se
solaparon con el debate sustantivo sobre los contenidos del eventual
proyecto. Por otra parte, dejó abierto el planteo de otras cuestiones,
como por ejemplo si no estamos asistiendo al inicio de un cambio en
el modelo “desregulado” de relaciones colectivas de trabajo, y finalmente, si la política laboral obedece a un plan predeterminado o a
49
determinantes del momento y al vaivén de las situaciones que genera
el conflicto laboral.
Desde el punto de vista de los actores, los empresarios pudieron a
lo sumo ralentizar el trámite de inexorable aprobación de una ley sobre libertad sindical, mientras que los trabajadores quedaron atrapados
entre un proyecto favorable a sus intereses del “Gobierno amigo” y las
indispensables señales de salvaguardar la histórica autonomía de los
poderes públicos.
Sobre los desafíos del funcionamiento inmediato del sistema de
relaciones laborales puede todavía señalarse:
a) que la norma de protección de la actividad sindical deberá integrarse a un sistema que hasta ahora ha sido básicamente desregulado,
y en consecuencia corresponde interrogarse sobre el encuadramiento
y encastre de esta nueva pieza en el engranaje de las relaciones colectivas de trabajo;
b) la observación del funcionamiento del sistema podrá demandar
ciertos ajustes y aún verificar nuevas adaptaciones de los institutos del
derecho colectivo del trabajo, en un proceso sobre cuyos contornos
finales no parece haber claridad en los actores gubernamentales y
laborales (a contrario de los empresarios, que parecen tener en claro
que se trata de mantener la situación lo mas controlada posible a través
del tripartismo);
c) la obtención de un mecanismo jurídico de protección de la actividad sindical podrá operar como un sucedáneo de la conflictividad si
los sindicatos recurren al reclamo judicial en lugar de emplear los mecanismos autónomos clásicos (huelga y otro tipo de acción gremial)
para reclamar acerca de las violaciones a la actividad sindical. No
obstante, debe considerarse también la posibilidad que, como ocurrió
en Italia, la implementación de un sistema de protección heterónomo
suponga que muchos sindicatos rechacen su utilización por entender
que puede interpretarse como debilidad en su poder de resolver los
conflictos a través de la acción gremial;
d) el diálogo social no constituye un fin en si mismo (Quiñones,
2005: 28) y la falta de acuerdo en el proceso de negociación de la ley
de libertad sindical connota una serie de cuestiones sobre las que es
necesario seguir reflexionando:
d.1 ) en primer lugar, debe soslayarse una visión optimista y “cándida” sobre el diálogo social como mecanismo para superar las controversias centrales en las sociedades pluralistas;
d.2) esa circunstancia es todavía mas marcada en casos como el
estudiado, en que el actor estatal pretendió encontrar consenso en un
tema – como el de la libertad sindical – que constituye uno de los pre-
50
supuestos de la participación igualitaria y “sin restricciones”;
d.3) esas consideraciones señalan, además, los límites de las
teorías procedimentales o comunicativas, en tanto la obtención de los
consensos no depende exclusivamente de aspectos formales y procesales;
d.3) por último, en esa dispersión de intereses, el Gobierno debe
arbitrar soluciones, encontrar espacios para la cooperación, y optar
con mayor claridad por un (¿nuevo?) modelo de relaciones laborales.
En el esfuerzo por ser objetivo y racional, es ilusorio – cuando no
artificioso - pretender permanecer neutral.
Bibliografía
Andreoli, Miguel.( 1993) “Los límites de la ética del discurso en
cuestiones de justicia”. Cuadernos del CLAEH, 2a serie, Montevideo, año 18, Nº 1-2
Barbagelata, Héctor – Hugo. (1995) El particularismo del derecho
del trabajo. Montevideo. FCU
Barretto Ghione, Hugo “¿Interlocutores y Diálogo Social o Sindicatos
y Negociación? Una pregunta y otras cuestiones sobre ética, derecho, y mundo del trabajo” (2004), en el volumen en memoria
de Ricardo Mantero Alvarez, FCU.
Ermida Uriarte, Oscar. “Diálogo social: teoría y práctica”. (2003) Revista Derecho Laboral T. XLIV Nº 209
Garcia Amado, Juan Antonio. (1993) “La filosofía del derecho de Jürgen
Habermas”. Doxa – 13
Habermas, Jürgen. (1998) Conciencia moral y acción comunicativa.
Barcelona. Península.
Informe de la 72º reunión del Comité de Expertos de la OIT (2001).
Informe de Relasur (1995) Las relaciones laborales en el Uruguay.
Madrid. OIT
Mantero, Ricardo. (1995) “El ordenamiento intersindical y las fuentes
del derecho del trabajo”. En el vol. Treinta y seis estudios sobre
las fuentes del derecho del trabajo. Montevideo. FCU
Memoria del Director General a la 91º reunión de la Conferencia internacional del Trabajo
51
Mouffe, Chantal. (2003). La paradoja democrática. Barcelona. Gedisa.
Pla Rodríguez, Américo. (1999) Curso de derecho laboral. Montevideo, Idea T. IV, vol. I.
Quiñónez, Mariela (2005) “Las nuevas dimensiones del diálogo social”. Boletín Cinterfor. Nº 156. Montevideo
Raso Delgue, Juan y otros. (2004) “La libertad sindical: una puesta al dia
en el derecho uruguayo (1995 – 2004)” en el vol. Veinte Estudios en
Memoria de Ricardo Mantero Alvarez. Montevideo. FCU.
Rebellato, José Luis. (2000) La encrucijada de la ética. Neoliberalismo,
conflicto norte – sur, liberación. Montevideo. Nordan. 2 ed.
Rodó, José E. (1958) El Mirador de Próspero. Montevideo, Barreiro y
Ramos
Scavino, Dardo. (1999) La filosofía actual. Pensar sin certezas. Bs.As.
Paidos.
Streck, Lenio Luiz. (2004) “A diferença ontológica (entre texto e norma) como blindagem contra o relativismo no processo
interpretativo”. Rev. Brasileira de Estudos Políticos. Núm. 89
Univ. Federal de Minas Gerais
Tarello, Giovanni. (2002) Teorías e Ideologías en el Derecho Sindical.
Granada. Comares.
52
Resumen
El nuevo gobierno, una coalición
de partidos y sectores de izquierda,
asumido en Uruguay en marzo de
2005 supuso un cambio significativo
en la vida política del país,
secularmente hegemonizado por los
llamados partidos tradicionales Blanco y Colorado. En la política laboral,
lo definitorio fue la impronta
participativa que pautó su acción,
implementada mediante la apertura de
múltiples ámbitos tripartitos sobre una
agenda diversa de temas. Desde el
punto de vista teórico, puede
interpretarse que la búsqueda de consensos entre los actores se funda en
planteos como el de la ética
comunicativa.
La
raigambre
procedimental y los límites de la teoría se advierten cuando se aprecia el
proceso de discusión y aprobación del
proyecto de ley sobre protección a la
actividad sindical, un tema que refiere a uno de los presupuestos de la
participación de los actores. Se concluye que la falta de consenso en torno a los temas conflictivos de las relaciones laborales debe ser reconocido
y que la administración laboral debe
operar arbitrando el sistema.
Abstract
The new government, a
coalition of leftist parties and sectors
that took power in March 2005,
constituted a significative change in
the political life of the country, long
ruled by the traditional parties Blanco
and Colorado. In terms of labor policy,
it was defining the partaking way in
which action was implemented
through the opening of multiple threeparty circuits with a large agenda on
diverse topics. From the theoretical
viewpoint, the players’ search for
consensus rests on a communicative
ethics perspective. Procedural and
theoretical limits become evident
during the discussion and approval of
the union activities law. All in all, the
lack of consensus about conflicting
interests on labor relations must be
identified and labor administration
must arbitrate the system.
53
¿Emerge un nuevo
modelo económico y social?
El caso argentino 2003-2006
Marta Novick 1
Introducción
Luego de un período de más de dos décadas en el que parecía
emerger un paradigma de crecimiento, basado en el correcto funcionamiento de los mercados, las limitaciones del mismo han dado lugar a
un debate que aspira a la definición de un nuevo modelo indicativo que
supere las restricciones de lo que fue el denominado Estado de bienestar y del de desregulación, apertura y ajuste estructural que le sucedió.
Este debate, que se desarrolla en la siguiente sección y que engloba
a un abanico de países y regiones -centrales y periféricas- con características estructurales disímiles y de inserción dispar en el contexto de
un mundo globalizado, no presenta ninguna salida mágica ni recetas
abarcativas. Implica la discusión de puntos que afectan los niveles macro,
meso y micro de las economías, así como las particularidades sociales
y culturales que permitirán un diseño ajustado a las necesidades de
sociedades que no pueden tolerar los niveles crecientes de exclusión
que se han evidenciado.
En este documento se analizará la experiencia de la Argentina desde la recuperación de la crisis que estalló en el año 2001, la cual puso un
1
Socióloga, investigadora CONICET en el IDEI de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
actualmente Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina.
Agradezco especialmente la colaboración, los comentarios y las sugerencias de Carlos Tomada,
Ministro de Trabajo, empleo y Seguridad Social, y de Daniel Kostzer, Director de Estudios y Coordinación Macroeconómicos de esa Subsecretaría.
54
signo de interrogación, no sólo a la viabilidad económica del país, sino
también a la democracia como forma de organización política.
Asimismo se vinculará el patrón de crecimiento que la economía
ha tomado con la forma de ingreso a un círculo virtuoso de mayor
demanda agregada, aumento del empleo y la inversión, nacimiento de
empresas, crecimiento de las existentes, etc.
El debate
Es interesante analizar que mientras se debate sobre la eventual
crisis del "modelo social europeo" -modelo económico y social- y las
características que tuvo en términos de crecimiento, inclusión social,
de protección y en la conformación del denominado Estado de bienestar, en la actualidad, muchos de los países de América Latina están
atravesando importantes cambios que parecerían ir en una nueva dirección.
En Europa hay voces que se elevan en defensa de su actual modelo considerando a su modificación como un ataque a la identidad y a un
sistema económico y social que otorgó, simultáneamente, crecimiento, protección social y seguridad para sus habitantes. Esta línea argumenta que se trata de una sociedad en la que el libre y buen funcionamiento del mercado es sólo una herramienta y no una finalidad en sí
misma. En este marco, la economía como disciplina es definida como
el estudio de un objeto real en un contexto específico, y no como una
adopción acrítica de un cuerpo de supuestos y técnicas (Reinert, 2006).
Otras posturas, en cambio, sostienen que sólo la práctica del libre
mercado es la que permitirá la mejor asignación de los recursos a la
producción y sostener el crecimiento y la competitividad europea frente a EEUU o a algunos de los países asiáticos (Japón, China, etc.,
aunque en sectores muy diferentes).
El debate no es menor. La Conferencia de Lisboa de 2000 -aunque sus metas hayan sido redefinidas en 2005- puso en cuestión las
dificultades de combinar la integración económica con el progreso social, mostrando las restricciones para lograr simultáneamente la
profundización de este proceso en términos económicos, políticos y
sociales (Schweiger and Wickman, 2004)
Por otro lado, proponer como objetivo brindar empleo "lo más
rápido posible" (perspectiva norteamericana) e introducirlo en las sociedades europeas, este propósito de que "cualquier trabajo es mejor
que ningún trabajo", pone en peligro lo que fue tradicionalmente rechazado en Europa (Schweiger and Wickman, op cit). De esta manera,
autores como los mencionados señalan una contradicción obvia entre
la ambición de crear un modelo de cohesión social europeo reformado
para el siglo XXI con una aproximación neoliberal en lo económico.
¿Emerge un nuevo modelo económico y social? El caso ...
55
Muchos de los países latinoamericanos -sobre todo los del sur del
continente- están cambiando las grandes líneas económicas y políticas
que prevalecieron en la década del 90. ¿Se trata de una estrategia -una
vez más- desacompasada del "main stream"? ¿O, efectivamente, recuperar una mejor calidad de vida para la población latinoamericana?
Las etapas del desarrollo latinoamericano
Es verdad que el proceso de la región latinoamericana fue considerablemente diferente al que se desarrolló en Europa y debe reconocerse que el Estado de bienestar tuvo características muy distintas a las
de esos países. Lo que se llamó Estado de bienestar en América Latina
estuvo signado por políticas que no pudieron cumplir ni
sistemáticamente ni con la inclusión social sobre el conjunto de la población. Algunos países avanzaron hacia un grado de homogeneidad
social mayor que otros, pero el Estado tuvo un rol más determinante
en lo económico, no sólo como regulador general de la economía, sino
también como empleador. La aplicación del llamado "fordismo" en
América Latina, no cumplió con dos de sus características básicas: producción en masa y amplios mercados de consumo, que existieron sólo
de manera restringida (limitado a algunas regiones y a algunos sectores
industriales) (Novick, 2000).
Del mismo modo, el llamado "modelo neoliberal" en el marco de
la globalización tuvo características diversas en los países latinoamericanos cuyas economías habían quedado muy debilitadas como consecuencia de la "década perdida" de los 80. La última década del siglo
XX, cuando se introdujeron acríticamente estrategias de apertura económica indiscriminada, provocó un achicamiento -y debilitamiento del
Estado- en sus funciones económicas, pero, sobre todo en materia de
política social. La desregulación de los mercados, en particular las restricciones en materia de derechos colectivos, laborales y de protección
social, tuvo como consecuencia un aumento en las tasas de desempleo, en un crecimiento de la precarización laboral, deterioro de la
distribución del ingreso, y, por ende, un aumento considerable de la
magnitud y la proporción de la población en niveles de pobreza y de
indigencia. La brecha económica, social y tecnológica con los países
desarrollados se agravó. Los actores del mundo del trabajo (los sindicatos especialmente) quedaron muy debilitados tanto en su concepción
reivindicativa como en su rol de "agencia social" (el desempleo y la precariedad golpearon también a ellos al reducir afiliación, ingresos, etc.).
América Latina fue, claramente, la región del planeta que aplicó,
desde fines de los años 80 hasta la actualidad, más profundamente
políticas de ajuste estructural a partir de liberalización económica,
privatización de empresas públicas, apertura comercial acelerada y retiro del Estado. Simultáneamente, de 1980 a 2000 el número de po-
56
bres creció en toda América Latina en 75 millones de personas, superando en la actualidad la cifra de 200 millones. Del total de los nuevos
pobres de la región, casi el 95% son pobres urbanos. Los programas
de liberalización económica, inspirados en gran medida en el llamado
Consenso de Washington2, generaron no sólo pobres e indigentes, sino
que acentuaron dramáticamente los índices de inequidad económica y
social, dispararon las tasas de desempleo a cifras superiores al 15% y
promovieron -con la salida del Estado del rol rector mantenido en las
décadas anteriores- el incremento de los niveles de analfabetismo y
abandono escolar producto de la falta de recursos para la educación
pública, así como un deterioro nunca visto de los sistemas de salud
pública3.
Como indicador puede señalarse que en los inicios de los 70 el
incremento del producto regional era el 6% anual. A fines de esa década
retrocedió a 1.5% y en los 80 las economías latinoamericanas no crecieron. En el primer lustro de los 90 el producto regional estuvo en 3% y
llegó al 5,3% en 1997 pero volvió a caer en 1998 y 1999. El crecimiento promedio anual durante los 90 fue de 3.2%. La tasa anual media del
crecimiento del ingreso per cápita fue de 3.1% entre 1945 y 1980, de
1.9% en los siete años que siguieron a la década perdida y de 0.5%
entre 1998 y 2004 (Cimoli et al, 2006). Si bien hubo una recuperación
del crecimiento durante los años 2003-2004, éste debería incrementarse
significativamente y mantenerse en forma sostenida para comenzar a
revertir las consecuencias económicas y sociales de la década del 90.
Del ajuste estructural a la crisis
Los modelos económicos y sociales implementados a lo largo de
los 90 en gran parte de los países de América Latina (aunque con diferencias importantes entre ellos) afectaron significativamente las formas
de organización (productivas, sociales y económicas) existentes previamente. A nivel agregado, las diversas políticas contaron con un eje común centrado en la necesidad de mejorar aceleradamente la
competitividad y la productividad bajo la estrategia de una apertura a los
mercados internacionales de bienes, servicios, tecnología y capitales.
Se sostenía que la libre circulación de bienes, servicios y capitales
introduciría en la estructura productiva cambios capaces de cerrar la
brecha con los países desarrollados. Se suponía que estas acciones
permitirían recuperar el dinamismo productivo que había entrado en
2
Conjunto de mandatos políticos y económicos que, desde fines de los 80, definió prioritariamente
la doctrina promovida por los países centrales y los organismos de crédito multilaterales hacia los
países del llamado Tercer Mundo.
3
Taller sobre inequidades económico-sociales en América Latina, 29 de mayo al 2 de junio de
2003, Bariloche, la Argentina.
57
crisis en la última etapa del modelo de sustitución de importaciones4.
En particular afirmaban que la desregulación del mercado laboral induciría a mejorar tanto la cantidad como la calidad del empleo, en el
marco de una reasignación de recursos y de una nueva especialización
productiva.
El interés se desplazó desde el objetivo previo de lograr el pleno
empleo, hacia una subordinación del mercado laboral a los requerimientos emergentes de las modificaciones en la estructura de la economía (signadas por la idea del libre mercado). Como resultado de ello,
los indicadores de desempleo treparon hasta niveles inéditos mientras
que las actividades más relevantes ingresaron a un severo proceso de
(des ó re) estructuración en lo referido a sus encadenamientos productivos (debilitamiento o desaparición de la red de proveedores, mayor
importación de insumos, etc.) (Bisang et al, 2005).
Durante esos años, en el plano internacional se fueron creando
las condiciones para que la economía mundial dejara de ser un agregado de economías nacionales vinculadas por flujos de comercio, inversión y financiamiento para convertirse progresivamente en un conjunto de redes globales de mercados y producción que cruzan las fronteras
nacionales. Sin embargo, estos procesos de indudable y creciente empuje no estuvieron acompañados de un desarrollo equivalente de la
institucionalidad global, cuya agenda es incompleta y asimétrica
(Ocampo et al, 2004).
La globalización no produjo una homogeneización de la economía
mundial, y no se constituyó en una dinámica integradora única y uniforme.
Por el contrario, se tradujo en un proceso desigual y multidimensional. Para
la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización que
convocó la OIT, a consecuencia de esta globalización desigual se produjeron brechas en el empleo, en la protección social y en el diálogo social.
Desde principios de 2000, una nueva etapa política llega a los
países de la región, básicamente como resultado de las crecientes demandas de la sociedad, y se comienzan a rever no sólo los modelos y
las políticas de la pasada década, sino que hay un replanteo sobre la
noción misma del Estado y su rol en materia económica y en materia
de política social.
El empleo, variable considerada como un elemento de ajuste "automático" que debía acompañar las transformaciones macro sociales
retoma -en parte y en algunos países- un rol central5. El "empleo en el
centro de las políticas" o como fuera el nombre la Cumbre Hemisférica
4
Debe señalarse que estas modificaciones tuvieron lugar en simultáneo con la creciente consolidación de cambios técnicos y organizacionales tendientes a establecer actividades y patrones de organización de la producción diferenciados respecto de los establecidos en la etapa anterior.
5
Puede verse en tanto como factor de mejora económica como factor de inclusión, de ciudadanía
o de vigencia de los derechos.
58
de Mar del Plata en noviembre del 2005: "Crear trabajo decente para
erradicar la pobreza y garantizar la gobernabilidad democrática", se
transforma en una nueva meta en el cambio de escenario político y
económico, reivindicando el concepto de "trabajo decente" que la OIT
vuelve a resignificar a fines de los 90.
La pregunta que intenta responder este artículo es si el retorno a
ciertas políticas activas, los procesos tendientes a la articulación de políticas económicas y sociales, la recuperación del mercado interno como
elemento dinamizador, y los datos resultantes en materia de trabajo, de
empleo y de distribución del ingreso, constituyen el inicio de un nuevo
modelo económico y social, o, por el contrario, se trata sólo de un conjunto de medidas y políticas que aprovechan un ciclo favorable de la
economía (alto precio de las materias primas como soja, cobre, petróleo, etc.) que permite un crecimiento económico que facilita la aplicación, por otro lado de diferente tipo de políticas. Esta pregunta es la que
intentaremos responder centrándola en el caso de la Argentina.
Después de haber transitado la mayor crisis de su historia, en la que
la anarquía económica y social atravesaba todos y cada uno de los sectores de la población, cuando los índices de desocupación, de pobreza, de
inestabilidad monetaria, hacían suponer una sociedad inmanejable por
los próximos decenios, la Argentina retoma un ritmo de crecimiento
elevado e impensable: en menos de tres años baja en forma abrupta la
tasa de desempleo, la pobreza y, aunque en menor medida, la precariedad laboral. Al mismo tiempo se recupera la inversión de la mano de las
empresas medianas y del ahorro doméstico6, y comienza a atravesar un
período de mayor gobernabilidad democrática.
¿Se trata de un contexto macroeconómico favorable y los guarismos sociales son sólo una consecuencia? ¿Se trata de decisiones de política macroeconómica, y el resto de las políticas es una consecuencia?
¿Estamos en presencia de un nuevo modelo económico y social?
¿O sólo de la aplicación de un conjunto de políticas activas laborales y
sociales en un momento favorable del ciclo macroeconómico?
¿Se trata de un modelo sustentable en el tiempo?
Una breve historia de las etapas del desarrollo argentino
La primera etapa de desarrollo económico argentino -fundado en
el modelo agro-exportador- se basaba en una actividad central que era
la ganadera, producto de la posesión de grandes extensiones de tierra;
el modelo económico requería escasa innovación local ya que se movía
al ritmo de las tecnologías desarrolladas en el exterior. Sin embargo, se
6
Inclusive de retorno de capitales previamente salidos del país.
59
pueden observar estrategias de innovación y de cambio técnico que
permitieron mejorar la productividad, el producto, etc.
El modelo de sustitución de importaciones (1930-1976) que permitió tasas significativas de crecimiento (considerablemente mayores a las
obtenidas en la década pasada cuando se cumplían con las normas de la
economía ortodoxa) no fue acompañado por políticas estimuladoras de
la competencia, la innovación y la productividad. En el caso argentino,
si bien hubo crecimiento, el desempeño general fue menor al esperable
(López, 2006), sea en el PBI per cápita, en la productividad laboral y en
las exportaciones. En éste la innovación estuvo asociada a modelos
incrementales y de adaptación más tradicional (Katz, 1986).
Fue un resultado relativamente pobre -a pesar de la percepción
generalizada- en un contexto internacional que atravesaba una "Edad
de oro", con las tasas de crecimiento del producto y de la inversión
más altas de toda la historia en un contexto de pleno empleo, baja
inflación y mejora continua del nivel de vida de la población (López,
2006). En este esquema existían articulaciones sociales, sectoriales y
espaciales sistemáticamente integradas, un sistema semejante a las "cajitas chinas" que se encastran mutuamente. Empleo y condiciones de
trabajo estaban ligados al ciclo económico, con leves y breves episodios de desempleo friccional y bajas tasas de desempleo estructural.
Lo que caracteriza también a la Argentina en ese período -y a
muchos de los países de la región- es una fuerte volatilidad institucional,
resultado de los vaivenes políticos y las rupturas de los ciclos democráticos que fueron acompañados de inestabilidad e incertidumbre económica producto tanto del "stop and go" de la economía argentina como
de la falta de consensos claros (López 2006). En general estos ciclos
estaban asociados a la perfomance externa del país, y las crisis estaban
asociadas a la balanza de pagos (Díaz-Alejandro, 1975).
Esta debilidad institucional -y por ende del sistema democráticola inestabilidad política, la falta de consenso en lo económico, los sectores claves de la economía en manos del Estado -e incluso de las Fuerzas Armadas- y una economía considerablemente cerrada fueron la
contraparte de una actitud favorable del Estado hacia la industria, incluso al surgimiento de agencias e instituciones estatales destinadas a
regular distintos e importantes espacios de la actividad económica (INTI,
INTA, CNEA, etc.).
Ajuste, liberalización, estancamiento y crisis en la Argentina
Entre 1976 y 2001 el período que Andrés López caracteriza como
de "reformas" y que él mismo subdivide en dos grandes subetapas que
van de 1976 a 1990 y un segundo subperíodo de la "convertibilidad",
se caracteriza por albergar en su interior no sólo segmentos de diferen-
60
te tipo de política económica, sino también de vaivenes políticos dramáticos por la ruptura del régimen democrático en 1976 y la feroz
represión atentada a los derechos humanos que tuvo consecuencias
no sólo económicas, sino éticas, morales y sociales. Se produce un
quiebre del modelo económico (apertura, desregulación) cuyas consecuencias -al haber sido continuadas años después- llegan hasta hoy y
del modelo político (quiebre de la institucionalidad democrática, represión feroz) en un momento en que la economía mundial sufría un
shock importante (crisis del petróleo y cambio de paradigma tecnológico) marcando un punto de inflexión en la economía y en la sociedad argentina.
Cómo destaca López, el PBI per cápita en el período 1976-1990
era un 23% inferior al de 1975. En la primera etapa de la convertibilidad
(1991-1995) se retoma el sendero del crecimiento (5% de promedio
anual) que, sin embargo, no se vio en modo alguno reflejado en los
índices o tasas de empleo, sino que por el contrario, convivieron altas
tasas de crecimiento económico con triplicación de los índices de desempleo. La recuperación del crecimiento se detiene, primero en el
efecto post tequila y luego con un período de estancamiento, el PBI
cae a un 3% anual acumulativo (1998-2000).
La crisis de 2001 que hace estallar la convertibilidad y a otro gobierno, llevó a una mega-devaluación, al default más importante de la
historia económica internacional, a la caída estrepitosa del PBI y a
crisis del sistema financiero. El desastre social alcanzó magnitudes inimaginables.
La desregulación del mercado de trabajo de los 90 tuvo, además,
otras consecuencias "perversas", ya que a la vez que se reducía el costo
laboral, la tasa de empleo no registrado aumentó del 29.6% entre 1991
y 2000 a 37.3%, (ondas octubre EPH) y siguió incrementándose hasta
el 44.8% en mayo de 2003. Comienzan a generalizarse en el mercado
laboral formas de contratación atípicas y precarias, en muchos casos
de alta fragilidad lo que termina de configurar un mercado laboral fuertemente polarizado y heterogéneo.
Las instituciones de protección social (jubilaciones, salud y desempleo) sufrieron, por otro lado, importantes reajustes -como se observa en el gráfico superior- en consonancia con estas nuevas formas
de relaciones de trabajo e incorporaron en sus espacios nuevas lógicas
como la privatización y la individualización. En este sentido hubo un
avance hacia formas de gestión individual de los riesgos sociales como
la enfermedad, la vejez, el desempleo, etc., rompiendo, de esta forma,
uno de los principios básicos de la seguridad social como la solidaridad
intra e intergeneracional, características de los sistemas más avanzados (Roca, 2005).
61
Tasa de empleo no registrado y alícuota promedio
de contribuciones y patronales
El impacto que el patrón de crecimiento tuvo sobre el nivel de empleo fue dramático, llegando a elevar la tasa de desempleo a niveles nunca
registrados previamente, alcanzando en octubre de 1995 un 18.5%. Luego de la crisis de 2001-2002 este porcentaje trepó hasta el 21.5%.
El incremento de la tasa de desocupación y el fuerte crecimiento
del trabajo precario actuaron, también, en el sentido de reducir la cobertura de la negociación colectiva y aumentar la desprotección de los
trabajadores. Se observa una dinámica contradictoria en la negociación colectiva de la década del 90 entre un aumento de la negociación
en cantidad, calidad y renovaciones de convenios y una permanencia
de la "ultraactividad" de los convenios más importantes pactados en la
ronda negocial de 1975. Asimismo, el nivel de negociación converge a
la baja del ámbito de actividad o de rama al de la empresa: entre 1991
y 1994, el 65% de los convenios y acuerdos colectivos eran de rama o
de actividad y entre 1995-1999 el 78% de las negociaciones eran de
empresa y sólo el 22% de rama o de actividad. La negociación se concentró sólo en algunos grupos de convenios: empresas privatizadas y
sectores dinámicos de la década: petróleo, automotriz, etc. (Novick y
Trajtemberg, 1999).
Por último, las consecuencias de la carencia de trabajo produjeron el debilitamiento de las instituciones históricamente atadas a él:
salario digno, seguridad social, negociación colectiva, etc. y fueron
devastadoras en la sociedad argentina. Los hogares pobres se
incrementaron del 16.3% en 1993 al 41.4% en 2002 y los hogares
que no podían acceder a una canasta básica de alimentos, los indigentes,
más que se quintuplican desde un 3% en 1993 a un 18% en 2002.
62
Asimismo, el incremento en la desigualdad a niveles inéditos para
los valores históricos registrados7 fue segmentando a la sociedad y
excluyendo a vastos sectores de la población, a pesar de estar en presencia de tasas de crecimiento económico significativas.
Tasa de empleo no registrado y alícuota promedio
de contribuciones y patronales
En otras palabras, las políticas implementadas implicaron la
marginación y exclusión de numerosos sectores de población, y derivaron en una crisis política, económica y social sin precedentes, minando las bases de la ciudadanía social previamente alcanzada. En este
sentido, puede decirse que más de la mitad de los argentinos perdieron
en esa década su status de ciudadanos, en su visión integral, al perder
empleo, protección social, deterioro de la salud pública, etc.
Nuevo modelo de crecimiento y políticas implementadas
El nuevo contexto macroeconómico vigente desde 2002-2003,
genera un cambio en los precios relativos que permite dirigir el patrón
de crecimiento hacia una dirección más progresista, más inclusiva de
los sectores rezagados por medio de la generación de empleo, considerando al trabajo como el principal factor dador de ciudadanía. Implica
una nueva concepción del trabajo, no ya como un problema de mercado, sino como un articulador entre las esferas económica y social, como
base de la cohesión social, como fuente de dignidad de las personas y
7
El índice de Gini pasó de 0.455 en 1993 a 0.502 en el año 2002.
63
como constitutivo de la ciudadanía. El empleo es el principal impulsor
de la generación de riqueza, a través del cual hombres y mujeres mantienen a sus familias y es un instrumento básico de progreso social
(Carnegie Council, 2005).
Para que ello sea posible se requiere, simultáneamente, aplicar
una serie de medidas de carácter macroeconómico, pero también de
cambio en la orientación de las políticas, una recuperación y
resignificación del rol del Estado (aunque no se trata de un Estado
ineficiente y empleador), líneas de política activa, etc. Implica, básicamente, la necesidad de articulación de políticas económicas, laborales y sociales, requiere una coordinación entre las dimensiones
macroeconómicas y las sociales, para transformar la producción, los
patrones de consumo e impulsar la movilidad social.
Modelo de crecimiento y el rol del trabajo: una política
económica que favorece el empleo
El nuevo perfil de la recuperación y el crecimiento de la economía
favorecen la generación de puestos de trabajo. En este sentido, los
nuevos precios relativos que privilegian la producción doméstica, el
reestablecimiento de encadenamientos productivos, la recuperación de
la capacidad ociosa, mayores inversiones (duplicación desde la crisis
llegando a un 24% del PBI, y pasando de los 29 mil millones de dólares
en 2004 a 41 mil millones en 2005) que posibilitan la expansión del
potencial productivo y el incremento de la elasticidad empleo-producto, delinean el nuevo patrón de crecimiento que establece condiciones
más propicias para la generación de empleo de calidad.
El reconocimiento de la deuda social contraída en las décadas
pasadas y la recuperación del empleo como un derecho fundamental
de los ciudadanos de este país, constituye la fundamentación ética de
una estrategia de desarrollo fuertemente centrada en la creación de
trabajo y la inclusión social.
Para salir del contexto de recesión con capacidad instalada
subutilizada, se requiere una política vinculada al tipo de cambio competitivo frente a los socios comerciales, flotante y estable en su poder
de compra a lo largo del tiempo.
Frenkel (2003), Frenkel y Taylor (2006) y Frenkel y Ros (2004)
muestran que el tipo de cambio tiene diversos impactos sobre el empleo. Los mismos pueden observarse a partir de tres canales de influencia. El primero de ellos, el canal macroeconómico está dado por
las firmas locales que recuperan competitividad internacional en el corto
plazo. Este canal facilita -con el acompañamiento de políticas fiscales y
monetarias apropiadas- un nuevo nivel de actividad, que permitirá la
64
incorporación de nuevos trabajadores luego de agotada la extensión
horaria8.
Un segundo canal que es el de desarrollo, se asemeja a la utilización de estímulos de promoción industrial que logran una virtual sustitución de importaciones, tanto porque protege de hecho la producción
doméstica, como por el impulso que genera a la conquista de mercados externos, que permite actuar en el empleo a largo plazo por el
incentivo a la producción y exportación de bienes transables, manufacturados y con encadenamientos hacia delante y hacia atrás (clientes y
proveedores). Este canal opera en el mediano plazo.
El tercer canal, de más largo plazo, que los autores caracterizan
como de intensidad laboral y que podríamos identificar como de productividad, ya que redefine el rol del trabajo vis a vis la tecnología,
protegiendo de hecho a la producción doméstica, induciendo al uso de
tecnologías apropiadas que no discriminen la mano de obra (que no se
eligen porque eliminan trabajadores).
En materia de política tributaria y fiscal deben contemplarse instrumentos básicos para la mejora de la infraestructura, apoyo a las
instituciones financieras de desarrollo, perfeccionamiento de recursos
humanos y políticas de ciencia, tecnológicas y de investigación. Políticas progresivas en materia tributaria pueden -señalan diferentes autores- por medio del incremento del consumo, la inversión y el desarrollo
de los recursos humanos, impulsar significativamente la creación de
empleo. En ese sentido, el Estado recuperó importantes grados de libertad en materia de políticas impositivas, distribución del ingreso,
crediticia, etc. Por ejemplo a través del Plan Jefes Hogar -que comenzó en 2002 y per mitió contrarrestar parcialmente los efectos
contractivos de la devaluación- con un costo que era cercano al 1% del
PBI, financiado en parte a través de la imposición a las exportaciones
primarias que recibieron ganancias extraordinarias a causa de esa misma devaluación. Los efectos multiplicadores del mismo operaron para
conseguir una más rápida y homogénea recuperación económica.
El superávit fiscal, se originó precisamente por la política tributaria
que permitió contar con recursos que dieron lugar a la formulación de
políticas de ingresos para activos y pasivos; los que, a su vez, generaron efectos dinamizadores en la economía doméstica. El proceso activo de renegociación de la deuda externa, que culminó con una reducción importante de su monto (del 8% al 2% del PBI), se ligó, a su vez,
a la capacidad de pago en función del desempeño económico del país.
8
Esta afirmación se comprueba a través de un estudio longitudinal de los datos de la EIL (Encuesta
de Indicadores Laborales), "Dos años de crecimiento del empleo", Trabajo, ocupación e ingresos N°
1, abril de 2005, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde se analiza que en la
primera etapa de crecimiento sube el número de horas trabajadas para convertirse posteriormente
en nuevos puestos de trabajo.
65
El impacto del crecimiento económico, además de los ya conocidos datos de crecimiento del PBI, se puede analizar en su verdadera
dimensión a partir de la creación y la destrucción de empresas en las
diferentes etapas, así como del impacto que la misma tuvo sobre el
empleo a nivel agregado.
Evolución de las empresas privadas y su empleo.
Industria, comercio, servicios. Terceros trimestres, en miles.
Luego de un período de destrucción de empleo y de empresas, se
observa la recuperación que comienza a acontecer a partir del año
2002, y que se acelera desde 2003, tanto en términos de creación de
Tasas de crecimiento del empleo por sector
Variaciones entre terceros trimestres, en %
66
empresas como de empleo. Al mismo tiempo, el número de trabajadores promedio por empresa se va incrementando paulatinamente como
resultado de la suma de ampliaciones en las dotaciones existentes así
como en la cantidad de firmas ofreciendo puestos de trabajo en la
economía.
Cuando se observa el comportamiento sectorial de la recuperación del empleo, llama la atención lo homogéneo del mismo para todas las ramas de la economía, como resultado del nuevo patrón de
crecimiento liderado por la producción de bienes, con múltiples encadenamientos hacia adelante y atrás.
En esta materia de dinámica de empleo puede hacerse referencia
a dos resultados importantes de este modelo de crecimiento: el desempeño "virtuoso" tanto en materia de cantidad como de calidad del empleo. La tasa de desempleo que -en mayo del 2003 llegaba a 20.4%bajó a la mitad a fines de 2005.
Evolución de la tasa de desempleo en %
Asimismo, como puede observarse en el siguiente gráfico, el empleo en el sector formal ha venido creciendo ininterrumpidamente y a
un ritmo acelerado: entre 2002 y 2003 crece un 5.8%, entre 2003 y
2004 un 6.8% y en el último año a una tasa del 9.7%, la más alta
registrada desde 1995.
67
Fuente: EIL (Encuesta de indicadores laborales), SSPTyEL, MTEySS.
Estos datos por supuesto ejercen una influencia directa sobre la
reducción de la pobreza y la distribución del ingreso.
Evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso
entre 2003 y 2005
68
Políticas en materia laboral: objetivo y estrategias
¿Cuál es el rol de un Ministerio de Trabajo en un esquema que
requiere crecimiento y políticas activas? En el modelo anterior el Ministerio de Trabajo (Tomada, 2005), tenía un rol virtualmente subsidiario y dependiente de las políticas macroeconómicas en un contexto de
flexibilización laboral, a pesar del aumento del desempleo, del trabajo
no registrado y de la pérdida de empleos de calidad. Había cedido capacidades fiscalizadoras, se había convertido virtualmente en el órgano
administrador del Plan Jefes de Hogar, cuyo objetivo se enmarcaba
más en una política de contención social, que en una estrategia de
empleo.
En materia de relaciones laborales, la negociación colectiva había
tenido una dinámica interesante en los 90, aunque circunscripta únicamente a los sectores privatizados y dinámicos de la década, como automotriz, petróleo, energía, transportes, etc. (Novick y Trajtemberg,
1999). Durante 2001 y 2002 se caracterizó por ser una "negociación
para la crisis" a partir de los mecanismos de "Procedimientos Preventivos de Crisis" (PPC), que facilitan la negociación en situaciones de quiebras, achicamientos o situaciones extremas de las empresas. Mientras
que habitualmente la relación entre PPC y convenios colectivos era
baja y pocas veces superaba el número de convenios; en 2002 los
procedimientos de crisis triplicaron el número de convenios (664 PPC
y 202 CCT) (Novick y Trajtemberg, 2005).
En materia salarial, el salario mínimo se mantenía sin cambios
desde agosto de 1993; aunque se habían otorgado lo que se denominó
"aumentos de suma fija" en 2002 y en 2003 que implicaban un monto
de incremento establecido por el Poder Ejecutivo para todos los trabajadores en actividad.
En esta nueva etapa era imprescindible recuperar capacidad tanto
para la formulación de políticas específicas, como en materia de articulación y coordinación. El diseño y la gestión de políticas laborales y
de empleo en su sentido más amplio dejan de ser una resultante de
otras variables y pasan a ser un eje central en el apoyo a la consolidación del nuevo patrón de crecimiento descrito anteriormente, fundamentado en la decisión de colocar al empleo en el centro de las políticas económicas y sociales.
En un marco de crecimiento económico (con tasas cercanas al 9%
anual) las políticas laborales se constituyen en un instrumento importante del conjunto de las políticas. En ese sentido, no puede afirmarse
que la aplicación de políticas laborales en este período sean neutras ni
que sólo puedan actuar como acompañamiento. En realidad, demuestran que la creación de más y mejores empleos y las relaciones laborales modernas y equilibradas, no son automáticas ni responden sólo a
estrategias macroeconómicas. Se requiere de la selección, la adopción
69
y la adaptación de estrategias y medidas que no están "dadas", sino que
deben ser elaboradas y adaptadas al contexto actual en función de las
metas de mediano y largo plazo deseadas.
Implica, por un lado, la instauración de ámbitos de coordinación
de políticas basados en diagnósticos precisos y en la evaluación exante, el monitoreo y el seguimiento ex-post de los impactos de las
diferentes decisiones en el empleo y el modo en el cual este interactúa
con las variables centrales del crecimiento económico, la distribución
del ingreso y el combate de la pobreza y la exclusión.
En el modelo de crecimiento en gestación, la certeza se basa en
que el empleo y las remuneraciones, así como su distribución, tienen
un rol central para consolidarlo de una manera más equitativa. En términos prácticos, el empleo tiene una elasticidad producto inferior a la
unidad. Esto quiere decir que por cada punto porcentual que crezca el
PBI, el empleo también lo hará pero en menor medida. Por lo tanto,
para mejorar la distribución funcional del ingreso, la política salarial
cumple un rol fundamental.
Así es que, entre otras cosas, se pasó de un Ministerio de Trabajo
que atendía a la demanda social de base, producto de la crisis y la falta
de ingresos de la población, a uno que administra un conflicto de tipo
laboral, más coherente con una economía que crece a elevadas tasas,
donde la puja distributiva es un reflejo del conflicto mismo.
Los instrumentos de la gestión actual del Ministerio de Trabajo se
basan en dos pilares, uno de reformulación de las instituciones del trabajo (eje institucional), y otro de política de ingresos. Estos tienen que
ver con los instrumentos de fortalecimiento institucional del mundo
laboral y con los que generan las políticas de ingresos complementarios, compatibles y sustentables con la etapa de crecimiento económico que muestra el país.
Instrumentos de fortalecimiento institucional
El abandono por parte del Estado de algunas de sus funciones
privativas en las relaciones laborales dejó, por un lado, su marca más
evidente en la precarización y la exclusión de vastos sectores de la
población, cuyos signos emergentes fueron tanto el crecimiento del
empleo no registrado -la porción de la PEA sin protección social actual
o futura- como la falta de ámbitos orgánicos para la resolución de los
conflictos. Por otro, el debilitamiento y la casi desaparición de muchos
de los institutos del mundo del trabajo.
El reordenamiento laboral con el objetivo de tener un set de instrumentos legales y formales compatible con los requerimientos actuales, no solo coyunturales, sino también estratégicos, se expresan en
Ley 25.877 que incentiva la promoción del trabajo decente como ob-
70
jetivo de las políticas de gobierno y desmantela algunas de las instituciones más regresivas del mercado de trabajo sancionadas en los 90,
pero sin olvidar las nuevas formas de organización del trabajo en un
mundo más complejo por efectos de la globalización.
Con un marco legal más acorde, el diálogo social y la promoción
de la negociación colectiva, se convirtieron en el mejor modo de alcanzar resultados que comiencen a reequilibrar la distribución de la riqueza
generada en el nuevo contexto económico. El vigor que tomó la negociación colectiva se evidencia en los 1.064 convenios y acuerdos firmados entre enero de 2004 y marzo de 2006. La cobertura de trabajadores registrados9 (1.200.000 en 2004, 2.100.000 en 2005 y 786
mil en el primer trimestre de 2006) que alcanza actualmente es producto también de la recuperación de la negociación colectiva por actividad, que había caído de manera estrepitosa durante los 9010.
El ejercicio del poder de contralor respecto del trabajo no registrado, busca reformar patrones de comportamiento y recuperar una
institución virtualmente destruida por voluntad del Estado y por el predominio de la "cultura" del incumplimiento. La recuperación y el fortalecimiento de la inspección del trabajo, tiene por meta -en el contexto
de crecimiento y mayores ganancias para las empresas- reducir la vulnerabilidad de los sectores con menor capacidad de negociación y proveer protección y seguridad social, tanto para el trabajador como para
su familia, ahora y en el futuro. Simultáneamente, mejores condiciones económicas y de empleo permitieron también recuperar la capacidad de protesta y de lucha por los derechos de los trabajadores organizados.
La intermediación laboral y los servicios de empleo -institución
poco extendida en la Argentina desde el ámbito público- pretenden ser
una herramienta para acercar la demanda y la oferta de trabajo en los
diferentes ámbitos, en especial en aquellos estratos de tareas y trabajadores no cubiertos por los sistemas tradicionales de búsqueda laboral.
Ésta es complementada con programas de capacitación y formación
profesional que coadyuvan a satisfacer los requerimientos del nuevo
perfil productivo, más basado en calificaciones técnicas específicas,
muchas de ellas abandonadas durante la pasada década. En este sentido, el actual "Seguro de Empleo y Capacitación" y la "Red de Oficinas
de Empleo" -instituciones "en construcción"- tratan de recuperar y utilizar la dinámica local e involucrar a las fuerzas del territorio específico
para esta tarea.
9
En parte por haberse renegociado viejos convenios que seguían vigentes desde 1975 por la
"ultraactividad".
10
De esa manera, los salarios de convenio -a diferencia de los años 90- constituyen una referencia
precisa del salario medio sectorial. Anteriormente, predominaba la estrategia empresarial de asignación individual que alejaba los salarios de convenio de los sueldos promedio.
71
Instrumentos de políticas de ingresos
Como se mencionó, para mantener el circuito de crecimiento centrado en empleo=>consumo=>inversión y en producción=>empleo es
central que se promuevan políticas activas de ingresos, ya que con las
altas tasas de desempleo y de trabajo no registrado que encontró la
actual gestión y la capacidad negociadora reducida por parte de los
trabajadores, los frutos del crecimiento económico se hubiesen distribuido de forma muy inequitativa, y era necesario poner marcos contenedores que ayudaran a una mejora en la distribución del ingreso (asignatura compleja y aún no superada).
En esa línea, debe señalarse que se mantuvo y reformuló el Plan
Jefes de Hogar que constituyó una transferencia de ingresos con
contraprestación laboral y que promovió el consumo durante las primeras etapas de la recuperación económica en las regiones más golpeadas por el desempleo y la falta de oportunidades. Este programa
cumplió un rol anti-cíclico, ya que a medida que los beneficiarios se
fueron incorporando al mercado de trabajo y fueron disminuyendo en
número, el PJH fue rediseñado para atender las necesidades de los
hogares con mayor cantidad de dependientes de manera diferenciada
de los que requieren una mejora en sus calificaciones laborales para
acceder a un empleo de calidad.
La política de ingresos salariales se centró, primero, en aumentos
de suma fija, que tuvieron en los inicios de la recuperación económica
el objetivo de defender el poder de compra de los estratos de asalariados de menores ingresos (al trasladar esas sumas a los básicos de convenio que generó una altísima actividad negociadora) y el salario mínimo, vital y móvil, instituto central en el mercado de trabajo que había
sido abandonado en el año 1993, perdiendo todo valor referencial en
la economía.
Con la puesta en funcionamiento del Consejo del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil -organismo tripartitose logró mejorar el poder adquisitivo del salario mínimo, consiguiendo
un valor compatible con las necesidades de los hogares más
desprotegidos en términos de ingresos, con un incremento del 215% a
la fecha. En términos reales, deflactado por el índice de precios al
consumidor, la recuperación fue del 90% con relación a los valores de
los precios al momento de la devaluación.
En la actualidad el SMVM genera un efecto señal a las otras remuneraciones de la economía no registrada, que tuvieron un incremento
similar al de los trabajadores declarados a la seguridad social entre 2003
y la actualidad. Como dato complementario, debe señalarse que el salario real de los trabajadores registrados tuvo un incremento del 15%
entre los años 2003 y 2005.
72
Evolución del Salario Mínimo Real
Deflactado por IPC
Adicionalmente a las medidas anteriores se utilizaron los incrementos de asignaciones familiares y de jubilaciones y pensiones; en
una primera etapa la gestión recompuso las jubilaciones y pensiones
de menor ingreso relativo, para otorgar aumentos tendientes a recomponer el poder de compra de la clase pasiva a posteriori.
Transversal a los dos pilares mencionados -y como eje de la política
de articulación interna y externa- está la generación de información para
apoyar la toma de decisiones tanto del sector público en el diseño de
políticas, planes y programas, como de respaldo a los agentes privados
en los procesos de negociación colectiva, evitando los consabidos juegos
de suma cero que ponen trabas al crecimiento económico.
Conclusiones
Una vez más, América Latina se encuentra en una encrucijada. Es
cierto que si bien el cambio de aires es generalizado en la parte sur del
continente, las estrategias de los nuevos gobiernos en la región no son
idénticas. A grandes rasgos presentan una mirada que podemos caracterizar como de mayor "introspección", dirigida hacia la sociedad civil,
hacia la población. La deuda social está más visualizada y explicitada y
los "nuevos" gobiernos junto con la reivindicación de las identidades
nacionales, tienen mayor preocupación hacia la protección social. El
empleo de calidad actúa como un valor convergente, como lo muestra
la Declaración de la Cumbre de las Américas (2005) aunque con estrategias de implementación muy diferentes. La segmentación social y la
inequidad del ingreso en América Latina han crecido enormemente y
no será fácil en el contexto actual desandar el camino rápidamente.
73
El análisis realizado en este documento para el caso argentino,
muestra un cambio de rumbo en el modelo de crecimiento, sin lograr
perfilarse aún -al menos con precisión- hacia un nuevo paradigma, con
estrategias y metas claras, y con alguna definición sobre el patrón de
especialización productiva a futuro.
Al igual que en el debate sobre el modelo económico y social
europeo con el que se inició este artículo, la pregunta central es si
estamos en presencia de un modelo cuya estrategia económica y social
tienda a recuperar el tipo de sociedad, que -con mayor equilibrio interno y equidad- tenía la Argentina años atrás, fundado en el empleo y el
ascenso social.
Una primera afirmación factible de realizar es que aún no ha transcurrido el tiempo suficiente para determinar si se trata de un nuevo
paradigma. Podemos decir, que hay un acople significativo entre políticas económicas y sociales, y, por otro lado, que no se trata del conocido "derrame" ni sólo de "fundamentos" macroeconómicos, ya que
tampoco se trata de un modelo "ortodoxo", al combinar estrategias
heterogéneas y de diferente nivel.
Las políticas macroeconómicas han virado de manera importante: manejo del tipo de cambio, la política tributaria, un aumento significativo de la inversión en ciencia y tecnología y una fuerte tendencia
hacia la articulación de políticas macroeconómicas, sociales y laborales. Ha cambiado, sin duda, el rol del Estado, que ha recuperado un
papel activo, pero que aún oscila entre la ausencia, el intervencionismo
o la regulación según el tema y la coyuntura (con suerte dispar).
La sustentabilidad de este esquema, preocupación para todos,
parecería posible en el corto plazo en el caso de la Argentina, ya que
por primera vez se observan cubiertas las tres brechas económicas básicas. Actualmente hay superávit comercial, ahorro interno suficiente
para cubrir las necesidades inmediatas de inversión y un sector fiscal
que se maneja con prudencia generando excedentes para un uso anticíclico futuro. Si bien esto sólo no es garantía de éxito, por lo menos
revierte algunos de los determinantes del ciclo de "stop and go" de la
industrialización sustitutiva de importaciones, o la dependencia, casi
adicta, a los volátiles flujos externos de los 90. Queda por definir el
modelo de especialización productiva -tarea no menor- a desarrollar
entre la exportación de commodities o el avance en competencias
endógenas para aumentar el valor agregado de los productos. En realidad, para definir si se trata de un nuevo modelo hay cuestiones estructurales "duras", la necesidad de una reestructuración del aparato
productivo en torno a sectores más complejos y con mayor uso intensivo en tecnología, ya que las opciones entre la renta derivada de recursos naturales abundantes o la derivada del conocimiento, tienen su
correlato no sólo en el modelo de desarrollo, sino sobre todo en la
74
inclusión (Cimoli et al, 2006). La alta y persistente informalidad en la
región no va a solucionarse sólo con acciones de inspección o suponiendo que la flexibilidad y la desregulación van a facilitar el ingreso a
la formalidad de esos sectores de baja productividad. Esta alta informalidad -donde además se concentra la pobreza- resulta de la escasa complejidad de la estructura productiva, de la baja circulación de conocimiento y aprendizaje, de una modernización del sector formal basado
en innovaciones de carácter incremental, y en una mera racionalización
de procesos productivos más que en el aumento de capacidades tecnológicas endógenas (CEPAL, 2004).
Por ello, y a pesar del crecimiento sostenido de los últimos años,
desde lo doméstico no se tiene claridad aún en lo que respecta a la
forma que tomará la distribución del ingreso con el transcurso del tiempo, no sólo en lo referente a la personal, sino también a la funcional,
ya que definirá en el largo plazo las características de la acumulación.
Hasta ahora presenta cierta volatilidad por las condiciones iniciales y
por la forma en que se da la negociación y la puja en un contexto de
crecimiento elevado. En los primeros momentos, predominó el aumento de rentabilidad empresaria (dólar alto, salarios bajos), pero hoy, a
raíz de la fuerte puja distributiva que incitó al aumento salarial, el sector
del trabajo recupera, en parte, lo perdido. Pero el alto número de trabajadores no registrados o en la economía informal, marcan las dificultades que aún persisten en la materia.
No menor es la incertidumbre que surge sobre cuales pueden ser
los cuellos de botella en términos de sectores productivos y de qué
modo se superan con eficacia y eficiencia. Viniendo de una recesión
larga y una depresión profunda, estos datos deben ser monitoreados
con mucha proximidad para evitar equivocaciones (sea por omisión o
sea por acción).
Adicionalmente, el desarrollo sostenido en un patrón de crecimiento nuevo -pero no necesariamente de una nueva estructura productora- y
un contexto global, presenta desafíos en lo referente a las instituciones
que pueden ser sus apuntaladoras. Esto implica, no sólo marcos legales y
normativos, sino instancias orgánicas de mejor vinculación entre lo público y lo privado, entre el contralor y la promoción, entre la asistencia y
la seguridad social, así como entre la formación y el desarrollo y la apropiación de tecnologías, que no están presentes hoy en la agenda de discusión en toda su dimensión. Hay aún intentos fragmentarios, que arduamente podrán ser integrados en consideraciones más abarcadoras.
El nuevo patrón de crecimiento está basado en el sector manufacturero -con sus encadenamientos hacia atrás y hacia adelante- con un
aumento de la inversión de la mano de empresas nacionales medianas,
y en la construcción con fuerte peso de la obra pública, como forma de
creación y mejoramiento de la infraestructura en el nivel nacional. Ambos
sectores son importantes creadores de empleo, generalmente de cali-
75
dad, aunque persisten en muchas actividades altas tasas de importación, con un fuerte componente de valor agregado, ecuación que es
necesaria revertir para consolidar este modelo incipiente que permita
el cambio estructural al que hacemos referencia.
En materia laboral, específicamente, deben reconocerse, también
las dificultades que presenta un sistema de relaciones laborales de origen netamente jurídico, altamente normatizado, con un modelo que
tuvo vigencia más allá del período sustitutivo, de carácter "instituido"
(Catalano y Novick, 1994), para pasar a una "flexibilidad negociada"
en el lenguaje de Ermida Duarte (1997) como lo fue la década del 90,
y de ahí a procesos de alta heterogeneidad, recuperación de la negociación colectiva, de la puja distributiva para que se perfile un nuevo
modelo de relaciones laborales.
En esta lógica de tradición pendular es difícil encontrar un equilibrio que no sea de neutralidad valorativa y que responda a una equidad
que respete equilibrios no sólo coyunturales sino de más largo plazo.
Es un desafío tanto para el Estado como para los actores: los
interlocutores no se reconocen, emergen nuevos: es necesario reconstruir relaciones de confianza, de reconocimiento, establecer nuevas y
claras reglas de juego y saber que van a ser respetadas, lo que todavía
es complejo y difícil de lograr, etc.
Una dificultad adicional es la vigencia de "imaginarios", de representaciones diferentes por parte de los actores sociales, sea de los tradicionales -cámaras, empresas, sindicatos- como de los nuevos -organizaciones sociales, de desocupados, movimientos sociales, etc.-. Con
importantes diferencias se asemeja al debate europeo que planteábamos al principio de este artículo. Mientras unos -sectores empresarios
y corporaciones económicas y/o financieros, grandes ganadores de la
década del 90- siguen defendiendo las leyes del libre mercado y la
visión de un Estado teóricamente prescindible, pero garantizando importantes márgenes de rentabilidad y ausencia de control en intercambios financieros a nivel nacional o inter nacional, además de
desregulación laboral y bajos costos en la materia. Otros, actores sociales y gremiales, plantean el retorno a una figura del Estado omnipresente, regulador, interventor y también empleador de última instancia, no siempre tomando en cuenta temas de competitividad o productividad.
En ese sentido, podemos decir que el gobierno y la sociedad civil
deben encontrar caminos alternativos e innovadores, ningún retorno es
posible ni mucho menos, deseable. Se trata de construir, de innovar, de
consolidar procesos que vayan hacia estructuras productivas más cercanas a la frontera tecnológica que permitan avanzar hacia una sociedad
más inclusiva y equitativa en un contexto de globalización justa.
Buenos Aires, mayo de 2006
76
Bibliografía
Bisang,R, Novick, M. Sztulwark,S. Yoguel, G: LAS REDES DE PRODUCCIÓN
Y EL EMPLEO: Elementos básicos para la formulación de políticas públicas, en Casalet, M, Cimoli, M y Yoguel, G: Redes, jerarquías y dinámicas
productivas, México, FLACSO, OIT, 2005.
Carnegie Council on Ethics and Economics Affaires, (2005) Las Américas en
una Encrucijada: hacia la reinserción del trabajo digno en la Agenda del
Desarrollo, Serie del Foro Globalización y Desarrollo, New York.
CEPAL, (2004) Panorama social de América Latina, Santiago de Chile, Publicación de las Naciones Unidas
Cimoli, M: Primi, A y Pugna, M: Un modelo de bajo crecimiento: la informalidad como restricción estructural, revista de la CEPAL 88, abril 2006
Díaz Alejandro, C (1975) Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires, Amorrortu.
Ermida Duarte, O (1997) "Negociación colectiva y flexibilidad en la Argentina"
Buenos Aires, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mimeo.
Frenkel, R (2003) "Globalización y crisis financieras en América
Latina", revista de la CEPAL N° 80, Santiago de Chile.
Frenkel R;. and L. Taylor, L (2006) Real Exchange Rate, Monetary
Policy and Employment. DESA Working Paper 19. New York.
Frenkel y Ros, Jaime (2004). "Unemployment and the Real
Exchange Rate. in Latin America", mimeo.
Katz, J (1986) Cambio tecnológico en la industria metalmecánica
latinoamericana, Bs Aires, oficina del BID.
López, Andrés (2006) Empresarios, instituciones y desarrollo económico: el caso argentino , CEPAL, Oficina Buenos Aires.
Novick, M (2000) " La organización del trabajo en América Latina" en De la Garza , E ( edit) Tratado Latinoamericano de Sociología
del trabajo, México, Fondo de Cultura Económica
Novick, M, Trajtemberg, D (1999) La negociación colectiva en el
período 1991-1999, Buenos Aires, Ministerio de Trabajo, Coordinación de Investigaciones y Análisis Laborales, inédito.
Novick, M, Trajtemberg, D (2005) "Los salarios en la negociación
colectiva", en Revista de Derecho Laboral 2005-01: Remuneraciones II, Buenos Aires, 2005.
Novick, M, Catalano, A.M (1996) "Reestructuración productiva y
relaciones laborales en la industria automotriz argentina". Revista Estudios del Trabajo, Nº 11, Buenos Aires, ASET, primer semestre 1996.
Ocampo J.A.,, Bajraj R. y Martín J. (coords.): "Una década de
luces y sombras: América Latina y el Caribe en los años noventa",
77
CEPAL/Alfaomega, Bogotá, D.C, 2004.
Reinert, E (2006); European Integration, innovations andans
uneven economic growth: challenges and problems of EU 2005,
Working papers in technology, governencegovernencie and Economic
Dynamics n°| 5, The Other Cannons Foundation, Noruega.
Roca, E (2005): "Mercado de trabajo y cobertura de la seguridad
social", en Revista de Trabajo, Nueva época, Año 1 N°1, Buenos
Aires, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Schweiger , C; Wickman, J (2004), The EU social model and the
internal market strategy, Thematic paper for DYNAMO;: (area
Integration, Enlargmente, globalisation), Dubli, Ireland.
Tomada, Carlos (2005); Argentina 2003-2004. Crecimiento económico y empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad SocialOficina de la OIT en la Argentina.
78
Sumario
El artículo intenta responder si
la Argentina está en presencia de un
nuevo modelo económico y social o
si sólo se trata de la aplicación de un
conjunto de políticas laborales y sociales activas en un momento favorable del ciclo económico trazando un
paralelo la discusión en torno al modelo social europeo. Analiza la recuperación de la Argentina con posterioridad a la crisis de 2001-2002 y
las estrategias implementadas, repasando críticamente el desarrollo
socioeconómico y los paradigmas de
crecimiento pasados y su correlato
con la situación latinoamericana.
Desarrolla las políticas laborales
recientemente implementadas y su
contexto abriendo un debate sobre el
rol que éstas deben cumplir para sostener a largo plazo el esquema actual
de crecimiento, para recrear y fortalecer las instituciones, promover la
inclusión social y reducir la desigualdad. Plantea la necesidad de integrar
los niveles macro, meso y micro de
las economías con la organización política y las particularidades sociales y
culturales en un contexto global, haciendo hincapié en la necesidad de
transformación de la estructura productiva.
Abstract
The article aims to answer if
Argentina is facing a new economic
and social model or if it only is the
application of a set of active labor and
social policies in a favorable wave of
the economic cycle, drawing up a
parallel to the discussion around the
European social model. It analyzes the
recovery of Argentina after the crisis
of 2001-2002 as well the strategies
implemented, reviewing critically the
socioeconomic development and the
past paradigms of growth and their
relationship with the overall Latin
American situation.
It develops the labor policies
recently implemented and their
context opening up a debate on the
roll that these must fulfill to maintain
in the long term the present scheme
of growth, to recreate and to fortify
institutions, to promote the social
inclusion and to reduce the inequality.
It raises the need to integrate the levels
macro, meso, and microeconomic
with the political organization and the
social and cultural particularities in a
global framework, focusing on the
goal to transfor m the productive
structure.
79
Dosier especial:
Los efectos de los malentendidos:
Aproximación metodológica
para circunscribir una Ceguera
Organizacional1
Delphine Mercier
Pierre Tripier
Prólogo
En el marco de este artículo quisiéramos explicar los principios
metodológicos del proceso de investigación para analizar los efectos
de las «cegueras» propias de las organizaciones. Estos principios se
apoyan sobre dos hipótesis: por un lado, la vida organizacional, aunque compleja, es siempre simplificada. Por otro lado, los defectos
organizacionales son de naturaleza sistémica e interrogarlos permite
comprender la matriz organizacional.
Apoyándose en estas dos hipótesis que describiremos más tarde,
el procedimiento de encuesta consiste en partir de los defectos señalados por los actores de la organización haciendo de ellos la vía de acceso al tejido organizacional. Los defectos se convierten en reveladores
de incomprensiones y malentendidos, a condición de no dejarse engañar por las evidencias falsas que los actores de la organización presentan para explicarlos. En efecto, ciertas reglas y procedimientos pretenden asegurar la eficacia en una organización: formalización de procedimientos, referenciales de acción, compartir un lenguaje común, entre otros. A menudo estos dispositivos son vistos como infalibles al
eliminar los defectos, y sus causas atribuidas a factores externos: zonas
no proporcionadas de dispositivos o personas. A través de un análisis
1
Este artículo es un resultado del trabajo incluido en la obra La ceguera organizacional. O ¿cómo
luchar contra los malentendidos? [L’aveuglement Organisationnel. Ou comment lutter contre
les malentendus ?] Los autores son Valérie Boussard, Delphine Mercier y Pierre Tripier. Ediciones
CNRS, 2004.
80
de los elementos organizacionales que reducen la complejidad, cargados de representaciones simplificadas y parciales, es posible remontarse a las causas cognitivas de esos defectos. El análisis estará, por lo
tanto, particularmente atento a los indicadores de administración, al
equipamiento material y simbólico de los lugares de trabajo, a los discursos repetitivos de la organización, etc.
Introducción
La vida organizacional es una sucesión y yuxtaposición de reducción de la complejidad: los individuos, los diversos dispositivos que forman la organización, expresando visiones simplificadas de diferentes
fenómenos organizacionales. El espíritu humano no funciona sin reducir la complejidad, transfor mando el diálogo en monólogo,
esquematizando las interacciones complejas.
Pero esta complejidad no puede ser expresada “en papel”, ya que
las fricciones y las contingencias secundarias no son predecibles ni cobran forma fuera del campo. La acción a llevar a cabo es difícil de
anticipar, y la disciplina, entendida en esta compleja situación como el
uniformizar respuestas, no es la solución. Sin embargo, la disciplina
es, junto con la planificación, una de las condiciones para el éxito,
porque si no lo fuera, los peligros originados de la discordancia (fricciones de cada individuo) se multiplicarían. Pero la disciplina no dice nada
sobre la conducta que el estratega, aquel que debe conducir la acción
colectiva, debe seguir.
De esta forma, aquello que llamamos la «ceguera organizacional»,
pone en evidencia la paradoja de la acción organizada: simplificación
necesaria en vistas de la acción e imposible supresión de la complejidad que resurge sin cesar contradiciendo las previsiones.
I - La hipótesis cognitiva: la simplificación de la complejidad
En la vida cotidiana del trabajo no se conoce, ya sea por ceguera
o por imposibilidad, el complejo ambiente en el cual se desarrolla la
acción. En la organización “todo baja de nivel” y aparece la distancia
entre el proyecto y su realización o, como dicen los sociólogos, entre
lo prescripto y lo real.
Esta reducción de lo múltiple a lo único, de lo complejo a lo simple, es reforzada paradójicamente por todos los esfuerzos consentidos
desde la irrupción de los principios de gestión en el siglo XIX para
ordenar, jerarquizar, disciplinar o medir la organización. Aunque estos
principios buscan tomar en cuenta a la complejidad naciente, las actividades que proponen producen necesariamente arbitrajes, clasificaciones y simbolizaciones parciales. M. Berry señala a los instrumentos de
Aproximación metodológica para circunscribir una ...
81
gestión de una organización como reducciones “abreviadas” del bien y
de lo verdadero. Lo mismo piensa de los indicadores de actividades.
Cada indicador ilumina algunos procesos de la organización. La elección de un indicador funciona como un espejo, aclara la realidad
organizacional que resume. Sin embargo, al expresar sólo uno de los
múltiples procesos presentes, deja otros igual de vitales sin representación alguna2. Vemos entonces como el hecho de establecer indicadores
y ponerlos sobre un programa de actividades establece las condiciones
para la ceguera organizacional en la organización: a pesar de los esfuerzos de formalización, más bien a causa de ellos, las “incontables
contingencias secundarias” permanecen en la sombra.
Esta hipótesis sobre la reducción de la complejidad se relaciona
con ciertos enfoques de la psicología social y de la psicología cognitiva.
Así, algunos trabajos muestran que el individuo organiza su evaluación
de situaciones a partir de estructuras simplificadas que contienen tan
poca inestabilidad y contradicción interna como le sea posible (Heider,
1958). Esta tendencia contribuye a simplificar una realidad compleja.
Otros trabajos profundizan estos principios y deducen que los individuos buscan evitar la incertidumbre y la complejidad. La teoría de la
disonancia cognitiva (Festinger, et ali., 1960) explica que la existencia
de elementos de conocimiento que no concuerdan (disonancia) desembocan en un esfuerzo por parte del individuo de hacer que concuerden
(reducción de la disonancia). Es así como la complejidad, fuente evidente de disonancias, es reducida a un modo plano y estable.
El seguimiento y la aplicación de estas hipótesis al análisis de los
modos de resolución de problemas en la organización, ofrece un apoyo a los conceptos de “modelos mentales” y de “mapas cognitivos”,
con una explicación complementaria a la nuestra de fenómenos de
reducción de la complejidad. Estos aportes parecen confirmar aquello
que pudimos constatar a través de nuestros distintos ejemplos: en una
situación organizada todo concurre a ocultar la complejidad de las
interacciones, a resumir lo multidimensional en unidimensional, las múltiples lógicas en una. De esta forma pudimos actualizar en la obra de la
ceguera organizacional diferentes definiciones de la situación. Cada
una de ellas es una reducción de la complejidad: ella no expresa más
que una de las formas de abordar la situación. Sin embargo, en la
acción cada definición produce fricciones chocando con la complejidad que había olvidado.
2
Por ejemplo, los agentes administrativos son juzgados según el indicador de stock de asuntos
dejados pendientes. El hecho de que los responsables fijen su mirada sobre este indicador los hace
indiferentes a los problemas de accesibilidad, de igualdad de trato para los que tienen el derecho de
utilidad de las informaciones requeridas. Al concentrarse solamente en la duración de las actividades y al querer reducir, como en el Taylorismo, la actividad múltiple a un único proceso, la organización no considera otras fuentes y criterios de actuación. Boussard V. (1998).
82
1. El análisis sistémico
La ignorancia de la complejidad produce defectos organizacionales
cuyos orígenes son de naturaleza sistémica. Perrow (1984) demuestra
como la acción organizada, fundada sobre esta visión reducida de la
realidad, provoca sin querer defectos sistémicos y crea zonas de peligro. En nuestros propios ejemplos, la disfunción observada no se deriva de las responsabilidades individuales, sino de la articulación conjunta y no regulada de ignorancias individuales y colectivas.
Por lo tanto, el defecto de funcionamiento se convierte en una
fuente muy valiosa para el análisis. En la cultura colectiva del extremo
oriente, donde nadie de un mismo rango debe humillar a su igual, encontramos un ejemplo de este proceso. Para mejorar un sistema o un
mecanismo mejor, nada es mejor que lo aprendido de una experiencia
negativa. Cuando el cohete Ariana 5 despega con su primer encargo
de un cliente es un éxito rotundo. Sin embargo, durante las pruebas se
perdió un cohete a causa del sistema informático que se llevaba a bordo perteneciente a Ariana 4. El responsable del programa declaró al
ser entrevistado: “fue gracias a las disfunciones anteriores, a la información que nos proporcionaron, que pudimos hacer funcionar
este cohete. Ahora es confiable” Para este responsable las disfunciones
distinguidas, estudiadas, analizadas, comprendidas, son sin duda informantes valiosos que permiten avanzar, mejorar y hacer más confiable
un sistema complejo.
Concebir la disfunción, el defecto como un recurso benéfico a
condición de ser estudiado y de sacarle lecciones, está estrictamente y
frontalmente opuesto a la cultura de explotación escolar, a la filosofía y
al derecho de la responsabilidad individual, a la concepción cristiana
de la perfección, del pecado y de la falla personal, a la idea de que un
estatus superior le da más peso a la palabra de alguien. En esta perspectiva, el defecto siempre tiene una responsabilidad personal que debe
ser señalada, culpada y corregida.
El procedimiento de análisis que proponemos se apoya en una
concepción sistémica de las disfunciones: buscar sus causas sacude el
principio de la responsabilidad de la falla para favorecer una interrogación sobre el sistema de interacciones. Partir del defecto permite remontarse a las interacciones y, partiendo de ellas, a las reducciones de
la complejidad operadas por cada definición de la situación, pero confrontadas unas con otras en el campo de la acción. Es por ésto que el
sistema cognitivo retiene nuestra mayor atención.
83
2. Teorías profesadas, teorías en uso
Para aprehender el sistema cognitivo hay que deshacerse de explicaciones autóctonas que ocultan las causas reales más de lo que las
revelan. Estas explicaciones atribuyen a la disfunción causas funcionales, individuales, culturales, políticas, entre otras. Sin embargo, estas
explicaciones deben ser entendidas como productos del sistema
cognitivo, de la matriz organizacional. Son las causas aparentes, profesadas. Deben entonces ser al mismo tiempo entendidas e ignoradas.
Entendidas, en tanto que reveladoras del sistema cognitivo, ignoradas,
en tanto que respuestas a la cuestión de las disfunciones. Para ir aún
más lejos, la disfunción, es decir, el problema en sí mismo, es significativo del paradigma del grupo social que lo señala. Un problema no
existe más que como resultado de la aplicación de un modelo de observación y de análisis de elementos. En función de los instrumentos de
observación y de las teorías utilizadas, algunos problemas científicos
aparecen y otros no (Kuhn, 1967).
Nuestro análisis partirá entonces de la disfunción observada y de
sus explicaciones para remontarse a las diferentes definiciones de la
situación. Sin embargo, más allá de estas primeras pistas, ¿cómo aprehender las definiciones de la situación, las representaciones simplificadas de la complejidad organizacional? Nuestros análisis no se derivan
de la psicología social o cognitiva, utilizando las experiencias de laboratorio para actualizar modelos mentales, planos cognitivos y procesos
de influencia social sobre estos últimos. Nuestro terreno de investigación es el de la organización, el material de análisis son los discursos
provocados o espontáneos, las interacciones sociales y su contexto.
Pero, ¿cómo estar seguro de que las definiciones expresadas (y aprehendidas por el observador) son las definiciones del grupo observado?
En efecto, sabemos bien que el individuo no hace lo que dice, ni
dice lo que hace. La diferencia entre teoría profesada y teoría en uso
(Argyris y Schön) explicita esta separación entre las representaciones
expresadas y las representaciones que operan. Si nos quedamos con
las representaciones expresadas, aprehendemos aquello que el individuo dice de la justificación de sus actos. Podemos, por ejemplo, registrar una representación muy negativa del racismo bajo la forma de
enunciados inequívocos como “No soy racista”. Sin embargo, esta misma persona puede tener comportamientos racistas al evitar, por ejemplo, sentarse junto a una persona de color en un autobús. Comprender
una situación requiere en estas circunstancias retomar las teorías en
uso que aunque son no-dichas, estructuran. No son inconscientes, sino
“seen but unnoticed”. Aprehender las definiciones de la situación es,
por lo tanto, aprehender más de lo que el individuo declara; es también
desconfiar de las teorías profesadas en tanto que son justamente discursos producidos por el investigador.
84
II - Prácticas de investigación
Las hipótesis previas nos llevan a proponer un modo de análisis
en tres grandes puntos: actuar sobre una disfunción observada por los
actores de la or ganización para hacer de ella la entrada al
cuestionamiento, interrogar las explicaciones generales propuestas para
la disfunción, hacer emerger elementos materiales y simbólicos que
simplifican la realidad. Estos tres ejes permiten, al reunir y trabajar de
forma específica con los datos (observaciones de tipo etnográficas,
análisis discursivos de las entrevistas, entre otros), reconstruir el tejido
organizacional y las consecuencias en términos de ignorancia.
1. Los defectos percibidos
Partimos de un defecto percibido por el coordinador de la investigación y tomamos nota de las causas percibidas si las hubiera. Hemos
listado aquí una serie de preguntas que han sido el punto de partida de
la investigación.
Pregunta 1: “tengo la impresión de que diferentes puntos de atención al cliente en mi organización no responden a las expectativas de los usuarios”.
Causa percibida: “no hemos informado a los usuarios lo suficiente y los agentes no están bien capacitados”.
Pregunta 2: “diseñé un programa de actividades para el Director
de Recursos Humanos y de mecanismos de ascenso para el personal pero el procedimiento difícilmente se aplica”.
Causa percibida: “no somos lo suficientemente emprendedores.
Un procedimiento que proviene de una cultura americana no puede aplicarse en el marco “franco-francés”.
Pregunta 3: “las relaciones entre el corporativo y la sucursal son
muy malas.
Causa percibida: “hay enemistades personales”.
Pregunta 4: “la cantidad de quejas por paquetes no enviados aumentó”.
Causa percibida: los procedimientos y las promesas no se cumplen.
El defecto y la causa percibida son interrogados como efectos
sistémicos de ignorancia y procedemos a reconstituir la matriz
organizacional generatriz de este efecto en particular. El defecto percibido se convierte en un punto de entrada para el trabajo de investigación que tiene como objetivo ir más allá de él. Es ahí donde las causas
percibidas son valiosas porque permiten entender cómo son analizados los problemas y cuáles son las definiciones de la situación que en-
85
carnan. Al interrogarnos sobre el defecto hacemos emerger progresivamente un conjunto de causas percibidas que nos informan sobre el
estado del tejido organizacional.
2. Las explicaciones generales
Un cierto número de explicaciones generales o propuestas por
miembros de la organización tienden a esconder las causas de los defectos. Aquí listamos algunos, sin intentar ser exhaustivos, para mostrar que nuestro procedimiento de análisis interroga las evidencias, cuestiona aquello que parece claro, en la medida en que debido a su naturaleza la complejidad jamás es descrita. Si pudiera serlo, las cosas no
serían ni evidentes ni claras.
La primera de estas evidencias concierne a los dispositivos de
formalización y de control: los actores piensan que entre más sometamos los procesos a lógicas de formalización y de control (las normas
ISO son un ejemplo), menos pueden residir estas causas en los procesos. Piensan que entre más describan los procesos, más transparente
será la organización. Sin embargo, ésto implica olvidar que los intereses de las personas, de los grupos, de las profesiones y de los sectores
pueden estar en conflicto. Es en el conflicto, en el secreto, en la opacidad, en donde la falsa transparencia es una ventaja importante.
La segunda de estas evidencias concierne a la existencia de reglas
que enmarcan los procesos. Los actores piensan que entre más reglas
tengan, más se ajusta la actividad a sus funciones. Pero las reglas son
métodos de resolución de problemas relativos al contexto para el cual
fueron diseñados. Este contexto puede cambiar y la regla puede volverse inútil, ineficaz. Uno de los grandes resultados de la sociología del
trabajo y de las organizaciones ha sido mostrar que las reglas y la autonomía no son contradictorias.
La tercera evidencia concierne el compartir un lenguaje común.
Los actores piensan que al utilizar las mismas palabras que sus
interlocutores estos últimos los van a entender y que no hay lugar para
imaginar defectos posibles. Sin embar go, es posible que los
interlocutores no le den el mismo significado a las palabras y que vivan
en un malentendido permanente, tendiendo a provocar malas interpretaciones.
La cuarta evidencia concierne a la aplicación de herramientas de
gestión. Se concibe que estas últimas puedan hacer de la administración algo técnico, la tecnicidad da prueba de la racionalidad. Pero los
actores olvidan que las herramientas de administración también son
armas micro-políticas3 y albergan tentativas de persuasión, de seduc3
Cuq F., Sehili D., Tripier P., (1999), «Forme, contenu et dynamique des dispositifs de gestion» in
Utinam, nouvelle série Numéros 1&2.
86
ción, de violencia simbólica, estrategias personales, lejos del aspecto
claro que muestran4.
La quinta evidencia concierne a la jerarquía. Los actores piensan
que la or ganización, como un cuerpo, funciona con la
complementariedad de un todo (encarnado por la dirección) y de sus
partes. Pero las partes o la dirección pueden desarrollar lógicas
particularistas que arruinan cualquier esfuerzo real de consenso. Lo
mismo sucede si introducimos una lógica contractual. Ya que las condiciones de un contrato son rara vez voluntarias, no podemos esperar
que los resultados fijados sean considerados por cada uno como una
meta. Las organizaciones desarrollan también un espíritu de clan que
crea barreras invisibles entre los diferentes grupos.
El primer trabajo de análisis consiste en separar las evidencias
organizacionales que disfrazan las causas reales de los defectos. A menudo mostramos también que estas evidencias participan de la ceguera
organizacional. Las creencias en los dispositivos de gestión, en los dispositivos de comunicación o de coordinación, son a menudo índices de
definiciones de la situación organizacional muy cerradas o auto
referenciadas. Reducen la complejidad y contribuyen aún más a su opacidad.
3. Los elementos que simplifican la realidad
La investigación debe también incluir los elementos materiales y
simbólicos que reducen la complejidad. Ya hemos citado los indicadores
de gestión sobre los cuales es necesario trabajar. Sin embargo, podemos incluir en el análisis cualquier herramienta de gestión. Llamaremos herramienta de gestión al conjunto de herramientas formalizadas
(textos, informática…) destinados a coordinar operaciones de gestión
(del trabajo, de productos, de procesos, de personal…) a manera de
procedimientos considerados como eficientes. Normalmente aquello
que distingue a las herramientas de trabajo de las formas anteriores de
gestión son: 1) los principios y los modelos a los cuales se refieren, 2)
los procedimientos que aplican y desarrollan, 3) los actores que movilizan. Si los objetivos permanecen iguales (mejorar los resultados económicos de la empresa), los medios difieren profundamente. Las herramientas de gestión en el caso que nos interesa se presentan de distintas formas, simples enumeraciones en la mayoría de los casos, pero
también pueden tomar formas más complejas (software, herramienta
de evaluación con informaciones acumulativas).
4
Maugeri S. (sous dir.), Délit de gestion, Paris, La dispute, 2001 ; Boussard V., Maugeri S., (sous
dir.), La gestion dans tous ses états, Paris, L’Harmattan, 2002.
87
En la actualidad, las reflexiones sociológicas sobre las herramientas de gestión son lo suficientemente numerosas y valorizan el hecho
de que “toda herramienta revela, al usarla, ser una muleta provisional que se vuelve obsoleto rápidamente”5. Estas herramientas son
dispositivos reales utilizados por diferentes actores, individuales o colectivos, para ejecutar y desarrollar estrategias variables, sin ninguna
relación real con el objetivo atribuido a la herramienta (Boussard,
Maugeri, 2002). Una de las dimensiones de estas estrategias se apoya
en la capacidad de estas herramientas a “conformar” la realidad, a
imponer un sentido a cada una de las actividades a través de la elección
de categorizaciones, de conteos, de aclaraciones, etc. Cada herramienta
de gestión, sea referencial de la calidad o de las capacidades, software
de producción o de planificación, procedimiento de control o de descentralización, conlleva una reducción de la complejidad organizacional.
En cada uno de los niveles en los cuales se utiliza la herramienta, es
necesario aprehender las representaciones particulares para después
confrontarlas. Uno de los ejes de análisis consiste entonces en observar las herramientas de gestión desarrolladas por la organización, identificarlas, ver cómo son utilizadas realmente y sobre todo identificar
para aquellos que permanecen en vigor en la organización las transformaciones que experimentan o los deslices con respecto a los objetivos
que se fijaron en un inicio.
Podemos identificar otros elementos de reducción de la realidad,
como la infraestructura de las situaciones, que dicen mucho sobre las
percepciones de unos y otros. Por ejemplo, la presencia de un portavoz,
como el punto de contacto de una organización con su público. La organización de los espacios, la señalización visual de las funciones y de los
roles (ausencia o presencia de ésta), los códigos de vestimenta, son elementos que conllevan definiciones simbólicas de situaciones. Estos elementos se vuelven con el tiempo tan naturales que los propios interesados dejan de percibirlos. Este es el caso de un portavoz o de un código
de vestimenta en relación a la jerarquía o a las funciones. La ingenuidad
de la mirada exterior permite hacer emerger representaciones sociales
fuertemente incorporadas en estos elementos simbólicos.
Una última pista de reflexión concierne a las definiciones incluidas en los actos del lenguaje de los diferentes actores: ya sean denominaciones oficiales (verificador) como en las taxonomías indígenas (“el
jefe”). La manera en que los espacios, las personas, los roles, las actividades, los procesos, los hechos históricos son nombrados indica con
bastante claridad la manera en la que son percibidos y el filtro con el
que la realidad es reducida.
5
F. de Coninck,» La gestion du changement, comme art de slalomer entre des outils contradictoires »,
La gestion dans tous ses états, Boussard V., Maugeri S., (sous dir.), Paris, L’Harmattan, 2002.
88
III - De la matriz al defecto
El procedimiento de investigación parte entonces del defecto para
hacer aparecer las rupturas en las definiciones de las situaciones. La
formalización que realiza el observador de los paradigmas al permitir
explicar los conjuntos coherentes de definiciones de la situación y los
modos de acción y de interacción, permite tomar distancia con respecto a las observaciones. Esta fase, cercana a la constitución de los tipos
ideales apreciados por M. Weber, al esquematizar la organización revela las incoherencias entre los paradigmas, el principio de la matriz.
Como ya lo hemos mencionado, esta esquematización es una reducción de la realidad en sí misma, por lo que no es válida sino en el caso
de una disfunción dada. Siempre es posible dar sentido a otras definiciones que se aplican a otros círculos y que son explicativas de otros
malentendidos. La organización nunca puede resumirse en un nivel de
realidad, ¡incluso el de un sociólogo! La matriz descubierta puede ser
explicativa del defecto percibido al inicio. En el proceso puede explicar
otros, descubrir algunos que no habían sido percibidos. Sin embargo,
puede no tener relevancia sobre otros defectos para los cuales será
necesario reconstruir otro prisma.
En este procedimiento hay que ahondar en el principio de desdoblamiento organizacional, o sea, pasar de la realidad organizacional a
la explicación sociológica.
Como lo hemos demostrado en nuestra obra, una de las formas
de identificar una definición de la situación y de aprehender la constitución de un círculo acompañado de principios de justicia es la escala de
posiciones. Estos tres elementos pueden estar presentes por separada,
aunque sean interdependientes: no pueden funcionar sin los otros y se
justifican mutuamente. El círculo siempre se encuentra asociado a los
principios de justicia e implícitamente a una clasificación. Por cierto, la
noción de inclusión/exclusión es una clasificación en sí misma. La definición de principios de justicia asienta la legitimidad de las fronteras
del círculo, al igual que de clasificaciones internas y externas. Cuando
una escala es expresada, revela por ende sus círculos. Lo recíproco
también es verdadero. Lo recíproco es también válido. A menudo la
definición de los miembros del círculo contiene implícitamente una escala de clasificación.
1. Definiciones de términos de la investigación:
Círculos.
Las situaciones son interpretadas por los actores sociales a partir
de su definición de las fronteras que delimitan el círculo social al cual
creen pertenecer. Estas fronteras definen un mundo, un conjunto al
cual pertenecen. Los actores hacen públicos los criterios que permiten
89
reconocer a los miembros de este círculo. La distinción entre los miembros y los no miembros se funda sobre tipologías y categorización de sí
mismos y de los otros. Este término marca un sentimiento comunitario
que rechaza hacia el exterior todos los que no están dentro. Las fronteras del círculo pueden ser aprehendidas por el observador a partir de
las distinciones entre los miembros y los no miembros. Cada individuo
tiene una percepción del círculo al que pertenece que puede no corresponder a la percepción que se hacen los demás. Retomando la terminología de Merton6, podemos hacer una distinción entre círculo de
referencia y círculo de pertenencia. Esta distinción distingue entre la
definición para sí mismo y la definición para el otro de la situación7.
Comunidades de justicia
La pertenencia a un círculo implica la construcción y el compartimiento de valores que hacen explícito aquello que es justo o injusto.
Las fronteras dentro de las cuales se inscriben estos sentimientos sobreponen al círculo una comunidad de justicia. Todas las acciones, ya
sean internas o externas al grupo, son consideradas como justas si
están en conformidad con estos valores. Al inverso, son acusadas de
injustas si contradicen los principios que fundan la comunidad. Las organizaciones ven cohabitar comunidades de justicia con múltiples percepciones que se pueden aplicar a un mismo evento; lo que es considerado justo por unos no es sino deshonestidad, degradación, perfidia
para otros. Las comunidades de justicia son aprehendidas a partir de la
enunciación de valores y de sentimientos de justicia y de injusticia a los
que están ligados.
Escala
Finalmente, los elementos previos justifican una escala social que
clasifica los individuos según sus círculos de pertenencia: cada círculo
se atribuye una posición fundada sobre una percepción del prestigio,
del poder, de la influencia, de la importancia, entre otros. Cada escala
distingue así aquellos que están en lo alto de aquellos que están abajo,
aquellos que están al centro de aquellos que son periféricos, aquellos
que están incluidos de aquellos que están excluidos. Sin embargo, esta
escala es propia a cada círculo y no puede corresponder a una escala
tal como es definida por otro círculo. Aquellos que piensan estar en lo
alto pueden ser considerados como los que están abajo por otro círculo
que invierta las posiciones. Las escalas son percibidas gracias a las
6
7
Merton R.K., (1953). Éléments de théorie et de méthode sociologique. Paris: Plon.
Nous reprenons à C. Dubar la distinction pour soi/pour autrui qu’il a dégagée pour l’analyse des
identités .C. Dubar, La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles, Paris,
Armand Colin, 1991.
90
posiciones que se atribuyen los miembros de un círculo y gracias a
aquellas que atribuyen a otros círculos.
IV - Conclusión: Ceguera y revelación
El interés principal de nuestro procedimiento es hacer emerger
las causas insospechadas y sistémicas de las disfunciones
organizacionales. Insospechadas, porque nuestro procedimiento revela aquello que es menos visible en la vida organizacional, su nivel
cognitivo. Sistémicas, porque es en las interacciones entre los diferentes sistemas cognitivos que encontramos las dificultades de una organización.
Es entonces en este doble nivel de interacciones y del inter-conocimiento de los paradigmas presentes que pueden encontrarse soluciones para mejorar los defectos. La idea es pasar de la ceguera a la
clarividencia, de la misma forma en que resolvemos malentendidos y
sobreentendidos explicando las interpretaciones de cada uno. Este principio está incluso en el centro del análisis etnometodológico e
interaccionista, ya que estos enfoques han, entre otras cosas, observado la forma en la que los protagonistas de una situación buscan comprender como deben interpretar la situación en función de los protagonistas ya en escena. De la misma forma, el concepto de definición de
la situación, incluye la idea esencial de una dinámica reproductiva: si
un stock de definiciones existe para calificar una situación, pero cada
nueva interacción provoca nuevas definiciones como consecuencia de
la propia fuerza de las interrelaciones.
El papel de este tipo de investigación es aclarar cada paradigma
con otro. Al tipificar las actitudes, descubriendo las incoherencias,
mostrando similitudes donde los actores ven diferencias, podemos imaginar la creación de nuevas dinámicas. La investigación produce la
posibilidad de interacciones reales donde los protagonistas operan en
mundos cerrados. En términos de procedimientos de cambio, nuestra
práctica de la sociología aplicada al funcionamiento organizacional, se
sitúa entre el mundo de las transferencias y el mundo experimental,
como lo define R. Sainsaulieu: provocar nuevas definiciones de la situación es a la vez actuar sobre el aprendizaje de nuevas identidades y
culturas (círculos y principios de justicia), pero también, y ambos están
íntimamente ligados, operar actuar sobre las relaciones de los actores
desde que concierne a una modificación subjetiva o objetiva, de posiciones de unos o de otros.
Sin embargo, aunque no dudemos que los efectos de estas dos
formas cruzadas de aprendizaje, pensamos que conviene subrayar los
límites de una aproximación que sería estrictamente demasiado
cognitiva. Hemos insistido sobre la heterogeneidad de formas de conocer el mundo, sobre las rupturas entre los niveles. Sin embargo, la
91
ausencia de un nivel único tampoco significa la ausencia de un nivel
dominante. El descubrimiento de paradigmas centrales dominantes también nos ha enseñado ésto. Algunos paradigmas parecen ser más activos que otros, son objetos de denuncia. Hemos renunciado a utilizar el
término ideología que nos parece demasiado connotado para permitir
una presentación correcta de nuestras hipótesis. En esta etapa de nuestra
reflexión, nos parece necesario reabrir el debate. El proceso que desde
K. Marx nombramos ideología implica una distorsión de la realidad de
las relaciones sociales de clase a través de argumentos de naturaleza
cuasi-científica: las supuestas leyes del mercado esconderían a los trabajadores su posición de clase dominada. En esta perspectiva, la ideología es superior, es total. Distorsiona la realidad, haciendo suponer
que esta última pueda ser revelada en toda su verdad.
El conjunto de trabajos que hemos expuesto en esta obra nos
conduce a renunciar a la idea de esta verdad única. De la realidad, no
podemos hablar sino en plural. Cada definición es una elección y una
renuncia a otra mirada también válida. En este sentido, todo descubrimiento es también una operación de disimulación: no hacemos emerger más que una representación de la realidad que a su vez disimula
todas las demás. ¿Debemos entonces renunciar a analizar la organización como un campo ideológico? No, pues hacerlo sería adoptar una
definición demasiado restrictiva de la ideología. Este concepto, concebido de forma más amplia, particularmente por P. Ansart8, permite
aprehender de forma precisa aquello que se está en juego en el
apilamiento de niveles de realidad organizacional.
P. Ansart ve en toda ideología la construcción de una imagen de
la sociedad. Esta última precisa el lugar de cada elemento, presentando a la vez una visión ordenada y normada de la sociedad. La ideología
distingue fronteras que designan los actores sociales, individuales o
colectivos, dándoles un sentido, una razón de ser, una identidad. Asigna poderes, define sus dueños y su ejercicio, determina un modelo
global de relaciones sociales. Proclama un conjunto de valores mayores que permiten distinguir lo positivo y lo negativo, el bien y el mal,
juzgar las conductas. Esta presentación de la sociedad se presenta como
verdad y legitimidad. Aún más, es un discurso de legitimación donde
los principios son justificados por su conformidad con la justicia. P.
Ansart subraya el carácter pragmático de las ideologías: dicen a la vez
aquello que debe ser y aquello que debe ser logrado. Implican ciertas
formas de acción y condenan otras. Encontramos en esta definición
las principales dimensiones de los paradigmas organizacionales tal y
como los hemos presentado: círculos, comunidades de justicia y posiciones, expresan bien las imágenes ordenadas y normadas de la organización donde se justifica el sentido de los roles y de los modelos de
8
Ansart, P., Les idéologies politiques, Paris, PUF, 1974.
92
acción. Aún más, los paradigmas, ciegos los unos a los otros, cubren a
aquellos que los aceptan las diferentes formas, contradictorias, de percibir las mismas situaciones. En cada uno de los casos, se pretenden
generales mientas que son incompletos y parciales. Es otra característica de la ideología “proceder a la totalización de la experiencia social, reducir la complejidad a algunas relaciones simples y expresar
a través de ellas lo esencial de la totalidad”9. Esta noción es interesante en la medida en que supone la coexistencia de tensiones entre
sistemas ideológicos. Hacer un análisis sociológico de las ideologías es
mostrar la dinámica que se establece entre los productores de ideologías y los receptores, portadores a su vez de ideologías propias. Esto
hace que Ansart hable de una “red ideológica concreta”, compuesta de
subsistemas rivales que atañen a grupos diferentes según modalidades
particulares e intensidades variables, dividiendo eventualmente a una
misma clase, reconstituyente otras integraciones. La red ideológica
concreta supone un tejido ideológico y el análisis de interrelaciones
entre los elementos del tejido. Supone un sistema de autoridad en el
cual los agentes se encuentran insertos, pero también de
reinterpretaciones y de reacciones a ideologías producidas. La forma
en que hemos caracterizado las matrices organizacionales, no nos parece tan alejada de estas dinámicas ideológicas.
Pero nos queda por entender de qué manera este acercamiento
entre la matriz organizacional y la red ideológica nos conduce a predecir con prudencia las posibilidades de abrir los tejidos organizacionales
y suprimir los efectos de la ignorancia. Las ideologías aunque sean
vistas dentro de un marco ideológico, no son neutras. Su dimensión
paradigmática proyecta a los individuos en una acción normada y controlada. Los principios de ésta son el objeto de una legitimación, es
decir, de una justificación de aquello que pudiera ser tomado como
injusto, de una defensa contra los cuestionamientos10 en cause.
De una ideología a otra hay órdenes sociales diferentes que se
enfrentan. Cuando hablamos aquí de orden, no es para reducirlo a una
cuestión de dominación o sumisión. Hemos insistido lo suficiente sobre la complejidad del orden social, para poder decir aquí que no se
resume a la cuestión del poder. Fronteras, justicia y posiciones definen
cada vez un orden diferente en el cual los actores sociales son situados
de forma distinta. Estas asignaciones no son equivalentes. Esto también nos lleva a decir que los órdenes no son intercambiables. Desconocer los otros paradigmas que no son el propio es el resultado tanto
de un proceso de encierro cognitivo, como de un proceso político de
legitimación del orden social propio. Desconocer e ignorar es también
9
10
Ansart P. op.cit.
P. Berger et T. Luckman, 1966, La construction sociale de la réalité, Paris, Masson/Armand
Colin, , trad. franç 1996.
93
seguir siendo y actuando en virtud de disposiciones que definen, colocan y juzgan al sujeto. Para concluir, la matriz organizacional muestra
tensiones políticas y no sólo cognitivas. Para decirlo de otra forma,
porque hay fenómenos cognitivos hay fenómenos políticos. El análisis
de la relatividad de las definiciones de situaciones, de la construcción
social de realidades, debe emparentarse con los procesos de la sociología del conocimiento. Donde hay conocimiento hay política. Sin embargo, aquí entendemos política en un sentido amplio, ligado a la constitución de órdenes sociales complejos y en un sentido dinámico, tal
como lo deja entender la noción de red ideológica.
Desearíamos que nuestro lector, de igual forma, considerara todas las implicancias políticas tanto del desconocimiento como del conocimiento.
El proceso sociológico que proponemos es modesto. Puede señalar cegueras. Puede esclarecer los paradigmas presentes y su tensión.
Puede ayudar a unos a enriquecerse con los otros. Puede desencadenar dinámicas de redefinición de paradigmas. Sin embargo, la revelación puede también no corresponder al fin de las cegueras si es que
estas últimas son capaces de solidificar órdenes sociales complejos.
Nuestra aproximación refuta que para los actores sociales las construcciones cognitivas sean neutras. Las definiciones y representaciones nos
reenvían a elementos políticos de lo social como la inclusión, la justicia, la equidad y la legitimidad, las clasificaciones y las posiciones. La
ceguera organizacional es también un producto de la construcción, diferenciada y desconocida, de órdenes sociales superpuestos llevados a
confrontarse los unos con los otros.
Para concluir, aunque el cambio organizacional no parece imposible, tampoco puede reducirse a una cuestión de revelación. Actualizar
las diferentes definiciones de la situación en co - presencia puede efectivamente desembocar sobre nuevas definiciones y una reducción, localizada, del apilamiento organizacional. Sin embargo, la aparición de
estas nuevas definiciones no es el resultado de una reorganización al
aparecer nuevos elementos, sistemas cognitivos. También es, y en esto
nuestras conclusiones no difirieren de una sociología de las organizaciones más clásica, una reorganización de juegos políticos.
94
Bibliografía
Ansart, P. (1974): Les idéologies politiques. Paris: PUF
Argyris, C. y Sehon, D. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action
Perspective. Reading, Massaehussets, Menlo Parr
Addison-Wesley Publishing Company
Berger, P. y Luekman, T. (1966): La construction sociale de la réalité. Paris,
Masson/Armand Colin, [traducción francesa de 1996]
Berry, M. (1983). Les technologies invisibles. Paris: Éditions du Centre de
Recherches en Gestion de l’Éeole Polyteehnique Bouilloud, J. y Lecuyer,
B. (cord.), (1994). L ‘invention de la gestiono Paris: L’Harmattan
Bouilloud, L’invention de la gestion, Paris, L’Harmattan
Boussard, V., (1998). «Les indieateurs de gestion eomme construction soeiale :
I’exemple des CAF», en Recherches et préface, diciembre
Boussard, V. y Maugeri, S., (2002). La gestion dans tous ses états. Paris:
L’Harmattan
Chandler, A. (1988). La main visible des managers. Paris: Económica
Coninck de, F. (2002). «La gestion du changement, comme art de slalomer
entre des outils contradictoires», en Boussard, Maugeri, S. La gestion
dans tous ses états. Paris: L’Harmattan
Cuq F., Sehili D., Tripier P., (1999), «Forme, contenu et dynamique des
dispositifs de gestion» in Utinam, nouvelle série Numéros 1&2.
Dubar, C. (1991). La socialisation, construction des identités sociales et
professionnelles. Paris: Armand Colin
Heider, F., (1958). The Psychology of /nterpersonal Relations. New York:
Wiley
Festinger, L., Aronson, E., Cartwright D., y Zander A., (eds) (1960). Group
Dynamics. New York: Harper and Row
Kuhn, T. (1967). La structure des révolutions scientifiques. Paris: Flammarion
[traducción francesa de 1983]
Levy, A., (1965). Psychologie sociale. Paris: Dunod
Maugeri S. (2001), Délit de gestion, Paris, La dispute.
Merton R.K., (1953). Éléments de théorie et de méthode sociologique. Paris:
Plon
Perrow (1984) Normal Accidents, Living with High Risk Technologies, New
York: Basic Books.
Piotet, F. y Sainsaulieu, R., (1994). Méthodes pour une sociologie de
I’entreprise. Paris: PFNSP
Resumen
En el marco de este artículo quisiéramos explicar los principios
metodológicos del proceso de investigación para analizar los efectos de las
cegueras propias de las organizaciones. Estos principios se apoyan sobre
dos hipótesis relacionadas con las organizaciones: por un lado, la vida
organizacional, aunque compleja, es
siempre simplificada. Por otro lado,
los defectos organizacionales son de
naturaleza sistémica e interrogarlos
p e r m i t e c o m p re n d e r l a m a t r i z
organizacional. Apoyándose en estas
dos hipótesis que describiremos más
tarde, el procedimiento de encuesta
consiste en partir de los defectos señalados por los actores de la organización haciendo de ellos la vía de acceso al tejido organizacional. Los defectos se convierten en reveladores de
incomprensiones y malentendidos, a
condición de no dejarse engañar por
las evidencias falsas que los actores
de la organización presentan para
explicarlos. En efecto, ciertas reglas
y procedimientos pretenden asegurar
la eficacia en una or ganización:
for malización de procedimientos,
referenciales de acción, compartir un
lenguaje común, entre otros. A menudo estos dispositivos son vistos
como infalibles al eliminar los defectos, y las causas de estos últimos atribuidas a factores externos: zonas no
proporcionadas de dispositivos o personas. A través de un análisis de los
elementos organizacionales que reducen la complejidad, cargando representaciones simplificadas y parciales,
es posible remontarse a las causas
cognitivas de esos defectos. El análisis estará por lo tanto particularmente atento a los indicadores de administración, al equipamiento material
y simbólico de los lugares de trabajo,
a los discursos repetitivos de la organización, etc.
95
Abstract
In this paper we would like to
explain the methodological principles
of research process useful to analyze
the effects of blindness that
characterize organizations. These
principles are based on two hypothesis
related to the organizations: on the
one hand, organizational life, though
complex, is always simplified. On the
other hand, organizational defects are
of systemic nature, and questioning
them allows us to comprehend the
organizational matrix. Based on these
two hypotheses, the survey procedure
starts by taking into account the
defects detected by organization
actors, using them as a way to access
the “organizational tissue”. These
defects reveal misunderstandings and
misinterpretations, but with the
precaution of not being deceived by
false evidence that actors present to
support their explanations. For that
reason, some rules and procedures
pretend to assure or ganizational
efficiency:
formalization
of
procedures, sharing a common
language, etc. As these elements
eliminate the defects and their
determinants associated to external
factors (non proportional zones of
elements or persons), frequently are
seen as infallible. Through an analysis
of organizational elements that reduce complexity, taking into account
simplified and partial representations,
it is possible to go back to cognitive
causes of these defects. Therefore, the
analysis will be particularly focused on
administration indicators, material and
symbolic equipment in workplace,
repetitive discourses of the
organization, etc.
96
97
El Mundo del trabajo:
A informalidade
e a apropriação do direito:
Considerações sobre
a cidade de Brasília –
Capital Federal do Brasil1
Carolina Cassia Batista Santos &
Marcia de Melo Martins Kuyumjian
1- Introdução
Este texto é parte integrante de um projeto de pesquisa
interdisciplinar, cujo eixo analítico é o trabalhador na informalidade.
Traçamos como objeto de estudo a apropriação/contraposição do
trabalhador informal sobre direito/dever no processo de regulação do
trabalho e como plano de observação sua vivência na cidade de Brasília.
Investigamos o mundo do trabalho como cenário no qual interação
e conhecimento se articulam como força cultural em sintonia, pouco
harmoniosa, com as políticas públicas por sua ineficácia na promoção
da inserção social. Situação que acelera os dilemas entre o campo
jurídico e a realidade social, pelo contraponto regulação/precarização,
e compromete a possibilidade de participação cidadã. Emergem desta
realidade o sofrimento, o medo e a insegurança social.
A compreensão deste embate perpassa as percepções que os
sujeitos em informalidade têm das políticas públicas, o modo de
apropriação dessas políticas, bem como o potencial de sua participação
na gestão local. Partimos do pressuposto de que o trabalho social só
pode ser desenvolvido a partir da análise da realidade e da redefinição
de conceitos centrais para a compreensão dos sentidos que estes
conceitos adquirem nas práticas dos diferentes atores sociais. Portanto,
esta discussão privilegia a compreensão dos modos de organização de
1
Este trabalho contou com a mais valiosa contribuição dos alunos Viviana Rodrigues Costa e Júlio
Leopoldo Silva Prina, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC.
98
categorias ocupacionais diferenciadas e suas possíveis articulações com
o campo das políticas públicas e sociais.
O referencial teórico que fundamenta esta discussão é de caráter
plural e interdisciplinar, isto porque nasce de diálogos com autores da
política social, da história cultural, da sociologia e da psicologia do
trabalho.
2 – A informalidade abre uma ferida na concepção de
Política Social
Administrar os interesses político-econômicos e a dignidade dos
cidadãos é pressuposto básico da política social, mas esse perpassa
uma malha de interesses sociais conduzindo a um campo de conflito
que recusa a possibilidade de qualquer unidade social. Os desequilíbrios,
advindos desta condição inalienável do ser social, qual seja, o direito à
diferença e à palavra, posto que cada um tem o direito de se manifestar publicamente e de consolidar um modo de viver, engendram forças
sociais que o Estado pretende reter e conter no âmbito das instituições
estatais.
Esse Estado idealizado, ao evocar o poder de defensor da ordem
pública, confronta-se com a não imparcialidade dos agentes estatais,
responsáveis pela definição de padrões e critérios de redistribuição de
riqueza e valores sociais. Assim, o Estado convive com esta incômoda
ambigüidade que se manifesta nos modos como os interesses são incorporados às reivindicações. O jogo de interesses compromete a
adoção de políticas sociais posto que o Estado não é imparcial.
A relação Estado/mundo do trabalho está incorporada na lógica
das políticas públicas, por isso o tratamento analítico dado a este texto
incorpora a concepção de Pereira (1994) que estabelece a distinção
entre políticas sociais e políticas públicas.
Assim, a política social é entendida como uma programação estatal resultado de uma conquista pelo reconhecimento da existência de
necessidades sociais, mesmo que atendendo a segmentos específicos.
Representa o aumento da sensibilidade para as desigualdades sociais.
A política pública, por sua vez, remete ao campo conflitual, pela
consolidação de interesses barganhados tendo por lastro as decisões
coletivas.
Aqui, a noção de política pública é entendida a partir do modo
como esta se articula com a informalidade presente no cenário urbano, ou seja, políticas públicas que carregam um determinado conteúdo
social, mas que, no entanto, não se configuram propriamente como
políticas sociais, porque o trabalhador informal enquanto estiver na
disputa por uma fatia do mercado é objeto de políticas públicas. Sua
incorporação nas políticas sociais depende do reconhecimento social
Considerações sobre a cidade de Brasília ...
99
da existência de necessidades a serem atendidas e, portanto, fora da
concepção de trabalho e incluído entre os carentes.
Essa dicotomia aponta para o fato de os benefícios concedidos
não equalizarem a participação, mas demarcarem e reforçarem a
desigualdade social. De modo geral, as políticas sociais têm por objetivo compensar o “mal-estar social” gerado pelo capital, garantindo a
todos o mínimo indispensável à sobrevivência.
Reside aqui uma importante contradição: enquanto as políticas
sociais dão visibilidade às necessidades sociais, elas também são
expressão do reconhecimento de que reina na sociedade a injustiça
social gerada pela expropriação e pela exploração humana. Ao estar
fora da lógica do mercado, posto que não realiza trocas recíprocas, o
sujeito social é reduzido a sujeito dependente, assistido pelo Estado.
Assim, a inserção no mercado de trabalho e a capacidade de autosustentação atuam como um vaticínio à participação política e social.
E a ação estatal é capitaneada por critérios de necessidade de correção
dos desequilíbrios sociais, tendo por base o entendimento de justiça
social e de garantia dos direitos sociais da cidadania.
Isso significa, segundo Balibar (1992), que a desigualdade deve
ser pensada como um fracionato e não como um continuum, posto
que comporta muitas rachaduras. São as desigualdades que se acumulam
pelo mercado de trabalho, pela participação no consumo, pelo espaço
de habitação, pelas preferências culturais, pela inserção em um mercado educativo etc. Essas geram exclusões diversas que também se
acumulam e que, mesmo adotando políticas de correção, não
conseguem mudar as regras do jogo, porque a inclusão em políticas
não resulta em inclusão social. A interiorização da condição de
dependente dificilmente permite que estes indivíduos se vejam como
sujeito de direito. Conforme instiga Balibar, eles não existem para eles
mesmos, existem como a imagem da assistência e das políticas sociais.
O desenvolvimento das forças produtivas no século XIX erigiu um
Estado protetor do trabalho contra o modo de funcionamento do mercado, regulador da forma de exploração do trabalho assalariado.
O trabalho é colocado no cerne da organização social e a
integração do sujeito é hierarquizada, visto ser fundamental para a renda, a identidade social e a participação social. Emerge daí uma
campanha contra o não-trabalho, entendido como desemprego. Mas é
somente em meados do século XX que se articula a proteção aos
desempregados com a adoção de uma política econômica que promova
o pleno emprego, corporificado no Welfare State. Cria-se, assim, nos
trinta gloriosos a mística do crescimento.
Esse debate coteja a questão social que está no cerne das políticas
sociais, uma vez que é da consolidação do mercado de trabalho regular
e do nascimento da classe operária moderna que surge a pobreza como
100
fenômeno de massa. Pobre não é apenas quem não trabalha, porque
atinge também o operariado.
A partir da década de 90, do século XX, o mundo do trabalho
deixa de ser o passaporte para a integração social. Suas profundas
mutações quebram o vínculo entre progresso econômico e progresso
social. Assim, o fantasma do desemprego é substituído pela avassaladora
exclusão social, posto que os mais frágeis ficam “à deriva” na medida
em que a economia se moderniza. A sociedade do século XXI está se
erigindo sob a chancela da flexibilização do mercado com efeito direto
sobre o trabalho. Mantém um número reduzido de trabalhadores
assalariados estáveis e produz uma massa de trabalhadores precarizados
e excluídos. Para Balibar, isso está ocorrendo porque o mercado está
saturado, não conseguindo repor os postos de trabalho destruídos pelo
avanço do modo de produção, nem criar novos que absorvam a massa
de desempregados.
A diversidade e a descontinuidade das formas de emprego estão
em vias de suplantar o paradigma do emprego homogêneo e estável.
O desemprego não é mais um aspecto das relações de trabalho que
pode ser resolvido. É um problema da dinâmica atual da modernização.
As novas formas particulares de emprego se parecem mais com as
antigas formas de contratação, quando o status do trabalhador se diluía diante das pressões do trabalho. A flexibilidade é uma maneira de
nomear essa necessidade de ajustamento do trabalhador moderno à
sua tarefa, estando imediatamente disponível para se adaptar às
flutuações da demanda.
A dinâmica da empresa capitalista não permite que esta arque
com o peso da solução da questão social atual, visto que, mesmo
havendo políticas de capacitação para os sem qualificação, ainda assim,
haverá uma gama de desempregados ou não empregáveis qualificados.
Se o domínio da questão social não é da esfera exclusiva da empresa ou da economia, é porque sua dinâmica atual produz efeitos
desastrosos do ponto de vista da coesão social, produzindo uma
dualidade do mercado de trabalho, com indivíduos qualificados, melhor
pagos; e outros submetidos às flutuações da demanda. Há um excesso
de efetivos em concorrência direta com os subempregados. Portanto,
o problema atual não é apenas o da constituição de uma periferia
precária, mas também o da desestabilização dos estáveis.
Como o padrão de acumulação impõe restrições à política social,
diferentes opções políticas só se realizam a partir da correlação de
força, por pressões populares que reivindicam junto ao Estado o
desenvolvimento de programas de redistribuição dos recursos e, principalmente, reconhecimento de práticas sociais e culturais no escopo
das propostas de políticas. Por conseguinte, a coisa pública só pode
ser compreendida se se referir ao que é visível a todos, adverte Grau
101
(1998), e, portanto, evocar o coletivo, cuja mediação só pode ocorrer
na esfera pública em oposição à esfera privada. Mas o pacto Estado/
sociedade civil assentado no trabalho inviabilizou a mobilização dos
trabalhadores e fragmentou o processo de luta por direitos sociais.
O estatal se insere nesta esfera que envolve o público/político/
coletivo, segundo Grau (1998). Essa divisão só se consolida na sociedade
moderna pela separação e autonomia do Estado da sociedade civil.
Entretanto, esta separação não pode ser entendida como definitiva,
posto que é na prática social, da experiência na esfera privada que a
coisa pública adquire sentido, porque é ali que as necessidades e as
negociações tomam corpo e os conflitos também adquirem fórum de
realidade. Inserir estas novas demandas no embate político significa
dar visibilidade e notoriedade às ações políticas no cenário da esfera
privada, como intervenção do Estado.
Se o Estado se intitula mantenedor do contrato social e o mercado matizador das relações sociais e reprodutor da ordem social, a história
do campo social, conforme salienta Filgueiras (1995), responde, por
meio das práticas sociais, às fragilidades vividas pelos membros da
sociedade, sendo estas anteriores à concepção e à implementação das
políticas sociais. Do mesmo modo, a centralidade do trabalho é anterior à formação da sociedade moderna.
O trabalho informal vem para imputar sentido à impossibilidade
do Estado em consolidar a representação de responsabilidade social.
Desse modo, ganham destaque as representações sobre o Estado que
vêm sendo construídas e re-construídas na esfera da informalidade, já
que é no interior de tal relação que novos conflitos pela conquista da
cidadania emergem e são negociados.
Por conseguinte, a questão norteadora refere-se às formas pelas
quais os “sujeitos em informalidade” definem novas práticas coletivas
frente às novas configurações do mercado, refletindo sobre como as
medidas concretas adotadas pelo Estado estão em sintonia com as expectativas dos sujeitos/grupos alvos aos quais se destinam.
Castel (1995) corrobora com este debate ao enfatizar a
reconfiguração da questão social na contemporaneidade. Segundo o
autor, o enfraquecimento da condição salarial tem solapado as bases
sociais e colocado em risco a coesão social. Se o trabalho não perde
sua centralidade, a percepção de trabalho entre os diferentes grupos
sociais varia de modo a impedir a imediata identificação da atividade
trabalho e do sujeito trabalhador. A isso se agregam o desemprego
estrutural, o enfraquecimento do Estado-nação e a globalização
econômica.
O conjunto das mudanças na esfera da produção e da organização
social implicou um redirecionamento das ações do Estado, em especial
102
nos mecanismos de regulação da produção material e da gestão estatal
e privada da força de trabalho, cujos destaques são as privatizações, o
“estreitamento” dos direitos dos trabalhadores e as pressões do
empresariado e da burocracia estatal nesta direção, além de uma
naturalização por parte dos trabalhadores da superexploração do seu
próprio trabalho, ou seja, seu consentimento e adesão às novas
exigências da produção capitalista.
Na recusa de uma visão maquiavélica das políticas sociais, como
organização do espaço social para submeter a classe operária, Faleiros
(2000) chama a atenção para sua função como gestora estatal da
força de trabalho, articulando as pressões e os movimentos sociais
dos trabalhadores com as for mas de reprodução exigidas pela
valorização do capital e pela manutenção da ordem social. Assim, as
políticas sociais devem ser vistas de forma contraditória, pois realizam
não só uma valorização do capital, mas interferem diretamente na
valorização e na validação da força de trabalho, como mercadoria
especial, produtora de mais- valia e como sujeito de direitos no pacto
da cidadania democrática.
No entanto, a dinâmica do mundo do trabalho nos indica que o
Estado não conseguiu reter o conflito social na relação capital/trabalho,
porque há agora um enorme contingente de pessoas excluídas do
trabalho formal e, portanto, de difícil controle pelo Estado. Aqui reside
uma questão interessante, o Estado no campo da política pública abandona o desempregado, fora da regulação estatal, e o recupera no campo da política social, como sujeito carente que necessita do apoio estatal. Portanto, se o trabalhador informal não fica fora das políticas, estas não o absorvem integralmente como trabalhador em dificuldade,
ou é sujeito da regulação estatal ou da assistência estatal. Então, o
Estado contribui para a fragmentação do indivíduo social e o retira do
campo da participação política como sujeito reivindicador.
Dessa forma, a nova questão social tem a mesma amplitude e a
mesma centralidade da questão suscitada pelo pauperismo na primeira
metade do século XIX, repercutindo na perda de identidade dos
indivíduos pelo trabalho. Este fato remete à discussão de Sennett (1999)
sobre a ilegibilidade do trabalho no processo de acumulação flexível,
uma vez que a identificação das pessoas com o trabalho é fraca e superficial.
Desemprego, exclusão e desigualdade conduzem a análise da
questão da cidadania cada vez mais multifacetada e menos relevante
na vida social.
Temos uma grande e constante dramatização da questão social,
pois tudo se processa de maneira avassaladora sem bem se chegar ao
mínimo de igualdade civil e social. É aí que entram em jogo as tendências
em curso de flexibilização e de crescente precariedade do mercado de
103
trabalho. A desmontagem das formas estatais de regulação das relações
de trabalho e os conflitos trabalhistas vêm dando lugar a uma
segmentação jurídica que joga muitas pessoas no pior dos mundos, um
mundo no qual não existem garantias de um contrato de trabalho regular. Os direitos estão cada dia mais fragmentados e as formas de
representação política dos trabalhadores cada vez mais precarizadas.
A cidade de Brasília não está inume às transformações econômicas
e a seus efeitos sociais. As mais diversas unidades produtivas, nos mais
diversificados ramos, estabelecem assim, em conjunto, uma teia de
ligações de maior ou menor intensidade, cujo funcionamento é em
parte determinado pelo quadro jurídico-institucional, assim como por
um conjunto amplo de códigos e regras de conduta formal ou informalmente estabelecida.
3 - Informalidade – reafirmando a condição marginal
Para compreender o movimento do trabalho informal na cidade
de Brasília, levamos em conta o conceito e sua incorporação nas práticas
brasileiras. De início, nos sintonizamo-nos com Antunes (1995; 2000)
e Laranjeira (1999) sobre a estreita relação entre informalidade,
metamorfoses do mercado e relações trabalhistas no Brasil. Os
indivíduos mais afetados por essas metamorfoses são aqueles com pouca
formação, não se constituindo em profissionais adequados ao novo
modelo produtivo (Pochmann, 1999).
Aos desempregados ou estreantes resta a fatia do mercado nãolegalizado na forma de camelôs, eletricistas como prestadores de serviço
autônomos, vendedores de frutas, sapateiros e muitas outras pequenas
atividades que escapam do crivo regulador do sistema no que concerne
aos encargos sociais e, conseqüentemente, ficam fora dos padrões de
proteção social. Não obstante este seja o segmento mais afetado pelo
desemprego, a precarização tem batido à porta de trabalhadores com
alta qualificação, com curso superior completo, induzindo-os também
a se encaixarem em atividades informais para auferir rendimentos
maiores sem a contrapartida previdenciária e taxações.
Isso gera um duplo ônus: para o trabalhador, a crescente
precarização e uma velhice desamparada; para o Estado, a
implementação de políticas sociais de combate à exclusão e de garantia
dos mínimos sociais (Dupas, 1999).
O Estado, ao regular as relações sociais, não pode prever nem
impedir que o modelo desenvolvimentista atinja de cheio a lógica da
proteção social, os direitos trabalhistas conquistados e a legitimidade
do Estado intervencionista. Assim, a intervenção estatal vem salientar
a dualidade do mercado de trabalho, formal/informal, posto que a
política adotada se restringe a uma árdua campanha para estabelecer
104
critérios que formalizem a informalidade e sustente as prioridades do
formal. Principalmente pelo fato de os trabalhadores informais afetarem
diretamente o mercado legalizado.
Na defesa de suas atribuições de guardião da ordem social, o Estado cria a figura de fiscais ambulantes com o propósito de retirar de
circulação as mercadorias ilícitas, ou seja, que não passaram pelo crivo
e controle do Estado. A resposta a esta medida não tem sido a inibição
de ações repreendidas pelo Estado, mas, contrariamente, confrontos,
por vezes violentos, entre trabalhadores da informalidade e agentes do
Estado fiscalizador.
O embate entre norma e situação real coloca o Estado no centro
do conflito social por duas razões: não suavizar as regras do mercado
para os trabalhadores desprovidos de relações empregatícias estáveis;
e, ainda não absorver a lógica de sobrevivência e de manutenção dos
elos sociais, por meio das práticas, das experiências e de comunicação
das “pequenas histórias locais”. O resultado é a ausência de políticas
capazes de ampliar a concepção de trabalho e de participação, uma
vez que não há a proposta de rever os critérios do jogo mercadológico
para além da preservação dos direitos e garantias do capital.
Ao afirmar que “há relativismo no ar”, Maffesoli (1997) nos informa que os grandes impérios ideológicos, que repousam na lógica da
unidade e da centralização, cedem em face da pulsão gregária do “nós
comunitário”. Isso significa que todo o fundamento do Estado-nação
que se assentar no racionalismo é questionado pela ação cotidiana e
inquietante dos sujeitos que desejam mais ter uma identidade construída
a partir dos sentimentos partilhados do que da observância de leis que
promovem mais desconfiança do que pacifica os desafios atuais.
Se, de um lado, o sistema econômico se modifica para sobreviver
às suas próprias contradições, de outro, reproduz no trabalhador da
informalidade, que muda de ponto para poder continuar com seu
negócio sem perturbação, uma certa versatilidade, um despojamento
revelador da existência de um ritmo social subalterno que se junta contra a “unidade rígida” do sistema. Então, nem há o domínio total da
racionalidade, nem a subalternidade total da subjetividade. A unidade
rígida do Estado capitalista precipita a flexibilidade da comunidade. A
abundância de supérfluo faz emergir das “liberdades intersticiais” a lógica societal em contraposição à lógica e dogma da sociedade. Assim,
os indícios dos modos como ocorre a vinculação comunitária podem
ser extraídos da organicidade e da lógica que domina a ordem de
ocupação espacial do trabalho informal.
Em primeiro lugar, há de se reconhecer o incômodo do próprio
termo informal para localizar uma modalidade, uma manifestação da
realidade empírica que não pode ser obliterada pela “tagarelice”
acadêmica ou política. Em segundo, o campo de intervenção estatal
105
deve estar atento para a efervescência destas manifestações e o sentido impresso tanto no que fazem os trabalhadores como no modo como
apreendem as soluções e/ou políticas públicas.
Ao se inserir na tônica política, os modos como a sociedade se
constrói para além das bases legais, os trabalhadores da informalidade
adquirem outra conotação. Aludem, esses trabalhadores, a uma realidade
contemporânea e presente, com suas particularidades e problemas,
com estruturas próprias de inter-relações, capacidades e demandas,
que procura responder às necessidades criadas por mais uma
metamorfose do sistema de produção capitalista.
A reestruturação produtiva, ao modificar todo o processo de
trabalho, altera também os significados construídos pelos indivíduos ou
grupos sobre o valor social do trabalho e o papel do Estado. Agora os
indivíduos vivem na incerteza porque os valores tradicionais foram descartados e as bases de sustentação comunitária colocadas à prova. Com
isso, preferem recolher-se à certeza do que já é conhecido e aos acordos
face a face das relações comunitárias a ficar exposto a uma agenda
política que tende à abstração. Não é, pois, por acaso que Freire (1999),
utilizando um trocadilho, afirma que a reestruturação produtiva provocou
a desestruturação social ao flexibilizar não somente as estratégias de
produção e racionalização, pelo emprego de novas tecnologias, políticas, tempo de giro do capital, produtos, padrões de consumo, como
também as condições de trabalho, os direitos conquistados no período
fordista e os compromissos do Estado para com a população.
A celebração do individualismo e da desigualdade na distribuição
da riqueza, da renda e do consumo por meio do mercado auto-regulável
tem substituído cada vez mais a ética da solidariedade pela ética da
eficiência, tolhendo as alternativas democráticas e coletivas. Em nome
da eficiência, os indivíduos rompem seus compromissos com a
preservação ou a ampliação da cidadania e com a solidariedade nacional ou regional, mediante o combate ao uso público de transferências
fiscais ou tributárias. Em nome da concorrência e graças ao
enfraquecimento de formas de organização coletivas (sindicatos, partidos, organizações comunitárias), deterioram-se as anteriores relações
de trabalho e manifesta-se maior indiferença e intolerância em relação
aos excluídos que a economia continua a criar, sobretudo nas grandes
cidades (Mattoso, 1995; Sennett 1999).
As contínuas exigências por uma diminuição do custo da força de
trabalho, a fim de que as empresas consigam competir com o mercado
externo, cria o efeito da precarização dos contratos trabalhistas, menores salários e falta de garantias. Entretanto, a redução do
assalariamento não deve ser atribuída exclusivamente à crise econômica,
podendo estar relacionada com outras causas, tais como a tendência
estrutural à terceirização da produção de bens e serviços. Fato é que o
emprego, com carteira assinada, foi substituído pelo trabalho por conta
106
própria, em que a remuneração média é menor e a proteção
previdenciária praticamente inexistente.
O trabalho informal passa por um enorme crescimento nas décadas de 70, 80 e 90, quando ocupa quase metade do mercado de
trabalho. As antigas concepções de trabalho informal, como a da OIT,
na década de 70, apresentavam-no como conseqüência do analfabetismo e desqualificação, que obrigava as pessoas a desempenharem
qualquer tipo de atividade porque não encontravam espaço nas
atividades tradicionais (Fuentes, 1997).
A década de 80 é um período da economia brasileira caracterizada pelo baixo crescimento populacional aliado à entrada da mulher no
mercado de trabalho. Neste período ocorreu o aumento dos
trabalhadores no setor secundário, principalmente na construção civil
e nas indústrias de transformação, com maior entrada para a mão-deobra desqualificada. O crescimento de atividade de serviços e comércio
ganhou espaço na informalidade, incrementando o emprego por conta
própria: “A informalização da ocupação não-agrícola nos anos oitenta
está associada, portanto, ao lento crescimento do emprego formal e à
proliferação de pequenos negócios e do trabalho autônomo” (Baltar e
Henrique, 1994: 609). Nesta “década perdida”, houve grande
concentração de riqueza com redução de empregos, pois a cada 100
novos empregos gerados, 85 eram informais. Com o governo Collor,
implementaram-se as reformas neoliberais que aprofundaram a
desigualdade, a exclusão social e o trabalho informal.
Esse processo pode ser observado na análise do crescimento do
PIB desde 90, quando começa uma queda anual na taxa de crescimento
seguida de um pequeno período de estagnação e só em 2001 é que o
mercado começa a dar sinais de recuperação. O resultado é uma queda
na renda média, desta forma os mais pobres entram na informalidade
como alternativa aos empregos formais que não estão disponíveis. A
classe média, por sua vez, percebe uma tendência de seus jovens
entrarem no mercado tecnológico informal, ou seja, trabalharem como
«estagiários» ou «técnicos» de lojas que necessitam de serviços de informática, porém de modo precarizado, sem direito à carteira assinada ou
outras formas de contrato.
O mercado informal situa-se como um desdobramento do
desenvolvimento do processo produtivo, que “cria, recria e redimensiona
o espaço econômico, suas formas de organização, os postos de trabalho
e as atividades disponíveis”, onde cada vez mais são reduzidas as
possibilidades de inserção das pessoas em situação formal de emprego
(Dalbosco e Kuyumjian, 1999).
A informalidade em si é uma condição que coloca o sujeito em
conflito com as normas sociais vigentes, não necessariamente as negando, mas sinalizando para a dificuldade do seu cumprimento. Isso
107
revela a complexidade e a amplidão da informalidade, cuja natureza
não se restringe aos parâmetros legais, e sim às estratégias cotidianas.
Para o trabalhador informal está claro que o processo de inserção
social não se limita à disponibilidade de recurso financeiro que permita
sua participação no mercado consumidor. Vincula-se sobremaneira na
capacidade de participar de uma rede de informação e de confiança
que ainda se espelha na localização do sujeito na estruturação do
trabalho. A identidade social ainda deriva do mundo do trabalho e do
vínculo empregatício que chancela a compra a prazo. Deste modo,
não possuir uma carteira de trabalho, que assegure renda, limita a
credibilidade no mercado consumidor e em empréstimos bancários.
Desconfiança e desvalorização rebatem na auto-estima do indivíduo e
de sua família.
Mediante sua condição social e econômica desfavorável, os
trabalhadores informais utilizam a experiência de vida, seja como
indivíduo ou como grupo, para criar formas de contornar os problemas, garantir a sobrevivência e manter os elos sociais. Essas condutas
não se reduzem aos papéis nem às estratégias de interesses, considerase a distância subjetiva que mantêm com o sistema: não porque não
tenham nada a ver com a sociedade, mas como uma distância de si que
procede da heterogeneidade das lógicas da ação que crescem hoje na
experiência social. Soma-se a esta heterogeneidade a fragmentação
que reside na alma do indivíduo, posto que o sistema não permite a
construção da coerência interna (Dubet,1994). São, por conseguinte,
suas representações sociais que podem nos apresentar o conteúdo de
suas atividades, os possíveis sentidos impressos nos seus atos e nos
intermináveis diálogos e embates políticos.
Pensar o trabalho na tônica das representações sociais significa
apreender a atividade produtiva como básica para a socialização que
confere tonalidade à inserção social e à identidade cultural, para além
dos princípios da economia de mercado. O trabalho é o lugar de
humanização, construído e reconstruído socialmente, que permite aos
grupos legitimarem táticas particulares e alocação específica no tempo
e no espaço. Estão incluídas nessas táticas a percepção e a apropriação
de políticas, com o intuito de ocupar as fissuras do próprio sistema.
Compreender a organicidade do trabalho informal implica destacar como a relação Estado/sociedade civil vem sendo construída e reconstruída, já que é no interior de tal relação que novos conflitos pela
conquista da cidadania emergem e são negociados. Cabe aqui considerar as formas pelas quais os “sujeitos em informalidade” definem novas
práticas coletivas frente às novas configurações do mercado, que
refletem nas medidas concretas adotadas pelo Estado e afetam as expectativas dos sujeitos/grupos. Para tanto, mais do que sopesar as
instituições detentoras do poder de decisão e a esfera de planejamento
108
estatal, pondera-se sobre a questão da cidadania como fenômeno que
engendra a emergência de novos atores sociais e políticos no espaço
público. Com isso, queremos dizer que qualquer análise sobre a relação
Estado/sociedade civil deve se ater ao modo como os atores se
beneficiam de determinadas políticas públicas e como se articulam para
o exercício da cidadania, para a construção da identidade coletiva e o
sentido de pertencimento ao grupo e à sociedade envolvente, principalmente os que estão na informalidade.
O desenho da cidade de Brasília imprime marcas e realça a
condição de informalidade. A densidade populacional, menos numerosa no Plano Piloto, centro do poder político nacional, e mais abundante nas cidades-satélites, informa como têm ocorrido o processo de
periferização e as distorções no plano original de desenvolvimento do
Distrito Federal (DF). A partir da década de 80, foram criadas em Brasília
onze novas regiões administrativas, totalizando, em 1998, 1.822.218
habitantes. Contribui para tanto o avanço das invasões (ocupações irregulares do espaço urbano).
A pulverização da metrópole visa maior controle da cidadania pelo
Estado. Fragmentando a cidade, criando núcleos múltiplos,
desencorajam-se pressões populares, estimula-se a ideologia da casa
própria, exalta-se a beleza do bairro administrativo, tomba-se o
patrimônio arquitetônico, congela-se a imagem das belas formas
paisagísticas, erguem-se panteões e signos ideológicos ostentatórios.
Brasília, sobretudo o Plano Piloto, evidencia algo que se pode captar
em qualquer cidade, o esparramamento urbano. Esse contém um controle geopolítico, atenuando os ímpetos de massas oprimidas e
reivindicantes (Paviani, 1989). A cidade tem, portanto, suas próprias
características em termos de ocupação espacial e empregatícia, gerando
um quadro de desqualificação da maioria composta por migrantes e
superqualificação de segmentos específicos, principalmente dos escalões
superiores do funcionalismo público.
Não obstante a grande variedade de ocupações, o informal detém
características comuns. Participam deste uma maioria de adultos de
meia idade, entre os 45 e 60 anos, mas os jovens começam a se infiltrar e ocupar espaços. O nível de escolaridade é baixo, em geral não
superando a quarta série do Ensino Fundamental. No estudo sobre São
Paulo estes dados são semelhantes e as considerações apontam para
uma mesma conclusão: a população de baixa escolaridade é a principal formadora do informal, haja vista a residual absorção do mercado
de trabalhadores desqualificados.
O cotidiano cria no grupo a capacidade de elaborar regras, crenças
e tipos de condutas próprias. Isso promove a reação interna bem como
externa ao grupo, sendo necessárias negociações constantes no
processo de interação social. É nessa situação de embate que o
conhecimento adquirido imprime uma identidade grupal, justificando-a
109
e legitimando-a. Com o tempo, esse conhecimento tende a ser naturalizado, parte do senso comum, sendo uma ação quase mecânica nas
interações diárias.
A relação deles como empregadores reflete uma ambigüidade que
aparece principalmente nas feiras, lugar de concentração e “fácil” controle da informalidade pelo Estado. Os donos das barracas muitas vezes
possuem firma registrada e podem se comprometer a assinar a carteira
de trabalho de seus empregados, mesmo que seu comércio seja em
última instância ilegal, posto que na maioria das vezes seu produto é
contrabandeado ou “pirateado”. Além disso, muitos trabalhadores não
apresentam uma perspectiva quanto ao seu futuro do ponto de vista
previdenciário, mesmo porque, apesar de conhecerem a vantagem da
carteira assinada, boa parte ignora o trabalho regulamentado e
tampouco concebe o funcionamento da aposentadoria, ainda mais por
ser uma contribuição que pesa enormemente e que acreditam render
muito pouco. Afinal, ninguém respeita uma aposentadoria que se aproxima dos 30 dólares. Ademais, a juventude que procura a inserção no
mercado de trabalho encontra suas expectativas frustradas e acaba por
se alocar na informalidade. Desqualificação, falta de experiência e uma
concorrência muito agressiva no mercado, somados à escassez de vagas são as causas deste problema (Pochmann, 2000).
Ponderar sobre a trajetória da informalidade pressupõe localizar
a representação do Sistema Nacional de Emprego – SINE/DF, uma
das iniciativas do governo nas políticas de emprego. Porém, é uma
instituição que procura a inserção formal e, desta maneira, não tem
ligação direta com a informalidade. O percurso do jovem no mercado
de trabalho começa por sua inscrição no SINE, cuja intermediação fica
difícil para os que não possuem uma boa qualificação. Isso rebate na
permanência do trabalhador no posto de trabalho bem como no salário
e na qualidade de vida. Apesar dos objetivos do SINE, em intermediar
a relação empresa/trabalhador, este pouco pode fazer para conter as
expectativas do mercado quanto à exigência de qualificação e à
dificuldade dos trabalhadores em romper com a baixa escolaridade para
se adequarem às regras do mercado.
Mesmo que isso venha a ocorrer, supondo-se, com uma imensa
campanha educacional e de formação profissional, não significa que
estancaria a atividade informal, posto que a competição entre os
trabalhadores é muito maior e mais avassaladora do que entre as empresas. Há mais demanda do que oferta por postos de trabalho. Isso
coloca a empresa em privilégio e com autonomia de criar critérios de
seletividade, muitas vezes alheios às necessidades do posto a ser ocupado. Um exemplo: a exigência de conhecimentos básicos de inglês
para concorrer a um posto de auxiliar de limpeza. Há ainda que se
ponderar sobre a disposição das pessoas a se submeterem novamente
ao sistema educacional, que representa esforço e dedicação, quando a
110
realidade reclama por comida na mesa para si e para os filhos. A
sobrevivência não é subsidiada pelo Estado ao se optar pelo retorno à
escola. Além de todas estas considerações, há ainda o fato de não ser
evidente para esses trabalhadores que a aquisição de um certificado e a
preferência pela formalidade vá resultar em melhor salário.
Logo, não existe política pública específica para atender aos
trabalhadores em informalidade porque a legislação não o abrange,
nem reconhece suas formas de organização. Conforme salienta um
alto funcionário do SINE/DF, em entrevista concedida, não existe um
interesse real por parte do poder público para inserir a informalidade.
As agruras diárias do trabalho informal ganham visibilidade na
jornada de trabalho, em média 60 horas semanais, somadas 4 horas
de locomoção entre a residência e o local de trabalho. Os efeitos mais
imediatos são a difícil convivência dos diferentes interesses no centro
da cidade; há um embate constante pelo espaço, que se compõe como
um mosaico fragmentado, construindo ambientes desiguais, de disputa
e de atuação, no qual as desigualdades sociais são re-elaboradas
(Kuyumjian, Negrão de Mello e Santos, 2001). A distância da residência
não teria significado não fosse pelo efeito disso para a organização
familiar. A nocividade é colocada na responsabilidade, principalmente
materna, de abandonar a prole à própria sorte, corroborando para a
crescente violência social.
Todavia, a principal preocupação dos trabalhadores informais está
nos fiscais do governo. Esses são a materialização da imprevidência
estatal, cuja função histórica tem sido, em 500 anos, a de engordar os
cofres públicos extorquindo o trabalhador. Imagem que persevera a
qualquer discurso institucional sobre a importância da contribuição individual para o bem estar coletivo. O cerne da questão está na
legitimidade do Estado, que pouco avançou na construção do Estado
de Direito e menos ainda conteve as apropriações indevidas do
patrimônio público, evadido para “paraísos fiscais”, consoante denúncias
levadas a efeito pela mídia. Não surpreende, portanto, que, embora
muitos jamais tenham sequer visto um fiscal, a ira seja intensa e generalizada. No entanto, existe uma certa compreensão de que esse serviço
é uma obrigação do fiscal enquanto empregado do Estado. O que é
absolutamente inaceitável para os trabalhadores informais é a atitude
gover namental que pr omete lugares fixos, regularização e
reconhecimento, mas reduz sua ação à punição da fiscalização. Desse
modo, resta a eles a instabilidade econômica e social, o que impede a
estes trabalhadores programarem a adesão previdenciária.O que fica
retido é que a falta de apoio institucional, o excesso de exigências
regulatórias, a instabilidade financeira e a perseguição incondicional
lançam o trabalhador informal à marginalidade, ao desrespeito e à
desvalorização. Embora se digam portadores do mais nobre sentido
social, de se identificarem como trabalhadores que ganham a vida de-
111
centemente e, portanto, muito distantes dos vagabundos e criminosos.
O peso dos alicerces legais impede que se absorva o trabalho em si,
como valor social, para além do seu conteúdo mercadológico.
Eles se reconhecem como trabalhadores dignos e requerem o
reconhecimento público como tais.
A identificação de sua experiência pessoal em outros indivíduos,
também na informalidade, rompe com a distância entre a situação legal do exercício de uma atividade e o direito natural à sobrevivência e
à dignidade. Assim, a representação que emerge desse embate toma
expressão pela subjetividade do indivíduo e pela sua distância em relação
à sociedade como um todo, não atuando como negação da norma,
mas sim como reconhecimento de que a situação de informalidade
engendra uma lógica particular. Sua individualidade constrói um corpo
particular de representações que engloba as relações cotidianas, os
espaços de circulação, inventariando um referencial particular que germina no trabalho mútuo. Dessa forma, de modo contingente, a
cooperação adquire forma e evolui para solidariedades que incluem do
local de trabalho ao transporte e, finalmente, a residência do trabalhador.
São arranjos também informais mantidos pela lógica doméstica
(Maffesoli, 1997), da ajuda mútua e do compartilhar do “nós
comunitário”, construindo um sentido para a vida da comunidade,
mesmo que distante dos propósitos do Estado.
No cenário da cidade de Brasília, as representações elaboradas
pelos trabalhadores infor mais produzem uma “encenação
dramática”(Goffman, 1985), na qual os atores identificam seu próprio
personagem e localizam seu lugar no cenário para interagir com seus
pares e com outros atores, seja o Estado, o trabalhador formal ou os
empresários. Funcionam, as representações de si e do social como
estruturas cognitivo-afetivas (Moscovici, 2001) que nascem das
interações cotidianas e a montagem de estratégias para enfrentar a
mobilidade e a diversidade do mundo (Farr, 1995). Portanto, estar na
informalidade significa aprender a ler o social, assumindo posição para
melhor indicar sua adequação e distância da norma e, ao mesmo tempo,
evidenciar sua natureza versátil.
Todo o campo conflitual que essa situação produz, bem como a
comunicação que veicula, não podem ser entendidos como efeito
unicamente da visão dicotômica da sociedade, mas, e principalmente,
devem ser assimilados como um processo de mediação social que as
representações incorporam. No fluxo de aceitar/rejeitar, o indivíduo
aprende, pelo conhecimento reflexivo sobre a atuação e a expectativa,
a adequação ao grupo e/ou ao social, a colocar em pauta sua vivência
e como interagir com diferentes atores sociais. A isso nenhuma política social ou pública pode se contrapor, porque, em efeito, é um
conhecimento obtido e compartilhado pelo grupo e repassado de
geração a geração de forma dinâmica.
112
4 – A apropriação do direito – a difícil relação com o estado
Ao considerar o direito do trabalho, deve-se antes apreciar o
trabalho como um fenômeno social em movimento (Leite, 1997;
Reimann e Kuyumjian, 2001) e, portanto, um direito do homem exercer
sua humanidade. Enquanto o movimento do trabalho na modernidade
centrou-se na demarcação dos campos de atuação e na definição das
profissões, a pós-modernidade nos ofereceu imagens múltiplas sobre
as modalidades de trabalho, o contratual, o autônomo, o artesanal, o
precarizado, o informal, o doméstico e o voluntário como expressões
das descontinuidades e da dinâmica social. Destaca-se dessa dinâmica
o tempo virtual com implicações na re-conceitualização do emprego e
na definição de parâmetros de validação e controle do trabalho.
Lembrando um caleidoscópio, a dimensão do trabalho-emprego,
como referência fundamental das relações sociais capitalistas, não responde nem às novas práticas, nem às novas demandas. A flexibilização
abriu um buraco no coração do sistema regulador, posto que existem
alternativas para as categorias empregado/empregador que a lei tenta
incorporar em sua seara, desnudando o próprio limite do Estado como
depositário de uma razão social. Assim, o trabalho tem de ser visualizado
em dois aspectos, no jurídico, que se refere aos direitos do trabalho e
ao direito ao trabalho (Reimann e Kuyumjian, 2001) e seus fundamentos sociais e econômicos. O âmbito do jurídico, caucionado pela
Constituição Federal, assegura o trabalho como direito social e prescreve
normas jurídicas rígidas para o exercício de uma atividade. A liberdade
individual está submetida ao sancionado por lei. Isso não tem impedido
o exercício do trabalho, e mais, não pode ser argumento para a redução
do direito do trabalho. Se o trabalho é um direito humano e também
um direito social, em nada justifica a redução dos direitos incorporados
na forma da lei via processos de desregulamentação para atender às
exigências da flexibilização. A desregulamentação não tem implicação
direta na absorção dos desempregados e/ou subempregados, porque
o problema não se fundamenta no trabalho, mas na racionalidade
empresarial. Não é por acaso que Giddens (1991) chama a atenção
para o caráter da transformação da vida social impulsionada pela
complexa divisão do trabalho que a ordem industrial impõe. São
mudanças que afetam as noções de classe social, de categoria
profissional e, a bem da verdade, de direitos trabalhistas.
O que se pretende salientar aqui é que o trabalho não se reduz à
racionalidade empresarial. O trabalho é uma exemplaridade da dinâmica
social, dos diferentes modos como os homens se manifestam e se
organizam, produzindo e ampliando o universo simbólico. Nessa linha
de raciocínio, defende-se a ampliação do campo jurídico para cobrir as
diversas formas de trabalho e não negar este direito sob o pretexto de
defender o direito ao trabalho. Incorre-se no equívoco de retirar da
cena política todo o esforço das lutas trabalhistas que simbolizam a
113
conquista de condições mínimas e justas de trabalho, pautadas na
concepção de justiça e de cidadania.
Afirmar que o Brasil não realizou o projeto de pleno emprego
não é um jogo de linguagem, é descortinar o modo como os lugares
sociais foram sendo construídos no contexto histórico, pelo fato da
nor matividade do assalariamento não atingir a maioria dos
trabalhadores. Ao ouvir a voz das principais matrizes capitalistas, que
uniformizavam os métodos e desintegravam as diferenças, abafou-se a
vitalidade e as múltiplas vozes e fazeres que vão existindo de modo
periférico e sob condições desconhecidas. Então, a questão a ser colocada, não está nem na dicotomia direito ao trabalho/direito do trabalho,
uma falseta, nem na contraposição entre trabalho formal e informal,
mas na capacidade do Estado de ampliar o campo jurídico para dar
visibilidade e regularidade a diferentes modos de produção, objetivando
o direito à vida, à dignidade e à cidadania, porque participar do mercado produtor, mais do que produzir riqueza, significa ter a senha de
passagem para diferentes esferas do social, mediada pelo dinheiro.
Quando os trabalhadores em informalidade afirmam desconhecer
o trabalho formal porque dele nunca participaram e porque na história
familiar ele foi periférico, estão nos informando a distância abissal entre o Estado e a realidade social. Tais trabalhadores contam com a rede
de solidariedade e a indicação de amigos e familiares para encontrar
um espaço de trabalho, claro na informalidade. Trabalhar e sobreviver
são a meta principal das famílias, agora em “situação”, posto que não
contam com o apoio institucional. Não há, pois, surpresa no fato de
começarem ainda muito jovens a trabalhar. A surpresa está no
entendimento que possuem da valorização do trabalho formal ao
afirmarem que os que se submetem a empregos formais geralmente
percebem menos pelo trabalho. O Estado não foi capaz de, em quase
um século de trabalho regulamentado, sintonizar os trabalhadores com
o discurso da legalidade e da previdência. O que lhes escapa deste
vago discurso são benefícios que desconhecem nas práticas e hábitos
comunitários, como férias, 13º salário e aposentadoria e que só fazem
sentido se agregados à massa de dinheiro disponível para reduzir as
dívidas acumuladas. Nesse sentido, compreendem mais a idéia de
receber de modo regular um salário, o que facilita ter crédito na praça
e planejar aquisições em longo prazo.
Apesar das imagens distorcidas que emergem dos discursos dos
trabalhadores informais, estes identificam, e corretamente, como
vantagem o “status” que o emprego com vínculo pode proporcionar,
em especial no funcionalismo público. Avaliam o cumprimento da jornada de trabalho imposta, metaforizada no relógio de ponto, como um
peso do qual se está livre ao trabalhar informalmente. Recurso discursivo
que só se explica como justificativa psicológica, uma vez que a
informalidade cobra com mais rigor a permanência no local de trabalho.
114
Situação complexa que absorve as mazelas do sistema e se contrapõe
ao trabalho formal, como o outro que o aliena e o distancia. A essa
leitura se junta a idéia de independência por estar livre da figura do
patrão. Isso revela duas coisas: a imagem negativa do patrão que se
constrói no interior das classes subalternas; a falseta que esta idéia
gera nos sujeitos agora submetidos à impiedosa regra do mercado consumidor, que se nutre do desejo fabricado pelos compradores. Contra
isso nada podem, porque não controlam, nem têm acesso a essa fatia
do mercado, o marketing.
Sobrevivência, vulnerabilidade e fiscalização sobressaem na
dinâmica da atividade informal. A concorrência interna não é regulada, a fiscalização ganha fórum de autonomia, a renda é duvidosa. Assim,
a vida também se torna incerta e pouco a pouco a alma e o caráter do
sujeito vão sendo minados, sucumbindo os valores éticos que dão sustentáculo ao social. Este é o grande risco que atemoriza os governos
do primeiro mundo, mais uma realidade a ser confrontada no terceiro
mundo.
Essa situação coloca em cena dois discursos, a defesa da
formalidade e a circunstancialidade da informalidade, que na condição
de desvantagem assimila e joga com o discurso da formalidade, como
uma forma de se apropriar do direito que só se concretiza na
formalidade. Dito de outra forma, o trabalhador não se reconhece no
discurso proferido pelo Estado e se apropria deste discurso para validar suas ações. Por exemplo, ao discorrerem sobre as reações
espetaculares contra o confisco da mercadoria, ao denunciarem o
desrespeito às suas atividades associativas ou comunitárias, ao
evidenciarem as atitudes de colaboração interna, ao destacarem a
prioridade com a educação, de qualidade, para os filhos, estão manifestando mais do que uma crença, mas a sintonia que mantêm com o
discurso oficial, da importância desses elementos para a vida social.
Entretanto, a fala denuncia também a inexistência de uma postura mais
crítica, posto que ao se remeterem a essas questões o fazem salientando
a atenção individual para elas e em hipótese alguma a relacionam com
a idéia ou com o ideário coletivo.
São discursos desarticulados, até porque estes sujeitos estão soltos
sem nenhuma orientação ou norte institucional que funcione como
referência e segurança, portanto, manifestam o imediatismo. Um
pasticho, por desconhecerem a essência do que falam, embora saibam
que este é um discurso autorizado e de autoridade que promove
reconhecimento e funciona como um fio condutor que oferece o direito
de falar. Nós estamos falando aqui da produção de sentidos, da
articulação discursiva como dispositivo do capital simbólico. É no campo da linguagem que as imagens e a realidade são ditas.
Estrategicamente, a formalidade ocorre ao nível da associação, legalmente registrada enquanto pessoa jurídica. Isso facilita a convivência
115
no ambiente comum a todos que ocupam um determinado espaço,
pela sistematização da limpeza e da segurança do local de trabalho,
além de se constituir como uma forma de representação junto ao
governo no que concerne à ampliação da tolerância estatal e à redução
da fiscalização, como garantias de sobrevivência e manutenção do grupo. Esse pacto de silêncio e de cordialidade produz a autoconfiança
nos trabalhador es infor mais de que sua atividade detém o
reconhecimento informal do Estado, o que não deixa de ser verdade,
principalmente porque este sabe da natureza das atividades e faz vistas
grossas. O orgulho que salta dos discursos é o fato de serem
economicamente ativos e não dependerem de programas de assistência
social. Há, pois, a consciência de que as políticas assistenciais atuam
como forma de estigmatizar e controlar os indivíduos, escondendo destes
as relações dos problemas sentidos com o contexto global da sociedade
(Faleiros, 2000).
O que se constata de mais dantesco é o fato destes existirem para
o fisco, mas serem desconhecidos das políticas públicas. Assim, além
de re-atualizarem o discurso oficial que procura consagrar um limite
arbitrário, que, neste caso, refere-se à distinção entre o formal e o
informal, ainda institui e atribui uma competência e um direito que
promove uma hierarquização na cidadania exercitada e afeta a
identidade. O imperativo está na fórmula que define prestígios e
imposições e marca territórios. O discurso proferido pelos trabalhadores
informais não indica disposições duradouras, é signo exterior que adquire
sentido no fluxo do movimento da lógica do mercado e,
conseqüentemente, por estarem fora do vínculo funcional, re-atualizam
o discurso oficial que não poderia ser outro. Até para lembrar a
contribuição de Bourdieu (1996), o discurso proferido não é e não
pode ser autêntico, paira a exigência da eficácia simbólica do discurso,
como um ritual que legitima e media as relações entre os que proferem
e os que recebem o discurso. Assim sendo, a performance é mais ou
menos esperada porque o locutor detecta da própria prática social o
que se espera que seja dito. Portanto, as políticas públicas servem mais
como balizamento de quem está dentro e de quem está fora da política
e, também, de acesso ao Estado do que como um instrumento eficaz
de inclusão social.
5 – Conclusão
O debate sobre os modos de apropriação do direito, na abrangência
da experiência dos trabalhadores informais, aponta para a quase
inexistência de políticas públicas direcionadas para estes trabalhadores
e para os dilemas do Estado em organizar e mobilizar ações que
respondam às crescentes demandas postas por esse segmento. Permanece no corpo social a imagem do Estado repressor, dificultando sua
116
capacidade de conduzir a novos pactos coletivos. Os sujeitos percebem
as políticas públicas sob um aspecto imediatista, não manifestando a
compreensão dessas políticas como direitos do cidadão e não se identificando com este cidadão que o Estado reclama. Sua existência lacunar
ganha vivacidade à medida que se vêem como parte integrante do corpo
social ou quando se submetem à especificidade do assistencialismo.
Esse é um problema novo especialmente por ser fruto do
crescimento agravado da infor malidade. Não reconhecendo a
informalidade como uma manifestação que emerge das práticas sociais,
o Estado coloca o trabalhador na informalidade em oposição às
atividades formais. Conseqüentemente, as estratégias de intervenção
governamental tendem a ser seletivas e exclusivistas, reforçando a
segregação e a desigualdade social. Talvez essas intervenções fossem
mais condizentes com a realidade, caso considerassem a informalidade
como um espaço do mercado de trabalho e não concentrassem suas
análises apenas nos movimentos cíclicos da formalidade.
Nesse novo cenário, a sociedade civil poderia ser entendida como
incorporada ao Estado, rompendo com a separação abstrata entre Estado/sociedade civil, porque o Estado não seria entendido como uma
transcendência à sociedade, mas como uma manifestação desta
sociedade. Locus no qual emerge a autoridade estatal como
demonstração do reconhecimento e da legitimidade auferidos pelos
cidadãos.
Infelizmente, o que emerge do embate da complexa situação do
mercado de trabalho contemporâneo é o fato do Estado lançar o
trabalhador, em desvantagem, desprotegido e desempregado, para fora
da arena pública. Agrava o quadro o fato deste trabalhador não ter
perfil condizente com as exigências da assistência, ficando assim lançado
à própria sorte. Isto impulsiona a continuidade da informalidade.
Coexiste, por trás da relação Estado/sociedade civil, no novo
cenário social e político brasileiro, a questão dos atores sociais que,
por meio de novas práticas sociais, vão incidir sobre a gestão da coisa
pública. Trata-se de um novo movimento a partir do qual os atores
exigem o reconhecimento e a valorização do que fazem, mas com a
certeza de que nenhum benefício será concedido pelo Estado.
Estabelece-se um campo de luta, no qual novos interesses podem ser
negociados. Para tanto, a sociedade civil deve reconhecer a importância
política do Estado e o Estado, por seu lado, deve incorporar na noção
de sociedade civil os segmentos que se fazem representar no campo
político, embora não se constituam como categoria organizada.
Essa é uma reflexão que remete à análise do político elaborada
por Maffesoli (1997) como instância que determina a vida social, porque é de lá que se garante a coesão e a coerção social. Isso permite, de
um lado, compreender a servidão voluntária, cuja lógica repousa na
117
idéia de cimento social e violência e, de outro, a ampla concepção do
político por se referir à relação com o outro. Por se remeter aos modos
como os conflitos emergem e são resolvidos.
Bibliografia
Abranches, Sérgio Henrique.(1994) “Política social e o combate à pobreza”,
em Abranches, S.H., Santos, W.G. dos & Coimbra, M.A. (eds.), Política
social e o combate à pobreza 3ª ed, Rio de Janeiro, Zahar, 9-32.
Antunes, Ricardo. (1995) Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses
e a centralidade do mundo do trabalho. 3ª ed, São Paulo, Cortez.
Antunes, Ricardo. (2000) Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação
e a negação do trabalho. 2ª ed, São Paulo, Boitempo.
Balibar, Etienne. (1992) “Inégalités, fractionnement social, exclusion, nouvelles
formes de l’ antagonisme de classe ?” em Affichard, Joëlle e Foucauld,
Jean-Baptiste de. Justice sociale et inégalités. Paris, Esprit, 149-163.
Bourdieu, Pierre. (1996) A economia das trocas linguísticas. O que falar
quer dizer. São Paulo, Edusp.
Castel, R. (1995) Les metamorphoses de la question sociale. Une chronique
du salariat. Paris, Fayard.
Castoriadis, Cornelius. (1982) A instituição Imaginária da Sociedade. 3. ed.
Rio de Janeiro, Paz e Terra.
Dalbosco, Eduardo e Kuyumjian, Marcia de M. M.(1999) “Os desafios de
Compreender o Trabalho Informal”, Ser social: revista do Programa de
Pós-Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social
da UnB, nº 5,jul,-dez.,189-220 .
Dubet, François.(1994) Sociologie de l’expérience. Paris, Seuil.
Dupas, Gilberto. (1999) Economia global e exclusão social. Pobreza, emprego,
Estado e o futuro do capitalismo.São Paulo, Paz e Terra.
Faleiros, Vicente. (2000) A Política Social do Estado Capitalista. São Paulo,
Cortez.
Farr, Robert M. (1995) “Representações sociais: a teoria e sua história”, em
Guareschi, Pedrinho e Jovechelovistch, Sandra (eds.) Textos em
representações sociais. 2ª ed. Petrópolis – RJ, Vozes, 31-62.
Filgueiras, Cristina Almeida Cunha.(1995) “Trabalho, sociedade e políticas
sociais”, Serviço Social & Sociedade, nº 49, nov., 29-42.
Freire, Lúcia M.B. (1999) “Reestruturação produtiva edesestruturação social
do trabalho no Brasil nolimiar do século XXI”, Ser social: revista do
Programa de Pós-Graduação em Política Social do Departamento de
Serviço Social da UnB, nº 5, jul.-dez.,45-64.
Fuentes, Maritzel Ríos. (1997) “Setor informal e reestruturação produtiva: uma
118
alternativa de emprego nos anos 90?”, em Carleal, Liana e Valle, Rogério
(eds.) Reestruturação produtiva e mercado de trabalho no Brasil. São
Paulo, Hucite-Abet, 357-374.
Giddens, Anthony. (1991) As conseqüências da modernidade. São Paulo,
Unesp.
Goofman, Erving. (1985) A representação do eu na vida cotidiana. 4ª ed,
Petrópolis-RJ, Vozes.
Grau, Nuria Gunill.(1998) Repensando o público através da sociedade. Novas
formas de gestão pública e representação social.Rio de Janeiro, Revan;
Brasília-DF, ENAP.
Kuyumjian, Marcia de M. M., Negrão de Mello, Maria T. F. e Santos, Carolina
C. B. (2001)“Vivências Cotidianas do Trabalho Informal em Brasília”,
Ser social: revista do Programa de Pós-Graduação em Política Social
do Departamento de Serviço Social da UnB, nº 9, jul.-dez., 187–216.
Larangeira, Sônia M. G. (1999) “Realidade do trabalho ao final do século
XX”, Ser Social: revista do Programa de Pós-Graduação em Política
Social. Departamento de Serviço Social da UnB, nº 5, Brasília, 23-44.
Leite, Marcia de P.(1997) “Reestruturação produtiva e sindicatos: o paradoxo
da modernidade”, em Leite, Marcia de P. (ed.) O trabalho em movimento.
Campinas- SP, Papirus, p. 9-30.
Maffesoli, Michel. (1997) A Transfiguração do Político – a tribalização do
mundo. Porto Alegre, Sulina.
Mattoso, Jorge. (1995) A desordem do trabalho. São Paulo, Scritta.
Moscovici, Serge. (2001) “Das representações coletivas às representações
sociais: elementos para uma história”, em Jodelet, Denise (ed.) As
representações sociais. Rio de Janeiro, Eduerj, 45-66.
Mota, Ana Elizabeth. (2000) “Cultura e Crise da Seguridade Social: um estudo
sobre as tendências da previdência e da assistência Social brasileira nos
anos de 80 e 90”. São Paulo, Cortez.
Paviani, Aldo. (1989) Brasília: a metrópole em crise: ensaios sobre
urbanização. Brasília, Editora da Universidade de Brasília.
Pereira, Potyara A. P. (1983) A Política Social no Contexto das Políticas
Públicas (Funções e Tendências), Série Serviço Social, Nº 8. Brasília,
UnB, Mimeo.
Pereira, Potyara A. P. (1994) Concepções e Propostas de Políticas Sociais
em Curso: tendências, perspectivas e conseqüência, Brasília, NEPOS/
CEAM/UNB, Mimeo.
Pochmann, M. (1999) O trabalho sob fogo cruzado. São Paulo, Contexto.
Reomann, Marcos F. (2002) Cidadania e contratos atípicos de trabalho. As
políticas sociais e o ordenamento do trabalho. Porto Alegre, Sergio
Antonio Fabris Editor.
Reimann, Marcos F., Kuyumjian, Marcia de M.M. (2001) “Direito humano e
119
direito social: para onde vai o trabalho?”, Revista de Informação Legislativa, Ano 38, Nº 150, Brasília: Senado Federal/Secretaria Especial de
Editoração e Publicações/Subsecretaria de Edições técnicas, abr.- jun.,
145-155.
Sennett, R. (1999) A corrosão do caráter: as conseqüências pessoais do
trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro, Record.
Telles, Vera da Silva. (1990) “Espaço Público e Espaço privado na Constituição
do Social: notas sobre o pensamento de Hannah Arendt”, Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, nº 2(1), jan.-jun., 23-48.
120
Resumo
A análise nesse texto está fundamentada nos resultados de uma
pesquisa interdisciplinar, cujo eixo
analítico é o trabalhador na
informalidade. O objeto de estudo
refere-se ao modo como os
trabalhadores se organizam nos vazios
criados pelo processo de regulação do
trabalho. Considera-se como plano de
observação a cidade de Brasília com
o objetivo de compreender o
movimento do trabalho informal em
face da concepção de direito e das
políticas públicas. Interessa saber
como os trabalhadores se apropriam
das políticas sociais e dos direitos de
cidadania.
Os resultados da análise dos dados empíricos correlacionados à
discussão conceitual apontam para a
quase inexistência de políticas públicas direcionadas para esses
trabalhadores, para os dilemas do Estado em organizar e mobilizar ações
que respondam às crescentes demandas desse segmento. Ao mesmo
tempo, os resultados informam sobre
o modo imediatista como os
trabalhadores percebem as políticas
públicas.
Abstract
The analysis of this text is based
on the results of an interdisciplinary
research, whose main analytical
development is the workers in the
informality. The object of the present
study refers to the way workers
organize themselves in the voids
generated by the process of work
regulation. The city of Brasília is
considered as the focus of
observation, in order to understand
informal labor movement in relation
to legal conception and public policies.
It is of interest the knowledge as how
workers preempt social policies and
civil rights.
The results of the analysis of
empirical data correlated with conceptual discussion points out to the almost
inexistency of public policies directed
toward these workers; to the State
dilemmas in organizing and mobilizing
actions that respond to the growing
demands of this segment. At the same
time,
results
inform
about
“immediatist”
ways
as how workers perceive public
policies.
Palavras-Chave: trabalho informal, Estado, representação social,
políticas sociais, direitos sociais.
121
Flexibilização do mercado de
trabalho e Novas formas de
mobilidade: Carreiras femininas
no setor terciário1
Isabel Pauline Hildegard Georges
1. Introdução
No contexto atual da globalização da estrutura produtiva e das
relações de trabalho, observa-se uma série de transformações, relativas à oferta e à procura de trabalho, com repercussões particulares
sobre a atividade feminina. Essas tendências gerais, como a terciarização
da economia, a diversificação dos estatutos de emprego e do emprego
formal, contribuíram para o desaparecimento progressivo das carreiras
profissionais contínuas «tradicionais» dos dois lados do Atlântico, até
mesmo para os homens — o que certos autores chamaram de
«brazilianização do Oeste» (Beck, 2000)2. Tratar-se-ia realmente de uma
evolução paralela nos dois continentes?
Enquanto na Europa — apesar de uma perda relativa de
importância — a ascensão profissional dos(s) trabalhadores(as) está
relacionada principalmente ao empo de serviço e às qualificações adquiridas na mesma empresa, ou eventualmente na mesma área, no
Brasil, em particular nos empregos subalternos, a mobilidade profissional
1
Artigo baseadoeu seminário realizado no dia 15 de agosto de 2003, no Cebrap. Agradecemos,
notadamente, à Profa. Doutora Helena Hirata e à Profa. Doutora Márcia de Paula Leite, entre
outros(as), por seus comentários e sugestões.
2
«The unintended consequence of the neoliberal free-market utopia is a Brazilianization of the West
(…) As new developments show in the so-called highly developed economies, this nomadic ‘multiactivity’ – until now mainly a feature of female labour in the West – is not a premodern relic but a
rapidly spreading variant in the late work-societies, where attractive, highly skilled and well-paid
full-time employment is on its way out.» (Beck, 2000: 1-2).
122
está associada especialmente ao grau de formalidade do emprego (com
ou sem «registro em carteira») e, mais particularmente, às vantagens
sociais a ele vinculadas, como nível de salário, seguro desemprego,
13°, licença-maternidade e convênio de saúde, isto é, a um mínimo de
direitos sociais. Nesse sentido, segundo nossa hipótese de trabalho, do
lado europeu os padrões de mobilidade se referem, de forma geral m
num primeiro momento, à classificação do emprego segundo o nível
hierárquico (mobilidade vertical), inclusive nos níveis subalternos. No
Brasil, esstes padrões estariam ligados ao grau de formalidade do
emprego e às vantagens sociais a ele relacionadas (mobilidade horizontal) (Hughes, 1937) 3. Levando em conta uma temporalidade diferente destsas evoluções, seriaé possível considerar o Brasil como um
laboratório social de novas formas de mobilidade?
Na França, os estudos feministas introduziram a distinção fundamental entre o status social do trabalho e do emprego4 no campo da
Sociologia do trabalho desde os anos 70. Nessa linha de pesquisa — a
Sociologia do emprego — um primeiro conjunto de estudos sobre o
setor de telecomunicações na França e na Alemanha (Georges, 2000)
confirmou que o estatuto estatuto do trabalho e do emprego é uma das
determinantes das trajetórias socio-profissionais das mulheres (Georges,
2002).
Entretanto, no contexto brasileiro, que se caracteriza por uma
grande heterogeneidade das de situações individuais e de status estatutos de emprego, essa diferenciação entre o trabalho e o emprego é
pertinente? Se for o caso, como esses diferentes do trabalho e do
emprego se articulam com as formas de heterogeneidade do mercado
de trabalho?
Tendo como pano de fundo as evoluções da atividade feminina
na Europa, e mais particularmente na França e na Alemanha, o objetivo deste artigo é analisar os padrões de mobilidade de mulheres no
mercado de trabalho brasileiro nos seus segmentos menos qualificados.
Todavia, como nosso interesse é pesquisar as formas de mobilidade
vertical/horizontal, analisaremos esses padrões a partir de um
subsegmento relativamente qualificado do setor dos serviços5, o setor
de telemarketing. Nesse sentido, este artigo se propõe a analisar as
formas de mobilidade num segmento formal da economia — caso da
3
O conceito de «carreira horizontal» (entre atividades do mesmo nível hierárquico) foi elaborado
por Hughes (1937) notadamente para a análise de atividades de baixo status social, com o objetivo
de incluir tanto a carreira objetiva do indivíduo quanto sua percepção subjetiva sobre o conjunto de
sua trajetória.
4
Esses conceitos definem o trabalho como «a atividade de produção de bens e serviços e o conjunto
das condições de exercício dessa atividade» e o emprego como «as modalidades de acesso ao mercado de trabalho e a tradução da atividade laboriosa em termos de status sociais» (Maruani, 1989,
1993, 2003).
5
Em comparação com outros segmentos, como o emprego doméstico.
Flexibilização do mercado de trabalho e ...
123
maioria dos empregos no setor de telemarketing. Nosso objetivo aqui
é partir das considerações de Lautier (1991), que criticou a distinção
dos conceitos de formal e informal da economia baseando-se em uma
análise da diversidade do trabalho informal no Brasil que mostrou a
sua enorme heterogeneidade. O argumento de Lautier, ao criticar o
argumento de informalidade para o caso brasileiro justificava-se pelo
fato de que frente à enorme heterogeneidade de situações que poderiam
ser enquadradas na informalidade, o conceito perdia sua capacidade
analítica. Quadro semelhante encontramos agora no que se refere a
situações relacionadas ao emprego formal: trabalhos cooperativados;
exercidos em empresas terceirizadas, ainda que com careira assinada;
ou que associam empregos registrados e sem registro expressam uma
realidade também bastante heterogênea que aponta para diferentes
graus de formalidade.
Outro aspecto interessante é a masculinização recente desses
empregos: poderia ela ser considerada como a generalização de formas de mobilidade tradicionalmente femininas, no contexto atual de
precarização do conjunto da população ativa, inclusive suas camadas
mais qualificadas?
A pesquisa empírica, as observações e entrevistas em que é baseada
a análise apresentada neste artigo foram realizadas entre março e
novembro de 2002, no quadro de minha pesquisa de pós-doutorado,
Trabalho e emprego: comparação internacional entre trajetórias de
atividade feminina (Alemanha, França, Brasil) (Georges, 2003b)6,
vinculado ao projeto temático Gestão local, empregabilidade de gênero
e raça: uma experiência de política pública na região do ABC paulista
do Programa de Políticas Públicas da FAPESP (Guimarães e Leite (org.),
2003a).
A diversidade crescente das relações de trabalho gerou a
necessidade de realização da pesquisa de campo em quatro empresas
de telemarketing e duas agências de intermediação de emprego. As
entrevistas (32 no total; nove com sindicalistas e gerentes, 23 com
operadores(as) de telemarketing, sendo 17 mulheres e 15 homens, cf.
anexo) e as observações das situações de trabalho foram conduzidas
em seis lugares diferentes: I) em um banco situado em São Paulo
(Organização A: três visitas — dois gerentes, um empregado); II) em
uma grande empresa terceirizada situada na região do ABC, em São
Bernardo (Organização B: quatro visitas — um gerente, duas supervisoras, seis empregados(as)7); III) em uma empresa terceirizada de fim
de linha, atuando no setor bancário, situada em São Paulo (Organização
C: uma visita — um gerente, dois empregados(as)); IV) no sindicato
6
7
Relatório de pesquisa de setembro de 2003 para a FAPESP (Proc. FAPESP N. 01/10162-0).
O principal cliente desta empresa é a antiga empresa das telecomunicações, em situação de
monopólio até o final dos anos 1990.
124
único do setor do telemarketing, Sintratel (Sindicato dos Trabalhadores
em Telemarketing e Rádio Chamada do Estado de São Paulo) 8
(Organizações D e E: sete visitas — um presidente, seis operadores(as)
de empresas de telemarketing terceirizadas, localizadas em São Paulo);
V) em uma agência pública e sindical de emprego situada em Santo
André (Organização F: quatro visitas — um diretor executivo, um gerente e sete operadores(as) de telemarketing empregados(as) pela central); VI) em uma ONG (Organização G: uma operadora).
O objetivo deste artigo é, em um primeiro momento, evidenciar
as particularidades do contexto da atividade feminina no Brasil numa
perspectiva comparativa (França, Alemanha, Brasil). Dentro deste
quadro, em um segundo momento, trata-se de trazer à luz alguns elementos característicos da diversidade das relações de trabalho no Brasil, a partir da análise do setor de telemarketing. Num terceiro momento, analisaremos , os laços entre a diversidade das relações de
emprego e as novas formas de mobilidade dos(das) trabalhadores(as).
As evoluções da atividade feminina numa perspectiva comparativa: o crescimento do trabalho das mulheres e suas for mas de
precarização
Além da constatação de algumas similitudes entre os três países
pesquisados (Alemanha, França, Brasil), quanto às evoluções do perfil
e do comportamento das mulheres em relação ao trabalho como um
movimento generalizado de aumento do trabalho das mulheres, apesar
de uma temporalidade e uma amplitude dos fenômenos diferentes,
observam-se no contexto atual da globalização novas formas de
precarização da mão-de-obra dos dois lados do Atlântico. Quais são as
dinâmicas dessas evoluções e, mais particularmente, as similitudes e
diferenças entre essas formas de precarização?
Na maioria dos países europeus, como Alemanha e França, mas
também no Brasil, o fato social mais importante das últimas décadas,
em relação ao trabalho das mulheres, é o aumento do trabalho
assalariado. As mulheres não se retiram mais do mercado de trabalho,
mesmo durante períodos de crise. Contudo, enquanto se trata de uma
tendência longa no caso da Alemanha e da França, onde as taxas de
atividade das mulheres em idade de trabalhar (entre 15 e 65 anos na
Alemanha; entre 15 e 64 anos na França) estão hoje próximas às do
início do século, com parênteses nos anos 1950 (Marry, 1998a), no
Brasil trata-se de uma evolução mais recente. Além disso, o perfil da
mão-de-obra mudou: as mulheres não param mais. Trabalham de
maneira contínua e permanente, assim como são mais escolarizadas e
mais velhas.
8
Trata-se de empresas mencionadas nas entrevistas realizadas com sócios do sindicato.
125
No Brasil, desde o início dos anos 1970, e mais particularmente
desde a primeira metade dos anos 80, a proporção de mulheres ativas
aumentou de maneira contínua (Lavinas, 1997, 1999; Bruschini et al.,
2002). O número de mulheres ativas em idade de trabalhar (entre 10 e
65 anos) passou de 36,9% em 1985 para 48,9% em 20019, e na
RMSP (Região Metropolitana da São Paulo), para 49,8% 10 . Essa
mudança parece ainda mais importante quando se considera a crise de
desemprego que marcou esse período: mesmo durante as crises, as
mulheres também procuram mais freqüentemente um trabalho. Em
2001, a taxa de desemprego das mulheres era de 11,9%, contra 7,5%
dos homens; no mesmo ano; na RMSP11, ela era de 15,1%, contra
11,6% dos homens 12 (Bruschini et al., 2000). Essas evoluções
correspondem às transformações gerais da atividade feminina.
Na Alemanha e na França, a taxa de atividade das mulheres era,
respectivamente, de 49% em 1925, 44% em 1950 e 56% em 1990
(Frevert, 1986; Maier, 1993), e de 55% em 1911, 43% em 1954 e
56% em 1990 na França (Marchand et al., 1997). Em 2000, a
proporção de mulheres na população economicamente ativa subiu de
40,9% em 199113 para 43,9% na Alemanha, e de 44,3% para 45,8%
na França14. Embora os estudos feministas mostrem que as mulheres
sempre trabalharam (Battagliola, 2000; Rogerat, 1998; Perrot, 1978),
é apenas a partir do final dos anos 60 que a norma do trabalho
assalariado se generalizou. Essa mudança estrutural está vinculada às
transformações da oferta de trabalho, isto é, às necessidades das empresas (Huet, 1982), mas também às mudanças do comportamento
das mulheres. As orientações das mulheres para empregos do setor
público, mesmo de baixo status, como os empregos administrativos do
correio e do setor das telecomunicações, por causa da estabilidade do
emprego, contribui para essa transformação (Georges, 2000, op. cit.,
2001).
Esse movimento não foi interrompido pela crise do desemprego
dos anos 80 (Bouillaguet-Bernard et al., 1981). Na França, como na
Alemanha, as taxas de desemprego das mulheres continuam sendo
maiores que as dos homens (em 2000, respectivamente, 11,5% para
9
Fonte : IBGE-PNAD, 2001.
10
Nesta região, segundo a PED (2001), a taxa de desemprego (desemprego com trabalho precário,
desemprego aberto e desemprego pelo desalento) era de 20,6% para as mulheres, contra 14,7%
dos homens.
11
Segundo a PED (2001), a proporção de mulheres ativas em idade de trabalhar passou para
45,5%, o que corresponde a 45% da PEA ocupada.
12
IBGE/PNAD, 2001, número de não ocupados/PEA.
13
Nesta data, os dados se referem à Alemanha Ocidental, antes da reunificação, enquanto em 2000
trata-se da Alemanha reunificada.
14
Fonte: Eurostat, Alemanha reunificada; na França, no mesmo ano e para a mesma faixa etária,
para 61,7%, segundo a Enquête-Emploi da INSEE.
126
as mulheres e 7,8% para os homens, assim como 8,3% para as alemãs
e 7,6% para os alemães) 15. Além disso, as mulheres que resistem no
mercado de trabalho, de uma maneira geral, sofrem uma alteração de
suas condições. Como observa Margaret Maruani, elas «pagam um preço
alto para ficar de uma maneira ilegítima no mercado de trabalho. A
crise do emprego não expulsou as mulheres do emprego, mas
transformou as condições de trabalho» (Maruani, 1996).
Essas evoluções, porém, seguem dinâmicas diferentes: na Europa, as formas de desqualificação do trabalho feminino estão ligadas,
num primeiro momento, ao trabalho assalariado. De fato, com o aumento do desemprego, diversos estudos começam a chamar a atenção
para formas de exclusão dos indivíduos dos sistemas de proteção social
do Estado providência, construídos de forma concomitante com a
generalização da norma do trabalho assalariado (Schnapper, 1989;
Castel, 1995). Nessa linha de pesquisa, os trabalhos mais recentes
apontam para a grande variedade dos tipos de uso do conceito de
precarização (précarité em francês), inclusive na França e na Europa
(Barbier, 2002), assim como para as diferenças entre as categorias de
trabalhadores(as) e seus direitos. No Brasil, o aumento do trabalho
feminino está sendo acompanhado de um movimento de
«desassalariamento». Dessa forma, enquanto no contexto europeu
aparecem formas de desqualificação do trabalho feminino assalariado
— por exemplo, com o aumento do trabalho em tempo parcial, uma
forma de trabalho chamado atípico nesse contexto, cujos efeitos sobre
a evolução da atividade feminina já foram analisados (Angeloff, 2000;
Daune-Richard, 1993; O’Reilly, 1995 ) —, e crescem os
«trabalhadores(as) pobres» (Maruani, 2002), que indicam uma
pauperização dos assalariados, no Brasil, como mostram muitos estudos,
a análise da atividade das mulheres necessita de uma ampliação e de
uma redefinição do quadro de análise em relação ao caso europeu em
razão do peso da informalidade. A comparação da evolução das taxas
de atividade dá uma visão parcial desse processo. No início dos anos
90, aproximadamente 40% da população economicamente ativa
brasileira, fora a agricultura, trabalhava sob relações de informalidade,
definida pela «pequena escala e pelo baixo nível de organização e
inexistência de separação entre capital e trabalho» (Abreu et al., 1994:
154) 16. Em um contexto de forte queda dos empregos regidos por contratos em curso nos anos 90, principalmente no setor industrial, as
atividades informais (os assalariados sem registro em carteira e os
trabalhadores por conta própria) garantiram o essencial da flexibilidade
do emprego: eles representam hoje mais da metade dos empregos
(Guimarães (org.), 2002a, 2000). A ausência da carteira de trabalho
15
16
Desemprego no sentido do BIT. Fonte : Eurostat, Enquêtes sur les forces de travail.
Os autores se referem aos suplementos da «Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios», que
concernem às condições de trabalho (porte da empresa e tamanho do local de trabalho).
127
significa a perda dos direitos mínimos de cidadania do trabalhador. Em
2001, 50,5% da população economicamente ativa do país (49,5% de
mulheres e 51,1% de homens) e 41,5% da PEA da Região Metropolitana de São Paulo (43,3% de mulheres e 40,1% de homens) não tinham
registro em carteira 17.
No entanto, o uso do conceito de «setor informal» da economia
necessita de algumas observações prévias. A expressão nasceu no início
dos anos 1970, no contexto dos estudos clássicos sobre o Quênia, e
foi criada pela Organização Internacional de Trabalho (OIT, 1972).
Portanto, segundo Dedecca e Baltar (1997), nos anos 70, a
heterogeneidade do mercado de trabalho parecia o resultado de uma
oferta excedente de trabalho pouco qualificado, formada pelos
trabalhadores recentemente chegados aos centros urbanos, enquanto
nos anos 80 e 90 ela é a consequência da assim chamada reorganização
produtiva do setor formal e das demissões consecutivas. Na ausência
de uma proteção social ao desemprego eficaz, a redução da oferta do
trabalho assalariado, para esses autores, parece provocar um aumento
das atividades informais.
Todavia, conforme já explicitamos, tendo em vista a diversidade
de situações de trabalho (de remuneração, de proteção social, de
tamanho da empresa etc.) dos(das) trabalhadores(as) no setor informal
da economia, nada indica a consistência científica desse conceito (Lautier
et al., 1991, op. cit.). Nessa mesma direção, consideramos um achado
importante do nosso estudo a evidência da enorme heterogeneidade
do emprego no setor de telemarketing.
Além da distinção entre trabalho formal e informal, e as suas
influências sobre as condições de trabalho, a literatura aponta uma
variedade de formas de trabalho, as assim chamadas formas de trabalho
atípico, como o trabalho a domicílio, o trabalho em tempo parcial e o
trabalho terceirizado. De acordo com essa literatura, as condições de
trabalho das empresas terceirizadas e as do setor informal são parecidas, notadamente por causa dos seus efeitos sobre a saúde dos(as)
trabalhadores(as) (Hirata, 1998: 19). Por exemplo, em 1996, o salário
médio dos trabalhadores(as) das empresas terceirizadas era apenas a
metade do salário médio do total da população ativa ocupada 18 .
Também, como mostraram os nossos próprios estudos no Brasil sobre
o trabalho no setor de telemarketing — em grande parte terceirizado
17
Fonte: IBGE/PNAD, 2001. Inclusive empregados-outros, domésticos sem carteira, trabalhadores
por conta própria, trabalhadores na produção para o próprio consumo e trabalhadores na construção
para o próprio consumo. A categoria dos trabalhadores por conta própria inclui tanto aqueles que
escolheram esta situação por iniciativa própria como os constrangidos a essa situação (por iniciativa do empregador, por exemplo, a fim de não pagar os encargos sociais). Levando em conta só as
categorias dos empregados-outros e os(as) domésticos(as), a proporção de homens e mulheres invertese em relação ao conjunto das diferentes categorias de trabalhadores(as): no nível nacional, 24,2%
da PEA não têm registro em carteira (26,7% de mulheres e 22,4%
18
Fonte : PED, 1996, in: Posthuma (org.), 1999: 137.
128
— o trabalho, embora predominantemente formal, se assemelha, pelas condições de acesso19 e em que é exercido, ao trabalho informal
(Georges, 2003b, op. cit.). Vale destacar a forte presença do trabalho
feminino nas empresas terceirizadas do setor dos serviços.
Dessa forma, enquanto na Europa, a crise dos anos 80 e 90
provocou uma mudança das condições de trabalho, em particular das
mulheres, assim como uma interrogação sobre as formas de acesso ao
sistema de proteção social dos indivíduos, no Brasil, a crise dos anos
90 incitou, de um lado, uma ampliação do assim chamado trabalho
informal, ao mesmo tempo em que provocou, de outro lado, uma
diminuição das vantagens salariais (níveis de salário, convênio médico
etc.) de parcelas importantes do setor formal. Nesse sentido, infelizmente, pode-se considerar que o Brasil de certa forma cumpre um
papel precursor em relação às tendências atuais do mercado de trabalho
global, apesar das evoluções históricas e amplitudes diferentes dos
fenômenos observados — motivo pelo qual o caso brasileiro estará no
centro da análise. Paradoxalmente, no Brasil, esse enfraquecimento
dos laços salariais formais estimulou uma valorização crescente do
trabalho formal, isto é, um aumento da demanda por esse tipo de
trabalho, como atesta, por exemplo, o aumento das taxas de
desemprego — e da procura de emprego 20 . Neste contexto, vale
perguntar como, num segmento específico do mercado de trabalho
brasileiro — o setor de telemarketing — se manifesta concretamente
essa heterogeneidade crescente, inclusive do trabalho formal? E quais
as suas relações com as formas de mobilidade dos(as) trabalhadores(as),
em particular das mulheres?
2. A diversidade das relações de trabalho: o setor de
telemarketing brasileiro
No início do século XXI, o setor de telemarketing brasileiro ou,
mais particularmente, a área da telemática, constituem um segmento
do mercado de trabalho emergente, na ponta do progresso da
tecnologia, muito dinâmico em termos de volume de emprego e em
vias de expansão 21. Ao contrário da Europa, em particular França e
Alemanha, ele tem um peso significativo na economia nacional. Todavia,
esse setor se caracteriza por uma grande heterogeneidade interna, neste
19
Para aceder aos empregos formais neste setor, é preciso passar pela informalidade (trabalho em
cooperativas fraudulentas, em agências de trabalho temporário etc.), como veremos mais adiante.
20
O aumento das taxas de desemprego atesta que os(as) trabalhadores(as) estão tomando a iniciativa de fazer a sua inscrição nos órgãos oficiais de procura de emprego (agências públicas de emprego,
por exemplo) para poderem se beneficiar das vantagens do seguro-desemprego,.
21
Convém destacar, porém, que se trata, na maioria desses empregos, de uma transferência de
empregos de segmentos mais protegidos do mercado de trabalho para os seus segmentos menos
favorecidos, e não de uma criação de empregos. Segundo esta tese, observamos uma desqualificação
crescente dos empregos (Venco, 1999).
129
ponto emblemática das evoluções atuais do mercado de trabalho
brasileiro e, em particular, da atividade feminina. Como caracterizar a
relação entre essa heterogeneidade e as formas de mobilidade dos(as)
trabalhadores(as)? Neste contexto, focalizaremos, notadamente, a
importância que as mulheres conferem a seu trabalho e ao seu emprego
neste setor.
O papel precursor deste setor moderno na economia brasileira
(Segnini, 2000), em comparação com a Europa, transparece através
do seu volume relativo e da sua taxa de crescimento: enquanto na França
e na Alemanha o setor representava, respectivamente, entre 130.000
e 250.000 (2001)22 e 120.000 (1999) 23 pessoas, no Brasil, em 2002,
no total, cerca de 400.000 pessoas trabalhavam na área de
telemarketing no nível nacional e 100.000 pessoas no estado de São
Paulo24. A taxa de crescimento anual do setor é de 30%. Como já
dissemos, na maioria dos casos são empregos formais e de um nível de
escolarização relativamente elevado (segundo grau completo ou terceiro
incompleto), notadamente tomando em conta o nível de formação geral
muito mais baixo da população no Brasil em comparação com a Europa. É preciso saber escrever, ler, falar de forma educada e usar um
computador. Entretanto, a rotatividade dos(as) trabalhadores(as) é muito
importante: a duração média de um emprego na mesma empresa é de
um ano e meio, e a duração no mesmo ramo de atividade é de 4 anos25.
Nesse sentido, estruturalmente, é um segmento que se caracteriza por
uma mobilidade ascendente dos(as) trabalhadores(as), especialmente em
direção a outras atividades, mais prestigiadas, do setor terciário e também,
em certos casos, de uma mobilidade descendente, no caso de
reconversões profissionais de pessoas oriundas de atividades que se
encontram em declínio no momento (como o secretariado, por exemplo).
3. Primeiro elemento de diversidade: o telemarketing, um
setor residual e emergente
Ao contrário de uma representação comum nos países do centro
— em particular a França e a Alemanha — , de que se trata de uma
população homogênea, jovem e feminina, em uma situação de trabalho
temporária, no Brasil, essa população se caracteriza por uma grande
variedade de casos, de situações de trabalho e trajetórias. Aqui, o contexto das privatizações no setor das telecomunicações, que dividiu o
22
Pesquisas Cesmo e Datamonitor.
23
Pesquisa Michel Media Research and Consulting (MMB), 1999, in: Michel, 2001.
24
Segundo informações do sindicato único deste setor, Sintratel. Entretanto, levando-se em conta
que se trata de um setor muito recente, o tempo de permanência no mesmo ramo não pode ultrapassar
essa duração, já que antes o setor não existia.
25
Fonte: Sintratel.
130
país em três regiões (Norte-Leste, Centro-Oeste-Sul e parte das Região
Norte e S;ão Paulo), da venda da concessão da exploração telefônica
para uma companhia estrangeira, a Telefónica de España, e da
terceirização do conjunto das atividades de serviço para uma outra
empresa estrangeira (Larangeira, 2003) ajudou a criação de um meio
de trabalho intersetorial (setor das telecomunicações, bancário, viagens
etc.). Essa situação de transição poderia ser favorável à utilização de
uma mão-de-obra temporária ou com características semelhantes à
européia. Todavia, os nossos resultados mostram uma grande variedade
interna da população entrevistada (32 pessoas, no total, em seis empresas e intermediárias de emprego — sindicato, cooperativa etc.) em
termos de sexo (ver Tabelas 1, 2 e 3), de idade, de cor (ver Tabela 3) e
de tempo de empresa.
Tabela 1- Entrevistas realizadas por sexo
Mulheres
Homens
Total
Organização A
0
3
3
Organização B
6
3
9
Organização C
1
2
3
Organizações D e E (no sindicato)
4
3
7
Organização F
5
4
9
Organização G
1
0
1
17
15
32
Total
Tabela 2 - Entrevistas realizadas por sexo
e nível hierárquico
Nível
hierárquico
Sexo
Gerência
Subtotal
Mulheres
Homens
Organização A
0
2
Organização B
2
1
Organização C
0
Organizações D
e E (no sindicato)
Operadores
(as)
Subtotal
Total
Mulheres
Homens
2
0
1
1
3
3
4
2
6
9
1
1
1
1
2
3
0
1
1
4
2
6
7
Organização F
0
2
2
5
2
7
9
Organização G
0
0
0
1
0
1
1
Total
2
7
9
15
8
23
32
131
Tabela 3 - Entrevistas realizadas por sexo e raça
Raça/sexo
Branca
Negra
Total
Mulheres
13
4
17
Homens
11
4
15
Total
24
8
32
O grupo dos(as) operadores(as) e da gerência imediata (25 pessoas
no total) caracteriza-se por várias divisões internas. Assim, encontramos dois grandes grupos distintos por idade: um primeiro grupo, de
«jovens» entre 19 e 29 anos (16 pessoas), e um segundo grupo de
indivíduos com idade entre 31 e 50 anos (9 pessoas). O primeiro grupo
é composto por oito homens e oito mulheres; o segundo é exclusivamente feminino.
O primeiro grupo de mais jovens tem uma segunda subdivisão por
idade, nível de qualificação e estado matrimonial. Entre os homens,
tem um grupo com mais idade (mais perto dos 30 que dos 20 anos),
casados e/ou com filho, que pararam os estudos no segundo grau. Os
mais jovens (mais perto dos 20 que dos 30 anos) são solteiros, vivem
ainda com os pais e estão na perspectiva de ingressar na Universidade.
Entre as mulheres do primeiro grupo, observa-se a mesma diferenciação.
Entretanto, as mulheres mais jovens possuem níveis de escolarização
mais elevados (terceiro grau incompleto, estudos de engenharia etc.).
As mulheres do segundo grupo, com mais idade, são divididas por
nível de estudos: uma minoria tem o terceiro grau completo (3), e as
outras (6) têm o segundo grau completo. Elas são casadas e/ou têm
filhos.
No conjunto, relativamente poucas pessoas (7) se encontram no
início de sua trajetória profissional (entre as quais 5 homens), evidenciando que o trabalho de telemarketing não pode ser considerado um
trabalho complementar, temporário etc., o que poderia justificar, do
ponto de vista dos gestionários, os baixos salários e a quase ausência
de possibilidades de promoção. De uma for ma geral, a sobreescolarização das mulheres dos dois grupos, em comparação com os
homens, reflete a sua situação geral em relação à escolaridade no mercado de trabalho: o nível de escolaridade das mulheres é, de uma forma
geral, superior ao dos homens. As mais novas cultivam como horizonte
profissional uma inserção correspondente ao seu ramo de estudos; as
com mais idade ocupam, em dois terços dos casos, um emprego de
nível de gerência. Os(as) operadores(as) negros(as) e com uma origem
social mais baixa (filho de empregada doméstica, de almoxarife, faxineiro
etc.) (5) encontram-se entre os homens do primeiro grupo, mais perto
dos 30 anos, e entre as mulheres do segundo grupo (entre 31 e 50
132
anos), com um nível de escolarização mais baixo (segundo grau completo). Nestes casos, são quase exclusivamente trajetórias de reconversão
profissional, com uma mobilidade ascendente, a partir de outras
atividades do setor terciário e/ou industrial, consideradas menos prestigiadas (garçom, operadora de máquina na indústria têxtil), geralmente
ligadas ao acesso tardio ao segundo grau completo (condição básica
para o recrutamento). Nestes resultados, é analiticamente interessante
observar a heterogeneidade interna do setor no momento de sua
constituição: de um lado, a população dos(as) trabalhadores(as) é
composta por pessoas jovens, com um nível de formação relativamente elevado, no início de sua vida profissional, que estamos chamando
de «emergentes»; mas, de outro lado, na sua grande maioria, no caso
do Brasil, são pessoas com experiências profissionais, sociais e escolares anteriores importantes e diversas, que estamos denominando de
parte «residual» 26. Em parte, é a diversidade de suas perspectivas sociais
e profissionais que contribui para o valor social deste trabalho ainda
pouco determinado, assim como para o seu status futuro.
4. Segundo elemento de diversidade: a organização sindical intersetorial
As dificuldades de organização e de intervenção sindical no setor
de telemarketing contribuem para sua heterogeneidade27. Elas estão
associadas a vários fatores. Em primeiro lugar, diferentemente da
França, no Brasil, a intervenção dos sindicatos depende de sua
territorialidade: os(as) trabalhadores(as) de uma empresa serão representados por um único sindicato, o que pode facilitar a escolha de um
sindicato mais vantajoso do ponto de vista patronal, em caso de dúvidas
sobre o setor de atuação da empresa. Em segundo lugar, a taxa de
sindicalização e o grau de informação dos(as) trabalhadores(as) são
pouco importantes28, ao contrário de sua mobilidade intersetorial. Em
terceiro lugar, a diversidade de relações de emprego e de situações
individuais concorre para a dificuldade de definição setorial, isto é, da
área de intervenção dos sindicatos. Por exemplo, um(a) trabalhador(a)
empregado(a) por uma empresa terceirizada do setor bancário pode,
em alguns casos, tanto ser representado(a) pelo sindicato dos
26
Diferentemente da situação européia, a maior proporção de pessoas com um passado profissional
variado reflete certamente o aumento dos níveis de escolarização ainda recente no Brasil, notadamente
dos(as) trabalhadores(as) de mais idade, com acesso tardio à escolaridade.
27
Porém, trata-se de uma relação de reciprocidade : a heterogeneidade setorial dificulta a intervenção
sindical.
28
O sindicato da categoria — Sintratel (Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing e Empregados
de Empresas de Telemarketing da Cidade de São Paulo e Grande São Paulo), filiado à CUT, foi
fundado em 1992 pelos funcionários do serviço de pesquisa da Folha de São Paulo e funciona
desde 1994. O sindicato existe por meio das contribuições dos sócios com empregos formais, isto
é, 16.000 trabalhadores(as) no Estado (dos cerca de 100.000), que contribuem com 1% do salário
mensal.
133
trabalhadores(as) do setor de telemarketing quanto pelo sindicato do
setor bancário. O mesmo se aplica ao caso dos(as) trabalhadores(as)
cooperados(as). Um quarto elemento tem parte nesses problemas de
delimitação: o conteúdo do trabalho, especialmente para algumas
categorias de trabalhadores(as) subalter nos(as), como os(as)
teleatendentes, -assim como as tecnologias utilizadas nos diferentes
setore - é muito parecido. Por exemplo, as tecnologias utilizadas no
setor das telecomunicações, mas também no setor bancário (Georges,
2003a), assim como no setor de viagens e transporte (entrega de alimentos em domicílio) são muito semelhantes. De forma adicional, as
relações de trabalho transformam-se muito rapidamente. O conjunto
desses fatores favorece uma aplicação pouco rigorosa das leis
trabalhistas e o uso abusivo da mão-de-obra por parte das empresas.
5. Terceiro elemento de diversidade: a rotatividade dos(as)
trabalhadores(as), e as condições de trabalho
Assim como as dificuldades de organização sindical, as condições
de trabalho estão sendo definidas por um conjunto de fatores. É possível
considerar que elas representam um dos motivos da rotatividade dos(as)
trabalhadores(as)? Apesar do grau importante de formalidade dos
empregos nesse setor — a quase totalidade dos contratos de trabalho é
do tipo CLT — o tempo médio de empresa é de um ano e meio, e no
mesmo ramo de atividade de quatro anos, como já mencionamos. Segundo a nossa hipótese de trabalho, os(as) trabalhadores(as) tomam a
iniciativa de mudar de emprego em parte por causa das condições de
trabalho, como o baixo nível de salário.
O piso salarial determinado pela Convenção Coletiva da categoria
era de R$ 416,00 para o mensalista e de R$ 381,00 para o
comissionado e passou, na campanha salarial de 2002, para R$ 441,00
e R$ 404,00 respectivamente, o que significa um aumento de 6%. O
horário de trabalho, determinado também pela Convenção Coletiva, é
de 6 horas por dia, com uma pausa de 15 minutos, de segunda a sábado. Em geral, os horários de trabalho são das 8 às 14 horas, das 14 às
20 horas ou das 20 às 2 horas da manhã.
As formas de controle têm igualmente um papel importante na
definição das condições de trabalho: a terceirização das atividades de
serviço aumenta as formas de controle do trabalho por meio da
multiplicação dos seus níveis. Mais precisamente, os(as) trabalhadores(as)
nas empresas terceirizadas, cooperados(as) ou não, são submetidos não
só a monitoria por parte da supervisão na própria empresa — audição
das comunicações com o cliente sem aviso prévio ao(à) operador(a) —
mas também por parte da empresa cliente para a qual estão prestando
serviço. Além disso, existem práticas de gestão de mão-de-obra que
associam a produtividade aos horários de trabalho. Por exemplo, os
134
níveis de produtividade por mês estabelecidos pelas empresas (que pode
ser uma determinada quantidade de vendas por faixasalarial 29) podem
ser em alguns casos tão altos, que os(as) trabalhadores(as) precisam
trabalhar mais do que as 6 horas permitidas sem receberem uma
remuneração por essas horas extras 30. Embora a jornada de trabalho
determinada pela Convenção Coletiva seja 6 horas de trabalho diárias,
é muito freqüente as empresas pedirem algumas horas «extras» em outros
serviços, sem declará-las.
De uma forma geral, o ritmo de trabalho é muito elevado, isto é,
as ligações chegam diretamente na posição de trabalho do(a) operador(a)
e no seu headphone uma atrás da outra, sem intervalo. Além disso,
muitas vezes o teleatendente necessita pesquisar na internet para solucionar o problema: essa atividade é desenvolvida enquanto o cliente
continua na linha o que o sujeita comumente a pressões de todo tipo
por parte deste último. Os(as) teleatendentes beneficiam-se de uma
pausa de 20 minutos, dentro das 6 horas, para um lanche, além dos 5
minutos para irem ao banheiro. Aqui, a única possibilidade que os(as)
trabalhadores(as) têm de se distrair da pressão durante os horários de
pico é excluindo o cliente da comunicação, isto é, ficando em «pausa» 31
para pedir auxílio ao vizinho, por exemplo. Essa prática, porém, é
também limitada por causa da supervisão instantânea das operações
realizadas no posto de trabalho individual. No conjunto, mesmo que
os(as) trabalhadores(as) sempre consigam achar novas maneiras de burlar
as formas de controle, as margens de atuação dos(as) teleatendentes
sobre o trabalho são bem mais restritas no Brasil, em comparação com
a França, por exemplo, 32 e os efeitos sobre a saúde dos(as)
trabalhadores(as) podem refletir essa realidade: em média, cada
trabalhador leva cerca de um ano antes de ficar doente, em geral com
LER (Lesões por Esforço Repetitivo) (Sintratel, 2001).
A diversidade de relações de trabalho nesse segmento moderno
e dinâmico do mercado de trabalho brasileiro depende portanto de um
conjunto de fatores interdependentes, como a estrutura da população
ativa no setor, os modos de organização sindical intersetorial e a
rotatividade importante dos(as) trabalhadores(as), em parte induzida
pelas difíceis condições de trabalho.
29
Este complemento do salário baseado na produtividade, sob a forma de comissões ou de vários
níveis salariais, pode até dobrar o salário de base.
30
No caso concreto referido, a empresa que pagava salários muito altos em comparação com a
média do setor, aumentou os níveis de produtividade necessários para poder atingir um nível salarial
considerado mais interessante (acima de R$ 1500,00) em troca de uma reivindicação dos(as)
trabalhadores(as), por intermédio do sindicato, que foi aceita — a declaração do conjunto do salário
no holerite (em vez de apenas a parcela referente ao salário de base) e o pagamento do total dos
encargos sociais.
31
32
Isolação técnica do cliente da comunicação, que fica sem ouvir o(a) operador(a).
Na França, até recentemente, havia um intervalo mínimo de 15 segundos entre cada ligação garantido
pela Convenção Coletiva. O intervalo para uma refeição é de 40 minutos, e há uma pausa de 10
minutos por hora para descanso da vista, embora a jornada de trabalho seja de 7 horas.
135
6. As relações de emprego e as formas de mobilidade
dos(as) trabalhadores(as)
De certa forma, esta parte faz a síntese dos três tópicos precedentes: de um lado, são discutidas as características da mão-de-obra, do
outro, os tipos de relações de trabalho no setor de telemarketing,
tanto no nível de sua organização sindical e das condições de trabalho,
já analisados, quanto nas relações de emprego (empresas terceirizadas,
de fim de linha, agências de trabalho temporário, cooperativas, ONGs
etc.) (ver Tabela 4), que contribuem para as formas de mobilidade da
mão-de-obra 33 . Vale destacar que, além desses fatores, os(as)
trabalhadores(as) contribuem também para a mobilidade, por meio de
suas práticas. Segundo a nossa hipótese de trabalho, essas formas de
mobilidade, características, no passado, de um certo segmento do mercado de trabalho brasileiro — das mulheres de um nível de qualificação
relativamente baixo — estão ganhando uma amplitude maior. No mercado de trabalho global atual, elas não estão mais reservadas a esses
segmentos particulares, mas ganhando importância inclusive nos segmentos mais qualificados. São formas de mobilidade tanto intersetoriais
quanto entre várias espécies de atividade e de inatividade (Guimarães,
2002b).
Entre as diversas relações de emprego, distinguem-se,
primeiramente, as antigas empresas de telecomunicações, os bancos
etc. Também as empresas de aviação fazem parte desse primeiro grupo. São as empresas mais antigas e estáveis. Elas terceirizaram uma
parte de suas atividades no processo de privatização no final dos anos
1990 (Organização A).
Com freqüência, durante esse processo, as empresas do primeiro
tipo criaram uma empresa terceirizada, que se tornou uma subsidiária,
a exemplo do que ocorre comumente no Japão. As empresas
terceirizadas podem ou não empregar uma parte dos(as) antigos(as)
assalariados(as) das empresas do primeiro tipo. Essas empresas do segundo tipo se transformam muitas vezes em fornecedoras de serviços,
isto é, além dos serviços que prestam para a empresa que a terceirizou,
fornecem serviços para outras empresas, como o caso de uma das
empresas pesquisadas (Organização B).
Um terceiro grupo é formado por pequenas empresas terceirizadas,
de fim de linha, que não continuam prestando serviço para a empresa
que a terceirizou ou nunca prestaram serviço só para uma empresa,
mas sempre para várias. A maioria dos(as) trabalhadores(as)
entrevistados(as) por intermédio do sindicato trabalham ou trabalhavam
33
Enquanto outros trabalhos sobre o setor automobilístico focalizaram a análise das relações de
poder entre as diferentes empresas da assim chamada «cadeia» (tradicionais, terceirizadas, de
fornecedores etc.), identificado-as como causa das condições de trabalho e das relações de trabalho
dos trabalhadores(as) (Leite, 2003), aqui partiremos do ponto de vista dos(as) trabalhadores(as).
136
em uma empresa desse tipo, assim como os(as) trabalhadores do setor
bancário (Organização C).
Um outro grupo contém as empresas fornecedoras de mão-deobra temporária. Todos os tipos de empresas mencionadas até aqui
podem usar essa forma de mão-de-obra de vez em quando. Portanto,
muitos(as) trabalhadores(as) de telemarketing começam sua carreira
na área por intermédio dessas agências de mão–de-obra temporária
antes de conseguirem uma vaga mais estável em uma empresa. Eles(as)
também usam essas agências durante os períodos de desemprego
temporário (Organização D).
Além disso, existe nesse ramo de atividade uma forma de relação
de emprego mais informal, que é a cooperativa 34. Em muitos casos,
os(as) trabalhadores(as), isto é, os(as) cooperados(as) não têm um contrato de trabalho, nem se beneficiam das leis trabalhistas, como, por
exemplo, licença-maternidade, aposentadoria, assistência médica pública etc. Trata-se de uma sociedade sem fins lucrativos, de pessoas
físicas, que busca benefícios socioeconômicos para os(as) participantes 35 . A cooperativa funciona por meio de uma assembléia de
cooperados(as) na qual se decide os rendimentos de cada um. Ela não
necessita, portanto, seguir a Convenção Coletiva. Os(as)
trabalhadores(as) de telemarketing têm o costume de acumular um
emprego registrado e a associação a uma cooperativa. Também, passam
por períodos de trabalho cooperado, antes de encontrar um outro
emprego. Os(as) entrevistados(as) no sindicato têm, frequentemente,
uma experiência de cooperado(a) (Organizações E).
Muito diferente com relação à estabilidade do emprego, há também
os empregos de telemarketing no setor para-público e/ou público,
isto é, financiados, total ou parcialmente, pelo setor público. Neste
caso, a estabilidade do emprego é maior, como também a autonomia
no trabalho. Foram entrevistadas pessoas que se acham atualmente
nessa situação (Organização F).
Foi encontrada, também, uma telefonista, antiga trabalhadora
de telemarketing, trabalhando para uma ONG (Organização não
governamental) (7), beneficiária de recursos financeiros privados e
públicos. O pessoal administrativo tem, neste caso, uma grande
estabilidade no emprego, assim como uma forte autonomia no trabalho
(Organização G).
34
Há evidência sobre o assunto: o fenômeno das falsas cooperativas, assim como o uso da
terceirização numa perspectiva de mundialização da economia, já foi pesquisado (Lima, 2002;
Schmidt e Perius, 2003). O trabalho de Lima trata, notadamente, da história e da difusão dessas
falsas ou pseudo cooperativas no Brasil, assim como da história do cooperativismo internacional,
a partir do exemplo concreto da indústria do vestuário no Nordeste. Nessa perspectiva, o autor faz
a crítica dessas práticas. Ele mostra o uso dessas falsas cooperativas, dentro da lógica da
mundialização, como uma estratégia de competitividade regional, implicando a responsabilidade do
Estado, para disponibilizar uma mão-de-obra abundante, com custos reduzidos e pouco organizada.
35
Folha de São Paulo, domingo, 7 de abril de 2002.
137
Tabela 4: As relações de emprego e as formas de
mobilidade dos(as) trabalhadores(as)
Pesquisa de campo
Relações de
emprego
Características das
organizações
Formas de
mobilidade dos(as)
trabalhadores(as)
Organização A
Empresas de
telecomunicações,
de aviação, bancos
Antigos e estáveis
Organização B
Empresas
terceirizadas
Subsidiária,fornecedora Estabilidade
de serviços
profissional reduzida
(emprego formal),
mobilidade entre
empresas do mesmo
ramo
Organização C
Pequenas e medias
empresas de fim de
linha
Prestador de
serviços para várias
empresas
Organização D
(através do sindicato)
Empresas de trabalho Agências de trabalho
temporário,
terceirizado
fornecedoras de
mão-de-obra para
todos os tipos de
empresas
Rotatividade da mãode-obra importante,
multiplicação de
empregos e de
estatutos, modo de
entrada nas empresas para um emprego
formal
Organização E
(através do sindicato)
Cooperativas
Associação de
trabalhadores(as) em
sociedade sem fins
lucrativos
Rotatividade da mãode-obra importante,
multiplicação de
empregos e de
estatutos (emprego
formal e trabalho
como cooperado(a)),
modo de entrada nas
empresas para um
emprego formal
Organização F
Setor público ou
para-público
Financiamento
público, grande
estabilidade de
emprego
Estabilidade
profissional relativa,
emprego formal
Organização G
ONG
Recursos financeiros
privados e públicos,
estabilidade de
emprego do pessoal
administrativo
Estabilidade
profissional relativa,
emprego formal
Estabilidade
profissional relativa
(emprego formal)
Estabilidade
profissional pequena
(emprego formal),
mobilidade entre
empresas do mesmo
ramo, multiplicação
de empregos
Vale destacar a importância dos laços entre as relações de trabalho
— definidas como o resultado conjunto das relações de emprego, mas
também das formas de organização sindical e das condições de trabalho
— e as formas de mobilidade dos(as) trabalhadores(as). Esses dois elementos se condicionam mutuamente: tanto a heterogeneidade e a
138
instabilidade das relações de trabalho no tempo quanto a diversidade
das situações individuais e sua transformação ao longo do tempo
possuem uma relação de causa a efeito.
Essas formas de mobilidade caracterizam-se, pelo estabelecimento
do que chamamos de «carreiras informais» ou «horizontais», isto é, no
mesmo nível hierárquico (Hughes, 1937, op. cit.). É possível considerar que estas carreiras informais estão sendo estruturadas, do ponto de
vista dos(as) trabalhadores(as), pelo grau de formalidade dos empregos
e pelos direitos sociais a ele vinculados. Dessa forma, aparecem duas
seqüências essenciais de mobilidade nas trajetórias socioprofissionais
dos(as) trabalhadores(as): 1) a primeira se organiza em torno do acesso
ao emprego; 2) a segunda em torno das vantagens sociais a ele vinculadas e das condições de trabalho. Essas trajetórias, em particular das
mulheres, têm a particularidade de repetir essas seqüências várias vezes
em seguida, segundo os momentos do seu ciclo de vida e/ou da situação
familiar, assim como de associar as duas estratégias.
Em relação ao acesso ao emprego, o modo de entrada mais comum
atualmente no setor de telemarketing são as agências de trabalho
temporário e/ou as cooperativas de trabalhadores (ver Tabela 4). No caso
das primeiras, elas agem por conta dos empregadores, como atores de
recrutamento, treinamento e seleção da mão-de-obra. Os(as)
trabalhadores(as) passam freqüentemente, durante determinado período
de tempo, com um contrato de alguns meses, por intermédio de uma
agência de trabalho temporário, por exemplo, dentro de uma empresa
terceirizada, antes de ser eventualmente efetivado(a). Nesse momento da
trajetória socioprofissional, as mulheres estão sendo favorecidas, em
comparação com eventuais candidatos masculinos: o nível de escolarização
formal requisitado sendo relativamente elevado para poder aceder a essas
ocupações — no mínimo, o segundo grau completo — atribui uma
vantagem aos candidatos do sexo feminino, como já mencionamos, mais
escolarizado do que os do sexo masculino. A naturalização das assim
chamadas «qualidades femininas» (Perrot, 1978, op. cit.), como a
capacidade de criar e gerenciar relações, inclusive de classe (Schatzman e
Strauss, 1955), constitui outra vantagem das mulheres, em comparação
com os homens, para o acesso a esses empregos.
Por outro lado, o horizonte dessas carreiras de entrada é o trabalho
dentro de uma das empresas chamadas tradicionais, com acesso a
melhores condições de trabalho, o que muitas vezes, não acontece.
Em alguns casos, o valor que as mulheres conferem ao trabalho pode
contribuir para o fortalecimento das relações de emprego, notadamente
por meio de formas de especialização profissional, aumentando suas
chances de empregabilidade.
Além da busca de melhores condições de trabalho, há uma série
de elementos extraprofissionais que contribuem para a construção das
trajetórias socioprofissionais, especialmente das mulheres. Esses fatores
139
são mais diretamente ligados aos modos de atividade das mulheres:
elas cuidam, nesses meios sociais, dos outros membros da família, por
exemplo, em caso de doenças, além do trabalho reprodutivo
quotidiano36. Dessa forma, a possibilidade de sair e de voltar facilmente
ao emprego é um dos elementos constitutivos do valor que elas atribuem
ao emprego. Nesse contexto, uma estratégia possível para os(as)
trabalhadores(as), notadamente por causa dos horários de trabalho
reduzidos, de 6 horas diárias37, é o acúmulo de diversos status ao mesmo
tempo, como o de cooperado e assalariado em uma outra empresa,
possibilitando uma transição mais suave entre as empresas — inclusive
de setores diferentes —, relações de emprego, situações de atividade e
de inatividade. É nesse sentido que o trabalho no setor de telemarketing,
apesar das difíceis condições de trabalho, inclusive o baixo nível de
salário, constitui uma vantagem para as mulheres em relação a outros
setores da economia na conjuntura atual38: a grande facilidade não só
das saídas, mas também das entradas no emprego. Nessa perspectiva,
o valor que elas conferem ao emprego determina, em um primeiro
momento, o valor do trabalho.
A masculinização recente dessas atividades confir ma, em
contraponto, a construção do gênero feminino: além dos casos de alguns
jovens em situação de espera, os homens, nas ocupações de
telemarketing, assumem por um determinado período de tempo, por
exemplo, a criação de filhos pequenos. Para outros, essa atividade pode
permitir a constituição de um pequeno patrimônio, por causa dos
horários limitados e das possibilidades de comissões de vendas, e a
condição de acumular dois empregos — viável, igualmente, por um
período determinado de tempo. De uma forma geral, os homens voltamse para essas atividades por falta de alternativas (enxugamento de
empregos na indústria), mas notadamente por que eles consideram essa
atividade mais valorizada e/ou mais interessante que outras realizadas
no setor terciário, como balconista, garçom ou alfaiate. De uma certa
forma, a heterogeneidade crescente do tipo de população que ingressa
e permanece nesses empregos testemunha, de um lado, o enxugamento
das vantagens sociais a eles vinculados, inclusive os empregos formais.
Do outro, indica a generalização de certas formas de mobilidade, como
a passagem por situações de instabilidade para aceder a empregos
estáveis, assim como a generalização de um padrão de mobilidade ca36
É interessante notar, nesses meios sociais mais baixos, a importância das relações familiares, em
particular entre pais e filhos, e sua responsabilidade e solidariedade mútua, cuja continuidade se
opõe à instabilidade das relações conjugais.
37
Além dessa possibilidade, o horário de trabalho diário de 6 horas pode facilitar, para essas mulheres,
a dupla jornada trabalho, profissional e domiciliar.
38
Em abril de 2004, na RMSP, a taxa de desemprego afeta 20,7% da população economicamente
ativa, segundo a Seade/DIEESE (PED). Fonte: Folha de São Paulo, dia 21 de maio de 2004. De fato,
enquanto nos anos 1980 ainda era possível «escolher», em uma certa medida, os tipos de emprego e
praticar formas de descontinuidade de emprego voluntário, no contexto atual essas práticas provocam,
geralmente, situações de desemprego, se não de inatividade (Guimarães et. al., 2003b).
140
racterizado por passagens recorrentes por períodos de atividade, de
inatividade e de desemprego — determinados por causas profissionais
e extraprofissionais. Neste caso, estes últimos se co-condicionam.
Anotações finais
Neste artigo, tentamos mostrar, a partir de uma abordagem comparativa (França, Alemanha, Brasil), o papel do contexto brasileiro,
isto é, o caráter emblemático do mercado de trabalho nacional para o
estudo de novas formas de mobilidade. Porém, enquanto no contexto
atual da globalização da estrutura produtiva e das relações de trabalho
na Europa a precarização das relações de trabalho se refere,
primeiramente, ao desaparecimento progressivo de carreiras
profissionais ligadas à aquisição de qualificações, no Brasil ela está
ligada ao enxugamento da parcela formal do emprego, assim como à
diminuição das vantagens sociais a ele associadas. Nesse sentido, o
mercado de trabalho brasileiro pode ser considerado um precursor de
novas formas de mobilidade, orientadas para o acesso a direitos básicos por meio do emprego. Pode-se considerar que as relações de
emprego predeterminam as carreiras profissionais.
É importante destacar, porém, que, os deter minantes
socioeconômicos e profissionais da heterogeneidade do setor de
telemarketing se co-condicionam com os padrões de mobilidade dos(as)
trabalhadores(as) do setor. Mais particularmente, a organização sindical intersetorial, as condições de trabalho e a heterogeneidade das
relações de emprego contribuem para a significativa rotatividade dos(as)
trabalhadores(as). Ao mesmo tempo, o caráter residual e emergente
do setor — composto por uma população que se divide entre os casos
de reconversões profissionais e os jovens trabalhadores(as) —, assim
como as práticas de mobilidade profissional da mão-de-obra, contribuem
para a permanência desses padrões.
A ampliação desses padrões de mobilidade — caracterizados tanto
por períodos de precariedade das relações de emprego quanto por
passagens pelo desemprego e pela inatividade — para segmentos modernos e centrais da economia constitui a novidade neste contexto de
mercado de trabalho global. Populações femininas, com experiências
anteriores diferenciadas, mais idade e um nível de formação superior,
assim como os homens, se submetem e contribuem para as
transformações dos elementos estruturais da mobilidade profissional.
As relações de emprego sobrepõem-se ao valor conferido ao trabalho:
as trajetórias socioprofissionais dos(as) trabalhadores(as), notadamente
das mulheres, mas também de homens, desorganizadas em aparência,
são estruturadas pela busca de acesso a direitos sociais vinculados ao
emprego registrado.
141
Bibliografia
Abreu, Alice R. de P., Jorge, Angela F., Sorj, Bila (1994) «Desigualdade de
gênero e raça. O informal no Brasil em 1990»,. Estudas feministas, N°
especial, out., p.153-177
Angeloff, Tania (2000), Le temps partiel : un marché de dupes ?, Paris:
Syros, 2000.
Barbier, Jean-Claude (2002), A survey of the use of the term of précarité in
French economics and sociology
Battagliola, Françoise (2000), Histoire du travail des femmes, Paris: La
Découverte
Beck, Ulrich (2000), The Brave New World of Work. Cambridge: Polity Press
Boullaguet-Bernard, P. et al. (1981), Femmes au travail, prospérité et crise,
Paris: Économica
Bruschini, Cristina et al. (2002), «Mulheres no mercado de trabalho brasileiro,
Um retrato dos anos Noventa», in: Maruani, Margaret e Hirata, Helena
(org.), As novas fronteiras da desigualdade, Homens e Mulheres no
mercado de trabalho, São Paulo: Senac
Bruschini, Cristina, Lombardi, Maria L. (2000), «A bipolaridade do trabalho
feminino no Brasil contemporâneo», Cadernos de Pesquisa, Julho, No
110, p. 67-104
Castel, Robert (1995) Les métamorphoses de la question sociale. Une
chroniquedu salariat, Paris: Fayard
Daune-Richard, Anne-Marie (1993), «Activité et emploi des femmes : des
constructions sociétales différentes en France, au Royaume-Uni et en
Suède», Sociétés Contemporaines, No 16
Dedecca, Claudio S., Baltar, Paulo E. de Andrade (1997), «Mercado de trabalho
e Informalidade nos Anos 1990», Estudos Econômicos, São Paulo, V.
27, No Especial, pp. 65-84
Folha de São Paulo, 21 de maio de 2004
Folha de São Paulo, 7 de abril de 2002
Frevert, Ute (1986), Frauengeschichte. Zwischen Verbesserung und neuer
Weiblichkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp
Georges, Isabel (2003a), «O trabalho bancário: a perspectiva da cadeia»,
contribuição ao relatório final do projeto FAPESP, São Paulo, Gestão
local, empregabilidade e eqüidade de gênero e raça: uma exoperiência
de política pública na região ABC Paulista, 41 p.
Georges, Isabel (2003b), Trabalho e Emprego: Comparação internacional
entre trajetórias de atividade feminina (Alemanha, França, Brasil),
Relatório de Atividade FAPESP, 69 p.
Georges, Isabel (2002), «As relações com a produtividade: o caso dos serviços
de informações telefônicas», Tempo Social, Vol. 14, No 1, pp. 159-176
142
Georges, Isabel (2001), «Les emplois d’exécution dans les télécommunications
: comparaisons France-Allemagne», Travail, Genre et Sociétés, No 6,
pp. 145-166
Georges, Isabel (2000), Travail et Trajectoires de femmes dans des emplois
de télécommunications en France et en Allemagne, thèse de doctorat
de sociologie, Université Paris VIII
Guimarães, Nadya, Leite, Márcia Paula (org.) (2003a), Gestão local,
empregabilidade de gênero e raça: uma experiência de política pública na região do ABC paulista, relatório final para a FAPESP, São Paulo
Guimarães, Nadya A. et al. (2003b). Desemprego. Abordagens Institucional
e Biográfica. Uma comparação Brasil, França, Japão. Relatório final
de Pesquisa CNPq, São Paulo: USP, CD-Rom
Guimarães, Nadya A. (2002a), «Le sexe de la mobilité : le travail industriel
dans le Brésil des années 1990», Travail, Genre et Sociétés, No 7, p.
125-145
Guimarães, Nadya A. (2002b), «Para uma sociologia do desemprego», Rev.
bras. Ci. Soc., vol.17, no.50, p.104-121
Guimarães, Nadya A. (org.) (2000), Gestão local, empregabilidade e equidade
de gênero e raça: um experimento de política pública na região do
ABC paulista, Relatório Substantivo FAPESP - Fase 1, São Paulo, julho
Hirata, Helena (1998), «Reestruturação produtiva, trabalho e relações de
gênero», Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Ano 4, No
7, p. 5-27
Huet, Maryse (1982), «La progression de l’activité féminine est-elle irréversible
?, Economie et Statistique, No 145
Hughes, E. Charrington (1937), «Institutional Office and the Person», American
Journal of Sociology, 43 (3), p. 404-413
Larangeira, S.M.G. (2003), «A reestruturação das Telecomunicações e os Sindicato», RBCS, Vol. 18, No 52 junho, p. 81-107
Lautier, Bruno et al. (1991), L’Etat et l’informel, Paris: L’Harmattan
Lavinas, Lena (1999), «As recentes políticas públicas de emprego no Brasil e
sua abordagem de gênero», pp. 179-203, in: Brasil - abertura e reajuste do mercado de trabalho no Brasil, São Paulo: Ministério de Trabalho
e Emprego, OIT, Editora 34
Lavinas, Lena (1997), «Emprego Feminino: O que há de novo e o que se
repete», Dados, Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 40,
No 1, p. 41-67
Leite, Márcia P. de (2003), Trabalho e Sociedade em Transformação, São
Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo
Lima, Jacob Carlos (2002), As artemanhas da flexibilização : o trabalho
terceirizado em cooperativas de produção, São Paulo: Terceira Margem
143
Maier, Friederike (1993), «Zwischen Arbeitsmarkt und Familie - Frauenarbeit
in den alten Bundesländern», in : HELWIG, Gisela, et al. (éd.), Frauen in
Deutschland 1945-1992, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung,
Schriftenreihe Band 318, p. 257-279,
Marchand, Olivier ; Thelot, Claude (1997), Le Travail en France (1800-2000),
Paris: Nathan
Marry, Catherine (1998a), «La comparaison France-Allemagne à l’épreuve des
femmes», in : MARUANI, M. (éd.), Les nouvelles frontières de l’inégalité,
Paris: La Découverte, pp. 71-82
Marry, Catherine, Kieffer, Annick, Brauns, Hildegard (1998b), «FranceAllemagne : inégale avancées des femmes, Evolutions comparées de
l’éducation et de l’activité des femmes de 1971 à 1991", Revue française
de Sociologie, XXXIX-2, p. 353-389
Maruani, Margaret (2003), Travail et emploi des femmes, Paris: La Découverte
Maruani, Margaret (2002), Les mécomptes du chômage, Paris: Bayard
Maruani, Margaret, Reynaud, Emmanuèle (1993), Sociologie de l’emploi, Paris:
La Découverte, coll. Repères
Maruani, Margaret (1996), «L’emploi féminin à l’ombre du chômage», Actes
de la Recherche en Sciences Sociales, No 115, pp. 48-57
Maruani, Margaret (1989), «Statut social et modes d’emplois», Revue française
de Sociologie, No 1, pp. 31-39
Michel, L.P. (2001), «Call Centres in Germany: Employment Market and
Qualification Requirements», Economic and Industrial Democracy, Vol.
22, pp. 143-153
OIT (1972), Employment, incomes and equality - a strategy for increasing
productive employment in Kenya, Genève: OIT
O’Reilly, Jacqueline (1995), «Le temps partiel dans les deux Allemagnes», Les
Cahiers du Mage, No 2, pp. 77-88
Perrot, Michelle (1978), «De la nourrice à l’employée. Travaux de femmes
dans la France du XIXème siècle», Le Mouvement Social, No 105
Posthuma, Anne Caroline (org.) (1999), Abertura e ajuste do mercado de
trabalho no Brasil: políticas para conciliar os desafios de emprego e
competetividade, Brasília: OIT, MTE, São Paulo: Ed. 34
Rogerat, Chantal (1998), «Les malmené(e)s de l’emploi», in: MARUANI,
Margaret (éd.), Les nouvelles frontières de l’inégalité, Paris: La
Découverte, pp. 195-200
Schatzman, Leonard; Strauss, Anselm (1955), «Social class and modes of
communication», The American Journal of Sociology, Vol. LXX, No 4,
p. 329-338
Schmidt e Perius (2003), « Cooperativismo e cooperativa », p. 63-72, in :
Cattani, Antonio David (org.), A outra economia, Porto de Alegre: Veraz Editores
144
Schnapper Dominique (1989), «Rapports à l’emploi, protection sociale et statuts
sociaux», Revue française de Sociologie, Vol. XXX, pp.3-29
Segnini Liliana R.P. (2000), «Le télémarketing: un vrai travail moderne», Cahiers
du Genre, No 28, pp. 117-131
Sintratel (2001), CEP/FSP/USP,Trabalho e Saúde dos trabalhadores em
telemarketing, São Paulo: Século Comunicação Integrada
Venco, Selma (1999), Telemarketing,o emprego que desemprega, Dissertação
de mestrado, Faculdade de Educação, UNICAMP
Resumo:
No contexto da globalização da
estrutura produtiva e das relações de
trabalho, o artigo trata de novas formas de mobilidade num segmento moder no do mercado de trabalho
brasileiro — o setor de telemarketing
(atividades de vendas, assistência e
informações por telefone, com uso
das novas tecnologias da informação).
No Brasil, as carreiras profissionais
tradicionais vêm dando lugar a
trajetórias socioprofissionais orientadas pelo acesso ao emprego e aos
direitos sociais a ele vinculados. Essas
trajetórias vêm sendo determinadas
tanto pela diversidade das relações de
trabalho quanto por uma série de elementos extraprofissionais, como, por
exemplo, as relações de gênero e o
nível de escolaridade.
145
Abstract
In the context of globalization of
productive structure and laboral
relations, the article deals with the new
forms of mobility in a modern segment
of brazilian laboral market – the
telemarketing
sector
(more
specifically, activities related to selling,
assistance, phone information and use
of new technologies). In Brazil,
traditional professional careers have
been generating socio – professional
trajectories oriented to access to jobs
and correspondent social rights. These
trajectories have been determined by
both the diversity of laboral
relationships and some extra
professional elements such as gender
relations and education level.
p a l a v r a s - c h a v e : trabalho,
emprego, mercado de trabalho global,
gênero
Wo r k , e m p l o y m e n t , g l o b a l
labour market, gender
146
147
La política social del nuevo
siglo en Argentina:
entre el desempleo y la
marginación, el mecanismo
del clientelismo político1.
Leopoldo Halperin Weisburd
1. A modo de introducción
Los regímenes estatales de «bienestar», en las economías capitalistas de posguerra, procuraron articular los requerimientos específicos
del modelo de acumulación -propio del sistema productivo imperantecon la necesidad funcional de legitimación político-estatal, es decir
con el mantenimiento de un clima de mínima armonía, requerido para
un desenvolvimiento «aceitado» de la sociedad. Esta importante condición puede destacarse tanto desde el punto de vista que subraya la
tendencia de la economía capitalista a crecer en forma fluctuante y en
condiciones de desempleo o de la existencia de una contradicción esencial entre la producción social y la apropiación privada del excedente.
En el caso argentino, dentro del marco internacional de sociedades
«occidentales» con algún grado de desarrollo industrial, varió históricamente la atención a las demandas socioeconómicas de su población,
1
El presente artículo es parte integrante del proyecto en ejecución: «Transformaciones en el régimen de acumulación social, cambios en las estrategias de inversión pública y las políticas focalizadas
en la década del ‘90` en la Argentina», proyecto E022, sede Académica CEPED, Fac. Cs. Económicas, UBA, director Leopoldo Halperin Weisburd, co-director Juan Antonio Labiaguerre, investigadores Cecilia Delpech, Marita Gonzalez, Berta Horen, Liliana Siffredi, Jose Villadeamigo.
148
sobre todo de aquella desprovista de recursos materiales elementales,
factor correlativo a los papeles sucesivos -y diversos- asumidos por el
Estado en términos de la regulación de las leyes del mercado.
En el contexto de la dinámica impulsada por los sectores del capital, a partir del deterioro gradual de los «Estados Benefactores»2, cuyo
inicio devino hacia fines de los años sesenta del siglo pasado, declinó
la aplicación gubernamental de recetas keynesianas. Desde entonces,
en forma creciente, emergieron estrategias estatales desregulatorias,
que alcanzaron su apogeo con la expansión transnacionalizada del
neoliberalismo, durante las dos últimas décadas del milenio. Tales políticas económicas 3 impactaron de modo decisivo en el ámbito
sociolaboral, sobre todo en el sentido de un proceso radical de
informalización progresiva de las relaciones de producción, más allá
de la «subutilización de la fuerza de trabajo» encarnada en los niveles
crecientes de desocupación y subempleo, de disminución relativa de la
retribución salarial –manifestada en un descenso de la participación de
los salarios en la renta y en el aumento de la concentración de ésta- lo
cual desembocó, en no pocos casos del mundo subdesarrollado o de la
periferia, en una super-explotación de los trabajadores.
El sector informal de la economía, en lo referente al uso de mano
de obra, comprende no sólo al segmento de trabajadores no registrados o en negro, cuyos niveles de ingresos y condiciones laborales experimentan una degradación notable justamente debido a ese carácter
«oculto o clandestino», sino que presenta otras modalidades, incluyendo algunos tipos de contrataciones estimados legales. Al respecto,
mientras que determinadas corrientes teóricas aluden al desarrollo de
2
Tal deterioro puede ser visto como un comportamiento resultante de la reaparición o acentuación de los aspectos económicos básicos o centrales señalados (la prolongación de la fase descendente del ciclo, la debilidad de las etapas de recuperación, el desempleo ascendente o la «agudización de la contradicción principal del sistema») en el Centro y muy especialmente, en la Periferia. O
bien, como un factor que, a su vez, al debilitar la demanda agregada de la economía capitalista, se
constituye en un generador, no despreciable, de ese comportamiento. Además, debe tomarse en
cuenta la mutación en las condiciones políticas internacionales, devenidas del derrumbe del modelo
de planificación centralizada en la ex Unión Soviética y su entorno, asociado al desenlace de la
llamada guerra fría, así como el debilitamiento de las fuerzas políticas de izquierda y de sus propuestas en las principales economías del Occidente europeo.
3
Basadas en una concepción de teoría económica que intenta reverdecer los postulados previos a
la demoledora crítica contenida en la obra keynesiana. Intento que no ha conseguido, de ningún
modo, establecer una corriente principal consolidada y de aceptación generalizada sino que desemboca –hoy- en una situación general a la que R. Heilbronner y W. Milberg denominan como una
torre de Babel de la teoría económica («La crisis de visión en el pensamiento económico moderno»;
Paidós, 1998).
Llama la atención que aún ante este comportamiento que tiende a aumentar la porción de la renta
destinada a los propietarios del capital, la visión conservadora esté reclamando, además, la introducción de cambios en el sistema de seguridad social, en el sentido de aumentar la edad del retiro
jubilatorio y estrechar la relación entre la retribución a los pasivos y al personal en actividad. Se
toma como un justificativo para ello el aumento, absoluto y relativo, del número de personas en
edades avanzadas, omitiendo la incidencia de los otros factores que integran la ecuación que sustenta a los regímenes de jubilaciones y pensiones.
La política social del nuevo siglo en Argentina...
149
ocupaciones basadas técnicamente en la «especialización flexible», los
análisis regulacionistas hacen hincapié en la extensión de alternativas
«postfordistas» del empleo.
La inestabilidad y precarización en aumento de los puestos de
trabajo disponibles, que implican la marginación del sistema de seguridad social y previsional, así como la desprotección de los asalariados
sin representación sindical, conforman la variable de ajuste de los entes
empleadores, a fin de mantener o incrementar sus márgenes de ganancias. De allí que las políticas estatales recurren a medidas sistémicas,
teniendo en cuenta la amenaza de eventuales conflictos derivados del
ensanchamiento de las franjas empobrecidas de la población; dentro
de este escenario el mero asistencialismo apunta a legitimar parcialmente a los gobiernos que amparan una situación de creciente desigualdad al interior de la sociedad.
En nuestro país, el fraccionamiento de la PEA -respecto de sus
modos diversificados de inserción ocupacional- redunda en una segmentación de la sociedad de cara a la implementación de políticas públicas por parte del Estado, segmentación que resulta una verdadera
«fragmentación» del conjunto de la sociedad argentina. De manera que,
junto a la tendencia hipotéticamente «universalista» de cobertura estatal en educación y salud, coexisten un sistema de seguridad social convencional (el cual abarca básicamente a la fuerza de trabajo contratada
en forma regular dentro del mercado laboral «formal») y programas de
mera contención, dirigidos a atender de manera parcial las necesidades fundamentales de grupos estructuralmente pobres y aquellas correspondientes a trabajadores pauperizados debido a la escasez o inexistencia de ingresos obtenidos mediante el empleo, programas de contención y a sus consecuencias a los que dedicaremos una parte central
de nuestro trabajo.
El incumplimiento generalizado de normativas institucionales que
aseguraban el ejercicio de derechos mínimos por parte de los trabajadores, en la era fordista del capitalismo regulado, así como también la
temporalidad e intermitencia del asalariamiento proclives a partir de la
legalización de la flexibilidad contractual (junto al cuentapropismo
descapitalizado o precario), amplían el radio del empleo «informal», a
través de distintas expresiones del mismo, más allá de su caracterización
jurídica. Ello incide en la proliferación de ocupaciones frágiles y vulnerables, por lo cual las reconversiones profundas del mercado de trabajo
repercuten directamente en el diseño de políticas públicas estatales.
El análisis del Estado y gestión de las políticas sociales, especialmente las destinadas a combatir la pobreza, en la Argentina actual,
exige adoptar una visión que contemple una permanente referencia al
contexto histórico, tanto de aquellas políticas en sí mismas durante
décadas pasadas, como así también de la evolución paralela del mercado de trabajo y, sobre todo, enfocar los cambios que, a partir de la
dictadura militar y el auge liberal-conservador de los años noventa,
150
fueron la antesala de la crisis iniciada en el año 1998, que culmina
dramáticamente en 2002.
2. El mercado de trabajo antes de los ‘90’
A modo de sintética introducción a los temas de mercado de trabajo, pobreza y políticas sociales en la Argentina de hoy, creemos sumamente esclarecedor intentar una apretada síntesis de lo ocurrido en
el mercado de trabajo y sus relaciones con la estructura social en las
décadas precedentes.
Todos los autores coinciden, en que la década de los cuarenta
marca un punto de ruptura significativo al respecto, con los casi ochenta
años precedentes de la Argentina agroexportadora e importadora de
bienes manufacturados. En efecto, a partir de la «crisis mundial del
‘30" y luego de la interrupción debida a la Segunda Guerra Mundial, en
el país urbano, (Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etc.) comienza
un crecimiento de las actividades directamente ligadas a la producción
destinada a cubrir una demanda no satisfecha -ahora- del mercado interno.
Si en los años precedentes el salario medio y la participación de
los trabajadores en el ingreso nacional eran reducidos, desde mediados de los años cuarenta la organización sindical, junto a las políticas
públicas proteccionistas y redistributivas generan cambios veloces, elevando salarios y participación y generando políticas de bienestar social amplias y extendidas, que se mantendrían luego durante varias
décadas.
Por cierto, junto a éstas, se extendieron como políticas públicas
las políticas de «ayuda social», en reemplazo de las acciones de beneficencia privada ejercitadas por los reducidos sectores socialmente privilegiados de la era agro – exportadora. Pero debe aclararse, que los
sectores «residuales» objeto de una política asistencial, en una Argentina en proceso de industrialización y de casi pleno empleo, eran acotados (ancianos, discapacitados, minoridad de hogares sin recursos, etc.)
El empleo, casi pleno, que acompañó al incremento de las migraciones internas rural-urbanas, tuvo como motor inicial y principal al
sector fabril: los acelerados cambios condicionaron un sistema productivo mano de obra intensiva, con notables aumentos salariales, generalizados, aunque con mejoras diferenciales para las actividades de mayor
calificación.
Hacia fines del decenio citado (1948) este impulso ascendente
para la oferta de mano de obra se traduce en que la participación del
4
BCRA ,Sistema de Cuentas del producto y del ingreso de la Argentina, Cuadro 11, Pág. 70).
151
salario -en general- que pasa de menos de un 30% a significar el 50%
del Ingreso Nacional4. El crecimiento del sector secundario es constante y tiene un efecto multiplicador en el mercado interno, ya el Censo
Industrial de 1946 muestra un crecimiento respecto a su precedente
(1935), registrando un total de cerca de un millón de trabajadores en
dicho sector5.
Debido a diversos factores -que escapan a esta breve síntesis- ese
impulso, favorable dentro y fuera de la industria para la oferta de trabajo, tuvo un breve periodo de retracción a principios de los cincuenta,
recuperando los niveles anteriores entre 1953 y 1955.
Con los cambios introducidos por la dictadura militar en el último
año citado, la distribución del ingreso comenzó a tornarse cada vez
más desfavorable para los trabajadores en general, situación que sólo
se revierte por un breve periodo, durante el gobierno radical, en el
lapso 1963-66, cuando se registran tanto mejoras en el salario como
en la participación. Aunque durante el quinquenio siguiente y hasta
1975, existieron variaciones periódicas que acompañan las alternancias
en el poder político, de gobiernos tanto constitucionales como de facto,
la industria pierde su rol hegemónico en la generación de nuevos empleos, sobre todo en la década de los ochenta, a pesar de que mantiene aun un papel significativo.
Indudablemente, con independencia de otros factores distorsivos,
el aumento de la capacidad productiva a través del crecimiento del
modelo capital intensivo en algunas ramas del sector secundario y el
accionar -contradictorio a lo largo del tiempo- de la planificación social
a partir de las políticas públicas, provocaron que una proporción cada
vez mayor de población activa se trasladara a la rama de comercio y
servicios y a actividades no productivas (estudiantes, jubilados y pensionados, etc.).
Un tema a destacar es el rol diferencial que el «trabajador autónomo» corrientemente llamado cuentapropista cumple dentro de la estructura ocupacional de la Argentina, en las décadas arriba mencionadas. En el resto de América latina esa categoría ocupacional constituye, desde siempre, una actividad de refugio para el subempleo y la
desocupación disfrazada para el conjunto de aquellos que no logran
insertarse bajo relación de dependencia, vendiendo su trabajo a un
valor relativamente aceptable y sumándose por lo tanto, de hecho, a la
masa de desempleados estructurales. En cambio, dentro de la Argentina, los cuentapropistas constituían un conjunto de pequeños empresarios o trabajadores independientes, con o sin capital, caracterizándose
5
En 1951, el personal ocupado remunerado en la Industria Manufacturera era 1.445,3 miles y el
correspondiente al sector secundario –Industria manufacturera, Electricidad, Gas y Agua y Construcción- 1824,7 miles, es decir, el 27,3% y 34,5% del total, respectivamente. (BCRA, idem ant.,
Cuadro No. 49, Pág. 168).
152
por tener un ingreso promedio más elevado que el percibido por los
trabajadores en relación de dependencia y mantener continuidad en
sus actividades con una alta integración en la sociedad. Durante todo el
periodo considerado -en su mayoría- pertenecían a los sectores sociales medios, con presencia en todas las ramas, y en el mercado de trabajo urbano llegaron a absorber casi el 16% del mismo para 1980
(Censo Nacional de Población)6.
Las políticas públicas asistenciales a todo lo largo de ese período
– a partir de 1955- pese a la fuerte permanencia en el tiempo de las
dictaduras militares y el condicionamiento y limitaciones, que el conjunto de las fuerzas armadas ejercieron sobre los gobiernos civiles, continuaron dirigidas a grupos residuales, como acciones flanqueadoras
de las relaciones con los sectores sindicales representativos de una
enorme masa de asalariados encuadrados en organizaciones únicas por
rama de actividad.
3. Algunas hipotesis macroeconomicas de la situación laboral actual
El comportamiento del empleo en Argentina durante los años
noventa fue peculiar, teniendo en cuenta la experiencia histórica de la
economía nacional en la materia, debido al registro de los bajos niveles
de desempleo y subocupación desde la posguerra, como vimos en el
punto anterior. Si bien durante la década de los ochenta, especialmente en la segunda mitad de la misma, tuvo lugar un ascenso de los índices de desocupación abierta -pasando del 2,3% del año 1980 al 6,1%/
7,1% a fines del decenio- a partir de 1993/4 ese indicador operó un
incremento aun más brusco7. En el primer trimestre de 1998, comienzo del fin del período feliz del neoliberalismo, la masa de desempleados
alcanzaba a 1.750.000 de personas dentro de la población económicamente activa; posteriormente, a través del quiebre definitivo del sistema de «patrón dólar» y en el transcurso de la prolongada recesión
iniciada en el año citado, la cifra de desocupados continuó aumentan-
6
La presente síntesis se realizó en base a los siguientes textos: Germani, Gino, Estructura Social de
la Argentina, Ed. Raigal, Buenos Aires, 1954; Torrado, Susana, Estructura Social de la Argentina
1945-1983, Ed. De la Flor Bs. As., 1994; Canitrot, Adolfo, et. al., Libro blanco sobre el empleo
en la Argentina, Ed. MTSS, Buenos Aires, 1995; Palomino, Héctor, Pobreza y desempleo en la
Argentina, problemática de una nueva configuración social, Ed. Cespa, Buenos Aires, 2003; Beccaria,
Luis, et. al., Sin Trabajo,. Ed. UNICEF/Losada, Buenos Aires, 1996.
7
En cuatro años -entre 1992 y1996- dicha tasa aumentó 12 puntos, implicando ello una suba de
1.246.000 personas desempleadas; sin embargo, en el lapso 1997-1998 casi medio millón de
trabajadores se reinsertaron efectivamente en el mercado laboral, lo cual representó una retracción
de 6 puntos en la tasa de paro abierto. La amplia difusión del trabajo informal, junto al número
elevado de subempleados horarios, variables superpuestas al paro abierto, indican la existencia de
una gran distorsión de las condiciones imperantes en el mercado de trabajo, razón por la cual ese
tipo de reacción difícilmente podía restañar tal situación.
153
do, produciéndose un fuerte salto en 2002.
Cabe destacar que contradiciendo el pensamiento clásico del
desarrollismo el crecimiento productivo a lo largo de los años noventa
fue acompañado por un ascenso del desempleo8; luego, cuando la producción bruta interna tendió a descender, no cambió la proclividad ascendente del paro, lo cual -aunque previsible- sorprende en cuanto a
un rasgo específico del fenómeno, esto es la magnitud de la variación
del indicador de referencia. En aras de explicar dicho proceso, es preciso considerar la conjunción de una serie de factores, a saber: a) el
estrechamiento del mercado interno, debido a la caída del salario promedio y de la masa salarial total; b) la extracción de una parte significativa de la renta interna para dirigirla hacia el exterior, publicitada posteriormente en los medios de comunicación como «fuga de capitales»;
c) la acentuada concentración de la propiedad del capital productivo
nacional, combinada con la extranjerización de una parte significativa
del mismo; y d) la baja tasa media de inversión, factor tendiente a provocar una acumulación de capital lenta y demasiado desigual en su
composición. Este comportamiento sumado a una tendencia hacia el
aumento de la relación marginal (macroeconómica) entre el capital y el
trabajo 9relación que genera básicamente una demanda laboral menor
que la oferta, sobre todo en la medida en que paralelamente se
incrementó el porcentual de la PEA que intenta insertarse
ocupacionalmente10.
Los antedichos factores tendenciales se refuerzan en sus efectos
negativos sobre el mercado de trabajo con las de las modificaciones
exógenas, tales como las abruptas mutaciones experimentadas en los
mercados financieros internacionales y el descenso en la actividad económica mundial a partir de 1997, lo cual genera consecuencias
constrictoras sobre el nivel interno de actividad, en gran parte a raíz de
la vigencia del «plan de convertibilidad».
Desde el año 2003 comenzó un descenso sistemático de la
elevadísima tasa de desempleo, reduciéndose en nueve puntos porcentuales al cabo del tercer trimestre de 2004 (descontando entre los empleados a los perceptores de los planes de ayuda estatal); la subocupación
también decreció en ese periodo, aunque en una dimensión mucho
8
El economista Okun enunció una relación positiva entre la producción y el empleo en una economía capitalista (la llamada «ley de Okun» a la que J. Tobin consideró una de las regularidades empíricas más confiables de la macroeconomía); así, el crecimiento de la producción se corresponde con
el incremento del empleo en una proporción de 3 a 1 (una disminución de un punto en el desempleo requiere un crecimiento de 3 puntos en el PBI)
9
Comportamiento este que puede aparecer merced a la señalada modificación de los precios relativos y también a la necesidad de importar tecnología del Centro (la dependencia tecnológica)
10
La pérdida del empleo regular por parte del jefe de hogar obligó a que en no pocos casos uno o
dos miembros de la familia, al menos, salieran a buscar trabajo para cubrir la carencia o reducción
de ingreso sobreviniente. Esto significaba el aumento de la tasa de actividad media.
154
menor. Al estimar ambos índices de modo superpuesto, la proporción
de trabajadores con dificultades laborales severas alcanzaba a un tercio de la PEA.
Corresponde vincular la situación precitada con las medidas
macroeconómicas aplicadas durante la etapa «post-convertibilidad», dado
que la política fiscal aplicada entonces contiene un carácter dual y efectos
sorprendentes sobre la situación social de los sectores más empobrecidos de los hogares argentinos que no mejoraron su situación, económicamente por un lado se incrementaron los gastos estatales y, por el
otro, tuvo lugar un excedente financiero notable, estrechamente asociado al aumento veloz de la recaudación tributaria. No obstante ello,
el gasto público consolidado no mostró una reestructuración significativa, ni tampoco introdujo, a pesar de la suba considerable de la inversión nacional, erogaciones adicionales de capital cuantitativamente
suficientes como para modificar sustancialmente su participación en el
PBI, o que lo elevaran de manera apreciable respecto al gasto total.
Más allá de tal evidencia, el aumento del gasto público -junto al
tipo de selección realizado para su destino- seguramente repercutió en
el nivel de actividad y, por ende, en el correspondiente a la ocupación
aunque, partiendo de lo señalado, no parece haber sido dicho gasto el
motor principal -inicialmente, al menos- de la recuperación del empleo y del cambio de relación que se viene observando entre crecimiento de la producción (mostrado por el PBI) y personal incorporado
por las empresas y el cuentapropismo. El aumento de la producción
iniciado en el último trimestre de 2002 y que prosiguió en los siguienSíntesis de datos económicos y ocupacionales
Rubros / I Trimestre
1998
2004
2005
PBI en millones de pesos (1er. Trimestre)
271.702
254.350
272.037
0,10%
Tasa de Desempleo
13,20%
14,40%
12,10%
-8,30%
1.750.106
2.258.810
1.973.001
12,70%
36,90%
36,60%
38,20%
3,50%
Población desocupada
Tasa de Empleo sin planes
Población ocupada sin planes
Variación
(%)
2005/1998
11.741.619
12.718.838
13.458.683
14,60%
Tasa de Desocupación sin planes
13,00%
19,40%
17,30%
33,40%
Población desocupada sin planes
1.750.106
3.058.081
2.818.572
61,10%
Tasa de Pobreza
29,80%
44,40%
40,40%
35,60%
Población Pobre
10.765.230
17.251.145
15.877.909
47,50%
7.521
6.546
6.922
-8,00%
36.124.933
38.853.931
39.301.755
8,80%
PBI
Población Total
Fuentes: Instituto de Estudios y formación Dir. C. Lozano y elaboración propia a partir de:
www.indec.mecom.ar; www.mecom.gov.ar 2005
155
tes, trajo consigo una incorporación de personal cuyo grado de intensidad contrasta con el correspondiente a los años noventa.
Conviene diferenciar, adicionalmente, dos aspectos íntimamente
ligados a la cuestión del empleo: el aumento del nivel de actividad y la
magnitud de horas de trabajo incorporadas (adicionalmente) por unidad de valor de producto generado, en términos de incremento del
mismo11. En ese sentido, el crecimiento del nivel de actividad económica constituye una condición necesaria para la incorporación de horas
de trabajo a la producción, pero la proporción mediante la cual el aumento productivo genera una variación del grado de ocupación representa el elemento complementario de la problemática.
Teniendo en cuenta que las subas de la demanda agregada redundan en una producción creciente física o nominal, según las condiciones imperantes, la identificación de la fuente del crecimiento sirve para
establecer cuál o cuáles componentes de aquella demanda han incidido
en la ampliación productiva y, por lo tanto, del aumento del empleo.
Sin embargo, cabe el interrogante acerca de la evolución de qué sector
permite explicar la modificación de la proporcionalidad entre horas
de trabajo y producto adicionales. Puesto que las actividades productivas que experimentaron el grado más alto de reactivación fueron aquellas dedicadas a la producción de mercancías o bienes -en contraste
con las de servicios, en promedio- allí debería ubicarse la fuente principal del aumento del PBI y, por ende, de la incorporación de trabajadores a partir de 2002.
Más allá de lo expuesto precedentemente, corresponde preguntarse también cuáles factores impulsaron el crecimiento productivo en
la instancia depresiva más acentuada, cuando el consumo privado y la
inversión se encontraban en su punto mínimo. Al respecto la recuperación, expresada en el nuevo empuje dado a la producción y a la creación de puestos de trabajo eventualmente puede responder a las siguientes causales: 1) la modificación de los precios relativos después
de la devaluación de la moneda; 2) el inicio consecuente de un proceso
de cierta sustitución de importaciones; 3) el fortalecimiento de algunas
actividades intensivas en el uso de mano de obra; 4) las ventajas logradas por las actividades exportadoras con su repercusión -directa e indirecta- en el mercado, por vía de la reactivación de la demanda de horas
de trabajo.
Considerando lo señalado, opera un nexo entre la reactivación de
los sectores productores de bienes y la modificación de los precios
relativos internos, generándose contraposiciones del aumento de pre-
11
Esta relación es conocida como la elasticidad-empleo del producto e indica la variación del empleo cuando varía el producto o ingreso agregado de la economía (relación entre la variación porcentual del empleo y la variación porcentual del producto).
156
cios de los productos exportables frente al de aquellos otros destinados
casi exclusivamente al mercado doméstico, del encarecimiento de los
bienes de capital importados respecto de las horas trabajadas en el
ámbito nacional, y del precio más elevado de las importaciones de
bienes de consumo e intermedios ante bienes similares producidos en
el país. Estos contrastes se iniciaron a partir de la reconversión
cambiaria que llevó el precio de la divisa al triple del vigente antes del
año 2002; asimismo, han continuado a posteriori, sobre la base de
los movimientos ulteriores de los precios de los bienes y servicios, junto a los laborales. Tales variaciones afectaron la relación beneficiocosto de distintas actividades productivas y, debido a ello, emergió la
dinámica de la recuperación y la mutación de la proporcionalidad mencionada.
Debe resaltarse que dichos cambios obedecieron, como señalamos en párrafos anteriores, fundamentalmente, a la alteración
cambiaria, en un contexto -como fue apuntado anteriormente- de altísimo desempleo y de una crisis financiera mayúscula. Una cuestión
central que surge, inmediatamente, consiste en establecer si el tipo de
cambio puede modificarse ad-libitum en pos de conseguir el efecto
que, naturalmente, corresponde al rendimiento de los recursos productivos, es decir la tierra y el trabajo que utiliza los instrumentos apropiados, tanto el capital como la tecnología. La respuesta a este problema
plantea una discusión que ha conducido a determinar si el tipo de cambio, en cuanto precio básico, pero uno más entre los vigentes para los
intercambios, puede -en una economía capitalista con apertura y liberalización financiera- ser «fijado» con mayor o menor arbitrariedad, o si
por el contrario debe responder a las fuerzas del mercado12.
El sistema económico capitalista no posee el atributo de conducir
sistemática y regularmente a un estadio de pleno empleo, así como
tampoco al equilibrio «automático» de sus cuentas externas. La pretensión de alcanzar dicho estadio a través, principalmente, del comercio
internacional, utilizando herramientas como el abaratamiento artificioso de la moneda nacional, puede conducir al uso generalizado de la
misma política por los distintos países, la que desembocaría, de un
modo u otro, en su neutralización. El pleno empleo debe procurarse
mediante el uso de los procedimientos más adecuados sin desdeñar, de
ninguna manera, la intervención estatal apropiada; además, el equilibrio de las cuentas externas requiere una acción de política nacional
específica sustentada en una estrategia internacional coordinada.
12
Puede sostenerse que existe un tipo de cambio tal que refleja la relación «justa» o de equilibrio que
aparecería como identificable, la cual eventualmente concierne al largo plazo, que remite a aquel
nivel del tipo de cambio que se corresponde con el rendimiento medio del trabajo en una economía
determinada. Sin embargo, esa correspondencia implica, además, que la economía en cuestión
registre una utilización plena de los recursos disponibles y que no existan tendencias sistemáticas a
la generación de déficit de las cuentas externas.
157
De hecho, existe un tipo de cambio efectivo que debe corresponderse con el rendimiento medio del trabajo, y también cabe la posibilidad de alterarlo, en un cierto grado y por un determinado periodo, lo
cual permitiría consecuentemente realizar políticas cuya esencia y finalidad resulten precisas a fin de corregir distorsiones y obtener un rendimiento creciente. La modificación del rendimiento medio pasa por el
de los particulares componentes y las políticas específicas deben tomar
en cuenta los objetivos nacionales con relación al sesgo buscado del
crecimiento de la producción y el desarrollo socioeconómico. Por otra
parte, las formas de uso de la fuerza de trabajo, y la distribución de la
renta, dado su carácter fundamental en toda sociedad capitalista que
procure algún grado aceptable de equidad social, debe constituir un
capítulo explícito de una política de desarrollo.
Hasta ahora, el gobierno nacional no ha presentado un programa
taxativo tendiente a lograr objetivos y metas sectoriales de producción,
ni ha diseñado una estrategia y plan de acción de desarrollo económico-social. Tampoco ha trazado -en concordancia con ello- una política
de empleo, más allá de las rectificaciones formuladas a los lineamientos
de desregulación-flexibilización trazados en la década de los noventa y
a su implementación concreta en ese periodo13. Esa enmienda conllevó asimismo el aumento de las retribuciones mínimas (salariales y beneficios jubilatorios), suba improbablemente concretable mediante el
mero funcionamiento del mercado, teniendo en cuenta el alto nivel de
desempleo y subocupación persistente todavía en nuestros días.
En vistas del proceso indicado, el tipo de cambio elevado -o generador de una protección comercial efectiva-, la política monetaria activa asociada al mismo por medio de la intervención compradora del
excedente de divisas emergente del balance de comercio favorable -no
absorbido por el rubro «rentas» de la cuenta corriente-, y la búsqueda
del fortalecimiento progresivo del sistema financiero, encaminado a
restablecer el mercado de crédito, en el contexto de la reactivación
productiva, constituyen el núcleo esencial de una política
macroeconómica que incida sobre el desenvolvimiento desempleo. Por
otro lado, el aumento del gasto público -en el marco de un fuerte crecimiento de la recaudación tributaria- confluyó en la reactivación de la
demanda agregada, con su efecto previsible sobre el nivel de actividad
económica, pero sin que se concretara, aun, un plan de inversión pública robusto íntimamente vinculado a la problemática ocupacional.
Queda en pie, sin embargo, la cuestión de la magnitud alcanzada por
el tipo de cambio y la posibilidad de sostenerlo en el tiempo.
Por otro lado, es preciso señalar que otros aspectos importantes
de la política económica vigente provienen del modelo aplicado en los
’90. La privatización de los monopolios estatales y la desregulación o
13
En la denominación «de los noventa» incluimos la política del Gobierno de la Rúa-Álvarez.
158
bien, una regulación «light» de los mercados de bienes estratégicos; la
política tributaria, basada principalmente en impuestos indirectos cuyas alícuotas no han variado, la aplicación –hoy más acentuada- del
principio de ampliación de la base tributaria en el caso de los directos
–como el impuesto a las ganancias- y la desgravación de rubros como
los intereses producto de la actividad financiera y las ganancias de capital; la liberalización financiera –acotada sólo en el período inmediato
post-crisis- y la apertura comercial; una deuda externa acrecentada
respecto a su nivel del año 2001 y el pago de voluminosos intereses –
a pesar de la reestructuración con quita de una parte sustancial del
principal a los bonistas privados-; el mantenimiento de la relación con
los organismos internacionales de crédito –aún cuando el trato negociador con el FMI haya variado respecto al vigente durante el último
período del modelo del Patrón Dólar-; una política fiscal que ha introducido un nivel de superávit primario inédito y cuya composición del
gasto no ha experimentado variaciones relativas significativas –a pesar
de la incorporación adicional desde el año 2002 de los rubros destinados a aliviar la pobreza-.
Así, los hitos de la política económica de los ’90 se mantienen...
Con ello, el proceso de redistribución regresiva de la renta que se hizo
notorio en la segunda mitad de los ’90, se agudizó fuertemente después de las grandes transferencias de ingresos operadas desde el 2002.
Las compensaciones que fue preciso otorgar a los sectores dueños de
porciones no menores de capital como consecuencia de la modificación de las reglas del juego monetario-cambiario y bancario tuvieron
una magnitud significativa y que lo son más si se las compara con las
entregadas a los grupos sociales empobrecidos. El aumento de la proporción de los beneficios brutos de explotación, especialmente, en
rubros estratégicos como el petróleo y el gas, no fueron demasiado
afectados por las retenciones establecidas.
En suma, los elementos que están en la base del proceso de concentración de la propiedad y a partir de allí, de la renta, a los que se
suma la política fiscal y tributaria vigentes, terminan inclinando la balanza en el sentido contrario al producido por el proceso de aumento
del empleo, cuyas características hacen que el empleo informal y el
alto nivel de desempleo, todavía, imperantes restrinjan el nivel medio
del salario.
4. Pobreza y programas sociales de contención
La sociedad argentina ha atravesado, como dijimos, en los últimos años un proceso de empobrecimiento muy agudo, resultante de
las políticas económicas implementadas, el proceso de
desindustrialización y los cambios en la distribución de la riqueza nacional. Es preciso señalar que un mecanismo nodal de este devenir del
159
«pauperismo», hacia fines del siglo XX, reside fundamentalmente en
las transformaciones del mercado de trabajo y sus consecuencias
sociolaborales deteriorantes para una porción inmensa de la población
económicamente activa y los grupos familiares o domésticos respectivos.
Evolucion de la pobreza y la indigencia de los hogares
en la argentina entre 1988 y el 2004
Fuentes: elaboración propia en base a las ondas de hogares de EPH, INDEC de cada año.
El gráfico siguiente ilustra la situación antedicha mediante guarismos correspondientes a indicadores sobre indigencia y pobreza de los
hogares durante el período 1988-2004:
Durante el año 2004, el cuadro expuesto corrobora la persistencia de una proporción enorme de hogares sumidos en la condición de
pobre e indigente, a pesar del considerable avance logrado en su neutralización. No obstante ello, debe hacerse hincapié en las connotaciones implícitas del criterio adoptado a los efectos de determinar la cuantía de la población inmersa respectivamente en la pobreza o la indigencia, consistente en el trazado de la línea ideal que separa a los sectores
pobres de aquellos que no revisten en ese estado. Tal límite se ha fijado
a través del parámetro establecido por un ingreso mensual de $ 735
14
Por lo tanto, el ingreso de $ 735, cifra estándar que delimita la pertenencia a los estratos pobres,
únicamente permitiría adquirir menos de la mitad de dicha canasta, lo cual significa que con el
ingreso promedio por hogar, percibido por la población comprendida hasta el decil octavo de la
tabla de distribución de la renta -equivalente al 80% del conjunto de hogares con ingresos-, resulta
inaccesible la obtención de la canasta precitada en su totalidad.
160
por hogar; sin embargo, el actual costo mensual de la canasta básica
familiar «completa», correspondiente al tipo medio de las unidades
domésticas. alcanza el monto de $ 1.580 mensuales 14.
Por otro lado no puede omitirse entre estas observaciones la diferencia entre ese parámetro promedio de $ 735 por hogar y la simple
observación de la distribución del ingreso en los 28 aglomerados urbanos en que el Instituto de Estadística y Censos releva su información,
allí se detalla – entre otros datos - el ingreso total de los hogares: al
1er. decil ( el 10% más pobre de los hogares que declara ingresos) le
corresponden 172 $ mensuales, al 2º decil 312 $ y al 3er. decil 442 $
de ingreso familiar total.15
En la medida en que la apuntada degradación socioeconómica de
grupos crecientes de la población argentina responde al funcionamiento del mercado ocupacional, es decir a la reconversión gradual y regresiva de las inserciones laborales de las personas «activas», resulta ampliamente esclarecedor asumir un enfoque retrospectivo sobre la participación porcentual de la fuerza de trabajo respecto del valor producido nacional, en el contexto histórico del último medio siglo, tal como
es gráficamente representado a continuación:
Participación de los Trabajadores
en el total del PBI
Fuente Ministerio de Economía Serie 1950-2004
Un aspecto sumamente grave que conlleva el diagnóstico anterior
remite a las condiciones de vida que experimenta la franja etaria más
joven de la sociedad argentina, debido en una parte crucial a la situación del «empleo» correspondiente a los miembros activos de las familias, lo cual se expresa por medio de la siguiente ilustración:
15
Fuente Encuesta Permanente de Hogares Contínua, 2º trimestre 2004.
161
Distribución de la Población de 0-14
por Pobreza e Indigencia
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Observatorio Social
Asimismo, otra franja social vulnerable se ubica en las personas
de la «tercera edad» en condición de pobreza o indigencia que, si bien
representan un porcentaje notablemente inferior de la población general en términos proporcionales (estimando la composición de la pirámide etaria), padecen en su mayoría serias carencias debido al
desmantelamiento del sistema previsional. El porcentual de individuos
en edad jubilatoria en las dos condiciones señaladas es graficado a
continuación:
Distribución de la Población mayor de 65 años por pobreza
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Observatorio Social
162
En cuanto a las políticas, o medidas, de «contención social» llevadas a cabo por el Estado, los programas actualmente en ejecución
son los siguientes, discriminados por áreas o dependencias de la administración pública:
¾ Ministerio de Desarrollo Social16
El MDS ha instituido tres Planes Nacionales que subsumen los
programas que venían ejecutándose con anterioridad, según la problemática a la que atiendan. En cuanto al presupuesto ejecutado por el
MDS, la única información disponible lo consigna en forma agregada
sin discriminación por Plan o línea de acción. El total ejecutado en el
año 2004 alcanza a $ 2.334.555.363.
• Plan nacional de desarrollo local y economía social «manos a la obra»
Constituye un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo
socioeconómico local destinado prioritariamente a personas de bajos
recursos y desocupadas, con el objetivo de promover la inclusión social
a través de la generación de empleo y la mejora de los ingresos de las
familias.
Los componentes del Plan son:
- Apoyo Económico y Financiero
Destinado a emprendimientos productivos unipersonales, familiares, asociativos, comunitarios o comerciales en forma directa o a través de unidades de financiamiento y microbancos.
- Fortalecimiento institucional
A través de actividades de capacitación y asistencia técnica destinada a espacios de concertación local, Consejos Consultivos Locales y
Provinciales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y
los espacios de intercambio de la economía social en las localidades,
provincias y regiones.
- Asistencia Técnica y Capacitación
Para la formulación y ejecución de proyectos productivos promoviendo la sustentabilidad de los emprendimientos.
16
Fuente: Informe de gestión 2004. www.desarrollosocial.gov.ar
163
Se ejecuta a través de diversas líneas de acción:
Emprendimientos productivos: comprende el otorgamiento de
subsidios con el objetivo de fortalecer y desarrollar emprendimientos
unipersonales, familiares, y de otras instancias asociativas para la producción y procesamiento de productos alimentarios, la elaboración de
manufacturas y el desarrollo de servicios y actividades comerciales.
«Herramientas por trabajo»: promueve la inserción laboral y la
mejora de los ingresos de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados a través del financiamiento (subsidio) de proyectos productivos.
Fondos solidarios para el desarrollo: A través de un subsidio a
un municipio u OSC se instituye un fondo rotatorio que presta asistencia financiera (préstamos) a emprendimientos productivos llevados a
cabo por sectores vulnerables de la sociedad que no tienen acceso al
sistema financiero.
Fondo de Capital Social (FONCAP): se orienta posibilitar el
acceso al crédito favoreciendo la creación o fortalecimiento de instituciones que provean de financiamiento –crédito y microcrédito- a grupos de microempresas o pequeños productores.
Proyectos estratégicos: orientada al financiamiento de proyectos que se constituyen como un polo articulador de actividades productivas con potencial impacto económico y social trabajando sobre cadenas de valor agregado horizontales y/o verticales.
Resultados:
Se financiaron 33.861 unidades productivas, que involucraron
a 425.000 pequeños productores.
Se constituyeron 249 fondos de crédito y microcrédito que otorgaron 17 mil créditos y microcréditos.
Se realizaron 758 actividades de capacitación que alcanzaron a
160.914 integrantes de OSC, equipos municipales y provinciales.
Se llevaron a cabo 300 talleres con 42.000 integrantes de OSC
y consejos consultivos.
Del total del financiamiento, el 75% corresponde a créditos y/
o microcréditos y el 25% a subsidios.
164
• Plan nacional «familias»
El desarrollo de este plan comprende acciones de protección,
prevención, asistencia, acompañamiento y promoción a las familias en
situación de vulnerabilidad. Se instrumenta por medio de distintas líneas de acción que comprenden un plan de ingreso, pensiones
asistenciales, trabajo con adolescentes y jóvenes.
Programa Familias para la inclusión social: Brinda apoyo monetario a familias pobres y promueve la asistencia escolar y el cuidado
de la salud de los niños, así como el desarrollo de capacidades en las
madres a través de acciones específicas. Esta línea de acción se desarrolla en 17 provincias, 24 aglomerados urbanos y 74 municipios.
Componente de ingresos: ofrece un ingreso mensual de hasta
$200 por familia según la cantidad de hijos que la integren. A modo de
contraprestación las beneficiarias tienen que presentar constancias de
concurrencia de sus hijos a la escuela y de haber realizado los controles
de salud correspondientes.
Componente Gestión asociada: comprende la participación de
las beneficiarias en planes de actividades elaborados por las OSC y los
municipios que participan del proyecto. Los planes de actividades se
refieren a: proyectos de difusión e información; proyectos de acompañamiento y de desarrollo de capacidades.
Cobertura: Durante el año 2004, el componente de ingresos alcanzó a 196.156 familias y 486.798 personas participaron en los 50
planes de actividades llevadas a cabo en 52 municipios de 14 provincias correspondientes al componente Gestión asociada.
Programa «Incluir»: Tiene por objeto mejorar los ingresos de
las familias con jóvenes de entre 18 y 25 años a través de su participación en actividades socioproductivas mediante actividades de capacitación y la generación de emprendimientos productivos.
Cobertura: Durante el año 2004 (el programa se inició hacia mediados del año) 61.597 jóvenes participaron en actividades de capacitación.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: atiende diferentes situaciones problemáticas que atañen a la población indígena.
• Se otorgaron 6.000 becas de estudios secundarios
• Se financiaron proyectos tendientes a mejorar la producción
tradiciones y las condiciones de vivienda y el hábitat, alcanzando a
56.000 beneficiarios de 16 pueblos indígenas.
• Regularización de tenencia comunitaria de aproximadamente
300.000 hectáreas de tierra.
165
Programa Arraigo:
• Regularización dominial de 5.464 familias ocupantes de tierras
fiscales a través del ofrecimiento de planes de pago que les permita el
acceso a la propiedad.
• Plan nacional de seguridad alimentaria «el hambre más
urgente»
Todos los programas y planes que se encontraban destinados a la
problemática alimentaria se unificaron en una estrategia articulada del
gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y municipales, escuelas,
centros de salud y organizaciones de la sociedad civil. Las líneas de
acción comprenden: asistencia alimentaria bajo distintas modalidades
fijadas por cada jurisdicción; comedores escolares y comunitarios; apoyo
para la autoabastecimiento y autoproducción de alimentos y actividades de capacitación, información y difusión sobre prácticas alimentarias.
Cobertura:
• Asistencia alimentaria (módulos alimentarios, tickets para la compra de alimentos, tarjetas magnéticas para la compra de alimentos):
1.115.000 familias.
• Comedores escolares y comunitarios: 1.985.470 asistentes.
• Autoabastecimiento y autoproducción de alimentos: 3.133.000
personas
¾ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 17
En el ámbito del Ministerio de Trabajo se implementa el Plan «Jefes y Jefas de Hogar Desocupados» que tiene por objetivo otorgar un
subsidio mensual de $ 150 y contribuir a incrementar las posibilidades
de empleabilidad de los beneficiarios a través de sus distintos componentes:
• Formación profesional: capacitación en oficios,
• Terminalidad educativa: terminación de los estudios primarios o
secundarios,
• Materiales: realización de obras de infraestructura social en los
municipios empleando a los beneficiarios como mano de obra,
• Proyectos comunitarios: realización de proyectos y Actividades
Socioproductivas (Programa Herramientas x Trabajo, componente que
integra el Plan Manos a la Obra)
17
fuente: www. trabajo.gov.ar (informes y estadísticas).
166
Cobertura: El programa alcanzó el máximo de cobertura en mayo
de 2003 con 1.990.735 beneficiarios que fueron disminuyendo paulatinamente, alcanzando en diciembre de 2004 a 1.587.261 Jefas y Jefes y a 1.538.038 en abril de 2005.
Presupuesto: $ 3.337.657.252 (de los cuales $ 792.699.000
corresponden a financiamiento externo).
• Programas nacionales de empleo
P.E.C. (Programa de Empleo Comunitario) e Interzafra (destinado
a personas que trabajan en la zafra y en el período interzafra reciben el
subsidio y asisten a actividades de capacitación): son dos programas
que también brindan un ingreso mensual de $ 150 a familias en situación de desocupación y que no están incluidas en el Plan «JJHD».
Estos dos programas contaban en junio de 2003 con 191.519
beneficiarios y en abril de 2005 llegaron a 220.840 personas incluidas.
Falta citar fuentes de donde salieron los datos
Si bien a partir del 2002, los planes incrementaron las erogaciones
y lógicamente extendieron su cobertura en términos absolutos, debe
señalarse que la estrategia general de «contención de la pobreza» no ha
introducido – salvo contadas excepciones – grandes modificaciones en
el abordaje del problema respecto a las acciones previas al estallido de
la crisis.
Algunas conclusiones en torno al ejercicio de las politicas
sociales hoy
En nuestro país, luego de una evolución de varias décadas en que
la vigencia del modelo de industrialización sustitutiva se acompañó de
una política pública social íntimamente vinculada al mercado de trabajo, instaurando un Estado de Bienestar, la reconversión -desde los años
ochenta- hacia una focalización de éstas políticas en la contención de
la pobreza, sólo pueden entenderse en la perspectiva arriba enunciada. La misma, creemos, es la única que permitirá comprender los cambios y alcances de las políticas públicas sociales diferenciales aplicadas
en el presente, en un país con una acentuada fragmentación social,
creciente concentración del ingreso y fuertes condicionamientos financieros externos. Al respecto, más allá de los cambios efectuados por la
actual administración en un contexto de formulaciones críticas de las
políticas neoliberales de los años noventa, expresadas desde los máximos niveles de la conducción del Estado, no se visualiza todavía una
sólida implementación de políticas sostenidas dirigidas hacia las transformaciones que permitan superar la situación actual de vastos secto-
167
res de la sociedad. Éstos, que comprenden el 40% de la población
urbana, constituyen lo que habitualmente se reconoce como población
pobre o carenciada, ó simplificando, de aquellos grupos sociales que debido a sus reducidos o inexistentes ingresos- no logran acceder a
niveles mínimos de bienestar y consumo.
Tales sectores, caracterizados -ya en la década de los setenta- como
«cadenciados», engloban tanto a los numerosos trabajadores del sector
informal, marginados de los sistemas vigentes de la seguridad social y
con ingresos muy reducidos -por debajo de la denominada línea de
pobreza- como a aquellos cuya base material de existencia se mantiene
exclusivamente mediante asignaciones públicas de recursos y cuya vida
está prácticamente desmercantilizada y determinada casi exclusivamente
por medidas de políticas públicas. Para este subsector la correspondencia entre trabajo y remuneración no juega papel alguno.
Sin extremar los niveles críticos, debe reconocerse que paralelamente a ciertas mejoras en los niveles salariales y jubilatorios (que por
cierto no tuvieron efecto en la redistribución del ingreso muy polarizado del país, en que el 10% de los perceptores de ingresos concentra
más del 34% del ingreso total), las políticas públicas de contención de
la pobreza, reforzadas tras la crisis del año 2002, se han mantenido,
ya sea como transferencias monetarias directas, como programas de
salud dirigidos a los grupos más vulnerables (materno infantil, etc.),
como entregas de alimentos a niños y ancianos, etc., y alcanzan a un
alto porcentaje de los hogares pobres (bajo línea de pobreza). Sin embargo, debemos destacar que, según las propias estadísticas del sistema estatal (INDEC), la brecha entre el ingreso promedio de estos hogares y la canasta básica total (que mide el acceso a los bienes y servicios mínimos necesarios)) es mayor que a comienzos de la crisis ya que
estos ingresos apenas representan el 50% de la mencionada canasta,
lo que limita seriamente los alcances reales de dicha cobertura.
Por otro lado, independientemente de la complejidad de los fenómenos de corrupción que no deben ser objeto de fácil y ligera generalización, el permanente señalamiento de que el manejo de estas políticas sociales de contención de la pobreza es fuente básica de manejo
«clientelar», señala a ambos, corrupción y clientelismo, como constituyendo uno de los problemas más sensibles y relevantes de la sociedad
argentina pobre y no pobre. Asimismo, las transferencias hacia los
sectores carenciados, ya se trate de pesos, bienes o servicios, no son
percibidas por la generalidad de los destinatarios como un derecho
social, producto de la falta de inserción de los miembros activos del
hogar en el mercado de trabajo y/o de una retribución no acorde a las
necesidades mínimas del grupo familiar.
Salvo contadas excepciones -expresadas en algunos movimientos
autónomos de carenciados y/o desocupados- en la generalidad de los
casos, cualquier forma de transferencia es recibida por los hogares
168
como una ayuda del poder político, que mediante este acto se hace
merecedor de retribución y adhesión política por parte de los asistidos
(movilización de apoyo, voto, etc.), generándose una suerte de intercambio en el que la asistencia efectiva o la expectativa de recibirla,
tiene como contraparte formas de adhesión hacia quién ejerce el poder de asignación de esa asistencia. En todas las situaciones antedichas, sean programas nacionales (financiados por el Estado federal),
provinciales o aún municipales, se genera una estructura piramidal en
la que, hasta que llega el beneficio a manos del destinatario, recorre
una serie escalonada e inevitable de jerarquías políticas que culminan
en el operador (puntero, manzanera, u otros) contactos finales y directos, barriales, zonales, de los hogares objetos de la transferencia.
Como ha sido exhaustivamente analizado en múltiples trabajos,
esta metodología política para contener la pobreza, cualquiera sea su
nivel de sofisticación y refinamiento, no es sólo contradictoria con el
concepto de derechos sociales, sino que limita y condiciona además el
nivel de autonomía y participación crítica que al menos teóricamente
debe rodear el concepto de derechos políticos y por ende de ciudadanía política elemental, generando para los sectores más carenciados
una condición especial que, sin audacia alguna, podríamos denominar
como ciudadanía de «segunda», en la que cualquier acción u omisión al
margen de las reglas establecidas con la jerarquía beneficiante pone en
peligro la continuidad del beneficio. Independientemente de que estas
sanciones grupales o individuales se concreten o no, en la conciencia
del pobre, la sola posibilidad de poner en riesgo lo que recibe por su
fidelidad a la jerarquía política, limita y condiciona su el imaginario.
Este condicionamiento agrega, al problema de la marginación social
señalada, un serio reparo al funcionamiento del sistema político en
general marcando para casi la mitad de la población límites a la participación y decisiones esenciales para el funcionamiento elemental de
una democracia.
169
Bibliografía General
Auyero, Javier, «Favores por votos», Bs. As., Ed. Losada, 1998.
Beccaria, Luis y López, Néstor, comp. «Sin trabajo, las características del
desempleo y sus efectos en la sociedad argentina.», Bs. As., Ed. UNICEF/
Losada, 1996
Beck, Ulrich, et. al., «Presente y futuro del Estado de Bienestar», Bs.As., Ed.
Siempro/ Niño y Dávila, 2001.
Canitrot, Adolfo et. al., « Libro blanco sobre el empleo en la Argentina», Bs.
As., Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995.
Capella, Juan Ramón. «Los ciudadanos siervos», Madrid, Ed. Trotta, 1993
Germani, Gino, «Estructura Social de la Argentina» Bs. As., Ed. Raigal, 1954.
Hobsbawm, Eric «El Mundo del trabajo», Barcelona, Ed. Crítica, 1987
Lo Vuolo, Rubén, comp. «Contra la exclusión, la propuesta del ingreso ciudadano», Bs. As. Niño y Dávila Ed., 1995.
Marshall Thomas H. «Ciudadanía y Clase Social» en Revista Española de Ciencias Sociales, pp. 297, Madrid, Ed. CIS, julio 1997.
Milberg, W., Heilbronner «La crisis de visión en el pensamiento económico
moderno» Bs. As., Ed. Paidós, 1998).
Palomino, Héctor, «Pobreza y desempleo en Argentina», Bs.As., Ed. Cespa,
2003
Tarcus, Horacio, et. al., «Estado, clase y ciudadanía» en Rev. Cuadernos del
Sur nº 27 pp. 113, Bs. As. E. Tierra del Fuego, oct. 1998
Trotta, Miguel E.V. «Las metamorfosis del clientelismo político», Bs. As., Ed.
Espacio, 2003.
Torrado, Susana, «Estructura Social de la Argentina 1945 – 1983 «, Bs. As.,
Ed. De la Flor, 1994.
Vinocur, Pablo/Leopoldo Halperin «Pobreza y políticas sociales en Argentina
de los años noventa», Santiago de Chile, Ed. CEPAL – Naciones Unidas,
2004.
World Bank, BIRF, «Globalización, crecimiento y pobreza», Bogotá, Ed.
Alfaomega, 2002.
170
171
Teoría y práctica de las
relaciones industriales.
Reflexiones sobre los cambios
recientes de las relaciones
laborales en Argentina.
Cecilia Senén González1
Introducción
En este artículo presentamos algunos resultados de una investigación más amplia2 sobre la transformación de las relaciones laborales
en empresas públicas en contextos de cambio estructural en la Argentina, el más importante de los cuales fue la privatización a principios de
los ’90 .
La primera parte del trabajo intenta contribuir con una sistematización de la reflexión teórica desplegada a lo largo de la década del ’90
que delimita tres grandes debates en el campo disciplinario de las “relaciones laborales».
El primero, focalizado especialmente en el proceso de globalización
y atento a percibir similitudes y diferencias en cada experiencia, lo
formulamos a partir del siguiente interrogante ¿en qué medida las presiones globales (factores competitivos, desregulación, privatización)
condicionan o determinan la convergencia y/ o la divergencia de
los sistemas nacionales de relaciones laborales?
1
Cecilia Senén González es Dra. en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, México D.F, Investigadora del CONICET. Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales,
Carrera de Relaciones Laborales, Universidad de Buenos Aires. Email. [email protected]
2
Nos referimos a la desarrollada en la tesis de Doctorado “Relaciones laborales, desregulación y
modernización en los sectores de telecomunicaciones, agua y saneamiento y gas. El caso Argentina (1990-2002)” defendida en Marzo de 2004 en la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, México D.F. de la que presentamos la síntesis de algunas conclusiones.
172
Esta discusión en la que intervienen investigadores que pertenecen a diversas disciplinas en ciencias sociales, entre ellos estudiosos en
relaciones industriales, fue predominante en muchos países desarrollados, en particular de Europa Occidental y ha sido el tema central en los
estudios comparados sobre sistemas de relaciones laborales en la última década (Bamber y Lansbury 1998; Ferner y Hyman 1998; Van
Ruysseveldt, y Visser, 1997; Locke, Kochan, y Piore, 1995, Rehfledt,
2000, entre otros).
Teniendo en cuenta la importancia de las instituciones, contextos o entornos en que se producen los procesos y los resultados
de las relaciones laborales, nuestro segundo debate sugiere identificar
las reflexiones sobre la transformación de los sistemas de relaciones
laborales y sobre la capacidad de las instituciones nacionales para responder a una economía crecientemente globalizada, en las que se considera el papel que juegan los actores dominantes (empresa, sindicato,
estado) y la interacción entre actores y marcos institucionales.
Proponemos organizar el debate en torno a esta pregunta ¿cuál
es el peso que ejercen los marcos institucionales y/o las opciones
estratégicas adoptadas por los actores sobre la transformación de los
sistemas de relaciones laborales en cada contexto nacional?.
En esta discusión confluyen diferentes perspectivas predominantemente norteamericanas, algunas de las cuales se agrupan en la corriente neo institucionalista, por ejemplo, la trabajada por cientistas
políticos y desarrollada en dos vertientes: histórica (Hall y Taylor, 1999;
Telen, Steinmo, Longstrem, 1992), y de la elección racional
(Shepsle,1989) 3. Confluye también la propuesta proveniente de las
teorías de análisis estratégico en los estudios sobre relaciones laborales
(Kochan, Katz y Mc. Kerise, 1986; Kochan, Piore, y Locke, 1995) y
que tienen como elemento clave, el concepto de “strategic choice.”
El tercer debate se centra en reflexiones que estudian la lógica
empresaria y sus estrategias. Concretamente, busca respuestas a la
pregunta: ¿son las estrategia de los actores y/ o las estructuras
las que condicionan o determinan las relaciones laborales a nivel de las
empresas?. Aportan a este debate las investigaciones de cientistas sociales neomarxistas como Hyman (1987), Giddens (1995), además de
Turner (1999), Streeck (1992), Van Montfort (2000). Estos trabajos se
originan en teorías que no necesariamente provienen de la relaciones
laborales, sino de disciplinas conexas.
Estos debates resultaron indispensables a la hora de plantear y
responder los ejes de nuestro problema de investigación, ¿existe con3
Dado que la corriente neoinstitucionalista no constituye un cuerpo teórico uniforme de pensamiento, existe una importante variación en la definición y alcance que cada línea teórica le otorga.
Pueden distinguirse también otros dos enfoques analíticos diferentes: institucionalismo económico
(North, 1990) e institucionalismo sociológico (Powell y Di Maggio, 1991).
Teoría y práctica de las relaciones industriales...
173
vergencia o divergencia en las relaciones laborales en el contexto de la
privatización de las empresas de Telecomunicaciones, Gas y Agua en
Argentina?, ¿qué factores explicarían dicha tendencia? 4.
La segunda parte del artículo tiene un carácter más empírico, está orientada a mostrar el modo en que a partir del estudio de un caso nos inscribimos
en los debates señalados y como los resultados de nuestra investigación nos
permitieron elaborar respuestas a los interrogantes planteados.
1. Los debates
I. ¿ Convergencia o divergencia en los sistemas nacionales de relaciones laborales?
De acuerdo a Bamber y Lansbury (1998), el interés central para
una buena parte de la investigación comparativa de relaciones industriales, ha girado en torno al debate acerca de si ha habido convergencia o divergencia entre los diferentes patrones de comportamiento
institucional dentro de diversos países, especialmente los
industrializados. Dichas posturas, han variado a los largo del tiempo.
El origen de la tesis de la convergencia se remonta a las investigaciones comparadas de relaciones industriales efectuadas en los años
´60 tal como la defendieron Dunlop y Kerr (“Industrialism and industrial man”). Según la premisa principal de esta teoría existe una tendencia global de la tecnología y del mercado asociadas con la industrialización, que impulsan a los sistemas nacionales de relaciones industriales hacia la uniformidad o “convergencia”, desembocando en
un modelo común, no sólo entre el Norte y Sur, sino también entre
Este y Oeste, denominado industrialismo pluralista 5. Aunque la
tesis de la convergencia de las sociedades fue exitosa durante períodos
de crecimiento, la crisis de los años ’70 puso más bien de manifiesto la
variabilidad y diferenciación de las soluciones escogidas por los
diferentes países enfrentados a problemas análogos (Maurice, 1989).
De hecho, en la coyuntura de los años ‘70 y ‘80, las comparaciones
internacionales fueron objeto de un renovado interés, más allá de la
forma y la metodología que adoptaron cada uno de estos estudios.
Entre éstos pueden destacarse como significativos en el campo de las
relaciones industriales, el de Dore en los ’70 6 y las investigaciones del
4
En la investigación más amplia también se estudió un tercer eje de la pregunta no desarrollada en
este artículo ¿cómo se conforma el nuevo campo estructural de las relaciones laborales? (Senén
González, 2004).
5
Según Lucena (1999), una década más tarde estos mismos autores admitieron que en los países en
vías de desarrollo se presentaron algunos problemas en la búsqueda de la convergencia. Fueron
identificados como el estancamiento rural, crecimiento desordenado de las subclases urbanas, altas
tasas de crecimiento y de la fuerza de trabajo, entre otros. Por esta razón, Kerr modificó sus opiniones originales argumentando que la convergencia era sólo una tendencia y que probablemente
nunca se desarrollen sistemas idénticos entre los países industrializados.
6
Dore (1973) confronta las características de los sistemas de relaciones industriales en Japón y
Gran Bretaña. Atribuye la diversidad, a los factores culturales presentes en cada país.
174
equipo francés LEST (Maurice, Sellier y Silvestre, 1982 en los ’80 7.
Estos estudios refutaron la teoría de la convergencia al desarrollar análisis comparativos que enfatizaron las particularidades de la organización industrial y los sistemas de relaciones industriales
en distintos países.
En los ’90, se asiste a un renacimiento de los estudios comparados de sistemas de relaciones laborales, lo cual puede atribuirse a la
globalización y apertura de las economías. La emergencia de un “mundo sin fronteras” y una “economía integrada”, tenderían a minar los
fundamentos de la autonomía de los sistemas nacionales (Hyman, 1999,
Rehfledt, 2000). Este supuesto, sumando a una mayor descentralización de la negociación y un declive mundial de la fuerza sindical refuerza
la creencia de una nueva convergencia para el mundo de las relaciones laborales.
A partir de las investigaciones reseñadas, (Bamber y Lansbury,
1998; Ferner y Hyman, 1998; Van Ruysseveldt, y Visser 1997; Locke,
Kochan, y Piore, 1995, Rehfledt, 2000) propusimos clasificar dichas
tendencias en tres categorías:
1. Convergencia pura
Dentro de esta clasificación, se ubican a quienes tienen una visión optimista y determinista sobre el futuro y afirman que las relaciones laborales están convergiendo en la dirección de las prácticas de
estilo japonés (Katz, 1996). Entre los que comparten esta postura, se
destaca la propuesta de Womack et all. (1992). Su argumento asume
con certeza que las relaciones japonesas de empleo están vinculadas a las prácticas de producción y organización y que juntas, generan
un desempeño económico superior. Esto último se da a partir de brindar una mayor atención a la calidad, flexibilidad y a los costos laborales
relativamente bajos. Womack considera que el efecto final de esa
“japoneización” está asociada a lograr un movimiento que transforma
a las relaciones de empleo en un modelo de tipo empresarial, con estructuras de negociación más descentralizadas, prácticas de trabajo en
grupo y empleo vitalicio.
Según esta propuesta, más allá de las características que tenga
cada marco institucional el traslado a cualquier contexto tendría
idénticos resultados (Humphrey, 1995). Afirman además que los sistemas nacionales están perdiendo sus características distintivas y aún
7
Maurice, Sellier y Silvestre (1982) proponen el enfoque conocido como “efecto societal”. Constatan coherencias específicas propias de cada sociedad: entre estructuras de educación, de organización industrial y de relaciones industriales al comparar Francia y Alemania. Señalan la importancia
que los desarrollos históricos y la influencia de las instituciones tienen en los patrones de relaciones
industriales (Rehfeldt,2000).
175
más, su habilidad para controlar o estructurar procesos y resultados de las relaciones industriales dentro de sus fronteras (Kochan, 1999).
2. Convergencias / Divergencias
En esta categoría se concentran la mayor parte de los estudios de
la década del ´908. En líneas generales, coinciden en señalar que existe
un patrón común de cambios en el nivel de los sistemas de relaciones
laborales (cambio de regulación del Estado, descentralización) que tendería a una convergencia entre ellos. Mientras que dicho patrón, se
combina con una profunda divergencia dentro de los niveles nacionales
dependiendo de como esas fuerzas de cambio son mediatizadas por diferentes instituciones con sus propias tradiciones históricas y culturales.
El estudio realizado por Katz y Darbishire (2000) indica que hay
tendencias comunes -lo que denominan convergencia- de cambio
en los sistemas de relaciones laborales (descentralización de la negociación, individualización de la negociación, aumento de la comunicación directa entre empleados y gerentes). Estas tendencias dan origen
a cuatro modelos de prácticas de empleo en los diferentes países analizados: modelo de empleo de bajo salario, modelo basado en la gestión de recursos humanos, orientación japonesa y modelo de grupos
articulados. Sin embargo, afirman, existe una sustancial variación
entre los países en el significado, la modalidad de implementación y las
consecuencias de esas prácticas de empleo así como significativas diferencias entre sectores no sindicalizados y sindicalizados, dependiendo
del contexto institucional e histórico en que estas prácticas se insertan.
En otras palabras, el marco institucional de cada país, sigue jugando un
rol muy importante en explicar las diferencias entre países.
Otra de las investigaciones destacadas fue la efectuada por Locke
(1992) en Italia. Locke comprueba que la mundialización de la economía y la fragmentación de los mercados, han multiplicado los sistemas
de relaciones industriales existentes dentro de un mismo país, cuestionando así, la primacía de los análisis centrados en los sistemas nacionales de relaciones industriales que descuidan la importancia de considerar en los estudios las diferencias dentro de un mismo
país. Locke subraya que la variación en las prácticas de relaciones
industriales son resultado de la presencia o ausencia de coaliciones de
productividad en cada empresa o planta, hecho que podría asociarse
con el fin de los sistemas nacionales de relaciones industriales causado
por la multiplicación de las diferencias dentro de cada país (Katz, 1996).
De ese modo, define la fuerte heterogeneidad de respuestas nacionales y el impacto de esos cambios, ya sea entre países como dentro
de un mismo país.
8
Aunque sólo nos referiremos a una selección de investigaciones, pueden incluirse también Kuruvilla
(1996), Crouch and Streeck (1997), entre otros.
176
Por último, Smith y Elger (1999) desafían las reflexiones y fundamentos sobre las “nuevas convergencias” causadas por la competencia internacional y por las operaciones globales de las corporaciones transnacionales. La investigación, realizada en tres países europeos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, remarca la importancia
de los diferentes marcos institucionales en cada uno de los países, mostrando que efectivamente han sido fundamentales a la hora de
mediar los efectos de la competencia internacional. Este argumento
refuerza la crítica de los autores sobre la tesis de la globalización y el
diagnóstico de un nuevo paradigma dominante de producción.
3. Contingencia
Podemos incluir en esta categoría a quienes identifican una extrema diversidad de situaciones dentro de un mismo país e incluso
en un mismo sector o empresa, no pudiéndose observar tendencias
específicas. Ilustran esta última clasificación, Ferner y Hyman (1998),
cuando ejemplifican los cambios de actividades de las corporaciones
multinacionales. Al respecto señalan que éstas impulsan a adoptar patrones comunes de relaciones de empleo a nivel internacional, de lo
cual emergen “sistemas de empleo” a nivel de las empresas. Sin
embargo, existen considerables diferencias en las estrategias que
implementan las corporaciones multinacionales. Una de las implicancias
de esta tendencia establece que los patrones de relaciones industriales
dentro de los países y aún dentro de un mismo sector tienen rasgos
sumamente heterogéneos. En tal sentido, existe más similitud entre “el
modelo de la General Motors o de la Toyota. o de la Peugeot” que entre
el sistema de relaciones laborales Británico o el del Suizo. Por esa razón,
las prácticas de empleo en la empresa Ford de Alemania, España o
Inglaterra, se parecen cada vez más unas con otras. Ferner y Hyman
denomina esta tendencia “isomorfismo de las corporaciones”.
En esta línea, el trabajo de Quiñonez (2000) sobre las políticas de
gestión de recursos humanos en los ’909 argumenta a favor de los
estudios que pongan el acento en los recursos de poder con que cuenta
cada actor, en sus poderes relativos y en sus alianzas. Así, definen que
las políticas de recursos humanos desarrolladas por las empresas son
resultados de negociaciones, de contradicciones, de procesos, que provocan fracturas en el proceso de toma de decisiones, en contraste, con
las posturas que asumen que dichas políticas tienen un papel “monolítico
e inmutable”. Asimismo, postulan que los actores deben estar “convencidos” de la necesidad de efectuar cambios que son a la vez una
9
De acuerdo a Quiñónez estas posturas se incluyen en el trabajo de Ferner (1993) quien incorpora
las opiniones efectuadas por Pollert, Marginson, Sisson, Edwards. “Multinational Companies and
Human Resource Management: An Overview of Research Issues”. Paper for European Community
Human Capital & Mobility Conference on Multinational and Human Resource Management. Barcelona, 19-21 de Noviembre.
177
manifestación en términos de intereses de los actores que ven en su
implementación una oportunidad de conseguirlos y de sortear obstáculos. En suma, “lo que estos autores están planteando es la
contingencia del entorno local” (Quiñonez, 2000).
En síntesis, las contribuciones provenientes de la literatura comparada de relaciones industriales, no permiten reconocer tendencias unívocas, ya que las posturas han variado a lo largo de las décadas. En lo que respecta a la década del ’90 las posiciones son sumamente heterogéneas, van desde la aceptación parcial o total de la convergencia hasta la negación o relativización.
II. ¿Marcos institucionales u opciones estratégicas?
En los años 1980 / 1990 muchos cientistas sociales utilizan un
enfoque “neoinstitucionalista” aunque parten de presupuestos
epistemológicos distintos (Coller y Garvía, 2004). En particular, los
cientistas políticos utilizaron como enfoque dominante desde los años
‘40 el conductismo con el objeto de estudiar comportamientos y actitudes políticas10. El rechazo a este enfoque da lugar a una reevaluación
del papel de las instituciones y las reglas de juego político.
Distinguimos dos importantes contribuciones en el campo de las
relaciones laborales.
Por un lado, el “nuevo institucionalismo” desarrollado en la vertiente histórica (Hall y Taylor, 1999; Thelen, Steinmo, Longstrem, 1992;
Berthanou, 1995), y de la elección racional (Shepsle,1989). Por otro,
la propuesta proveniente de la teoría del strategic choice (Kochan, Katz
y Mc. Kerise, 1984) retoma del conductismo el énfasis puesto en
los actores para analizar los cambios en los sistemas de relaciones
industriales. Proponen que los actores en el sistema de relaciones industriales pueden ejercitar elecciones estratégicas, un concepto que
introducen de la teoría de las organizaciones a través de John Child
(1972).
Agrupamos en tres diferentes categorías estos estudios:
1. Neo Institucionalismo
Para el institucionalismo histórico el énfasis está puesto en el
papel central de las instituciones, en la conformación de determinados
resultados de política pública, en la estructuración del conjunto de ideas
que delimitarán las opciones de política pública, y en los mecanismos
de interacción entre los actores políticos principales (Thelen y Steinmo
10
Este enfoque le otorga a la acción y al comportamiento de los actores un énfasis ausente en la
tradición institucionalista.
178
(1992), Berthanou 1995). Entre sus características destacan que no
trabajan con un actor racional maximizador, sino con uno que se comporta siguiendo reglas y buscando una elección satisfactoria. Consideran además que las instituciones no solo intervienen en la determinación de las estrategias de acción, sino en la definición de los fines mismos de la acción. Es decir, las instituciones orientan las preferencias de
los actores. Al moldear las preferencias y las estrategias de los actores,
se convierten en el fundamento explicativo más importante de la actividad política, es decir en la instancia de influencia más importante.
Por último, es notable el prominente papel concedido al poder y
a las relaciones asimétricas de poder. En tal sentido, han puesto especial atención en la manera en que las instituciones distribuyen el poder
en forma desigual entre los grupos sociales remarcando como algunos
grupos pierden mientras otros ganan.
Por otro lado, los institucionalistas de la elección racional, entienden las instituciones como sistemas de reglas procedimentales que
determinan las opciones estratégicas de los actores, y así a los posibles
resultados que pueden llegar dadas aquellas reglas, que no siempre son
los más favorables u óptimos (Coller, Garvía, 2004)11.
2. Instituciones y opciones estratégicas
El grupo de investigadores de relaciones laborales del MIT (Locke,
Kochan y Piore, 1995) fue quien inició la discusión acerca de cuales
son los marcos analíticos apropiados para orientar los estudios comparados sobre las relaciones laborales. Explícitamente, se buscó romper 12
con la teoría tradicional relativa a los estudios comparados
expresada en el clásico estudio de Kerr et al. quienes tomaron como
principal unidad de análisis el “sistema nacional”, enfatizando la
importancia ejercida por los marcos políticos institucionales como
factores de diferenciación entre los países. Dicha ruptura se manifiesta esencialmente en la incorporación como unidad de análisis no
sólo del nivel del sistema nacional de relaciones laborales, sino también del nivel micro o del lugar de trabajo. Para ello, el grupo del MIT
promovió una metodología diferente para explicar comparativamente
las transformaciones de las relaciones laborales en distintos países. Este
método basado en la teoría del strategic choice constituyó un mo11
Según Coller y Garvía (2004) dentro de este institucionalismo se comienza a incorporar la dimensión cultural y nor mativa de las instituciones generando puntos en común con los
neoinstitucionalismos sociológicos.
12
Ruptura que consistió en superar algunos supuestos teóricos refutables (Lianza, 1999): una comprensión de los cambios de la sociedad mundial como réplica de las ocurridas en Estados Unidos
(etnocentrismo); una visión de los sectores productivos como fruto de un modelo único de producción – sea fordista o lean production, (determinismo tecnológico) y la presunción de un equilibro de
las sociedades que requería solo de algunos ajustes para que se llegase a un equilibrio sistémico
entre los actores sociales (funcionalismo).
179
delo de interpretación en el cual se puso el énfasis en considerar las
opciones estratégicas tomadas por los actores sociales ante las transformaciones de los mercados internacionales y la tecnología. Definieron como opción estratégica de los sindicatos, empresarios y el estado “aquellas decisiones que afectan el curso y la estructura de los
sistemas de relaciones industriales” (Kochan, Katz y Mc. Kerise, 1984)
y la “comprensión del contexto, el rol del entorno, las instituciones” constituyen una fuerte referencia para comprender las diferentes
opciones estratégicas que adoptan los actores. Aplicaron el método a
un estudio comparado de los sistemas de relaciones laborales en doce
países de la OCDE cuyo objetivo fue explicar porque las relaciones
laborales en diferentes países toman diversos rumbos frente a presiones semejantes. Además buscaron trascender el debate entre los partidarios de dos explicaciones opuestas acerca de la transformación de
los sistemas de relaciones laborales. La primera, adoptada por los investigadores del MIT, remarca la importancia que tienen las decisiones
que toman los actores, mientras que la segunda, apoyada por muchos
de los investigadores europeos enfatiza la restricción que ejercen los
marcos institucionales al limitar las decisiones que podrían tomar
los actores en el campo de las relaciones laborales. Como resultado del
estudio, las experiencias de los países presentan casos polares: en algunos se acentúa el peso de las opciones estratégicas de las empresas
como inductoras de los cambios en las relaciones industriales (Estados
Unidos), en otros: el peso de la tradición de las instituciones centralizadas y fuertes movimientos sindicales funcionaron como aspectos que
restringieron el accionar de los empresarios (como Australia). Más allá
de estas diferencias, puede concluirse que la historia, las instituciones
así como las opciones estratégicas tienen todas importante consideración en explicar la naturaleza y extensión de los cambios en cada país.
El estudio de Van Ruysseveldt y Visser (1997) también reúne una
serie de investigaciones sobre la transformación de los sistemas de relaciones industriales en Europa. El foco de análisis del estudio enfatiza
la particular dinámica de la relación entre cambio institucional y
opciones estratégicas. En opinión de los autores, las relaciones industriales pueden ser tratadas en forma combinada, como variables
dependientes e independientes. Esta posición permite comprobar el
peso de las instituciones de relaciones industriales y cómo las opciones
y los conflictos entre actores son mediatizados por esas instituciones.
Los autores señalan que en la adaptación institucional frente a las
presiones externas incide el path dependence (trayectorias pasadas
o patrones anteriores) como constelación de poder y opciones en el
pasado las cuales han generado, creado o excluído, por acción o por
omisión, los potenciales y posibles cursos de acción en el presente. Al
analizar la transformación de las relaciones industriales en Europa a
mediados de los ‘90, se observan marcadas diferencias entre países de
acuerdo a la variación en el rol de los actores como agentes del
180
cambio y al grado de éxito logrado en función de los objetivos perseguidos. Con respecto a los actores, señalan que los sindicatos prácticamente no tuvieron participación en los cambios (con la excepción
del caso de Italia). A su vez, son los gobiernos en la mayoría de los
países (y no los empleadores) los actores decisivos en lograr el cambio
institucional (Italia, Holanda, Francia). Respecto del cambio
institucional propiamente dicho, sostienen que Inglaterra es el país
que más se asemeja a Estados Unidos en avanzar hacia objetivos –
exitosos- de descentralización y flexibilidad laboral. En Francia e Italia
se observa lo opuesto. Los gobiernos aunque introdujeron una mayor
flexibilidad, buscaron instrumentos compensatorios con el objeto de
regular el poder de la negociación colectiva. En cambio en Alemania,
las presiones hacia la flexibilidad y descentralización, se combinan con
la influencia y el control de poderosas organizaciones sectoriales, y en
el marco de un sistema legal y estable.
3. Institucionalismo y constructivismo político
Locke y Thelen (citados por Araujo Castro, 1996) subrayan la
consolidación en el medio intelectual americano de dos grandes líneas
de interpretación en los estudios sobre relaciones laborales: el
institucionalismo y el constructivismo político. Para los primeros, la ecuación teórica se centra en un punto clave: es suficiente entender las condiciones de renegociación de los marcos institucionales
antes vigentes, para entender por ejemplo, como las empresas son
presionadas para incrementar su capacidad competitiva. En el segundo caso, “concentran su atención en el contexto socio-económico
en que se mueven los actores (sindicatos, empresas, estado),
redefiniendo los grados de libertad en función de las fronteras
organizacionales y de la construcción de identidades” (Araujo Castro, 1996).
Nuevamente, las instituciones son un punto crucial para los adeptos al primer enfoque, en la medida que ellas establecen los parámetros,
y en ese sentido, definen los objetivos por los cuales se dan las disputas
entre el trabajo y el capital, estructurando sus interacciones estratégicas. Con esto se enfatiza el contexto institucional de la acción y
de los actores, es decir, de las empresas y sindicatos y el marco legal
e institucional del cual emergen las relaciones industriales y sus nexos
con el Estado. En el segundo enfoque, el constructivismo político,
el énfasis se traslada de las estructuras formales (donde estaba puesto
para los institucionalistas) hacia el propio proceso político y la naturaleza discursiva de las relaciones sociales. Las “identidades”, “visiones del mundo”, “mapas cognitivos” de los actores antes que sus
intereses se tornan en las categorías analíticas de interpretación (Araujo
Castro, 1996). En la medida en que las identidades son forjadas a partir de la experiencia social, los análisis enfatizan la contingencia his-
181
tórica, la cultura y la plasticidad de los marcos institucionales
en busca de explicar las tendencias de las acciones colectivas en el
mundo de las relaciones industriales. La atención se desplaza entonces hacia el modo en como los contextos sociales, políticos y culturales
afectan la operación de las estructuras formales.
Así, partiendo de la fusión teórica de ambos enfoques, en un estudio posterior al analizado por Araujo Castro, Locke y Thelen (1998)
comparan experiencias de conflictos sindicales en cuatro países
industrializados. Se proponen demostrar que los conflictos que se configuran a primera vista como diferentes son de hecho, manifestaciones
de un mismo fenómeno subyacente. Avanzan en una propuesta
metodológica proponiendo comparaciones contextualizadas de
la política sindical comparada. Las comparaciones contextualizadas
no pretenden reemplazar sino complementar las comparaciones simétricas tradicionales13, procurando incorporar nuevos conceptos para el
sindicalismo y las relaciones industriales al enfatizar semejanzas entre
casos considerados diferentes en la literatura convencional y a la inversa, al subrayar diferencias significativas entre casos considerados semejantes.
En síntesis, hemos confrontado las posturas de quienes ponen el
énfasis en las instituciones como variable explicativa de los cambios en
las relaciones laborales y los que concentran su atención en las opciones estratégicas. En el mismo sentido, analizamos las corrientes
institucionalistas y constructivistas destacando que las diferencias entre
estas corrientes pueden ser vistas como una cuestión de énfasis y no
tanto de principio analítico, tal como ha señalado Araujo.
III. ¿Estrategias o estructuras?
En relación a las dos primeras líneas de debate recientemente
aludidas, es necesario considerar que se trata de discusiones teóricas
originadas en base a la experiencia de países desarrollados, por lo cual
fue necesaria una relectura de las mismas a la luz de las modalidades
nacionales y regionales específicas que adquieren los procesos de transformación de los sistemas de relaciones laborales en contexto de cambio estructural. De hecho, es retomada y redefinida en América Latina
por algunos investigadores14 .
Nos proponemos clasificar en el marco de identificar diferentes
categorías, una serie de trabajos de acuerdo a la posición que asumen
respecto al peso que tienen las estrategias y/o las estructuras en condi13
Conocidas como “Matched comparison ” equivalentes a comparar “manzanas con manzanas”,
Locke y Thelen (1998).
14
Entre muchos otros, De la Garza (2001); Guadarrama (1999); Romo Beltrán (2004); Geyser
(2000), Bialakowski; Battistini y el equipo del Area identidades del CEIL-PIETTE.
182
cionar o determinar las relaciones laborales a nivel de las empresas.
Las categorías propuestas se clasifican en cuatro:
1. Estructuralista
De acuerdo a Chandler (1962), la estrategia se define como “la
determinación de las metas básicas a largo plazo, los objetivos de una
empresa y la adopción de planes de acción junto con la localización de
los recursos necesarios para lograr esas metas”. Mientras que la estructura, refiere a “el diseño de una organización a través de la cual
ésta es administrada”. El trabajo de Chandler ha sido y aún sigue siendo fuente de un importante debate acerca de la naturaleza de las
estrategias empresariales. La polémica en particular se centra en
reconocer si los cambios estructurales determinan las estrategias de los
actores – en especial la de los empresarios- o a la inversa, si las estrategias crean estructuras. En opinión de Chandler, las estructuras
determinan las estrategias seguidas por las empresas (De la Garza,
1998). De hecho, entre las estructuras determinantes más comunes se encuentran no sólo las internas a la organización sino las externas provenientes de los clientes, proveedores, competidores, instituciones reguladoras gubernamentales o sindicatos.
2. Contingentes
Storey y Sisson (1993) denominan enfoques de estrategia empresarial contingente al referirse a algunos modelos de gestión de
recursos humanos. Estos modelos se caracterizan por enfatizar la variabilidad de la estrategia empresaria, cuyas decisiones se toman de
acuerdo a la adaptación a las condiciones cambiante del contexto. El
primer modelo conocido como ciclo de vida de negocios (bussines
life-cycles stages), busca establecer relaciones entre las políticas de recursos humanos (selección, ingreso, capacitación, etc.) con diferentes
“estadios”que incluyen cuatro momentos: de inicio, de crecimiento,
maduración y por último, de declinación. Cada “estadio” del ciclo de
vida supone distintas prioridades que a su vez requieren de políticas
específicas de recursos humanos. En suma, el ciclo de vida es la variable crítica que tiene injerencia en la elección o no de un tipo apropiado
de política de recursos humanos.
El segundo modelo apunta a la relación entre estructura y estrategia. Según una de sus premisas , la “mejor estrategia de recursos
humanos ” variará dependiendo de cada situación particular ya que no
existe “one best way”. La relación entre estrategia y estructura está
muy cerca de la concepción de Chandler y el debate acerca de si
“strategy follows structure” o “structure follow strategy”. Mas allá de la
postura que cada uno adopte, este modelo muestra que ambas están
183
evidentemente interrelacionadas en el momento de elegir cual es la
política de recursos humanos más efectiva.
Considerando el aporte de Hyman (1987) podemos clasificarlo
también dentro de una perspectiva contingente aunque con énfasis marxista. Para Hyman, el concepto de estrategia “puede ser entendida, sólo en el marco de un proceso contradictorio ”. Según el
autor, desde los ’80 la literatura gerencial ha incorporado y popularizado la noción de estrategia; aunque con frecuencia su significado es
elusivo e impreciso Convencionalmente, el término estrategia tiene un
origen histórico militar - está dirigida a derrotar a un enemigo - y se la
atribuye al planeamiento y la organización empresarial en contraste
con el concepto de táctica. Los análisis en términos de estrategias
empresariales se confrontan con - o más bien evaden - un problema
teórico mayor: si la producción capitalista está sujeta al determinismo
de las fuerzas económicas o de leyes externas a la empresa individual,
¿que opción hay ahí para las decisiones estratégicas?. Sin embargo, Hyman apunta que “la clave para cualquier tratamiento creíble
de la estrategia dentro de un análisis marxista es seguramente el énfasis en las contradicciones. La decisión estratégica existe, no por
ausencia o debilidad de determinaciones estructurales sino porque esas
determinaciones son contradictorias por sí mismas”. En efecto, “el
cambio estratégico” en las organizaciones viene acompañado de
negociaciones intra-administrativas y luchas micro-políticas que finalmente dan como resultado un proceso de cambio incierto o al menos
“negociable”. Las ambigüedades del proceso estratégico significan que
las implicancias de la estrategia en las relaciones laborales son también
inciertas, provisionales y complejas.
3. Interpretativa
De acuerdo a De la Garza (1998), los empresarios hacen intervenir en sus estrategias empresariales, estimaciones subjetivas, con
sus prejuicios, supuestos, esquemas cognitivos. Algunos estudios acerca de como toman decisiones los empresarios ponen de manifiesto como intervienen la intuición, experiencia e incluso la personalidad como factor ineludible en la conformación del “gestalt de datos”
en el cual toman decisiones. Asimismo incide el campo de las emociones como el stress, envidia, celos y frustración.
Otro aporte dentro de esta perspectiva, es la contribución que
proviene de la psicología para las relaciones industriales Hartley
(1992). De acuerdo a Hartley, la psicología no sólo contribuye en forma individual con las personas sino también a nivel grupal e incluso
dentro de una organización. Hartley distingue diferentes áreas donde
la psicología puede aportar al campo de las relaciones industriales.
Concretamente, a partir de considerar algunos datos del comporta-
184
miento de cada uno de los actores (sindicatos, empresarios y empleados) dentro de las empresas, subraya en base a ello el peso que tienen
las creencias y actitudes entre ellos en los procesos y resultados de
las relaciones industriales. Por otro lado, señala la incidencia que ejerce el contexto político y económico sobre los actores. En este último
sentido, la psicología contribuye con la posibilidad de explicitar la percepción subjetiva que cada actor realiza del contexto que en definitiva, funciona como marco de posibilidades y/o restricciones para el
comportamiento individual y grupal. En el mismo sentido opera el impacto de la socialización (económica, política, ocupacional) en los actores. Efectivamente, empleados y empresarios están condicionados
de esperar y aceptar por ejemplo, cierta desigualdad en la distribución
del poder dentro de la empresa.
Por último, la propuesta de Storey y Sisson (1993) se centra en
un modelo interpretativo en el cual la estrategia es visualizada ante
todo como un resultado social, acorde a la ideología, ritos, mitos y
símbolos que prevalecen en la cultura organizacional en contraste con
las estrategias formalmente planificadas. Los cambios en la estrategia
empresarial, entonces, estarían ligados al significado que los empresarios le consagren.
Sin embargo, las posibilidades de cambiar las estrategias y a su
vez diseñar nuevas políticas de recursos humanos, no es sencillo. Esto
se debe a que tanto los empresarios como los otros integrantes de la
organización, operan dentro de una estructura profundamente arraigada de “mapas causales”, “scripts” o “ideologías” que no son
percibidas de manera conciente. En el marco de esta postura deben considerarse entonces la complejidad de los procesos internos:
¿cómo perciben los empresarios la necesidad de cambiar?, ¿qué factores conforman el rango de opciones consideradas para el cambio?. Las
motivaciones de los empresarios, sus fuentes de información, sus marcos de referencia, todos son factores críticos que moldean sus
opciones estratégicas.
4. Sujetos sociales y subjetividades
Según De la Garza, la discusión relativa al predominio de las estrategias de los actores o de las estructuras está inserta en un problema
sociológico más general: el de las relaciones entre estructuras,
subjetividades y acciones (individuales y colectivas). Su propuesta recupera algunas de las premisas de los enfoques señalados e
incorpora otras: “es pensar que hay presiones estructurales,
globales y locales que presionan a las empresas hacia el cambio,
pero que los sujetos sociales –empresarios, gobiernos y sindicatos, trabajadores - siempre dan sentido a esas presiones antes de
actuar”. Un camino viable es tratar de recuperar los avances que des-
185
de las ciencias sociales han indagado en diversos campos de la subjetividad, entendida como proceso de dar sentido y decidir. En esta
salida “no habría una sola forma de dar sentido y por lo tanto una sola
forma de decidir – y tampoco un solo modelo de producción - aunque
las presiones estructurales fueran semejantes” (De la Garza 1999 y
2001). Si a lo anterior se suma que “los sujetos no sólo transforman la
realidad de acuerdo con las presiones estructurales y su subjetividad
sino que entran en interacción de determinadas maneras, se completa
el triángulo de la relación entre estructuras- subjetividades y acciones“. Este modo de encarar el análisis permite reconocer la diversidad de modelos de producción y abrir opciones de transformación
más allá de la lógica positivista que permea a casi todas las teorías
actuales. Efectivamente, las teorías actuales confunden diagnóstico y
normatividad 15 y a su vez están fuertemente influenciadas por el
estructuralismo al considerar central que las presiones del mercado
globalizado conducirán, finalmente, al modelo de producción considerado como deseable. Estas teorías reflejan, la poca importancia de
los sujetos en el desenlace de los acontecimientos16 .
En síntesis, hemos podido observar, no hay un solo concepto de
estrategia ni uno solo de estructura, aunque ambos han ocupado un
lugar importante en estudios realizados en no sólo en Estados Unidos y
Europa sino en A. Latina. Se destaca que al ser esta discusión una de
las matrices que dan significado a las ciencias sociales, la manera en
que han ido cambiado y evolucionando estos ejes conceptuales está
ligada y remite a un debate mayor como hemos tratado de demostrar.
2. La investigación sobre el caso argentino: resultados alcanzados
e implicancias teóricas
A continuación mostramos de que modo los debates teóricos de
los ´90 orientaron la investigación que llevamos a cabo en la Argentina
sobre la transformación de las relaciones laborales producto de la
privatización, desregulación y modernización de las empresas públicas
entre 1990-2002.
A partir del primer debate -que se interroga sobre la convergencia y/ o la divergencia de los sistemas nacionales de relaciones laborales- observamos similitudes y diferencias en los procesos de cambio
de las relaciones laborales en las empresas privatizadas.
15
Al respecto, De la Garza (1999) señala: “en las investigaciones empíricas normalmente se escogen casos que de antemano se sabe que justificarán, al menos en parte, las tendencias deseables por
estas teorías. Pero ninguna de ellas puede presumir de ser representativamente verificada en ningún país. Sin embargo, la no verificación no lleva a falsear las teorías sino a postular que se está en
un período de transición que finalmente seguirá el curso deseado”.
16
Aún más apunta De la Garza (1999), estos modelos, caen en una suerte de evolucionismo, “al
postular alguna sucesión de modelos - por ej. del fordismo al posfordismo o al neotaylorismo -. No
obstante, aunque niegan tal evolucionismo, plantean la convergencia hacia algún tipo de modelo
ideal –como el lean production-
186
A diferencia de la literatura teórica que participó de este debate,
en que la convergencia / divergencia se identifica entre países, en nuestro estudio realizamos una comparación en un solo país, aunque entre
los procesos desarrollados en tres sectores clave de la economía como
las telecomunicaciones, gas y agua y saneamiento que además representaron cinco empresas cuyo origen de capital es diferente.
Hicimos una comparación que contempló dos cuestiones: 1. el
período previo y posterior a las privatizaciones (entre 1989 y 2002);
2. los niveles de observación y análisis - macro, meso y micro- que
preconfiguraron el predomino de distintos actores –estado, sindicato,
empresa-. Esta doble dimensión nos permitió ver la dinámica de
interacción entre actores.
Cabe señalar que pese a que el escenario normativo jurídico e
institucional que concretó las privatizaciones 17 tuvo una lógica
homogeinizadora que pretendió otorgar un punto de partida común de
todo el proceso privatizador, no obstante, al analizar en forma focalizada
cada nivel, comprobamos que el proceso de reforma que tuvo
como eje a las privatizaciones originó divergencias en cada uno de
los sectores privatizados.
A continuación mostraremos como cada uno de los actores se
hace más visible que otro según cual sea el nivel de análisis.
En el nivel macro –en el que se halló el grado más alto de convergencia- distinguimos el sistema nacional de relaciones laborales
que se expresa en el contexto histórico – político de la privatización y
en la interacción de los principales actores: estado y central sindical mayoritaria (CGT).
En el momento previo a la privatización, analizamos las condiciones macroeconómicas de las empresas públicas previas al traspaso
a manos privadas así como al contexto socio-político en que se realizó
la privatización y al posicionamiento de la CGT frente al proceso. Mientras que, en el momento posterior, coincidente con la consolidación
del proceso privatizador se realizó un balance de la privatización a los
diez años de iniciada (año 2001) y su impacto en las organizaciones y
estructuras sindicales .
17
Contó con dos leyes: la de reforma del Estado y la de Emergencia Económica. La primera
de ellas modificaba sustantivamente la concepción del rol del Estado abarcando distintos ámbitos:
reforma administrativa, descentralización, reforma tributaria y privatización de empresas públicas.
En cuanto a las privatizaciones, autorizaba al Poder Ejecutivo a intervenir las empresas públicas
suprimiendo sus directorios y otros órganos de control, a modificar su forma social, a dividirlas y,
obviamente, a privatizarlas. Ley de Emergencia Económica concedía al Poder Ejecutivo una amplia
capacidad de decisión, derogando todas las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional, permitiendo el ingreso de aquél a áreas privatizables antes restringidas y suspendiendo el
régimen de compre nacional (Schvarzer, 1993).
187
En síntesis, en este nivel y durante todo el período pudimos constatar que la preservación de institutos básicos18 constituyó un objetivo
central de la acción política del sindicalismo oficial (CGT), mientras el
gobierno lograba imponer con firmeza el plan de reformas estructurales, del que las privatizaciones formaban parte. De este modo se verifica que entre estos actores se desplegó una estrategia basada centralmente en el intercambio de favores políticos.
El nivel meso – donde percibimos ya un grado de divergencia
importante- remite al espacio que permite reconocer la aparición de
“nuevos” actores – empresas privadas - así como la reconfiguración de
“viejos” actores - los sindicatos. El análisis de este nivel nos facilitó la
identificación de dos estilos de gestión sindical diferenciados: estilo reactivo 19, en telecomunicaciones y gas y estilo propositivo20en
agua. Estos diferentes estilos no se debieron ni a la pertenencia sindical al oficialismo, ni a la participación de algunos dirigentes sindicales
en organismos públicos ligados a las privatizaciones21, ni al origen común de pertenecer a sindicatos de empresas públicas. Sino que la historia previa de cada sindicato redujo los márgenes de libertad del
actor sindical y modificó su trayectoria en el período post-privatización22.
Por último, el nivel micro – también un nivel divergente-,
involucra a las empresas dominantes de los tres sectores y los principales actores que comparten dicho espacio: empresarios y representantes sindicales. En este nivel, se evidenciaron particularmente las estrategias del actor empresarial. Más allá de los diferentes orígenes de capital de las empresas23, el punto de partida de la privatización tuvo un
rasgo en común: la situación de monopolio natural. Pero cada una
de las empresas tuvo luego trayectorias divergentes: a diferencia del
caso de agua y gas, las políticas iniciales de innovación tecnológica
18
Estos son el manejo de las Obras Sociales que aseguraban la disponibilidad de recursos económicos y el encuadramiento sindical que garantizaba el monopolio de representación de la CGT.
Ambos institutos facilitaron la permanencia en el poder de los dirigentes nacionales.
19
Considerando siempre a la gestión sindical en su interacción con la parte empresarial, se designó
reactivo al estilo que pese al bajo reconocimiento empresarial mantuvo una ruptura y división
interna del sindicato.
20
En este caso, combinó alto reconocimiento empresarial y unificación y cooperación interna del
sindicato.
21
En el caso de agua, su máximo líder sindical asume como titular de la Administración Nacional
del Seguro de Salud (ANSSAL) institución que maneja los aportes realizados por empresarios y
trabajadores en actividad el mismo año en que se inicia la privatización. En el de telecomunicaciones, el Secretario General del sindicato fue quien ocupó durante la transferencia a manos privadas
el cargo público de Subsecretario de Comunicaciones.
22
Como se explica extensamente en nuestra investigación las estrategias de los actores sindicales
han estado fuertemente condicionadas por las características endógenas del propio sindicato, sus
trayectorias pasadas y su acción política, todo lo cual denominamos historia previa. (Senén
González, 2004).
23
En telecomunicaciones, una empresa de capital español y otra de capital francés; en gas, una de
capital inglés y otra norteamericano y francés, y en agua, de capital francés.
188
instrumentadas en telecomunicaciones se caracterizaron por un extremo dinamismo innovativo que funcionó de condicionante para el
resto de las políticas en relación al personal (por ej. en los cambios en
los perfiles de ingresos, en los programas de capacitación, etc.). En
cambio, la modernización tecnológica parcial en gas y agua no se
presentó como una opción condicionante del resto de las elecciones
relacionadas con el personal. Sin embargo, con independencia de los
condicionantes tecnológicos, los estilos de gestión se diferenciaron
notoriamente: en telecomunicaciones y gas se manifiesta un estilo de
gestión unilateral, con renovación de personal y exclusión, mientras
en agua se expresa en un estilo de gestión relativamente
consensuado con reconversión e inclusión. Estas diferencias pueden
explicarse por la correlación existente con la percepción empresaria: desfavorable hacia los trabajadores (en telecomunicaciones y gas)
y favorable (en agua).
En conclusión, nuestro estudio de caso nos llevó a distanciarnos
de las teorías cuya base es el determinismo que suponen la convergencia hacia modelos universales. A pesar de algunos aspectos que podrían haber mostrado resultados convergentes, nosotros encontramos
una marcada divergencia . Para ello fue necesario el análisis por nivel.
Como se mencionó no tuvieron una incidencia determinante las
reformas neoliberales y la privatización, que supusieron una lógica
homogeinizadora en la cual podrían reconocerse, en un principio, resultados convergentes. Ni tampoco el origen común de los sindicatos
ni los condicionantes tecnológicos de cada empresa. De hecho el análisis más profundo hacia los niveles meso y micro nos permitió encontrar algunos factores que explican tendencias divergentes tales
como los diferentes estilos sindicales (explicados por historia previa )
y empresariales (explicados por la percepción favorable o no al actor
sindical).
En suma, las tendencias de convergencia o divergencia no
pueden decretarse a priori sino que deben revelarse sobre la base de
investigación empírica, que fue lo que propusimos hacer.
Profundizar la explicación de la divergencia fue posible en la medida en que acercamos a la investigación el interrogante del segundo
debate: ¿cuál es el peso que ejercen los marcos institucionales y/o
las opciones estratégicas adoptadas por los actores sobre la transformación de los sistemas de relaciones laborales en cada contexto
nacional?.
Para lograr una observación exhaustiva de nuestro caso consideramos las opciones estratégicas desplegadas por cada uno de los actores – estado, sindicato, empresa- en cada uno de los tres sectores en
los diferentes momentos -antes y después de la privatización- y en su
relación con las instituciones entendidas como entorno o contexto.
189
A continuación sintetizaremos los resultados obtenidos en relación a las opciones estratégicas del actor sindical y la interacción con
las instituciones.
Con respecto a las opciones estratégicas del actor sindical
tomando el sector de Telecomunicaciones, previo a la privatización en
1990, se destacan dos estrategias contrapuestas por parte del gremio telefónico que afectaron sensiblemente su unidad de acción: la
p a r t i c i p a c i ó n en el proceso privatizador, sostenida por la
FOEESITRA24 y la confrontación, más dura y antiprivatista que expresaba la postura de FOETRA- Sindicato Buenos Aires, el sindicato
más importante en términos de afiliados. Esta seccional, lideró unos
meses antes que se concretara la privatización un conflicto que se
plasmó en una huelga por tiempo indeterminado. La extrema dureza
con que respondió el gobierno, culminó con el despido masivo de delegados y personal, totalizando así a más de 400 trabajadores. Finalmente, una vez resuelto el conflicto sólo se incorporó a 90 de los despedidos (Walter y Senén González, 1999).
Sin duda, el sindicato estuvo sujeto a un fuerte condicionamiento
del entorno. De hecho su historia, valores y costumbres característicos del antiguo modelo de relaciones laborales, nada tenían que ver
con las «nuevas reglas de juego» propuestas por la coyuntura de la
privatización. Además, el hecho de ser el primer sector privatizado y
que el gremio no hubiera logrado una postura común facilitó la acción
del gobierno en concretar la privatización de la empresa pública ENTEL
(Empresa Nacional de Telecomunicaciones).
Considerando el caso de agua representado por el sindicato
SGBATOS - Sindicato de Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras
Sanitarias- y privatizada tres años después, el papel del entorno fue
también un dato importante, pero en otro sentido. La experiencia –
fracasada- de confrontación de un sector gremial de los telefónicos,
incidió en la respuesta adoptada por el SGBATOS, el que optó por una
política activa de participación en el proceso de concesión. Esta participación tendió a consensuar los pasos a seguir ya sea con la nueva
empresa como en el plano interno del gremio. En cambio para el sector sindical de gas, también privatizada tres años después que telecomunicaciones, la derrota de los telefónicos tuvo un e f e c t o
disciplinador que funcionó como “barrera” ante una eventual confrontación.
En el momento posterior a la privatización pudimos identificar
una continuidad más que una ruptura con el posicionamiento previo
pese los años transcurridos: en telecomunicaciones y gas las dispu24
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina que nuclea a los
sindicatos de todo el país (aunque en aquel momento la denominación del sindicato era FOETRA
(Federación de Obreros y Empleados Telefónicos).
190
tas entre las organizaciones sindicales internas profundizaron la división sindical. En contraste en agua se mantuvo la actuación conjunta
de las organizaciones gremiales impactando positivamente en la cohesión sindical.
Así, pudimos mostrar fehacientemente que frente a contextos
idénticos -la privatización- las opciones estratégicas de los actores
sindicales, se diferenciaron en cada uno de los sectores en los diferentes momentos del proceso privatizador, aspecto que explica la divergencia general de los procesos .
Resultó particularmente productivo para nuestro trabajo discernir
el protagonismo de las instituciones o el contexto y los actores ya que
comprobamos la interrelación entre ambas. De hecho, ni lo que denominamos contexto o entorno, ni las opciones estratégicas de uno u
otro actor, han jugado un rol determinante sino de condicionantes del
proceso. No obstante, hemos subrayado el peso de alguno de ellos
más o menos considerable en relación a otros, en función de las distintas dinámicas en que se han ido produciendo las transformaciones de
las relaciones laborales.
Por otra parte, la incorporación de un razonamiento en los términos del “strategic choice” utilizado en los estudios sobre relaciones
laborales (Kochan, Katz y Mc. Kerise, 1986; Kochan, Piore y Locke,
1995) desde una perspectiva académica e investigativa, constituye un
aporte en el medio intelectual de las relaciones del trabajo.
Muchos investigadores han criticado la falta de teoría en los estudios de relaciones laborales (Barbash and Barbash, 1989; Giles 1996,
citado por Bamber, 1998; Strauss 2000), campo donde han prevalecido estudios que tienden a ser predominantemente descriptivos, careciendo de un marco analítico e interpretativo.
En América Latina, la tradición de estos estudios, ha sido desplegada en su mayoría, por abogados laborales de indudable calidad y
reconocidos internacionalmente, aunque con un predominio de enfoques profesionalistas y con fuerte énfasis en la rama del derecho
laboral (De la Garza, 1993, Neffa, 1999). Posteriormente ha tomado
el relevo de esta temática la Sociología del Trabajo, con una perspectiva más propiamente académica. El “strategic choice” se inscribe
en esta nueva orientación, pero en el seno de ella se distingue por un
enfoque centrado en los actores, no en su situación, como ha sido
tradición en la Sociología del Trabajo25.
Por último, para poder comprender los factores que definen las
estrategias divergentes de los actores fue indispensable considerar
25
Queremos decir que nuestros aportes originados en el campo de estudio de las Relaciones Laborales parten de paradigmas teóricos diferentes a los de Proceso de Trabajo que son los que han tenido
un lugar destacado en el campo de la Sociología del Trabajo en América Latina (De la Garza, 1996).
191
el tercer debate que al interrogarse sobre si son las estrategia de los
actores o las estructuras las que condicionan o determinan las relaciones laborales a nivel de las empresas, aporta una serie de dimensiones que permiten profundizar el análisis de las tendencias divergentes en el proceso de transformación de las relaciones laborales en el
contexto de la privatización, desregulación y modernización.
Nuestra investigación comprobó que la dimensión cultural, los
parámetros de interpretación, los valores, los procesos, juegan un papel importante en la determinación de las estrategias que cada uno
lleva adelante aún cuando no son independientes de las estructuras en
las que estas se gestan.
A continuación mostraremos solo algunos factores, los endógenos
que son los que más nos acercan a las estrategias de los actores26.
Entre los factores endógenos observamos el cambio de pertenencia e identidad del actor sindical. El cambio de naturaleza
empresaria- de pública a privada- constituye un cambio contundente
respecto al sentido de pertenencia -“sentimiento de familia”- que
había caracterizado las relaciones entre actores en la empresa pública.
Esta ruptura genera un sentimiento de pérdida y un fuerte
condicionamiento en la respuesta frente al proceso. La forma en que
se construyó la subjetividad en la empresa pública es clave para explicar la desarticulación del modelo de relaciones laborales posterior. De
hecho, la representación dominante en los trabajadores es la de la
pertenencia a una familia, la cual fue drásticamente combatida por las
nuevas empresas. De este modo, las empresas tuvieron que transformar el terreno concreto de las representaciones. Así, encontramos
adecuado el concepto de habitus ...”debido al hecho de que el habitus
tiende a asegurar su propia constancia, es un mecanismo de defensa contra el cambio. Al incorporarse como esquema de percepción y apreciación de prácticas, operará una selección sistemática de las informaciones nuevas: rechazando aquellas que los cuestionen -o reinterpretándolas a través de sus esquemas- y limitando
la exposición del agente a aquellas experiencias sociales, a aquellos
grupos sociales, en los cuales su habitus no sea adecuado...”
(Bourdieu, 1980, citado por Martín Criado, 2002).
Otro factor endógeno observado fue la atribución diferenciada de sentido al proceso privatizador. Por el lado del actor sindical, el mismo hecho de la privatización y las contradicciones que
generó se configuraron como estructuras adversas que no pudieron ser
contrarrestadas de manera homogénea por los sindicatos intervinientes.
Cabe resaltar también que la privatización se llevó a cabo bajo una
26
Identificamos en nuestro estudio también factores exógenos y otros sólo localizables como resultado de la interacción entre ambos (exógenos y endógenos).
192
administración peronista27, por lo que la identificación de la dirigencia
sindical con el oficialismo no permitió organizar una respuesta unificada en contra de la privatización como sí había sucedió con el anterior
gobierno28. No puede descuidarse, en torno a esto último, que la identificación de la dirigencia sindical con el peronismo, socavó, en parte,
su propia identidad. Así las fuertes contradicciones que generó la acción misma de la privatización, produjo una atribución diferenciada
de sentido (De la Garza, 1999) al interior de cada sector que explica
así, la heterogeneidad de las respuestas.
Por el lado del actor empresa, la percepción empresaria se expresó diferenciadamente en cada uno de los casos. De hecho, las opciones empresarias han estado impregnadas de estimaciones subjetivas, prejuicios, supuestos, esquemas cognitivos, (Hartley, 1992, De la
Garza,1998). Al momento de tomar decisiones, la incidencia de la
valoración del actor sindical debe subrayarse, ya que como comprobamos tuvo marcadas diferencias según cada sector. De este modo,
podemos corroborar que frente a las mismas presiones -desarrollo de
las políticas empresarias, condicionamientos dados por el período de
explotación- las subjetividades de los empresarios (entendidas como
procesos de dar sentido, decidir y actuar) se han diferenciado notablemente.
3. Conclusiones
El trabajo realizado permite sacar conclusiones de distintos orden. En primer lugar, a partir de la sistematización de la reflexión teórica se organizaron los aportes de tres debates presentes en el período
estudiado, centrales en el terreno de las relaciones laborales y se propusieron categorías conceptuales para la reflexión de las relaciones
laborales en contextos de cambio estructural.
En segundo lugar, las categorías conceptuales construidas se aplicaron a la investigación del caso argentino. En este sentido, cabe destacar que pese a que las categorías construidas de cada debate fueron
varias, al menos tres categorías que daban cuenta de las diversas miradas teóricas, finalmente en la investigación se aplicaron solo algunas.
27
Representada por el gobierno de Carlos Menem a través del Partido Justicialista -expresión partidaria del movimiento peronista-. En el caso argentino, como en otros países, México (con el PRI
liderado por Carlos Salinas) y Venezuela (con el partido de Acción Democrática liderado por Carlos
Andrés Pérez), se trató de partidos de origen populista, que en los ’30 y ’40 impulsó modelos
sustentados en políticas proteccionistas y de marcado intervencionismo estatal. Paradójicamente,
estas últimas serían las políticas que en los ‘90 se encargarían de desarticular.
28
En 1988 durante la administración radical de Alfonsín la propuesta de venta del 40% de la
empresa de telecomunicaciones, generó resistencias y oposiciones de todo tipo por parte del actor
sindical incluyendo solicitadas publicadas en los diarios y numerosas huelgas.
193
Así, del primer debate, la investigación tomó la categoría que
hemos designado combinación convergencia / divergencia. Respecto del segundo la categoría aplicada fue la que analiza las instituciones/ opciones estratégicas. Por último del tercer debate se utilizaron dos categorías, la interpretativa y los sujetos/ subjetividades.
En tercer lugar, si los debates nos permitieron formular el interrogante central de nuestra investigación - ¿existe convergencia o divergencia en las relaciones laborales en el contexto de la privatización y
desregulación de las empresas pertenecientes a los sectores Telefónico, Gas y Agua y Saneamiento en Argentina? y ¿que factores explican
dicha tendencia? – la consideración global de los tres debates y la dinámica de las categorías conceptuales entre si es lo que nos permitió
elaborar las respuestas a nuestra pregunta atendiendo a la profundidad
y complejidad del problema estudiado.
Así, comprobamos que predomina la tendencia divergente en
las relaciones laborales en las empresas privatizadas y que pudimos explicar las razones de esta divergencia atendiendo a la imbricación conceptual en los debates ya que el caso muestra la confluencia de variables en la resolución de la transformación de las relaciones laborales.
Esta imbricación se desprende de la consideración de aspectos
teóricos relativos a la literatura sobre investigación comparada en
relaciones industriales en los debates uno y dos, incluso al papel -restrictivo o facilitador- que ejercen los marcos institucionales, aunque, en la medida que el segundo debate enfatiza en la diversidad
institucional, el primero explica la divergencia por la existencia de las
instituciones. Así también el tercer debate amplía la explicación de las
opciones estratégicas divergentes entre actores reconociendo la heterogeneidad y conflictividad entre ellos.
En cuarto lugar, pudimos comprobar claramente una ruptura
teórica con los estudios tradicionales de relaciones laborales descriptos
en el clásico estudio de Kerr et al. Dicha ruptura se manifestó esencialmente en la incorporación como unidad de análisis no sólo del nivel
macro -sistema nacional de relaciones laborales-, sino también del nivel meso y micro o del lugar de trabajo. Al delimitar los tres niveles
de observación y análisis, pudimos observar como variaban los resultados a partir de incorporar los tres niveles y las diferencias que
hubiéramos obtenido en los resultados si la mirada sólo se centraba en
un nivel. De hecho, sin considerar el nivel meso y micro, los resultados
respecto a las estrategias sindicales en el proceso privatizador, hubieran sido sólo los obtenidos en el análisis de la relación entre el estado
y la central sindical mayoritaria .
Queremos decir con lo anterior que si bien es posible identificar
tendencias convergentes de cambio –globalización, políticas neoliberales
194
y comportamientos similares de los actores a nivel macro- así como
efectuar comparaciones que permitan arribar a cuadros comunes, ni
bien se desciende a un nivel de análisis menos agregado, considerando
los aspectos sectoriales, las empresas, las opciones estratégicas y el rol
de la subjetividad, la realidad comienza a tomar matices que permiten
efectuar diferenciaciones. Omitir ésto sería quedar en un plano
simplificador que poco aporta al conocimiento y la comprensión de las
dinámicas de interacción entre variables que es lo que justamente nos
propusimos observar.
Bibliografía
Araujo Castro, Nadia (1996), Reestructuracao Produtiva e relaccoes Industriais:
Desafios e Interpretacoes a Luz do debate Norte – Americano Atual,
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, nro 2, México D.F.
Bamber, Greg y Lansbury, Russell (editors) (1998), International and
Comparative Employment Relations. Third edition, Sage Publications.
Barbash, J. and Barbash, K. (1989), Theories and concepts in comparative industrial relations, University of South Carolina.
Berthanou, Julián (1995), “Estructurando la política. El papel de las instituciones”, Revista mexicana de sociología, México D.F.
Coller, J. y Garvía, R. (2004), Análisis de Organizaciones, Centro de Investigaciones Sociológicas, Colección Monografías, Siglo XXI, Madrid, España.
Chandler, A. (1962), Strategy and Structure, Cambridge, MIT, Press
Child, John (1997), «Strategic Choice in the Analysis of Action, Structure,
Organizations and Environment: retrospect and Prospect «. Organization
Studies, U.K.
Crouch, C. and Streeck, W. (editors) (1997), “The political economy of modern
capitalism”, en Political Economy of modern capitalism, Sage
Publications:
Dabscheck, Braham (1989), “A Survey of Theories of industrial relations” , en
Barbash, J. and Barbash, K., op. cit.
De la Garza, Enrique (2001), “Subjetividad, Cultura y Estructura” (mimeo).
De la Garza, Enrique (1999), “Epistemología sobre los modelos de producción”, en De la Garza (comp.), Los retos Teóricos de los estudios del
Trabajo hacia el siglo XXI, Grupo CLACSO Trabajo, sujetos y organizaciones laborales.
De la Garza, Enrique (1998), Estrategias de modernización empresarial en
México, flexibilidad y control sobre el proceso de trabajo, Fundación
Ebert, México D.F.
195
De la Garza, Enrique (1993), ”Reestructuración productiva y respuesta sindical en América Latina (1982-1992)”. Revista Sociología del Trabajo,
nro. 19, Madrid, España
Dore, Ronald (1989), “Fábrica británica, Fábrica japonesa: los orígenes de la
diversidad nacional de relaciones laborales”, MT, Centro de Publicaciones, Madrid, España.
Dunlop, Jhon (1959) (reprinted 1993), The Industrial Relations System.
Revised Edition, Havard Business School Press Classic.
Ferner, Anthony y Hyman, Richard (editors) (1998), Changing Industrial
Relations in Europe. Oxford, Blackwell.
Giddens, Anthony (1995), La constitución de la sociedad. Bases para la
teoría de la estructuración, Amorrortu editores, Buenos Aires.
Hall, Peter y Taylor, Rosemary (1999) “La ciencia política y los tres nuevos
institucionalismos”, Revista Conmemorativa del Colegio nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública, México D.F.
Hartley (1992), “The psychology of industrial relations”, International Review
of Industrial and organizational Psychology, London.
Humphrey, Jhon (1995), “Nuevas temáticas en sociología del trabajo”, Revista Latinoamericana de Estudios del trabajo, año 1, nro.1, México D.F.
Hyman, Richard (1987), “Strategy or Structure? Capital, labour and control”,
Work, employment and society, vol 1, nro.1.
Hyman, Richard (1999), “Sistemas nacionais de relacoes industriais e os desafios
da transnacionalizacao: um balanco bibliográfico”. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 5, nro. 9, Brasil.
Katz, Harry y Darbishire, Owen (2000), Converging Divergences, ILR/Cornell
University Press.
Katz, Harry (1996), “La transformación de las relaciones industriales en Estados Unidos: un recuento de los desarrollos recientes” en Bensusán y
Aretaga Integración regional y relaciones Industriales en América del
Norte, México, D.F, UAM-I y FLACSO.
Kerr, C; Dunlop, J; Harbison, F; Myers, Ch. (1965), El industrialismo y el hombre industrial, EUDEBA, Buenos Aires, Argentina.
Kochan, Thomas (1999), “Instituciones de empleo en una economía global:
¿podemos recapturar el control?”, III Congreso Regional de las Américas de la AIRT.
Kochan, T.; Katz, H. y Mc. Kerise, R. (1986), The Transformations of
American Industrial Relations, Cornell University, USA.
Kuruvilla, Sarosh (1996), “Linkages between industrializations strategies and
industrial relations/human resource policies: Signapure, Malasya, The
Pjilippines and India, Industrial and Labor Retations Review, Vol. 49,
Nro4, USA.
196
Lianza, S. (1999), Reseña del libro Employment Relations in a Changing World
Economy, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Nro.9,
Brasil.
Locke, Richard y Thelen, Kathleen (1998), “Comparacoes contextualizadas:
uma abordagen alternativa para a analise da política sindical”, Revista
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Nro 8, Brasil.
Locke, Richard, Kochan, Thomas y Piore, Michael (1995), Employment
Relations in a Changing World Economy, MIT Press, USA.
Lucena, Héctor (1999), “Modernización productiva-NC”en Pries, De la Garza, (coord.), Globalización y cambio en las relaciones industriales, Fundación F.Ebert – Rayuela, México D.F.
Martín Criado Paris, Enrique (2000), “Bourdieu / habitus / sentido práctico /
teoría social”, Universidad de Sevilla, España.
Maurice, Marc (1989), Aspectos metodológicos de las comparaciones internacionales, Revista Sociología del Trabajo, nro7, Madrid, España.
Maurice, Sellier y Silvestre (1982), Politique déducation et organisation
industrielle en France et Allemanage, PUF.
Murray, George, Morin, Marie–Laure y Da Costa, Isabel (1996), L’etat des
Relations Professionnelles. Traditions et perspectives de recherche,
Les Presses de L’ Université Laval, Canadá.
Neffa, Julio César (1999), “Emergencia, crisis y transición de las relaciones de
trabajo. Prólogo”. En Fernández y Bisio (eds) Política y relaciones laborales en la transición democrática argentina, op. cit.
Quiñonez, Mariela (2000), “La construcción de la globalización en los sistemas de relaciones laborales bancarios”, Ponencia presentada en el III
Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Buenos Aires.
Rehfledt, Udo (2000), Globalización, neocorporativismo y pactos sociales.
Teoría y práctica de las relaciones de trabajo, Ed. Lumen-Humanitas,
Buenos Aires.
Senén González, Cecilia, (2004), “Relaciones laborales, desregulación y
modernización en los sectores de telecomunicaciones, agua y saneamiento y gas. El caso Argentina (1990-2002)”, Tesis de Doctorado.
Shepsle, K. (1989), “Studyng Institutions: some lessons from the Rational
Choice Approach”, Journal of Theoretical Politics,vol.1
Schvarzer, Jorge (1993), «El proceso de privatización en la Argentina,
Implicaciones preliminares sobre sus efectos en la gobernabilidad del sistema», Revista Realidad Económica, nro. 120, Bs. As.
Smith, Ch. y Elger, T. (1999), “Competencia internacional: inversión interna y
la reestructuración del trabajo y las relaciones industriales”, Pries y De la
Garza (coord.). Globalización y cambio en las relaciones industriales
op. cit. ..
197
Storey, J and Sisson, K. (1993) “Managing Strategically”, en Managing Human
Resources and Industrial relations, Open University Press.
Strauss, G. (1989), “Industrial relations as an academic field: what’s wrong
with it?, en Barbash, J. and Barbash, K. , op. cit.
Streeck, Wolfang (1992), Social institutions and economic performance:
studies of industrial relations in advanced capitalist economies. LONDRES, SAGE
Thelen, Kathleen, Steinmo S. and Longstrem, F.(1992) “Structuring politics.
Historical institucionalism”, Cambridge, University Press, Cambridge,
RU
Van Ruysseveldt, J. y Visser, Jelle (1997), Industrial Relations in Europe,
Traditions and Transitions, SAGE, PUBLICATIONS, LONDON.
Walter, Jorge y Senén González, Cecilia (1999), «Empresas y sindicatos en la
telefonía argentina privatizada». En (compiladores) Walter, J. y Senén
González C. (1999), La privatización de las telecomunicaciones en
América Latina. EUDEBA, Buenos Aires.
Womack, J., Jones, D. y Roos, D. (1990), The Machine that changed the
world, New York, Rawson, Mc. Millan
198
Resumen
El presente trabajo contribuye
con una sistematización de la reflexión
teórica desplegada en la última década en el campo disciplinario de las “relaciones industriales». Reconoce tres
debates: ¿convergencia o divergencia
en los sistemas de relaciones laborales?; ¿marcos institucionales u opciones estratégicas y ¿ estrategias o estructuras?. Estos debates resultaron
indispensables para orientar la investigación que llevamos a cabo en Argentina sobre la transformación de las
relaciones laborales producto de la
privatización, desregulación y modernización de empresas públicas entre
1990-2002. Para concluir, la sistematización organiza los aportes de
cada debate y propone categorías
conceptuales fundamentales para el
estudio de las relaciones laborales en
contextos de cambio estructural.
Abstract
This article is a contribution to
the systematization of the theoretical
considerations that took place during
the last decade in the field of “labor
relations”. There are three debates
admitted: ¿convergence or divergence
in the labor relation systems?,
¿institutional frames or strategic
choices? and, ¿strategies or
structures?. These were essential debates to aim the research, that is
carried out in Ar gentina, at the
transformations of labor relations as
a result of privatizations, deregulation
and modernization of public
companies between 1990-2002. This
systematization organize the
contributions of every debate and
propose fundamental conceptual
categories to study the labor relations
in contexts of structural changes.
Palabras claves
Argentina – Privatización - Sistematización teórica - Debates teóricos - Relaciones laborales Argentina
– Privatization - Theoretical
systematization - Theoretical debates
- Labor relations
199
Género e Ingeniería: la identidad
profesional en discusión.
Reflexiones a partir del caso
de la Ingeniería de Sistemas
en la Universidad Nacional
de Colombia1.
Luz Gabriela Arango Gaviria.
Las ingenierías clásicas: la formación de una elite masculina
La ingeniería, una de las profesiones más valoradas en nuestras
sociedades, tiene los más bajos porcentajes de mujeres y proyecta una
imagen fuertemente masculina. De acuerdo con la socióloga australiana Judy Wajcman (1991), es un ejemplo interesante de cultura masculina pues se encuentra en los límites entre el trabajo físico e intelectual
pero mantiene fuertes elementos del dualismo mente/cuerpo. Las
dicotomías entre ciencia y sensualidad, entre lo duro y lo blando, las
cosas y las personas son elementos centrales en la construcción de
esta profesión y se inscriben dentro de sistemas de símbolos más amplios, que identifican mujer y naturaleza y oponen razón y emoción. En
el mundo industrial avanzado, en el cual la racionalidad técnica y científica son altamente valoradas, estas asociaciones juegan un importante papel en la construcción de la inferioridad de las mujeres.
La socióloga francesa Catherine Marry quien ha dedicado buena
parte de sus investigaciones al estudio de las mujeres ingenieras y de
1
Las siguientes reflexiones se apoyan en la investigación “Universidad, movilidad social y cultura:
trayectorias sociales, género e identidad entre estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia”,
realizada en 2001-2002 en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, con el apoyo
de Colciencias. La investigación se propuso estudiar los procesos de construcción de una identidad
profesional y su relación con el género, la clase social y la condición juvenil, por parte de las y los
estudiantes de últimos semestres de las carreras de Sociología e Ingeniería de Sistemas de dicha
universidad. Además de una encuesta a 179 estudiantes destinada a conocer las características sociodemográficas y algunos elementos de sus trayectorias sociales, se adelantó un análisis cualitativo a
partir de entrevistas en profundidad a 32 estudiantes (16 de cada carrera, 8 hombres y 8 mujeres).
200
las relaciones entre género e ingeniería, nos recuerda que el origen de
la palabra engignour se remonta a la Edad Media pero su denominación moderna emerge en el siglo XVI y se afirma en el XVIII con la
creación de las primeras “Grandes Escuelas” en Francia. El ingeniero
era el oficial y matemático que sabía aplicar los principios de la geometría al arte de la guerra y de sus maquinaciones, más tarde a los puentes y calzadas, artes todas que aseguraban los poderes del Príncipe y
luego los del Estado republicano (Marry, 2004). La escuela del Génie
de Méziéres fundada en 1748 llevaba en germen el modelo de la gran
escuela de ingenieros que dará lugar a la escuela politécnica. Fue creada bajo la Convención para ofrecer una preparación común a todos los
cuerpos de ingenieros de Estado. Estos se reclutaban entre los jóvenes
de las clases altas mediante concurso, después de una larga y difícil
preparación y la formación se orientaba por el primado de las matemáticas.
En su investigación sobre la historia del Instituto Real de Tecnología de Suecia entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, Boel
Berner (2002) parte del supuesto de que los estudios de género sobre
la ingeniería se han interesado por lo excepcional, es decir, por la participación de las mujeres, pero han dejado de lado el lugar aparentemente “natural” ocupado por los hombres en esta profesión.
“La dificultad del estudio de los mundos masculinos reside en
que la masculinidad reina pero en un silencio que es la señal de una
operación constantemente renovada de mantenimiento de las mujeres a distancia” (Cohen 2002:91)
Berner sostiene que el carácter sexuado de la profesión de ingeniero –como el de todos los oficios- es un proceso histórico. La identidad del ingeniero se construyó siguiendo una lógica sexuada, a través
de las prácticas cotidianas, la organización institucional y las representaciones simbólicas propias de determinados medios sociales. Fue moldeada por relaciones rutinarias e institucionalizadas.
“la masculinidad constituye una cultura que estructura a la vez
las relaciones de los hombres entre ellos y las de los hombres con
las mujeres, y que se inscribe dentro de prácticas situadas e
institucionalizadas” (Berner, 2002:159)
Así, en el Instituto Real de Tecnología, las prácticas cotidianas
contribuían a crear solidaridad y distinción a la vez, solidaridad entre
los varones elegidos y distinción con respecto al mundo de las mujeres
Género e Ingeniería: la identidad profesional en ...
201
y de otras categorías de hombres que no tenían el mismo capital cultural y científico. La distinción resultaba de la transmisión de conocimientos matemáticos y científicos. Los ingenieros del Instituto Real se
definían como portadores de una “tecnología científica”; su posición
se basaba en el conocimiento teórico pero implicaba también poder
aplicar sus competencias a la solución de problemas prácticos. Tenían
que adquirir competencias de cálculo y mando, poseer un conocimiento tan profundo de las máquinas como de los obreros. La combinación
de teoría y práctica les daba la capacidad de dirigir y decidir, justificaba la
jerarquía pública entre los diferentes profesionales de la técnica. Los
métodos pedagógicos construían y reforzaban el carácter masculino de
la ingeniería. La formación era dura, estructurada, controlada y dirigida.
En Colombia, la Escuela Nacional de Minas, modelo en la formación del ingeniero durante un siglo (Mayor, 1984), presenta semejanzas y contrastes sugestivos con el caso del Instituto Real de Tecnología,
analizado por Berner. La comparación permite destacar rasgos comunes en el ideal del ingeniero de finales del siglo XIX e inicios del XX
que remiten a modelos de masculinidad. El ejemplo sueco es una variante particular de un modelo europeo de ingeniero mientras el caso
de la Escuela Nacional de Minas constituye una variante –histórica y
singular- de este mismo modelo, inicialmente europeo, especialmente
francés, y luego norteamericanizado -trasplantado a Colombia.
En su libro Dreams of development. Colombia’s National School
of Mines and Its Engineers, 1887-1970, (1997) ampliamente inspirado en el trabajo de Mayor, pero en el cual introduce interrogantes relativos al género, Pamela Murray muestra cómo el egresado de la Escuela encarnaba un ideal masculino, el del ingeniero prometeico, agente
del progreso y el desarrollo. Esta imagen estaba inspirada parcialmente en el ingeniero-sociólogo Herbert Spencer por su visión positivista
de la sumisión de la naturaleza y los seres humanos a leyes científicas.
De acuerdo con Tulio Ospina, primer rector de la Escuela Nacional de
Minas, los latinoamericanos debían emular el carácter anglosajón que
había forjado tanta riqueza y cuyas cualidades eran para él el orden, la
energía, la constancia. El modelo de ingeniero que promovió en sus
inicios la Escuela Nacional de Minas, combinaba elementos del ideal
del burgués gentleman y práctico, -que pretendía reemplazar el antiguo ideal del hidalgo-, con una ideología regionalista que elogiaba a la
“raza” antioqueña, el papel que Antioquia y la Escuela de Minas debían
jugar en el desarrollo del país. El lema de la Escuela Nacional de Minas,
Trabajo y rectitud, exaltaba el dinamismo y el espíritu empresarial de
la elite de Medellín. El trabajo era visto como trabajo duro, como vocación y devoción hacia su profesión, como fuente de honor personal.
Carlos Cock, rector de la Escuela, exaltó al ingeniero honorable, noble, activo misionero, semejante a los caballeros cristianos de las cruzadas. Su propósito era servir a la humanidad con “constancia y energía en la lucha honrada por la vida” (Murray, 1997:18). Ospina veía a
202
los ingenieros como una fuerza capaz de contrarrestar las tendencias
de la sociedad colombiana hacia la destrucción y el desorden. El imperativo de buena conducta se hacía sentir dentro y fuera de la escuela. El
trabajo aludía al hombre de organización auto-disciplinado pero también significaba dedicación y valentía para enfrentar las dificultades
prácticas. Los trabajos de campo durante la formación buscaban desarrollar esas habilidades. Tulio Ospina advertía que aquellos que sufrían
de “nerviosismo femenino” no podrían cumplir con las exigencias de la
profesión y la escuela; nunca serían ingenieros viriles. El trabajo se
relacionaba igualmente con una masculinidad musculosa. Sólo los estudiantes decididos a trabajar duro, esforzarse, someterse totalmente a
regulaciones que incluían un ciclo riguroso de exámenes -algunos de
ellos en público, ante autoridades locales como el gobernador-, podrían sobrevivir a ese programa de cinco años.
Mujeres ingenieras: una minoría
A finales de la década de 1940, aumenta el ingreso de estudiantes
de sectores medios emergentes a la Facultad Nacional de Minas. El
origen social de los primeros egresados muestra que se trataba de un
grupo selecto, que provenía de los colegios más prestigiosos de Medellín
como San Ignacio, San José, Liceo Antioqueño. La primera mujer,
Sony Jiménez, admitida en 1941, provenía del célebre Instituto Central Femenino. Será la primera ingeniera del país, graduada en 1946.
Ella y su hermana se graduaron como ingenieras civiles y de minas
mientras otras estudiantes se graduaron de arquitectas. En su libro sobre las mujeres en la universidad, Lucy Cohen (2001) menciona el caso
de Maria Teresa Berdugo de Alvarez, ingeniera civil y profesora en la
Facultad Nacional de Minas de la Universidad Nacional de Colombia,
quien se orientó hacia la ingeniería, buscando una carrera centrada en
las matemáticas y animada por su madre a que siguiera su vocación. Se
graduó con tesis laureada y recibió la Orden Trabajo y Rectitud, concedida por la Asociación de exalumnos de la Facultad Nacional de Minas.
Lucy Cohen (1971) calcula que en 1954, había en el país 107 mujeres
odontólogas, 32 médicas, 37 abogadas y 46 farmaceutas y estima que
hacia 1965, las mujeres representaban el 10% de los ingenieros y arquitectos.
La feminización de la facultad de Minas fue muy lenta y limitada:
en 1965 se graduó apenas la cuarta mujer ingeniera. Esta lentitud no
es exclusiva de Colombia: en Estados Unidos sólo a finales de la década de 1960 empieza a aumentar el número de ingenieras que pasa de
0,8% en 1968 a 2,3% en 1975 (Murray, 1989). Era difícil atreverse a
penetrar en un campo tan celosamente masculino, casi tan hostil a las
mujeres como el ejército. En Colombia, en 1966, las mujeres representaban 3,8% de los inscritos en ingeniería en el país. En la Facultad
Nacional de Minas, entre 1965 y 1979, el número de mujeres que
203
terminó el programa se multiplicó por 25, pasando de 0,8% a 19,8%
del total de egresados. Eran mujeres excepcionales, con gran capacidad académica, mucha seguridad en si mismas, determinación y ambición; mujeres que por su historia anterior y sus capacidades, estaban
preparadas para tener éxito en un ambiente masculino. La Facultad
parece haberles ofrecido un entorno de camaradería y amabilidad.
Murray no encontró rastros de una agresividad similar a la que experimentaron algunas norteamericanas.
El origen social de estas mujeres era similar al de sus colegas varones. Provenían de sectores medios: 43% tenía padres profesionales,
20% negociantes, 13% artesanos. La mayoría había nacido en Medellín
y al menos uno de los padres provenía de un pueblo antioqueño. Estudiaron en colegios de secundaria privados religiosos pero la institución
que más estudiantes mujeres proporcionó a la Facultad de Minas fue el
Instituto Central Femenino, lo cual coincide con los resultados de Cohen
(1971). Las ingenieras de la Facultad fueron académicas exitosas. La
mitad de ellas continuó sus estudios después de graduarse, especializándose en el exterior. Entre 1946 y 1970, muchas estudiaron ingeniería civil (25%), ingeniería administrativa (25%) o industrial (22%). El
resto entró a ingeniería eléctrica o geológica pero ninguna se inscribió
en ingeniería metalúrgica o mecánica. Una de las que estudió geológica
recibió un permiso especial para hacerlo, como una concesión, a pesar de las resistencias de los instructores que insistían en que no era
apta para el trabajo de campo “por ser una dama”. Murray destaca el
papel de estas mujeres en la elaboración de un nuevo ideal femenino,
con base en la capacidad de las mujeres para contribuir con el desarrollo y la modernización de la sociedad, es decir, con el “Progreso”.
Diversificación de la ingeniería en Colombia
A comienzos del siglo XX, en Colombia, la ingeniería empieza a
diversificarse lentamente. La ingeniería química, como campo especializado de la ingeniería en general, se desarrolla en la década del treinta, ligada al surgimiento de una industria química en el país (Poveda
Ramos, 1993). En 1939, la Universidad Nacional crea su facultad de
química, en el mismo año en que se fundó en Bogotá la primera industria química propiamente dicha. En los inicios de la década de 1950,
todavía la palabra ingeniería era considerada sinónimo de ingeniería
civil o de minas. La década del cincuenta es un período de intenso
crecimiento y diversificación de la profesión. En 1954, el número de
ingenieros, su diversificación en especialidades, su importancia como
gremio profesional y su intervención en asuntos públicos condujo a
que el gobierno de Rojas Pinilla emitiera el decreto 1782 de 1954, que
reformaba la reglamentación legal de las profesiones. En ese mismo
año, se instala la televisión en Colombia, demandando nuevos especialistas en electricidad, electrónica, ingeniería eléctrica y electrónica, pro-
204
ceso que se agudiza con el impulso general a los sistemas de
radiocomunicaciones y telefonía. Durante los años sesenta, la industria
nacional incorpora un buen número de tecnologías nuevas, inicialmente aplicadas por ingenieros extranjeros pero rápidamente dominadas
por los ingenieros nacionales en las fábricas. Poveda Ramos (1993)
destaca algunas tendencias de la evolución de la ingeniería en Colombia a partir de la década del setenta durante la cual aumenta considerablemente el número de ingenieros. En 1983, había cerca de 25 mil en
todas las especialidades. Se diversifican las ocupaciones y se multiplican los puestos de trabajo para ellos, se eleva el nivel promedio de
preparación en pre-grado y aumenta el número de magísteres, proliferan las especialidades de ingeniería en las universidades e institutos
técnicos. Algunos ingenieros se desvinculan de la “verdadera ingeniería” y se convierten en negociantes, administradores, gerentes, políticos, agricultores, vendedores y practicantes de otros oficios. Lucy Cohen
proporciona algunos datos sobre la participación de las mujeres en las
ramas de ingeniería civil e ingeniería mecánica entre 1985 y 1995. En
la primera había 974 graduados en 1985 y 1.100 en 1995 y el porcentaje de mujeres era respectivamente de 15% y 23%; en ingeniería
mecánica, el número de graduados pasa de 440 en 1985 a 672 en
1995, con una participación femenina del 1% y el 11% respectivamente (Cohen 2001: 281).
La ingeniería de sistemas
La ingeniería de sistemas surge a nivel mundial como una disciplina ligada al avance tecnológico propiciado por la segunda guerra mundial y el período de postguerra en la década del cincuenta (Wallace y
Ericsson, 1992). El la década del 60 aparece de una manera formal
como rama especializada y profesional (Pérez Gama, 1983). La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia crea el
postgrado en Ingeniería de Sistemas en 1967 y paralelamente se abren
los primeros programas de pregrado en otras universidades. Este inicio
de la educación de la Ingeniería de sistemas se basó en la idea de que
“el ingeniero de sistemas en Colombia desarrollara su actividad en todos los aspectos relacionados con el proceso y transmisión de datos e
información [...] Por ésta razón los programas curriculares son una
combinación de ciencias de la computación, Ingeniería de software,
Ingeniería de computadores, Ingeniería de telecomunicaciones” (Departamento de Ingeniería de Sistemas, 2001: 5). Su desarrollo en la
Universidad Nacional estuvo ligado con las necesidades de la misma de
actualización tecnológica y organización de los procesos informáticos.
Es así como en 1963 se adquirió el primer computador y se creó el
Centro de Cálculo Electrónico. Este avance tuvo como resultado la sistematización del proceso de registro de estudiantes en 1967. Una vez
identificadas las necesidades y creadas las bases institucionales mediante
205
el Centro de cálculo, la idea de formar una carrera profesional comenzó a gestarse en 1972. Ya en 1978 se creó formalmente el Departamento de Ingeniería de Sistemas.
Algunas teóricas feministas han analizado la ingeniería de sistemas y computación como un tipo completamente nuevo de tecnología,
diferente de las ingenierías tradicionales y que anunciaba rupturas frente
al dominio masculino en estas profesiones. La socióloga australiana
Judy Wajcman (1991) argumenta que esta tecnología podría haberse
desarrollado, hipotéticamente, siguiendo tres posibles patrones de división sexual del trabajo. Podría haber sido neutral en cuanto al género
sin diferenciaciones básicas entre usuarios hombres y mujeres. También podría haber sido una tecnología apropiada para las mujeres en la
medida en que es limpia, sedentaria, con tareas rutinarias, detalle, precisión, dedos ágiles… Sin embargo, las investigaciones han señalado
que nuestra cultura le ha otorgado un signo masculino.
Para explorar el proceso de construcción cultural de la computación como actividad masculina, Wajcman parte de la idea de que si
bien las culturas del trabajo tienen sus propias dinámicas, también son
el resultado de procesos culturales que ocurren por fuera del trabajo.
Apoyada en investigaciones adelantadas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, Wajcman se interesa por dos niveles de socialización
primaria que van preparando el terreno: la escuela y la casa. El sistema
educativo reproduce y produce desigualdades de género a pesar de los
programas de igualdad de oportunidades. En Gran Bretaña, por ejemplo, el número de niñas que estudian ciencias de la computación ha
venido bajando (de 28% en 1978 a 13% en 1986). Isabelle Collet (2001)
proporciona cifras en ese mismo sentido: en Francia, las mujeres ingresaron con fuerza en la profesión pero al parecer, encontraron obstáculos en el mercado para avanzar en sus carreras. Por ejemplo, el
departamento de informática del Instituto Universitario Tecnológico de
Caen solo tenía 13% de mujeres, el de Reims, 10%. La gran escuela de
ingenieros EPITA (Ecole pour l’informatique et les techniques avancées)
solo tenía 5% de mujeres a finales de la década de los noventa.
En las escuelas, las niñas aprenden rápidamente que los computadores son para los varones. Los computadores han sido relacionados
con cosas científicas y matemáticas, temas tradicionalmente masculinos. Aunque es generalmente reconocido que la habilidad en matemáticas no es un indicador de la aptitud para la computación, todavía se
tiene en cuenta para acceder a los cursos de computación. Los computadores son vistos como parte del campo de la maquinaria y las matemáticas, una combinación intimidante para las niñas. Wajcman menciona cómo algunas investigaciones han mostrado que las niñas llegan
a creer que los varones poseen naturalmente una profusión de habilidades esotéricas masculinas como ser capaces de manejar un carro, un
tractor o un helicóptero. Cuando las niñas están interesadas en los
206
computadores, les resulta difícil acceder a estos porque los varones, de
manera activa y agresiva, se apropian del tiempo de computación, y
generalmente, hay pocos computadores en las escuelas. El acoso a las
niñas continúa en la educación superior, en donde puede tomar la forma de mensajes obscenos por Internet como ocurrió en el Instituto
Tecnológico de Massachussets –MIT-, en donde las mujeres estudiantes de ciencias de la computación tuvieron que organizar un comité
para defenderse de los ataques de sus compañeros.
En la casa las cosas no son más equitativas. El computador y los
videojuegos se incorporan como nuevas tecnologías a un espacio doméstico sexualmente codificado. La tecnología doméstica está organizada de acuerdo con una clara división del trabajo y el ocio: la externa
a la casa, como el carro, corresponde al esposo mientras a las mujeres
les toca la tecnología de la cocina y la limpieza. El control sobre las
tecnologías de entretenimiento es generalmente masculino. Los computadores se inscriben en ese orden sexuado: hay una tendencia a que
el “micro” sea comprado para los varones. Una investigación de la
Comisión por la Igualdad de Oportunidades de Gran Bretaña, realizada en 1985, mostró que en las casas en las cuales había un computador, la posibilidad de que los niños varones lo usaran era 13 veces más
alta mientras sólo el 4% de los computadores era usado por las madres, lo cual reproducía la idea de la escasa aptitud de las mujeres para
la tecnología.
Por otra parte, varios estudios han mostrado como los videojuegos
son hechos para atraer a los varones, con relatos de guerra y aventuras. Las niñas, especialmente las que provienen de sectores más
desfavorecidos, tienen menos oportunidad de acercarse a éstos y a los
computadores porque su tiempo libre es menor ya que participan en
las tareas de la casa. Los varones, en cambio, aprenden de sus padres
que tienen el derecho a concentrarse en el computador si lo desean,
olvidándose del entorno doméstico. Además, las actividades extracurriculares de las niñas son mucho más reducidas que las de los varones. Estos salen a jugar maquinitas, antecesoras de los videojuegos. De
este modo, la nueva tecnología entra en el molde de una subcultura
masculina ya existente.
Isabelle Collet (2002) rastrea el imaginario social en torno al
“informático” y para ello analiza los estereotipos presentes en la literatura de ciencia ficción más popular. El informático encubre muchas
realidades distintas: es el que “hace” informática, término ambiguo,
neologismo construido por P. Dreyfus en 1962 a partir de las palabras
información y automático. La informática es una disciplina que se ocupa del tratamiento automático de la información. En informática, existe una “nobleza de espada” y una “nobleza de toga”; la de toga es la
informática de gestión. Allí se encuentran informáticos “razonables”
207
que consideran que la suya es una profesión como otra, generalmente
lucrativa. La gran mayoría de los informáticos trabaja en la gestión:
bases de datos, informática bancaria, administración… En cambio, la
“nobleza de espada” la conforman los informáticos científicos o industriales. Se ocupan de la imagen, de la informática aplicada a las matemáticas o la física, de la seguridad informática. Entre estos se encuentran los apasionados de la programación conocidos como hackers.
Los “informáticos de espada” son los más cercanos a la técnica y la
máquina. Anteriormente, eran los informáticos peor pagados y se ubicaban en la escala baja de la jerarquía, pero el “boom” de la informática y de internet los puso en un primer plano. Se volvieron indispensables para las empresas y empezaron a ganar los salarios más altos. Su
popularidad creció recientemente con la de los hackers, vistos como
piratas informáticos anarquistas o como genios que pueden hacer lo
que quieren con sus máquinas. Collet elabora un tipo ideal del
informático que habita en el imaginario social, a partir de la revisión de
100 relatos de ciencia ficción. Se trata de un hombre joven pero no
necesariamente adolescente, poco sociable, a quien sólo lo apasiona el
hack, es decir la programación en sistemas, redes, la codificación y la
piratería... Al hacker no le importa el éxito profesional; le gusta su
lugar como programador mientras lo dejen trabajar en paz. Convencido de que pertenece a la raza de los verdaderos informáticos, no busca
el reconocimiento sino de sus pares. El hacker encarna una cultura
masculina y toda la fuerza del mito informático: es el que controla ese
formidable instrumento de poder que es el computador.
Más acá del mito del informático, Nicolas Auray (2002) estudia
las formas de “sociabilidad informática” y la diferencia sexual. Como
otros autores, parte de la constatación de que el uso de pantallas digitales
es muy desigual entre hombres y mujeres. La difusión de los computadores, paradójicamente, refuerza la división entre los sexos cuando se
supone que debilita las jerarquías y flexibiliza las organizaciones. Auray
distingue tres corrientes interpretativas: algunos estudios analizan la
sub-representación de las mujeres en las carreras profesionales de informática y señalan como principal factor explicativo la selección escolar. Un segundo grupo de trabajos estudia la deserción de las niñas
de los lugares de socialización juvenil en los productos informáticos: la
preocupación heurística se dirige hacia los contextos de aprendizaje y
las dinámicas sociales de utilización. Algunos autores se refieren a las
dinámicas de aprendizaje: las niñas son excluidas debido al papel central que juegan los iniciadores y a la dificultad que ellas encuentran
para movilizar una red personal de mentores. Otras explicaciones aluden a la construcción social del usuario prescrito por el artefacto: los
juegos de video exigen señales de agresividad como disparar, matar o
combatir. Una tercera perspectiva destaca el contenido cultural de los
artefactos marcado por estereotipos sexuales que generan rechazo en
208
las niñas: los personajes femeninos son representados como objetos
sexuales, en posturas de sumisión, con físico de Lolita y mirada cándida; o sino de femmes fatales astutas... Todo esto despierta miedos y
angustias entre las niñas que son la contrapartida de la exaltación de
los valores masculinos. Estos trabajos contribuyeron a generalizar la
problemática de la “reticencia”, término de Sherry Turkle (1998) para
concebir la relación de las mujeres con la informática. Según Turkle,
aún las estudiantes más competentes, manifiestan distancia con el estilo dominante de practicar la informática; no quieren ser identificadas
con los “enamorados del computador”. Las mujeres ejercerían una resistencia a la cultura de los fanáticos del computador que enfatizan la
programación estructurada como única aproximación.
Estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional hoy
Con el desarrollo desaforado de los establecimientos privados de
educación superior en Colombia, a partir de la década del setenta, la
participación de la universidad pública en la matrícula universitaria se
redujo considerablemente. La Universidad Nacional de Colombia, que
tenía una participación del 27% en la matrícula universitaria de pregrado
del país en 1960, en 1996 apenas alcanza el 4%. En el año 2002, la
Universidad Nacional contaba con 11 facultades, 49 programas de
pregrado y 136 programas de postgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados; tenía 3.212 profesores a nivel nacional y 2.207 en
Bogotá, 11 centros de investigación, 113 grupos de investigación y 22
grupos promisorios avalados por Colciencias (Oficina Nacional de
Planeación, 2001). Factores como el carácter público de la universidad, especialmente sus bajos costos, el buen nivel académico y el reconocimiento como una de las mejores del país, hacen que la demanda
sea muy alta con respecto a los cupos que la universidad ofrece. Para
el segundo semestre de 2001 la Universidad Nacional contaba con
37.070 estudiantes matriculados en sus seis sedes. En la sede de Bogotá este número correspondía a 23.173 estudiantes (Oficina Nacional
de Planeación, 2001).
Durante la última década, ingeniería de sistemas ha sido uno de
los programas con mayor demanda en la Universidad Nacional después de medicina. Entre 1999 y 2004, cerca del 30% de las/os aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional en ese programa eran mujeres pero sólo representaban entre 11% y 16% de las/os admitidas/
os. En 2004, las mujeres eran el 16.5% de las/os matriculadas/o en
ingeniería de sistemas, porcentaje mediano si se le compara con otros
programas de la misma facultad con mayor participación femenina como
ingeniería química con 41%, ingeniería agrícola con 34% o ingeniería
industrial con 30%; o con programas con un porcentaje menor de
209
mujeres como ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica (8%)2. La
encuesta que realizamos en una muestra de 100 estudiantes de ingeniería de sistemas que se encontraban al final de su formación de
pregrado permitió desarrollar la idea de una relativa “sobre-selección”
social y escolar de las mujeres en relación con los varones ya que éstas
provenían de familias con mayor nivel educativo y económico, tenían
trayectorias escolares más estables y rápidas, venían en una alta proporción de colegios privados y religiosos3.
En relación con las dimensiones subjetivas de la inserción en el
programa de ingeniería de sistemas y la construcción de una identidad
profesional, un aspecto importante de la investigación era conocer los
motivos que llevaron a las/os estudiantes a escoger esta carrera. Las
entrevistas en profundidad siguieron una lógica que buscaba invitarlas/
os a hacer un balance de sus estudios, en un momento en que todos/as
se encontraban, en principio, a pocos meses de culminarlos. Para ello,
les pedí que se ubicaran en el momento en que escogieron su carrera y
explicaran cómo habían tomado esa decisión. Al explorar algunos antecedentes familiares en relación con la técnica y la ingeniería, no necesariamente mencionados como causas directas por las y los estudiantes, es interesante anotar que de nuestros/as 16 entrevistados/as,
sólo cuatro (dos mujeres y dos hombres) tenían padres ingenieros o
técnicos en máquinas y herramientas. De las cinco madres de la muestra que tenían estudios profesionales, cuatro eran licenciadas en educación y una era socióloga, ninguna madre era ingeniera o técnica de
modo que la relación relativamente directa que encontramos en ciertas
familias con la ingeniería proviene de adultos hombres: el padre o los
tíos. Otra relación con la ingeniería o la técnica proviene de la experiencia de los progenitores en empresas industriales. Dos de los varones tienen padres empresarios que les brindaron oportunidades prácticas de familiarizarse con las máquinas, uno de ellos “cacharreando”
tempranamente con los computadores. El tercer antecedente técnico
está en la educación secundaria, mediante el acceso a un bachillerato
técnico, que concierne a cuatro varones y una mujer.
Escogencia de carrera
Entre los motivos que señalan los varones para estudiar ingeniería
de sistemas, el más frecuente es el gusto o interés temprano por los
computadores que puede haberse desarrollado en el colegio, especialmente en los colegios técnicos y eventualmente en la oportunidad de
manipular computador en la casa o empresa familiar. Algunos dudaron
2
Datos suministrados por la Dirección Nacional de Admisiones, cálculos de la Oficina Nacional de
Planeación, noviembre 2004.
3
Para una ampliación de esta idea ver: XXXX
210
entre la ingeniería de sistemas y la electrónica y su escogencia de sistemas se relaciona con la ausencia de una carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Nacional en ese momento. De manera secundaria, la escogencia se atribuye a consideraciones relativas al futuro de la
carrera y la posibilidad de encontrar un buen empleo. Entre los hombres también hay quienes llegaron menos convencidos y de manera
indirecta, a ingeniería de sistemas.
En el caso de las mujeres, en tres de las familias había ingenieros,
-eléctricos, electrónicos o de sistemas-. Algunas descartaron otras opciones antes de decidirse por ingeniería de sistemas y una decidió cambiar un poco la “tradición familiar” de estudiar ingeniería eléctrica. En
la decisión intervino la valoración del futuro laboral, la posibilidad de
estudiar en la Universidad Nacional, el hecho de que fueran buenas en
matemáticas y una actitud positiva hacia la tecnología y el desarrollo
tecnológico. Rosario supo de ingeniería de sistemas por su tío ingeniero quien le enseñó a manejar el computador:
“eso fue hace pues, como 15 años imagínate, que de los primeros computadores, él lo compró, entonces él me decía venga mija, no
le tenga miedo, esto se hace así, pues el típico temor de todo el mundo a un computador, pues tenaz, entonces él como que me vivía diciendo, no, pues al final eso es una máquina, no sé que, eso no muerde y si se lo tira, pues se lo tira, no hay nada que hacer, entonces
como que me iba abriendo, como que fresca, eso no es tan complicado. Entonces si, pues por ese lado, más o menos por el cuento de los
computadores, a ver que hay qué hacer, qué hay que pensar y que hay
que ser medio matemático y eso, más o menos era mi idea”.
Las mujeres tuvieron una mayor dificultad para escoger su carrera
que los varones. El hecho de que muchas de ellas fueran buenas estudiantes, con intereses en muy diversas materias influyó sin duda. Probablemente también el hecho de que, como mujeres, no experimentaran la misma presión familiar, escolar y social hacia la ingeniería que
podían sentir los muchachos. Aunque muchas parecen identificarse sin
mayor problema con una ingeniería y una opción tecnológica; otras
dudaron entre otras carreras más tradicionalmente aceptadas para las
mujeres como psicología, administración, arquitectura, odontología,
medicina:
“ pues si uno cuando es buen estudiante, me acuerdo que los
psicólogos del colegio estaban asustados porque a mi me interesaban muchas cosas, me interesaban como tres carreras que eran totalmente opuestas, me interesaba la biología marina, porque me
211
encanta el mar, … me gustaba la odontología, yo no sé porqué, yo
no sé, yo decía yo quiero, yo quiero, pues de pronto. Y me interesaba la ingeniería de sistemas […] él es [profesor] de los cálculos, de
los últimos cursos entonces él como que él vio en mi también como
mi orientación, como a los sistemas y yo la verdad estaba en una
confusión, yo no sabía por qué meterme” (Helena).
Descubriendo la carrera: entre programación y gerencia
A pesar de haber sido buenos/as estudiantes en sus colegios, la
mayoría enfrenta dificultades con las matemáticas y la física durante
los primeros semestres:
“…yo diría que al comienzo es mucho más duro, o sea, las matemáticas, por más que uno es ingeniero y de todo, las matemáticas
a uno le dan muy duro, si?, y no son, o sea, el… yo creo que el 80%
de los estudiantes que se retiran de ingeniería es por las matemáticas o física […] ya después de que uno sale de matemáticas, ya la
universidad es un paseo completo si a uno le gusta eso, porque ya
uno inscribe las asignaturas que uno quiere, se mete por la línea
que uno quiere, entonces ya es como más suelto, más relajado, ya
uno puede empezar a pensar en conseguir trabajo, ya es como más
la vida” (Rosario).
Poveda Ramos señala cómo la enseñanza de la ingeniería en Colombia, durante la primera mitad del siglo XX, estuvo marcada por una
elevada exigencia académica en los estudios de ciencias básicas, especialmente de matemáticas y física. Esto establecía mecanismos de selección bastante rígidos. Solamente en los años sesenta, las universidades empiezan a graduar matemáticos y licenciados en matemáticas, de
modo que hasta entonces, las matemáticas se enseñaban en las facultades de ingeniería y los profesores de matemáticas eran ingenieros.
En el documento de auto-evaluación del programa de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Nacional, se señala una dificultad grande
en la identificación de su objeto de estudio y de su pertinencia social,
debido al ritmo vertiginoso de la profesión que abarca tanto a instituciones educativas como a estudiantes de bachillerato y universidad a
quienes se les da “una imagen sobre las posibilidades y el futuro del
ejercicio profesional bastante confusa y a veces contradictoria” (ICFESACOFI, 1997: 14). Los autores del informe explican lo anterior por
las características comunes de los distintos currículos de Ingeniería de
sistemas en el país, en la mayoría de los cuales se establece un alto
porcentaje de matemáticas y físicas, lo cual se convierte en una “tortura académica” para los estudiantes (CORTÉS AMADOR, 1999).
212
A pesar de las dificultades iniciales, la mayoría de los estudiantes
va descubriendo con agrado que la ingeniería de sistemas es mucho
más que computadores:
“…la ingeniería de sistemas que al principio se cree, y como la
mayoría de las personas lo deben tener conceptualizado está dirigido a los computadores, no, yo creo que la parte de computadores
está dirigido es para la ingeniería electrónica, el computador es un
medio para nosotros poder materializar toda la abstracción que tenemos del medio, y eso, y en vista de que tiene un gran poder de
manejo de información y velocidad, entonces se acude a esa herramienta […] pero los sistemas van más enfocados al análisis de las
variables, del entorno, de la empresa, de un objeto que uno quiera
y que acudimos al computador para poder relacionar eso de una
mejor forma y mostrar un producto” (Julián).
En la segunda mitad de la carrera los estudiantes se van “perfilando” al ir conociendo las distintas áreas de desarrollo de la ingeniería de
sistemas. La relación con la programación, la electrónica y la gerencia
va a señalar algunas diferencias de género. Es así como algunas mujeres experimentan una dificultad poco frecuente entre los varones frente a la programación:
“…hubo cambios cuando, digamos, uno vio un semestre que
solamente es programación, luego ve otro que como que es gerencia, luego ve otros semestre que es telecomunicaciones, […] lo que
es programación hay gente que le gusta mucho, y hay unos que no
nos gusta, entonces a veces como que uno como que no le gusta ir,
como que, cuando ya uno ve, se enfoca ya en la carrera, empieza a
como alejarse un poco de programación e irse, empieza a ampliar
líneas, ya uno empieza como a buscar qué es lo suyo […] Y ya la
última etapa es ya cuando uno escoge, que son las profundizaciones
y todo eso, entonces ya uno como que se ubica más en lo suyo y
ya, todo es estable, porque ya todo le gusta” (Elisa).
La experiencia de Helena con la programación y con la electrónica ayuda a entender mejor las dificultades de algunas mujeres en esta
área. Inicialmente, Helena dudaba en estudiar ingeniería porque no
quería “pasarse la vida sentada frente a un computador”, quería tener
contacto con las personas. Helena también tuvo dificultades con la
electrónica pero con la ayuda de unos amigos terminó volviéndose “una
dura” en la materia:
213
“en electrónica, yo también sufrí mucho, el primer semestre,
nosotros empezamos a ver elementos de computación –eso es como
en tercero o cuarto semestre- y para mi fue muy duro, porque yo no
sabía nada, yo no sabía ni como soldar un cable por ahí, nada, eso si
nada de nada, entonces ahí estuvo mi amigo, él me enseñó, conocí
otro amigo en esa materia, me ayudó muchísimo y me di cuenta que
esto tampoco es que sea nada del otro mundo, pues entender un
poquito las cosas, saber que hay que tener cuidado y eso, y no pues
me puse juiciosa, ellos me ayudaron bastante; y si pues eso era lo
que como que a mi me asustaba, porque me asustaba y fui capaz de
hacerlo y no sé, de ahí en adelante me di cuenta también que me
volví una dura en eso. Los compañeros iban a preguntarme, ¿ey
cómo te fue?, ¿me explicas tal cosa?, yo les explicaba, ¿ay que cómo
se hace tal cosa? y yo les explicaba” (Helena).
En contraste, Elsa, Lucía y Helena tienen una orientación más
“técnica”. Les gustan los sistemas operativos, hacen programación, les
gusta la investigación. A Lucía le atraía la administración desde un
comienzo pero primó su gusto por la tecnología de vanguardia y por
las “ciencias de la computación”.
Entre las preferencias de las mujeres, se destaca claramente un
interés por el área gerencial que solo encontramos en uno de los muchachos entrevistados. Esta preferencia está asociada con la preocupación por tener contacto con la gente, el rechazo o temor a quedarse
encerradas frente a un computador, la búsqueda de aplicaciones prácticas en el mundo concreto de las empresas:
“en el primer semestre, nosotros tenemos una materia que se
llama introducción a la ingeniería y esa materia afortunadamente
me tocó con un buen ingeniero, el ingeniero le explicaba a uno cual
era la historia de la ingeniería […] luego él le explicaba a uno, le
mostraba todo lo que, las ramas en las que uno se podía desempeñar, que la auditoria, que el desarrollo de software, que el apoyo a
las empresas, que la transferencia tecnológica y ya, yo dije esto me
gusta, sobre todo esta parte, o sea, porque a mi me gusta la administración de empresas y cuando yo vi que eso se puede, o sea, que
yo podía migrar muy fácilmente allá, estar en los dos campos moviéndome, bueno, o sea, lo que es gerencia, lo que es auditoria eso
fue lo que más me motivó a seguir y me gustó y es lo que pienso
salir a hacer” (Sofia).
214
Es interesante constatar cómo la identidad de los ingenieros de
sistemas de la Universidad Nacional se construye en estrecha comparación y competencia con los de la Universidad de los Andes, universidad privada de prestigio. Los segundos son percibidos como preparados para ser gerentes y “mandar” desde que se gradúan mientras en la
Nacional se busca desarrollar fortalezas técnicas claramente superiores
a las de un tecnólogo. Aunque también se les imparte una formación
gerencial, el conocimiento y la experiencia técnica son considerados
requisitos para alcanzar niveles gerenciales. Esta política, reafirmada
por los profesores, es aceptada en buena medida por los estudiantes,
aunque algunos desearían un énfasis mayor en gerencia para ponerse
en el mismo nivel de los Andes.
“.. de los Andes también, he conocido algunos, me parecen
muy buenos, pero digamos que ellos se educan como a gerenciar, si
ellos quieren gerenciar desde que salen, […] yo considero que para
uno saber mandar tiene que haber hecho lo que está mandando a
hacer, si es fácil uno decir tiene que hacerme esto, pero uno a veces
le explica al jefe pero es que esto no es como usted piensa que es
tan fácil de hacer, o sea, yo pienso que para uno mandar tiene que
tener experiencia en hacer lo que está mandando y ese es el problema que le veo a ellos, a los de los Andes, no?” (Ismael)
Las “disputas de género” en ingeniería de sistemas
La percepción de los varones
Las percepciones de las y los estudiantes de ingeniería de sistemas sobre las relaciones entre los sexos son bastante diversas. Aunque
la participación de las mujeres en esta carrera en la Universidad Nacional es del orden del 17%, fueron numerosos los estudiantes, especialmente varones, con la sensación de que las mujeres no representaban
más del 10%. Varios de ellos recuerdan incluso haber hecho la cuenta
cuando entraron. Es posible que se haya tratado de promociones con
una participación especialmente baja de mujeres. Otros son más optimistas y perciben una buena participación de las mujeres. En el mismo
sentido, hay un contraste llamativo entre las percepciones y los datos
de la encuesta y es que aunque no existe mayor diferencia en el tiempo
que llevan hombres y mujeres en la universidad ni en el promedio de
notas, algunos/as, especialmente varones, tienen la percepción de que
las mujeres se demoran más y les cuesta más trabajo la carrera. Algunas de las percepciones comunes de los varones sobre las mujeres parecen ser: que las mujeres se interesan por los temas de gestión y administración; que son muy juiciosas, muy estudiosas; que no les gusta
la programación ni lo técnico.
215
Es importante aclarar que este tema fue introducido en la entrevista aunque causara resistencias: algunos muchachos respondieron
prudentemente, tratando de conciliar su deseo de responder honestamente a las preguntas y el temor a parecer “machistas” ante una profesora de ciencias humanas, especialista en temas de género. Roberto
tiene la percepción más “catastrófica” desde nuestro punto de vista.
De acuerdo con ésta, las mujeres que entraron eran muy poquitas y las
dos terceras partes no pudieron con la carrera. Roberto compensa su
observación inicial asegurando que él se entiende muy bien con las
cuatro que quedan. Se refiere entonces a ciertas condiciones que les
son desfavorables a las mujeres a pesar de sus capacidades, en las cuales los hombres y los profesores tienen alguna responsabilidad. Aunque ha visto que las mujeres son muy capaces y también cacharrean,
se imagina que “la gente” espera que sea un ingeniero y no una ingeniera. Piensa que es más difícil para ellas.
Algunos, como Julián y Mauricio, se relacionaron muy poco con
las mujeres durante la carrera. A Mauricio le parece que a las mujeres no
les gusta mucho la parte de la tecnología de computadores pero se relacionó con muy pocas mujeres. Julián tuvo la posibilidad de trabajar con
mujeres pero “no se respondió al perfil”… Ismael señala que durante su
experiencia en la carrera, le dio la impresión de que las mujeres no eran
tan buenas técnicamente; les quedaba difícil hacer programación de computadores. Encuentra una explicación objetiva a este problema: posiblemente porque nunca le cacharrearon a un computador.
La opinión de Alberto es un poco distinta a la de sus colegas
varones en la medida en que estima que hay una buena participación
femenina, y si bien coincide con la idea de que las mujeres se orientan
más hacia la gerencia que hacia la programación, invierte la valoración
de esta oposición, identificando gerencia con “pensar” y programación con “cacharreo”: las mujeres “se orientan más hacia líneas como
de gestión, como que sea de menos cacharreo y más de pensar”…
La percepción de las mujeres
La aparente preferencia de las mujeres por la gerencia o su poca
inclinación por la programación aparece de manera recurrente entre
las mismas mujeres. Mientras algunas se limitan a constatar el hecho
como una simple diferencia en las preferencias; otras han reflexionado
un poco más sobre el asunto y han intentado enfrentarlo de manera
práctica o conceptual. Rosario coincide en afirmar que a las mujeres
no les gusta la parte técnica e incluso llega a admitir como una verdad
“indiscutible” ese hecho, aparentemente validado por la generalidad
de la percepción:
216
“ en sistemas se nota mucho, y si es así, o sea, las mujeres de
sistemas, como yo, no nos gusta la parte técnica, o sea, para que
una mujer programe, son muy poquitas y todos los ingenieros lo
saben, si?, entonces hasta los de aquí nos dicen, no pues usted sabe
y la mayoría de viejas no sabe, eso es indiscutible, a las mujeres no
nos gusta meternos en el cuento técnico y eso.” (Rosario)
Del mismo modo, Sofía piensa que la proporción de mujeres en
ingeniería de sistemas es más equilibrada que en otras ingenierías. Ella
nunca sintió que hubiera discriminación pero si algunas diferencias entre
hombres y mujeres pues a los primeros les gusta más desarrollar e
instalar redes y a muy pocos les llama la atención la gerencia. A pesar
de la coincidencia con la opinión de los varones, se observa un matiz
interesante y es que las mujeres destacan el poco interés o disposición
de los varones para la gerencia. Las mujeres equilibran un poco las
carencias: si a las mujeres no les gusta mucho la programación a los
hombres les gusta aún menos la gerencia… Esto es argumentado de
manera más reflexiva por Lucía y Elisa. Lucía analiza la aparente desventaja de las mujeres frente a los hombres en el área de programación: las habilidades de las mujeres tienen que ver con una etapa importante del proceso de sistematización e involucran aspectos
relacionales, lo que Lucía llama “inteligencia social”:
“Quizás uno coja cosas más, por ejemplo hay, pues es un área
donde, donde uno tiene campo que es en análisis y diseño de cosas,
de ciertos sistemas de información, en donde todo el tiempo uno
tiene que interactuar mucho con la gente para consultar qué cosas
entran o qué cosas salen de un sistema, entonces uno dice, listo las
fortalezas de las mujeres es hacer ese tipo de cosas, de hacer eh…
primero saber hablar con una persona, saber quién está en donde y
esas cosas, segundo tomar toda la información que a uno le dan y
poder organizarla lógicamente en cada uno de los componentes del
sistema, y en donde entrarían los hombres es a coger cada uno de
esos componentes del sistema y volverlos software […] entonces en
este momento uno piensa que es una desventaja, pero yo pienso
que después va a ser una ventaja, pues que son diferencias, que son
diferencias nada más”. (Lucía)
Elisa, más sensible que otras al “machismo” en ingeniería de sistemas cuenta como lo experimentó “a ratos” cuando esperaban que
ella digitara o prestara los apuntes mientras ellos “pensaban”. Pero se
dio cuenta de que finalmente, la preferencia de las mujeres por el análisis es una ventaja que hay que saber mostrar, “el análisis está encima
de la programación”:
217
“A veces uno siente machismo, a ratos, cuando no sé, digamos
uno va a hacer una tarea y ellos yo hago esto, o sea, lo pesado, yo
hago esto y a uno lo dejan como la parte, ah y usted digita, yo hago
la idea y usted digita […] y que la niña es la que tiene que prestar
los apuntes y todo eso, entonces lo tienen a uno como relegado, o
ellos tienen un proyecto o algo, y no, ella es la recepcionista y no
más, y pero uno se da cuenta de que ellos son muy dados a la programación, mientras que uno al análisis. El análisis está encima de
programación, entonces ese es un punto que nosotras tenemos a
favor y que también tratamos como de que, cuando uno va a buscar
trabajo de que se den cuenta de que uno tiene como esa ventaja
no?” (Elisa)
Helena enfrentó de manera práctica la famosa desventaja de las
mujeres en el área técnica y el cacharreo, y se dedicó a superarla en su
caso, poniéndose “juiciosa” a la tarea. En electrónica, por ejemplo, aprendió a “coger el cable y pelarlo” y los compañeros la admiraban por eso.
Johana no solamente se esfuerza por desarrollar su capacidad “técnica”
sino que explica objetivamente la dificultad de las mujeres por el hecho
de que los compañeros hombres no las dejan hacer las cosas y algunos
profesores las tratan con mayor dureza en los controles:
“Entonces es como una carrera un poquito difícil en ese aspecto para las mujeres, porque pues uno como que no se halla, si la
mayoría [de los hombres] si, si ya tienen como más seguridad en lo
que quieren hacer […] porque por ejemplo la amiga que yo te digo,
ella no programa pero nada, y a estas alturas de la vida uno también ya, pues no es que sea un experto, pero uno ya debe conocer
más o menos, pero ella nada y es por eso, no es porque uno no
pueda ni quiera, sino porque se hace con un grupo y los hombres
“si, si” y hacen todo y uno se queda como en el aire, como que no
lo dejan hacer nada.[…] [un profesor], de la línea de electrónica precisamente, entonces ay!! a uno le da rabia, porque pues uno si sabe,
pero el señor, pues lógicamente uno se asusta, porque el señor como
supone que uno no hizo nada, entonces le hace las preguntas más
difíciles, todo lo más, entonces uno, entonces por ese lado si es un
poquito feo”. (Johana)
Helena opina que Colombia es un país muy machista y los hombres piensan que las mujeres no son capaces de hacer nada y ellos se
encargan de hacer las cosas. Ella les ha demostrado que si es capaz y
se quedan callados. Pero ella no lo hace por competir sino que su
objetivo es “poder darle lo mejor a la sociedad”… Helena está orgullosa de competir con éxito con los varones pero compensa, sin calcular-
218
lo, esta “igualación” o identificación con los hombres (que amenaza su
feminidad), defendiendo el altruismo (ese si, femenino) que está en el
fondo de su actitud.
En una manifestación de la dominación simbólica masculina, Rosario hace un elogio espontáneo de la supuesta superioridad moral de
los varones. Aunque se adjudica a si misma los defectos propios de las
mujeres (“las mujeres somos..”), también se distancia de “las mujeres”
al afirmar su preferencia por trabajar con varones…
“ creo que por allá en civil se verán cuatro y en mecánica se
verán tres, sistemas tiene hartas, bueno no sé industrial, las nuevas
como serán, esas si no las conozco. Pero no, a la final es muy rico,
o sea, porque, o sea, trabajar con hombres, a mi me encanta trabajar con hombres, ¿si? Porque los hombres, primero como personas
me parecen que son maravillosos, son más abiertos, son más sinceros, más limpios de corazón, no tienen tanto metederos por allá en
la cabeza que las mujeres nos inventamos, y segundo son como más
abiertos, o sea, generalizando, ¿no?, pero a ellos no les molesta
explicarte, enseñarte, arrastrarte, lo que sea, las mujeres somos como
más, o sea, más quieto ahí, mantenga su espacio, es lo que yo sé,
usted no tiene porque saberlo, me parece de alguna manera” (Rosario)
Reflexiones finales
La interpretación de las experiencias y relatos de las y los estudiantes de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional a la luz de
los debates sobre género, ciencia y tecnología, y en particular, sobre
género e ingenierías, permite destacar algunos aspectos que pueden
ser útiles para desarrollar nuevas investigaciones dentro de esta problemática. A pesar de que la ingeniería de sistemas lleva el sello dominante de ser una profesión “masculina”, este carácter está siendo cuestionado activamente por las mujeres que deciden convertirse en profesionales en esta especialidad. El carácter “masculino” de la carrera se
expresa, por una parte, en la presencia ampliamente mayoritaria de
varones en la misma, resultado de mecanismos sociales de selección y
exclusión que requiere otro tipo de investigaciones para identificarlos y
explicarlos. Por otra parte, el carácter “masculino” de la profesión no
corresponde a un discurso explícito que la sustente o legitime sino que
éste es creado y recreado sutilmente a través de las prácticas pedagógicas y las estrategias no conscientes de diversos actores –estudiantes y
profesores- por construir, reafirmar y confirmar la mayor habilidad de
los varones para esta profesión y las dificultades de las mujeres para
219
desempeñarla a cabalidad. Los relatos de los/as estudiantes muestran,
por una parte, cómo muchos de los varones participan en la construcción del carácter masculino de la ingeniería de sistemas por varios
medios: tienden a “reducir” la presencia númerica femenina –ven menos mujeres de las que realmente hay-, no se interesan por ellas –solo
tienen amigos hombres y hay quienes descubren con sorpresa que las
mujeres son personas como ellos-, menosprecian su desempeño académico –consideran que les da mucho trabajo la carrera- o al contrario, admiran con condescendencia su “juicio” –las mujeres tienen que
trabajar mucho para compensar su falta de talento-, las ayudan “caballerosamente” a realizar las tareas que a ellos más les gustan –manipular el computador, programar-. Indudablemente, no se trata de atribuirles a los varones intenciones maquiavélicas, me refiero a “estrategias
inconscientes” en el sentido de Bourdieu, a la activación de un “sentido práctico” orientado a defender sus posiciones y a mantener una
distancia simbólica que preserve la supremacía masculina, en este caso,
en el control técnico. No todos los varones actúan de la misma manera, ello dependerá de su propia posición frente a la profesión y su
propia orientación como ingenieros o futuros ingenieros. Mientras algunos se afirman asertivamente como ingenieros de sistemas con dominio pleno y “duro” de su profesión, otros sienten fuertes dudas sobre sus competencias y algunos desarrollan perspectivas profesionales
atípicas, más cercanas a las de las mujeres, orientadas hacia la docencia o la investigación. Ello está relacionado sin duda con la posición
más o menos dominante que ocupan en función de la distribución desigual de las ventajas académicas y sociales de los estudiantes.
Por otra parte, si bien las mujeres participan activamente en la
afirmación de su competencia en esta profesión y en la valoración de
sus mayores habilidades en el análisis, por ejemplo, sus prácticas no
son pura resistencia. Muchas se adhieren a la construcción dominante
de la profesión y se orientan hacia una forma “menor” o “blanda” de
ser ingenieras de sistemas. La oposición entre programación y análisis
así como la que encontramos entre la competencia técnica y la gerencial
revelan las ambivalencias de estas disputas porque de alguna manera,
si la gerencia aparece como una posibilidad legítima de desempeñar la
profesión en el caso de las mujeres, implícitamente se entiende que
quien no hace programación no es un ingeniero en el sentido pleno del
término. Implícitamente, “está bien” –desde el punto de vista dominante- que las mujeres no lo sean ya que el papel de encarnar al “verdadero ingeniero de sistemas” se le deja a los varones. El asunto se
vuelve más complejo cuando se trata de oponer a los ingenieros “técnicos” de la Nacional y los ingenieros “gerentes” de los Andes pues en
este último caso, no se trata de la misma “gerencia” que se asocia con
las mujeres; se trata de una gerencia “dura” que domina a la competencia técnica de los egresados de la Nacional. Aquí opera una lucha
simbólica entre hombres ingenieros en la cual los estudiantes y profe-
220
sores de la Universidad Nacional buscan deslegitimar el ejercicio
gerencial de los ingenieros de los Andes que no han probado sus competencias técnicas. Nos situamos entonces en el campo más amplio de
la profesión en el país y en la lucha entre facultades y universidades
por imponer la definición legítima de la ingeniería de sistemas. Las
dimensiones de clase y género constitutivas de esta definición no son
secundarias y valdría la pena considerarlas en investigaciones que permitan interpretar un proceso como el que observamos en Colombia: la
contratación por parte de las empresas de ingenieros con formación
gerencial y egresados de universidades privadas para los puestos más
altos y la relegación de los ingenieros técnicos formados en las universidades públicas a puestos de menor poder y remuneración…
El rechazo manifiesto de las mujeres al modelo del ingeniero “esclavo del computador” recuerda las observaciones de Turkle sobre el
hacker como el arquetipo del informático. Podemos pensar que la defensa vehemente que hacen las mujeres de un ejercicio profesional en
contacto con la gente, radicalmente distinto al encierro frente a la
máquina, es también una manera de defender su feminidad frente a las
amenazas de “virilización” que conlleva la incursión de una mujer en
una profesión masculina. Otra de las ambivalencias que enfrentan las
mujeres se refiere a la ganancia simbólica que obtienen por el hecho
mismo de desempeñarse en una profesión considerada masculina. Ello
condiciona su interés en que la profesión siga siendo relativamente
cerrada a las mujeres, lo cual les per mite mantener su propia
excepcionalidad. El carácter “masculino” de la ingeniería de sistemas o
más bien, la construcción de una versión “dura” y una versión “blanda”
del ejercicio de la profesión, -forma recurrente de abrir una profesión a
los grupos dominados conservando las distancias con los dominantes-,
no se realiza únicamente en la universidad. Buena parte del “trabajo”
ha sido realizado previamente en ámbitos como la familia, la escuela,
los grupos de pares o los medios masivos y otra parte se reafirmará o
transformará posteriormente en el mercado de trabajo. De ahí la necesidad de profundizar en la investigación de las experiencias previas de
estos/as estudiantes y en el desarrollo de sus trayectorias profesionales.
221
Bibliografía
Auray, Nicolas. 2002. « Sociabilité informatique et différence sexuelle ». En
L’engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des techniques.
D. Chabaud-Rychter et D. Gardey (ed.) : 123-148. Editions des Archives
Contemporaines, Paris.
Berner, Boel. 2002. “L’ingénieur ou le génie du mâle : masculinité et
enseignement technique au tournant du XXe siècle ». En L’engendrement
des choses. Des hommes, des femmes et des techniques. D. ChabaudR y c h t e r e t D . G a r d e y ( e d . ) : 1 5 7 - 1 7 2 . E d i t i o n s d e s A rc h i v e s
Contemporaines, Paris.
Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction. Les Editions de Minuit. Paris.
Bourdieu, Pierre. 1998. La Domination Masculine. Seuil. Paris.
Bourdieu, Pierre. 1984. Homo Academicus. Les Editions de Minuit. Paris.
Bourdieu, Pierre et Passeron, Jean-Claude. 1964. Les Héritiers; les étudiants
et la culture. Les Editions de Minuit. Paris.
Departamento de Ingeniería de Sistemas. 2001. Autoevaluación Programa de
Ingeniería de Sistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá.
Cohen, Yves. 2002. « Raison hiérarchique, raison sexuelle, raison ethnique ».
En L’engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des
techniques. D. Chabaud-Rychter et D. Gardey (ed.): 89-95. Editions des
Archives Contemporaines, Paris.
Cohen, Lucy. 1971. Las colombianas ante la renovación universitaria. Tercer
Mundo. Bogotá.
Cohen, Lucy. 2001. Colombianas en la vanguardia, Editorial Universidad de
Antioquia, Medellín.
Collet, Isabelle. 2002. “Les hackers comme idéal-type ». Biennale de l’éducation.
Paris.
COLLET Isabelle. 2001. “Informatique et science-fiction. Quelques clés pour
comprendre l’absence des femmes ». Actes du 4e Congrès International
de la Recherche en Education et en Formation. Lille.
Cortés Amador, Carlos. 1999. Elementos de análisis. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá.
ICFES- ACOFI. 1997. Actualización y modernización del currículo en Ingeniería de Sistemas, Bogotá.
Marry, Catherine. 2004. Les femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse,
Editions Belin, Paris.
Mayor Mora, Alberto. 1984. Etica, trabajo y productividad en Antioquia. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá.
Murray S., Pamela. 1997. Dreams of development. Colombia’s National School
of Mines and Its Engineers, 1887-1970. The University of Alabama Press.
Tuscaloosa and London.
222
Oficina Nacional de Planeación. 2001. Estadísticas e indicadores de la Universidad Nacional de Colombia. Revista de la Oficina Nacional de Planeación,
No. 5 y 6, Bogotá.
Pérez, Alfonso. 1983. “La ingeniería de sistemas y la informática en Colombia”. Revista sistemas. 14: 15-20.
Poveda Ramos, Gabriel. 1993. Ingeniería e historia de las técnicas (2),
Colciencias, Bogotá.
Turkle, Sherry. 1998. “Computational reticense”. En Technology and women
voices: keeping in touch. Ch. Kramarae (ed.): 39-60. Routledge, New
York.
Wajcman, Judy. 1991. Feminism confronts technology. The Pennsylvania State
University Press. University Park. Pennsylvania.
Wajcman, Judy. 2002. “La construction mutuelle des techniques et du genre.
L’état des recherches en sociologie”, En L’engendrement des choses.
Des hommes, des femmes et des techniques. D. Chabaud-Rychter et D.
Gardey (ed.): 51-64. Editions des Archives Contemporaines, Paris.
Wallace, James y Ericsson, Jim. 1992. A toda máquina. Javier Vergara Editor.
Buenos Aires.
Resumen
El artículo aborda los procesos
actuales de construcción de una identidad profesional como ingeniero/a de
sistemas durante el proceso de formación universitaria, desde el punto de
vista de sus dimensiones de género.
Para ello se presentan algunos antecedentes históricos de la construcción
de las ingenierías clásicas (ingeniería
civil y de minas) como profesiones
masculinas y se analiza la experiencia
subjetiva de las y los estudiantes que
están culminando sus estudios de ingeniería de sistemas en la universidad
pública más importante de Colombia:la Universidad Nacional, sede Bogotá. Con base en relatos biográficos de
estudiantes, se identifican algunas
prácticas y representaciones que contribuyen a reproducir o modificar el
carácter masculino de esta especialidad. La aproximación teórica se apoya en los debates actuales
(anglosajones y franceses) sobre género y tecnología y en la sociología
de Pierre Bourdieu.
223
Abstract
T h i s p a p e r, f ro m a g e n d e r
perspective, deals with actual
processes of construction of
professional identity such as system
engineers during the university
for mation process. Hence, some
historical antecedents about the
construction of classic engineering (civil and mines) as masculine
professions are presented and
subjective experience of students that
are ending their engineer careers in
Universidad Nacional of Colombia are
analyzed. Based on biographical
stories of the students, some practices
and representations that contribute to
reproduce or modify the masculine
character of this specialty are
identified.
The
theoretical
approximation is founded in actual
debates (anglo-saxon and french)
about gender and technology, and
Pierre Bourdieu´s sociology.
224
225
Reseñas
El Trabajo Recobrado.
Una evaluación del Trabajo realmente existente
en España.
Ed. Miño y Avila 2005, Argentina.
Dirección de Juan José Castillo.
Esta compilación de trabajos es el resultado de un conjunto de
monografías realizadas en el marco de un programa de investigación
llevado adelante bajo la dirección de Juan José Castillo durante varios
años de investigación académica. El objetivo del programa, del cual el
libro es el resultado, es hacer emerger el trabajo real existente. Trabajo
que se ha poco a poco obscurecido e “invisibilizado” social y aún políticamente. Simultáneamente y, quizás en consecuencia, se ha hecho
un tópico secundario en materia de investigación social.
La idea que subyace a la nominación “trabajo recobrado”, remite
a la imagen de Marcel Proust de “tiempo recobrado” que desarrolla
en el último volumen de su libro: “A la búsqueda del tiempo perdido”
y corresponde a este esfuerzo de darle una nueva visibilidad al Trabajo.
La recopilación que presenta J. J. Castillo conforma pues una
extraordinaria variedad de trabajos en contextos realmente existentes
en la España de hoy. No parte pues, de grandes modelos sintéticos, de
interpretaciones canónicas, y menos se esfuerza por tratar de hacer
“encajar” a la evidencia empírica en estas teorías. Por el contrario, da
cuenta de la enorme cantidad de situaciones particulares y específicas
que componen hoy en día el Trabajo en ese país - como señalábamos.
Uno de los puntos fuertes de El Trabajo recobrado es que se
percibe en él, el trabajo en equipo colectivo que subyace a cada monografía particular. Ello se percibe tanto en la preocupación que motiva
la investigación, en su estilo, como en la metodología utilizada. Esta
226
mirada colectiva sin dejar de ser de autores, le da una coherencia al
texto global como pocas veces se encuentra en este tipo de recopilación. Ello porque la recopilación no se hizo a partir de acuerdos previos generales, para que luego los distintos investigadores realizaran
sus actividades de investigación autónomamente, sino investigando
como equipo programado más allá que los artículos sean personales,
como señalábamos Pero además, el Programa de Investigación realizó
la selección de casos en función de los problemas definidos como fundamentales y se complementó con un auténtico proceso de reflexión
colectiva en todo el proceso de producción y el planeamiento conjunto de de las distintas monografías. Todo ello, sin embargo, sin caer en
un esquema uniforme que indujera a hacer más “aparentes” las convergencias y más “convergentes” las transformaciones. Por el contrario, se intentó que en cada estudio de caso, cada problema abordado
pudiera iluminar aspectos poco desarrollados en otros casos. Pero aún
así, se hizo hincapié en “aspectos transversales”, aspectos que se reiteran o que se despliegan con mayor detalle en algunos casos más que
en otros. Se busca algo así como una “descripción teóricamente orientada” tomando distancias de estereotipos, de las ideas hechas y compartidas, erróneas en muchos casos, mitos, etc. Pero la idea no es sólo
dar cuenta de la realidad del trabajo hoy en día, sino también de dar
cuenta de las interpretaciones de los cambios sociales que esta realidad
conlleva.
La filosofía de la investigación es no sólo dar cuenta de hallazgos,
de descubrir lo desconocido, sino también de dar una lucha contra las
interpretaciones dominantes en la sociedad.
Es así como son abordados temas como la fragmentación empresarial, la subcontratación generalizada, la destrucción de la relación
contractual y de la capacidad de negociación de los trabajadores, y más
aún, de las trabajadoras. Las tendencias que poco a poco van delineándose son el de un marco de degradación sistemática de las condiciones
de trabajo, el incremento de la intensificación del trabajo, tanto en los
trabajos manuales como en el creciente mundo “inmaterial”, entre otras
tendencias.
Del conjunto de la recopilación emergen ciertas convicciones fuertes, originales y que serán tenidas en cuenta en futuras investigaciones,
tanto en España como en América latina, seguramente. Porque salvando las distancias, los lectores de nuestro continente latinoamericano encontrarán situaciones fuertemente análogas a las descriptas en el
libro. No se trata por lo tanto, de una lectura de lo que “le pasa a
otros”, que deja al lector con un sentimiento de exterioridad, sino, por
el contrario, procesos que con mayor o menor intensidad se dan o
pueden darse o estar dándose en nuestro continente.
227
Afirmaciones tales como que “los fragmentos de la cadena productiva, que ahora son las empresas, solo pueden competir, en este
modelo, descalificando e intensificando el trabajo”. O que: “con
mayores ritmos, con mayores cargas, con mayor disponibilidad, hasta
en el trabajo de servicios y la atención personal a velocidad, la intensificación y la normalización acaban pronto con la calidad, y de
(buen) trato al cliente” forman parte de las constataciones antes mencionadas.
228
229
Reseñas
Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación
y la negación del trabajo, Prólogo de István Mészáros,
Editado por TEL (Taller de Estudios Laborales) y Herramienta Ediciones, Buenos Aires, 2005, 250 páginas.
Ricardo Antunes
Diálogo con Ricardo Antunes1:
El trabajo y la convicción del cambio
Alberto L. Bialakowsky2
Es algo más: la clase obrera,
madre del sol de la mañana.
Rafael Alberti, Pasionaria para Dolores.
Lejanos milenios
Partió frágil
Sediento de espacio.
Vinicius de Moraes, El río.
Esto se trata de la reseña de un libro, aunque su título invite a otro
tipo de lectura más que a una descripción sucinta, magra; ello se debe
en realidad a nuestra indecisión si describir o si dialogar como lo que
1
Ricardo Antunes es actualmente profesor de sociología en el Instituto de de Filosofía y Ciencias
Humanas de la Universidad de Campinas, Brasil, entre su extensa trayectoria señalemos que se
doctoró en sociología en la Universidad de San Pablo y entre sus actividades de postgrado citamos
especialmente su estadía como profesor visitante en la Universidad de Sussex en la que tuvo oportunidad de dialogar e intercambiar extensamente con István Mészáros, su prologuista, punto de
inflexión investigativa y enlace con las temáticas volcadas en la obra que se reseña. Entre las obras
que anteceden temáticamente se destaca sin duda: ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo que ha sido recogidas en ediciones en castellano
(Cortez Editora, San Pablo y Ediciones Herramienta, Buenos Aires). Entre otras colaboraciones
académicas participa activamente de la Revistas Margem esquerda y Latin American Perspectives
como así comparte la coordinación del Grupo de Trabajo de ALAS (Asociación Latinoamericana de
Sociología): Reestructuración productiva, trabajo y dominación social. Si bien su valía intelectual
es reconocida quizás no lo es tanto su alto compromiso social y político, tal como ha sido pionera
su militancia en las etapas fundadoras del PT (Partido de los Trabajadores) y sus contribuciones al
MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) de Brasil, actualmente se encuentra abocado a la refundación de una organización partidaria que pueda albergar la recuperación crítica que
diera nacimiento al PT. Recientemente ha aparecido otro libro suyo publicado por la Editorial
Boitempo de San Pablo: O caracol e sua concha. Ensaios sobre a nova morfología do trabalho,
que esperamos se publique prontamente también en castellano como las obras citadas pues en
nuestra opinión componen una trilogía. E-mail:[email protected]
2
Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, integrante del Comité Directivo de ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología), e-mail:
[email protected]
230
Ricardo Antunes coloca en gran espectro3 en escena, esto es ampliar
el horizonte del debate desde la perspectiva marxiana y hendir en el
fragor de las luchas intelectuales, y políticas, que él libra frente a tanto
papel oscurantista recubierto de ilustración. La cuestión a decidir es si
descomponer la obra, deglutirla y como mal traductor reseñarla o bien
emprender dialógicamente otros giros a las volutas que emana. Su obra,
me refiero a Los sentidos del Trabajo. Ensayo sobre la afirmación y
la negación del trabajo, constituye una catedral de diálogo y un debate abierto, un encuentro y un symposium, una asamblea con invitados
a exponer-se en la arena del juego de verdad social y sociológica.
Por ello ser consecuentes con esta obra de indelegable y necesaria lectura, es intentar dialogar con ella como me apresto, emulando,
como diría Jean-Luc Nancy a propósito de prologar Communitas de
Esposito: “... entiendo estas palabras en sus sentidos más fuerte,
puesto que se trata de nosotros (todos) y de lo que ahora está
entre nosotros”. Diremos nosotros: el trabajo con su absoluta
polisemia, corte de significados, trazos y revueltas, punto de partida
entre la “afirmación y la negación”, entre “la perenidade y la
superfluidade” 4 como dirá persistente, amartillando Ricardo Antunes.
Claro, poseo una ventaja, al leer la obra las imágenes habitan entretejidas su decir en su escribir, pero no es difícil imaginarlo, este libro
habla.
Los primeros son los referentes Karl Marx, Georg Lukács e Itsván
Mészáros, de aquí arranca el diálogo más dilemático acerca de los sentidos del trabajo, de la fuente ontológica del trabajo como creatividad,
como posibilidad generativa de lo social mismo y al propio tiempo de
la destructividad sistémica capitalista, la conversión de un más allá del
capital, de la elección entre el socialismo o la barbarie. La dilemática
se encuentra trazada, como surcos que se abren en Campinas. Antunes
el sembrador, señala las huellas profundas en que se traza la historia de
clase de los trabajadores, de los que sólo viven de su trabajo, contra
toda reificación, extrañamiento, dominio o destructividad.
Luego vienen los debates especialmente con Anthony Guiddens y
Jürgen Habermas. Nada como medirse en la palestra con estos grandes palestrantes para establecer claridad en la confusión que los envuelve, interrogar ese cúmulo teórico o acúmulo, vaya desafío, establecer que Inglaterra y Alemania siguen y se perpetúan como modelo y
como relato acerca de la caída del imperio del keynesianismo, y que
a esos grandes autores se les ha escapado. Vaya sorpresa, un latinoamericano que dice lo que ellos han quedado sin palabras, al compartir
de uno u otro modo los enunciados sobre el fin de la historia con el
3
4
Véase infra al respecto el índice temático de capítulos y apéndices que abarca el libro.
En adelante las cursivas aplicadas en esta reseña se refieren literalmente a conceptos utilizados en
la obra.
Reseñas
231
advenimiento de la “conciliación de clases” y la reestructuración productiva en la era neoliberal de la acumulación flexible, en la ingenuidad de suponer socialmente que lo acoplado del sistema se trate de la
acción comunicativa o de la tercera vía, advienen para significar la
desaparición del sentido trascendente y genérico de los sentidos del
trabajo lukacsianos. No hay autor sin contexto podríamos afirmar, el
inmaterialismo comunicativo al parecer los ha obnubilado a aquellos,
Antunes contribuye conceptualmente a re-situarlos, ésta es su interpelación y al propio tiempo su construcción teórica materialista y dialógica,
dialéctica.
Antunes nos ha puesto en dilema rápidamente: debemos acelerar
las conceptualizaciones que guardan relación con el fin del trabajo o
debemos preservar los conceptos que sujeten la centralidad del trabajo
tanto para la crítica social del capitalismo como para proyectar el socialismo. La respuesta no es simple, aunque el autor opta, dada la
perspectiva ontológica, por resguardar la perpetuación de la centralidad
del trabajo, desmadejando argumentaciones en contrario, sin embargo
reconoce esta duplicidad actuante y destructiva devastadora del capitalismo aplicada sobre la fuerza de trabajo y la naturaleza, de ahí la afirmación y la negación dialécticas que conforman una dinámica en constante mutación entre las tensiones de la opresión y de resistencia, la
alienación y la lucha por la desalienación. Allí la aclaración que se
señala es que no debemos confundir entre trabajo concreto y trabajo
abstracto, como valor de cambio, como mercancía, es éste justamente
como mercancía el que se encuentra en crisis y no aquél que como
valor de uso, socialmente útil, preserva su razón de ser social genérico estructurante. Y es en este límite histórico que nos encontramos en
una etapa del capitalismo ampliamente librado a sus fuerzas, ya no
confrontado como otrora el siglo XX, con bloques del socialismo y la
socialdemocracia reales, más allá de que sus logros y fracasos operaban como límites a la expansión del capitalismo tardío salvaje.
Con sus palabras: “... entiendo que el trabajo se presenta como la
llave analítica para la aprehensión teleológicas más complejizadas...
El trabajo se constituye en una categoría central y fundante, forma
originaria del ser social, porque posibilita la síntesis entre
teleología y causalidad, que da origen al ser social.” (página: 151); y
más adelante precisará: “No puedo coincidir, por lo tanto, con la
tesis del fin del trabajo y mucho menos con el fin de la revolución
del trabajo. La emancipación de nuestros días es centralmente una
revolución en el trabajo, del trabajo y por el trabajo. Pero éste es
un emprendimiento societal difícil, en la medida en que no es fácil
rescatar el sentido de pertenencia de clase, que el capital y sus formas de dominación (incluyendo la decisiva esfera de la cultura) procuran enmascarar y nublar.” (página: 199)
232
Desde estas perspectiva histórica, opinamos se produce un cambio de época, y la emergencia de nuevas formulaciones históricas sobre los procesos productivos y la fuerza de trabajo e implican
redefiniciones operativas que se concatenan imprevisiblemente con la
implantación de los modelos organizativos toyotistas liofilizantes, lean
production, bajo una máscara retórica. “De este modo –dirá- el pregonado desarrollo de los procesos de ćalidad total´ se convierte en
la expresión fenómenica, encubridora, aparente y superflua de
un mecanismo productivo que tiene como uno de sus pilares más
importantes a la tasa decreciente del valor de uso de las
mercancías, como condición para la reproducción ampliada del
capital y sus imperativos expansionistas.” (página: 37) En esta línea
de análisis de comprensión global de la fuerza de trabajo Antunes diseña una subcategoría que, entendemos, es clave para comprender la
fracción y la fragmentación dentro de la clase trabajadora: el
subproletariado. Comprendemos que no se trata de una mera descripción de las innumerables formas de subproletarización o
precarización del trabajo sino de una redefinición al mismo tiempo
del sistema capitalista que se aleja del modelo taylorista-fordista
keynesiano, y que con el descubrimiento de esta clave es necesario
profundizar. Si este concepto tiene en su fondo la densidad que sospechamos descubre un magma de interrogaciones. Así el abordaje queda
iniciado, por ejemplo para repensar la relación que define las conexiones teóricas y conceptuales (tríada: capital, trabajo y estado), acerca
del análisis para comprender nuevas variantes postcapitalistas.
Así los apéndices 5 conclusivos de la obra resultan esenciales a la
misma, subrayan lo enhebrado a lo largo de todo lo textualizado. América Latina y Brasil en particular encarnan en este análisis los motivos
para fundar una reflexión crítica acerca del metabolismo metódico que
atraviesa a todo el sistema en su praxis despótica en la desagregación
de la clase trabajadora en clave de la liofilización organizacional y la
succión del trabajo social combinado.
Pero nada de esto tendría importancia si una segunda centralidad
no se interpusiera como se interpone en el texto: la resistencia a la
explotación y al despotismo capitalista, en última instancia su evolución no implica más que una involución genérica al trasvasar todas las
fronteras: de territorios, de géneros, de generaciones, de migraciones
y de expropiaciones. Alejado ya el capitalismo tardío de formas
legitimables en las estructuraciones de los propios procesos de trabajo
productivos, imponiendo las formas de lo descartable y lo superfluo
en el corazón y en los bordes que componen fuerza de trabajo social
en proporciones inéditas, signando en el interior de la fuerza productiva la hibridez entre el trabajo cristalizado en la maquinaria científico5
Véase infra.
Reseñas
233
tecnológica, muerto y el trabajo vivo, llevando al sistema a la agudización de sus contradicciones originarias. De ahí que centralidad del trabajo y centralidad de resistencia se perpetúan y retroalimentan permanentemente.
Así concluirá, en su punto discursivo más alto Ricardo Antunes:
“Sin embargo, al contrario de aquellos que propugnaban por el “fin
del papel central de la clase trabajadora” en el mundo actual
(Habermas, 1989; Gorz, 1990; Offe, 1989), el mayor desafío de la
clase-que-vive-del-trabajo, en este pasaje del siglo XX al XXI, es soldar los lazos de pertenencia de clase existentes entre los diversos
segmentos que comprenden el mundo del trabajo, procurando articular desde los segmentos que ejercen el papel central en el proceso
de creación de valores de cambio hasta los que están más al margen del proceso productivo pero que, por las condiciones precarias
en las que se encuentran, se constituyen en contingentes sociales
potencialmente rebeldes frente al capital y sus formas de
(des)sociabilización. Condición imprescindible para oponerse hoy al
brutal desempleo estructural que afecta al mundo en una escala
global y que se constituye en el ejemplo más evidente del carácter
destructivo y nefasto del capitalismo contemporáneo.” (página: 186)
No cabe duda que nos ha quedado mucho material deshojado
pendientes de dialogar, a modo de reseña esperamos haber contribuido a señalar lo que el autor (de)muestra una y otra vez para construir
una crítica radical a los pilares sobre los que se asienta el sistema de
metabolismo social del capital. Por nuestra parte sólo nos cabe entonces invitar entusiastamente ahora, y dar lugar a su lectura, con el íntimo
de deseo de sumarlos a un diálogo hecho symposium entre “cobebedores”
al que los convoco para nutrir y avivar el debate sobre temas cruciales
de la teoría y la práctica de las ciencias sociales del trabajo y de la sociología laboral, como he experimentado con su lectura.
Ricardo Antunes: LOS SENTIDOS DEL TRABAJO. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. Prólogo
de István Mészáros
Índice del libro
Capítulos:
I.
El sistema de metabolismo social del capital y sus sistema de mediaciones
II.
Dimensiones de la crisis estructural del capital
III.
Las respuestas del capital a su crisis estructural
IV.
El toyotismo y las nuevas formas de acumulación de capital
234
V.
Del neoliberalismo a Thatcher a la “tercera vía” de Tony Blair. La reciente experiencia inglesa
VI.
La clase-que-vive-del-trabajo. La forma de ser actual de la clase trabajadora
VII. El mundo del trabajo y la teoría del valor. Las formas vigentes del trabajo
material e inmaterial
VIII. Acotación sobre la centralidad del trabajo. La polémica entre Luckács y
Habermas
IX.
Elementos para una ontología de la vida cotidiana
X.
Tiempo de trabajo y tiempo libre: Por una vida llena de sentido dentro y
fuera del trabajo
XI.
Fundamentos básicos de un nuevo sistema de metabolismo social
Apéndices:
I.
La crisis del movimiento obrero y la centralidad del trabajo hoy
II.
Los nuevos proletarios del mundo en el cambio de siglo
III.
Socialismo y mundo del trabajo en América Latina
IV.
Por dónde recomenzar: Luchas sociales y diseño societal socialista en
Brasil reciente
V.
La nueva morfología del trabajo y el diseño multifacetado de las luchas
sociales
235
Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo
CONVOCA AL
V Congreso Latinoamericano
de Sociología del Trabajo
“Hacia una nueva civilización del trabajo”
18 al 20 de abril del 2007
Montevideo, Uruguay
Las sociedades latinoamericanas han tenido importantes cambios en buena parte de sus países, en los cuales han surgido liderazgos
de oposición a las políticas económicas de los últimos años que han
tenido un fuerte impacto en el mundo del trabajo. En algunos casos se
han implementado políticas laborales y se han desarrollado espacios
de negociación colectiva. La Sociología del Trabajo latinoamericana
no ha estado ajena a estos cambios, generando una profusa actividad
de investigación que pretende ser contemplada en este Congreso
El V Congreso pretende también ser un espacio de interacción
entre disciplinas y quehaceres afines con la sociología del trabajo tales
como la Psicología, la Economía, la Historia, la Ingeniería Industrial, la
Medicina, la Pedagogía, el Derecho y otras ciencias. En tal sentido se
proponen los siguientes bloques temáticos (Mesas) susceptibles de
ampliarse con las propuestas que nuestros(as) colegas formulen:
• Teoría, espistemología y metodología de estudios sobre el trabajo
• Enclaves, clusters y cadenas productivas. Estrategias regionales de
desarrollo.
236
• Reestructuración productiva, trabajo y actores laborales en el medio rural
• Estructura ocupacional, pobreza y mercados de trabajo
• Salud, condiciones y medio ambiente de trabajo
• Reestructuración productiva y nuevas desigualdades en el mundo
del trabajo».
• Identidades, cultura y formas de representación simbólica en el proceso de trabajo.
• Legislación del trabajo, relaciones laborales y negociación colectiva.
• Actores sindicales y empresariales: organización, estrategias, desafíos.
• El mundo del trabajo desde una perspectiva histórica
• Formación y empleo.
Presentación de trabajos:
Los resúmenes pueden enviarse hasta el 1 de setiembre del 2006
a la Secretaría del Congreso (e-mail: [email protected]), con copia a ALAST ([email protected]). Su recepción no implica
automáticamente la aceptación de los trabajos. Las ponencias deberán
enviarse a esa misma dirección electrónica no más allá del 28 de febrero del 2007, a fin de hacer posible su inclusión en el CD-R del evento.
El resumen, una carilla A4, deberá incluir nombre/s del/los autor/es, título de la ponencia, afiliación institucional del/los autor/es,
dirección postal, número telefónico y dirección de correo electrónico.
Deberá especificar a qué bloque temático (Mesa) se presenta y hará
referencia a los objetivos, metodología, resultado del trabajo y fuentes
utilizadas en la ponencia. La Comisión Científica podrá reasignar la
ponencia a la Mesa que considere más pertinente.
Comité Organizador IV Congreso ALAST
Marcos Supervielle (Presidente) Francisco Pucci, Ema Massera,
Inés Carlesi, Mariela Quiñones, Geyser Margel, Karina Pagés.
Comisión Científica
Marcos Supervielle (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales), Ema Massera, (Departamento de Sociología, Facultad
de Ciencias Sociales) Francisco Pucci, (Departamento de Sociología,
237
Facultad de Ciencias Sociales) Pablo Guerra (Instituto Cuesta Duarte,
PIT CNT) Luis Senatore (Departamento de Ciencia Política, Facultad
de Ciencias Sociales) Mariela Quiñones, (Departamento de Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales) Rodolfo Porrini ( Facultad de Humanidades) Geyser Margel, (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales) Fernando Casanova (CINTERFOR, OIT) Diego Piñeiro,
(Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales) Marcelo
Boado, (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales)
En una próxima comunicación se informará sobre quienes tendrán
a su cargo la coordinación de cada bloque temático. Como ya es de
práctica en los Congresos de ALAST, las coordinaciones estarán a cargo de dos calificados investigadores, uno del país donde se realizará el
Congreso, en este caso Uruguay, y uno de otro país latinoamericano.
Cuotas de inscripción:
Hasta el 01/12/05
Después del 01/12/05
Socios ALAST
USD 100
USD 120
No socios
USD 120
USD 140
USD 20
USD 40
Estudiantes
Todas las comunicaciones en torno a la realización del evento
deberán dirigirse a la dirección electrónica presentada.
COMITÉ EJECUTIVO ALAST
Marcos Supervielle
Presidente
Francisco Pucci
Vicepresidente
Ema Massera
Secretaria
Inés Carlesi
Tesorera
Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo
Martínez Trueba 1300 / CP11200 / Montevideo / Uruguay/
Tel. (5982) 4115429
e-mail: [email protected] / Página web : www.alast.org
238
Convocatorias
239
Datos de los autores
HUGO BARRETTO GHIONE
Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales
Magister en Derecho opción
Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social
Profesor Adjunto en Derecho del
Trabajo en la carrera de derecho
y en Introducción a las
Relaciones Laborales en la
carrera de relaciones laborales
Caldas 1890 (cp 11400)
Montevideo Uruguay
correo: [email protected]
DELPHINE MERCIER
Laboratoire d’Economie et
Sociologie du Travail Laboratoire
Printemps
13626 Aix-en-Provence Cedex
Francia 78023
Tel./ Fax 331 46 04 53 26
[email protected]
CEBRAP (Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento)
Rua Morgado de Mateus, 615
04015-902 São Paulo S.P.
tel. (11) 5574-0399
fax. (11) 5574-5928
e-mail:
[email protected]
CECILIA SENÉN GONZÁLEZ
Dra. en Estudios Sociales por la
Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa,
México D.F, Investigadora del
CONICET. Profesora de la
Facultad de Ciencias Sociales,
Carrera de Relaciones Laborales,
Universidad de Buenos Aires.
Dirección:
E-mail: . [email protected]
PIERRE TRIPIER
CNRS et Université de Provence
CNRS et Université de
Versailles-Saint
Quentin
35, Avenue Jules Ferry 47/49
Boulevard Jourdan
Tel. 334 42 37 85 40 Fax 334
42 26 79 37
[email protected]
LUZ GABRIELA ARANGO
GAVIRIA
Doctora en Sociología de la
Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales, de Paris.
Profesora Asociada del
Departamento de Sociología e
Investigadora del Centro de
Estudios Sociales de la
Universidad Nacional de
Colombia –sede Bogotá-.
Dirección
E-mail
ISABEL PAULINE HILDEGARD
GEORGES
Bolsista de pós-doutorado
FAPESP
(Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo)
LEOPOLDO HALPERIN
WEISBURD
CEPED, Fac. Cs. Económicas,
Universidad de Buenos Aires
E- mail:
[email protected]
240
CAROLINA CASSIA BATISTA
SANTOS
Assistente Social, Mestre em
Política Social, Professora do
Departamento de Serviço Social
da Universidade de Brasília, DF,
Brasil.
e- mail: [email protected]
CAROLINA CASSIA BATISTA
SANTOS
Instituição: Departamento de
Serviço Social da Universidade
de Brasília - UnB, DF, Brasil.
Endereço residencial: QS 07
Rua 800 Lote 6/8 Condomínio
Roma Bloco D Apto. 203,
Águas Clara, Taguatinga, DF,
CEP: 71971-540.
Fones: 061 – 33564534 / 061
– 81740038
Endereço eletrônico:
[email protected]
MARCIA DE MELO MARTINS
KUYUMJIAN
Instituição: Departamento de
História da Universidade de
Brasília - UnB, DF, Brasil.
Endereço residencial: SMPW,
Quadra 18, Conjunto 06, Lote
01, Casa “A”, Brasília, CEP.:
71741-806
Fones; 061 – 3380 3474 / 061
– 8401 5305
Endereço eletrônico:
[email protected].
MARTA NOVICK
Socióloga, investigadora
CONICET en el IDEI de la
Universidad Nacional de General
Sarmiento, actualmente Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la República
Argentina.
e-mail: [email protected]
CONSUELO IRANZO
Doctorada en Sociología del
Trabajo en La Universidad de
Paris VII
Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad
Central de Venezuela.
Dirección:
E. mail:
[email protected]
JACQUELINE RICHTER
Abogada Laboral, doctoranda en
Sociología del Trabajo en la
Universidad Autónoma de
Barcelona Profesora-investigadora de la facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la misma
universidad.
E-mail: [email protected]
241
Corresponsales nacionales
Argentina
Titular: Jorge Walter
[email protected]
Suplente: Claudia Jacinto
[email protected]
Bolivia
Titular: Silvia Escobar
[email protected]
Suplente: Thomas Kruse
[email protected]
Cuba
Titular: José Luis Martin Romero
[email protected]
Suplente: Rafael Alhama
México
Titular: Javier Melgoza
[email protected]
Suplente: Luis Vazquez
Brasil
Titular: Adalberto Moreira Cardoso
[email protected]
Suplente: Marco Aurelio Santana
[email protected]
Perú
Titular: Denis Sulmont Samain
[email protected]
Suplente: Carmen Vildoso Chirinos
[email protected]
[email protected]
Chile
Titular: Helia Henriquez Riquelme
[email protected]
[email protected]
Suplente: Rosalía Todaro
[email protected]
Puerto Rico
Titular: Carlos Alá Santiago
[email protected]
[email protected]
Suplente: Guadalupe Perez Hiram
[email protected]
Colombia
Titular: Edgar Valero
[email protected]
Suplente: Oscar Quintero
[email protected]
Uruguay:
Titular: Marcos Supervielle
[email protected]
[email protected]
Suplente:: Francisco Pucci
[email protected]
Costa Rica
Titular: María Eugenia Trejos
[email protected]
Venezuela
Titular: Oscar Hernandez Alvarez
[email protected]
Suplente: Esther Gamus
[email protected]
[email protected]
242
243
Instrucciones para los colaboradores
Convocatoria para la presentación de artículos para la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo
La Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo acepta colaboraciones
que aborden cuestiones relacionadas con el campo de los estudios del trabajo,
pertinentes a América Latina, independientemente de la nacionalidad del/la
colaborador/a.
Las propuestas deberán responder a los siguientes requisitos formales:
1. Los trabajos deberán ser enviados en disquete (preferentemente en word
versión 6.5 o compatibles) acompañados de una copla irnpresa.
2. La extensión máxima de los textos no puede superar las 30 páginas (incluidas bibliografía, notas, cuadros, gráficos y anexos) a doble espacio en Times (o
Times Roman, Times New Roman, etc) cuerpo 12.
3. Los/las autores/as deberán adjuntar en hoja aparte los siguientes datos:
nombre completo, pertenencia institucional, dirección, teléfono y dirección de
correo electrónico.
4. Las notas al pie de página deberán reducirse al mínimo posible y su contenido se limitará a ampliaciones o precisiones de asuntos elaborados en el texto. Dichas notas no deben usarse en reemplazo de citas bibliográficas.
5. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo a través
del siguiente formato: (Autor/es, año: página). En caso de haber varias referencias a los/las mismos/as autores/as, en el mismo año, la distinción se hará
de la siguiente forma:
. Primer texto: (Autor/es, año a: páginas)
. Segundo texto: (Autor/es año b: páginas)
. Tercer texto: (Autor/es año c: páginas)
6. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al
final del texto, siempre en Mayúscula/minúscula, respetando el siguiente formato.
·
Libros: Autor/es (año de publicación), Título. lugar de edición, editorial, páginas.
·
Capítulos en obras colectivas: Autor/es (año de publicación), 'Titulo"
(compilador/es o editor/es), en Título de la obra colectiva, lugar de edición,
editorial, páginas del capítulo.
·
Artículos en Revistas: Autor/es (año de edición). "Título", nombre de la
Revista. lugar de edición. volumen o tomo, número, páginas del articulo.
Ejemplos:
Jobin. C. (1995). En/re les sctivités professionelles et domestiques: la
discrimination sexuelle. Lausanne. Editions dén Bas.
244
Nash, M. (1993b) . "Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad
y la definición del trabajo de las mujeres en España del siglo XIX", en E. Duby
y M. Perrot (eds.), Historia de las mujeres, Madrid, Taurus, v.4. p.585.
Bahamonte y Toro, J. (1978). "Mendicidad y paro en el Madrid de la Restauración", Estudios de Historia Social. nº 7, oct.-dic., 353-384.
7. Volumen se escribirá: v.: tomo: t.; númrto: nº; página/as: p./pp.
8. Los cuadros y gráficos deberán presentarse en hoja aparte y estos últimos
en formato digital, en el programa en que fueron realizados. Los lugares aproximados de su inserción deberán señalarse en el texto.
9. Los textos deberán acompañarse con un resumen de hasta 10 líneas en dos
versiones, una en el idioma en que fue escrito (castellano o portugués) y otra
en inglés. Se incluirán las palabras clave.
10. La Revista acepta reseñas sobre libros con un máximo de siete páginas a
doble espacio y en cuerpo 12. Acepta también notas críticas sobre eventos de
relevancia para la comunidad científica latinoamericana, como Congresos o
Seminarios sobre temas del área.
11. Todas las propuestas enviadas a la Revista estarán sujetas al sistema de
arbitraje por consultores especializados, a cuyo resultado los autores tendrán
acceso, respetando el principio de no identificación del evaluador.
Suscripción
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Calle:
Ciudad:
Código Postal
País:
E-mail:
Tel:
Fax:
1) Cuota social anual. ALAST
(incluye suscripción a dos números de RELET)
U$S 25
2) Suscripción anual a la RELET
(incluye suscripción a dos números de RELET)
América Latina
U$S 20 + U$S 8 (envío)
Resto del mundo
U$S 20 + U$S 19 (envío)
3) Precio por ejemplar:
América Latina
Fuera de América Latina
TOTAL
U$S 28
U$S 30
U$S 16
U$S 17
U$S…………….
Cheque a nombre de Inés Carlesi. Alast; Constituyente 1502 5to piso,
Montevideo, Uruguay Tel: (5982) 410-38 - 55 y 57
245
246
Se terminó de imprimir en el
mes de diciembre de 2006 en
ICONOPRINT
PRINT
FANELCOR S.A.
Minas 1376 - Tel.: 408 3686
[email protected]
Dep. Legal N° 341.842
Impreso en Uruguay

Descargar revista

Transcrição

Documentos relacionados

NORMAS GENERALES DE PUBLICACIÓN DEL ANUARIO

312,98 kb - Município de Itá

Mais verde. - Floresta Urbana

Catálogo Catálogo de

SIMULADO 9º ano do Ensino Fundamental 12.05.2016

Identificación de vehículos (VIN)

introducción a ficción sexual o guion para fox–trot

Racismo e imigração na Copa do Brasil / Racismo

Tarjetón proyecto

ficha de dados de segurança sulfoferment